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Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

En el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conmemoran los 50 años de la Revuelta de Stonewall. Stonewall es considerado un evento histórico para el movimiento LGBTI organizado en el mundo, y lleva ese nombre por cuenta de un evento que ocurrió en un bar gay ubicado en Nueva York llamado Stonewall Inn.

En aquella época, muchos estados norteamericanos trataban las relaciones homosexuales como crímenes, y en Nueva York las personas estaban obligadas a usar ropa de acuerdo con su sexo biológico. Los bares ni siquiera podían vender bebidas para homosexuales o cualquier persona que desafiara la heterossexualidad cisgénero. Eran muy comunes las rondas policiales en que dueños, empleados y clientes eran criminalizados.

El 28 de junio de 1969, policías entraron en el bar Stonewall Inn y comenzaron a arrestar a empleados y clientes. Sin embargo, en vez de simplemente someterse a esa situación, ese día las personas decidieron resistir. Los clientes comenzaron a lanzar monedas a los policías, haciendo referencia a la propina que ellos pagaban para no molestar a los bares. Luego, la revuelta se intensificó e incluso cócteles molotov fueron arrojados a la puerta.

Esta reacción inesperada de personas cansadas de toda la represión de la época dio inicio a una serie de protestas en los días siguientes. Un año después, esas personas organizaron la primera Marcha del Orgullo. Sin embargo, al contar esta historia no se puede correr el riesgo de realizar una lectura que invisibilice a algunas figuras que lideraron esos episodios y que fueron extremadamente importantes para la historia del movimiento LGBTI. Es el caso de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Voces silenciadas: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera fue una de las figuras emblemáticas en las revueltas iniciadas en el Stonewall Inn, y es reconocida como una de las activistas que estuvieron en la línea de frente de la Revuelta, siendo esencial en la agitación y movilización de los manifestantes.

Nacida en 1951 en Nueva York, Sylvia era pobre, latina y prostituta, hija de dos inmigrantes de Puerto Rico y Venezuela, habiendo sufrido durante toda su vida abusos de la policía. Fue abandonada por su padre en los primeros años de su vida y su madre se suicidó cuando Sylvia tenía sólo 3 años de edad. Comenzó a vivir en la calle con 11 años de edad.

Sylvia era muy amiga de Marsha P. Johnson: negra, transgénero, pobre y trabajadora sexual. Nacida en Nueva Jersey en 1945, llegó a Nueva York a finales de los años 60. Aunque poco se sepa sobre su infancia, es conocido que Marsha fue una gran activista política: gritaba en las calles, movilizaba marchas, daba entrevistas y, al igual que Sylvia , era constantemente criminalizada.

Tanto Rivera como Johnson estuvieron en la línea de frente de los procesos de resistencia en Stonewall, pero fueron más que eso. Un año después de la Rebelión, Johnson y Rivera fundaron la organización Street Transvtestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), que daba techo, comida y ropa para unas 50 personas trans que vivían condiciones de pobreza y habitabilidad de calle. Marsha y Sylvia sostenían ese proyecto con el dinero fruto del propio trabajo sexual. Sin embargo, en una entrevista concedida en 1989, Rivera habla que cuando ella y Marsha pidieron ayuda a otras organizaciones de la comunidad, que contaban con profesores y abogados (blancos y de clase media alta) y que podrían ayudar con algunos recursos, esas personas les dieron la espalda. No había nadie para ayudarlas.

De hecho, mientras el movimiento LBGTI crecía, sobre todo hombres gays, en su mayoría blancos, asumieron el liderazgo y relegaron a personas trans como Johnson y Rivera a la periferia porque creían que figuras como ellas, con toda su vestimenta, por un lado, traían más la falta de respeto a la comunidad y, por otro, dificultaban el argumento de que no había ninguna diferencia entre gays, lesbianas y heterosexuales.

El ápice de la tensión fue en la Marcha de 1973, cuando Rivera fue abucheada al recordar que, si no fuera por las drag queens, no habría movimiento de liberación gay y que ellas eran la línea de frente de la resistencia.

Por un orgullo interseccional

La historia de la participación de personas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en la Revuelta de Stonewall resalta cómo la comunidad LGBTI no puede ser vista de una manera homogénea, como si todas las experiencias fueran las mismas y, sobre todo, como si los derechos conquistados fueran luchados de la misma forma por toda esa población. No sucede así. Más que eso, esta historia explora los límites de las alianzas dentro de la comunidad LGBTI, que no puede utilizar a las personas trans sólo como un puente para conquistar derechos o status.

Por otro lado, las dos encarnan en sus vidas la interseccionalidad, evidenciando la importancia de considerar varios marcadores sociales para pensar en los procesos de construcción de las identidades, como la raza, la clase, la nacionalidad, la etnia, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, entre otros ejes de opresión.

Johnson y Rivera nos dan la oportunidad de pensar que, más que solamente incluir, por ejemplo, referencias a género en los debates de raza y viceversa, la interseccionalidad debe constituir una herramienta para asumir un compromiso con las experiencias, conocimientos, luchas y las agendas políticas que emerjan a partir de la resistencia a los diversos ejes de dominación y opresión. Ello, sobre todo con aquellas que están en las esferas más bajas del reconocimiento de la humanidad – como fue el caso de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera-, y sigue siendo el caso de tantas personas trans negras y latinas, que siguen figurando como las víctimas de más violaciones a sus derechos humanos.

En estos 50 años de la Revuelta de Stonewall, Raza e Igualdad desea renovar nuestro compromiso con las resistencias de las personas que tienen sus vidas marcadas por opresiones a partir de su raza, identidad o expresión de género, orientación sexual, clase, nacionalidad y otras, y aprovechamos esa oportunidad para invitar a toda la comunidad LGBTI a comprometerse en una lucha por igualdad que no cierra los ojos para aquellos y aquellas que no gozan de los privilegios blancos, cisgénero, masculinos y de clase, o cualquier condición que les permita experimentar una humanidad que no es experimentada por todos/as. La lucha por la igualdad no puede dejar de lado a los que más la necesitan.

Os 50 anos da Rebelião de Stonewall

Leia a versão portuguesa

ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y PROTEGER EL SIDH

Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC- 256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.

El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.

Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres, participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo, derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.

A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.

Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar buscar limitar las garantías de protección.

Descargue aquí comunicado con nombre de las organizaciones firmantes

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

Líderes y lideresas Afro LGBTI participan de la 3ª jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en Perú

Washington, D.C. Mayo 12 de 2019 –

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), adelantó los días 7 al 11 de mayo la tercera jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, para hablar sobre la presentación de peticiones individuales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-.

La jornada contó con la participación de activistas afro-LGBTI de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. En esta ocasión, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, fue la organización anfitriona del evento y coordinó la participación de todo el grupo en dos importantes espacios para el intercambio de experiencias:  un espacio de diálogo con la Casa Trans Zuleymi y una sesión de dialogo con activistas afro y LGBTI  con el Regidor  de Lima Manuel Siccha.

Durante la visita a la Casa Trans Zuleymy, el grupo tuvo la oportunidad de conocer de forma directa el contexto local de la población trans peruana. La discriminación y violencia estuctural por razones de identidad de género son el común denominador de muchas de las usuarias de la casa. Así mismo, la denegación institucionalizada de la identidad de las personas trans por la falta de reconocimiento de la Identidad de Genero a nivel legal en el Perú, sigue siendo un problema que complejiza aún más, el contexto de vida de las personas trans. Sin embargo, la Casa Zuleymi  bajo la Dirección de Miluska Luzquiños, constituye una experiencia de trabajo comunitario que resiste a la violencia y fortalece los vínculos de solidaridad entre las mujeres trans, generando propuestas de cambio y transformación social.

De igual forma, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer directamente del Ponente el Regidor de Lima Manuel Sicchala , la ordenanza anti discriminación que promueve el respeto a la diversidad y sanciona prácticas discriminatorias por género, orientación sexual y raza en la ciudad. La Ordenaza continua un proceso de crecimiento en políticas locales en Lima que abren las puertas al respeto a las personas LGBTI y racializadas.

Paralelamente a estas actividades, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias con relación al proceso de investigación que adelantan acerca de violaciones a los derechos humanos de las personas Afro-LGBTI en sus respectivos países. Si bien todas las organizaciones compartieron sus experiencias y estrategias de trabajo en dicho proceso, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas compartió en profundidad su trabajo de investigación y sensibilización con las mingas (redes comunitarias) afro/negras en los diversos nodos que la integran en Colombia, propiciando en distintos espacios la reflexión sobre la intersección Afro-LGBTI.

De igual manera, en el curso del taller y en la discusión sobre las violaciones a Derechos Humanos susceptibles de ser conocidas como peticiones individuales por el SIDH, llamó la atención la situación actual de violencia contra la población afro y LGBTI en Brasil. La persistencia de trans-feminicidios ocurridos en Brasil a lo largo de varios años fue destacado por los reconocidos activistas Alessandra Ramos del Instituto Transformar y Washington Dias de la Red Negra LGBT de Brasil. Este taller será replicado por las organizaciones participantes, como parte del proceso que se adelanta para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los participantes a este encuentro.

Día Internacional de la Visibilidad Trans 2019

Washington, DC. 31 de Marzo, 2019.  Hoy 31 de marzo con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordamos la deuda histórica que tenemos con las personas trans en el acceso a sus derechos fundamentales, y nos unimos para recalcar la inmensa tarea que todas y todos tenemos para eliminar los prejuicios que recaen sobre esta población, propendiendo por brindar sus debidas garantías y protecciones básicas.

Debemos hacer frente a la des-protección e inseguridad que viven las personas trans en la región, haciendo aún más visible cómo son sujetos de un tipo de violencia mucho más cruel, y que tienen una clara barrera de acceso a derechos humanos y garantías de dignidad humana debido al prejuicio generado por la sociedad.

Las personas trans continuamente ven vulnerados sus derechos a la identidad, a la vida e integridad personal, la salud integral, el trabajo, y a la vivienda, lo que genera mayor riesgo de morir a edades tempranas o hacer parte de círculos de pobreza y delincuencia común.

Es tarea de las instituciones estatales el garantizar que las personas trans no sean sometidas a tratos violentos, psiquiatrización forzada o intervenciones abusivas sobre sus cuerpos como requisito para reconocer su identidad. El reconocimiento social y jurídico de la identidad de género de las personas trans significa una garantía básica de sus derechos. Adicionalmente, deben promoverse las medidas necesarias para que estas personas tengan programas especiales de acceso al trabajo y a la salud en condiciones libres de discriminación. De la misma forma,  la sociedad civil en general juega un papel fundamental en la eliminación de prejuicios y estereotipos negativos que existen sobre las personas trans.

Es imprescindible considerar las múltiples intersecciones que pueden coexistir con la experiencia de vida trans, y cómo suponen barreras y fuentes de violencia y discriminación más fuertes. Así, debemos recordar cómo el racismo, las situaciones de movilidad humana por el conflicto internos o crisis económicas que generan migraciones, la pobreza y las condiciones de privación de la libertad, impactan de forma más brutal la vida de personas trans y las privan cada vez más

Insistimos en la necesidad por parte de los Estados de no dar la espalda al problema estructural al que se enfrenta la población trans, y donde el apoyo de organizaciones de la sociedad civil juega un papel supremamente importante desde su rol.  Así mismo, es de suma importancia que prontamente se realicen reformas legislativas y proyectos de política pública que impactan aspectos de las experiencias de vida trans en los que existen aún muchas barreras. El reconocer la identidad de género de las personas trans, brindar garantías para su autodeterminación como elemento constitutivo de su identidad y ligado a su dignidad humana, es una tarea primordial que los Estados deben tomar en sus manos. Adicionalmente, debe ser un imperativo el buscar derogar todas las leyes que condenen la plena existencia de las personas con identidad sexual o expresiones de género diverso, o que impongan barreras de reconocimiento de su identidad de género a través de la vulneración de otros derechos fundamentales.

La región actualmente vive un ambiente político tenso de retroceso en materia de protección de los derechos de personas LGBTI y especialmente de la población trans; tales como la eliminación del capítulo de diversidad sexual y de género en el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia; las demostraciones públicas por parte de miembros del gobierno de Brasil; y la resiente propuesta impulsada por miembros del Partido Nacional de Uruguay en aras de convocar a un referendum que derogue la “Ley Trans” que con mucho esfuerzo fue aprobada por el Senado el año pasado.  Para Raza e Igualdad es claro que el acceso a los derechos de una población especialmente vulnerable no puede quedar en manos del voto de las mayorías, vulnerando así las garantías básicas de igualdad material para esta población. Estamos convencidos que la meta dentro de una sociedad democrática que considere como base de sus cimientos el pluralismo y la diversidad, debe ser la de eliminar toda forma de discriminación e intolerancia.

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

Promueven derechos humanos LGBTI en 4 Ward Miami

Washington, D.C. 19 de febrero, 2019. Durante tres días, decenas de líderes, defensores y activistas de la comunidad LGBTI del continente americano se reunieron en el evento 4Ward Miami, organizado por 4Ward America, para compartir sus experiencias, conocimientos y buscar oportunidades de conexión a través de diferentes actividades.

El evento, que se desarrolló entre el 16 y el 18 de febrero, contó con la participación de más de 30 ponentes que expusieron la situación de las personas LGBTI en sus respectivos países a través de distintos temas. Además, tuvo la participación de funcionarios públicos como Fabrice Houdart, Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Susan Harper, Cónsul General de Canadá en Miami; y el congresista David Richardson, representante de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de patrocinador oficial del evento, fue partícipe en las ponencias a través de su Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica, Mauricio Noguera, y diferentes copartes: Cristian King, Director Ejecutivo de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgéneros de la República Dominicana (TRANSSA); Bruna Benevides, Secretaria de la Articulación Política de la Asociación Nacional de Transexuales de Brazil (ANTRA); y Luna Sharlotte Humerez, Presidenta de la Organización de Transexuales, Travestis y Transgénero Femeninas de Bolivia (OTRAF).

Noguera expuso sobre el estado actual de los derechos LGBTI en Latinoamérica, Humerez y Benavides hablaron sobre la situación de las mujeres LGBTI en las Américas, específicamente en sus países de origen y en determinadas esferas, como las mujeres indígenas trans; y King participó en una ponencia sobre el estado actual de población LGBTI con VIH y SIDA en la región, en la que se enfocó especialmente en explicar una legislación sobre el tema que se aplica en República Dominicana.

“Fue relevante para nuestras copartes que pudieran ser escuchadas en este tipo de foros internacionales, que pudieran traer la información sobre sus países y ponerla presente en este espacio. Además, fue revelante para todos encontrarnos para dialogar, analizar problemáticas comunes, hacer alianzas y compartir preocupaciones”, analizó Noguera

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales antes mencionados.

En el simposio sobre Derechos Humanos LGBTI también se abordaron temas como la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la salud, la inmigración y los deportes, todo esto enfocado en la medida en que se intersectan con los diversos grados de seguridad, equidad y libertad que las personas LGBTI experimentan.

Micro-violencias por Identidad de Género y Raza contra las Mujeres Afro-trans

Washington, D.C. Febrero 12 de 2019. En el marco de la serie de procesos de formación que adelanta el Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el pasado 12 de febrero de 2019 se realizó en la ciudad de Santo Domingo de República Dominicana, el segundo encuentro de diálogo: ¿Por qué hablar sobre Afro-LGBTI?, el cual contó con la participación de más de 60 activistas y defensores de derechos humanos principalmente Afro-LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y República Dominicana, quienes fueron convocados por la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

El punto de apertura de este segundo espacio de diálogo, moderado por Cristian King de TRANSSA, se focalizó en la situación de discriminación que la activista Afro-Trans Belén Zapata, perteneciente a la organización de Jóvenes Afro-peruanos Ashanti, vivió en el proceso de ingreso a la ciudad de Santo Domingo, en el aeropuerto las Américas.

La situación de discriminación que afrontó Belén podría resumirse diciendo que ella, tras superar los controles legales de migración, al disponerse a salir del aeropuerto, un funcionario sin identificarse retuvo su pasaporte sin razón para ello, obligándola a estar apoyada contra una pared por cerca de 40 minutos expuesta a las miradas de las personas que se movilizaban por el aeropuerto. Después de ello, junto con un grupo de 10 personas más (en su mayoría afrodescendientes), es conducida a diferentes controles y escaneos en los que es revisada repetidamente y se concluye que ella no porta drogas. Ante las preguntas de Belén sobre las razones de dicho procedimiento, no existe respuesta alguna, solo hasta que ella misma entiende que se trata de un control de drogas. En todo caso se le informa que el procedimiento es rutinario para los nuevos visitantes al país.

Toda la situación vivida por Belén, no supera más de una hora. La situación misma no deja ninguna consecuencia a nivel legal contra ella, no se ejerce ninguna violencia física y, además, los procedimientos aparentemente se justifican en un confuso argumento de control de drogas y procedimiento estándar de control a nuevos visitantes del país. ¿Los responsables? Tras un comunicado y un tweet realizado por Raza e Igualdad denunciando la situación, Aerodom  (el operador aeroportuario de República Dominicana) señaló que son una entidad privada y la responsabilidad le corresponde a otras entidades: ¿conclusión? Tampoco existe un ente específico que pueda responder a la situación.

En el marco del conversatorio, los y las participantes pudieron reflexionar sobre la naturalización de este tipo de violencias. Aunque sus efectos conllevan varias vulneraciones, tales como la violación al debido proceso, la restricción injustificada de la movilidad y el abuso arbitrario de la autoridad, vemos estas situaciones como menores porque no conllevan malos tratos físicos de alta gravedad. En ese sentido, nos enfrentamos a lo que podemos denominar “micro-violencias” que son naturalizadas por las víctimas, porque creen que no es grave o simplemente porque no existe expectativa de una respuesta frente a la denuncia de esta ante la autoridad.

En desarrollo de la conversación, se evidenció el valor de Belén al poner de presente esta situación, ya que algunas de las personas asistentes al evento, expresaron como han vivido situaciones análogas, ya sea por su raza o por su orientación sexual y/o identidad de género. Así mismo se señaló la gravedad de estos hechos, cuando la falta de identificación de los funcionarios y la arbitrariedad de los procedimientos, impide señalar responsabilidades específicas. De otra parte, se cuestionó la ausencia de estrategias articuladas de trabajo por parte de las entidades aeroportuarias en este caso, que como en otros, es la consecuencia de considerar que la respuesta a las situaciones de discriminación estructural, corresponde a otros y no a todos.

Otra situación ilustrativa fue narrada por una participante afro-trans que señaló las limitaciones al acceso a la salud que ella ha vivido como mujer trans. La participante narró una situación en la que fue objeto de burlas al solicitar atención a un urólogo por problemas asociados a su próstata. Por este simple hecho fue ridiculizada y se le negó inicialmente la entrega de resultados médicos a exámenes que ella se tomó, aunque finalmente los pudo obtener por su insistencia.

De nuevo, si bien hubo acceso a la atención médica y la situación se podría calificar como una simple cuestión de indebida atención al usuario, este tipo de violencias que parecieran “micro” tienen un impacto importante en la confianza con las instituciones médicas por parte de las personas trans y en este caso, afro-trans. Se trata de una situación en la que el servicio médico se vuelve tortuoso y se pone en riesgo la salud o incluso la vida misma cuándo la denegación de servicios lleva a que las personas por si solas dejen de buscar atención adecuada.

Estas dos sencillas reflexiones, en torno a las violencias de las mujeres afro-trans, si bien nos sacan de la discusiones clásicas en torno a graves violencias contra la población afro, trans y LGBTI, nos ponen de presente que muchas veces el germen de las graves violencias que estas poblaciones viven se haya en la cotidianidad, en la denegación de un servicio o en procedimientos irregulares que aunque no dejen una huella permanente, hacen que gota a gota, horaden la dignidad humana e integridad de las personas afro-trans.

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los invitados internacionales.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

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