En Cuba, la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes de la Isla

Bogotá, 29 de octubre de 2024 – “Cuba no es como te la cuentan”, advierte Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la organización de la sociedad civil independiente cubana, que publicó en julio de 2024 el séptimo informe sobre los derechos sociales en este país, en el que se reveló que la pobreza extrema en la Isla  había escalado al 89%.

El abogado oriundo de la provincia cubana de Pinar del Río explica cada uno de los hallazgos que evidencian cómo la falta de recursos afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba. “Del total de la muestra (1,148 encuestas), el 61% dijo tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, mientras que en la población afrocubana la cifra se ubica en el 68%”, dice.

El 12% aseguró que estaba en situación de desempleo, una realidad que afecta al 15% de las personas afrocubanas encuestadas. También se conoció que ocho de cada 10 afrodescendientes que hicieron parte de este estudio, afirmaron que habían dejado de desayunar, almorzar o cenar, situación que afectó a siete de cada 10 personas blancas o mestizas de este informe.

Por otro lado, el 92% de las personas afrocubanas desaprobaron el servicio de salud pública; y el 81% dijo que no recibía remesas, una cifra mayor al 71% de las personas blancas que señaló que tampoco obtenía este tipo de ingresos de familiares viviendo fuera de la Isla. “Sin duda, tienen menos apoyo para enfrentar la dura realidad que se vive en Cuba”, agrega Cires.

Los hallazgos que evidencian cómo la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba, ya se habían registrado en 2023, en el sexto informe del OCDH sobre los derechos sociales en este país. En aquel entonces, el 21% de las personas afrocubanas dijo que residía en viviendas en peligro de derrumbe, una cifra que contrasta con el 15% del total de las personas consultadas (1,353), que afirmó que estaba en igual situación.

Esta encuesta también reveló que el 23% de las personas afrodescendientes carecía permanentemente del servicio de agua potable, una realidad que afectó al 17% del total de quienes participaron en el estudio del año pasado.

Los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestran que las personas afro en Cuba tienen mayores dificultades para encontrar un empleo, alimentarse, acceder a agua potable, y poseer una vivienda digna, en comparación con otros grupos poblacionales de este mismo país. “La situación de las personas afrocubanas es muy precaria, viven en zonas insalubres, tienen los salarios más bajos, y poca escolaridad”, dice Eroises González, una mujer afro de La Habana que coordina la organización Plataforma Femenina.

Otra habanera afrodescendiente de Cuba, Laritza Diversent, quien dirige la ONG Cubalex, afirma que estas violaciones a los derechos humanos son, la gran mayoría de ocasiones, naturalizadas por la misma sociedad civil. “La discriminación racial, por ejemplo, no es un tema prioritario, por tanto, no se entra ahí a hacer estos estudios, a identificar estos comportamientos”, agrega.

Censo poblacional

De acuerdo con la experta en los derechos de las personas afrodescendientes, la afrouruguaya Noelia Maciel, las cifras del OCDH evidencian el racismo sistémico que existe en Cuba, “y ha estado presente en todo el proceso socialista”.

“Esas desigualdades se ven reflejadas en la falta de acceso al empleo, las inequidades en los niveles educativos, la no recepción de remesas, que es lo que permite sostener la vida cotidiana en la Isla; y también en los procesos migratorios. Las poblaciones afro son las que tienen más barreras para salir del país”, dice Maciel, quien afirma además que en el último censo poblacional de la Isla (en 2012), no se evidenciaban estas inequidades porque se desconocía la existencia de ascendencias étnico-raciales diferenciadas, “negando de alguna forma como el componente racial es un factor de vulnerabilidad y de obstáculos para el ejercicio de los derechos”.

En 2022, el Estado de Cuba debió realizar un nuevo censo de población y vivienda, sin embargo, este proceso fue aplazado para el año 2025. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el retraso se originó por la grave crisis económica que sufre este país.

“Cuba por autodefinición está en un momento de economía de guerra, y realizar censos es muy costoso, y más en este momento donde hay ciertos estándares que se imponen a nivel regional, como hacer estos procesos en formatos más electrónicos. Pero igualmente por parte del Estado cubano no hay interés de que se pueda realizar un censo y se empiecen a visibilizar estas desigualdades, sobre todo incorporando las recomendaciones que los organismos internacionales hacen, como la incorporación del término afrodescendiente (que representa a las personas pertenecientes a diversas culturas descendientes de población africana que sobrevivió al sistema esclavista, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas)”, afirma Maciel.

En el último censo poblacional de la Isla se conoció que en 2012 este país tenía 11,167,325 habitantes, entre personas blancas, negras y mestizas. Sin embargo, en este recuento estadístico no se hizo una distinción entre quienes eran negras, mestizas y mulatas, por lo que no se pudo establecer quiénes eran los y las afrodescendientes de Cuba, ni cuáles eran sus condiciones reales de vivienda.

Perfilamiento racial

Los hallazgos de los dos últimos informes sobre los derechos sociales en Cuba evidencian cómo la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población cubana, principalmente a las personas afrodescendientes de este país, que además de no contar con lo esencial para sobrevivir, también son víctimas de prejuicios por parte de las autoridades cubanas, que los y las persiguen, reprimen, hostigan y detienen, “por el simple hecho de ser personas negras”, de acuerdo con Diversent.

“La represión también está vinculada a la persecución de las personas afrodescendientes por lo que se conoce como perfilamiento racial”, agrega Diversent, quien sostiene que un análisis de la organización Cubalex, reveló que los y las afrocubanas condenadas por haber participado en las históricas y multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, habían recibido sentencias más severas en comparación con las personas blancas que aquel día salieron a las calles a exigir sus derechos.

De acuerdo con este documento, las personas negras “que el Estado clasifica con una ‘conducta desfavorable’ reciben sanciones con una duración promedio de 13.02 años, mientras que las personas no afrodescendientes, bajo la misma clasificación, tienen sanciones promedio de 12.0 años”. Este hallazgo se suma a las cifras antes mencionadas, evidenciando cómo esta población sobrevive en la Isla.

“En 2009, yo fui víctima del perfilamiento racial. En una ocasión trabajaba en un centro de turismo y unos huéspedes canadienses querían conocer donde ver y disfrutar jazz cubano, entonces yo les indiqué ‘La zorra y el cuervo’ (club ubicado en El Vedado, zona comercial de La Habana), pero ellos me pidieron que los acompañara. Pasamos por el malecón, seguimos caminando y luego llegaron unos policías a pedirme mi identificación. Ahí mismo me cargaron, me subieron a una patrulla, y me llevaron a una estación hasta que les dio la gana. No pude acompañar a los turistas”, cuenta Norberto Mesa, un activista afrocubano que fundó en 1998 la organización Cofradía de la Negritud, un proyecto ciudadano que surgió con el propósito de luchar contra la discriminación y el racismo estructural en este país.

El pinareño (de la provincia de Pinar del Río) y defensor de los derechos humanos afirma que este tipo de situaciones siguen ocurriendo en Cuba, y agrega que la población afrocubana en los centros penitenciarios es mucho mayor en comparación con otros grupos poblacionales. También dice que hay discriminación racial en los espacios laborales, y muy poca representación de personas negras en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Recomendaciones incumplidas

En 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD o el Comité), aprobó sus observaciones finales luego de examinar el informe nacional que entregó en aquel entonces el Estado de Cuba, sobre las personas afrocubanas. El Comité señaló, entre otras cosas, que la población afrodescendiente continuaba “siendo víctima de racismo y discriminación estructural, como producto del legado histórico de la esclavitud”, lo cual se manifestaba “en la brecha de desigualdad” relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, en comparación con el resto.

El CERD registró varias preocupaciones acerca del censo, la situación de las personas defensoras de los derechos de la población afrocubana, la discriminación racial, el acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza, los estereotipos raciales, y el no reconocimiento de este tipo de violencias por parte del Estado. Estas problemáticas aún siguen latentes en Cuba, y se ven reflejadas en los hallazgos divulgados por el OCDH, y en el análisis realizado por Cubalex.

El órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, también hizo  una serie de recomendaciones al Estado que apuntan a que más personas puedan autorreconocerse como afrodescendientes, que permiten conocer cómo realmente viven las personas negras en la Isla, y que combaten la desigualdad, que, tras seis años de este documento, sigue imperante.

De acuerdo con Maciel, el Estado de Cuba debería presentar un informe oficial sobre la implementación de las recomendaciones del CERD en 2025, debido al retraso del calendario de revisión por países, que causó la pandemia del Covid-19.

Los hallazgos encontrados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el análisis realizado por Cubalex, también evidencian que las autoridades de este país no han cumplido los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), que se centran en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de esta población.

“Cuba, al igual que la mayoría de los países de América Latina, los países de la diáspora, han hecho muy poco durante el decenio. No han habido planes que permitan crear políticas públicas diferenciadas. En el caso de la Isla, hay un problema particular, y es que ellos niegan la discriminación racial. Entonces el gobierno al negar la discriminación racial, evidentemente no plantea la necesidad de tener políticas públicas diferenciadas”, dice Carlos Quesada, director del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien agrega que el decenio proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, terminará el próximo 31 de diciembre de 2024.

Las cifras de los dos últimos informes del OCDH también revelan, de acuerdo con Quesada, cómo el racismo estructural en este país ha impedido que la población afrocubana pueda ascender o acceder a una escala social un poco más alta, incluyendo, por ejemplo, el motor de la economía nacional, que es el turismo. “Cuba, en materia de lucha contra la discriminación racial se encuentra por lo menos 70 años atrás de todos los países de América Latina, incluyendo Estados Unidos”, agrega el abogado y periodista costarricense.

Como lo mencionó Cires al inicio de este artículo, la realidad de las personas afrodescencientes en Cuba no es como lo cuentan las autoridades cubanas; en su día a día ellas enfrentan discriminación y violencia en diversas formas.

El último censo no reconoce a las personas afrodescendientes en su totalidad, y como está documentado en las recomendaciones del CERD, en la Isla se niega la existencia de discriminación racial; aun cuando hay activistas y personas defensoras de los derechos humanos denunciando las condiciones precarias en las que vive la población afrocubana, y pese a que se publiquen informes, como los del OCDH, y análisis, como el realizado por Cubalex, que evidencian una realidad opuesta a la descrita por el Estado. 

Desde Raza e Igualdad hacemos eco a los hallazgos que revelan el racismo y la discriminación estructural en Cuba, y solicitamos que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes, y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población, y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas.