Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña “Voto por la Igualdad” de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026”[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

 

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

 

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; “Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional”, realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Raza e Igualdad rechaza el asesinato de Mariana, una niña afrodescendiente de 3 años en medio de un procedimiento policial y urge al Estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 2 de octubre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza el asesinato de Mariana Hurtado, una niña afrodescendiente de 3 años, durante un tiroteo que se registró en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera, en el departamento Valle del Cauca.[1]

Durante una entrevista en la emisora W Radio, José Hurtado, padre de Mariana, relató que se dirigía a su casa cuando la Policía estaba llevando a cabo un procedimiento en una vivienda cercana y comenzaron a disparar. Según su relato, en ese momento salió la madre de Mariana con ella para enseñarle a montar bicicleta y una bala atravesó la mano de la madre e impactó a Mariana, causándole la muerte. El padre también asegura que fueron los integrantes de la Policía quienes accionaron las armas y provocaron el cruce de disparos.[2]

Es importante que el Estado reconozca que la violencia policial afecta de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes y a las comunidades donde residen principalmente estas personas. Esto se manifiesta en prácticas como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden, la falta de consideración de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública, el perfilamiento racial y la discriminación racial por parte de los miembros de la Policía del Estado

Desde Raza e Igualdad, instamos a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas con una debida diligencia de las investigaciones. Es fundamental que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, es importante tener en cuenta los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, adoptados por las Naciones Unidas en 1990 [3]. Así mismo, los estándares internacionales contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, como lo son las resoluciones 43/1 y 47/21 de las Naciones Unidas.

Urgimos al Estado a desarrollar una reforma policial integral, que tenga en cuenta las afectaciones e impactos diferenciales que la violencia policial genera en las personas afrodescendientes; incorpore estándares internacionales en su diseño e implementación; y establezca medidas para reducir la impunidad estructural en los casos de violencia policial racista en Colombia.

 

 

[1] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[2] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

Día Internacional de los Afrodescendientes: Camino hacia la reparación de las víctimas de racismo en la región

Washington D.C., 31 de agosto de 2023.- En América Latina y el Caribe, región en la que una de cada cuatro personas se identifica como afrodescendiente, el racismo estructural y la discriminación racial se reflejan en el acceso desigual a educación de calidad, el desempleo y la mayor incidencia de la pobreza. Así, según el informe Afrodescendientes en Latinoamérica, las personas afrodescendientes latinoamericanas tienen 2,5 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza crónica.

En el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso de garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, como lo plantean la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y el Plan del Decenio de las Personas Afrodescendientes en las Américas (2016-2025). 

Nuestro trabajo en la región

Raza e Igualdad trabaja con contrapartes de Latinoamérica y el Caribe para impulsar procesos de documentación, denuncia e incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de los derechos humanos, incluyendo espacios recientemente creados, como el Foro Permanente de los Afrodescendientes (PFPAD por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés). Asimismo, la organización es reconocida por aportar a nuestras contrapartes para incidir en eventos de alto nivel como la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todo ello para respaldar su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad, y promover la reparación integral de las víctimas. 

En Brasil, donde el 56% de la población se declara afrodescendiente, Raza e Igualdad trabaja con organizaciones de la sociedad civil brasileña desde una perspectiva interseccional, entendiendo que la problemática racial está atravesada por la vulnerabilidad de género, territorial, económica y social. 

Con su proyecto de justicia racial, Raza e Igualdad y su contraparte Selo Juristas Negras trabajan en la búsqueda de justicia para mujeres, particularmente mujeres negras en situación de privación de libertad, adoptando medidas para su salida de los centros de detención y su posterior reinserción social, familiar y profesional. En este sentido, durante nuestra gira de incidencia de este año en Washington D.C., concertamos reuniones de Selo Juristas Negras con congresistas afro-estadounidenses del Congressional Black Caucus (caucus o bancada de congresistas negros).

En Colombia, 599,580 mujeres negras han sufrido las consecuencias del conflicto armado, siendo el grupo poblacional más afectado. Actualmente, estas mujeres se encuentran agrupadas en la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “La COMADRE” y Raza e Igualdad las acompaña en acciones de litigio internacional para el proceso de su reconocimiento como sujetas de reparación colectiva étnica y su respectiva reparación como víctimas del conflicto armado. 

Este es un proceso largo que inició en 2014 y sigue sin resolverse, por tanto, Raza e Igualdad ha realizado acciones de incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que resultaron en medidas cautelares para garantizar la protección a la vida e integridad personal de dos integrantes de La COMADRE. Asimismo, hemos realizado acciones de incidencia internacional, mediante la participación de una lideresa de La COMADRE en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes; y acciones de investigación y documentación de violaciones a los derechos de las mujeres afrocolombianas que evidencian un patrón de afectaciones sistemáticas a sus derechos. 

En México, donde la población afrodescendiente es la segunda que enfrenta más actos de discriminación basada en ciertas condiciones o características de la diversidad humana, Raza e Igualdad impulsó la “Estrategia de desarrollo de capacidades para la campaña Censo México 2020”, que generó un proyecto mediático de alcance nacional enfocado en fortalecer la autoidentificación afrodescendiente con los etnónimos incluidos en el Censo 2020 y dio como resultado que más de 2.5 millones de personas se autorreconocieran como afrodescendientes.

Por otro lado, en el año 2018 y 2019 acompañamos a activistas afromexicanas en la primera y segunda audiencia temática sobre la población afrodescendiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Estos espacios han sido clave para manifestar que el Estado mexicano debe “redoblar los esfuerzos y garantizar a las personas afrodescendientes el pleno acceso a la protección y recursos efectivos en los tribunales nacionales e instituciones del Estado contra cualquier acto de discriminación y racismo, y adopte todas las medidas legales y efectivas para su combate”, según la activista Gina Diédhiuo de la organización Afrodescendencias.

En Cuba, Raza e Igualdad capacita a activistas afrodescendientes de organizaciones de la sociedad civil independiente de la Isla. A través de diversas jornadas de formación, impulsamos estrategias para que las personas afrocubanas visibilicen el racismo, la discriminacion racial que enfrentan, y las  obligaciones que ha asumido el Estado cubano en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

En Uruguay, apoyamos a organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente en la elaboración de informes alternativos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Estos documentos abordan las desigualdades étnico-raciales, las barreras para el acceso a la justicia de los casos de discriminación racial, la penalización del racismo religioso, la preocupación ante el importante porcentaje de población afrodescendiente privada de libertad, y la exigencia de reparación integral ante los desplazamientos forzados que sufrió la comunidad afro en tiempos de terrorismo de Estado.

También hemos impulsado la participación de organizaciones afrouruguayas en el último periodo de sesiones del CERD, donde el Estado de Uruguay fue examinado a principios de agosto. En aquel momento, Raza e Igualdad apoyó a integrantes de la Organización Social Salvador para sostener encuentros de trabajo y diálogo con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con miembros del Comité CERD en Ginebra.

En República Dominicana el Estado ha aprobado leyes que avalan la deportación arbitraria y otras violaciones a los derechos de las poblaciones de migrantes haitianos y dominico-haitianos. Raza e Igualdad trabaja con el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) brindando apoyo técnico para promover la justicia racial mediante capacitaciones, documentación y fortalecimiento del trabajo de litigio racial de una red de personas abogadas. 

Este año, asistimos a MOSCTHA para su participación activa en el Foro Permanente de Afrodescendientes y en una gira de incidencia en Washington D.C., logrando visitas al congreso de Estados Unidos. Para María Martínez, abogada de MOSCTHA, también es importante destacar que, gracias al trabajo conjunto “formamos parte de UNAR -que trabaja la justicia racial- y RegionaR, dos coaliciones formadas para promover la reparación de las personas afrodescendientes víctimas de trata transatlántica y discriminación estructural” 

Nuestra campaña hacia una región libre de racismo

Desde el año 2021, con la campaña “CIRDI 2024, Hacía una región libre de discriminación racial”, Raza e Igualdad adoptó el compromiso regional de impulsar en mayor escala la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, capacitamos a organizaciones locales para superar los desafíos particulares que se interponen en la ratificación y la implementación total de la CIRDI, como las brechas en los recursos, la falta de capacidad humana y de experiencia técnica.

Asimismo, este año celebramos el décimo aniversario de la CIRDI con representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, personas expertas y liderazgos afrodescendientes, indígenas y LGBTI+ de la región, en un evento paralelo a la Asamblea General de la OEA; e impartimos diversos talleres, como el webinar “Herramientas claves para monitorear la implementación de una Convención Interamericana”, en la cual participaron personas especialistas del derecho internacional de los derechos humanos de Brasil y México, en compañía de Paul Spencer quien se desempeña como Asesor Senior de los Asuntos del Caribe de la CIDH. 

Estas acciones, sumadas a las acciones de incidencia de nuestras contrapartes, han generado que más de tres países de la región se encuentren discutiendo fuertemente la ratificación de este importante instrumento.

Pronunciamiento

Este 31 de agosto, desde Raza e Igualdad instamos a los Estados a adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Es imperativo que los Estados de las Américas firmen, ratifiquen e implementen la CIRDI, como muestra de un verdadero compromiso para enfrentar estos flagelos.  

Finalmente, con miras a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre, Raza e Igualdad llama urgentemente a la proclamación del segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes para el período 2025-2034, que contribuirá a adoptar nuevas medidas para combatir la discriminación estructural y las desigualdades históricas que ha enfrentado esta población, para así lograr el pleno reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las personas afrodescendientes en todo el mundo. Igualmente, por una activa y efectiva participación de estos ante el Foro Permanente de los Afrodescendientes (PFPAD).

25J: Las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en los espacios para la protección y defensa de los derechos de la población afrodescendiente

Washington D.C., 25 de julio de 2023.– La creación de nuevos mecanismos internacionales para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes, marca una oportunidad clave e histórica para superar el racismo y la discriminación que enfrenta esta población. Por ello, este Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos un llamado para que en estos espacios se tengan en cuenta las perspectivas de género e interseccional, de tal forma que estas marquen el trabajo de vigilancia de la situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

Del 25 de julio y la lucha por la justicia racial

El 25 de julio fue establecido como Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se celebró un día como hoy, pero de 1992, en Santo Domingo (República Dominicana), en reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación.

En nuestra línea de trabajo sobre igualdad racial, hemos venido incorporando los enfoques de género e interseccional en todas las acciones que realizamos (litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades y documentación), pues consideramos que a través de esas perspectivas se pueden garantizar la inclusión de las mujeres y todas aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Asimismo, ante la creación de mecanismos internacionales sobre población afrodescendiente, hemos apoyado la participación de mujeres afrodescendientes en nuevos espacios como el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER, por sus siglas en inglés) y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes (PFPAD por sus siglas en inglés), así como en otros de vieja data como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Mujeres afrodescendientes marcando agenda en nuevos mecanismos

En la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, que tuvo lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York, organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana conformaron una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina. Con el apoyo de Raza e Igualdad y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), dicha delegación también planteó la necesidad de construir agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres en la región.

“Lo importante de estar presente en este espacio fue que pude llevar las voces de varias mujeres silenciadas. Grada Kilomba, artista, escritora e intelectual negra, dice que el hombre blanco está en la cima de la pirámide social, luego viene la mujer blanca, luego el hombre negro, y la mujer negra es invisible en la base de la pirámide. Y queremos cambiar eso”, asegura Monique Damas, abogada y Directora Ejecutiva del Selo Juristas Negras, una de las organizaciones que conformó la delegación.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y quien también fue parte de la Delegación de Justicia Racial ante el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, valora que garantizar la perspectiva de género en estos espacios es esencial debido a la persistencia de acciones de racismo y discriminación encaminadas a dañar su integridad no solo por ser mujeres, sino por ser también mujeres afrodescendientes.

“Somos nosotras las que sufrimos el impacto desproporcionado del conflicto armado, cuando nuestros cuerpos siguen siendo abusados sexualmente como estrategias para el destierro y desarraigo de nuestros territorios, cuando no podemos acceder a educación, empleo, vivienda digna, salud, etc.”, dice.

Respecto a qué se espera con la participación de las mujeres afrodescendientes en estos nuevos mecanismos, así como en otros que ya llevan varias décadas en funcionamiento como el CERD y el Comité CEDAW, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), asegura: “Sociedades más justas, igualitarias y equitativas, garantizar la autonomía de las mujeres afrodescendientes; asimismo, aumentar las capacidades de las jóvenes afrodescendientes y brindarles  las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial”.

“Esperamos que desde nuestros estados puedan generarse acciones afirmativas y políticas públicas con presupuestos que garanticen acortar las brechas de desigualdad que enfrentamos no solo por nuestra condición de género sino también por nuestra pertenencia étnica”, añade Ramírez. Cabe destacar que durante la revisión del Comité CEDAW a Perú en 2022, se contó por primera vez con la participación de activistas afroperuanas, por medio de CEDEMUNEP con el apoyo de Raza e Igualdad.

Desde Cuba, Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), destaca el enfoque de género y la interseccionalidad como herramientas clave en espacios sobre población afrodescendiente. “Porque son espacios necesarios para que estas poblaciones expliquen o narren las realidades que viven desde todas las intersecciones que atraviesan en su día a día en sus barrios o comunidades”, afirma.

“Además estos espacios pueden ser escenarios muy positivos para que las mujeres podamos articularnos, desarrollarnos y participar de la vida política y pública de un país”, agrega.

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo la participación de las mujeres afrodescendientes en los mecanismos regionales e internacionales existentes para la protección y promoción de los derechos de las personas afrodescendientes. Es fundamental que las perspectivas de género e interseccional sean tomadas en cuenta en la recolección de datos, análisis de situación y formulación de recomendaciones a los Estados.

Tragedia anunciada: la articulación de los movimientos antidemocráticos debe ser investigada por el Estado brasileño

Brasil, 10 de enero de 2022 – La acción de los manifestantes bolsonaristas que culminó en el estrago del patrimonio público e histórico brasileño en la capital federal, en un vil intento de golpe antidemocrático, se consolidó como una tragedia anunciada. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Estado brasileño para que priorice en su plan de seguridad pública la investigación y contención de los actos antidemocráticos en aumento en el país. Por ello, instamos a la rendición de cuentas bajo el más estricto peso de la ley de todos los involucrados en actos de vandalismo en la sede de los Tres Poderes, así como la identificación de los financiadores de esta articulación criminal.

Tras el establecimiento del Estado Democrático de Derecho brasileño, por primera vez, este hecho insurgente amenaza la democracia brasileña a nivel nacional e internacional.  Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 son preocupantes no solo porque atentan contra la voluntad popular soberana establecida en el proceso electoral de 2022 y contra las instituciones democráticas nacionales, sino también porque buscan legitimar los crímenes de odio y la escalada de violencia bajo el manto de la libertad de expresión. Por lo tanto, nos sumamos al repudio internacional y llamamos a la celeridad y rigidez en las investigaciones con la observación del debido proceso.

La omisión de la Policía Militar y la conveniencia del Ejército resuenan como una advertencia a los gobernantes de que algo peor puede suceder.  En vista de esto, Brasil necesita priorizar, a nivel nacional, la agenda de seguridad democrática alineada para enfrentar este escenario de fuerte polarización desde el anuncio de la victoria del presidente Lula. Los casi 150 autobuses que llegaron a Brasilia con manifestantes bolsonaristas eran conocidos por el Estado y las fuerzas de seguridad. Luego, la omisión deliberada de la invasión de edificios públicos, además de representar una afrenta a la democracia brasileña, revela la certeza de la impunidad como símbolo político de un país sin memoria histórica, que favorece a sectores privilegiados. La caricatura del ‘Capitolio bolsonarista’ es elitista, racista, sexista y LGBTIfóbica.

Así, Raza e Igualdad, como organización de derechos humanos, repudia los ataques contra los Tres Poderes y espera que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda restablecer la defensa de la paz y la democracia. También es esencial promover una política de confrontación  y monitoreo de los movimientos antidemocráticos que, motivados por la agenda bolsonarista, no cesarán durante los próximos cuatro años de mandato. Por lo tanto, es urgente que cualquier posibilidad de amnistía esté fuera de discusión para que la República de Brasil avance hacia la equidad y la justicia social.

Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes, publican actualización del informe “Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del Paro Nacional en Colombia”

Colombia, 8 septiembre de 2021. Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes en su reciente informe ‘Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia’, piden al Gobierno nacional y los organismos estatales realizar acciones contundentes en contra de la violencia policial racista, exacerbada en medio del Paro Nacional que se inició el pasado mes de abril y que ya completa más de cuatro meses. 

De acuerdo al informe de seguimiento al paro, la respuesta el Gobierno ha incluído la militarización de  los territorios y el uso desproporcionado de la Fuerza Pública, afectado de manera diferencial a la población afrodescendiente al estas acciones estar concentradas en ciudades como Cali, que tiene la mayor densidad de esta población en el país.

Entre las recomendaciones que las organizaciones le  hacen al Gobierno está la realización de la reforma policial, pero atendiendo a los criterios internacionales de respeto de los derechos humanos y las demandas sociales, que a la fecha se desconoce si están consignadas en su promocionado proyecto de reforma. 

Uno de los cambios  que las organizaciones consideran debe ser incluido es el traslado de  la institución como cuerpo de control civil armado al Ministerio del Interior, así como  adoptar la justicia procesal como guía de sus actuaciones internas y externas y apegarse estrictamente a los protocolos del uso legítimo de la fuerza en cumplimiento a los principios/criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

De igual forma, solicitan recolectar, almacenar y analizar datos demográficos desagregados por raza, etnia, sexo, género, de todas las detenciones, comparendos, registros y arrestos, pero también actualizar permanentemente la plataforma de consulta de procesos, establecer un mecanismo eficaz que permita a las personas consultar por el número de cédula si una persona se encuentra bajo custodia de la policía indicando el lugar exacto y el motivo, así como difundir masivamente el contenido de las normas sobre el uso de la fuerza, entrenamiento, investigaciones y enjuiciamientos. 

“La represión continuó (después de las grandes marchas), la persecución a lideresas y líderes. Tenemos ahora con mayor certeza de que hubo un ejercicio de inteligencia por parte de la Policía, del Ejército, de las autoridades militares, que está generando arrestos en diferentes zonas del país. Pero es muy complejo diferenciar quienes pertenecen a la población afrodescendiente porque el sistema estatal no hace esa diferenciación”, señala  Charo Mina-Rojas, coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras (PCN), frente a este aspecto. 

Y es que, de acuerdo al informe, el Gobierno aún no acata las recomendaciones de las entidades internacionales frente a la protección de personas indígenas y afrodescendientes contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como por cualquier persona, grupo u organización. 

En el texto se señala que el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y ha desconocido las recomendaciones formuladas, cuestionando  el contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas al no coincidir con las institucionales, condicionando con esto la calidad de víctima a la apertura de investigaciones, además,  de reprochar la legitimación de los cortes de ruta o bloqueos como mecanismo válido de protesta. 

Es así como se sugiere que el Gobierno debe propender por realizar diálogos amplios con representación plural y diversa en los  que participen personas  afrodescendientes, cesar todo acto de violencia policial y vulneración a los derechos humanos, reconocer la legitimidad de los bloqueos como mecanismo de protesta y desistir de su criminalización, así como realizar campañas pedagógicas sobre aspectos relevantes del derecho a la protesta y demás derecho humanos. 

Entre el 28 de abril y  el 8 de julio, las organizaciones reportaron 466 situaciones de violencia registradas en medio de las manifestaciones en Cali. Un 13,7% ha sido hacia personas afrodescendientes. Asimismo, registran 108 homicidios, de los cuales 39 se habían identificado contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%

En este sentido, Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, señala que el Gobierno colombiano prometió que iba a garantizar seguridad, desarrollo, libertades y está haciendo todo lo contrario, incluso se está quitando la vida a la población afro. 

“Deberíamos empezar por cumplir las leyes de la Constitución colombiana y todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El Estado debe empezar a cumplir, pero protegiendo y garantizando la vida. Que se pueda ver inversión que garantice vida, salud, seguridad de los jóvenes”, indica Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, frente a la posición del Gobierno”, agrega  Joseph.

Conozca el documento  “Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia”  en is.gd/sz7uIc 

 

Las vidas negras importan: el llamado a una democracia racial resuena en Brasil

Después del brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense, una ola de protestas ha convocado a la sociedad a salir a la calle para luchar por la erradicación del racismo estructural. En un mundo afectado por la fragmentación de los poderes político-institucionales y que vive en medio de un caos exacerbado por la pandemia de coronavirus, que evidenció la crisis en el sistema mundial de salud, el velo del racismo que sirve de base a los privilegios y formas de explotación del capitalismo neocolonial fue levantado. Ante este escenario, las reacciones antirracistas se encendieron en varios países y, en Brasil, un país que experimenta el trauma del racismo colonial diariamente, el llamado a la democracia racial[1] resuena en su población negra.

Sin embargo, es importante señalar que, debido a los diferentes contextos de colonización y las diferentes políticas raciales adoptadas en las historias de ambos países, cualquier análisis que tenga como objetivo comparar las reacciones de la población brasileña y la población estadounidense en el caso de George Floyd implica reconocer, una vez más, las estrategias de opresión de las políticas mundiales de dominación. En este sistema mundial jerárquico, Estados Unidos sirve como punto de referencia para el análisis comparativo y las comparaciones entre los dos países, representan otra expresión de violencia simbólica.

Sin embargo, el racismo es el común denominador de esta estructura de opresión, el vínculo que invita a los descendientes de la diáspora negra en todos los rincones del mundo a unirse a través del lema “Las vidas negras importan“. El quiebre del capitalismo puso en tela de juicio los llamados regímenes democráticos, porque una democracia que se sustenta a través de un sistema necropolítico que busca eliminar a los cuerpos negros, indígenas y otros no blancos, no puede considerarse, como en su significado etimológico, el poder del pueblo. En Brasil, cuando se naturaliza el racismo como inherente a la sociedad, este tiene un impacto en la muerte y exclusión de los cuerpos negros y en su acceso a la ciudadanía plena y los derechos humanos.

Por lo tanto, cualquier suposición de que la lucha para acabar con el racismo en Brasil ha cobrado impulso sólo con las protestas estadounidenses actuales, es ignorar su historia. En la década de 1930, el Frente Negro de Brasil (FNB) [1] tenía como objetivo la igualdad racial en toda la sociedad, pero desaparició a razón de un decreto presidencial durante la dictadura de Vargas. Desde la década de 1970, el Movimiento Negro Unificado (MNU) [2] ha enfrentado de diversas formas la discriminación racial, sin contar los movimientos, las luchas construidas y las ocupaciones en cuclillas que han luchado contra la discriminación racial desde los tiempos de la esclavitud. Durante la abolición, las asociaciones de pueblos negros confirmaron la capacidad de agencia y organización política antirracista.

En 2018, con el asesinato de la concejal Marielle Franco [3], las protestas contra el racismo en Brasil se intensificaron. Miles de personas salieron a las calles reclamando justicia para Marielle y por todo lo que ella representaba: la lucha de resistencia del pueblo negro brasileño. Su cobarde asesinato reveló el racismo estructural e institucional arraigado en la sociedad brasileña: el racismo como estrategia de dominación política que desangra a miles de familias afro. Sin embargo, en Brasil, todavía es necesario demostrar que el racismo existe, mata y encarcela sistemáticamente a la población negra.

Este año, la pandemia de COVID-19 exacerbó unas desigualdades sociales que se materializan de forma racista. En un momento en que la población mundial es llamada a acatar el aislamiento social, en Brasil, la seguridad de quedarse en casa para protegerse contra el coronavirus es un privilegio para una pequeña porción de la sociedad que, por supuesto, es en su mayoría blanca. Irónicamente, la sofocante muerte de George Floyd se traduce como una metáfora en COVID-19, en la que la población negra y pobre es la que más muere debido a las fatales consecuencias respiratorias del virus. En este sentido, la memoria del cautiverio se refleja en el cuerpo negro que, al salir a la calle a trabajar diariamente, se entrega a las manos invisibles de la enfermedad que cuelga en el aire.

Y como el país no puede parar, la política racista del gobierno también se ha ampliado ante la pandemia a través de la arbitrariedad de la violencia policial. Las operaciones de la policía militar, con autorización del Estado de Río de Janeiro, continuaron hasta que se dio la muerte del joven João Pedro, de 14 años, en el municipio de São Gonçalo [4]. En vista de la atención mediática del caso en la sociedad, el Supremo Tribunal Federal tuvo que usar la fuerza de la ley para prohibir que las acciones policiales continuaran en estas comunidades durante el período de aislamiento social [5]. Teniendo en cuenta que, desde una perspectiva racial, los policías que patrullan en las favelas son en su mayoría negros y residentes de estas comunidades, el peso de la violencia racista revela que la policía brasileña es la que más mata, pero también es la que más muere [6].

Frente a esta situación, el peso de las muertes de George Floyd y João Pedro hizo eco en una ola de solidaridad y lucha racial que también llamó a la mayoría blanca a asumir una posición antirracista. Por lo tanto, los movimientos antifascistas se unieron a la lucha antirracista a través del llamado de las organizaciones de clubes antideportivos. Los manifestantes marcharon a las calles para denunciar el genocidio de los negros y exigir una democracia plena [7]. Con el eslogan “Las vidas negras importan” en todo el país, los medios hegemónicos, dominados por la élite brasileña, no tenían forma de evitar el tema del racismo, porque además de Brasil, las manifestaciones están ocurriendo a escala mundial [8].

El movimiento antirracista se está expandiendo estratégicamente y a través de un manifiesto, publicado en periódicos impresos de amplia circulación y virtuales, hace un llamado a toda la población brasileña y sus instituciones a reafirmar y comprometerse con un programa democrático destinado a erradicar las prácticas racistas vigentes en la sociedad brasileña [9]. Titulado “Con el racismo no hay democracia“, el manifiesto fue lanzado por la Coalición Negra, que reúne a organizaciones del movimiento negro de todo el país entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Si los efectos asfixiantes de este brote pandémico logran sofocar la violencia racista, allanando el camino para una posible revolución racial, salir a la calle no habrá sido en vano. Las vidas de João Pedro, George Floyd, entre las más de 450 mil muertes por coronavirus en todo el mundo, deben honrarse con lucha y resistencia para que en el futuro, podamos reescribir la historia exaltando a las personas negras a través de sus capacidades.

De esta manera, Raza e Igualdad apoya las manifestaciones antirracistas y antifascistas en curso en Brasil y en todo el mundo, y recomienda al Estado brasileño que apoye a la población negra, con medidas como:

  • La aplicación de un modelo de propuesta de gobierno democrático que garantice la erradicación de prácticas racistas estructurales e institucionales.
  • Acceso total al sistema de salud pública.
  • Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia [10]
  • Ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia [11]
  • Pensar en estrategias antimilitaristas para combatir el crimen dentro de las comunidades.
  • Adoptar políticas públicas con sesgo interseccional que contemplen las especificidades de las opresiones que afectan a las personas negras.

[1] https://www.geledes.org.br/frente-negra-brasileira-2/

[2] https://www.geledes.org.br/movimento-negro-unificado-miltao/

[3] https://theintercept.com/series/caso-marielle-franco/

[4] https://www.bbc.com/portuguese/geral-52731882

[5]https://radioagencianacional.ebc.com.br/justica/audio/2020-06/stf-proibe-operacoes-policiais-em-favelas-do-rio-durante-pandemia

[6] https://jus.com.br/artigos/74146/policia-brasileira-a-que-mais-mata-ea-que-mais-morre

[7] y [8] https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/vidas-negras-importam-chacoalha-parcela-de-brasileiros-entorpecida-pela-rotina-de-violencia-racista.html

[9] https://comracismonaohademocracia.org.br/

[10] http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[11] http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

 

[1] La democracia racial es un término usado en Brasil que propaga la idea de que las personas blancas y negras vivirán armoniosamente en Brasil, en una fusión armoniosa de varias razas, que disfrutan de igualdad de oportunidades. Comúnmente se refieren a este como un mito que oculta y garantiza la superioridad blanca en las relaciones raciales en Brasil, porque se cree que las personas negras están en peores condiciones porque no se esfuerzan lo suficiente.

El caso de George Floyd, una expresión de racismo estructural

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las voces de denuncia, rechazo e indignación por el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano víctima del racismo y la violencia policial que ocasionaron su muerte el pasado 25 de mayo. Los hechos por los que hoy miles de ciudadanos en Estados Unidos y el mundo se manifiestan son la consecuencia de un racismo estructural que se ha institucionalizado, y el cual reproduce patrones de pobreza, violencia, discriminación y formas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos fundamentales de las y los afroamericanos.

El caso de George Floyd no es ajeno ni está aislado de los múltiples patrones de discriminación que se han invisibilizado y/o ignorado por 400 años en los Estados Unidos, sobre todo de la extrema violencia policial contra la comunidad afroamericana que se ha visibilizado en las ultimas décadas. Raza e Igualdad hoy se une a las voces de las personas y representantes de la sociedad civil que están respondiendo a las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y muchos otros, gritando “LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN”, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión para exigir un cambio en estos patrones.

Nos preocupa la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a las extensas protestas a lo largo y ancho del país, puesto que miles de manifestantes han sido objeto de represión por parte de las fuerzas policiales e incluso de miembros de la Guardia Nacional, quienes se han desplegado en sus vehículos militares cargando bayonetas como forma de intimidación a la población e impedirles que ejerzan sus derechos. Como resultado de esta reacción, incitada abiertamente por el Presidente Donald Trump, se han reportado casos de ciudadanos que han perdido los ojos, han sufrido lesiones e incluso han sido asesinados en el contexto de las manifestaciones de la última semana. Estas acciones violan los derechos a la libertad de opinión, expresión y asamblea, garantizados en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos derechos son fundamentales para la democracia y para lograr el cambio social.

Hoy levantamos nuestra voz para que las vidas de los pueblos afrodescendientes sean reconocidas, reivindicadas y respetadas. Exigimos a los Estados que transformen las prácticas policiales conocidas como el “perfilamiento racial” e instamos a las autoridades a iniciar un diálogo con organizaciones y comunidades afrodescendientes para buscar y aplicar soluciones conjuntas a este problema.

Las vidas negras importan no sólo por un asunto racial o de color de piel. La situación de George Floyd es la expresión de una realidad que ya no se puede esconder: la discriminación y el racismo son un flagelo que continúa quebrantando las estructuras sociales políticas, económicas y culturales de nuestros Estados, imposibilitando la configuración de sociedades justas, equitativas y pacíficas.

El silencio ante las injusticias, la constante violencia y los estereotipos hacia las personas afroamericanas en Estados Unidos han justificado, por mucho tiempo el maltrato y los asesinatos de los miembros de esta comunidad, los cuales son ignorados por el sistema de justicia, que ha propiciado que ni los agentes policiales y ni las personas que agreden a los afroamericanos sean juzgados y condenados apropiadamente.

Exigimos que los responsables del asesinato de George Floyd sean puestos a disposición de la justicia y juzgados como corresponde, para acabar con el ciclo de la impunidad en que se escudan muchos de los crímenes cometidos en contra de afrodescendientes.

Raza e Igualdad hace un llamado urgente a los organismos internacionales y a los Estados para redoblar esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para erradicar cualquier forma de discriminación en todas sus formas y manifestaciones, de tal manera que se prevengan y combatan las doctrinas y prácticas racistas que menoscaban los ideales de toda sociedad humana.

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