Ocho días en huelga de hambre de activista cubano alertan a la comunidad internacional sobre deplorable situación en centro penitenciario de Cuba

Ocho días en huelga de hambre de activista cubano alertan a la comunidad internacional sobre deplorable situación en centro penitenciario de Cuba

Nilda García Fleitas, madre de Manuel de Jesús Rodríguez García, activista y actual preso político del régimen cubano, alerta a la comunidad internacional sobre las deplorables condiciones en las que se encuentra su hijo.

Tras ocho días en huelga de hambre Rodríguez García, miembro de la Alianza Democrática Pinareña y actual preso político del régimen cubano, condenado a ocho años de cárcel por cargos que incluyen “desacato” “atentado” “difamación” entre otras; su madre solicita públicamente ayuda para garantizar la vida e integridad de su hijo en el centro de detención Kilo 8: “Manuel es golpeado cuando se niega a comer la comida de la prisión y se ve obligado a subir y bajar escaleras innecesariamente como castigo por su huelga de hambre” relata la madre del activista.

El 23 de julio de 2019, Rodríguez García inició una huelga de hambre dentro de la prisión en protesta por los malos tratos y austeras condiciones en que se encuentra, además por las amenazas que tanto él como su familia inmediata (madre y abuela) han recibido, situaciones que atentan contra su bienestar e integridad.  Durante conversación sostenida con la madre de Rodríguez García esta confirma el quebrantamiento de salud de su hijo a causa de la desnutrición y el abuso físico al que ha sido sometido en los últimos días, además de ser golpeado por no seguir las ordenes de las autoridades en el centro de detención, este se encuentra detenido en una celda de aislamiento y obligado a dormir en el piso. 

 

Alertamos a la comunidad internacional sobre la crítica situación del activista Manuel de Jesús Rodriguez Garcia, quien arbitrariamente y en detrimento a lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos esta siendo víctima de toda clase de violaciones a sus derechos fundamentales, situaciones que atentan contra su vida e integridad. 

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

Nuevas amenazas atentan contra la vida de líderes y lideresas afrocolombianos

Bogotá, julio 15 de 2019.  A través de un mensaje de texto recibido el 13 de julio de 2019, líderes y lideresas afrocolombianos de Suárez, Cauca, fueron declarados objetivo militar de la organización al margen de la ley «Águilas Negras».

El comunicado que amenaza con dar un plazo de 72 horas, para salir del territorio, a integrantes del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Toma, justifica dicho ultimátum por los actos de «desobediencia» de las y los dirigentes sociales en «oposición al desarrollo».

«La deuda con uds aun no esta saldada…Cada uno de sus colaboradores negros hps declarados objetivo militar al igual q todos esos sapos q los cuidan con todo y eso van a morir. AGUILAS NEGRAS PRESENTE (SIC)», se lee en el mensaje de texto.

 

Dichos actos de persecución y hostigamiento se suman a los hechos ocurridos el pasado mes de mayo del año en curso, en que defensoras y defensores de derechos humanos afrocolombianos, entre los que se encontraba la nobel de medio ambiente Francia Márquez, fueron atacados con disparos y una granada por hombres armados en el Norte del Cauca. (Leer nota sobre atentado a dirigentes sociales afrocolombianos en el Norte del Cauca).

Vemos con extrema preocupación una inminente sistematicidad en las amenazas, actos de hostigamiento y represión que atentan contra la vida, integridad y tranquilidad de líderes y lideresas sociales en Colombia.   Especialmente, alarmamos sobre las prácticas de violencia y persecución contra dirigentes sociales afrocolombianos que han luchado en contra de las lógicas del desarrollo, exterminio y expropiación que atentan contra la soberanía de los pueblos afrocolombianos en los territorios ancestralmente habitados.

Urgimos al gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque pronunciarse inmediatamente contra estos actos que menoscaban la tranquilidad y los derechos a la vida de los pueblos afrocolombianos. Exhortamos también, dar prioridad a esta situación genocida que enfrenta el país en medio de un proceso de paz. A la fecha el número de líderes y lideresas sociales asesinados suman más de 300 desde la firma del acuerdo, de los cuales líderes y lideresas étnicos son quienes más se han visto afectados, sin contar aún con procedimientos y/o protocolos que garanticen la defensa a la vida, el territorio, la justicia y la paz.

Instamos a la comunidad internacional continuar monitoreando la situación de violencia y emergencia nacional que enfrentan especialmente los territorios étnicos, quienes además, han sido históricamente avasallados por la pobreza, marginalidad y violación a los derechos fundamentales consagrados en la declaración universal de los derechos humanos.

En denuncia por las amenazas recibidas y la situación de peligro en que se encuentran las comunidades afrocolombianas y en general lo pueblos étnicos en Colombia, hoy, 15 de julio a las 2:00 pm, hora en que se cumple el «plazo» señalado en la comunicación de las Águilas Negras a dirigentes de Suárez, Cauca, organizaciones sociales afrocolombianas, líderes y lideresas sociales convocarán a una rueda de prensa para manifestar sus preocupaciones.

Según declaraciones de Francia Márquez al medio colombiano El Espectador «En la rueda de prensa vamos a exponer nuestra situación a las autoridades. Queremos que investiguen por qué nos amenazan, nos declaran objetivos militares, nos hacen salir del territorio, entre otras cosas. Nadie tiene que morir por exigir garantías a su derecho» señaló Márquez.

Raza e Igualdad une su voz en denuncia por estos actos que requieren inmediata atención del Estado Colombiano y la comunidad internacional; la construcción de una paz estable y duradera no podrá cimentarse sin la garantía de todos los pueblos a la justicia, la verdad y la paz.

Descargue aquí comunicado del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Toma

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Washington, DC. Julio 5 de 2019.  En el marco de las actividades realizadas durante la jornada concomitante con la 49ª Asamblea General de la OEA, el día 27 de junio los miembros de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe pertenecientes a Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, se reunieron en Medellín, Colombia, para realizar una serie de talleres de trabajo sobre el ejercicio de la incidencia política en los Estados y el refuerzo de conocimientos frente a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en el ámbito interamericano. De esta manera, se contó con la presencia de Manuel Canahui y Ernesto Zelayandia, becarios de la Relatoría de los Derechos de Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para la realización de una breve capacitación sobre el Sistema Interamericano y su importancia en el ámbito del activismo Afro LGBTI en cada uno de los países de los miembros de la Red. Durante esta jornada, los becarios recordaron a los asistentes la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo constituyen, a saber, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, así como las funciones de cada uno.

Dentro del trabajo e la CIDH, y específicamente de la Relatoría LGBTI, se expuso desde qué año existe dicha dependencia y cuáles han sido sus aportes investigativos más relevantes, a saber, el Informe sobre Violencia a Personas LGBTI lanzado en 2015, y el nuevo informe de Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI en las Américas, cuyo lanzamiento y discusión en Colombia se realizó durante la noche de ese mismo 27 de junio y contó con la participación de tres activistas Afro LGBTI como comentaristas. Con la presentación hecha por los becarios, se aprovechó la oportunidad para analizar cuáles son las diferentes funciones de promoción y protección de Derechos Humanos dentro de la CIDH, y cómo los miembros de nuestras organizaciones contrapartes pueden hacer uso estratégico de algunas de ellas. Así, se mencionaron, entre otras, la celebración de audiencias, las visitas in loco con sus respectivos informes de análisis, las visitas de trabajo y la solicitud de medidas cautelares.

Con este recuento de recursos a los que nuestras contrapartes pueden acceder, también se ahondó en cómo se puede hacer un llamado colectivo a diferentes Relatorías que se puedan interesar en temas interseccionales, poniendo como ejemplos los esfuerzos que ya han existido entre las Relatorías de Derechos de las Mujeres y de La Niñez. Así, se mencionó cómo se puede buscar un trabajo entre la relatoría para los Derechos de los Afrodescendientes y la Relatoría LGBTI. Finalmente, los becarios resaltaron la importante función de la Corte IDH en producir varias sentencias en materia de protección a personas LGBTI, y remitieron a nuestras contrapartes los estándares que establecen dichas sentencias en materia de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tengan en cuenta a la hora de realizar acciones de litigio estratégico en sus correspondientes países.

Desde Raza e Igualdad celebramos la realización de este tipo de jornadas en las que nuestras contrapartes pueden establecer relaciones cercanas con miembros de órganos internacionales como la CIDH. Para los avances Estatales en materia de igualdad de derechos, es imprescindible contar con estos espacios de cercanía y capacitación. Esto, no solo para que las contrapartes se informen cada vez más sobre los recursos disponibles en materia internacional para realizar incidencia jurídica en asuntos de derechos de personas Afro LGBTI. También, para que, desde los organismos internacionales, como la CIDH, sus funcionarios se enteren de qué otras necesidades se están haciendo visibles desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes en América Latina y el Caribe, y así empiecen a generar desde sus propias agendas esfuerzos de análisis interseccionales.

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

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Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

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En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

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Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

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Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

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Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Lea aquí Declaración de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe

Estado cubano prohibe la salida de cinco activistas que participarían de la Asamblea General de la OEA en Colombia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la decisión de las autoridades cubanas de denegar la salida del país a cinco activistas y defensores de derechos humanos que se disponían a participar de actividades que realizaremos en el marco de la 49a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos “ Innovando para fortalecer el multilateralismo Hemisférico” a realizarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio del año en curso.

En horas de la mañana, de este lunes 24 de Junio, las activistas Maricél Nápoles e Ileana Colas, de la organización “Movimiento Mujeres Esperanza” de Santiago de Cuba, fueron informadas por autoridades de migración que se encontraban “reguladas”; ante el cuestionamiento de las activistas, el oficial de migración argumentó que “ellos no ponen ni quitan regulaciones, que debió haber sido algún ministerio y que podría viajar hoy si se resolvía el problema”.

Por su parte, el activista y director de la organización Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo, fue informado en su casa, por un mayor del ejercito que se identificó como “Alejandro”, que no podría viajar, indicando que “se mantuviera en su vivienda, y que no habría salida para Colombia ni para él, ni para nadie que fuera a viajar a la Asamblea General de la OEA”. Esta es la tercera vez que al activista y defensor de los derechos humanos se le impide salir a una de nuestras actividades en este año.

Así mismo, el activista Jimmy Roque de la organización Guardabosques y de la organización LGBTI Proyecto Arcoíris fue informado en el aeropuerto por autoridades de migración que no estaba autorizado a dejar el país porque se encontraba “regulado”. Cabe resaltar que Jimmy Roque fue uno de los activistas que el pasado 11 de mayo fue detenido durante 24 horas para impedirle participar en la marcha alternativa LGBTI de Cuba. Esta sería la segunda vez que se le impide al activista abandonar el país.

Finalmente, la activistas Madelyn Rodríguez, integrante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica de Pinar del Río en Cuba, después de haber pasado el proceso de chequeo se le informó en migración que estaba regulada y que “por lo menos hoy no podría viajar”. Ante el cuestionamiento de la activista, el oficial de migración señaló que ellos sólo eran un órgano ejecutor, razón por la cual desconocían el motivo; sin embargo, indicaron que debido a la Asamblea General de la OEA no podría salir del país. Esta es la segunda vez que se le niega a Madelyn la salida.

Los activistas y defensores de derechos humanos habían sido invitados por Raza e Igualdad para participar del Foro Interamericano contra la Discriminación, espacio de diálogo y reflexión en el marco de la Asamblea General de la OEA, en el que participarían Epsy Campbell Vicepresidenta de Costa Rica y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y de la Relatoría por los Derechos de las Mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Además se esperaba que las y los activistas participaran en el diálogo con el Secretario General de la OEA Luis Almagro, y en el diálogo formal con los Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio.

Recordamos, que si bien es cierto el gobierno cubano está suspendido por la OEA, la sociedad civil independiente cubana sí puede participar de las actividades de esta organización en legítimo uso de sus derechos.

Raza e Igualdad acaba de finalizar un análisis sobre la administración de justicia en Cuba, en el que logra identificar que el régimen cubano utiliza las “regulaciones” de defensores y defensoras de derechos humanos para salir del país, con el fin de obstaculizar las denuncias de violaciones a los derechos en escenarios internacionales.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de derechos humanos continuáremos apoyando a la sociedad civil independiente cubana en la exigibilidad de sus derechos, así como seguiremos demandando el cumplimiento al estado cubano con las obligaciones que ha asumido en esta materia.

Organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe estarán presentes en la 49 Asamblea General de la OEA

En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de diversas organizaciones sociales de países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador y Nicaragua, coordinará diferentes espacios de discusión que pretenden analizar el panorama de derechos humanos en la región, especialmente de aquellos grupos sociales y países que actualmente se enfrentan a graves situaciones de violencia y vulneración.

Todos los eventos serán transmitidos en vivo a través de la página en Facebook de Raza e Igualdad.  Así mismo se hará cubrimiento de los eventos a través de redes sociales con el hashtag #AsambleaOEA #RazaeIgualdadOEA

A continuación, compartimos el detalle de los espacios que propiciaremos durante la semana de incidencia regional:

 

Foro Interamericano contra la Discriminación
Objetivo:  Propiciar un espacio de reflexión y análisis de la situación de derechos las personas afrodecendientes de América Latina y el Caribe en el marco del Decenio de los Afrodescendientes de cara a la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos OEA.

Día:  Martes, 25 de junio de 2019
Hora:  8:30 – 1:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro Medellín
Transmisión en Vivo

Puede encontrar el programa completo dando click aquí.

Palabras de inauguración

Carlos Quesada – Director ejecutivo de Raza e Igualdad

Panelistas:
Erlendy Cuero Bravo – Vicepresidenta AFRODES, Colombia
Paola Yánez – Coordinadora Regional Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas de la Diáspora
Margarette May Macaulay – Relatora CIDH de derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial
Christian King – Director ejecutivo Trans Siempre Amigas, República Dominicana
Rodnei Jerico da Silva – Coordinador SOS Racismo, Brasil
Catherine Pognant, Directora de la Oficina de Sociedad Civil OEA, Washington D.C.
Juan Antonio Madrazo, Coordinador Nacional Comité Ciudadano por la Integración Racial, Cuba
Harvey Maradiaga, Coordinador ADISNIC, Nicaragua
Elvia Duque, representante de Raza e Igualdad

Moderadores:
Adriana Rodríguez –  Raza e Igualdad
Cecilia Ramírez – Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Conversatorio: «La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios Afrocolombianos»
Objetivo:  Generar un espacio de discusión y análisis alrededor de las oportunidades de una real y efectiva implementación del acuerdo de paz en los territorios colombianos, y así mismo, identificar las causas que han generado el incremento de homicidios a líderes y lideresas sociales afrodescendientes.

Día:  Martes, 25 de junio, 2019
Hora:  5:00 – 7:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro

Panelistas:
Comisionada Ángela Salazar, Comisión de la Verdad
Nixon Ortiz, Fundación Arcoíris libre de Tumaco
Audes Jiménez, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD)
Emigdio Cuesta Pino, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA
Melquiceded Blandon, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)

Moderadores:
Elvia Duque, Raza e Igualdad
Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo

Conversatorio:  ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos
Objetivo:  Conversar sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta Nicaragua tras 14 meses de crisis, sobre los principales desafíos y limitaciones para la garantía de los derechos humanos en el país y sobre la ruta para que se retome el diálogo entre el Gobierno deNicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Panelistas:

Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua en OACNUDH
Antonia Urrejola, Comisionada y Relatora de país para Nicaragua de la CIDH
Sofía Macher, Integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua
Marlin Sierra, directora ejecutiva del CENIDH
Azahalea Solís, Miembra de la Alianza Cívica y representante del MAM
Lucía Pineda, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias

Moderadora:
Ana Bolaños, representante de Raza e Igualdad

Lanzamiento en Colombia del informe de la CIDH “Reconocimiento de Derechos de las personas LGBTI” y diálogos con personas LGBT y afro-descendientes de Colombia, Brasil y Perú

Raza e Igualdad presentará  por primera vez en Colombia los resultados de un informe de la CIDH lanzado en mayo  pasado sobre los avances han realizado los Estados de las Américas para garantizar la protección de las personas LGBTI  a fin de que los demás países logren avanzar en la agenda de igualdad, inclusión y no discriminación para la población LGBTI.

Panelistas:

Antonia Urrejola, Comisionada de la CIDH y Relatora de país para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Ernesto Zelayandia, Becario para la relatoría de las personas LGBTI
Sandra Milena Arizabaleta, miembra de Somos Identidad, Colombia
Alessandra Ramos, miembra de Transformar, Brasil
Belén Zapata, miembra de la Red de Jóvenes Afroperuanos Ashantí, Perú

Moderador: 

Mauricio Noguera, Oficial LGBTI de Raza e Igualdad

Demandamos al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que continúan encarcelados

Washington, D.C. 18 de junio de 2019. Raza e Igualdad recuerda al Gobierno de Nicaragua su deber de cumplir con el compromiso que asumió de liberar total y definitivamente a los prisioneros políticos, cuyo plazo de 90 días finaliza a las doce de la noche del día de hoy, 18 de junio, según acuerdos suscritos el 27 de marzo del año 2019, en la mesa de negociación que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y el Sr. Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

En los últimos tres meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país, pero según la Alianza Cïvica por la Democracia y la Justicia, aún hay 86 prisioneros políticos que continúan en prisión.

En ese sentido, rechazamos la Nota de Prensa dada a conocer por el Gobierno de Nicaragua el día de hoy, en la que expresa que todos los prisioneros políticos que estaban en las listas entregadas y revisadas con el Comité Internacional de la Cruz Roja ya fueron puestos en libertad.

“La postura del Gobierno confirma su renuencia para cumplir obligaciones de ineludible cumplimiento en tanto conciernen a la libertad, integridad física y la vida de ciudadanos que aun guardan prisión en condiciones que atentan contra su dignidad humana. Demandamos al Gobierno de Nicaragua el inmediato cumplimiento de su compromiso y proceder a la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que aun guardan prisión. Demandamos una revisión imparcial y exhaustiva de los listados de las personas detenidas en el contexto de las protestas de abril que aun no han sido liberadas, con la finalidad de garantizar que todos sean puestos en libertad”, expresó Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad.

Es inaceptable que el Gobierno se escude en procesos penales irregulares y falsas imputaciones de delitos comunes contra quienes ejercieron su legítimo derecho de protesta.

Respecto de todos ellos exigimos su liberación inmediata, procederse al cierre de sus procesos de investigación y procesos judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. Su retorno a casa debe estar libre de cualquier amenaza, persecución o asedio contra ellos o sus familiares, de conformidad a la cláusula segunda del Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad suscrito en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación del Gobierno.

Así mismo, reiteramos al Estado de Nicaragua, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su responsabilidad de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando a los autores intelectuales y materiales de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, provocando más de 325 muertes, entre ellas 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías y 2 mil personas heridas. Para ello, se requiere de la derogación de la Ley de Amnistía que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes. Dicha ley debe ser declarada inconstitucional porque impone restricciones indebidas a los derechos humanos, civiles y políticos de los ex prisioneros políticos, al amenazarlos con reabrir sus procesos judiciales y encarcelarlos nuevamente si ejercen su derecho fundamental a la protesta y porque intenta obstruir el derecho a la justicia que asiste a las víctimas de la represión.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos en cumplimiento del acuerdo suscrito, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y el cese de toda forma de represión y abuso policial y parapolicial.

 

Foto principal: Diario La Prensa de Nicaragua

ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y PROTEGER EL SIDH

Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC- 256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.

El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.

Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres, participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo, derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.

A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.

Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar buscar limitar las garantías de protección.

Descargue aquí comunicado con nombre de las organizaciones firmantes

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