Demandamos al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que continúan encarcelados

Demandamos al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que continúan encarcelados

Washington, D.C. 18 de junio de 2019. Raza e Igualdad recuerda al Gobierno de Nicaragua su deber de cumplir con el compromiso que asumió de liberar total y definitivamente a los prisioneros políticos, cuyo plazo de 90 días finaliza a las doce de la noche del día de hoy, 18 de junio, según acuerdos suscritos el 27 de marzo del año 2019, en la mesa de negociación que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y el Sr. Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

En los últimos tres meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país, pero según la Alianza Cïvica por la Democracia y la Justicia, aún hay 86 prisioneros políticos que continúan en prisión.

En ese sentido, rechazamos la Nota de Prensa dada a conocer por el Gobierno de Nicaragua el día de hoy, en la que expresa que todos los prisioneros políticos que estaban en las listas entregadas y revisadas con el Comité Internacional de la Cruz Roja ya fueron puestos en libertad.

“La postura del Gobierno confirma su renuencia para cumplir obligaciones de ineludible cumplimiento en tanto conciernen a la libertad, integridad física y la vida de ciudadanos que aun guardan prisión en condiciones que atentan contra su dignidad humana. Demandamos al Gobierno de Nicaragua el inmediato cumplimiento de su compromiso y proceder a la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que aun guardan prisión. Demandamos una revisión imparcial y exhaustiva de los listados de las personas detenidas en el contexto de las protestas de abril que aun no han sido liberadas, con la finalidad de garantizar que todos sean puestos en libertad”, expresó Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad.

Es inaceptable que el Gobierno se escude en procesos penales irregulares y falsas imputaciones de delitos comunes contra quienes ejercieron su legítimo derecho de protesta.

Respecto de todos ellos exigimos su liberación inmediata, procederse al cierre de sus procesos de investigación y procesos judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. Su retorno a casa debe estar libre de cualquier amenaza, persecución o asedio contra ellos o sus familiares, de conformidad a la cláusula segunda del Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad suscrito en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación del Gobierno.

Así mismo, reiteramos al Estado de Nicaragua, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su responsabilidad de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando a los autores intelectuales y materiales de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, provocando más de 325 muertes, entre ellas 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías y 2 mil personas heridas. Para ello, se requiere de la derogación de la Ley de Amnistía que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes. Dicha ley debe ser declarada inconstitucional porque impone restricciones indebidas a los derechos humanos, civiles y políticos de los ex prisioneros políticos, al amenazarlos con reabrir sus procesos judiciales y encarcelarlos nuevamente si ejercen su derecho fundamental a la protesta y porque intenta obstruir el derecho a la justicia que asiste a las víctimas de la represión.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos en cumplimiento del acuerdo suscrito, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y el cese de toda forma de represión y abuso policial y parapolicial.

 

Foto principal: Diario La Prensa de Nicaragua

ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y PROTEGER EL SIDH

Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC- 256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.

El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.

Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres, participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo, derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.

A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.

Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar buscar limitar las garantías de protección.

Descargue aquí comunicado con nombre de las organizaciones firmantes

Apreciamos resolución de Corte IDH que requiere al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para Lucía Pineda, Miguel Mora y otros 15 prisioneros políticos

Washington, D.C., 22 de mayo de 2019. El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer MacGregor, resolvió ayer 21 de mayo requerir al Estado de Nicaragua que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal de 17 personas privadas de libertad que fueron encarceladas por hacer uso de su derecho legítimo a la protesta.

Entre los beneficiarios de las medidas provisionales están los periodistas Miguel Mora Barberena, Director del Canal 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias, ambos representados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Pineda Ubau, de 45 años, fue detenida junto con Miguel Mora, de 55 años, el 21 de diciembre de 2018. Ese día, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal a los periodistas. La detención de los periodistas habría sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de “presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, y actualmente está detenido en la la cárcel «La Modelo», mientras que Pineda recibió medidas cautelares el pasado 22 de febrero y hasta la fecha guarda prisión en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Ambos se encuentran a la espera de un juicio oral y público por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Las medidas otorgadas

Los demás beneficiarios son la estudiante Amaya Eva Coppens; los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya Cristhian Rodrigo Fajardo, Yubrank Miguel Suazo y María Adilia Peralta; los miembros del Movimiento 19 de Abril de Managua Kevin Rodrigo Espinoza y Edwin José Carcache; los líderes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Mario Lener Fonseca Díaz; el profesor universitario Ricardo Baltodano; la comerciante Irlanda Undina Jeréz; las hermanas Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Tania Verónica Muñoz Pavón, y los defensores de derechos humanos Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y Reynaldo Lira Luquez.

Las medidas otorgadas por el Presidente de la Corte IDH requieren al Estado de Nicaragua que evalúe de inmediato otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para doce de los beneficiarios, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Cinco de los beneficiarios de las medidas fueron excarcelados el pasado 20 de mayo y puestos bajo régimen de convivencia familiar.

Además, disponen que, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte IDH realice una visita a la cárcel de mujeres “La Esperanza” y a la cárcel de varones “La Modelo”, para entrevistar a los beneficiarios y a diversas autoridades estatales. La delegación de la Corte IDH estaría integrada por su Presidente, Vicepresidente, otro Juez o Jueza, el Secretario y personal de la Secretaría.

De acuerdo con la disposición del Presidente de la Corte IDH, el Estado de Nicaragua deberá informar a más tardar el 1 de junio cuáles han sido las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a la decisión.

Nuestra posición

Raza e Igualdad, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en nuestra calidad de representantes de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau acogemos con esperanza la decisión tomada por el Presidente de la Corte IDH con respecto a 17 personas privadas de libertad en Nicaragua, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad, urgencia y en la necesidad de evitar daños irreparables ante las continuas torturas, agresiones y malos tratos que reciben por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios.

Exhortamos al Estado a que asegure de forma inmediata el cumplimiento de la decisión tomada ayer por el Presidente de la Corte IDH, y que cumpla con su obligación de garantizar que las personas detenidas tengan condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, a su derecho a la salud y a su bienestar personal. Además, esperamos que el Estado Nicaraguense garantice el acceso de los beneficiarios a visitas de sus familiares, de sus abogados y de los médicos para que atiendan debidamente sus padecimientos de salud.

 

Suscriben:

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)

Raza e Igualdad apoya diálogo entre Activistas Afropanameñas y LGBTI con la Comisionada Margarette Macaulay en la Cuidad de Panamá, Panamá.

Washington, D.C., 19 de mayo de 2019. El pasado 19 de mayo de la mano de la organización Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó una reunión privada en el Hotel El Panamá en la Ciudad de Panamá con la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.

La reunión privada que contó con la especial participación de activistas de diferentes regiones tales como Colón y Coclé, jóvenes miembros de la Red de Jóvenes Afropanameños, y representantes de la comunidad LGBTI, tuvo por objetivo presentar ante la Comisionada casos que evidenciaran la situación de vulneración de los derechos humanos de comunidades afrodescendientes presentes en las zonas ya mencionadas, que por invasión territorial de fuerzas económicas y el impacto de lógicas extractivistas que no dialogan con las métodos de preservación y conservación del territorio de las comunidades étnicas, hoy se enfrentan a situaciones de desplazamiento y despojo.

El espacio de diálogo e intercambio estuvo precedido por la Presidente de Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, Mireya Peart; la Oficial del Programa de América Latina del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Elvia Duque, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, quien es a su vez, la Relatora sobre los derechos de las Mujeres, Margarette Macaulay.

La Comisionada Macaulay inició la reunión manifestando su desconocimiento sobre la realidad de la población Afropanameña y mujeres parte de la comunidad LGBTI debido a la falta de acercamiento de los activistas para con ambas relatorias.

Durante el espacio, la Comisionada escuchó atentamente los testimonios ofrecidos por activistas presenten en el conversatorio, quienes a lo largo del evento expresaron extrema preocupación por temas relacionados con:  i) el desplazamiento de la población Afropanameña que sufren en las grandes ciudades como en todas las provincias donde están asentadas ancestralmente, ii) el abandono de sus comunidades, y iii) la fuerte discriminación racial que continúa afectando a esta población y, por ende, la falta de políticas públicas que den solución a sus principales problemáticas.

Miembros de la Red de Jóvenes Afropanameña, iniciaron su intervención con la participación de Lamar Bayle Karamañites, quien dio testimonio sobre la condición de vida en Bocas del Toro y su lugar de origen, la Isla Bastimentos.  La activista narró las precarias condiciones de vida por el abandono del gobierno.

"Contamos con un solo médico dos veces a la semana y quienes necesitan una atención medica más profunda deben de transportarse utilizando lanchas y transporte terrestre para llegar a la ciudad más cercana" señaló Bayle.

Por su parte, la presidenta de la Red de jóvenes, Stephani Murillo, enfatizó sobre la fuerte labor de los jóvenes para promover el auto-reconocimiento afrodescendiente y señaló la preocupante situación de desplazamiento urbano del cual están siendo víctimas los Afropanameños.

Otros activistas explicaron ante la Comisionada Macaulay como la realidad de despojo y desplazamiento se repite en casi todas las comunidades donde están asentadas ancestralmente la población Afropanameña, siendo las islas las más afectadas.

Entre tanto, la Sra. Shanon Pringel explicó que los monopolios familiares están comprando las islas y zonas con gran prospecto turístico, desplazando a quienes las han habitado y protegido ancestralmente. Ejemplo de esto, es el proyecto urbanístico en Colón denominado Renovación de la Ciudad de Colón, el cual está desplazando a la población Afropanameña.

Entre otros temas, las activistas afropanameñas informaron sobre la perdida de lenguas tradicionales como el Guari Guari,» o «Wari Wari” y de la necesidad de contar con una cátedra Afropanameña que se imparta en todos los niveles educativos.

Igualmente, la activista Bárbara Delgado de la Asociación Panameña de Personas Trans resaltó las fuertes violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población LGBTIQ especialmente la población Trans, y la necesidad de vincularlas en estos espacios de denuncia y formación.

El espacio concluyó con varias apreciaciones que la Comisionada Macaulay hizo al respecto de las situaciones descritas, donde invita especialmente a denunciar y visibilizar los casos ante organismos internacionales como la Comisión IDH.

Raza e Igualdad, continuará promoviendo estos diálogos y acercando a las Organizaciones de Sociedad Civil panameñas con instancias de protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).

Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

Pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia, denuncian defensores

Jamaica, 8 de mayo de 2019. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, denunciaron hoy defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones.

Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), explicó que el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”, pues ha impactado a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

A la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, también comparecieron Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad), Nora Newball, del Gobierno Creole de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El Estado de Nicaragua, invitado a participar en el evento, no se hizo presente.

Contexto del conflicto

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad. Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

Más bien, ante la ausencia de este proceso, los colonos, en su mayoría ex militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte y la Corte IDH ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, “hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Aumento de violencia

Cunningham advirtió que las acciones violentas por parte de los colonos han incrementado, y puso por ejemplo que en febrero de este año 2 mujeres de las comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas.

CEJUDHCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto.

Adicionalmente, la representante de CEJUDHCAN aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. “En ese sentido, ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”, señaló Cunningham.

De acuerdo con un estudio realizado por CEJIL y CEJUDHCAN en 2018, cerca del 23% de los niños y niñas en la Costa Caribe de Nicaragua sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% desnutrición crónica severa.

No obstante, los hechos de violencia continúan en la impunidad. De 65 denuncias que ha interpuesto CEJUDHCAN ante las autoridades correspondientes, 49 fueron rechazadas.

Participación política neutralizada

Nora Newball, representante de APIAN, una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, expuso ante la CIDH que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo y ha instalado gobiernos comunales paralelos.

“En las recientes elecciones autónomas (de 2019), la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena”, aseguró Newball.

La defensora y líder política también destacó que el Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico, así como lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Petitorio

La sociedad civil solicitó a la CIDH y a la comunidad internacional que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En concreto, se solicitó a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los defensores de derechos humanos que participaron de la audiencia; que incluya esta situación en el Capítulo VI de su informe anual; y que solicite al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) que monitoree la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para  implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que demande al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres.

CIDH interesada en visitar el Caribe

Tras escuchar las intervenciones de los defensores de derechos humanos, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, expresó su intención de visitar el Caribe nicaragüense para “hablar con la gente, para hacer esta situación más visible y más palpable”. Destacó que su visita dependería de la anuencia del Estado, pero recalcó: “espero y tengo el plan de hacerlo si pudiese”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, aseguró que la Comisión tomó nota de las peticiones planteadas por la sociedad civil y destacó que su papel de defensoría es clave “en un contexto de grave situación de derechos humanos, donde hay una ausencia del Estado y donde el acceso a la justicia está desvanecido”.

Los demás relatores de la CIDH que se encontraban presentes en la audiencia, incluyendo a la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, mostraron un alto nivel de interés por conocer a detalle la situación de los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

Raza e Igualdad condena atentado contra líderes y lideresas afrocolombianas

Fotografía tomada de:  Verdad Abierta

Colombia, 6 de mayo. 2019.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza de manera contundente los hechos presentados el pasado sábado 4 de Mayo en el Norte del Cauca hacía líderes y lideresas sociales de la organización Afrocolombiana Proceso de Comunidades Negras PCN, quienes fueron atacados con disparos y una granada por hombres armados mientras se encontraban reunidos en La Trinidad, Vereda Lomitas.

Como organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos condenamos todo acto que va en contra de la vida, especialmente los actos que de manera sistemática han venido amenazando y acabando con la vida de defensoras y defensores de derechos humanos del territorio colombiano sin contar aún con garantías y una respuesta contundente por parte del Estado.

Somos conocedores del valioso trabajo por la defensa de los Derechos Humanos que realizan las organizaciones afrocolombianas y su aporte esencial en la construcción de un país en paz y con equidad.  La protección de los líderes y lideresas colombianos hace parte de la construcción de una sociedad que defiende la vida, el territorio, la igualdad y la justicia.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose y demandar al Estado Colombiano la protección de las y los líderes sociales que enfrentan graves situaciones de seguridad a lo largo y ancho del país; muestra de esto son los 35 líderes asesinados durante los primeros cuatro meses transcurridos del año.

En Colombia, este 21 de mayo se conmemoran 168 años de abolición de la esclavitud, que esta no sea solo una fecha para exaltar de forma mediática a los afrocolombianos, sino que sea un motivo tomar las medidas necesarias para hacer de Colombia un país con una real inclusión, un país donde los derechos humanos de todos y todas sean garantizados y donde ejercer la defensa de la vida y la paz no sea ¨delito¨.

Siete casos de violencia contra personas LGBTI fueron reportados en Brasil la última semana de Abril

Brasil, mayo 3 de 2019. Las alarmantes cifras de homicidios, persecuciones, casos de acoso y discriminación contra las personas LGBTI en Brasil presentan una radiografía de la evidente crisis social y política que imposibilita la garantía y protección de los derechos fundamentales de los grupos sociales históricamente desfavorecidos y desconocidos.  Durante la semana del 18 al 25 de Abril se presentaron en Brasil al menos cinco (5) homicidios de personas LGBTI, además de dos (2) intentos de asesinato; todos ellos perpetrados con visible sevicia.

El primer caso se presentó el pasado 18 de abril, cuando se encontró el cuerpo de una mujer trans con marcas de violencia en Fortaleza, capital de Ceará. La policía no pudo identificar a la víctima.

 Así mismo, el 19 de abril, una mujer trans recibió un disparo en Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná. Hay un video que muestra que tuvo que caminar en una avenida para obtener ayuda en el Servicio de Respuesta de Emergencia Móvil (SAMU). Informó que dos hombres, que estaban en una motocicleta, le dispararon después de un acercamiento. Los hombres huyeron poco después.

El 21 de abril, la LGBTI Bruneide también fue víctima de un disparo en la ciudad de Porto Velho, a manos de dos hombres que se movilizaban en un motocicleta en Rondônia. Después del atentado ambos homicidas también huyeron.

Por su parte, el 21 de abril, una mujer trans llamada Rayssa fue víctima de un intento de asesinato en Caucaia, Ceará. Los disparos fueron descargados por dos hombres; uno de ellos golpeó la cabeza de Rayssa quien murió a causa del atentado.

 El mismo día, el cuerpo del homosexual Antonio Marcos Joventino da Silva fue encontrado en la ciudad de Camutanga, en Pernambuco. Había signos de apuñalamiento y tortura. Testigos afirmaron ante las autoridades que Antonio se había visto involucrado en una pelea en un bar la noche anterior.

Durante el 24 de abril, Ari Ribeiro da Silva, un activista LGBTI, fue apuñalado a muerte en la ciudad de Parauapebas, Pará. Según testigos, Ari fue vista en un bar acompañado por un hombre. Salieron del bar hacia el salón de belleza de la víctima, donde se encontró el cuerpo. El sospechoso fue arrestado.

El 25 de abril, el peluquero John Steven Serna fue encontrado muerto dentro de su casa en Manaus, Amazonas. La víctima posiblemente fue agredido por un cuchillo en el pecho y en el cuello. La policía informó que los objetos de la residencia fueron volcados y que el cuerpo estaba en una habitación cubierta con sábanas, con las manos atadas.

Durante la misma semana en que la comunidad LGBTI en Brasil se ve afectada por más de siete atentados identificados hasta la fecha, el presidente Jair Bolsonaro nuevamente deslegitimó a la comunidad LGBTI al señalar que Brasil no puede ser el país del “mundo gay” “el turismo gay”; así como incitó a turistas a visitar un país de “familias” por lo que dio la bienvenida a aquellos que estuvieran dispuesto a ingresar al país para tener sexo con una mujer “ Tenemos familias, y quien quiera, venir aquí para tener sexo con una mujer, siéntase libre ”.  Esta declaración sexista se suma a las declaraciones del presidente que alientan y aprueban las violaciones de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los negros y los negros y LGBTI.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hace que el Estado brasileño se comprometa a crear un ambiente saludable para las personas LGBTI, así como a realizar investigaciones para que esta comunidad pueda vivir sin amenazas constantes de violencia. Brasil está internacionalmente obligado a garantizar los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de las personas LGBTI.
 

Seis casos de violência a LGBTI+ foram reportados no Brasil na última semana

Leia aqui artigo em português

 Sobre el Autor:
Isaac Porto – Consultor LGBTI para Raza e Igualdad en Brasil

PRONUNCIAMIENTO: Embates al Sistema Interamericano de Derechos Humanos vulneran la protección regional de los DD.HH

Más de 200 organizaciones y personas se suman a un llamado exhortando a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay de abstenerse de realizar acciones destinadas a restringir la eficacia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)
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Las Américas, 2 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y otros grupos de sociedad civil, expresamos nuestra alarma ante las declaraciones realizadas por cinco Estados de la región cuestionando el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Dicho pronunciamiento pareciera reflejar un esfuerzo coordinado para debilitar la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, en la medida que busca recortar las facultades de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 23 de abril un comunicado de prensa emitido por la Cancillería Chilena anunció que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, entregaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una declaración que cuestiona la “operatividad, funcionalidad y eficacia” del SIDH. Los Estados firmantes destacan la necesidad de dar una mayor deferencia a los Estados considerar sus realidades políticas, económicas y sociales, particularmente, al decretar medidas de reparación. A su vez, cuestionan las técnicas de interpretación del Sistema Interamericano, el alcance de las medidas de reparación y los efectos de las sentencias internacionales para restringirlas a los reclamantes. Adicionalmente, ponen bajo escrutinio las medidas adoptadas por la CIDH para resolver la demora en el trámite de casos individuales.

Como organizaciones de derechos humanos de las Américas, nos resulta altamente preocupante el tenor de las sugerencias, ya que todas son de carácter restrictivo y carecen de sustento bajo los estándares y las normas reconocidas por el derecho internacional, a la vez que suponen enormes retrocesos para el correcto funcionamiento del SIDH. Recordamos que, entre 2011 y 2014, un grupo de Estados realizó un cuestionamiento similar, principalmente dirigido a la CIDH, que terminó en una reforma reglamentaria. En ese sentido, la declaración ocurre en un contexto de esfuerzos anteriores que pretendían condicionar las actuaciones y el impacto de los órganos del SIDH, perjudicando su autonomía e independencia. Cabe destacar que todos los Estados firmantes tienen múltiples procesos pendientes ante el SIDH.

Ante ello, las organizaciones firmantes exhortamos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay de abstenerse de realizar acciones destinadas a restringir la eficacia de la protección regional en perjuicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Particularmente, frente a contextos actuales de altas tasas de violencia e impunidad, invitamos a los Estados a desarrollar un proceso interno de reflexión para garantizar un mayor cumplimiento con las recomendaciones del SIDH, a modo de contribuir a su eficacia.

Desde nuestros respectivos países, reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando a apoyar las capacidades y el impacto del sistema regional de derechos humanos, para que pueda responder a las realidades de nuestro continente. Nos mantendremos firmes en nuestro trabajo para garantizar que los órganos del SIDH puedan ejercer su labor de forma autónoma, independiente, y eficaz, brindando una defensa de los derechos humanos que parte desde un esfuerzo colectivo e inclusivo. Asimismo, convocamos al resto de los Estados de la región a sumarse a este esfuerzo.

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COMUNICADO: Raza e Igualdad hace un llamado a la paz, la justicia y la democracia para Venezuela

Colombia, 1 de mayo de 2019. Este 30 de abril el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la población venezolana a unirse a la “Operación Libertad”, una manifestación masiva para dar inicio a lo que él mismo denominó “comienzo del cese de usurpación” del régimen de Nicolás Maduro. Junto a Guaidó, quien a tempranas horas de la mañana hizo el llamado desde la base militar “La Carlota”, en la capital, también estaba Leopoldo López, quien hasta ayer era un prisionero político que guardaba casa por cárcel y que fue liberado por Guaidó con la ayuda de los militares que lo custodiaban. El régimen de Maduro calificó estas acciones como un intento de golpe de Estado.

La población, no obstante, salió a protestar a las calles para pedir y exigir a las fuerzas militares acudir al llamado a la justicia y libertad del pueblo venezolano, pero la Policía y Guardia Nacional aún aliados del régimen de Maduro reprimieron a los manifestantes de varias ciudades del país dejando decenas de heridos por atropellamientos, perdigones y efectos de gases lacrimógenos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la violencia y represión ejercidas por las autoridades venezolanas contra el pueblo que en su legítimo derecho a la protesta demanda justicia, democracia y libertad.  Urgimos al Estado Venezolano cesar la violencia y garantizar la paz y la garantía de los derechos a la vida, la libertad de expresión y opinión, así mismo como la integridad de la vida de las y los manifestantes que hoy hacen un llamado a la democracia por la vía constitucional.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que ha dejado más de tres millones de desplazamientos de la población hacía diferentes países de la región, según lo reportado por ACNUR Americas; así como graves lesiones a los derechos fundamentales del pueblo que continúa exigiendo su libertad.

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