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Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Washington, DC. Julio 5 de 2019.  En el marco de las actividades realizadas durante la jornada concomitante con la 49ª Asamblea General de la OEA, el día 27 de junio los miembros de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe pertenecientes a Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, se reunieron en Medellín, Colombia, para realizar una serie de talleres de trabajo sobre el ejercicio de la incidencia política en los Estados y el refuerzo de conocimientos frente a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en el ámbito interamericano. De esta manera, se contó con la presencia de Manuel Canahui y Ernesto Zelayandia, becarios de la Relatoría de los Derechos de Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para la realización de una breve capacitación sobre el Sistema Interamericano y su importancia en el ámbito del activismo Afro LGBTI en cada uno de los países de los miembros de la Red. Durante esta jornada, los becarios recordaron a los asistentes la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo constituyen, a saber, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, así como las funciones de cada uno.

Dentro del trabajo e la CIDH, y específicamente de la Relatoría LGBTI, se expuso desde qué año existe dicha dependencia y cuáles han sido sus aportes investigativos más relevantes, a saber, el Informe sobre Violencia a Personas LGBTI lanzado en 2015, y el nuevo informe de Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI en las Américas, cuyo lanzamiento y discusión en Colombia se realizó durante la noche de ese mismo 27 de junio y contó con la participación de tres activistas Afro LGBTI como comentaristas. Con la presentación hecha por los becarios, se aprovechó la oportunidad para analizar cuáles son las diferentes funciones de promoción y protección de Derechos Humanos dentro de la CIDH, y cómo los miembros de nuestras organizaciones contrapartes pueden hacer uso estratégico de algunas de ellas. Así, se mencionaron, entre otras, la celebración de audiencias, las visitas in loco con sus respectivos informes de análisis, las visitas de trabajo y la solicitud de medidas cautelares.

Con este recuento de recursos a los que nuestras contrapartes pueden acceder, también se ahondó en cómo se puede hacer un llamado colectivo a diferentes Relatorías que se puedan interesar en temas interseccionales, poniendo como ejemplos los esfuerzos que ya han existido entre las Relatorías de Derechos de las Mujeres y de La Niñez. Así, se mencionó cómo se puede buscar un trabajo entre la relatoría para los Derechos de los Afrodescendientes y la Relatoría LGBTI. Finalmente, los becarios resaltaron la importante función de la Corte IDH en producir varias sentencias en materia de protección a personas LGBTI, y remitieron a nuestras contrapartes los estándares que establecen dichas sentencias en materia de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tengan en cuenta a la hora de realizar acciones de litigio estratégico en sus correspondientes países.

Desde Raza e Igualdad celebramos la realización de este tipo de jornadas en las que nuestras contrapartes pueden establecer relaciones cercanas con miembros de órganos internacionales como la CIDH. Para los avances Estatales en materia de igualdad de derechos, es imprescindible contar con estos espacios de cercanía y capacitación. Esto, no solo para que las contrapartes se informen cada vez más sobre los recursos disponibles en materia internacional para realizar incidencia jurídica en asuntos de derechos de personas Afro LGBTI. También, para que, desde los organismos internacionales, como la CIDH, sus funcionarios se enteren de qué otras necesidades se están haciendo visibles desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes en América Latina y el Caribe, y así empiecen a generar desde sus propias agendas esfuerzos de análisis interseccionales.

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Estado cubano prohibe la salida de cinco activistas que participarían de la Asamblea General de la OEA en Colombia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la decisión de las autoridades cubanas de denegar la salida del país a cinco activistas y defensores de derechos humanos que se disponían a participar de actividades que realizaremos en el marco de la 49a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos “ Innovando para fortalecer el multilateralismo Hemisférico” a realizarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio del año en curso.

En horas de la mañana, de este lunes 24 de Junio, las activistas Maricél Nápoles e Ileana Colas, de la organización “Movimiento Mujeres Esperanza” de Santiago de Cuba, fueron informadas por autoridades de migración que se encontraban “reguladas”; ante el cuestionamiento de las activistas, el oficial de migración argumentó que “ellos no ponen ni quitan regulaciones, que debió haber sido algún ministerio y que podría viajar hoy si se resolvía el problema”.

Por su parte, el activista y director de la organización Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo, fue informado en su casa, por un mayor del ejercito que se identificó como “Alejandro”, que no podría viajar, indicando que “se mantuviera en su vivienda, y que no habría salida para Colombia ni para él, ni para nadie que fuera a viajar a la Asamblea General de la OEA”. Esta es la tercera vez que al activista y defensor de los derechos humanos se le impide salir a una de nuestras actividades en este año.

Así mismo, el activista Jimmy Roque de la organización Guardabosques y de la organización LGBTI Proyecto Arcoíris fue informado en el aeropuerto por autoridades de migración que no estaba autorizado a dejar el país porque se encontraba “regulado”. Cabe resaltar que Jimmy Roque fue uno de los activistas que el pasado 11 de mayo fue detenido durante 24 horas para impedirle participar en la marcha alternativa LGBTI de Cuba. Esta sería la segunda vez que se le impide al activista abandonar el país.

Finalmente, la activistas Madelyn Rodríguez, integrante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica de Pinar del Río en Cuba, después de haber pasado el proceso de chequeo se le informó en migración que estaba regulada y que “por lo menos hoy no podría viajar”. Ante el cuestionamiento de la activista, el oficial de migración señaló que ellos sólo eran un órgano ejecutor, razón por la cual desconocían el motivo; sin embargo, indicaron que debido a la Asamblea General de la OEA no podría salir del país. Esta es la segunda vez que se le niega a Madelyn la salida.

Los activistas y defensores de derechos humanos habían sido invitados por Raza e Igualdad para participar del Foro Interamericano contra la Discriminación, espacio de diálogo y reflexión en el marco de la Asamblea General de la OEA, en el que participarían Epsy Campbell Vicepresidenta de Costa Rica y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y de la Relatoría por los Derechos de las Mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Además se esperaba que las y los activistas participaran en el diálogo con el Secretario General de la OEA Luis Almagro, y en el diálogo formal con los Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio.

Recordamos, que si bien es cierto el gobierno cubano está suspendido por la OEA, la sociedad civil independiente cubana sí puede participar de las actividades de esta organización en legítimo uso de sus derechos.

Raza e Igualdad acaba de finalizar un análisis sobre la administración de justicia en Cuba, en el que logra identificar que el régimen cubano utiliza las “regulaciones” de defensores y defensoras de derechos humanos para salir del país, con el fin de obstaculizar las denuncias de violaciones a los derechos en escenarios internacionales.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de derechos humanos continuáremos apoyando a la sociedad civil independiente cubana en la exigibilidad de sus derechos, así como seguiremos demandando el cumplimiento al estado cubano con las obligaciones que ha asumido en esta materia.

Organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe estarán presentes en la 49 Asamblea General de la OEA

En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de diversas organizaciones sociales de países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador y Nicaragua, coordinará diferentes espacios de discusión que pretenden analizar el panorama de derechos humanos en la región, especialmente de aquellos grupos sociales y países que actualmente se enfrentan a graves situaciones de violencia y vulneración.

Todos los eventos serán transmitidos en vivo a través de la página en Facebook de Raza e Igualdad.  Así mismo se hará cubrimiento de los eventos a través de redes sociales con el hashtag #AsambleaOEA #RazaeIgualdadOEA

A continuación, compartimos el detalle de los espacios que propiciaremos durante la semana de incidencia regional:

 

Foro Interamericano contra la Discriminación
Objetivo:  Propiciar un espacio de reflexión y análisis de la situación de derechos las personas afrodecendientes de América Latina y el Caribe en el marco del Decenio de los Afrodescendientes de cara a la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos OEA.

Día:  Martes, 25 de junio de 2019
Hora:  8:30 – 1:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro Medellín
Transmisión en Vivo

Puede encontrar el programa completo dando click aquí.

Palabras de inauguración

Carlos Quesada – Director ejecutivo de Raza e Igualdad

Panelistas:
Erlendy Cuero Bravo – Vicepresidenta AFRODES, Colombia
Paola Yánez – Coordinadora Regional Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas de la Diáspora
Margarette May Macaulay – Relatora CIDH de derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial
Christian King – Director ejecutivo Trans Siempre Amigas, República Dominicana
Rodnei Jerico da Silva – Coordinador SOS Racismo, Brasil
Catherine Pognant, Directora de la Oficina de Sociedad Civil OEA, Washington D.C.
Juan Antonio Madrazo, Coordinador Nacional Comité Ciudadano por la Integración Racial, Cuba
Harvey Maradiaga, Coordinador ADISNIC, Nicaragua
Elvia Duque, representante de Raza e Igualdad

Moderadores:
Adriana Rodríguez –  Raza e Igualdad
Cecilia Ramírez – Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Conversatorio: «La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios Afrocolombianos»
Objetivo:  Generar un espacio de discusión y análisis alrededor de las oportunidades de una real y efectiva implementación del acuerdo de paz en los territorios colombianos, y así mismo, identificar las causas que han generado el incremento de homicidios a líderes y lideresas sociales afrodescendientes.

Día:  Martes, 25 de junio, 2019
Hora:  5:00 – 7:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro

Panelistas:
Comisionada Ángela Salazar, Comisión de la Verdad
Nixon Ortiz, Fundación Arcoíris libre de Tumaco
Audes Jiménez, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD)
Emigdio Cuesta Pino, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA
Melquiceded Blandon, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)

Moderadores:
Elvia Duque, Raza e Igualdad
Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo

Conversatorio:  ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos
Objetivo: 
Conversar sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta Nicaragua tras 14 meses de crisis, sobre los principales desafíos y limitaciones para la garantía de los derechos humanos en el país y sobre la ruta para que se retome el diálogo entre el Gobierno deNicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Panelistas:

Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua en OACNUDH
Antonia Urrejola, Comisionada y Relatora de país para Nicaragua de la CIDH
Sofía Macher, Integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua
Marlin Sierra, directora ejecutiva del CENIDH
Azahalea Solís, Miembra de la Alianza Cívica y representante del MAM
Lucía Pineda, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias

Moderadora:
Ana Bolaños, representante de Raza e Igualdad

Lanzamiento en Colombia del informe de la CIDH “Reconocimiento de Derechos de las personas LGBTI” y diálogos con personas LGBT y afro-descendientes de Colombia, Brasil y Perú

Raza e Igualdad presentará  por primera vez en Colombia los resultados de un informe de la CIDH lanzado en mayo  pasado sobre los avances han realizado los Estados de las Américas para garantizar la protección de las personas LGBTI  a fin de que los demás países logren avanzar en la agenda de igualdad, inclusión y no discriminación para la población LGBTI.

Panelistas:

Antonia Urrejola, Comisionada de la CIDH y Relatora de país para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Ernesto Zelayandia, Becario para la relatoría de las personas LGBTI
Sandra Milena Arizabaleta, miembra de Somos Identidad, Colombia
Alessandra Ramos, miembra de Transformar, Brasil
Belén Zapata, miembra de la Red de Jóvenes Afroperuanos Ashantí, Perú

Moderador: 

Mauricio Noguera, Oficial LGBTI de Raza e Igualdad

Demandamos al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que continúan encarcelados

Washington, D.C. 18 de junio de 2019. Raza e Igualdad recuerda al Gobierno de Nicaragua su deber de cumplir con el compromiso que asumió de liberar total y definitivamente a los prisioneros políticos, cuyo plazo de 90 días finaliza a las doce de la noche del día de hoy, 18 de junio, según acuerdos suscritos el 27 de marzo del año 2019, en la mesa de negociación que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y el Sr. Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

En los últimos tres meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país, pero según la Alianza Cïvica por la Democracia y la Justicia, aún hay 86 prisioneros políticos que continúan en prisión.

En ese sentido, rechazamos la Nota de Prensa dada a conocer por el Gobierno de Nicaragua el día de hoy, en la que expresa que todos los prisioneros políticos que estaban en las listas entregadas y revisadas con el Comité Internacional de la Cruz Roja ya fueron puestos en libertad.

“La postura del Gobierno confirma su renuencia para cumplir obligaciones de ineludible cumplimiento en tanto conciernen a la libertad, integridad física y la vida de ciudadanos que aun guardan prisión en condiciones que atentan contra su dignidad humana. Demandamos al Gobierno de Nicaragua el inmediato cumplimiento de su compromiso y proceder a la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que aun guardan prisión. Demandamos una revisión imparcial y exhaustiva de los listados de las personas detenidas en el contexto de las protestas de abril que aun no han sido liberadas, con la finalidad de garantizar que todos sean puestos en libertad”, expresó Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad.

Es inaceptable que el Gobierno se escude en procesos penales irregulares y falsas imputaciones de delitos comunes contra quienes ejercieron su legítimo derecho de protesta.

Respecto de todos ellos exigimos su liberación inmediata, procederse al cierre de sus procesos de investigación y procesos judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. Su retorno a casa debe estar libre de cualquier amenaza, persecución o asedio contra ellos o sus familiares, de conformidad a la cláusula segunda del Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad suscrito en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación del Gobierno.

Así mismo, reiteramos al Estado de Nicaragua, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su responsabilidad de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando a los autores intelectuales y materiales de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, provocando más de 325 muertes, entre ellas 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías y 2 mil personas heridas. Para ello, se requiere de la derogación de la Ley de Amnistía que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes. Dicha ley debe ser declarada inconstitucional porque impone restricciones indebidas a los derechos humanos, civiles y políticos de los ex prisioneros políticos, al amenazarlos con reabrir sus procesos judiciales y encarcelarlos nuevamente si ejercen su derecho fundamental a la protesta y porque intenta obstruir el derecho a la justicia que asiste a las víctimas de la represión.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos en cumplimiento del acuerdo suscrito, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y el cese de toda forma de represión y abuso policial y parapolicial.

 

Foto principal: Diario La Prensa de Nicaragua

ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y PROTEGER EL SIDH

Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC- 256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.

El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.

Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres, participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo, derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.

A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.

Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar buscar limitar las garantías de protección.

Descargue aquí comunicado con nombre de las organizaciones firmantes

Apreciamos resolución de Corte IDH que requiere al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para Lucía Pineda, Miguel Mora y otros 15 prisioneros políticos

Washington, D.C., 22 de mayo de 2019. El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer MacGregor, resolvió ayer 21 de mayo requerir al Estado de Nicaragua que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal de 17 personas privadas de libertad que fueron encarceladas por hacer uso de su derecho legítimo a la protesta.

Entre los beneficiarios de las medidas provisionales están los periodistas Miguel Mora Barberena, Director del Canal 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias, ambos representados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Pineda Ubau, de 45 años, fue detenida junto con Miguel Mora, de 55 años, el 21 de diciembre de 2018. Ese día, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal a los periodistas. La detención de los periodistas habría sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de “presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, y actualmente está detenido en la la cárcel «La Modelo», mientras que Pineda recibió medidas cautelares el pasado 22 de febrero y hasta la fecha guarda prisión en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Ambos se encuentran a la espera de un juicio oral y público por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Las medidas otorgadas

Los demás beneficiarios son la estudiante Amaya Eva Coppens; los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya Cristhian Rodrigo Fajardo, Yubrank Miguel Suazo y María Adilia Peralta; los miembros del Movimiento 19 de Abril de Managua Kevin Rodrigo Espinoza y Edwin José Carcache; los líderes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Mario Lener Fonseca Díaz; el profesor universitario Ricardo Baltodano; la comerciante Irlanda Undina Jeréz; las hermanas Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Tania Verónica Muñoz Pavón, y los defensores de derechos humanos Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y Reynaldo Lira Luquez.

Las medidas otorgadas por el Presidente de la Corte IDH requieren al Estado de Nicaragua que evalúe de inmediato otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para doce de los beneficiarios, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Cinco de los beneficiarios de las medidas fueron excarcelados el pasado 20 de mayo y puestos bajo régimen de convivencia familiar.

Además, disponen que, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte IDH realice una visita a la cárcel de mujeres “La Esperanza” y a la cárcel de varones “La Modelo”, para entrevistar a los beneficiarios y a diversas autoridades estatales. La delegación de la Corte IDH estaría integrada por su Presidente, Vicepresidente, otro Juez o Jueza, el Secretario y personal de la Secretaría.

De acuerdo con la disposición del Presidente de la Corte IDH, el Estado de Nicaragua deberá informar a más tardar el 1 de junio cuáles han sido las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a la decisión.

Nuestra posición

Raza e Igualdad, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en nuestra calidad de representantes de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau acogemos con esperanza la decisión tomada por el Presidente de la Corte IDH con respecto a 17 personas privadas de libertad en Nicaragua, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad, urgencia y en la necesidad de evitar daños irreparables ante las continuas torturas, agresiones y malos tratos que reciben por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios.

Exhortamos al Estado a que asegure de forma inmediata el cumplimiento de la decisión tomada ayer por el Presidente de la Corte IDH, y que cumpla con su obligación de garantizar que las personas detenidas tengan condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, a su derecho a la salud y a su bienestar personal. Además, esperamos que el Estado Nicaraguense garantice el acceso de los beneficiarios a visitas de sus familiares, de sus abogados y de los médicos para que atiendan debidamente sus padecimientos de salud.

 

Suscriben:

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)

Raza e Igualdad apoya diálogo entre Activistas Afropanameñas y LGBTI con la Comisionada Margarette Macaulay en la Cuidad de Panamá, Panamá.

Washington, D.C., 19 de mayo de 2019. El pasado 19 de mayo de la mano de la organización Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó una reunión privada en el Hotel El Panamá en la Ciudad de Panamá con la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.

La reunión privada que contó con la especial participación de activistas de diferentes regiones tales como Colón y Coclé, jóvenes miembros de la Red de Jóvenes Afropanameños, y representantes de la comunidad LGBTI, tuvo por objetivo presentar ante la Comisionada casos que evidenciaran la situación de vulneración de los derechos humanos de comunidades afrodescendientes presentes en las zonas ya mencionadas, que por invasión territorial de fuerzas económicas y el impacto de lógicas extractivistas que no dialogan con las métodos de preservación y conservación del territorio de las comunidades étnicas, hoy se enfrentan a situaciones de desplazamiento y despojo.

El espacio de diálogo e intercambio estuvo precedido por la Presidente de Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, Mireya Peart; la Oficial del Programa de América Latina del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Elvia Duque, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, quien es a su vez, la Relatora sobre los derechos de las Mujeres, Margarette Macaulay.

La Comisionada Macaulay inició la reunión manifestando su desconocimiento sobre la realidad de la población Afropanameña y mujeres parte de la comunidad LGBTI debido a la falta de acercamiento de los activistas para con ambas relatorias.

Durante el espacio, la Comisionada escuchó atentamente los testimonios ofrecidos por activistas presenten en el conversatorio, quienes a lo largo del evento expresaron extrema preocupación por temas relacionados con:  i) el desplazamiento de la población Afropanameña que sufren en las grandes ciudades como en todas las provincias donde están asentadas ancestralmente, ii) el abandono de sus comunidades, y iii) la fuerte discriminación racial que continúa afectando a esta población y, por ende, la falta de políticas públicas que den solución a sus principales problemáticas.

Miembros de la Red de Jóvenes Afropanameña, iniciaron su intervención con la participación de Lamar Bayle Karamañites, quien dio testimonio sobre la condición de vida en Bocas del Toro y su lugar de origen, la Isla Bastimentos.  La activista narró las precarias condiciones de vida por el abandono del gobierno.

"Contamos con un solo médico dos veces a la semana y quienes necesitan una atención medica más profunda deben de transportarse utilizando lanchas y transporte terrestre para llegar a la ciudad más cercana" señaló Bayle.

Por su parte, la presidenta de la Red de jóvenes, Stephani Murillo, enfatizó sobre la fuerte labor de los jóvenes para promover el auto-reconocimiento afrodescendiente y señaló la preocupante situación de desplazamiento urbano del cual están siendo víctimas los Afropanameños.

Otros activistas explicaron ante la Comisionada Macaulay como la realidad de despojo y desplazamiento se repite en casi todas las comunidades donde están asentadas ancestralmente la población Afropanameña, siendo las islas las más afectadas.

Entre tanto, la Sra. Shanon Pringel explicó que los monopolios familiares están comprando las islas y zonas con gran prospecto turístico, desplazando a quienes las han habitado y protegido ancestralmente. Ejemplo de esto, es el proyecto urbanístico en Colón denominado Renovación de la Ciudad de Colón, el cual está desplazando a la población Afropanameña.

Entre otros temas, las activistas afropanameñas informaron sobre la perdida de lenguas tradicionales como el Guari Guari,» o «Wari Wari” y de la necesidad de contar con una cátedra Afropanameña que se imparta en todos los niveles educativos.

Igualmente, la activista Bárbara Delgado de la Asociación Panameña de Personas Trans resaltó las fuertes violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población LGBTIQ especialmente la población Trans, y la necesidad de vincularlas en estos espacios de denuncia y formación.

El espacio concluyó con varias apreciaciones que la Comisionada Macaulay hizo al respecto de las situaciones descritas, donde invita especialmente a denunciar y visibilizar los casos ante organismos internacionales como la Comisión IDH.

Raza e Igualdad, continuará promoviendo estos diálogos y acercando a las Organizaciones de Sociedad Civil panameñas con instancias de protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).

Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

Pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia, denuncian defensores

Jamaica, 8 de mayo de 2019. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, denunciaron hoy defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones.

Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), explicó que el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”, pues ha impactado a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

A la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, también comparecieron Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad), Nora Newball, del Gobierno Creole de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El Estado de Nicaragua, invitado a participar en el evento, no se hizo presente.

Contexto del conflicto

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad. Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

Más bien, ante la ausencia de este proceso, los colonos, en su mayoría ex militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte y la Corte IDH ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, “hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Aumento de violencia

Cunningham advirtió que las acciones violentas por parte de los colonos han incrementado, y puso por ejemplo que en febrero de este año 2 mujeres de las comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas.

CEJUDHCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto.

Adicionalmente, la representante de CEJUDHCAN aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. “En ese sentido, ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”, señaló Cunningham.

De acuerdo con un estudio realizado por CEJIL y CEJUDHCAN en 2018, cerca del 23% de los niños y niñas en la Costa Caribe de Nicaragua sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% desnutrición crónica severa.

No obstante, los hechos de violencia continúan en la impunidad. De 65 denuncias que ha interpuesto CEJUDHCAN ante las autoridades correspondientes, 49 fueron rechazadas.

Participación política neutralizada

Nora Newball, representante de APIAN, una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, expuso ante la CIDH que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo y ha instalado gobiernos comunales paralelos.

“En las recientes elecciones autónomas (de 2019), la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena”, aseguró Newball.

La defensora y líder política también destacó que el Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico, así como lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Petitorio

La sociedad civil solicitó a la CIDH y a la comunidad internacional que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En concreto, se solicitó a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los defensores de derechos humanos que participaron de la audiencia; que incluya esta situación en el Capítulo VI de su informe anual; y que solicite al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) que monitoree la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para  implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que demande al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres.

CIDH interesada en visitar el Caribe

Tras escuchar las intervenciones de los defensores de derechos humanos, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, expresó su intención de visitar el Caribe nicaragüense para “hablar con la gente, para hacer esta situación más visible y más palpable”. Destacó que su visita dependería de la anuencia del Estado, pero recalcó: “espero y tengo el plan de hacerlo si pudiese”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, aseguró que la Comisión tomó nota de las peticiones planteadas por la sociedad civil y destacó que su papel de defensoría es clave “en un contexto de grave situación de derechos humanos, donde hay una ausencia del Estado y donde el acceso a la justicia está desvanecido”.

Los demás relatores de la CIDH que se encontraban presentes en la audiencia, incluyendo a la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, mostraron un alto nivel de interés por conocer a detalle la situación de los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

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