Comunicado Público: Urgimos inmediata atención del Estado colombiano ante la desaparición de afrocolombianos exiliados en Ecuador tras amenazas

Comunicado Público: Urgimos inmediata atención del Estado colombiano ante la desaparición de afrocolombianos exiliados en Ecuador tras amenazas

Bogotá, Colombia – 4 de marzo de 2019.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) unido a la voz de denuncia de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, hace un enérgico y urgente llamado al Estado Colombiano para atender de manera inmediata la desaparición, desde el pasado 27 de febrero en Quito, Ecuador, de Plácido Tercero Escalante y Ana Gloria Cabezas, afrocolombianos víctimas de desplazamiento forzado en Colombia perteneciente a FUNDAFRO, organización adscrita a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES.

Placido y Ana Gloria se vieron obligados a abandonar el territorio colombiano, y solicitar asilo al país vecino Ecuador, junto a sus grupos familiares, el pasado mes de enero, tras las múltiples amenazas en su contra y en respuesta a la falta de protección por parte de las autoridades colombianas que garantizaran su vida e integridad.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES señala que Ana Gloria y Plácido, días previos a su desaparición, denunciaron haber visto en Quito a las personas que los habían amenazado en su territorio, razón por la cual, fueron citados a declarar ante la fiscalía del Ecuador una vez informaron sobre la situación de riesgo.   Según lo señalado por AFRODES, desde este día se desconoce del paradero de los dos líderes sociales populares.

En absoluta condena ante lo sucedido, urgimos al Estado Colombiano, atender de manera inmediata la situación de des-protección y falta de garantías en que se encuentran los sectores sociales populares inmersos en una guerra aún vigente en los territorios en disputa por grupo al margen de la ley.  Así mismo, urgimos a la comunidad internacional denunciar públicamente la sistemática situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos étnicos en Colombia, especialmente golpeados por el conflicto, social, político y económico que enfrenta el país, de la misma manera, urgimos a las autoridades del Estado colombiano dar pronta respuesta para encontrar con vida a Ana y Plácido.

Lucía Pineda, periodista nicaragüense apresada por informar, recibe medidas cautelares de la CIDH

Washington, D.C. 22 de febrero de 2019. La periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubau, Jefa de Redacción del Canal 100% Noticias, recibió este viernes medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran “en una situación de grave riesgo”.

Pineda Ubau, de 45 años, actualmente está detenida en el Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” y se encuentra enfrentando un proceso en el que se han irrespetado las garantías del debido proceso, por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Según la misma información recibida por la CIDH, la inicial persecución a la periodista y su posterior detención y enjuiciamiento “serían presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

La periodista denunciaba a través de 100% Noticias “la represión por parte de la Policía Nacional para lograr disolver las protestas, así como múltiples detenciones, denuncias de tortura, desapariciones y procesos presuntamente arbitrarios que se iniciaron contra manifestantes”, resalta la CIDH.

A través de la resolución No. 873-18, la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Pineda y su núcleo familiar, cuya identidad se reserva la CIDH.

Específicamente, requieren al Estado asegurar que los agentes penitenciarios respeten los derechos de la periodista “de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, pues se conoce que Pineda ha sido sometida por lo menos a 30 interrogatorios por varias horas con el objetivo de que grabe un video pidiendo perdón al Presidente Daniel Ortega.

También solicitan al Estado que asegure que las condiciones en las que se encuentra Lucía Pineda Ubau se adecúan a los estándares internacionales.

Desde su detención, Pineda ha reportado a su abogado defensor que duerme en el piso, sin posibilidad de que le pasen alimentos y sin contar con instrumentos de aseo, lo que le ha provocado afecciones en la piel. Además, la falta de  servicio higiénico en su celda la habría obligado a hacer sus necesidades fisiológicas de forma contraria a su dignidad humana.

La CIDH solicitó al Estado que brinde la atención médica correspondiente a Lucía Pineda y que le facilite el acceso a sus representantes legales y a sus visitas familiares, pues estas han sido limitadas hasta la fecha.

Lucía Pineda es una de al menos 60 mujeres presas políticas del Gobierno de Nicaragua. En total, se calcula que unas 765 personas han sido encarceladas por exigir justicia y democracia a las autoridades nicaraguenses.

Antecedentes

Desde que inició la represión por parte del Gobierno a los ciudadanos que protestaban en abril de 2018, el Canal 100% Noticias denunció la violencia que atravesaba el país. Lucía Pineda, como Jefa de Prensa del Canal y a través de su programa 100% Entrevistas, adquirió especial visibilidad por su labor periodística, lo que la expuso a amenazas, agresiones e incluso una campaña de estigmatización en su contra.

El 21 de diciembre del año pasado, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal al director del canal, Miguel Mora, a la esposa de Mora y también periodista Verónica Chávez, y a Pineda. Todos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aunque fue hasta 72 horas después que las autoridades informaron a sus familiares dónde se encontraban. En ese lapso, Chávez fue puesta en libertad.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, al igual que la periodista Leticia Gaitán. Esta última debió huir del país para garantizar su libertad personal.

El mismo día de la detención de Mora y Pineda, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), suspendió el medio televisivo. Hasta la fecha, las instalaciones se encuentran allanadas, clausuradas y vigiladas por agentes policiales y la frecuencia fue otorgada a otro canal de televisión.

Presos políticos de Nicaragua: condenan a 216, 210 y 159 años de prisión a tres campesinos

Washington D.C., 18 de febrero de 2019.  Medardo Mairena y Pedro Mena, dos líderes del Movimiento Campesino apresados en julio por exigir justicia y democracia al Gobierno de Nicaragua tras la brutal represión gubernamental contra protestas cívicas, fueron condenados hoy a 216 y 210 años de cárcel, sentencias consideradas excesivas para reos en Nicaragua, puesto que en este país no existe la cadena perpetua y la pena máxima según la Constitución es de 30 años.

Los campesinos habían sido declarados culpables el 17 de diciembre de 2018, acusados por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo y entorpecimiento de servicios públicos. Los defensores que llevaron el caso y expertos en el tema consideraron que había sido el final de un juicio sin garantías, lleno de contradicciones, testigos falsos y pruebas alteradas.

Según medios locales, la sentencia la dio a conocer el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, quien además condenó a 159 años de prisión a un tercer campesino de nombre Luis Pineda Icabalzeta.

En diciembre, un cuarto acusado llamado Silvio Saúl Pineda Bonilla fue declarado no culpable de los delitos que se le imputaban.

El abogado defensor de Mairena y Mena, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó en diciembre pasado a medios locales que el juez Altamirano “ya tenía preparado el fallo”, el cual se leyó inmediatamente después de que se brindaran los alegatos finales.

Mairena, Mena y Pineda son parte de los más de 760 presos y presas políticas que registró el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua hasta inicios de febrero de este año. Con los tres campesinos, serían más de 140 los presos políticos que ya han sido condenados. Su delito, aseguran sus familiares, ha sido protestar con la bandera de Nicaragua en la mano.

¿Quiénes son?

Mairena era representante de los campesinos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo de ciudadanos, estudiantes, empresarios y activistas que participaron del Diálogo Nacional con el Gobierno para buscar una salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que hasta mayo había dejado 56 muertos. Hasta la fecha, la represión ha cobrado al menos 325 víctimas mortales, unos 2,000 heridos y más de 50,000 personas refugiadas en Costa Rica.

Además, Medardo era coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, un grupo de campesinos que desde 2014 busca la derogación de la Ley 840 que concede a una empresa china permiso para construir y operar un canal interoceánico que atravesaría decenas de comunidades rurales de Nicaragua.

Mena también pertenecía a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como asesor de Mairena, y formaba parte del Movimiento Campesino que se manifestaba contra el proyecto canalero.

Según la acusación de la Fiscalía de Nicaragua, que cita el diario La Prensa, Medardo Mairena era el jefe de un “grupo criminal” que orientó la creación de tranques o cortes de carretera en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el funcionamiento del transporte y cometer diversos delitos. Además, se le acusa de ser el “autor intelectual” del asesinato de cinco miembros de la Policía y un civil en el municipio de Morrito, en Río San Juan, el 12 de julio.

Si bien Medardo Mairena apoyaba abiertamente la creación de tranques o cortes de carretera, éstos fueron instalados por el movimiento campesino, estudiantes y ciudadanos en todo el país como forma de protesta cívica contra la represión gubernamental. Los lugareños, según cita el diario digital Confidencial, le atribuyen los asesinatos a parapoliciales afines al Gobierno que ese mismo día atacaron una marcha pacífica de ciudadanos en Morrito. Según los familiares de Mairena y Mena, ellos están siendo criminalizados por participar activamente de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las demandas de justicia y democracia por los actos de represión cometidos a partir de abril.

Detención

Medardo Mairena y Pedro Mena se encontraban en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, cuando fueron detenidos el 13 de julio sin orden de captura. Desde allí, la Policía los trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.

A través de un comunicado, la Policía anunció que había detenido a Mairena “cuando pretendía huir del país”.  El hermano del líder campesino, Alfredo Mairena, aseguró al medio digital Confidencial, que Medardo y Pedro se dirigían a Los Ángeles, Estados Unidos, a una reunión de solidaridad con el movimiento campesino. En ese momento, la Policía no dio razón de Mena.

El comunicado policial señalaba directamente a Medardo como “un terrorista” y “cabecilla” de una organización criminal.

Proceso judicial

Cuatro días después de su detención, un juez de Managua realizó la audiencia preliminar contra Mairena y Mena a puertas cerradas, de acuerdo con el diario La Prensa. Tras dicha audiencia, los dos líderes habrían sido trasladados al Sistema Penitenciario “La Modelo”, en donde, según fue denunciado, han sido continuamente torturados. El 25 de julio, el director de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que los líderes estaban siendo golpeados continuamente por un funcionario del reclusorio conocido como “El Chacal”.

Luego de una audiencia inicial realizada el 15 de agosto, el juicio de Medardo, Mena y Pineda fue reprogramado tres veces, hasta que finalmente se celebró el 13 de noviembre. La defensa alegó “retardación de justicia”, y durante esos meses de espera las torturas y tratos inhumanos y degradantes continuaron.

Julio Montenegro comentó el 6 de noviembre a periodistas locales que desde que fueron remitidos a “La Modelo”, los líderes campesinos permanecían en una celda conocida como “El Infiernillo”, un espacio reducido con poca ventilación y sin luz. Además, denunció que era continua la presencia de insectos, alacranes, cucarachas y zancudos, y que la alimentación que se les brindaba era “precaria”.

Después de nueve días de juicio, este 17 de diciembre concluyó el proceso con un fallo de responsabilidad penal para los tres campesinos. En ninguna de las audiencias se le permitió la entrada a delegados del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni a organismos de derechos humanos nicaragüenses, pese a que las leyes en Nicaragua establecen que las audiencias deben ser públicas.

Las pruebas y testigos

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, aseguró ayer en conferencia de prensa que ninguna prueba presentada por la Fiscalía, ya fuera imagen, audio o video, demostró contundentemente que Medardo Mairena hubiera orientado alguna acción contra los policías o que organizó los tranques en carreteras.

Incluso, señaló Montenegro, el video que pretendía ser la prueba más importante de los fiscales, era una secuencia de tres escenas distintas que “no cuadran”. “En la primera, Medardo va sobre una calle adoquinada con un grupo de personas con banderas azul y blanco, la segunda que empalma con un grupo de personas que están en un cruce de calle con banderas roja y negra, y la tercera imagen en donde se mira una batalla campal donde no aparece Medardo Mairena”.

También hubo serias contradicciones entre varios de los 45 testigos presentados por la Fiscalía, quienes eran en su totalidad funcionarios públicos. “A uno de los testigos lo pusieron a leer de una pantalla gigante lo que iba a declarar”, dijo Montenegro.

La defensa de Mairena y Mena logró presentar en el noveno día de juicio a tres testigos y un video que revelaban que el día de los hechos en Morrito, Mairena participaba de una marcha en Managua.

Montenegro aseguró ayer que interpondrá un recurso de apelación, cuestionando en primer lugar la validez del juicio, debido a innumerables anomalías en el proceso.

 

*Una versión anterior de este artículo del 19 de diciembre de 2018 fue publicada cuando los campesinos fueron declarados culpables. Esta nueva versión se ha actualizado con las penas a las que fueron condenados.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera que la condena de Medardo Mairena y Pedro Mena, así como la detención  e irregulares procesos que se siguen  a quienes  se acusa por las protestas de abril y meses subsiguientes, se dan en el contexto de la respuesta que dio el Gobierno a las protestas cívicas que iniciaron hace ocho meses.

Lo anterior fue caracterizado por OACNUDH en su Informe  “Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos de la siguiente forma:

“la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos…”.

También los procesos, las condenas y  la persecución y represión imperante ahora en Nicaragua hacia distintos sectores, debe valorarse teniendo en cuenta lo dicho por OACNUDH en su Informe antes citado:

 “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce……”.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de los presos políticos  y que el Estado de Nicaragua acepte su responsabilidad por la violencia desatada por las autoridades que dejó al menos 325 personas muertas, entre ellos 24 niños y niñas.

Por ello, Raza e Igualdad exige al Estado de Nicaragua verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Más de 60 presas políticas han sido sometidas a distintas formas de violencia en Nicaragua

14 de febrero, 2019. Las presas políticas del Gobierno de Nicaragua, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, denunciaron hoy representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas de conciencia en Nicaragua son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, 3 tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

Tratos inhumanos y degradantes

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

Violencia sexual

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Restricciones a la salud

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene insuficiencia venosa, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

Discriminación a personas LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan 3 mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Violaciones al debido proceso

Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, expuso las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las presas políticas en Nicaragua.

Las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños, añadiendo que posterior a su detención, las presas son ilegalmente remitidas en su calidad de detenidas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, donde han sido sometidas a extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia.

“Estas actuaciones han puesto en evidencia el actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial”, puntualizó.

Más de 700 presos políticos

Además de las 68 mujeres privadas de libertad, la Comisión de Registro de la UNAB y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos contabilizan 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Petitorio

Después de describir todas las violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad, las defensoras presentes en la audiencia solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a todas las presas y presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanizada, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas.

Además, pidieron directamente a los relatores de la CIDH que hagan uso del espacio al que tienen derecho en la próxima plenaria de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exponer los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y que incluyan a Nicaragua en el capítulo IV de su próximo informe anual.

Los comisionados, por su parte, reiteraron su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua a través de diferentes instancias internacionales; y anunciaron que dentro de los próximos 10 meses trabajarán en la realización de un informe temático sobre las personas privadas de libertad en ese país.

Delegación de nicaragüenses se reúne con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos Michelle Bachelet

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) facilitó el 1 de febrero, una reunión privada entre 10 representantes de organizaciones de sociedad civil de Nicaragua y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Durante el encuentro llevado a cabo en Ginebra Suiza, defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses presentaron la propuesta en la que se detalla la grave situación de derechos que se vive en el país tras la persecución emprendida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacía activistas, mujeres, periodistas, medios de comunicación independiente, jóvenes, presos y presas políticas, así como hacía defensores y defensoras de derechos humanos.

“Hemos tenido una reunión con la Alta Comisionada, ha escuchado nuestras peticiones y ha expresado sentidamente preocupación por la situación en Nicaragua y su compromiso por incluir y señalar la situación que se está dando en todas sus intervenciones y contribuir en todo lo que pueda para que se logre mejorar las condiciones en el país” señaló Ana Quirós, de CISAS defensora de derechos humanos recientemente expulsada arbitrariamente de Nicaragua.  Así mismo, Heydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias infirió “pudimos contarle de viva voz lo que hemos vivido y lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua, los niveles de criminalización, de violencia, los crímenes de lesa humanidad cometidos…”

Ocho de las diez organizaciones de sociedad civil presentes en la reunión han sido arbitrariamente censuradas por el gobierno de turno tras la decisión tomada por los mismos de cancelar sus personerías jurídicas como represalia por cumplir su misión y objetivos, brindando atención a la población en el contexto de la crisis nicaragüense.  En este sentido, Luciano García, de Hagamos Democracia, expresó “Lo más importante ha sido poder ponerla al tanto de manera puntual de todos los atropellos que el régimen está cometiendo en contra de todos los nicaragüenses y todas las organizaciones de sociedad civil, y ella [Michelle Bachelet] ha escuchado nuestras demandas y se encuentra extremadamente preocupada y sorprendentemente informada del caso de Nicaragua”.

Algunas de las peticiones presentadas por los representantes ante la Comisionada Bachelet estuvieron relacionadas con solicitar al Estado de Nicaragua el cese a la represión, persecución y criminalización a la población, a los y las defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, líderes sociales, políticos y periodistas; además de hacer un llamado al Estado para que ofrezca garantías para el pronto y seguro retorno al país de defensores y defensoras de derechos humanos forzados al exilio producto de la criminalización y judicialización, así como el restablecimiento de las personerías jurídicas arbitrariamente canceladas (ilegalmente arrebatadas) a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Vea aquí el documento completo de Peticiones presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos

A lo largo del espacio la Alta Comisionada se mostró profundamente sensible y comprometida con la situación.  Anibal Toruño de Radio Darío señala que el encuentro no sólo es un espacio para presentar una realidad nacional sino la posibilidad de encontrar otros interlocutores para la pronta solución a la crisis.  “Fue un momento esperanzador, recibimos un respaldo pleno de la Alta Comisionada. Una ventana, una esperanza y desde luego la posibilidad de encontrar interlocutores que nos puedan ayudar a resolver la crisis que vivimos actualmente en Nicaragua”.

Por su parte, Mónica Baltonado representante de la Fundación Popol Na hizo hincapié en lo que significó presentarle a la comisionada no solo el dolor que viven los defensores y activistas de derechos humanos sino una nación “De una trascendencia significativa para las organizaciones nicaragüenses, pero también para el conjunto de la sociedad, primero porque pudimos de manera directa transmitirle el dolor y el sufrimiento del pueblo de nicaragüense, y la enorme preocupación que tenemos, pero sobre todo el sentido de urgencia de encontrar en el menor tiempo posible una solución”.

Desde el mes de abril de 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido agudizando en tanto no se han atendido las causas que la provocaron ni se ha escuchado la demanda de la población nicaragüense por justicia y democracia.  Durante los últimos meses se ha observado una estrategia del gobierno para desarticular todo espacio de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva dirigida hacia defensores y defensoras de derechos humanos.  Hasta el día de hoy, las acciones represivas del gobierno nicaragüense han dejado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 2000 heridos, 767 presos y presas políticas y más de 80,000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica.

Brasil es el país que más mata a personas Trans en el mundo

Washington, D.C. 30 de enero, 2019 – Con un índice del 41% en el ranking mundial de asesinatos de personas trans, Brasil se convierte en el país que más mata a personas con esta identidad de género según lo reportado en el Dossier de Asesinatos y violencias contra Travestis y transexuales en Brasil durante el 2018, informe publicado este martes por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).

De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, de las cuales 158 fueron  personas travestis y mujeres transexuales, 4 hombres trans y 1 persona no binaria.

Según lo planteado en el informe estos datos están dramáticamente permeados por un aumento del 30% de los casos no publicados en los medios de comunicación nacional, elemento que impacta y malversa la situación real de esta población en el país.  De acuerdo a lo planteado en el documento, a simple vista pareciera que hubo una disminución de casos entre el 2017 donde se reportaron 179 homicidios, y el 2018 en el que se reportan 163;  lo cierto es que en el primer año de informe los casos no informados fueron sólo 34, mientras que en el 2018 el número de casos no informados o no publicados en los medios nacionales ascendieron a 44; por lo que realmente no se estaría atendiendo a una disminución de asesinatos sino a una disminución en la publicación de los casos en los medios de comunicación, lo que supone un impacto un impacto directo en el registro de los casos generando de esta manera un sub-registro en el conteo de las víctimas.

El Dossier busca hacer un análisis detallado de los datos de los asesinatos y de las violaciones contra la población travesti y transexual en Brasil, para así denunciar, los casos de violaciones de los derechos humanos hacía esta población.  De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Brasil, especialmente de las personas trans, pone en evidencia la omisión del Estado brasilero al ignorar los alarmantes índices de violencia contra esta población en el país, pues a la fecha el gobierno nacional no brinda un respaldo jurídico que garantice el levantamiento e investigación efectiva de los sistemáticos patrones que envuelven dichos actos.

 

Violencia en cifras

Los estados que reportaron mayor número de homicidios a personas trans fueron Rio de Janiero (16), Bahía (15) y São Paulo con 14 casos.   Teniendo en cuenta los datos reportados, la edad media de las víctimas de los asesinatos en 2018 es de 26,4 años, lo que indica una caída de 1,3 años en relación a 2017.  En adición, los datos del último Mapa de la Violencia denotan un aumento del 54% en los homicidios de mujeres negras, mientras que los asesinatos de mujeres blancas cayó un 9,8%.  En total un 82% de los casos fueron identificados como personas negras y pardas (mestizas), ratificando el triste dato de los asesinatos de la juventud negra en Brasil.

Según el informe,  el 53% de la víctimas fueron asesinadas por armas de fuego, un 21% por armas blancas y un 19% por golpe, asfixia y / o estrangulamiento. Las muertes de personas trans en Brasil, generalmente, son cometidas teniendo como principal motivo el odio o el círculo vicioso de exclusión a que están sometidas. Los asesinatos normalmente se distinguen por el elevado número de golpes desferidos o por la crueldad del método empleado, señalaron las presidentas de las organizaciones ANTRA y IBTE en la carta que dirigen a los lectores al final del informe recientemente publicado.

De acuerdo con datos levantados por ANTRA, el 90% de la población de Travestis y los transexuales utilizan la prostitución como fuente de ingresos y posibilidad de subsistencia, esto por la baja escolaridad provocada por el proceso de exclusión escolar, generando una mayor dificultad de inserción en el mercado formal de trabajo y discapacidad en la calificación profesional causada por la exclusión social.

Pronunciamiento

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa extrema preocupación por los datos reportados en el mapa de asesinatos de personas trans y travestís en el 2018, especialmente por el aumento de las cifras, la sistematicidad de la violencia contra las personas jóvenes, trans y afrodescendientes y la invisibilización a la que se ha visto enfrentada toda la población trans por parte del Estado del Brasil.  Unidos al llamado que hacen las organizaciones en el informe, solicitamos al gobierno nacional atender inmediatamente la crisis de derechos humanos que enfrenta la población LGBTI en el país.

Descargue aquí Dossier de Asesinatos y violencias contra Travestis y transexuales, 2018

A 14 asciende el número de líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos asesinados durante el primer mes del 2019 en Colombia

Bogotá, Colombia. Enero 29 de 2019 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa especial preocupación por la alarmante cifra de líderes y lideresas sociales populares asesinados en Colombia al cierre del primer mes del año; espacio de tiempo en el que se reportaron aproximadamente 14 homicidios de hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Rechazamos y condenamos enérgicamente la sistematicidad de los actos de violencia especialmente hacía la población afrodescendiente e indígena del país, pueblos históricamente marginados y violentados por lógicas estructurales de pobreza, desplazamiento forzado, in-acceso a servicios de salud, educación, empleo y garantías que de protección que aseguren la integridad de sus derechos fundamentales.

Urgimos al Estado y el pueblo colombiano a no pasar por alto el número de defensores y defensoras de derechos humanos afrocolombianos asesinados para el cierre del 2018, que según la cifra reportada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES asciende a 20 homicidios (17 hombres y 3 mujeres) de los 54 asesinatos de líderes y lideresas de pueblos étnicos.

Demandamos al Estado colombiano emprender todos los esfuerzos para garantizar la vida y protección de aquellos hombres y mujeres que dan la vida por el territorio.  Así mismo, le hacemos un especial llamado para que de manera diferenciada provea los mecanismos de protección necesario para los pueblos étnicos, especialmente reconociendo las afectaciones que padecen las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas directas del conflicto armado, quienes en gran desventaja frente al resto de la población, por no contar con las garantías de protección social, autonomías económicas y el reconocimiento de sus derechos, son doblemente vulneradas.  Exigimos justicia, verdad y garantías de NO impunidad por las vidas de las lideresas Maritza Ramírez Chaverra (Tumaco) , Maritza Quiróz Leiva (Magdalena) y María Ortega (Norte de Santander), las muertes de estas mujeres hoy víctimas de la cruenta situación de violencia en el país dejan no solo grandes vacíos familiares, sino un conjunto social afectado por sus ausencias, esto debido al temor generalizado que produce el continuar apostando por la lucha y defensa de los derechos humanos y del territorio.

Con extrema preocupación urgimos al gobierno nacional emprender todos los esfuerzos para garantizar la NO impunidad de los más de 500 homicidios a líderes y lideresas sociales que hoy enlutan al país.  Así mismo, resaltamos la necesidad de adoptar todas las medidas de protección para velar por la vida e integridad de las y los líderes que continúan en situación de riesgo, razón por la cual clamamos a la comunidad internacional solidarizarse ante esta emergencia nacional y continuar monitoreando la grave y sistemática situación de violación a los derechos fundamentales de defensores y defensoras de derechos humanos.

Instamos al gobierno colombiano y a todos los grupos sociales involucrados con hacer posible la construcción de una paz estable y duradera en todo el territorio colombiano haciendo del diálogo la única vía legítima para una salida negociada y pacífica al conflicto armado aún latente en el país.

COLOMBIA: ¡NI UN PASO ATRÁS, ADELANTE POR LA PAZ! -Pronunciamiento-

Bogotá, Colombia.  Enero 18 de 2019 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza y condena enérgicamente los hechos de violencia que han enlutado a las y los colombianos durante los primeros 15 días del año.  Condenamos todo tipo de violencia que atente contra los propósitos del pueblo colombiano de avanzar en la construcción conjunta de una paz estable y duradera en todo el territorio.

El asesinato de los 10 líderes y lideresa social que acrecienta el impactante número de muertes de defensores y defensoras de derechos humanos tras la firma del Acuerdo de Paz el pasado septiembre de 2016, así como el reciente ataque terrorista en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 21 muertos y 68 heridos, según lo reportado por medios de comunicación nacional, son evidencia de la inminente  necesidad de que el gobierno colombiano y la sociedad en general continúen trabajando en pro del proceso de Paz.

Pese al ambiente de incertidumbre que generan lo episodios ocurridos en el país, en medio de un creciente despertar de la movilización social en rechazo de políticas gubernamentales arbitrarias, entre otras cosas por el acceso a la educación, la ley de financiamiento y lo relacionado con el acceso, tenencia y explotación de tierras;  además del repudio generalizado por el asesinato de los más de 365 líderes y lideresas asesinados durante el 2016 y 2018 (que aún parece no hacer suficiente eco en las urgentes e inmediatas medidas que el gobierno nacional debería implementar para garantizar la vida de su pueblo);  animamos a los colombianos y las colombianas a continuar apostándole con determinación a la búsqueda y construcción de la paz, teniendo en cuenta como único camino el diálogo en todas las esferas sociales que permita tramitar los conflictos que atentan contra los legítimos derechos al goce efectivo a una vida digna.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, hacemos un llamado urgente al gobierno colombiano, a todas sus instituciones, grupos disidentes del ex grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP) y a los grupos alzados en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que conscientes de la gran responsabilidad con la construcción de una sociedad en paz, se comprometan con la necesidad de avanzar en un diálogo pacífico de cara a una guerra de más de 50 años que ha dejado un saldo aberrante de víctimas que merecen el compromiso vehemente de sus dirigentes, organizaciones sociales y sociedad en general, esto como una alternativa para tramitar las diferencias y construir una sociedad con justicia social.

Instamos a la comunidad internacional continuar monitoreando y acompañando al Estado Colombiano en el proceso de construcción de una paz en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Organizaciones por los derechos de las personas LGBTI alertan sobre grave crisis de derechos en Brasil

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Transformar de Brasil, la organización TRANSSA TRANS Siempre Amigas de República Dominicana, La Corporación Caribe Afirmativo de Colombia, Fundación Arcoíris de Tumaco en Colombia, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashantí en Perú y la Rede Afro LGBT de Brasil, expresan extrema preocupación por la grave situación de vulneración en que se encuentran los derechos fundamentales de las personas LGBTI en Brasil.  Con más de 160 homicidios registrados durante el 2018 contra las personas LGBTI, preocupa gravemente la ocurrencia de diez homicidios por prejuicio durante los primeros días del mes de enero de 2019 en su mayoría hacía personas trans afrodescendientes, a lo cual se suma la Medida Provisional 870/19 que excluye a la población LGBT como sujeto para la promoción de Derechos Humanos.  Así mismo, la reciente renuncia del congresista Jean Wyllis, único legislador afro-Gay del país, quien anunció hoy desistir a su cargo por las múltiples amenazas, difamaciones y actos de hostigamiento orquestadas en contra de su persona a través de redes sociales.

Situación de derechos personas LGBTI

Según las cifras reportadas por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales – ANTRA de Brasil, cada 48 horas una persona trans es asesinada en este país. Durante los últimos dos años se han registrado un aproximado de 332 homicidios hacía personas trans, promovidos especialmente por el odio e imaginarios negativos que ahondan el desconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y que además incitan la normalización y/o legitimización de violencias contra esta población.

Solamente en el 2017 un total de 179 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, de las cuales el 80% de homicidios fueron de personas negras o mulatas, además de identificar que un 70% de las víctimas se desempeñaban como trabajadoras sexuales. El 85% de los asesinatos se registró con refinamientos de crueldad como descuartizaciones, ahogamientos y otras formas brutales de violencia”, apuntó la organización.

Retroceso en materia de derechos

La reciente elección del mandatario Jair Bolsonaro representa un peligro real para las personas LGBTI, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, grupos indígenas y quilombolas, entre otras minorías políticas. A esos grupos -o al menos a estas minorías- se declaró una verdadera guerra, señaló Alessandra Ramos mujer trans defensora de los derechos de las personas LGBTI y parte del equipo de trabajo del congresista Jean Wyllis; quien además señaló que los casos de violencia contra personas LGBT por parte de seguidores de Bolsonaro se han multiplicado en el país. Según cifra ofrecida por la activista, se registraron más de 80 casos de agresiones y asesinatos de personas LGBTI durante campaña del actual presidente, puntualizando, además, que es la población trans quien se enfrenta a un mayor estado de vulneración por encarnar la figura y máxima expresión del odio por su visibilidad, y por el grado de exclusión social a que están sometidas.

Aunque los índices de violencia contra las minorías políticas, en especial contra las personas LGBT, indican un preocupante aumento durante la campaña de Jair Bolsonaro promovida por la producción de más de 700 millones de noticias falsas dispersas en las principales redes sociales, en relación a la exigibilidad y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, según denuncian múltiples organizaciones de derechos humanos del país; la polarización de Jair Bolsonaro ya se revelaba antes incluso de comenzar la campaña, quien a través de fuertes discursos de odio patentaba una disputa narrativa sobre la corrupción, la elección del gobierno del Partido de los Trabajadores / PT, la promesa de una ley que da derecho a policías de matar sin repercusiones jurídicas, la defensa de la familia tradicional y / o la lucha contra ideología de género y otra promesa de liberación del porte de armas. Apuntó Ramos durante su reflexión, quien añadió además que todo esto se convierte en una amenaza concreta a las vidas de algunas minorías políticas y en sí misma un riesgo para la democracia brasileña y los avances que en materia de derechos se han logrado.

Preocupa que en este marco de violencia la Medida Provisional No. 870/19 adoptada por el presidente Bolsonaro el 1 de enero de 2019 haya removido a la población LGBTI de la lista de políticas y lineamientos que apuntan a la promoción de los derechos humanos. A ello se suma la creación del nuevo ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, liderado por el pastor Damares Alves.

Persecución y hostigamiento

¡El discurso de odio no puede ser minimizado! ¡Él es potencialmente asesino y ha producido sus víctimas! Expresó el congresista del PSOL Jean Wyllis, tras anunciar su renuncia al mandato por los diversos actos de acoso, persecución, difamación y amenazas de muerte en contra de su persona durante el último tiempo.

El diputado abiertamente gay quien durante su mandato habría luchado por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, señaló en diversas entrevistas a medios de comunicación nacional que su renuncia no se debe exclusivamente a la elección de Bolsonaro como presidente, sino al nivel de violencia que después de su elección ha ido en aumento.  Para tener una idea, el congresista referenció el reciente caso de la travestí a la que días atrás le arrancaron el corazón y sobre quien dejaron una imagen santa. Todos estos actos de barbarie representan una amenaza contra su vida ¡Por el futuro de la causa, necesito estar vivo! Señaló el exmandatario quien cuenta medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pronunciamiento

En enérgico estado de preocupación y rechazo las diversas organizaciones de derechos humanos inicialmente mencionados hacemos un llamado de alerta al Estado Brasilero para atender inmediatamente la grave situación de violación a los derechos fundamentales de las minorías políticas especialmente a los grupos históricamente marginados como los pueblos afrodescendientes, indígenas y personas LGBTI.   Urgimos al Estado entrar un estado de alerta por los múltiples y sistemáticos actos de barbarie cometidos contra personas LGBTI promovidos por el odio e imaginarios negativos que desconocen los derechos de las personas y que además incitan y legitimizan las violencias contra esta población.

Recordamos al país que el retroceso en materia de los logros del reconocimiento de los derechos de las minorías puede tener repercusiones a nivel regional; así como también representa un rompimiento directo con una serie de compromisos internacionales adoptados por Brasil, al ser signatario de diversos tratatos internacional de derechos humanos y acuerdos en esta índole.

Instamos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos de todo el mundo pronunciarse ante el serio problema en materia de derechos humanos que hoy sostiene el país latinoamericano y que requiere de monitoreo inmediato.

OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

Washington D.C. 28 de diciembre 2018. La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, aseguró ayer el Secretario General Luis Almagro, luego de que la Vice Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño,  (CIDH) presentara un informe realizado por expertos de distintas disciplinas e independientes,  que revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población que se manifestaba cívicamente.

Almagro detalló que la aplicación comenzará con la convocatoria del Consejo Permanente conforme el artículo 20 de la Carta, el cual establece que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, se podrá realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones al respecto.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos”, aseguró Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada en Washington D.C.

El Secretario General de la OEA destacó que al comenzar el camino a la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que el Gobierno de Nicaragua reconsidere sus acciones, y es que en los ocho meses de crisis de derechos humanos y crisis sociopolítica, al menos 325 personas perdieron la vida producto de la represión a manifestaciones y más de 2,000 resultaron heridas, según la CIDH, mientras que otras 50,000 han tenido que salir del país y unos 565 se encuentran privados de libertad.

En el último mes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada represiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, a través de su cierre arbitrario y la criminalización de periodistas. Incluso las misiones de la CIDH que se encontraban en el país fueron expulsadas la semana pasada, acusadas de ser “intervencionistas” y “parcializadas”.

Bajo el contexto actual de represión en Nicaragua, representantes diplomáticos de varios países del continente instaron al Gobierno nicaragüense a que cese la represión, propicie el retorno de las misiones de la CIDH, acate las recomendaciones de los expertos en derechos humanos, regrese al diálogo nacional de forma comprometida y aplique reformas al sistema electoral para celebrar nuevas elecciones.

Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile además solicitaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas últimas consecuencias podrían resultar en la suspensión de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA.

Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, destacó que “la falta de democracia y libertad en Nicaragua” ha quedado expuesta en los informes de expertos, y esa es la razón por la que “muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática”. “Muchos de nuestros Estados también estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, porque no queremos más que existan personas que mueren producto del abuso de la fuerza del Estado”, destacó.

El embajador de Chile ante la OEA, Jaime Francisco Alliende, también llamó a que “la solución de la crisis política de Nicaragua se desarrolle bajo los principios y valores de instrumentos interamericanos, incluida la Carta Democrática Interamericana”, pues sostuvo que ante una ruptura del Estado de Derecho, “todos los Estados miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen a aceptar una salida pacífica y democrática a esta grave crisis”.

También la vicepresidenta de la CIDH respaldó que se active la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua: “La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Futuras acciones

El Secretario General, en su intervención, detalló además que las acciones a futuro en las que trabajará la OEA incluyen solicitar a la CIDH que denuncie los crímenes documentados en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar al Consejo Permanente que pida una reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer el informe sobre los crímenes de lesa humanidad.

Esta última acción también daría paso a que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la investigación de dichos crímenes a la Corte Penal Internacional, un organismo de justicia del que actualmente Nicaragua no es parte.

“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como instructores y ejecutores en el informe de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la Justicia Universal”,  advirtió Almagro.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, desconoció el informe presentado en la OEA, acusando a varios países de ser “injerencistas” y de estar “parcializados” por solicitar justicia y democracia para Nicaragua y afirmó que Almagro no merecía ser el Secretario General de la OEA, organización a la que intentó descalificar recurriendo a palabras del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, señalándole de ser un “Ministerio de las Colonias”. La representación de Venezuela fue la única que respaldó abiertamente el discurso de Alvarado.

El informe del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó, en su informe final elaborado después de seis meses de trabajo en el país centroamericano, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, según dieron a conocer los expertos de la CIDH la semana pasada.

El informe, presentado en Washington D.C. dos días después de que el grupo fuera expulsado de Nicaragua por las autoridades, señala que los crímenes cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental fueron asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Lo anterior lo afirman después de un arduo proceso de recolección de información a través de entrevistas directas a familiares de víctimas y a víctimas sobrevivientes, visitas y observaciones en donde se dieron los hechos de violencia, reuniones con periodistas, examinación de documentos como videos, fotografías y artículos periodísticos y material de medios de comunicación y redes sociales. El Estado se negó a proporcionarles información, a pesar de que había aceptado que su misión principal fuera coadyuvar a la Fiscalía de Nicaragua al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos al inicio de la crisis.

Los expertos encontraron que entre el 18 de abril y el 30 de mayo, al menos 109 personas fueron asesinadas y otras 1,400 fueron heridas como resultado de un “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que se manifestaba contra el Gobierno.

“El patrón de conducta más claro y de mayor gravedad consistió en el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra personas que participaban en acciones de protesta”, indica el informe, que señala a la Policía Nacional como la fuerza al mando de dichas conductas, las cuales actuaron acompañadas por grupos armados paraestatales y con el apoyo de autoridades políticas locales.

Por esta misma razón, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del Presidente Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional, en dichos hechos.

Otro de las violaciones de derechos humanos que expone el informe del GIEI es que el Estado de Nicaragua infringió su deber  de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

“De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados, lo que significa que 100 permanecen todavía en la impunidad”, dijo Claudia Paz y Paz durante la presentación del informe.

Y aun así, en los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. “En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad”, lamentó la experta guatemalteca.

 

Foto principal: Juan Manuel Herrera/OAS

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