Misiones de la CIDH en Nicaragua fueron expulsadas por el Gobierno

Misiones de la CIDH en Nicaragua fueron expulsadas por el Gobierno

Washington, D.C. 20 de diciembre de 2018. Las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): MESENI y GIEI,  que se encontraban trabajando en Nicaragua con el objetivo de monitorear las violaciones de derechos humanos y coadyuvar a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre abril y mayo tras el inicio de las protestas ciudadanas, fueron conminadas el día de ayer, por el Gobierno de Nicaragua a abandonar el país de forma inmediata.

La expulsión del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país el 24 de junio, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que inició labores el 2 de julio, ambos en cumplimiento de recomendaciones presentadas por la CIDH en su Informe Graves Violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, ocurre un día antes de que el GIEI presentara un informe sobre sus seis meses de trabajo, y al cumplirse ocho meses del inicio de la crisis de derechos humanos que provocó la brutal represión gubernamental a protestas ciudadanas, cuyo saldo se calcula en al menos 325 muertos, más de 2,000 heridos y alrededor de 565 presos políticos.

En el caso de la CIDH y del MESENI, el Gobierno determinó suspender termporalmente su presencia y visitas en el país. Y en el caso del GIEI, el Gobierno alegó la expiración del plazo, objetivos y mision, dando por concluido su mandato para la visita y permanencia del GIEI en el país.

La resolución del Gobierno impide también que relatores especiales y funcionarios de la CIDH realicen una serie de visitas que ya estaban programadas para realizarse en el primer trimestre de 2019.

“El perjuicio más importante (de la expulsión) es hacia las víctimas y sus familiares, porque el valor principal de nuestro trabajo es poder acercar las víctimas a la verdad, a la justicia, ese es nuestro pesar más profundo”, dijo en conferencia de prensa la Coordinadora del Meseni, Ana María Tello, momentos después de conocer la decisión de las autoridades.

Un informe del Meseni publicado el mismo miércoles por la mañana, advertía sobre “la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal” caracterizada, entre otras cosas,  por el escalonamiento de las medidas y acciones represivas tendientes a debilitar el papel que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y la expulsión arbitraria ―o amenaza de expulsión― de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas.

Meses antes, el 31 de agosto, el Gobierno expulsó del país a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que dos días antes había presentado un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en el contexto de las protestas.

Las razones

Miembros del Meseni y los cuatro expertos del GIEI (Sofia Macher, Claudia Paz y Paz, Amérigo Incalcaterra y Pablo Parenti) asistieron el miércoles por la tarde a una cita con el Canciller Denis Moncada, en la que este les comunicó la unilateral decisión gubernamental.

La nota que Moncada leyó a los funcionarios de la CIDH, publicada posteriormente por medios oficialistas, justifica la medida asegurando que estos no cumplieron con sus objetivos y que “la CIDH, MESENI, GIEI y OACNUDH se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”. Además, señala que los integrantes del GIEI no respondieron a una contrapropuesta del Gobierno sobre su “Protocolo de Actuación” y que por lo tanto, realizaron “una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo” y las leyes nacionales.

Incalcaterra explicó posteriormente que el incumplimiento respecto al protocolo que alega el Canciller Moncada “es falso” porque todas las comunicaciones estatales fueron respondidas por los expertos. “(Las autoridades) no han exigido al GIEI un comportamiento distinto o que se hiciera de tal o cual manera el trabajo”, alegó, denunciando más bien que nunca tuvieron acceso a expedientes judiciales, a información oficial que les permitiera cumplir plenamente su mandato o a audiencias judiciales, a pesar de que estas últimas son públicas.

“Los motivos que nos han dado no nos satisfacen de ninguna manera, pensamos que son argumentos que han sido construidos para, en el caso concreto del GIEI, evitar la presentación del informe de las actividades que iba a ser mañana”, agregó el experto, quien no dio detalles del informe porque las autoridades le “sugirieron” no presentarlo en Nicaragua.

Tello, del Meseni, también explicó a periodistas locales que su misión envió más de 70 notas diplomáticas al Gobierno para solicitar información o reuniones con autoridades, pero ninguna fue respondida. “Nunca hubo presiones del Gobierno porque no tuvimos diálogo con él”, aseguró.

Continuarán monitoreando

El trabajo de la CIDH en Nicaragua en el contexto de la crisis actual inició con una visita “in loco” realizada entre el 17 y el 21 de mayo, la cual tuvo como resultado un informe titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. Desde entonces, el Meseni ha elaborado decena de informes semanales sobre sus labores de monitoreo, han gestionado medidas cautelares para más de cien personas y distintos relatores especiales de ese organismo regional de derechos humanos han visitado el país. Además, el Secretario General de la CIDH, Paulo Abraõ, ha expuesto la situación de Nicaragua en diversos espacios, como en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ha admitido la realización de cuatro audiencias públicas sobre Nicaragua en el marco de su 170 Período de Sesiones, la última de las cuales fue el pasado 6 de diciembre.

Ana María Tello destacó que ni la CIDH ni el Meseni dejarán de monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua, aunque ahora lo tendrán que hacer desde Washington D.C., Estados Unidos. Los miembros del GIEI, por su parte, anunciaron que publicarán su informe en los próximos días desde otra locación.

“La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente”, señala un comunicado de esa Comisión.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza absolutamente la decisión del Estado de Nicaragua de expulsar al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta arbitraria decisión del Estado de Nicaragua no sólo transgrede los acuerdos establecidos con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acto que deja en entredicho la disposición del Estado de Nicaragua a retomar un diálogo pacífico que posibilite la construcción de acuerdos colectivos y participativos, sino que fomenta el estado de desprotección de las y los nicaragüenses en un momento de recrudecimiento de la violencia, criminalización y hostigamiento contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos en general disidentes de las lógicas dictatoriales del régimen.

Con preocupación observamos una clara voluntad del Estado de imponer un estado de terror en el país que violenta los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

Hacemos un urgente llamado a toda la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de crisis en Nicaragua y seguir demandando la  protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Como organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la denuncia y lucha de todos los actos que menoscaban la posibilidad de construir democracia, justicia y libertad en Nicaragua.

“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida» Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia

Los hechos

Anyela Patricia era una mujer trans que se dedicaba a la peluquería en el Muncipio de Garzón en el departamento del Huila. A diferencia de la experiencia de vida de otras mujeres trans en Colombia marcadas por el estigma, ella era reconocida y querida por la comunidad, es por ello, que cuando Anyela fue asesinada en febrero de 2017, la comunidad de Garzón en su funeral salió a las calles a marchar con pancartas y banderas a pedir que se investigara la ocurrencia de este homicidio ( ver aquí la imagen y la noticia al respecto http://www.lanacion.com.co/2017/02/11/lo-mate-porque-me-hizo-dano-homicida-de-estilista/).

Los hechos ocurridos en febrero de 2017 se dieron de forma aparentemente rápida en la peluquería de Ányela en horas de la mañana al recibir varios disparos por parte del Sr. Davinson Estiven Erazo quien en una ocasión anterior, durante agosto del año 2016 intentó atacar a Anyela con un machete, pero este fue detenido por la intervención de amigos y familiares.  Aunque para esta ocasión el presunto agresor fue llevado a una estación de policía no hubo mayores consecuencias frente a este antecedente (especialmente grave porque el tema se limitó a un trámite policial de detención, sin investigación penal que ahondara en la gravedad, como ocurre en muchos casos en Colombia).

Cuando el Sr. Eraso finalmente logró su objetivo en 2017 fue atrapado por las autoridades frente a quienes declaró haber realizado una tarea pendiente, añadiendo, además, frente a medios de comunicación regionales del departamento del Huila que Ányela era una persona que debería morir.  “Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida.”.

La sentencia

El juzgado segundo penal del circuito, en cabeza de la Jueza Catalina María Manrique Calderón sentenció al  Sr. Eraso como autor del delito de feminicidio agravado por los delitos establecidos en el código penal arts. 104 A y 104 B y el delito de porte ilegal de arma. Sin embargo, fue declarado como inimputable, porque durante el proceso penal se demostró la existencia de una esquizofrenia, asociada, entre otras cosas, a la farmacodependencia y en todo caso, a “la existencia de un trastorno mental permanente”, por lo que se ordenó la reclusión del agresor por 20 años en establecimiento psiquiátrico o establecimiento adecuado para su atención.

Existen varios elementos que son fundamentales para entender esta sentencia y que implican un avance relevante frente a la aproximación a la violencia contra las mujeres trans; entre ellos podemos destacar:

Reconocimiento de la identidad de género; Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio; Uso del marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, otros temas deben ser revisados detenidamente en nombre de las garantías procesales penales.

Reconocimiento a la identidad de género

Uno de los primeros avances claros en los que esta sentencia marca un hito en Colombia, es el reconocimiento expreso de la identidad de género de la víctima. Pareciera una cosa menor, teniendo en cuenta que en Colombia existen sentencias y decretos que reconocen la identidad de género de las personas trans, sin embargo, en este caso, el alcance que tienen el reconocimiento de la identidad de género, se traduce también en la posibilidad de aplicar una norma penal que tradicionalmente ha sido utilizado exclusivamente para proteger la vida de las mujeres cisgénero, a pesar de que el artículo 104 A también reconoce las violencias fundadas en la identidad de género de las mujeres.

Este reconocimiento es importante porque aclara las inquietudes de fiscales y juristas en la materia, pues evidentemente la Fiscalía en este caso adoptó una interpretación sobre la identidad de género consecuente con la jurisprudencia colombiana y las recomendaciones y declaraciones internacionales en la materia. Esto tuvo efectos muy concretos, del cual, uno de los más interesantes es la aceptación de la Fiscalía en primera instancia, como elemento probatorio de la identidad de género femenina de la víctima, los testimonios de amigos y familiares que reconocían a Ányela como una mujer transgénero, así como su expresión de género femenina.  Secundariamente, si bien se menciona por parte de la Fiscalía la existencia de intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de la víctima (mamoplastia de aumento), se considera esta como parte complementaria de su propia construcción identitaria.

El reconocimiento a la identidad de la víctima es muy importante porque para algunos fiscales y juristas sobre el tema, la identidad de género solo se podía probar con el cambio documental de la identidad, en el documento de identificación personal, esto desde luego, sería una exigencia innecesaria y que contravendría la jurisprudencia constitucional colombiana, así como los estándares internacionales en la materia en el sentido de que la identidad de género se constituye en la experiencia de vida misma y no a partir del reconocimiento jurídico. Esta tesis de la Fiscalía, es secundada por la Jueza de conocimiento que, aunque ahonda en la descripción de la necropsia que describe la intervención quirúrgica, retoma la construcción social de Ányela como mujer, que era bien conocida por su comunidad.

En conclusión, no existe un estándar único de prueba de la identidad de género y por tanto exigir como prueba el cambio de sexo ante registro público desconocería los procesos personales y sociales de la construcción de la identidad de género.

Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio

A consecuencia del reconocimiento de la identidad de género de la víctima que hizo la fiscalía, no solamente es posible imputar el delito de feminicidio, si no que además de ello, la identidad de género misma de la víctima se volvería un elemento central para entender las motivaciones de la violencia.

Cuando se imputa el delito de feminicidio, en el caso de una mujer trans, no solamente se requiere que se trate de una mujer, se requiere además que la motivación de la violencia este relacionada con el hecho de ser una mujer o por su identidad de género.  En este caso, tanto la Fiscalía como la Jueza que estudia el caso, concuerdan con que el agresor por el hecho de seguir a la víctima y verla repetidamente en su peluquería, pudo establecer la identidad de género de la víctima, esto también se hizo evidente en situaciones de agresión verbal en los que se mencionaba despectivamente la identidad de género de Anyela.

El hecho de que el agresor hubiese seguido a Ányela, la agrediera verbalmente y que incluso llegara al punto de intentar agredirla con un arma blanca en 2016 (machete) previo al homicidio, da cuenta de un contexto de persecución y violencia fundadas en la identidad de género de la víctima.

Si bien la sentencia pudo ser más rica en detalles que permitieran evidenciar la conexión entre el prejuicio del agresor, la violencia y su relación con la identidad de género de la víctima, en el curso del proceso, la Fiscalía pudo demostrar que el hecho de que Ányela hubiese sido una mujer trans, jugó un papel fundamental en su homicidio. En declaraciones dadas por el agresor a algunos medios, se hizo evidente una serie de prejuicios e imaginarios sociales que iban ligados negativamente a la percepción del Sr. Eraso contra las personas trans, este tipo de declaraciones acorde a estándares de investigación como los utilizados en Estados Unidos en la recolección de datos de crímenes de odio, dan cuenta de un prejuicio por parte del agresor frente a las personas trans en este caso.

Uso del marco normativo nacional e internacional

Otro aspecto que, si bien ha sido mencionado, pero que en todo caso merece ser destacado, es la aplicación que ha hecho la jueza de conocimiento de estándares nacionales e internacionales para la comprensión de la identidad de género en este caso. Para la juez, la comprensión de su deber se enmarca en la protección y reconocimiento de la identidad de género, ya sea por vía de la jurisprudencia constitucional acorde a la sentencia C-584 de 2015 (entre otras) que reconocen la identidad de género o por vía de la interpretación del alcance de las responsabilidad del Estado Colombiano de investigar este tipo de violencias, acorde a declaraciones firmadas por el Estado ante la OEA, el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Karen Atala que explica la identidad de género como una categoría diferente de la orientación sexual y el uso como referente importante de los principios de Yogyakarta.

Si bien la Jueza no ahonda en todos estos referentes legales, si los utiliza como punto de referencia para situar jurídicamente la discusión sobre el reconocimiento de la identidad de género, la obligación de investigar y la adecuada aplicación de la justicia penal en el caso concreto.

Las discusiones que quedan pendientes 

Una primera observación que se puede hacer al cuerpo de la sentencia, sería el de dar preferencia tanto en el texto como a lo largo de todo el proceso penal, al reconocimiento identitario del nombre de la víctima. Si bien el nombre de Ányela es reconocido en el texto de la sentencia, a lo largo del texto se repite una y otra vez su nombre masculino ante la registraduría, cuando en la lógica de la sentencia, se debió dar preferencia al nombre identitario de Ányela.  Podría en el futuro ser utilizado a lo largo de la sentencia el nombre identitario, con la aclaración inicial de que la identidad de la víctima esta plenamente establecida ante el registro con un nombre masculino, pero que, como parte integral de la sentencia, se preferirá el nombre identitario de la víctima. Esta también debería ser una práctica estandarizada en todo el proceso judicial con cualquier persona trans ya sea víctima o indicada.

Un problema mayor reviste el uso de los agravantes. Por una parte, se aplica un agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima al momento en que fue agredida, pero adicionalmente se aplica un agravante relacionado con la identidad de género de la víctima. Esta discusión es importante y merece ser analizada con detenimiento para prevenir la violación de garantías procesales del imputado.

Como se ha mencionado, en este caso el reconocimiento de la identidad de género de la víctima permitió la aplicación del delito de feminicidio, en este caso, en razón a la identidad de género de la víctima que se reconocía y era reconocida socialmente como una mujer trans. Sin embargo, este mismo delito contempla como uno de sus agravantes, que la violencia sea cometida en razón a su orientación sexual (o identidad de género atendiendo a la jurisprudencia constitucional). Resulta extraño que a una persona a quien se le imputa responsabilidad penal por un hecho, en este caso asesinar a una persona por su identidad de género, además se le agrave la condena por que cometió el hecho por la identidad de género de la víctima.

Esta doble imputación de responsabilidad penal, resultaría en una clara violación a los derechos del procesado y en este caso, susceptible de ser apelada. Un ejemplo más claro o lógico de cuando se podría aplicar este agravante, sería en el caso en que una mujer cisgénero víctima de feminicidio, hubiese sido además violentada en razón a que era bisexual o lesbiana, en este caso operaría claramente el agravante por orientación sexual.

Estas aclaraciones teóricas en materia penal son indispensables para salvaguardar garantías procesales del imputado que en todo caso tiene derechos y garantías penales que deben ser protegidas.

En conclusión

Nos encontramos frente a una sentencia que avanza frente al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y resuelve algunas discusiones prácticas que se deben dar en el curso del proceso penal, tanto en el tramite de investigación e imputación por parte de la Fiscalía, como en el proceso judicial mismo.

Otros aspectos que podrían ser ampliados como estándares para establecer la conexión entre el prejuicio del agresor y la violencia que ejerce contra la víctima, deberán ser ampliados en el futuro, por lo pronto, el conocimiento expreso de la identidad de género, la existencia previa de violencias verbales y físicas son útiles para demostrar la existencia de una agresión feminicida en este tipo de casos.

Otros aspectos que merecen mayor discusión como evitar dobles imputaciones de responsabilidad penal sobre mismos hechos con el uso de agravantes que centren el análisis en la identidad de género en el caso de personas trans, merecen ser abordados con más detalle. Dar preferencia a otros agravantes como en este caso el del estado de indefensión de la víctima, parece más claro y garantista para el victimario. En todo caso, la defensa de los de las personas trans no riñe con las garantías procesales de los imputados.

 

Escrito por:  Mauricio Noguera
Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica

 

Persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua: cancelan personería jurídica del CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS y otras cinco ONGs

Washington, D.C. 12 de diciembre, 2018. El Gobierno de Nicaragua escaló en las últimas dos semanas la persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos en el país y utilizó a la mayoría parlamentaria del FSLN, partido de gobierno, para cancelar la personalidad jurídica de cuatro organizaciones con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el país, siendo las últimas dos: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Hagamos Democracia.

Se trata de “una decisión de eliminar todo aquello que se opone, que critica la perversidad de la represión que están impulsando” las autoridades, dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, tras conocer la decisión de la Asamblea Nacional (AN), aunque aseguró que el “compromiso de seguir acompañando al pueblo nicaragüense en la forma que sea, no lo disuelve una ilegal y arbitraria resolución de órganos que no tienen autonomía, que no tienen independencia”.

El pasado 29 de noviembre, la AN canceló la personalidad jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), luego de que las autoridades migratorias despojaran de su nacionalidad nicaragüense a su directora, la defensora de derechos humanos y feminista, Ana Quirós Víquez y la deportaran a Costa Rica. Posteriormente, el 11 de diciembre  le fue cancelada la personalidad jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento dirigido por el académico y activista Félix Maradiaga, quien debió autoexiliarse en Estados Unidos por la criminalización a la que se vio expuesto.

A las cuatro organizaciones, las cuales han tenido un rol aún más determinante durante los últimos ocho meses de crisis sociopolítica y de derechos humanos, se les acusa de forma infundada de haber cometido actos ilícitos, haber violentado el orden público y haber realizado actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidas. Sin embargo, las autoridades incurrieron en arbitrariedades tales como procesos secretos, expeditos y no permitieron que los representantes legales de dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

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“Hay CENIDH para rato”

El CENIDH nació en 1990 como un centro por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Nicaragua y dos años después obtuvo su personería jurídica. Hoy, 12 de diciembre por la mañana, a solicitud del director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, la Asamblea Nacional recibió con trámite de urgencia la propuesta para cancelar la personería jurídica de esta organización.

Según la exposición de motivos de Sirias, el CENIDH se encontraba acéfalo porque su Junta Directiva estaba vencida, tampoco reportó sus estados financieros para el año 2017 y además “utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

Aunque los anteriores argumentos fueron respaldados por diputados del FSLN, en el pleno parlamentario los diputados opositores negaron dichas acusaciones e insistieron en que se trata de una arbitrariedad más del Gobierno nicaragüense contra defensores de derechos humanos.

María Fernanda Flores, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que la Asamblea nicaragüense estaba “dejando indefensa a toda una población que a través del CENIDH denuncia a diario los atropellos y las violaciones a sus derechos”, mientras el diputado Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, expresó que con la cancelación de la personería jurídica del CENIDH se está más bien profundizando la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril. “Desde los pueblos indígenas hemos sido testigos del trabajo arduo y totalmente dedicado de la doctora Núñez con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas, a todos”, afirmó Rivera.

Finalmente, la cancelación de la personalidad jurídica del CENIDH se aprobó con 70 votos a favor y 17 en contra. Núñez, presidenta de la organización, calificó de “perversa” la iniciativa y se mostró indignada ante los medios de comunicación que la acompañaron en la sede de la institución luego que se aprobara el decreto.

“Hay CENIDH para rato, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su Consejo Directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo el equipo que a diario se enfrenta a la violencia, a la discriminación, a los atropellos que comete el Gobierno”, dijo Núñez acuerpada por los defensores y defensoras del CENIDH.

Sobre las razones presentadas hoy por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ante la Asamblea Nacional, Núñez reveló que el 23 de marzo entregaron al MIGOB su estado financiero relativo al año fiscal del 2017 aunque no se les brindó una constancia de legalidad; y con respecto a la Junta Directiva, dijo que ésta venció el 25 de abril y que la asamblea para elegir a las nuevas autoridades tuvo que ser suspendida por la crítica situación en la que se encontraba el país en esos días en que recién empezaba la crisis.

“Se elige la Junta Directiva y el 30 de noviembre de 2018 se les manda el acta certificada y los requisitos. Ellos no quisieron firmar, no quisieron ponerle presentado y nos entregaron una lista de 15 requisitos que decían que para que pudieran aceptarla teníamos que cumplir”, dijo Núñez, quien expresó que el CENIDH no ha violado ninguno de sus estatutos y todas sus acciones han estado enmarcadas dentro de la ley.

“Estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier invasión de nuestra institución física que quieran hacer, con esto no van a coartar nuestro compromiso”, enfatizó la Presidenta del CENIDH, quien recientemente cumplió 80 años.

Persecución a defensores

El CENIDH presentó en esta semana, en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” en el que describe los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En el informe refleja que el Estado de Nicaragua violentó el derecho humano a defender derechos”, porque existe un patrón de ataques dirigidos a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, abogados, estudiantes y activistas, los cuales han sido víctimas de acciones de intimidación, amenazas, asesinatos, detenciones, allanamientos ilegales, campañas de desprestigio, difamaciones, criminalización, entre otras, con el objetivo de “silenciar sus voces e impedir el ejercicio del derecho a informar, de manifestarse, de expresarse y de defender los derechos humanos”.

El CENIDH había solicitado días atrás permiso para marchar en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, acatando la inconstitucional disposición policial en relación con las manifestaciones. El permiso no sólo fue denegado, sino que la Policía alegó como uno de los supuestos argumentos que la organización estaba siendo investigada por los hechos de abril.

Un día después de que la Asamblea de Nicaragua cancelara la personalidad jurídica del CENIDH y Hagamos Democracia, esta institución canceló la representación legal de otras cinco organizaciones defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de la libertad de prensa: el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), cuya directora, Haydeé Castillo, ha sufrido múltiples persecuciones, amenazas e incluso le fue impuesta una retención migratoria; la ambientalista Fundación del Río, la cual ya había sido amenazada por difundir información y denunciar arbitrariedades con relación al incendio en la Reserva Indio Maíz; el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), una de las organizaciones nacionales e independientes más capacitadas para observar comicios; la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, líder en la lucha anticanal y cuya directora, Mónica López Baltodano, debió autoexiliarse en Costa Rica por las constantes amenazas a las que se enfrentaba en el país; y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

PRONUNCIAMIENTO

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) enérgicamente condena y rechaza la arbitraria decisión del Estado de Nicaragua expresada el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la democracia.

El decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica del ILLS, Fundación del Río, IPADE, Fundación Popol Na, CINCO, así como el que le antecedió para el CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP y CISAS evidencian el estado de represión y grave vulneración a la libertad de expresión, participación asociación y reunión pacífica de la que hoy es víctima el pueblo nicaragüense, defensores y defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes, disidentes del proyecto dictatorial que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están imponiendo al pueblo nicaragüense. 

Rechazamos los señalamientos de diputados del FSLN en la  Asamblea Nacional, que irresponsablemente acusan de “terroristas” y “golpistas” a organizaciones defensoras de derechos humanos que incansablemente, como el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional lo conoce, han reclamado por justicia, democracia y verdad por las víctimas del régimen. 

Con preocupación observamos las gravísimas consecuencias que tiene la inexistencia de un Estado de Derecho de Nicaragua por el accionar del gobierno de turno, que lejos de garantizar, velar y proteger los derechos humanos del pueblo, con obstinada persistencia ha coartado a la sociedad civil sus legítimas posibilidades de participar libremente de la construcción social, lo que abre nuevas, repugnantes  y deliberadas brechas de desigualdad, exclusión y discriminación.

Así mismo, denunciamos que esta determinación del régimen de Ortega y Murillo  nunca logrará invisibilizar  el terror, la vulnerabilidad y violencia que atraviesa el país desde hace ocho meses, y se orienta a perpetuar la impunidad en que continúan  las graves violaciones a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses tras los asesinatos, persecuciones e intimidaciones a las que han sido sometidos a causa de su denuncia. 

En Raza e Igualdad estamos convencidos de que sin un nuevo acuerdo político y social no habrá resolución pacífica de la crisis, por tanto, demandamos al Estado de Nicaragua respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión de los nicaragüenses; así como, exigimos respetar  las garantías al debido proceso y derecho a la defensa hoy transgredidos de forma desvergonzada por la Asamblea Nacional al sancionar a dichas organizaciones basados en informes unilaterales que acusan arbitrariamente a las instituciones de realizar actividades distintas a sus objetivos y misión. 

Todos estos hechos nos motivan a elevar la alerta internacional respecto de la situación de Nicaragua, invitando a la comunidad internacional y a los  órganos de protección de los derechos humanos y a distintas expresiones de sociedad civil a que redoblemos  esfuerzos para que la democracia, la justicia y la paz retornen muy pronto a Nicaragua.

Fortaleciendo Alianzas para el Uso de herramientas Nacionales y Regionales a Favor del Pueblo Afroperuano

Washington, D.C., 11 de diciembre de 2018. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) de la mano del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CDEMUNEP) coordinó el panel denominado “Fortaleciendo Alianzas para la Implementación del PLANDEPA y el Uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, realizado el pasado  5 de diciembre de 2018 en Lima, Perú.

El panel que tenía objetivo de identificar los logros alcanzados por el PLANDEPA y sus proyecciones para próximos periodos, así como capacitar a los activistas sobre las oportunidades que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para empoderarlos y aportar al diseño de una incidencia más efectiva en estas áreas; contó con la participación de Susana Matute, Directora de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva de CEDEMUNEP, y Elvia Duque Oficial del Programa de América Latina en Raza e Igualdad, además de la especial participación de activistas de las organizaciones Afroperuanas más reconocidas del Perú.

Durante el espacio, Susana Matute del Ministerio de Cultura, enfatizó en los logros del PLANDEPA desde su creación, en relación a la incorporación de la pregunta de auto-identificación étnico/racial en el Censo 2017 y demás actividades claves que ha permitido el diálogo más directo con los activistas Afroperuanos denominadas “Somos Familia”. Así mismo, manifestó que el PLANDEPA presenta diferentes falencias, como la falta de financiación, que ha limitado sus accionar y por ende su alcance. Después de un gran debate con miembros del público, entre otros puntos discutidos, concluyó sobre la necesidad de incorporar nuevos temas dentro de la nueva propuesta en construcción del PLANDEPA.

El espacio, por su parte, también permitió identificar a fondo las dinámicas de Grupo de Trabajo con Población Afroperuana (GTPA) y la necesidad de que el Estado Peruano reconozca a los Afroperuanos como “Pueblo”, lo cual permitiría una respuesta más efectiva mediante políticas públicas a las principales brechas socioeconómicas que estos enfrentan.

Una vez terminadas las discusiones sobre el PLANDEPA, Elvia Duque de Raza e Igualdad realizó su presentación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El objetivo de la segunda parte del panel consintió en informar al público sobre las diferentes herramientas y espacios de participación que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y motivarlos hacer más pro-activos ante estos. La discusión se focalizó en la importancia de obtener un status consultivo ante la OEA, las audiencias temáticas, la Relatoría sobre las Personas Afrodescendientes y en Contra la Discriminación Racial, y la Convención contra el Racismo. El público acordó coordinar entre las organizaciones presentes la solicitud de una audiencia temática sobre el PLANDEPA y la No ratificación hasta el momento de la Convención contra el Racismo por parte del Estado Peruano.

Raza e Igualdad, a través de Elvia Duque, ofreció otorgar el apoyo técnico necesario a los activistas Afroperuanos para solicitar esta audiencia y cualquier otra iniciativa discutida en el panel y de esta forma continuar aportando al empoderamiento de tan importantes herramientas tanto nacionales como regionales.

¡Por los derechos, por la vida! – Día Internacional de los Derechos Humanos

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela”

Washington, D.C, diciembre 10, 2018 – El Día de los Derechos Humanos se celebra hoy, 10 de diciembre, en conmemoración de un hito histórico en el avance del reconocimiento mundial de los derechos humanos fundamentales. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el primer documento adoptado por un organismo multi-regional que contó con una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos reconocidos para “todos los pueblos y naciones”.

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 70 años, ha habido grandes avances en el mundo en materia de reconocimiento de derechos para diversas poblaciones, respeto a la dignidad humana y la creación de instrumentos jurídicos que sientan las bases para eliminar la desigualdad, la exclusión y la discriminación en las naciones.

Sin embargo, muchos son los derechos humanos que se siguen vulnerando en el mundo y América Latina y el Caribe no son la excepción. En países como Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú los defensores de derechos humanos continúan trabajando arduamente para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género.  Así mismo, son alarmantes las sistemáticas y estructurales violencias que enfrentan hoy poblaciones afrodescendientes, LGBTI, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y el adulto mayor; quienes en situación de extrema vulnerabilidad se siguen enfrentando a políticas discriminatorias y deficientes planes de implementación que efectivamente garanticen los derechos fundamentales.

Observamos un preocupante detrimento de la garantía y protección de los derechos humanos en el mundo por parte de los Estados, especialmente para el caso de America Latina y el Caribe, producto de los altos índices de violencia, oleadas de homicidios, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y una ascendente y sistemática violencia contra defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes de la región; lo que acrecienta el estado de impunidad en el que históricamente han vivido los países latinoamericanos.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo víctimas de formas múltiples y agravadas de discriminación, entre otras cosas, asociados a la negación de los derechos económicos, políticos y culturales, incluyendo los derechos a la tierra y la consulta previa, libre e informada en relación al uso de sus espacios ancestrales e históricamente habitados.  Por su parte, los grupos LGBTI continúan siendo objeto de diversas formas de odio e intolerancia que acrecienta el estado de des-protección y eminente violación de los derechos a la libertad de expresión, identidad y autonomía.

El elevado número de personas y pueblos enteros en la región que enfrentan violación a sus derechos fundamentales es completamente alarmante, pues es evidente un retroceso en las legislaciones, políticas y prácticas implementadas por los Estados, que fuera de garantizar y proteger los derechos humanos para el goce efectivo de los mismo, recurren a tácticas represivas haciendo uso indebido de la fuerza y los sistemas de justicia para acallar las denuncias de grupos o personas disidentes, lo que se traduce en un aumento insostenible de violaciones a los fundamentales además de lógicas corruptas que perpetúan la impunidad y la injusticia en los territorios.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) defiende la postura de que la lucha por los derechos debe ser una suma de voluntades comprometida con la transformación de las sociedades para lograr escenarios más justos, diversos, equitativos y libres. Hacemos un llamado a todos los Estados de la región para que en real y efectivo compromiso emprendan todos los esfuerzos para implementar políticas que promuevan la justicia, el reconocimiento, la paz, y un desarrollo social, económico y cultural inclusivo que garantice la tranquilidad y goce pleno de las libertades de los pueblos y la posibilidad de construir una región de manera participativa, dialógica y diferenciada.

Organizaciones demandamos a CIDH que endurezca sanciones contra Nicaragua, en respuesta a la gravedad de la crisis de DDHH

Washington, D.C., jueves 6 de diciembre de 2018.- Las organizaciones participantes de la audiencia temática sobre “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua”, celebrada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hacemos enérgica denuncia de la renuencia del Estado de someterse al escrutinio internacional. Esto demuestra su falta de interés para dar respuesta acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones en las que ha incurrido desde 18 de abril a la fecha.

El país se encuentra sumido en una crisis política y social, desde hace casi ocho meses, que estalló con protestas masivas en respuesta al a la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Social.

Con extrema preocupación, vemos cómo las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte, en especial, en contra de aquellos/as que son víctimas de la represión, amenazas, señalamientos y detenciones arbitrarias de parte del régimen.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas, alrededor de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 600 manifestantes, estudiantes y activistas privados/as de libertad por ejercer su derecho a la protesta. Lo que hoy enfrenta Nicaragua es, a todas luces, una dictadura.

Las organizaciones firmantes condenamos y rechazamos los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de imponer una falsa “normalidad” en el país, cuando los actos de represión y violencia se siguen intensificando, a través de políticas de miedo que crean un ambiente de inseguridad en la población y coartan la libertad de expresión de las y los nicaragüenses.

En este sentido, la prohibición absoluta de la protesta social, así como la persecución sistemática contra periodistas y medios de comunicación independientes son muestra evidente de un gobierno que insiste en quebrantar y violentar los legítimos derechos a la libertad de expresión, prensa e información del pueblo de Nicaragua.

Por todo lo anterior, solicitamos a la CIDH que incluya en el Capítulo VI de su informe anual la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Consideramos que al quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso.

En este sentido, demandamos también que la CIDH, a través de sus comisionados/as y del relator especial de Libertad de Expresión, exijan el cese inmediato a la represión; documenten la crisis que atraviesa Nicaragua a partir de visitas in situ y demanden que los y las defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestro rol, libres de bloqueos y persecución.

Unimos nuestras voces para declarar que nada en Nicaragua es ni está normal. Nos encontramos frente a un gobierno autoritario decidido a transgredir la soberanía de su pueblo para permanecer en el poder.

Defensores nicaragüenses denuncian nueva escalada represiva en el país, mientras CIDH asegura no cesará de acompañar a ONGs de Derechos Humanos y a la población

Washington, D.C. 6 de diciembre de 2018. Un grupo de defensores nicaragüenses expuso hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo una nueva escalada represiva por parte del Gobierno de Nicaragua busca desarticular todo espacio de crítica y acallar las voces de manifestantes, periodistas, mujeres, activistas, campesinos y todos aquellos que defienden la libertad, exigen democracia y piden justicia para las víctimas que desde abril han sufrido violaciones de derechos humanos.

Durante la audiencia temática “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada hoy en el marco del 170º  periodo de sesiones de la CIDH,  defensores y defensoras de catorce organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Raza e Igualdad, solicitaron a la CIDH y a la comunidad internacional que “realicen todas las acciones necesarias para que cese la represión y para que haya una salida democrática a esta crisis”.

El Estado de Nicaragua, que estaba invitado a participar de dicha audiencia, la cuarta en realizarse desde que inició la actual crisis de derechos humanos hace ocho meses, no se presentó alegando  que no corresponde realizar una audiencia como mecanismo de monitoreo para el país debido a la presencia permanente del MESENI. Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil,  la falta de comparecencia del Estado nicaragüense refleja la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales.

Por su parte, Paulo Abrāo, Secretario Ejecutivo de la CIDH,  aseguró que la situación de Nicaragua se está atendiendo “a un nivel prioritario” porque en el país se ha instalado un Estado policial. “No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no reciba denuncias de violación de derechos humanos en el contexto de la crisis”, lamentó.

Situación actual del país

Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos y la CIDH han constatado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 603 presos y presas políticos, 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo, más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica. Además, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), calcula que cerca de 417 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo como consecuencia de la crisis.

Madeleine Caracas, universitaria nicaragüense, miembro de la Coalición Universitaria, actualmente refugiada en Costa Rica, expuso que desde finales de septiembre la fuerza pública ha impedido las manifestaciones cívicas, lo que “inhibe el legítimo derecho de las personas a expresarse y demuestran el autoritarismo que estamos enfrentando”. Además, reveló que hay más de un centenar de estudiantes universitarios que han sido expulsados de sus universidades por haber participado en protestas y en la toma de universidades.

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Mientras que la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IND) ha contabilizado más de 370 agresiones a mujeres, de las cuales 2 denuncian haber sido víctimas de violación sexual, 2 mujeres trans fueron asesinadas, y otras 102 fueron detenciones arbitrarias. 48 mujeres aún permanecen detenidas, algunas con condena, otras detenidas sin acusación y otras apenas en proceso, detalló Caracas.

La joven resaltó también la continua persecución a defensoras de derechos humanos, y puso por ejemplo los casos de Ana Cecilia Juguer, promotora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien lleva 20 días apresada en El Chipote, Haydeé Castillo, quien fue retenida en el aeropuerto y a quien se le impuso una retención migratoria, y el caso más reciente de Ana Quirós, expulsada del país, despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y a cuya organización (Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud) le fue cancelada su personería jurídica.

“Es evidente y preocupante que las personas que defendemos derechos humanos en Nicaragua somos uno de los principales objetivos de la estrategia de represión implementada por el gobierno Ortega-Murillo. No nos permiten realizar nuestra labor de defensa, se nos persigue, se nos estigmatiza, se nos niega información, entre otras agresiones”, denunció Caracas.

Marcos Carmona, de la CPDH, detalló las detenciones ilegales, los procesos penales contra los manifestantes y las violaciones de las garantías al debido proceso.

“CPDH lleva 72 procesos a los que están sometidas 178 personas, de las cuales 35 han sido condenadas a penas mayores de 24 años por terrorismo, 20 personas han logrado su libertad, 102 personas esperan fallos”, expresó Carmona, quien afirmó que “todos estos procesos han sido violatorios a las garantías constitucionales y el debido proceso y todos sus derechos humanos, desde la detención, la desaparición forzada, hasta las violaciones de los derechos a la legítima defensa y a los principios de presunción de inocencia”.

Carmona además enfatizó en que “ningún policía, ningún paramilitar, ningún dirigente partidario afín al gobierno ni funcionario han sido procesados” por los delitos que se cometieron desde abril como parte de la respuesta represiva del Gobierno a las manifestaciones cívicas.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que a los presos y presas políticas se les mantiene sin acceso a sus abogados, no se les permite el acompañamiento de defensores de derechos humanos, se les niega el acceso a recibir atención médica y sus familiares enfrentan obstáculos para visitarlos y acompañarlos durante el juicio.

Asimismo, Núñez denunció que seis líderes campesinos están “recluidos en celdas de máxima seguridad, sin acceso a luz ni ventilación, conviviendo con plagas y sin acceso a retretes adecuados” y otros han sido forzados a autoexiliarse producto de la persecución.

También destacó la censura y criminalización a la que se enfrentan distintos medios y periodistas nicaragüenses e incluso la Iglesia. “Desde el inicio de la crisis la represión se ha caracterizado por adoptar medidas represivas contra la libertad de expresión”, destacó Núñez, mencionando la escalada de ataques y agresiones hacia periodistas y hacia religiosos de la Iglesia Católica nicaragüense.

Peticiones

Las organizaciones participantes en audiencia hicieron a la CIDH siete peticiones, entre ellas que  el Estado de Nicaragua cese inmediatamente la represión, que continúe monitoreando la situación del país, que incluya a Nicaragua en el Capítulo IV de su Informe Anual del año 2018 y que exija al Estado las condiciones adecuadas para que el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realicen su trabajo sin restricciones.

Además, pidieron a la CIDH demandar pleno acceso a los procesos judiciales para familiares y organismos de derechos humanos, solicitar a los Estados Americanos información periódica sobre los desplazados nicaragüenses, y solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de sesiones periódicas sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, respondió que el monitoreo sobre la situación de Nicaragua se mantendrá constante, que esta semana discutirán la introducción de Nicaragua en el Capítulo IV, que pronto se publicará un informe sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que fortalecerán el Meseni, que los Comisionados y Relatores Especiales continuarán haciendo visitas al país y que ya cuentan con una planificacion al respecto para el primer trimestre de 2019.

“Simplemente quiero insistir en que no vamos a cesar en acompañar a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en la situación que hoy día están viviendo en Nicaragua y que van a contar con nosotros de manera permanente, no tengan duda”, concluyó Urrejola.

Por su parte, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó que en Nicaragua se ha dado una supresión absoluta de las libertades fundamentales instalándose un Estado de Terror que busca la demolición moral de los líderes y lideresas de la sociedad civil y que también pretende alcanzar a la CIDH.

OACNUDH volverá a Nicaragua

Tres meses después de que la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), se retirara de Nicaragua porque el Gobierno dio por concluida su misión, representantes de esa oficina volverán a Managua a mediados de diciembre, reveló hoy Marlene Alejos, Representante Regional de la OACNUDH para América Central, Panamá y República Dominicana.

“La Oficina realizará una visita a Managua a mediados de este mes, para explorar con el Gobierno la existencia de condiciones adecuadas que permitan volver a trabajar en el país, tanto en el monitoreo de la situación de derechos humanos como en la asistencia técnica”, explicó Alejos.

Dos días antes de su expulsión, la OACNUDH publicó un informe sobre la crisis de Nicaragua en el concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

De igual forma, Alejos recordó que en marzo de 2019 se desarrollará una Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la que los Estados Miembros evaluarán la situación de Nicaragua y que otra oportunidad importante será  en el mes de mayo durante el Examen Periódico Universal.

Agresiones a periodistas independientes escalan de forma alarmante en Nicaragua y motivan reacción internacional

(Foto principal: Cortesía, Oscar Navarrete, La Prensa de Nicaragua).

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Las agresiones a periodistas, directivos, editores y colaboradores de medios de comunicación independientes por parte de autoridades y simpatizantes del FSLN, partido de Gobierno han arreciado en los últimos dos meses en Nicaragua, de acuerdo con testimonios de comunicadores y organizaciones que  defienden la libertad de expresión.

Según la Fundación Violeta B. de Chamorro, (FVBCH), entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre han contabilizado un total de 77 violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. Y desde el 18 de abril, día en que inició la crisis actual de derechos humanos en ese país, hasta la fecha, la suma de agresiones, hostigamientos, detenciones arbitrarias, asedio, espionajes y requisas e inspecciones fuera de rutina asciende a 497 casos.

Reporteros Sin Fronteras denunció el día de hoy,  que las fuerzas policiales “ya no se contentan con obstruir el trabajo de los periodistas”, sino que “ahora emprenden directamente acciones violentas contra los periodistas que consideran demasiado críticos con el gobierno”.

Nicaragua está sumida en una crisis de derechos humanos causada por la represión gubernamental a miles de manifestantes que se alzaron en protestas en todo el país reclamando justicia y democracia. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicha represión, que se ha desarrollado en cuatro etapas desde abril, ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos, cientos de presos y presas políticas y miles de ciudadanos exiliados.

Agresiones recientes

La última agresión reportada hacia medios de comunicación ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Radio Darío en la ciudad de León, obligaron a los colaboradores que allí se encontraban a apagar los equipos de radioemisión y los esposaron bajo amenaza de ser encarcelados. Tres de los colaboradores de la radio: Leo Cárcamo, Henry Blanco y Audberto Gallo cuentan, así como el director de la radio, cuentan con medidas cautelares No. 693-18, otorgadas por la CIDH el 2 de julio de este año.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

“Fue todo un operativo policial, con un derroche de fuerza y vehículos, rodearon por tres horas la manzana (el perímetro) donde estamos nosotros ubicados”, denunció Aníbal Toruño, director de Radio Darío, al periodista Carlos Fernando Chamorro en el programa de televisión Esta Noche.

Toruño responsabilizó por proceder arbitrariamente al Primer Comisionado de León, Fidel Domínguez, y alertó que las autoridades están “tratando de destruir la estabilidad emocional y psicológica de los trabajadores para desintegrar el staff de la Radio Darío”.

La Radio Darío ha sufrido el asedio de las autoridades y simpatizantes del FSLN desde el inicio de la crisis en abril. El 20 de ese mes, las instalaciones de la radio fueron quemadas completamente por dos reconocidos cuadros del partido de Gobierno.

Ahora desde otras instalaciones, Toruño aseguró que la radio continuará transmitiendo su programación regular “asumiendo el derecho constitucional a la libre expresión”.

También el 3 de diciembre, pero en horas de la mañana, medios oficialistas informaron que simpatizantes del partido de Gobierno presentaron una acusación ante el Ministerio Público contra Miguel Mora, director y propietario del Canal 100% Noticias, por considerarlo “incitador de odio y la violencia” a través de la programación noticiosa que transmite. Además, lo acusaron de forma infundada, por la desaparición y supuesto asesinato de Bismarck Martínez, un ciudadano que habría muerto en un tranque durante el mes de junio.

Mora, quien ha sido acosado y retenido en seis ocasiones por agentes policiales, negó las acusaciones, y aseguró que lo que intentan las autoridades es un artilugio legal para encarcelarlo y acallar las denuncias que diariamente se transmiten en su canal.

“Esto es para censurar y callar a los medios independientes de este país… esto es parte de la campaña sucia de desprestigio que lleva el único objetivo de censurar a 100% Noticias y a mí como su director”, denunció Mora, según recoge el diario La Prensa.

En diversas ocasiones durante los últimos ocho meses, el Canal 100% Noticias ha sido censurado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Hace una semana, Telcor ordenó a dos compañías de cable que retiraran ese canal de su grilla de programación en señal satelital.

Una semana antes, el 30 de noviembre, la Radio Mi Voz de León, anunció que cerraría operaciones temporalmente ante las múltiples invasiones que realizó la Policía de Nicaragua a la radio. Su director, Álvaro Montalván, quien fue detenido y golpeado por la policía en varias ocasiones, aseguró que el asedio al personal de la emisora lo empujaba a tomar esa decisión.

La situación es tan grave, que Reporteros Sin Fronteras señaló que varios periodistas han tenido que abandonar el país debido a constantes amenazas de muerte y persecución que padecen, y advirtió sobre la posibilidad de que más periodistas deban seguir el mismo camino.

En abril, el periodista de Bluefields, Ángel Eduardo Gahona, murió asesinado a balazos mientras transmitía un Facebook Live sobre una manifestación antigubernamental. Aunque los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables por el crimen, tanto los familiares de ellos como los de Gahona señalan que el verdadero asesino continúa impune.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), condena enérgicamente las violaciones a la libertad de prensa y de expresión que el Gobierno de Nicaragua ha cometido contra medios de comunicación, directores de medios y periodistas independientes que exponen en sus noticieros y programas de opinión las denuncias de nicaragüenses víctimas de la represión estatal.

Las intimidaciones, persecuciones, retenciones temporales injustificadas e invasiones a medios de comunicación sin orden judicial exponen la voluntad del régimen Ortega Murillo de quebrantar y violentar las legítimas libertades y derechos que la Constitución del país les otorga a los hombres y mujeres de prensa. Exigimos a las autoridades nicaragüenses que cesen por completo la represión contra la prensa independiente.

Defensores LGBTI aún se enfrentan a grandes desafíos en Latinoamérica

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Aunque las protecciones legales de la comunidad LGBTI se han ido fortaleciendo en América Latina y el reconocimiento de sus derechos humanos ha ganado grandes espacios, esta población  aún se enfrenta a patrones graves de discriminación y violencia que se han visto atizados por circunstancias que incluyen discursos de odio construidos por grupos religiosos o problemáticas políticas coyunturales, explicaron hoy en Washington D.C. expertos en el tema que trabajan en la región.

Durante el conversatorio “Defender los derechos LGBTIQ en Centroamérica: obstáculos y avances en derecho y cultura”, organizado por Diálogo Interamericano, los ponentes también se enfocaron en los aspectos que limitan aún más el acceso a derechos por parte de las personas LGBTI, como la racialidad o la pobreza.

Fanny Gómez, Directora Superior de Defensoría y Políticas Internacionales de Synergia y Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales de Panamá y Abraham Banegas Molina, Oficial técnico de Cozumel Trans de Honduras,  dialogaron este martes para compartir sus opiniones y experiencias con Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell de Diálogo Interamericano.

Continuidad de la violencia y discriminación

La continuidad de la violencia hacia la población LGBTI fue un tema central en la conversación, en la que se resaltaron distintas perspectivas.

Según Fanny Gómez, de Synergia, en los últimos 5 ó 7 años se han visto avances en materia de protección de personas con base en su orientación sexual e identidad de género que van desde pronunciamientos por parte de autoridades, hasta la aprobación de leyes de identidad de género o matrimonio igualitario. “Pero esto no ha significado que haya disminuido la violencia”, enfatizó.

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Carlos Quesada además resaltó que a pesar de los avances en la región sobre derechos humanos para la comunidad LGBTIQ, estos impactan de manera diferenciada a la población afrodescendiente. Consecuentemente, esta población se vuelve más vulnerable ante la violencia.

“En el caso concreto de Brasil, cada 30 horas muere una persona por su orientación sexual e identidad de género y el 90% de estas personas son afrodescendientes”, ejemplificó el directivo de Raza e Igualdad.

Para la comunidad trans, según Quesada, la violencia hacia sus cuerpos se ha convertido en “una enfermedad en la región”. “Por un lado tenemos países como Colombia que han creado instituciones de manera formal para defender e investigar los crímenes de odio, pero no tenemos un personal sensibilizado que pueda hacer su trabajo efectivamente”, dijo Quesada, resaltando que situaciones como estas propician que la violencia y la impunidad continúen.

Abraham Banegas, de Cozumel Trans de Honduras, concordó en que los hombres y mujeres trans en Honduras son, de la comunidad LGBTI, los “más afectados” por la violencia.

Discursos de odio

Banegas resaltó además que en Honduras el “principal adversario” de los derechos para las personas LGBTI es el fundamentalismo religioso.

“Atacan a nuestros compañeros basados en el nombre de Dios”, dijo el activista, quien lamentó que estas congregaciones religiosas con miles de seguidores promuevan mensajes de odio tanto en sus feligreses como en los políticos y tomadores de decisiones.

Para Fanny Gómez, el reciente crecimiento y fortalecimiento de esos “mensajes de odio” que promueven la intolerancia por parte de grupos conservadores también pone en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

“Cada vez que hay un mensaje homófobo, transfóbico, lesbofóbico, de parte de un líder, eso significa luego una muerte para algún compañero o compañera de nuestra comunidad”, lamentó Banegas.

Avances en materia legal

Los expertos expusieron algunos avances en materia legislativa en las Américas como resoluciones sobre orientación sexual adoptadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), o la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en noviembre de 2017.

Esta última reconoce que los Estados tienen el deber y la obligación de reconocer la identidad de género de las personas, el derecho de las personas a modificar su componente de sexo, su nombre e imagen en los documentos de identidad a través de procesos administrativos, y además tienen el deber de reconocer el matrimonio y las familias compuestas por parejas del mismo sexo.

No obstante, Carlos Quesada señaló que por parte de las organizaciones de la sociedad civil “todavía falta mucha capacitación técnica para poder usar el Sistema Interamericano y el Sistema Universal”.

“Como reto, tenemos que capacitarnos sobre cómo usar las legislaciones nacionales pero además cómo usar el sistema interamericano de protección y el sistema universal para la defensa de la población LGBT”.

Retrocesos en legislación

En Panamá, expuso Iván Chanis Barahona de la Fundación Iguales, “no hay una ley, una política pública que reconozca a las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales o intersex”, y la única ley de discriminación no incluye personas LGBTI.

Recientemente, según Chanis, la negación por parte de las autoridades panameñas a inscribir tres matrimonios igualitarios realizados en el exterior, provocó que se empezara a discutir el tema en ese país, lo que incluso ha sido debatido por los candidatos presidenciales de las elecciones de 2019. “Panamá es un país que siempre ha respetado los derechos humanos y el Sistema Interamericano, pero ahora a la gente no le gusta la Corte (IDH) por la opinión consultiva sobre derechos LGBTI”.

“Los Estados, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en el Caribe, han fallado en el mundo moderno para proteger sus democracias al mantener políticas totalmente discriminatorias hacia la población LGBTI”, enfatizó Chanis.

Sobre el caso específico de Honduras, Banegas refirió que en el nuevo Código Penal se penalizó de forma más leve la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y prohíbe el matrimonio igualitario. Asimismo, en una reciente reforma al Código de la Niñez se estableció que las personas de mismo sexo no pueden adoptar niños. “En Honduras las legislaciones se van acomodando con el fin de ir bloqueando los derechos de las personas LGTB”, denunció el activista.

No obstante, señaló que actualmente están trabajando en una “Ley de Igualdad y equidad”, un instrumento legal que podría brindar más protección a los derechos de la población LGBTI en Honduras si es aprobada por el Congreso.

Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Washington, DC. noviembre 27 de 2018. Ana Quirós Víquez, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de nacionalidad nicaragüense, fue expulsada ilegalmente de Nicaragua el lunes 26 de noviembre, luego de que las autoridades migratorias le anularan la nacionalidad nicaragüense que la activista adquirió  hace 21 años.

La decisión de las autoridades es claramente arbitraria, ya que Quirós fue citada ante las autoridades que le leyeron una resolución en la que se anulaba su nacionalidad, sin respetar su derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos en la Ley. Además, las autoridades le prohibieron regresar al país en los próximos cinco años.

En entrevista brindada por Quirós desde Costa Rica, al periodista Carlos Salinas de Confidencial, la activista declaró que las autoridades le expresaron que el motivo por el cual le anulaban la nacionalidad era porque ella tenía dos nacionalidades y que solamente respecto de países centroamericanos cabía tener doble nacionalidad. Entonces, según afirmó, ella preguntó si Costa Rica no era un país centroamericano, a lo que las autoridades guardaron silencio.

Quirós, quien también es parte de la Articulación Nacional Feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en Costa Rica pero vivía en Nicaragua desde hace más de 40 años y se nacionalizó como nicaragüense en 1997.

La activista, de 62 años, se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a las 10 a.m. del lunes pasado, asistiendo a una cita que le había sido entregada el sábado por oficiales de esa dirección. Si bien el documento no explicaba cuál era el motivo de la citatoria, advertía que de no presentarse se enfrentaría a consecuencias legales.

“La cita en Migración fue casi que fugaz. Me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada. Pregunté cuál era el siguiente paso y en qué condición quedaba. No me respondieron. Fue hasta después por la tarde que me leyeron la resolución de expulsión del país”, relató Quirós a periodistas un día después desde San José, Costa Rica.

En las afueras de la DGME permanecieron durante horas un grupo de feministas, defensores de derechos humanos y periodistas, sin que las autoridades les dieran alguna información sobre Quirós. La activista, sin embargo, había sido trasladada por agentes migratorios hacia la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote.

“Me metieron en una celda preventiva que en realidad es un asiento con rejas”, contó Quirós, a quien le tomaron las huellas dactilares y fotografiaron. “En ningún momento me interrogaron ni recibí maltrato físico. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales múltiples, amenazas y una constante intimidación”, contó durante conferencia de prensa brindada desde Costa Rica.

A las 6 p.m. del lunes, el Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, informó a través de redes sociales que las autoridades nicaragüenses expulsarían a Quirós del país.

“Me llevaron esposada en un bus, rodeada de policías armados y acompañados de gente de Migración en otros vehículos hasta la frontera de Peñas Blancas. Insistieron en no quitarme las esposas hasta que llegáramos, y aún abajo del bus, seguía esposada. Me quitaron mi camiseta y mi gorra de Nicaragua. Todo el camino estuvieron hostigándome, agrediéndome verbalmente”, denunció Quirós.

Persecución dirigida

 Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las acciones contra Quirós forman parte de “una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”.

Quirós ha sido una de las voces más beligerantes en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses que exigen democracia, justicia y libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

De hecho, la defensora fue una de las primeras víctimas de la represión que estalló en abril. El 18 de ese mes, durante la primera protesta que hubo en Managua por las reformas a la Ley de Seguridad Social, en Camino de Oriente, una turba de simpatizantes afines al Gobierno la golpeó con un tubo en la cabeza, en los brazos y en el resto del cuerpo. La foto en que aparecía ensangrentada se distribuyó rápidamente a través de redes sociales.

En los meses subsiguientes, Quirós aseguró fue víctima de “múltiples amenazas de manera sistemática”, expresando que: “Habían llegado a visitar a vecinos de nuestra casa para preguntar dónde estaba yo y en algunas salidas mías del país me habían retenido en migración por ratos, interrogándome”, contó desde San José.

Por lo pronto, la activista aseguró que desde Costa Rica continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Además, planteó la posibilidad de demandar al Estado nicaragüense por su expulsión arbitraria del país.

Intimidan a otras defensoras de los derechos de las mujeres

El mismo lunes también fueron citadas por la DGME tres activistas con residencia nicaragüense que trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa: la suiza Beatriz Huber y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara. A estas últimas, se les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no participar más de actividades políticas para permanecer en el país, según defensoras feministas que las acompañaban.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advirtió que el proceso contra Quirós y otras tres activistas de Matagalpa se enmarca “en ese discurso de odio visceral y de descalificación que el Gobierno realiza contra el feminismo nicaragüense”.

Jiménez recordó que días atrás, las autoridades negaron la autorización a grupos feministas y ciudadanos agrupados en la Unidad Azul y Blanco (UNAB) para que realizaran una marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza enérgicamente la expulsión de Nicaragua de la defensora de derechos humanos Ana Quirós.  Este se constituye como otro acto de represión de la dictadura que azota al país desde hace más de siete meses y que de manera sistemática se ha evidenciado a través de asesinatos, coerción a la liberta de expresión y protesta social, intimidación a medios de comunicación y periodistas independientes, uso excesivo de la fuerza por parte de grupos para-policiales y policía nacional, procesos judiciales irregulares y un ambiente de temor colectivo que imposibilita la libertad del pueblo de Nicaragua.  Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional no cesar las denuncias y mantener la atención sobre la grave crisis humanitaria que hoy atraviesa el país.

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