Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Washington, DC. noviembre 27 de 2018. Ana Quirós Víquez, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de nacionalidad nicaragüense, fue expulsada ilegalmente de Nicaragua el lunes 26 de noviembre, luego de que las autoridades migratorias le anularan la nacionalidad nicaragüense que la activista adquirió  hace 21 años.

La decisión de las autoridades es claramente arbitraria, ya que Quirós fue citada ante las autoridades que le leyeron una resolución en la que se anulaba su nacionalidad, sin respetar su derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos en la Ley. Además, las autoridades le prohibieron regresar al país en los próximos cinco años.

En entrevista brindada por Quirós desde Costa Rica, al periodista Carlos Salinas de Confidencial, la activista declaró que las autoridades le expresaron que el motivo por el cual le anulaban la nacionalidad era porque ella tenía dos nacionalidades y que solamente respecto de países centroamericanos cabía tener doble nacionalidad. Entonces, según afirmó, ella preguntó si Costa Rica no era un país centroamericano, a lo que las autoridades guardaron silencio.

Quirós, quien también es parte de la Articulación Nacional Feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en Costa Rica pero vivía en Nicaragua desde hace más de 40 años y se nacionalizó como nicaragüense en 1997.

La activista, de 62 años, se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a las 10 a.m. del lunes pasado, asistiendo a una cita que le había sido entregada el sábado por oficiales de esa dirección. Si bien el documento no explicaba cuál era el motivo de la citatoria, advertía que de no presentarse se enfrentaría a consecuencias legales.

“La cita en Migración fue casi que fugaz. Me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada. Pregunté cuál era el siguiente paso y en qué condición quedaba. No me respondieron. Fue hasta después por la tarde que me leyeron la resolución de expulsión del país”, relató Quirós a periodistas un día después desde San José, Costa Rica.

En las afueras de la DGME permanecieron durante horas un grupo de feministas, defensores de derechos humanos y periodistas, sin que las autoridades les dieran alguna información sobre Quirós. La activista, sin embargo, había sido trasladada por agentes migratorios hacia la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote.

“Me metieron en una celda preventiva que en realidad es un asiento con rejas”, contó Quirós, a quien le tomaron las huellas dactilares y fotografiaron. “En ningún momento me interrogaron ni recibí maltrato físico. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales múltiples, amenazas y una constante intimidación”, contó durante conferencia de prensa brindada desde Costa Rica.

A las 6 p.m. del lunes, el Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, informó a través de redes sociales que las autoridades nicaragüenses expulsarían a Quirós del país.

“Me llevaron esposada en un bus, rodeada de policías armados y acompañados de gente de Migración en otros vehículos hasta la frontera de Peñas Blancas. Insistieron en no quitarme las esposas hasta que llegáramos, y aún abajo del bus, seguía esposada. Me quitaron mi camiseta y mi gorra de Nicaragua. Todo el camino estuvieron hostigándome, agrediéndome verbalmente”, denunció Quirós.

Persecución dirigida

 Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las acciones contra Quirós forman parte de “una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”.

Quirós ha sido una de las voces más beligerantes en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses que exigen democracia, justicia y libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

De hecho, la defensora fue una de las primeras víctimas de la represión que estalló en abril. El 18 de ese mes, durante la primera protesta que hubo en Managua por las reformas a la Ley de Seguridad Social, en Camino de Oriente, una turba de simpatizantes afines al Gobierno la golpeó con un tubo en la cabeza, en los brazos y en el resto del cuerpo. La foto en que aparecía ensangrentada se distribuyó rápidamente a través de redes sociales.

En los meses subsiguientes, Quirós aseguró fue víctima de “múltiples amenazas de manera sistemática”, expresando que: “Habían llegado a visitar a vecinos de nuestra casa para preguntar dónde estaba yo y en algunas salidas mías del país me habían retenido en migración por ratos, interrogándome”, contó desde San José.

Por lo pronto, la activista aseguró que desde Costa Rica continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Además, planteó la posibilidad de demandar al Estado nicaragüense por su expulsión arbitraria del país.

Intimidan a otras defensoras de los derechos de las mujeres

El mismo lunes también fueron citadas por la DGME tres activistas con residencia nicaragüense que trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa: la suiza Beatriz Huber y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara. A estas últimas, se les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no participar más de actividades políticas para permanecer en el país, según defensoras feministas que las acompañaban.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advirtió que el proceso contra Quirós y otras tres activistas de Matagalpa se enmarca “en ese discurso de odio visceral y de descalificación que el Gobierno realiza contra el feminismo nicaragüense”.

Jiménez recordó que días atrás, las autoridades negaron la autorización a grupos feministas y ciudadanos agrupados en la Unidad Azul y Blanco (UNAB) para que realizaran una marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza enérgicamente la expulsión de Nicaragua de la defensora de derechos humanos Ana Quirós.  Este se constituye como otro acto de represión de la dictadura que azota al país desde hace más de siete meses y que de manera sistemática se ha evidenciado a través de asesinatos, coerción a la liberta de expresión y protesta social, intimidación a medios de comunicación y periodistas independientes, uso excesivo de la fuerza por parte de grupos para-policiales y policía nacional, procesos judiciales irregulares y un ambiente de temor colectivo que imposibilita la libertad del pueblo de Nicaragua.  Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional no cesar las denuncias y mantener la atención sobre la grave crisis humanitaria que hoy atraviesa el país.

Comunicado Público: Continua crisis en Nicaragua

Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

#VenezuelaMigra: Organizaciones de Sociedad Civil lanzan Plan de Acción para proteger a personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela

WASHINGTON, DC, 16 de noviembre de 2018.-  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos como parte de las organizaciones pertenecientes al Grupo de Movilidad Humana Venezolana, hemos seguido desde inicios del año con preocupación la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela. Hicimos un llamado a una respuesta regional el pasado 22 de agosto y aportamos criterios claros para ello en nuestra declaración del 19 de septiembre de este año.

A pesar de los esfuerzos adelantados hasta el momento, hemos notado que aún falta una mayor eficacia y coordinación en la respuesta regional en distintos espacios nacionales e internacionales. Hasta la fecha, todavía impera en el continente poca claridad en los protocolos idóneos para responder a las necesidades de  tres millones de personas migrantes y refugiadas de Venezuela, que cumpla con estándares internacionales de protección de derechos humanos y una ayuda humanitaria integral.

Mientras tanto, continúan incrementando las situaciones contrarias a la dignidad humana que muchas personas migrantes y refugiadas enfrentan en todas las etapas de su desplazamiento. Así mismo, las necesidades específicas de aquellos migrantes y refugiados/as pertenecientes a grupos en situaciones de vulnerabilidad o que sufren de actos violentos y discriminatorios de forma diferenciada se han agudizado.

A la luz de ello, el Grupo de Movilidad Humana Venezolana -del que hace parte El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos desarrolló el Plan de Acción de Sociedad Civil sobre Personas Provenientes de Venezuela que Requieren Protección Nacional e Internacional , el cual establece una hoja de ruta para responder de manera coordinada a esta situación.

 El documento aborda las acciones específicas requeridas por parte de todos los actores involucrados, clarifica las obligaciones estatales, hace recomendaciones a los Estados, establece nuestros compromisos como sociedad civil, recomendaciones a otros miembros de sociedad civil de toda la región y brinda recomendaciones a organismos internacionales y otros aliados internacionales. Todo lo anterior respecto a los siguientes ejes centrales:

  1. La correcta caracterización jurídica de las personas migrantes y refugiadas, las obligaciones estatales en torno a ambos, la aplicación de la Declaración de Cartagena en el contexto venezolano y los mecanismos de estadía regular.
  2. Las acciones transversales y con enfoque diferencial que requieren los grupos poblacionales en quienes convergen múltiples factores de discriminación como: género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros.
  3. Las acciones requeridas en cada etapa del desplazamiento –acceso al territorio y garantía de derechos en comunidades de acogida, hasta soluciones duraderas.

Finalmente se propone una estrategia regional de monitoreo e incidencia que reúne a todos los actores involucrados en el desarrollo de respuestas ante la situación de personas venezolanas en contexto de movilidad humana.

Confiamos en que este documento será de utilidad para todos los actores involucrados en responder con un enfoque centrado en los derechos humanos ante esta crisis; otras que se presentan en la actualidad, así como futuras crisis de migrantes y personas refugiadas que se puedan presentar en la región. Así mismo, esperamos se puedan implementar con cautela las propuestas que involucran a grupos en alto estado de vulnerabilidad como es el caso de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBTI y personas afrodescendientes.

Para más información sobre el Grupo de Movilidad Humana Venezolana visitar: www.movhuve.org

Entrevista Beatriz Amaro «Nuestra principal demanda es que el pueblo Afromexicano sea reconocido constitucionalmente»

En medio de la crisis humanitaria que se vive en México, por lógicas gravísimas de violencia, desempleo, inseguridad, y alta tasa de migraciones a causa del narcotráfico y otras lógicas socio-políticas no atendidas, la población afromexicana continúa luchando y reclamando el reconocimiento constitucional de su pueblo, que según los datos obtenido en la Encuesta Intercensal aplicada por el INEGI en 2015, asciende a 1.381.853 personas, lo que equivale al 1.2% de la población nacional.

Durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Mexico, celebradas el pasado 12 de Octubre en Ginebra-Suiza, Beatriz Amaro, lideresa y defensora de derechos humanos de la organización Unidad para el Progreso de Oaxaca A.C. conversó con Raza e Igualdad sobre la necesidad de implementar acciones afirmativas, políticas públicas efectivas y planes de acción concertados con el pueblo afro mexicano que permitan aminorar el impacto histórico del racismo y discriminación que se traduce en menores posibilidades de acceso a empleo, educación, participación de la población afrodescendiente en México. Así como, de la importancia de que en el Examen Periódico Universal en el que se revisará la situación de derechos de México, el próximo 7 de Noviembre, se puedan tener en cuenta algunas de las recomendaciones proporcionadas por la sociedad civil afrodescendiente.

 

En medio de la crisis humanitaria que se vive en México ¿Cuál es la principal necesidad y demanda que organizaciones sociales afro mexicanas están haciendo al Estado mexicano y que se quiere visibilizar en las sesiones previas al Examen Periódico Universal de México?

Definitivamente, la principal demanda y necesidad que hoy tiene el pueblo afro mexicano es que se le reconozca constitucionalmente.  Sin reconocimiento constitucional los pueblos afrodescendientes en México no tenemos de donde demandar el respeto de nuestros derechos de acuerdo a nuestra realidad histórica, social y cultural.  Si bien, la inclusión de la variable étnico-racial en la encuesta intercensal aplicada en 2015 es un avance significativo para por lo menos reconocer el número total de la población, es necesario, seguir trabajando para que se oficialicen políticas, planes y proyectos a nivel nacional que contrarresten el impacto de la pobreza, falta de oportunidades y racismo estructural que se vive en nuestro país.   Así mismo, en el informe que presentamos ante las Misiones Permanentes de distintos países durante la semana de las pre-sesiones, se mencionó la necesidad de crear planes específicos en atención a las mujeres, garantizar servicios de salud efectivos, incorporar programas educativos que recojan el legado histórico del pueblo afromexicano y crear espacios de diálogo y participación para reformular el Plan de Acción de México ante el Decenio de los Afrodescendientes.

 

Durante la última audiencia pública de la CIDH relacionada con la situación de derechos de los afrodescendientes, el Estado mencionaba una gran cantidad de programas diseñados para el beneficio del pueblo afromexicano ¿De qué manera están siendo implementados estos programas y/o acciones afirmativas?

En efecto el estado mexicano ha pensado, diseñado y probablemente implementado programas, acciones afirmativas o planes para el pueblo afromexicano, sin embargo, estos planes nunca han sido diseñados con ninguno de nosotros, ni trabajados con nosotros.  Me explico: estas propuestas de acción, no incluyen la visión de los pueblos afromexicanos, como tampoco se dan a conocer con la suficiente fuerza para que las comunidades conozcan los proyectos que se han diseñado para su beneficio, entonces, pareciera, o podría interpretarse también que es como un cumplimiento formal pero no hay una real implementación de estos programas porque estos no se están reflejando en las comunidades, no los conocemos, ni estamos participando activamente de su diseño y mucho menos implementación.  Una cosa si es clara, ¿Quién puede conocer mejor la realidad del pueblo afrodescendiente en México si no somos los mismos afro mexicanos? No entendemos, entonces, como diseñan estos proyectos desde la misma capital de la república, espacio al que no todos tenemos acceso, y mucho menos como los implementan.  En este sentido, sería importante que estos programas se dieran a conocer en las zonas donde hay mayor población afro mexicana, sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz que aparte son los que enfrentamos mayores retos para el desarrollo.

En las recomendaciones planteadas por organizaciones de sociedad civil durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal se solicita la reformulación del plan de acción del decenio.  ¿Por qué?

Sé perfectamente que tener un plan de acción del Decenio es un gran avance, porque incluso, muchos países ni siquiera lo tienen, pero nuevamente la situación es que la construcción de este plan de acción que beneficia al pueblo afro mexicano no fue consultado, trabajado ni diseñado en conjunto con la sociedad civil afro mexicana, no participamos, por lo que claramente hay muchos aspectos que no dialogan ni reflejan la situación o las necesidades de la población afro mexicana. No con esto quiero decir que todo en el plan esté mal o no corresponda, efectivamente hay muchas cosas positivas, pero creo que es necesario hacer un trabajo participativo, diálogico y concertado con las comunidades afrodescendientes para que pase de ser sólo un plan y trascienda a la materialización de actividades que lleve a una real y efectiva implementación.

¿En relación a lo planteado anteriormente ¿Existe una propuesta alternativa diseñada por las organizaciones de sociedad civil afro mexicana en relación al plan de acción del Decenio?

Me encantaría poder responder que sí, que existe una propuesta conjunta, trabajada, dialogada y acordada de todo el movimiento social afro mexicano para proponer una agenda conjunta de trabajo, pero desafortunadamente no la tenemos en este momento.  Para poder organizar, discutir y acordar una agenda no sólo se requiere de una voluntad política absoluta, que creo la tenemos todas y cada una de las organizaciones sociales que integramos este movimiento, sino un apoyo presupuestal que nos permita avanzar en este sentido.  Para construir una agenda inclusiva, plural y diversa que constituya todas las voces del movimiento requerimos de un trabajo que requiere de apoyo financiero.  Sin embargo, hemos avanzado significativamente, para el caso de las mujeres, hemos hecho varios ejercicios de agenda que creemos fundamentales ser incluidos en el plan del Decenio como también fueron incluidas nuestras recomendaciones en el resumen de otros actores presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, esperamos nuestras voces puedan ser recogidas durante dicho ejercicio.

¿Cuál ha sido el impacto de la crisis humanitaria que vive México hoy en día en la población afro mexicana?

No contamos con cifras o estudios oficiales de cuál ha sido el impacto sobre el pueblo afrodescendiente de la ola de violencia que está viviendo México.  Como tampoco contamos con datos reales, desagregados, que nos permitan estadísticamente saber cuál es la situación real del pueblo afro mexicano.  Ciertamente, como ya lo mencionaba, se logró un ejercicio en 2015 intercensal que nos permitió hacer un primer acercamiento a la población afrodescendiente, pero este no cubrió la totalidad de localidades, por tanto, los datos, aparte de ser muy generales, no son certeros.  Pero si podemos decir, que existe un agravamiento de la situación de derechos humanos de toda nuestra población, justamente porque a las dinámicas de vulneración que ya enfrentan nuestras comunidades, tales como la pobreza, desigualdad, falta de acceso a la salud, educación y empleo, se suman nuevas formas de victimización producto del impacto de las dinámicas del narcotráfico; circunstancias que claramente ponen a nuestro pueblo en un estado de alto riesgo y desprotección.

 

¿Cuál considera son los principales retos del movimiento social afro-mexicano en la coyuntura actual?

Como lo mencionaba, uno de nuestros principales objetivos es seguir luchando por el reconocimiento constitucional del pueblo afro mexicano, pero para esto, creemos es muy importante poder unificar las voluntades políticas del movimiento para así poder presentar una propuesta de trabajo conjunta al estado mexicano y otros escenarios de incidencia política.

Creo que otro de los principales retos es poder conquistar mayores espacios de toma de decisión, para que así las propuestas y proyectos que se construyan a nuestro favor, sean diseñadas de acuerdo a nuestras realidades desde la visión de nuestros hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes afro mexicanos.  Si continuamos permitiendo que nuestros espacios sean ocupados por académicos, que con la mejor voluntad intentan describir y visibilizar nuestra situación, no lograremos espacios en los que nosotros mismos nos empoderemos de nuestra realidad, necesitamos que nosotros mismos, empoderados de nuestra historia, realidad y propósito, estemos preparados para ir a presentar ante organismos nacionales e internacionales nuestra realidad, denuncias y demandas.

Si hoy tenemos que hablar y alzar la voz, pedimos nos dejen alzarla desde las organizaciones y no desde la academia, lo cierto es que necesitamos que, en vez de representarnos, nos formen, para así incentivar la participación, compromiso y capacitación de mujeres y hombres afro mexicanos para poder tener las herramientas que nos hacen falta por el rezago educativo que muchas veces enfrentamos. Lo que queremos es que nos apoyen con las herramientas para ser escuchados donde debemos ser escuchados.

¿Cuáles son sus expectativas para el Examen Periódico Universal en el que se evaluará el estado de derechos humanos de México?

Creo que por las graves violaciones de derechos humanos que hoy se viven en México el tema del estado de derechos de los afrodescendientes no será una prioridad, pero si considero, que espacios como las pre-sesiones permiten escenarios de incidencia muy importantes que nos apropian también de nuestras propias realidades, justamente porque nos motivan a desarrollar ejercicios de sistematización del trabajo que realizamos para poder presentarlo ante los diferentes mecanismos en los que ciertamente se puede exponer la voz de un pueblo que requiere el apoyo, solidaridad y la mirada internacional para así continuar presionando para que nuestros derechos sean respetados, protegidos y reconocidos.

Esperamos que durante el Examen Periódico Universal, se puedan abordar por lo menos dos de las recomendaciones realizadas, para así, tener el respaldo internacional que tanto nos hace falta y poder hacer seguimiento del cumplimiento de dichas recomendaciones al estado mexicano.

Raza e Igualdad realiza taller de capacitación sobre mecanismos internacionales de derechos humanos con primera organización conformada por personas Afrodescendientes-LGBTI en Colombia.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en marco de proyecto sobre justicia racial financiado por la Fundación Ford, realizó el primer taller de capacitación sobre mecanismos internacionales de derechos humanos dirigido al equipo de la Fundación Arcoíris de Tumaco; única organización que trabaja específicamente por la visibilización y defensa de los derechos de las personas afrodescendientes-LGBTI en Colombia.

El objetivo del taller estuvo orientado a que la Fundación Arcoiris de Tumaco aprendiera sobre los mecanismos de protección a los derechos humanos que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas. El uso de estos mecanismos será de gran relevancia dado el contexto de extrema violencia que enfrenta esta región del país, y en el cual las personas Afrocolombianas-LGBTI han venido experimentando impactos diferenciales a sus derechos humanos derivados de formas agravadas de discriminación y violación. Como resultado del proyecto, se espera que la organización produzca un informe sobre la situación de los derechos humanos de este grupo poblacional que pueda ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La capacitación incluyó un diálogo de saberes en el que los participantes describieron en detalle la situación socio-política que caracteriza al departamento, así como las afectaciones de estás dinámicas en la vida de las personas LGBTI afrodescendientes. En los últimos años Tumaco ha sido uno los principales municipios atravesado por diferentes tipos de violencia, por lo que las afectaciones en las personas LGBTI tienen particularidades, dadas en la mayoría de los casos por estigmatizaciones que crean múltiples formas de discriminación, además de violentar sus derechos más fundamentales.

Raza e Igualdad continuará el proceso de asistencia técnica a la Fundación Afrocolombiana Arco Iris de Tumaco para que pueda seguir fortaleciendo sus capacidades de incidencia para la defensa de los derechos de los miembros de su comunidad.

Con el apoyo de Raza e Igualdad, organizaciones de la sociedad civil se preparan para presentar informes sobre la situación de derechos humanos de las mujeres Colombianas ante la CEDAW

El pasado mes de septiembre de 2018, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en marco de proyecto sobre justicia racial financiado por la Fundación Ford, realizó un taller de capacitación orientado a mejorar los conocimientos sobre Sistema de Naciones Unidades, especialmente sobre sus órganos de tratados. Las organizaciones participantes incluyeron a representantes de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES); la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); y el Grupo de Apoyo a Mujeres Trans (GAAT).

El espacio tuvo por objetivo el fortalecimiento técnico de las organizaciones en cuanto a sus conocimientos sobre los órganos de tratados del Sistema de Naciones Unidas. Se hizo énfasis en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), dado que el Estado de Colombia será revisado ante este Comité en febrero de 2019. Uno de los resultados del proyecto, es que con la asistencia técnica de Raza & Igualdad, las organizaciones preparen Informes Alternativos para enviar al Comité.

Con dicha acción de incidencia, se espera que el CEDAW incluya en la revisión y las observaciones finales, los análisis y recomendaciones planteadas por las organizaciones en sus Informes Alternativos.

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La incidencia sobre la CEDAW es de gran relevancia para las organizaciones participantes en este taller dada la baja prioridad que ha tenido para el Estado colombiano las políticas que reconozcan las formas agravadas de discriminación y violencia derivadas de la intersección entre el género, la raza, y /o la orientación sexual y la identidad de género. Para AFRODES y CNOA, la atención que el CEDAW preste a la situación de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto es una necesidad estratégica, asi como lo es para el GAAT que se visibilice la situación de las mujeres trans.

Raza & Igualdad continuara ofreciendo el apoyo técnico para estas organizaciones puedan preparar sus Informes Alternativos ante el CEDAW, y fortalecer sus capacidades de incidencia para el uso de los demás mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos.

El 26 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Conciencia Intersex

En el marco del día Internacional sobre la Conciencia Intersex, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a poner fin a la discriminación, exclusión, tortura, patologización, medicalización innecesaria e invisibilización que afecta a las personas intersex y a sus familias en la región. En este sentido, Raza e Igualdad recuerda que las personas intersex son aquellas cuya anatomía sexual no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo “femenino” o “masculino”. Sin embargo qué quiere decir esto? Proponemos a continuación algunas preguntas y respuestas para acercarnos de mejor manera a este tema:

¿Es la intersexualidad lo mismo que el hermafroditismo?

No. Aunque en el imaginario cultural se asocie al “hermafrodismo” con la figura de la literatura griega dotada de características sexuales externas asociadas a la presencia de pene, vulva y senos, el hermafroditismo realmente hace referencia en botánica y zoología a la capacidad reproductiva de una planta o animal que incluso puede auto-fecundarse. Cuando nos referimos a personas, existe consenso en la comunidad científica en el sentido de que es más adecuado referirnos a la intersexualidad. Algunos activistas como Mauro Cabral prefieren referirse a si mismos como personas intersex, dando un valor político a esta discusión por fuera de las discusiones médico-legales.

¿Es la intersexualidad lo mismo que el transgenerismo?

No. Aunque ambos conceptos pueden llegar a encontrarse, es importante tener claro que:

  1. La intersexualidad es una característica biológica que está asociada al desarrollo genético y corporal de las personas (lo que tradicionalmente llamamos sexo) y puede ser visible externamente en el cuerpo de la persona desde el momento de su nacimiento.
  2. El transgenerismo está más asociado a la construcción que hace de si misma una persona en el transcurso de su vida y como se presenta a la sociedad (lo que llamamos identidad de género) Aunque este proceso pueda incluir intervenciones corporales para que el cuerpo esté en consonancia con la identidad de género.

¿Si la intersexualidad es biológica y connatural a la persona, por qué es necesario un día intersex?

  1. Es importante tener en cuenta que aunque a pesar de que la intersexualidad es una realidad biológica, muchas personas no conocen la existencia de este hecho y por ende la existencia de las personas intersex.
  2. Esta realidad biológica que es negada en el ámbito de la educación (no se enseña a desde temprana edad), también se refleja en el ámbito legal, ya que solo se reconocen “dos sexos biológicos” aunque la realidad, es mucho más amplia que ello, lo que trae importantes consecuencias en la vida de las personas intersex.
  3. El origen de este día se remonta a 1996 cuando activistas intersex se manifestaron ante la Reunión Anual de la Academia Americana de Pediatría en Boston, contra las mutilaciones genitales y tratamientos hormonales de las personas intersex a temprana edad sin su consentimiento informado.

¿Son las personas intersex víctimas de violaciones a los derechos humanos?

Si. Las personas intersex han sido víctimas de múltiples violencias que se han reflejado en distintos ámbitos de sus vidas:

  1. Se niega su existencia en el ámbito jurídico y médico, ya que en muchos países existen solo dos sexos legalmente reconocidos: hombre y mujer. Aunque esto está transformándose con el reconocimiento del sexo neutro.
  2. A consecuencia de lo anterior a las personas intersex se les imponen procedimientos quirúrgicos desde muy temprana edad. Les son aplicados los protocolos médicos vigentes aún que indican se practiquen intervenciones quirúrgicas innecesarias, con la intención de “normalizar” sus genitales, sin que medie el consentimiento informado de la persona. Cabe destacar que estas intervenciones acarrean consecuencias irreversibles en la vida emocional, física y sexual de las personas incluyendo esterilización y mutilación genital, sin que medicamente sean necesarias en la gran mayoría de los casos.
  3. Organismos de protección de derechos humanos como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana han documentado graves vulneraciones de los derechos humanos de personas intersex, sobre todo en lo relacionado con la discriminación, invisibilización, falta de información oficial y el tratamiento médico que tienden a recibir éstas desde su nacimiento, a lo largo de su vida, barreras en el acceso a sus expedientes médicos, e incluso dificultades en lo referente al reconocimiento de su personalidad jurídica en los registros públicos de identidad.
  4. Según los testimonios de diversas personas intersex, la naturaleza de las intervenciones acarrea frecuentemente que deban realizarse múltiples cirugías en distintas etapas de sus vidas, lo cual provoca dolores crónicos, posibles problemas de salud, y la necesidad de realizar procedimientos de rutina sumamente invasivos equiparables a tratos crueles inhumanos y degradantes o tortura.

Por todas estas razones Raza e Igualdad, condena la patologización y las prácticas de mutilación genital infantil que padecen algunas personas intersex, y extiende un llamado a los Estados de la región para que asuman sin más dilaciones sus obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos, y reconozcan, garanticen y protejan de manera integral, sin patologización, y en consulta con las personas intersex, sus derechos humanos.

Raza e Igualdad rechaza arbitraria prohibición de autoridades nicaragüenses que negaron ingreso al país de representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la arbitraria prohibición de ingreso a Nicaragua del equipo de trabajo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes se encontrarían en horas de la mañana de hoy, 26 de octubre 2018 con la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Margarette Macaulay y miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), con el objetivo de discutir temas relacionados con la crisis humanitaria que vive el país desde el 18 de abril de 2018. La crisis ha merecido la atención de dicho  órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, como de CEJIL, organización internacional  que ha trabajado en Nicaragua desde hace muchos años.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7 am cuando las representantes del CEJIL: Marcia Aguiluz Soto, Francisca Estuardo Vidal y Paola Limón fueron notificadas por autoridades aeroportuarias que no podían ingresar al país alegando que no habían anunciado su ingreso con la anticipación requerida y luego, ante el cuestionamiento de la delegación, argumentando razones relacionadas con el ejercicio de la soberanía que son la expresión de un nuevo desmán hacia la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.  Las autoridades se mostraron intransigentes aun cuando CEJIL contaba con una invitación formal por parte de la CIDH. En imágenes publicadas en la cuenta oficial de twitter de CEJIL se puede ver como su equipo es escoltado para abandonar el país acompañadas de un mensaje que denuncia: “Así nos “escoltan” para salir de #Nicaragua, cuando intentamos ingresar a una reunión c/ l @cidh. Nos niegan ingreso pese a tener invitación formal. Echan mano de artilugios, y nos devuelven en menos de una hora #SosNicaragua”.

 En enérgico rechazo nos unimos a las voces que condenan vehementemente este acto como evidencia de la grave crisis humanitaria que vive el país centroamericano, así como la sistemática obstaculización de la labor de defensa de los derechos humanos.   Denunciamos la evidente intención del régimen de Ortega y Murillo por aislar a la comunidad internacional de la represión, hostigamiento y criminalización que continúa ejerciendo sobre un pueblo que continúa expresándose cívicamente; especialmente hacia los activistas, medios de comunicación independientes, defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en completo estado de indefensión.  No en vano hace pocas semanas se dio a conocer la expulsión del grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y hoy se niega arbitrariamente el ingreso de una de las organizaciones que históricamente ha trabajado por la democracia y la garantía de los derechos humanos. No ha mejorado nada en Nicaragua, como ha afirmado hoy OACNUDH en su primer boletín mensual de seguimiento de la situación.

Todos estos hechos nos motivan a elevar la alerta internacional respecto de la situación de Nicaragua, invitando a la comunidad internacional y a los  órganos de protección de los derechos humanos y distintas expresiones de sociedad civil a que redoblemos  esfuerzos para que la democracia, la justicia y la paz retornen muy pronto a Nicaragua.

COMUNICADO PÚBLICO: Raza e Igualdad, Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans solicita la pronta y efectiva investigación del trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez en República Dominicana

Washington, D.C. 17 de octubre de 2018 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresa su preocupación por los graves hechos denunciados por las organizaciones Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) con relación al trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez quien era conocida como “Haitianita” (en registro público como Richard Félix Sanchez), una mujer trans, afrodescendiente, trabajadora sexual de 30 años de nacionalidad haitiana.

Según las denuncias realizadas por las organizaciones locales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre del presente año en el municipio de Verón, Punta Cana, donde Marisa se desempeñaba como trabajadora sexual desde el año 2015 en la Avenida Barceló de Verón, lugar donde, al parecer, fue realizado el levantamiento del cadáver. Trabajadoras sexuales, compañeras de la víctima, aseguraron verla salir con un cliente de t-shirt color rojo, en motocicleta, y también señalaron haber visto a la misma persona regresar al área con el cadáver de Marisa. En imágenes que han circulado se puede ver el cuerpo de Marisa ensangrentado, con una profunda herida en el área craneal y con evidentes señales de violencia.

Asimismo, según información que ha circulado por redes sociales, se indica que las autoridades policiales que acudieron al área encontraron un preservativo (condón), lo que hace presumir que los hechos pudieron estar precedidos por violencia sexual.

Raza e Igualdad, en conjunto con TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans consideran que los hechos denunciados se relacionan con un crimen por prejuicio, específicamente un trans-feminicidio por motivos relacionados con la identidad de género femenina de la víctima. De igual forma, notamos con preocupación que este hecho se enmarca en un grave contexto de violencia física, sexual y asesinatos de mujeres trans que han sido denunciados por organizaciones como TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans.

Raza e Igualdad hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma pronta y efectiva la investigación de estos hechos, pues por el contexto de violencia física y sexual, puede tratarse de un trans-feminicidio, ello a pesar de las limitaciones legales de República Dominicana, que no ha reconocido el delito de feminicidio, ni la identidad de género de las mujeres trans como elementos de análisis jurídico penal.

Ante las mencionadas limitaciones legales y en aras de evitar la impunidad, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado para que en todo caso se valoren los factores diferenciales de identidad de género, raza, vulnerabilidad del trabajo sexual y la nacionalidad de la víctima para que se analice la mejor aplicación de los artículos sobre homicidio (art. 295 CP) o asesinato (art. 296 CP) a partir del contexto que se derive de los hechos y si en ellos pudo mediar premeditación (art. 297 CP) o acechanza (art. 298 CP). Así mismo, se tenga presente que de los hechos relatados se puede inferir que medió violencia sexual ya sea por el delito de violación (art. 331 CP) o agresión sexual (art. 333 CP) en los términos del Código Penal.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con la organización TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans extendemos un llamado a la Procuraduría General de la República, el Procurador General Jean Alain Rodríguez, la Unidad de Atención Integral de Violencia de Género, intrafamiliar y Delitos Sexuales de Verón, Punta Cana y a su Fiscal titular, a que investiguen los hechos señalados, atendiendo a  los múltiples elementos diferenciales que rodearon la muerte de la víctima. Asimismo, extendemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus Relatorías sobre los Derechos de las Personas LGBTI, Mujeres y Personas Afrodescendientes, y a la oficina de Naciones Unidas República Dominicana y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que monitoreen la situación y se sumen al seguimiento de este caso.

Finalmente, solicitamos se agoten todos los procedimientos para que su muerte no quede impune, pues es preciso que el Estado Dominicano envíe un mensaje claro de cero tolerancias a la violencia contra mujeres trans como parte del Plan Nacional Contra La Violencia de Género, el cual fue puesto en marcha el pasado 8 de noviembre del 2017.

#NIUNAMENOSRD

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