Diplomáticos cubanos boicotean lanzamiento de la campaña ¿Presos para qué? en la Cámara de las Naciones Unidas

Diplomáticos cubanos boicotean lanzamiento de la campaña ¿Presos para qué? en la Cámara de las Naciones Unidas

Boicot de diplomáticos cubanos en la Cámara de las Naciones Unidas es clara evidencia de la represión a la libertad de expresión presente en el país

Nueva York. Octubre 16 de 2018. Delegación cubana boicotea lanzamiento de la campaña “JailedForWhat?” – “¿Presos, Por Qué?” organizado por La Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado del mismo país.  Durante el espacio que se llevó a cabo en las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York un numeroso grupo afín al régimen cubano irrumpió desde inicio de la actividad golpeando mesas, “zapateando” y gritando consignas como “Cuba SI, bloqueo No” y “Fuera de la ONU”.  Aunque el ruido impidió que los altavoces se escucharan correctamente en la cámara, la interrupción no impidió que se escuchara su mensaje.

 

 

El evento tenía por objetivo presentar la situación de derechos humanos de los presos políticos en Cuba, además de precisar sobre los sistemáticos actos represivos utilizados por el gobierno nacional para silenciar a las voces disidentes.  La Embajadora Kelley E. Currie, Representante de los Estados Unidos en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pronunció un discurso de apertura sobre los gritos de los funcionarios cubanos, señalando que «los presos políticos de Cuba son un signo claro e inequívoco de la naturaleza represiva del régimen. El encarcelamiento representa una flagrante afrenta a las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Por su parte, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a pesar de los disturbios ocasionados por el grupo de oficiales cubanos, denunció el encarcelamiento por razones políticas y injustificadas de personas que se atreven a expresar opiniones contrarias a las políticas del gobierno.

Además, señaló que la represión no sólo es manifiesta hacía los ciudadanos dentro del país, sino que exporta su experiencia represiva a toda Latinoamérica, refiriéndose a los casos de Nicaragua y Venezuela, países que bajo injerencia y respaldo cubano han desmantelado progresivamente la democracia del país para sistemáticamente convertirlos en estados de excepción. Así mismo, Almagro señaló que los activistas son encarcelados como medidas tomadas por el gobierno cubano para evitar que la difícil situación de los presos políticos sea conocida por el mundo; intervención que terminó señalando que América Latina está pagando el precio por no atender oportunamente estas situaciones que ponen en riesgo la vida, integridad y derechos de la humanidad.

Por su parte, el Embajador Michael Kozak de la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; agradeció con sarcasmo a los manifestantes por dar muestra explícita de lo que es el respeto por la libertad de expresión y opinión en la isla, e invitó a los espectadores a dimensionar la preocupante situación de violencia en la que se encuentran miles de cubanas y cubanos oprimidos por lógicas como las evidenciadas en la cámara de las Naciones Unidas. “Ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas ¿Pueden imaginarse lo que sucede entonces con esos ciudadanos que hacen uso de su derecho a expresarse con libertad en Cuba?” señaló el Embajador.

Contrario al propósito de los manifestantes, el evento pudo concluirse con las intervenciones de Carlos Quesada del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quien advirtió durante su intervención que el gobierno utiliza varios aspectos de su legislación doméstica para criminalizar a los defensores de derechos, periodistas y cualquier persona que exprese una opinión en contra del gobierno, así como señaló que Cuba debe respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión y liberar a los 139 presos políticos hoy víctimas de funestas condiciones, sometidos a largas jornadas labores y castigos que violentan los derechos fundamentales.

Alejandro González ex preso – político del gobierno Cubano describió la experiencia vivida durante su tiempo de detención e hizo un llamado a solidarizarse con los presos políticos que siguen bajo el régimen; así mismo, indicó la necesidad de trascender en esta voluntad para instar al gobierno cubano permitir la entrada al país de organizaciones de derechos humanos internacionales que monitoreen la delicada situación.  Finalmente, Miriam Cardet Concepción, hermana del prisionero político Dr. Eduardo Cardet Concepción, presentó comentarios a través de un video. No pudo hablar en el evento en persona porque el gobierno cubano no la dejó salir de la isla.

Rechazamos rotundamente los hechos de intolerancia presentados el día de hoy en la sede de las Naciones Unidas y condenamos enérgicamente las constantes violaciones a los derechos de libertad de expresión, prensa, circulación y protesta social a la que son sometidos las y los cubanos, especialmente, activistas, periodistas, defensoras y defensores de Derechos Humanos.  Así mismo, demandamos al Estado cubano liberar a los 139 presos políticos hoy víctimas de múltiples agresiones que degradan y atentan con la integridad de la persona.  Insistimos en la fehaciente necesidad de que Cuba reforme el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal para eliminar la criminalización de la expresión y asegurar que el derecho al debido proceso de todos las y los cubanos sea respetado.

Instamos a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos por la defensa y reconocimiento de los derechos de todo el pueblo cubano. Ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos de cada ciudadano y ciudadana en Cuba y nuestra voluntad por continuar luchando por la liberación de todos los presos políticos del régimen.

Vea aquí transmisión en vivo del evento: http://webtv.un.org/meetings-events/watch/jailed-for-what-plight-of-cubas-political-prisoners-meeting-called-by-the-united-states/5849574028001

COMUNICADO PÚBLICO: Con represión y violencia el régimen de Ortega viola nuevamente el estado de derecho de Nicaragua

Una vez más el gobierno Ortega – Murillo reprimió al pueblo de Nicaragua que pacíficamente se disponía a participar el pasado 14 de octubre, en la marcha cívica “Unidos por la Libertad”, actividad en la que estarían participando activistas y defensores de derechos humanos para exigir paz, justicia y libertad para las y los presos políticos que hoy ascienden a más de 400.

Mientras activistas y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos protestaban pacíficamente exigiendo al régimen de Ortega libertad para las y los presos políticos, antimotines de la Policía fuertemente armados arremetieron violentamente contra las y los manifestantes, argumentando que la movilización se constituía como una actividad instigadora y provocadora, que obstruía el derecho a la tranquilidad y libertad de circulación de las familias nicaragüenses para realizar sus actividades cotidianas; esto según lo expuesto en comunicado oficial de la Policía, en el que se reportaron un total de 38 personas capturadas, de las cuales 8 fueron liberadas horas después. Entre los detenidos están líderes políticos y sociales como Suyen Barahona, Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil dirigente Movimiento Renovador Sandinista y José Antonio Peraza, Director del Movimiento por Nicaragua.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos condena y rechaza enérgicamente la represión y brutalidad en la que incurrió la Policía el día de ayer en contra de activistas y defensores de derechos humanos; así como la censura y hostigamiento contra medios de comunicación nacionales independientes e internacionales que en ejercicio de su labor fueron retenidos.  Todos estos actos se constituyen como una gravísima violación a los legítimos derechos a la protesta social, libertad de expresión y de prensa; así como a la integridad, seguridad y buen trato que merecen las y los nicaragüenses según los tratados que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Constitución nicaragüense.

Con preocupación denunciamos el patrón de crueldad y persecución del régimen de Ortega-Murillo, que se orienta a intimidar a la población para que desista de ejercer su legítimo derecho a manifestarse, lo que transgrede los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses, así como el derecho internacional.  Las amenazas y actos de criminalización, intimidación y censura continúan escalando, lo que evidencia la poca voluntad política del gobierno nacional para tramitar una salida pacífica del conflicto y su afán por instalar de facto un estado de excepción.

Demandamos al gobierno de Nicaragua velar por la seguridad de su pueblo y cesar los actos de crueldad; así mismo, exigimos el respeto por ciudadanos y ciudadanas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentran hoy detenidos.  Exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos injustamente judicializados y de las personas detenidas ayer por ejercer su derecho a la manifestación. Demandamos información sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica a una crisis que ya ha cobrado más de trescientas vidas, más de dos mil personas heridas, centenares de presos políticos y personas desaparecidas.

Actos de violencia y represión en contextos de protesta fueron denunciados por periodistas y defensores sociales nicaragüenses ante la CIDH

Boulder, Colorado. 2 de Octubre de 2018.  Periodistas y defensores de derechos humanos participaron el pasado 2 de octubre en el 169º Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contexto de las protestas sociales.

Desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua se encuentra inmersa en una grave crisis de derechos humanos. Hasta la fecha la respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social, ha sido represiva y violenta. Esta situación se ha ido agravando hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas por medio de un decreto policial emitido el pasado 28 de septiembre. Dicho decreto responsabiliza a la ciudadanía por supuestas agresiones y daños a la policía y a particulares, y además prohibe las manifestaciones públicas y amenaza con procesar judicialmente a quienes las convoquen y participen en ellas; lo que quiere decir, una política de terror para sumar a la desproporcionada cifra de presos políticos del gobierno nacional.

Durante la audiencia pública defensores de derechos humanos y periodistas describieron la evolución de la crisis en Nicaragua, que ha estado atravesada, como se ha mencionado en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por distintas etapas represivas  y niveles de intensidad que obedecen a prácticas violentas contra manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general.  Adicionalmente, se expuso las graves violaciones a la libertad de expresión y libertad prensa, sometidas en el último tiempo a agresiones, intimidación, ataques, robos, persecución y censura.

Según el reporte ofrecido por Marco Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) los grupos paramilitares y para-policiales continúan operando en el territorio en coordinación con la Policía Nacional, quienes además son responsables de más de 320 asesinatos en el país, dentro de los cuales se encuentran 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. En su discurso, Carmona advirtió que más de 3000 personas han resultado heridas y 1500 han sido detenidas arbitrariamente, de las cuales un 90% han sido torturadas con prácticas violentas como golpes, choques eléctricos, extracción de uñas, violencias sexuales, entre otras. “De las 603 personas que todavía continúan detenidas, sólo 203 han sido puestas a orden de un juez acusadas por delitos graves como terrorismo, portación y tenencia ilegal de armas y crimen organizado, a quienes también se le ha violado el derecho a un debido proceso” señaló el representante nicaragüense.

Por otra parte, Carmona indicó que las represalias contras las organizaciones no cesan, por lo que promotores, que incluso gozan de medidas cautelares, se han visto obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas, lo que confirma un estado de indefensión del pueblo y un recrudecimiento de la violencia por los llamados a “mantener el orden público” quienes por orden del jefe de estado están arremetiendo contra quienes tan sólo portan banderas o globos azules y blancos, colores insignia de la bandera nicaragüense.

En su intervención, Patricia Orozco, representante de la radio independiente Onda Local, señaló que ejercer la libertad de expresión y de prensa, legítimo derecho de los periodistas, es un delito para el régimen de Ortega por el hecho de no estar alienados con las políticas dictatoriales de su gobierno. “Los medios de comunicación independientes no escapamos a la política de terror del gobierno. Menos aún las radioemisoras locales, quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales, y paramilitares, por informar lo que sucede” testificó la periodista.

En relación a lo planteado, Joel Hernández, comisionado encargado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad lamentó la ausencia del estado nicaragüense, y su falta de voluntad política para tramitar un diálogo y  la crisis hoy latente en el país.  Además planteó con mucha preocupación que el asedio hacía medios de comunicación y/o periodistas independientes puede constituirse como una cuarta etapa de represión del gobierno de turno, después de las ya denunciadas por la misma Comisión en relación al asesinato, intimidación, señalamiento y amenazas por parte del régimen.

En adición, el Comisionado Hernández, declaró que producto de la visita recientemente realizada al país, de la cuál no recibió respuesta del gobierno nacional, pudo identificar un patrón regular, hallado en los testimonios de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil.  Este patrón está relacionado con los procesos penales, condiciones de internación y centros penitenciarios que enfrentan los presos políticos del régimen. El Comisionado advirtió, que el poder judicial debe ejercer un mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la “alteración del orden constitucional”, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo; acusación utilizada frecuentemente como argumento de enjuiciamientos y sentencia hacía los presos políticos.

En este sentido, Paulo Abrão, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteó con preocupación que se está avizorando en el país una situación muy grave relacionada con la normalización o normatización del conjunto de excepciones a las reglas del estado de derecho.  Según lo planteado por el representante, es necesario estar muy pendientes, pues todo parece apuntar a una intención de transformación de un estado de derecho a un estado de excepción. Así mismo, Abrão señaló que la forma de resolver  la normalización de la excepción, sería respetando la independencia judicial, a través de las denuncias de los jueces por las injerencias y abusos de poder por parte de la policía al no permitir detenciones arbitrarias, lo que a la fecha no está sucediendo.

Sergio León, director de la «La Costenísima» se declaró víctima de constantes amenazas por su labor, alegando que ser periodista hoy representa un gran peligro en el país, especialmente en el Caribe, zona donde fue asesinado el periodista Ángel Gahona, delito por el cual fueron procesados y condenados dos jóvenes afrodescendientes bajo un proceso judicial inconsistente.  En este sentido, Edison Lanza Relator  Especial para la Libertad de Expresión señaló: “La persecución se intensifica pues hay una intención del estado de falsear la realidad a través de una narrativa que no corresponda al contexto nacional para así encubrir un ejercicio de terror”

La Comisionada y Relatora para el Estado de Nicaragua de la Comisión IDH, Antonia Urrejola, hizo un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a no tomar represalias contra las personas partícipes en la audiencia, por lo que instó velar por su protección.

Representantes de la sociedad civil presentes en la audiencia pública solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Además, pidieron que la CIDH inste al gobierno a cesar de inmediato la represión contra el pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social.  Así mismo, se solicitó instar al gobierno cesar el acoso, intimidación, ataques físicos y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales.  Por otra parte,  se solicitó  al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos, otorgar oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos y finalmente, que la Comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares.

Vea audiencia completa aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=XECN6lLBEUU&t=2063s 

Líderes y lideresas cubanas denuncian actos de criminalización del Estado Cubano en el 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Boulder, Colorado. 1 de Octubre de 2018.  Periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos cubanos participaron del 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el pasado 1 de octubre.  Durante el espacio víctimas de violencia, represión, criminalización y hostigamiento describieron ante comisionados de la CIDH las prácticas utilizadas por el estado cubano para silenciar sus voces de denuncia.

Según cifras ofrecidas por organizaciones sociales en Cuba, aproximadamente 1.633 casos de detención arbitraria se han registrado hasta el mes de agosto del año en curso, de los cuales un 1.129 actos de detención bajo uso desmedido de la fuerza fue contra mujeres y 504 contra hombres. El gobierno continua usando tácticas represivas, como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje e intimidación.

 

Durante la Audiencia Pública activistas cubanos denunciaron que las autoridades cubanas, amparados por el Código Penal y el Código Procedimental Penal, tiene poder de sancionar a opositores sin necesidad dar suficientes justificaciones, lo que quiere decir, que en la mayoría de ocasiones las detenciones se dan sin órdenes judiciales que argumenten legalmente las razones de dichas detenciones. En adición, se denunció que muchas de las figuras de los delitos en el Código Penal son ampliamente definidas, por lo que permiten interpretaciones múltiples, que, para este caso, son utilizadas para desfavorecer la libertad de expresión y/o opinión no alienadas con el gobierno.

Aunque en repetidas ocasiones las y los activistas han tenido oportunidad de denunciar las agresiones, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias e intimidación a la sociedad civil por parte del Estado Cubano ante organismo internacionales, la situación sigue vigente en la isla y se incrementa; como es el caso de la organización Damas de Blanco, grupo de mujeres altamente criminalizadas y agredidas por su participación en espacios de protesta por la liberación de los 140 presos políticos que sufren en las más de 200 cárceles del país. Frente a esta situación, el comisionado Joel Hernández, relator encargado para las Personas Privadas de Libertad, aplaudió la valentía de los exponentes además de mencionar que las condiciones en las que se encuentran presos políticos en Cuba violentan indiscriminadamente los derechos humanos básicos de cualquier individuo.   Actualmente son cinco Damas de Blanco las que se encuentran cumpliendo prisión y muchas otras bajo la tensión de ser acusadas o encarceladas en cualquier momento, anunció Blanca Reyes representante de las Damas de Blanco y una de sus fundadoras.

 

 

Por su parte, Pablo Díaz, director del medio de comunicación independiente Diario de Cuba denunció la represión hacía medios de comunicación, que según considera, se ha incrementado debido a los procesos de coyuntura nacional relacionados con espacios de transformación, como el traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel y la reforma constitucional; y de la sensible exposición o atención de la comunidad internacional hacía el país como la Cumbre de las Americas y el Examen Periódico Universal (EPU); razón por la cual, las denuncias anunciadas por medios de comunicación independientes resultan desestabilizar el “orden nacional” que el régimen intenta mantener.  Así mismo, el representante del periódico cubano, anunció que los nuevos patrones en la represión a periodistas, con respecto a períodos anteriores, responden al afán de no dejar “huella jurídica”, lo que quiere decir que se abordan procedimientos judiciales ilegales que permitan acallar voces y que a su vez no provoquen la pérdida de crédito internacional: “una represión que a menudo viola incluso las propias normas ya de por sí abusivas del régimen”, señaló Díaz.   En el video a continuación periodistas ejemplifican diferentes violaciones sufridas por autoridades por el hecho de ejercer un periodismo no alienado con las lógicas del gobierno nacional.

 

 

En su intervención la comisionada Esmeralda Arosemena lamentó la ausencia del Estado Cubano, parte importante en el proceso de reconocimiento del estado de derechos de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; pues hasta la fecha, las declaraciones ofrecidas por representantes del estado Cubano en otros espacios, se ha considerado quienes están en contra de las lógicas del régimen como “mercenarios” de fuerzas extranjeras que intentan corromper las dinámicas socio-políticas del país, por tanto, sus actuaciones están, según el código penal del país, al margen de la ley.  Así mismo, la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Cuba indagó a la audiencia sobre las posibilidades de nuevos escenarios de cara al proceso de reforma electoral y constitucional, aspecto frente al cual el director de Diario de Cuba advirtió: “No vemos una luz a la salida del túnel, pues lo que está teniendo lugar es un traspaso de poder a dedo, por esto nuestra opinión no es más que un traje a la medida para condicionar o amoldar a sus intereses».   Finalmente, El relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza admiró la labor periodística que realizan los medios independientes en Cuba a pesar del bloqueo del estado a medios independientes y manifestó interés en poder realizar un reporte detallado de la situación de libertad de expresión en la isla, pues hasta la fecha por las condiciones gubernamentales esto no ha sido posible.

Entre las recomendaciones propuestas por el grupo de representantes cubanos presentes en la Audiencia se solicitó a la Comisión Interamericana de derechos instar al estado cubano garantizar la libre circulación quienes pretendan salir de la isla, además de solicitar al gobierno permitir al libre acceso a internet a los ciudadanos de la isla y levantar el bloqueo a los medios independientes; así mismo, se solicitó a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de pronuncie sobre los presos políticos en Cuba y la Relatoría de los Derechos de las Mujeres lo haga sobre las Damas de Blanco. Por otra parte, las y los peticionarios instaron a la Comisión adoptar el término “criminalización del ejercicio periodístico” para denominar las represiones bajo las cuales el gobierno cubano obstaculiza las labores de informadores; y finalmente, se solicitó que la comisión en colaboración con activistas cubanos diseñe estrategias para incidir efectivamente para que Cuba haga parte del Sistema Interamericano.

Vea el video de la audiencia pública completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uNkdElQwPNM&feature=youtu.be 

Denuncias ante la CIDH de incumplimiento de más de 10 años del Estado de Colombia para proteger derechos de comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

Boulder, Colorado. 3 de Octubre de 2018. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la persistencia de la crisis humanitaria vivida por las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano para implementar medidas de protección y reparación para las mismas.

Según Pedro Cortés, representante de la Organización Raza e Igualdad para Colombia, hace más de 10 años AFRODES denunció ante la CIDH las graves afectaciones que tenía el conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas que estaban siendo desplazadas, así como se había advertido que de no adoptarse políticas públicas con enfoque diferenciales la situación empeoraría. Situación que, de acuerdo a lo señalado por el vocero de Raza e Igualdad, sucedió, pues después de una década, estas comunidades, que representan al menos el 25% de la población desplazada del país (es decir, al menos 2 millones), se constituyen en el mayor grupo de víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente, la mayoría de ellos viven en zonas marginales de las grandes ciudades, en contextos caracterizados por las dinámicas de violencia que se siguen registrando aun con la implementación del Acuerdo de Paz.

Martha Jordan, lideresa de AFRODES en Cali, caracterizó durante la audiencia las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes de estas comunidades afrocolombianas que viven en esos contextos dominados por estructuras criminales asociadas al microtráfico. Problemáticas como la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado vienen violando los derechos de las NNA afrocolombianos. “Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas, demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la no repetición, pues continúa la destrucción de las condiciones de la nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas, y jóvenes, que debían ser la generación de la esperanza, están siendo aniquiladas física y culturalmente”, señaló la representante de AFRODES.

Por su parte, Luz Marina Becerra, secretaria de AFRODES y coordinadora de Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “LA COMADRE”, recordó el reconocimiento que ya se tiene sobre los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, y con base en el cual la Corte Constitucional de Colombia expidió ordenes específicas (Auto 092/2008) hace más de 10 años para que el gobierno de Colombia implementara un programa específico. Becerra demostró que dichas órdenes no se ha cumplido. Adicionalmente, el Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE, tampoco se ha venido implementado como es debido. El incumplimiento sistemático del gobierno colombiano ha contribuido a que se siga profundizado la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado.

En este sentido, Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de AFRODES, demostró ante la CIDH la persistencia de situaciones de riesgo que enfrentan líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas desplazadas en contextos urbanos. Destacó, además,  que en medio del contexto de cientos de asesinatos de líderes sociales que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz, se están repitiendo patrones de amenazas que han antecedido asesinatos como el del fiscal de AFRODES Bernardo Cuero. La vicepresidenta de AFRODES enfatizó sobre el nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación de medidas de protección colectiva para organizaciones como AFRODES, inconsistencias que continúan profundizando el riesgo de líderes y lideresas,  e impidiendo que puedan desarrollar su labor comunitaria.

Para enfrentar las situaciones que violentan los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las grandes ciudades, las recomendaciones de AFRODES se enfocan en que el gobierno colombiano implemente de manera diligente las ordenes que la Corte Constitucional expidió hace más de 10 años; específicamente, los planes y programas ordenados por el Auto 005 de 2009 y 092 de 2008. Así mismo, enfatizaron en la necesidad de implementar un programa específico dirigido a NNA afrocolombianos y de garantizar la implementación del Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE.

En relación a las problemáticas planteadas por AFRODES y Raza e Igualdad durante la audiencia, los representantes del Estado de Colombia no respondieron de manera específica, pues se limitaron a reportar cifras sobre avances de algunos programas que se relacionan con comunidades afrocolombianas, pero no con aquellas comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en zonas marginales de las grandes ciudades. Además, no ofrecieron valoración alguna sobre el estado de implementación de las órdenes del Auto 05/2008 y 092/2008, como tampoco fueron precisos en el reporte que hacen sobre los procesos de diálogo y concertación con AFRODES y la COMADRE.

Los comisionados de la CIDH que presidieron la audiencia, destacaron en sus intervenciones la gravedad y complejidad de las causas e impactos del desplazamiento forzado sobre las comunidades afrocolombianas. Así mismo, enfatizaron en la prioridad que el gobierno colombiano debe asignar a la atención de estas comunidades a través de todos los mecanismos institucionales que se han construido. Por tal razón, solicitaron al Estado de Colombia suministrar información más completa y detallada sobre estos mecanismos.

Raza e Igualdad valora positivamente los resultados de la audiencia en términos de la oportunidad que tuvo la CIDH para volver a prestar atención a unas comunidades afrocolombianas que vienen siendo invisibilizadas dentro del contexto de violación a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, resultan muy preocupantes las respuestas del gobierno de Colombia en cuanto a la baja prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos y medidas que tienen más de 10 años de ordenadas. Raza & Igualdad continuarán apoyando a AFRODES en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos derivados de esta audiencia.

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Aníbal Toruño – Radio Darío «La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene sus días contados»

«La resistencia. Lo único que podemos hacer en este momento es resistir, resistir y resistir, pacíficamente resistir» Aníbal Toruño – Radio Darío

 

La situación de violencia y represión que se vive en Nicaragua es cada vez más errática, tras la expulsión del grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH) y los múltiples llamados de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) nuevas formas de represión se perpetúan en el territorio, incluso, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes de cerca han logrado ver la barbarie de los actos represivos que hoy atentan contra la vida, integridad y respeto de los derechos humanos de la población nicaragüense; además de la poca disposición al diálogo y casi nula voluntad política del gobierno de turno.

Pese a los innumerables llamados de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional que convocan al gobierno nacional a cesar la represión, criminalización y hostigamiento hacía la población que se manifiesta pacíficamente para poner fin a la guerra que se vive ya hace casi 6 meses y que ha dejado un saldo de más de 450 muertos, 2000 heridos y 355 presos políticos, según las cifras ofrecidas por organizaciones de derechos humanos del país, el pasado viernes 28 de septiembre, la policía nacional, publicó un comunicado en el que califica como «ilegales» las protestas del pueblo contra las políticas de Daniel Ortega y advierte a organizadores de dichas manifestaciones que «responderán ante la justicia» por promover concentraciones y movilizaciones públicas ilegales, que alteran el orden público, promuevan acciones ofensivas y delictivas que atentan contra el trabajo y la vida de las familias nicaragüenses.

La posibilidad de retornar a un diálogo nacional, la concertación y el cese de la violencia, no se ven muy claros en el panorama, el gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo carece de voluntad política y un diálogo nacional que posibilite la construcción de una paz estable y duradera en el país; por el contrario, Ortega y Murillo han recurrido, a varias estrategias represivas, como lo han sido la llamada «Operación Limpieza» en la que grupos policiales, parapoliciales y civiles afines al gobierno con armas de gran calibre arremetieron contra los barricadas construidas por la sociedad civil para defenderse de los ataques de grupos armados del orteguismo; además de la toma de tierras, estrategia utilizada como represalia hacía sector privado que ahora se opone al gobierno; la violencia contra representantes de la Iglesia Católica actores claves de mediación para lograr la justicia y democratización del país, y recientemente, las detenciones arbitrarias que deja una cifra alarmante de presos políticos que se encuentran en las principales cárceles del país bajo tortura y deplorables condiciones de higiene y atención médica. Todas estas acciones represivas para volver al denominado «orden nacional» lo único que han ocasionado es una agudización del conflicto y, por tanto, violaciones a la libertad de expresión del pueblo, criminalización a la protesta social y un temor que se extiendo en toda Nicaragua.

Mientras tanto, la sensación generalizada, de la comunidad internacional, y de la sociedad civil, organizaciones de estados y organizaciones no gubernamentales gira en torno a preguntas como: ¿Qué más tiene que pasar? o en definitiva ¿Qué debería pasar para que la paz retorne a la República de Nicaragua? ¿Qué hacer para cesar las muertes y detenciones arbitrarias? Ciertamente la respuesta de Ortega y Murillo hasta la fecha ha sido desalentadora e indignante, justamente porque las muertes que se han dado en el contexto de la represión siguen impunes, y la responsabilidad continúa siendo conferida a «fuerzas extranjeras» que valiéndose de elementos internos en el territorio quieren acabar con la paz del país y su soberanía; excusas bastantes comunes que ofrecen otros regímenes dictatoriales, pero que no responden al clamor de justicia de las familias, de tantos jóvenes, niños y niñas y civiles asesinados como resultado de la represión por parte del régimen de Ortega y Murillo que no han querido aceptar atender las causas estructurales que motivaron las protestas los últimos meses en Nicaragua.

Consternados por el desenlace de este mal capítulo en la historia de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos conversó con Anibal Toruño, director de Radio Darío, quien ha sido víctima directa de agresión, hostigamiento y amenazas por parte de los simpatizantes y promotores de esta escalada de violencia y quien hoy cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En su análisis Aníbal logra identificar una clara estrategia de guerra por parte de Daniel Ortega, estrategia de exterminio utilizada para ganar tiempo y así poder configurar mejores condiciones de negociación para salir del poder.

¿Cómo describe usted la actitud que el gobierno nacional ha asumido frente a toda la ola de violencia que vive su país?

Daniel Ortega está acostumbrado a llevar las cosas al margen del abismo, cuando salió en su discurso y dijo que no iba a adelantar elecciones básicamente estaba apostando a llevar las cosas al margen del abismo, para eso tuvo que haber matado en Jinotepe y en Diriamba más de 30 personas adicionales, más de 100 heridos, para eso tuvo que haber avasallado a los Obispos al Cardenal y a el Nuncio, Ortega negocia con hierro, él es un tipo oscuro, maquiavélico, que quiere llegar en algún momento a negociar su transición de poder, porque él sabe que ya no podrá volver a las lógicas de manipulación que utilizaba antes del 18 de Abril, por eso su transición, la quiere negociar en unos términos que sean más cerca de lo que él quiere y más lejos que de lo que nosotros deseamos.

¿Cómo cree que Daniel Ortega está intentando negociar esto que usted denomina «transición de poder»?

Daniel sabe que no hay posibilidad de volver al poder, él sabe que sus días ahí están contados, no hay vuelta atrás, lo que él está haciendo es utilizar una horrible estrategia de muerte, sangre y dolor para tener una mejor posición y así poder negociar tres cosas: 1. Su impunidad; 2: Cuotas de poder y, finalmente 3: La protección de sus intereses económicos dentro de Nicaragua. El lapso de tiempo en el que él jugó un poco con el diálogo lo utilizó para armar ese ejército de muerte que hoy actúa impunemente y desgobierna, porque hoy mandan las camionetas de la muerte con los paramilitares, para-policía y turbas del miedo.»

¿Cuál cree que es el panorama nacional e internacional con el que está jugando Daniel Ortega? ¿Cómo lo describiría?

El regreso al pasado, sabe que no lo tiene, sabe que no va a tener financiamiento del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni del BID, como tampoco financiamiento de la Unión Europea, de ningún organismo internacional, por tanto, la economía va a «pique» total y complemente, la economía en mi país está básicamente paralizada; la ley Global Magnitsky está jugando en su contra, ésta ya empezó a afectar a su círculo más interno, entre ellos Francisco López y Fidel Moreno, que como ya lo vimos fueron sancionados por la ley, esta es la estrategia que Estados Unidos está utilizando para presionar al gobierno nacional.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) le ha puesto una salida única la cual son elecciones adelantadas, no sé, pero a mí me da la sensación de que hay un entorno, una especie de tijera de los países democráticos del mundo, como para poderlo presionar para que entre en una negociación final, y él ha decidido que para entrar en esa negociación final tiene que fortalecer sus posiciones y decidió que a través de la violencia, el miedo, como lo que hoy estamos viviendo con la detención de más de 300 nicaragüenses sentenciados a puerta cerrada, y las formas de hacer «limpieza» como lo hizo con las barricadas, eso supuestamente, según mi análisis, le va a dar una mejor posición de negociación.

¿Según el análisis de contexto que hace anteriormente qué cree que puede pasar en Nicaragua?

Yo quiero reiterar que Daniel Ortega se va porque se va del poder; lo que habría que ver es en el desarrollo de los acontecimientos, qué tanto se puede hacer en la negociación para que sea de frente al pueblo o de la nación, y así ver si podemos hacer un proceso que nos lleve finalmente a alcanzar elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Yo no veo una revolución armada que venga a tratar de derrocar a Daniel ortega porque aquí no hay armas, aquí lo que hay es una resistencia cívica, social contra Daniel Ortega y eso hasta cierto punto es un proceso bien complejo, bien complejo porque Daniel Ortega tiene todo el aparato militar y la infraestructura la fuerza, y desde luego nosotros estamos poniendo los muertos, es indudable, sería un error, armar o pensar que se resolvería armando a la resistencia, eso es un error, debe mantenerse en un sistema de resistencia social, pacífica, utilizando los recursos de herramientas y defensas que se nos permita dentro de ese marco, y seguir adelante y es una lucha de desgaste… así como se le termina el tiempo a Daniel Ortega se nos termina a nosotros, estamos claros en eso.

Pero estratégicamente yo lo veo en tres tomos, tres perspectivas. Un primer tomo, que me duele mucho de admitir, es con mi pueblo resistiendo, pacíficamente, una estrategia de guerra, sangre y muerte de Daniel Ortega que lucha a través de la violencia, la muerte y la represión por tener un mejor escenario para el poder negociar mejor sus condiciones; para después en un segundo tomo o momento, llegar a elecciones adelantadas transparentes, refundando el estado, separación de poderes; y finalmente o tercer tomo, tendría que ser aterrizar esta primera y segunda parte, para que de manera pragmática y efectiva se logre alcanzar la justicia respecto de los asesinatos, del genocidio, de la corrupción; entonces sería ver como desde ese nuevo gobierno confrontar ante la justicia nacional e internacional los responsables materiales e intelectuales de estos actos atroces de muerte.

¿Qué papel jugaría la comunidad internacional en todo este proceso de negociación?

Ortega ya ha hecho lo necesario para sacar a los grupos de trabajo de la Unión Europea y aunque no ha sacado a la Comisión Interamerican de Derechos Humanos, no los deja hacer mucho, ha cerrado mucho las puertas, sin embargo, el papel que considero debe jugar la comunidad internacional es seguir acompañando a una población que está en completo estado de desprotección, además de seguir ejerciendo presión al gobierno, documentando, exponiendo en todas las tarimas internacionales las atrocidades que están pasando en Nicaragua y finalmente poder dar seguimiento al proceso de refundación del estado y penalización para los responsables.

No veo viable, por la manera como están diseñados los organismos internacionales hasta este momento, la presencia de un ejército o brazo armado internacional que instigue al Estado a parar; lo único que veo es que, presionado por un mundo democrático, Daniel Ortega ceda al diálogo; esa es su única salida y nuestra única salida.

¿Cuáles son las alternativas entonces que tiene el pueblo nicaragüense en este momento?

La resistencia. Lo único que podemos hacer en este momento es resistir, resistir y resistir, pacíficamente resistir – Daniel Ortega escogió la violencia, la muerte, y la represión para tener una posición más fortalecida para poder regresar al diálogo con más fortaleza y poder negociar su impunidad, su cuota de poder y los temas económicos. Creo que también hay que recurrir a la perseverancia de los organismos internacionales del mundo democrático, bloqueo económico total y completo para Nicaragua donde no exista financiamiento alguno, aplicación de la Ley Magnitsky en toda su extensión para los corruptos y para aquellos que han matado a tantos nicaragüenses y finalmente una mesa de diálogo efectiva y verdaderamente democrática.

Lo deseoso y lo deseado es que Daniel Ortega se vaya de Nicaragua de una vez y para siempre, eso lo deseamos todos, veremos a ver si en el proceso y el pragmatismo, entre lo que podemos, entre nuestro sentimiento, y la realidad podemos hacerlo, pero indudablemente la solicitud de un mundo democrático, de sociedad democrática internacional que presione que bloquee, que hagan todo lo que esté humanamente al alcance para que nosotros podamos alcanzar un punto en el que Daniel Ortega acepte salir democráticamente de este país, el regreso a ese pasado que él construyó a fuerza de un régimen totalitario no va a volver a suceder en Nicaragua

Raza e Igualdad participa del 169º Período de Audiencias Públicas de la CIDH de la mano de organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua

En compañía de más de 20 organizaciones el Instituto Internacional sobre Raza, igualdad y Derechos Humanos participará del 1 al 5 de octubre del “169º período de sesiones de Audiencias Públicas” realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Colorado ubicada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos.

Para este período de sesiones, Raza e Igualdad participará de tres (3) audiencias públicas solicitadas por organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua, con el fin de exponer ante relatores de la Comisión IDH y la comunidad internacional las situaciones de derechos humanos que enfrentan cada uno de estos países.  Para el caso de Cuba y Nicaragua las audiencias están orientadas a exponer los casos de criminalización y represión hacía activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales de sus países en medio de la crisis política desatada hasta la fecha; y en el caso de Colombia la audiencia está orientada a describir y denunciar la situación de derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos de sesiones al año, oportunidades en que coinciden cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, así como delegaciones de los Estados constituidas por altas autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento de la CIDH, las audiencias son públicas y los interesados pueden asistir libremente, sin necesidad de registro previo.  Las audiencias son transmitidas en línea en varios idiomas a través de la página oficial de la CIDH.

A continuación presentamos el cronograma de audiencias públicas de Colombia, Cuba y Nicaragua en las que Raza e Igualdad acompañará.

ORTEGA PROMUEVE ABIERTAMENTE LA IMPUNIDAD EN NICARAGUA AL ORDENAR SALIDA DE LA OACNUDH

Después de la emisión el 29 de agosto de 2018 del contundente informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”,  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que evidencia sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pide la creación de una Comisión Internacional que asegure la justicia y reparación para las víctimas, Daniel Ortega, a través de la Cancillería nicaragüense, ha ordenado la salida del país del  los miembros de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Raza e Igualdad condena rotundamente esta decisión del gobierno de turno que se constituye como un precedente negativo de cara a la situación actual que vive el país y que además pone en evidencia la renuencia del gobierno al escrutinio internacional acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido del 18 de abril a la fecha.Con extrema preocupación vemos como las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte que confirman el estado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo nicaraguense, especialmente aquellos hoy perseguidos, amenazados, señalados y detenidos arbitrariamente por el régimen.  

 Esta declaración del gobierno evidencia el desinterés del mismo para reanudar un diálogo nacional pacífico y democrático que permita superar la crisis y sus consecuencias, como también, pone de manifiesto un claro rechazo a las recomendaciones hasta la fecha propuestas por los grupos de trabajo de los organismos internacionales presentes en el territorio que instan, entre otros, a poner fin al acoso, intimidación, persecución, represión a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y manifestantes en contra de la represión  por parte del régimen.   

 Instamos al gobierno de Daniel Ortega poner fin a la represión y  flagrantes violaciones a los derechos humanos para superar la crisis que ha dejado en los últimos cuatro  meses más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas, centenares de detenidos arbitrariamente  y miles de  desplazados.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a miembros participantes por el Sector Privado en la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia en el Diálogo Nacional en Nicaragua

Transcurridos 107 días de la ola de violencia, represión, amenazas y hostigamientos que vive el pueblo Nicaraguense a manos de turbas sandinistas, grupos para-policiales y paramilitares; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó el pasado 2 de Agosto del 2018 medidas cautelares a miembros representantes del Sector Privado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentes en el Diálogo Nacional por Nicaragua, quienes habrían sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, desprestigios y señalamientos por grupos afines al gobierno de turno. 

Los solicitantes Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como de sus familiares, quienes fueron identificados en el procedimiento, señalaron en la denuncia presentada ante la Comisión IDH que desde inicios del diálogo nacional habrían sido objeto de amenazas por parte de periodistas de medios de comunicación afines al gobierno y por parte de otros actores anónimos que buscarían intimidarlos.   Así mismo, declararon amenazas explícitas a través de mensajes de “whatsapp” que los señalarían como “mafiosos” “delincuentes” y “militantes sandinitas”.  Entre las denuncias de los beneficiarios también se especificaron amenazas de muerte, quema e invasión de propiedades, como es el caso de Michael Edwing Healy Lacayo presidente de la de la Unión de Productores Agropecuaríos de Nicaragua (UPANIC), víctima de expropiación de su Hacienda de manera violenta por parte de agresores, quienes hasta la fecha de radicación de esta resolución estarían disponiendo de la cosecha de plátano del terreno.   Así mismo, se enunciaron amenazas al buen nombre, calumnias e injurias públicas que declararían a los solicitantes de medidas cautelares como “terroristas” o “asesinos”.  Por otra parte, se pusieron en evidencia amenazas a través de teléfonos y correos electrónicos propios de los beneficiarios, que habrían sido puestos de conocimiento público; además de hostigamiento, persecución e intimidación por parte de simpatizantes del gobierno.    

 Tal y como se expresa en la resolución 58/2018 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la información presentada demuestra que los derechos a la vida y la integridad personal de los solicitantes, incluidos los de sus familiares, se encuentran en situación de gravedad y urgencia”.  Por tal razón, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH se solicitó al gobierno de Nicaragua velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los solicitantes, así como asegurar que los agentes de Estado respeten los derechos de los beneficiarios y los que estén relacionados con actos de riesgo atribuibles a terceros.  Finalmente, la Comisión solicita informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y evitar su repetición.  

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condena los actos de violencia, represión, hostigamiento, detención arbitraria, desaparición y criminalización de los defensores, defensoras y activistas de derechos humanos que hoy se vive en el país por parte del gobierno de turno.  Coherentes con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos Raza e Igualdad continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida del pueblo.  

¡LA MUERTE DEL DEFENSOR BERNARDO CUERO BRAVO SIGUE IMPUNE!

Julio 26 de 2018 – Por vencimiento de términos de quien sería su presunto asesino, el fallecido defensor de derechos humanos Bernardo Cuero Bravo fue citado a audiencia el próximo 9 de Agosto de 2018.  (Ampliar noticia:  https://www.elheraldo.co/judicial/insolito-juzgado-cita-al-difunto-bernardo-cuero-para-que-asista-audiencia-de-su-presunto)

Tras su asesinato el pasado 7 de Junio de 2017 la muerte del defensor afrodescendiente ha permanecido impune, no sólo por las causas que anteceden a este hecho, que da cuenta de la frivolídad de una guerra aún presente en los territorios y la desidia de un gobierno que insiste en negar una violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de aquellos que luchan en y por el territorio, sino por todas y cada una de las omisiones de parte de instituciones estatales encargadas de penalizar y condenar a los responsables, que hoy se traducen en una violación inminente a los derechos humanos y la revictimización del ya fallecido Bernardo Cuero y su familia, quienes sorprendidos por el insólito hecho hoy reclaman justicia y verdad.

Estos hechos que transgreden y agudizan el dolor de un pueblo, una familia y toda una nación, son la muestra de una sistemática violación y olvido de un estado indiferente al dolor de toda una sociedad. La vida de Bernardo Cuero representó la voz del pueblo afrodescendiente historicamente olvidado y condenado por la inacción de un gobierno descriminador, corrupto y violento.

Como Instituto que vela por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, rechazamos rotundamente esta situación y lamentamos los hechos a los que la familia Cuero Bravo y todo el pueblo afrodescendiente se enfrenta nuevamente, víctima de una guerra que aleja cada vez más la esperanza por construir una paz estable y duradera.

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