COMUNICADO PÚBLICO: Con represión y violencia el régimen de Ortega viola nuevamente el estado de derecho de Nicaragua

COMUNICADO PÚBLICO: Con represión y violencia el régimen de Ortega viola nuevamente el estado de derecho de Nicaragua

Una vez más el gobierno Ortega – Murillo reprimió al pueblo de Nicaragua que pacíficamente se disponía a participar el pasado 14 de octubre, en la marcha cívica “Unidos por la Libertad”, actividad en la que estarían participando activistas y defensores de derechos humanos para exigir paz, justicia y libertad para las y los presos políticos que hoy ascienden a más de 400.

Mientras activistas y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos protestaban pacíficamente exigiendo al régimen de Ortega libertad para las y los presos políticos, antimotines de la Policía fuertemente armados arremetieron violentamente contra las y los manifestantes, argumentando que la movilización se constituía como una actividad instigadora y provocadora, que obstruía el derecho a la tranquilidad y libertad de circulación de las familias nicaragüenses para realizar sus actividades cotidianas; esto según lo expuesto en comunicado oficial de la Policía, en el que se reportaron un total de 38 personas capturadas, de las cuales 8 fueron liberadas horas después. Entre los detenidos están líderes políticos y sociales como Suyen Barahona, Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil dirigente Movimiento Renovador Sandinista y José Antonio Peraza, Director del Movimiento por Nicaragua.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos condena y rechaza enérgicamente la represión y brutalidad en la que incurrió la Policía el día de ayer en contra de activistas y defensores de derechos humanos; así como la censura y hostigamiento contra medios de comunicación nacionales independientes e internacionales que en ejercicio de su labor fueron retenidos.  Todos estos actos se constituyen como una gravísima violación a los legítimos derechos a la protesta social, libertad de expresión y de prensa; así como a la integridad, seguridad y buen trato que merecen las y los nicaragüenses según los tratados que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Constitución nicaragüense.

Con preocupación denunciamos el patrón de crueldad y persecución del régimen de Ortega-Murillo, que se orienta a intimidar a la población para que desista de ejercer su legítimo derecho a manifestarse, lo que transgrede los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses, así como el derecho internacional.  Las amenazas y actos de criminalización, intimidación y censura continúan escalando, lo que evidencia la poca voluntad política del gobierno nacional para tramitar una salida pacífica del conflicto y su afán por instalar de facto un estado de excepción.

Demandamos al gobierno de Nicaragua velar por la seguridad de su pueblo y cesar los actos de crueldad; así mismo, exigimos el respeto por ciudadanos y ciudadanas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentran hoy detenidos.  Exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos injustamente judicializados y de las personas detenidas ayer por ejercer su derecho a la manifestación. Demandamos información sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica a una crisis que ya ha cobrado más de trescientas vidas, más de dos mil personas heridas, centenares de presos políticos y personas desaparecidas.

Actos de violencia y represión en contextos de protesta fueron denunciados por periodistas y defensores sociales nicaragüenses ante la CIDH

Boulder, Colorado. 2 de Octubre de 2018.  Periodistas y defensores de derechos humanos participaron el pasado 2 de octubre en el 169º Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contexto de las protestas sociales.

Desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua se encuentra inmersa en una grave crisis de derechos humanos. Hasta la fecha la respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social, ha sido represiva y violenta. Esta situación se ha ido agravando hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas por medio de un decreto policial emitido el pasado 28 de septiembre. Dicho decreto responsabiliza a la ciudadanía por supuestas agresiones y daños a la policía y a particulares, y además prohibe las manifestaciones públicas y amenaza con procesar judicialmente a quienes las convoquen y participen en ellas; lo que quiere decir, una política de terror para sumar a la desproporcionada cifra de presos políticos del gobierno nacional.

Durante la audiencia pública defensores de derechos humanos y periodistas describieron la evolución de la crisis en Nicaragua, que ha estado atravesada, como se ha mencionado en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por distintas etapas represivas  y niveles de intensidad que obedecen a prácticas violentas contra manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general.  Adicionalmente, se expuso las graves violaciones a la libertad de expresión y libertad prensa, sometidas en el último tiempo a agresiones, intimidación, ataques, robos, persecución y censura.

Según el reporte ofrecido por Marco Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) los grupos paramilitares y para-policiales continúan operando en el territorio en coordinación con la Policía Nacional, quienes además son responsables de más de 320 asesinatos en el país, dentro de los cuales se encuentran 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. En su discurso, Carmona advirtió que más de 3000 personas han resultado heridas y 1500 han sido detenidas arbitrariamente, de las cuales un 90% han sido torturadas con prácticas violentas como golpes, choques eléctricos, extracción de uñas, violencias sexuales, entre otras. “De las 603 personas que todavía continúan detenidas, sólo 203 han sido puestas a orden de un juez acusadas por delitos graves como terrorismo, portación y tenencia ilegal de armas y crimen organizado, a quienes también se le ha violado el derecho a un debido proceso” señaló el representante nicaragüense.

Por otra parte, Carmona indicó que las represalias contras las organizaciones no cesan, por lo que promotores, que incluso gozan de medidas cautelares, se han visto obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas, lo que confirma un estado de indefensión del pueblo y un recrudecimiento de la violencia por los llamados a “mantener el orden público” quienes por orden del jefe de estado están arremetiendo contra quienes tan sólo portan banderas o globos azules y blancos, colores insignia de la bandera nicaragüense.

En su intervención, Patricia Orozco, representante de la radio independiente Onda Local, señaló que ejercer la libertad de expresión y de prensa, legítimo derecho de los periodistas, es un delito para el régimen de Ortega por el hecho de no estar alienados con las políticas dictatoriales de su gobierno. “Los medios de comunicación independientes no escapamos a la política de terror del gobierno. Menos aún las radioemisoras locales, quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales, y paramilitares, por informar lo que sucede” testificó la periodista.

En relación a lo planteado, Joel Hernández, comisionado encargado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad lamentó la ausencia del estado nicaragüense, y su falta de voluntad política para tramitar un diálogo y  la crisis hoy latente en el país.  Además planteó con mucha preocupación que el asedio hacía medios de comunicación y/o periodistas independientes puede constituirse como una cuarta etapa de represión del gobierno de turno, después de las ya denunciadas por la misma Comisión en relación al asesinato, intimidación, señalamiento y amenazas por parte del régimen.

En adición, el Comisionado Hernández, declaró que producto de la visita recientemente realizada al país, de la cuál no recibió respuesta del gobierno nacional, pudo identificar un patrón regular, hallado en los testimonios de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil.  Este patrón está relacionado con los procesos penales, condiciones de internación y centros penitenciarios que enfrentan los presos políticos del régimen. El Comisionado advirtió, que el poder judicial debe ejercer un mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la “alteración del orden constitucional”, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo; acusación utilizada frecuentemente como argumento de enjuiciamientos y sentencia hacía los presos políticos.

En este sentido, Paulo Abrão, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteó con preocupación que se está avizorando en el país una situación muy grave relacionada con la normalización o normatización del conjunto de excepciones a las reglas del estado de derecho.  Según lo planteado por el representante, es necesario estar muy pendientes, pues todo parece apuntar a una intención de transformación de un estado de derecho a un estado de excepción. Así mismo, Abrão señaló que la forma de resolver  la normalización de la excepción, sería respetando la independencia judicial, a través de las denuncias de los jueces por las injerencias y abusos de poder por parte de la policía al no permitir detenciones arbitrarias, lo que a la fecha no está sucediendo.

Sergio León, director de la «La Costenísima» se declaró víctima de constantes amenazas por su labor, alegando que ser periodista hoy representa un gran peligro en el país, especialmente en el Caribe, zona donde fue asesinado el periodista Ángel Gahona, delito por el cual fueron procesados y condenados dos jóvenes afrodescendientes bajo un proceso judicial inconsistente.  En este sentido, Edison Lanza Relator  Especial para la Libertad de Expresión señaló: “La persecución se intensifica pues hay una intención del estado de falsear la realidad a través de una narrativa que no corresponda al contexto nacional para así encubrir un ejercicio de terror”

La Comisionada y Relatora para el Estado de Nicaragua de la Comisión IDH, Antonia Urrejola, hizo un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a no tomar represalias contra las personas partícipes en la audiencia, por lo que instó velar por su protección.

Representantes de la sociedad civil presentes en la audiencia pública solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Además, pidieron que la CIDH inste al gobierno a cesar de inmediato la represión contra el pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social.  Así mismo, se solicitó instar al gobierno cesar el acoso, intimidación, ataques físicos y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales.  Por otra parte,  se solicitó  al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos, otorgar oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos y finalmente, que la Comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares.

Vea audiencia completa aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=XECN6lLBEUU&t=2063s 

Líderes y lideresas cubanas denuncian actos de criminalización del Estado Cubano en el 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Boulder, Colorado. 1 de Octubre de 2018.  Periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos cubanos participaron del 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el pasado 1 de octubre.  Durante el espacio víctimas de violencia, represión, criminalización y hostigamiento describieron ante comisionados de la CIDH las prácticas utilizadas por el estado cubano para silenciar sus voces de denuncia.

Según cifras ofrecidas por organizaciones sociales en Cuba, aproximadamente 1.633 casos de detención arbitraria se han registrado hasta el mes de agosto del año en curso, de los cuales un 1.129 actos de detención bajo uso desmedido de la fuerza fue contra mujeres y 504 contra hombres. El gobierno continua usando tácticas represivas, como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje e intimidación.

 

Durante la Audiencia Pública activistas cubanos denunciaron que las autoridades cubanas, amparados por el Código Penal y el Código Procedimental Penal, tiene poder de sancionar a opositores sin necesidad dar suficientes justificaciones, lo que quiere decir, que en la mayoría de ocasiones las detenciones se dan sin órdenes judiciales que argumenten legalmente las razones de dichas detenciones. En adición, se denunció que muchas de las figuras de los delitos en el Código Penal son ampliamente definidas, por lo que permiten interpretaciones múltiples, que, para este caso, son utilizadas para desfavorecer la libertad de expresión y/o opinión no alienadas con el gobierno.

Aunque en repetidas ocasiones las y los activistas han tenido oportunidad de denunciar las agresiones, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias e intimidación a la sociedad civil por parte del Estado Cubano ante organismo internacionales, la situación sigue vigente en la isla y se incrementa; como es el caso de la organización Damas de Blanco, grupo de mujeres altamente criminalizadas y agredidas por su participación en espacios de protesta por la liberación de los 140 presos políticos que sufren en las más de 200 cárceles del país. Frente a esta situación, el comisionado Joel Hernández, relator encargado para las Personas Privadas de Libertad, aplaudió la valentía de los exponentes además de mencionar que las condiciones en las que se encuentran presos políticos en Cuba violentan indiscriminadamente los derechos humanos básicos de cualquier individuo.   Actualmente son cinco Damas de Blanco las que se encuentran cumpliendo prisión y muchas otras bajo la tensión de ser acusadas o encarceladas en cualquier momento, anunció Blanca Reyes representante de las Damas de Blanco y una de sus fundadoras.

 

 

Por su parte, Pablo Díaz, director del medio de comunicación independiente Diario de Cuba denunció la represión hacía medios de comunicación, que según considera, se ha incrementado debido a los procesos de coyuntura nacional relacionados con espacios de transformación, como el traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel y la reforma constitucional; y de la sensible exposición o atención de la comunidad internacional hacía el país como la Cumbre de las Americas y el Examen Periódico Universal (EPU); razón por la cual, las denuncias anunciadas por medios de comunicación independientes resultan desestabilizar el “orden nacional” que el régimen intenta mantener.  Así mismo, el representante del periódico cubano, anunció que los nuevos patrones en la represión a periodistas, con respecto a períodos anteriores, responden al afán de no dejar “huella jurídica”, lo que quiere decir que se abordan procedimientos judiciales ilegales que permitan acallar voces y que a su vez no provoquen la pérdida de crédito internacional: “una represión que a menudo viola incluso las propias normas ya de por sí abusivas del régimen”, señaló Díaz.   En el video a continuación periodistas ejemplifican diferentes violaciones sufridas por autoridades por el hecho de ejercer un periodismo no alienado con las lógicas del gobierno nacional.

 

 

En su intervención la comisionada Esmeralda Arosemena lamentó la ausencia del Estado Cubano, parte importante en el proceso de reconocimiento del estado de derechos de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; pues hasta la fecha, las declaraciones ofrecidas por representantes del estado Cubano en otros espacios, se ha considerado quienes están en contra de las lógicas del régimen como “mercenarios” de fuerzas extranjeras que intentan corromper las dinámicas socio-políticas del país, por tanto, sus actuaciones están, según el código penal del país, al margen de la ley.  Así mismo, la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Cuba indagó a la audiencia sobre las posibilidades de nuevos escenarios de cara al proceso de reforma electoral y constitucional, aspecto frente al cual el director de Diario de Cuba advirtió: “No vemos una luz a la salida del túnel, pues lo que está teniendo lugar es un traspaso de poder a dedo, por esto nuestra opinión no es más que un traje a la medida para condicionar o amoldar a sus intereses».   Finalmente, El relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza admiró la labor periodística que realizan los medios independientes en Cuba a pesar del bloqueo del estado a medios independientes y manifestó interés en poder realizar un reporte detallado de la situación de libertad de expresión en la isla, pues hasta la fecha por las condiciones gubernamentales esto no ha sido posible.

Entre las recomendaciones propuestas por el grupo de representantes cubanos presentes en la Audiencia se solicitó a la Comisión Interamericana de derechos instar al estado cubano garantizar la libre circulación quienes pretendan salir de la isla, además de solicitar al gobierno permitir al libre acceso a internet a los ciudadanos de la isla y levantar el bloqueo a los medios independientes; así mismo, se solicitó a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de pronuncie sobre los presos políticos en Cuba y la Relatoría de los Derechos de las Mujeres lo haga sobre las Damas de Blanco. Por otra parte, las y los peticionarios instaron a la Comisión adoptar el término “criminalización del ejercicio periodístico” para denominar las represiones bajo las cuales el gobierno cubano obstaculiza las labores de informadores; y finalmente, se solicitó que la comisión en colaboración con activistas cubanos diseñe estrategias para incidir efectivamente para que Cuba haga parte del Sistema Interamericano.

Vea el video de la audiencia pública completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uNkdElQwPNM&feature=youtu.be 

Denuncias ante la CIDH de incumplimiento de más de 10 años del Estado de Colombia para proteger derechos de comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

Boulder, Colorado. 3 de Octubre de 2018. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la persistencia de la crisis humanitaria vivida por las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano para implementar medidas de protección y reparación para las mismas.

Según Pedro Cortés, representante de la Organización Raza e Igualdad para Colombia, hace más de 10 años AFRODES denunció ante la CIDH las graves afectaciones que tenía el conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas que estaban siendo desplazadas, así como se había advertido que de no adoptarse políticas públicas con enfoque diferenciales la situación empeoraría. Situación que, de acuerdo a lo señalado por el vocero de Raza e Igualdad, sucedió, pues después de una década, estas comunidades, que representan al menos el 25% de la población desplazada del país (es decir, al menos 2 millones), se constituyen en el mayor grupo de víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente, la mayoría de ellos viven en zonas marginales de las grandes ciudades, en contextos caracterizados por las dinámicas de violencia que se siguen registrando aun con la implementación del Acuerdo de Paz.

Martha Jordan, lideresa de AFRODES en Cali, caracterizó durante la audiencia las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes de estas comunidades afrocolombianas que viven en esos contextos dominados por estructuras criminales asociadas al microtráfico. Problemáticas como la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado vienen violando los derechos de las NNA afrocolombianos. “Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas, demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la no repetición, pues continúa la destrucción de las condiciones de la nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas, y jóvenes, que debían ser la generación de la esperanza, están siendo aniquiladas física y culturalmente”, señaló la representante de AFRODES.

Por su parte, Luz Marina Becerra, secretaria de AFRODES y coordinadora de Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “LA COMADRE”, recordó el reconocimiento que ya se tiene sobre los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, y con base en el cual la Corte Constitucional de Colombia expidió ordenes específicas (Auto 092/2008) hace más de 10 años para que el gobierno de Colombia implementara un programa específico. Becerra demostró que dichas órdenes no se ha cumplido. Adicionalmente, el Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE, tampoco se ha venido implementado como es debido. El incumplimiento sistemático del gobierno colombiano ha contribuido a que se siga profundizado la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado.

En este sentido, Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de AFRODES, demostró ante la CIDH la persistencia de situaciones de riesgo que enfrentan líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas desplazadas en contextos urbanos. Destacó, además,  que en medio del contexto de cientos de asesinatos de líderes sociales que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz, se están repitiendo patrones de amenazas que han antecedido asesinatos como el del fiscal de AFRODES Bernardo Cuero. La vicepresidenta de AFRODES enfatizó sobre el nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación de medidas de protección colectiva para organizaciones como AFRODES, inconsistencias que continúan profundizando el riesgo de líderes y lideresas,  e impidiendo que puedan desarrollar su labor comunitaria.

Para enfrentar las situaciones que violentan los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las grandes ciudades, las recomendaciones de AFRODES se enfocan en que el gobierno colombiano implemente de manera diligente las ordenes que la Corte Constitucional expidió hace más de 10 años; específicamente, los planes y programas ordenados por el Auto 005 de 2009 y 092 de 2008. Así mismo, enfatizaron en la necesidad de implementar un programa específico dirigido a NNA afrocolombianos y de garantizar la implementación del Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE.

En relación a las problemáticas planteadas por AFRODES y Raza e Igualdad durante la audiencia, los representantes del Estado de Colombia no respondieron de manera específica, pues se limitaron a reportar cifras sobre avances de algunos programas que se relacionan con comunidades afrocolombianas, pero no con aquellas comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en zonas marginales de las grandes ciudades. Además, no ofrecieron valoración alguna sobre el estado de implementación de las órdenes del Auto 05/2008 y 092/2008, como tampoco fueron precisos en el reporte que hacen sobre los procesos de diálogo y concertación con AFRODES y la COMADRE.

Los comisionados de la CIDH que presidieron la audiencia, destacaron en sus intervenciones la gravedad y complejidad de las causas e impactos del desplazamiento forzado sobre las comunidades afrocolombianas. Así mismo, enfatizaron en la prioridad que el gobierno colombiano debe asignar a la atención de estas comunidades a través de todos los mecanismos institucionales que se han construido. Por tal razón, solicitaron al Estado de Colombia suministrar información más completa y detallada sobre estos mecanismos.

Raza e Igualdad valora positivamente los resultados de la audiencia en términos de la oportunidad que tuvo la CIDH para volver a prestar atención a unas comunidades afrocolombianas que vienen siendo invisibilizadas dentro del contexto de violación a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, resultan muy preocupantes las respuestas del gobierno de Colombia en cuanto a la baja prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos y medidas que tienen más de 10 años de ordenadas. Raza & Igualdad continuarán apoyando a AFRODES en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos derivados de esta audiencia.

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Aníbal Toruño – Radio Darío «La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene sus días contados»

«La resistencia. Lo único que podemos hacer en este momento es resistir, resistir y resistir, pacíficamente resistir» Aníbal Toruño – Radio Darío

 

La situación de violencia y represión que se vive en Nicaragua es cada vez más errática, tras la expulsión del grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH) y los múltiples llamados de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) nuevas formas de represión se perpetúan en el territorio, incluso, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes de cerca han logrado ver la barbarie de los actos represivos que hoy atentan contra la vida, integridad y respeto de los derechos humanos de la población nicaragüense; además de la poca disposición al diálogo y casi nula voluntad política del gobierno de turno.

Pese a los innumerables llamados de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional que convocan al gobierno nacional a cesar la represión, criminalización y hostigamiento hacía la población que se manifiesta pacíficamente para poner fin a la guerra que se vive ya hace casi 6 meses y que ha dejado un saldo de más de 450 muertos, 2000 heridos y 355 presos políticos, según las cifras ofrecidas por organizaciones de derechos humanos del país, el pasado viernes 28 de septiembre, la policía nacional, publicó un comunicado en el que califica como «ilegales» las protestas del pueblo contra las políticas de Daniel Ortega y advierte a organizadores de dichas manifestaciones que «responderán ante la justicia» por promover concentraciones y movilizaciones públicas ilegales, que alteran el orden público, promuevan acciones ofensivas y delictivas que atentan contra el trabajo y la vida de las familias nicaragüenses.

La posibilidad de retornar a un diálogo nacional, la concertación y el cese de la violencia, no se ven muy claros en el panorama, el gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo carece de voluntad política y un diálogo nacional que posibilite la construcción de una paz estable y duradera en el país; por el contrario, Ortega y Murillo han recurrido, a varias estrategias represivas, como lo han sido la llamada «Operación Limpieza» en la que grupos policiales, parapoliciales y civiles afines al gobierno con armas de gran calibre arremetieron contra los barricadas construidas por la sociedad civil para defenderse de los ataques de grupos armados del orteguismo; además de la toma de tierras, estrategia utilizada como represalia hacía sector privado que ahora se opone al gobierno; la violencia contra representantes de la Iglesia Católica actores claves de mediación para lograr la justicia y democratización del país, y recientemente, las detenciones arbitrarias que deja una cifra alarmante de presos políticos que se encuentran en las principales cárceles del país bajo tortura y deplorables condiciones de higiene y atención médica. Todas estas acciones represivas para volver al denominado «orden nacional» lo único que han ocasionado es una agudización del conflicto y, por tanto, violaciones a la libertad de expresión del pueblo, criminalización a la protesta social y un temor que se extiendo en toda Nicaragua.

Mientras tanto, la sensación generalizada, de la comunidad internacional, y de la sociedad civil, organizaciones de estados y organizaciones no gubernamentales gira en torno a preguntas como: ¿Qué más tiene que pasar? o en definitiva ¿Qué debería pasar para que la paz retorne a la República de Nicaragua? ¿Qué hacer para cesar las muertes y detenciones arbitrarias? Ciertamente la respuesta de Ortega y Murillo hasta la fecha ha sido desalentadora e indignante, justamente porque las muertes que se han dado en el contexto de la represión siguen impunes, y la responsabilidad continúa siendo conferida a «fuerzas extranjeras» que valiéndose de elementos internos en el territorio quieren acabar con la paz del país y su soberanía; excusas bastantes comunes que ofrecen otros regímenes dictatoriales, pero que no responden al clamor de justicia de las familias, de tantos jóvenes, niños y niñas y civiles asesinados como resultado de la represión por parte del régimen de Ortega y Murillo que no han querido aceptar atender las causas estructurales que motivaron las protestas los últimos meses en Nicaragua.

Consternados por el desenlace de este mal capítulo en la historia de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos conversó con Anibal Toruño, director de Radio Darío, quien ha sido víctima directa de agresión, hostigamiento y amenazas por parte de los simpatizantes y promotores de esta escalada de violencia y quien hoy cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En su análisis Aníbal logra identificar una clara estrategia de guerra por parte de Daniel Ortega, estrategia de exterminio utilizada para ganar tiempo y así poder configurar mejores condiciones de negociación para salir del poder.

¿Cómo describe usted la actitud que el gobierno nacional ha asumido frente a toda la ola de violencia que vive su país?

Daniel Ortega está acostumbrado a llevar las cosas al margen del abismo, cuando salió en su discurso y dijo que no iba a adelantar elecciones básicamente estaba apostando a llevar las cosas al margen del abismo, para eso tuvo que haber matado en Jinotepe y en Diriamba más de 30 personas adicionales, más de 100 heridos, para eso tuvo que haber avasallado a los Obispos al Cardenal y a el Nuncio, Ortega negocia con hierro, él es un tipo oscuro, maquiavélico, que quiere llegar en algún momento a negociar su transición de poder, porque él sabe que ya no podrá volver a las lógicas de manipulación que utilizaba antes del 18 de Abril, por eso su transición, la quiere negociar en unos términos que sean más cerca de lo que él quiere y más lejos que de lo que nosotros deseamos.

¿Cómo cree que Daniel Ortega está intentando negociar esto que usted denomina «transición de poder»?

Daniel sabe que no hay posibilidad de volver al poder, él sabe que sus días ahí están contados, no hay vuelta atrás, lo que él está haciendo es utilizar una horrible estrategia de muerte, sangre y dolor para tener una mejor posición y así poder negociar tres cosas: 1. Su impunidad; 2: Cuotas de poder y, finalmente 3: La protección de sus intereses económicos dentro de Nicaragua. El lapso de tiempo en el que él jugó un poco con el diálogo lo utilizó para armar ese ejército de muerte que hoy actúa impunemente y desgobierna, porque hoy mandan las camionetas de la muerte con los paramilitares, para-policía y turbas del miedo.»

¿Cuál cree que es el panorama nacional e internacional con el que está jugando Daniel Ortega? ¿Cómo lo describiría?

El regreso al pasado, sabe que no lo tiene, sabe que no va a tener financiamiento del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni del BID, como tampoco financiamiento de la Unión Europea, de ningún organismo internacional, por tanto, la economía va a «pique» total y complemente, la economía en mi país está básicamente paralizada; la ley Global Magnitsky está jugando en su contra, ésta ya empezó a afectar a su círculo más interno, entre ellos Francisco López y Fidel Moreno, que como ya lo vimos fueron sancionados por la ley, esta es la estrategia que Estados Unidos está utilizando para presionar al gobierno nacional.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) le ha puesto una salida única la cual son elecciones adelantadas, no sé, pero a mí me da la sensación de que hay un entorno, una especie de tijera de los países democráticos del mundo, como para poderlo presionar para que entre en una negociación final, y él ha decidido que para entrar en esa negociación final tiene que fortalecer sus posiciones y decidió que a través de la violencia, el miedo, como lo que hoy estamos viviendo con la detención de más de 300 nicaragüenses sentenciados a puerta cerrada, y las formas de hacer «limpieza» como lo hizo con las barricadas, eso supuestamente, según mi análisis, le va a dar una mejor posición de negociación.

¿Según el análisis de contexto que hace anteriormente qué cree que puede pasar en Nicaragua?

Yo quiero reiterar que Daniel Ortega se va porque se va del poder; lo que habría que ver es en el desarrollo de los acontecimientos, qué tanto se puede hacer en la negociación para que sea de frente al pueblo o de la nación, y así ver si podemos hacer un proceso que nos lleve finalmente a alcanzar elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Yo no veo una revolución armada que venga a tratar de derrocar a Daniel ortega porque aquí no hay armas, aquí lo que hay es una resistencia cívica, social contra Daniel Ortega y eso hasta cierto punto es un proceso bien complejo, bien complejo porque Daniel Ortega tiene todo el aparato militar y la infraestructura la fuerza, y desde luego nosotros estamos poniendo los muertos, es indudable, sería un error, armar o pensar que se resolvería armando a la resistencia, eso es un error, debe mantenerse en un sistema de resistencia social, pacífica, utilizando los recursos de herramientas y defensas que se nos permita dentro de ese marco, y seguir adelante y es una lucha de desgaste… así como se le termina el tiempo a Daniel Ortega se nos termina a nosotros, estamos claros en eso.

Pero estratégicamente yo lo veo en tres tomos, tres perspectivas. Un primer tomo, que me duele mucho de admitir, es con mi pueblo resistiendo, pacíficamente, una estrategia de guerra, sangre y muerte de Daniel Ortega que lucha a través de la violencia, la muerte y la represión por tener un mejor escenario para el poder negociar mejor sus condiciones; para después en un segundo tomo o momento, llegar a elecciones adelantadas transparentes, refundando el estado, separación de poderes; y finalmente o tercer tomo, tendría que ser aterrizar esta primera y segunda parte, para que de manera pragmática y efectiva se logre alcanzar la justicia respecto de los asesinatos, del genocidio, de la corrupción; entonces sería ver como desde ese nuevo gobierno confrontar ante la justicia nacional e internacional los responsables materiales e intelectuales de estos actos atroces de muerte.

¿Qué papel jugaría la comunidad internacional en todo este proceso de negociación?

Ortega ya ha hecho lo necesario para sacar a los grupos de trabajo de la Unión Europea y aunque no ha sacado a la Comisión Interamerican de Derechos Humanos, no los deja hacer mucho, ha cerrado mucho las puertas, sin embargo, el papel que considero debe jugar la comunidad internacional es seguir acompañando a una población que está en completo estado de desprotección, además de seguir ejerciendo presión al gobierno, documentando, exponiendo en todas las tarimas internacionales las atrocidades que están pasando en Nicaragua y finalmente poder dar seguimiento al proceso de refundación del estado y penalización para los responsables.

No veo viable, por la manera como están diseñados los organismos internacionales hasta este momento, la presencia de un ejército o brazo armado internacional que instigue al Estado a parar; lo único que veo es que, presionado por un mundo democrático, Daniel Ortega ceda al diálogo; esa es su única salida y nuestra única salida.

¿Cuáles son las alternativas entonces que tiene el pueblo nicaragüense en este momento?

La resistencia. Lo único que podemos hacer en este momento es resistir, resistir y resistir, pacíficamente resistir – Daniel Ortega escogió la violencia, la muerte, y la represión para tener una posición más fortalecida para poder regresar al diálogo con más fortaleza y poder negociar su impunidad, su cuota de poder y los temas económicos. Creo que también hay que recurrir a la perseverancia de los organismos internacionales del mundo democrático, bloqueo económico total y completo para Nicaragua donde no exista financiamiento alguno, aplicación de la Ley Magnitsky en toda su extensión para los corruptos y para aquellos que han matado a tantos nicaragüenses y finalmente una mesa de diálogo efectiva y verdaderamente democrática.

Lo deseoso y lo deseado es que Daniel Ortega se vaya de Nicaragua de una vez y para siempre, eso lo deseamos todos, veremos a ver si en el proceso y el pragmatismo, entre lo que podemos, entre nuestro sentimiento, y la realidad podemos hacerlo, pero indudablemente la solicitud de un mundo democrático, de sociedad democrática internacional que presione que bloquee, que hagan todo lo que esté humanamente al alcance para que nosotros podamos alcanzar un punto en el que Daniel Ortega acepte salir democráticamente de este país, el regreso a ese pasado que él construyó a fuerza de un régimen totalitario no va a volver a suceder en Nicaragua

Raza e Igualdad participa del 169º Período de Audiencias Públicas de la CIDH de la mano de organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua

En compañía de más de 20 organizaciones el Instituto Internacional sobre Raza, igualdad y Derechos Humanos participará del 1 al 5 de octubre del “169º período de sesiones de Audiencias Públicas” realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Colorado ubicada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos.

Para este período de sesiones, Raza e Igualdad participará de tres (3) audiencias públicas solicitadas por organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua, con el fin de exponer ante relatores de la Comisión IDH y la comunidad internacional las situaciones de derechos humanos que enfrentan cada uno de estos países.  Para el caso de Cuba y Nicaragua las audiencias están orientadas a exponer los casos de criminalización y represión hacía activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales de sus países en medio de la crisis política desatada hasta la fecha; y en el caso de Colombia la audiencia está orientada a describir y denunciar la situación de derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos de sesiones al año, oportunidades en que coinciden cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, así como delegaciones de los Estados constituidas por altas autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento de la CIDH, las audiencias son públicas y los interesados pueden asistir libremente, sin necesidad de registro previo.  Las audiencias son transmitidas en línea en varios idiomas a través de la página oficial de la CIDH.

A continuación presentamos el cronograma de audiencias públicas de Colombia, Cuba y Nicaragua en las que Raza e Igualdad acompañará.

ORTEGA PROMUEVE ABIERTAMENTE LA IMPUNIDAD EN NICARAGUA AL ORDENAR SALIDA DE LA OACNUDH

Después de la emisión el 29 de agosto de 2018 del contundente informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”,  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que evidencia sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pide la creación de una Comisión Internacional que asegure la justicia y reparación para las víctimas, Daniel Ortega, a través de la Cancillería nicaragüense, ha ordenado la salida del país del  los miembros de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Raza e Igualdad condena rotundamente esta decisión del gobierno de turno que se constituye como un precedente negativo de cara a la situación actual que vive el país y que además pone en evidencia la renuencia del gobierno al escrutinio internacional acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido del 18 de abril a la fecha.Con extrema preocupación vemos como las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte que confirman el estado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo nicaraguense, especialmente aquellos hoy perseguidos, amenazados, señalados y detenidos arbitrariamente por el régimen.  

 Esta declaración del gobierno evidencia el desinterés del mismo para reanudar un diálogo nacional pacífico y democrático que permita superar la crisis y sus consecuencias, como también, pone de manifiesto un claro rechazo a las recomendaciones hasta la fecha propuestas por los grupos de trabajo de los organismos internacionales presentes en el territorio que instan, entre otros, a poner fin al acoso, intimidación, persecución, represión a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y manifestantes en contra de la represión  por parte del régimen.   

 Instamos al gobierno de Daniel Ortega poner fin a la represión y  flagrantes violaciones a los derechos humanos para superar la crisis que ha dejado en los últimos cuatro  meses más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas, centenares de detenidos arbitrariamente  y miles de  desplazados.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a miembros participantes por el Sector Privado en la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia en el Diálogo Nacional en Nicaragua

Transcurridos 107 días de la ola de violencia, represión, amenazas y hostigamientos que vive el pueblo Nicaraguense a manos de turbas sandinistas, grupos para-policiales y paramilitares; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó el pasado 2 de Agosto del 2018 medidas cautelares a miembros representantes del Sector Privado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentes en el Diálogo Nacional por Nicaragua, quienes habrían sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, desprestigios y señalamientos por grupos afines al gobierno de turno. 

Los solicitantes Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como de sus familiares, quienes fueron identificados en el procedimiento, señalaron en la denuncia presentada ante la Comisión IDH que desde inicios del diálogo nacional habrían sido objeto de amenazas por parte de periodistas de medios de comunicación afines al gobierno y por parte de otros actores anónimos que buscarían intimidarlos.   Así mismo, declararon amenazas explícitas a través de mensajes de “whatsapp” que los señalarían como “mafiosos” “delincuentes” y “militantes sandinitas”.  Entre las denuncias de los beneficiarios también se especificaron amenazas de muerte, quema e invasión de propiedades, como es el caso de Michael Edwing Healy Lacayo presidente de la de la Unión de Productores Agropecuaríos de Nicaragua (UPANIC), víctima de expropiación de su Hacienda de manera violenta por parte de agresores, quienes hasta la fecha de radicación de esta resolución estarían disponiendo de la cosecha de plátano del terreno.   Así mismo, se enunciaron amenazas al buen nombre, calumnias e injurias públicas que declararían a los solicitantes de medidas cautelares como “terroristas” o “asesinos”.  Por otra parte, se pusieron en evidencia amenazas a través de teléfonos y correos electrónicos propios de los beneficiarios, que habrían sido puestos de conocimiento público; además de hostigamiento, persecución e intimidación por parte de simpatizantes del gobierno.    

 Tal y como se expresa en la resolución 58/2018 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la información presentada demuestra que los derechos a la vida y la integridad personal de los solicitantes, incluidos los de sus familiares, se encuentran en situación de gravedad y urgencia”.  Por tal razón, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH se solicitó al gobierno de Nicaragua velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los solicitantes, así como asegurar que los agentes de Estado respeten los derechos de los beneficiarios y los que estén relacionados con actos de riesgo atribuibles a terceros.  Finalmente, la Comisión solicita informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y evitar su repetición.  

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condena los actos de violencia, represión, hostigamiento, detención arbitraria, desaparición y criminalización de los defensores, defensoras y activistas de derechos humanos que hoy se vive en el país por parte del gobierno de turno.  Coherentes con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos Raza e Igualdad continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida del pueblo.  

¡LA MUERTE DEL DEFENSOR BERNARDO CUERO BRAVO SIGUE IMPUNE!

Julio 26 de 2018 – Por vencimiento de términos de quien sería su presunto asesino, el fallecido defensor de derechos humanos Bernardo Cuero Bravo fue citado a audiencia el próximo 9 de Agosto de 2018.  (Ampliar noticia:  https://www.elheraldo.co/judicial/insolito-juzgado-cita-al-difunto-bernardo-cuero-para-que-asista-audiencia-de-su-presunto)

Tras su asesinato el pasado 7 de Junio de 2017 la muerte del defensor afrodescendiente ha permanecido impune, no sólo por las causas que anteceden a este hecho, que da cuenta de la frivolídad de una guerra aún presente en los territorios y la desidia de un gobierno que insiste en negar una violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de aquellos que luchan en y por el territorio, sino por todas y cada una de las omisiones de parte de instituciones estatales encargadas de penalizar y condenar a los responsables, que hoy se traducen en una violación inminente a los derechos humanos y la revictimización del ya fallecido Bernardo Cuero y su familia, quienes sorprendidos por el insólito hecho hoy reclaman justicia y verdad.

Estos hechos que transgreden y agudizan el dolor de un pueblo, una familia y toda una nación, son la muestra de una sistemática violación y olvido de un estado indiferente al dolor de toda una sociedad. La vida de Bernardo Cuero representó la voz del pueblo afrodescendiente historicamente olvidado y condenado por la inacción de un gobierno descriminador, corrupto y violento.

Como Instituto que vela por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, rechazamos rotundamente esta situación y lamentamos los hechos a los que la familia Cuero Bravo y todo el pueblo afrodescendiente se enfrenta nuevamente, víctima de una guerra que aleja cada vez más la esperanza por construir una paz estable y duradera.

#SalvemosLaCIDH: Sobre la Crisis Financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos

La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por eso que suscribimos la presente carta, apelando a todos los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que tomen las medidas necesarias que garanticen su inmediato y adecuado financiamiento. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la creación de un fondo sostenible de financiamiento para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de atender la precaria situación que se viene dando desde hace años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH es uno de los órganos principales de protección cuyo mandato consiste en promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Es el único mecanismo regional que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la OEA en esta materia, y constituye el último recurso de defensa frente a violaciones de los derechos fundamentales en el continente.

La CIDH es un referente internacional por su gran labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano, vela por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, entre otros colectivos, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de habitantes a lo largo y ancho de la región

A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones básicas y de su mandato, asignado por los Estados Miembro de la OEA. La propia Comisión anunció que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% de su personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año.

En contraste con otros órganos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, el financiamiento que recibe la CIDH del fondo regular de la OEA, es decir, de los Estados miembro, es contradictorio con los deseos de los países de aspirar a una región más democrática. En 2016, dicho fondo le asignó un monto de alrededor de 5.4287,9 millones de dólares, lo que constituye un 6,44% del total del presupuesto anual de la OEA ⎯el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos.

Si bien la Asamblea General de la OEA, ha aprobado en el pasado resoluciones comprometiéndose a atender esta situación, las mismas no se han materializado con el necesario aumento de recursos que le permita tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte ⎯la cual, si nada cambia, verá reducido su presupuesto una tercera parte, para finales de este año⎯, contar con el financiamiento adecuado para llevar a cabo sus mandatos. Así, esta petición tiene como fin no sólo el que la CIDH pueda continuar con sus actividades programadas para el año en curso, que pueda renovar los contratos del 40% de su personal, así como llevar a cabo sus períodos 159 y 160, sino también el que se pueda crear definitivamente una estructura que convierta en una práctica sostenible la financiación de este órgano y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentando significativamente el presupuesto que la OEA asigna a la SIDH.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, vemos en esta crisis una oportunidad única para consolidar el compromiso de los Estados miembro de la OEA, con los derechos humanos en el continente. Es por eso que les emplazamos a encontrar la manera de construir una estructura sólida y robusta, que garantice la protección de las herramientas que el SIDH proporciona a millones de personas en las Américas.

Atentamente,

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

RaceEqualitylogoheader

y mas de 300+ organizaciones civiles y globales

Argentina
Clínica en Discapacidad y Derechos Humanos,
Universidad Nacional de Mar del Plata
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Brasil
Associação Juízes para a Democracia (AJD)
Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM)
Conselho Indigenista Missionário (CIMI)
Conectas Direitos Humanos
FIAN Brasil
Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro
Instituto de Estudos Socioeconómicos – INESC
Justiça Global
Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragem (MAB)

Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer

Canadá
Abogados sin fronteras

Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás -Bogotá-
Corporación REINICIAR
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Yira Castro
Corporación Sisma Mujer
FIAN Colombia
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos

Costa Rica
Agenda Política de Mujeres
Asociación Ciudadana ACCEDER
Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO)
Asociación Manu
Beso Diverso
Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC)
Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA)
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM) Colectiva Caminando
Colectiva Irreversibles
Colectivo de Ciclismo Urbano ‘Las Luciérnagas’
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Defensa de Niñas y Niños (Internacional DNI)
Este es Mi Cuerpo
Familias Diversas
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Frente por los Derechos igualitarios
Fundación Bandera Ecológica
Fundación PANIAMOR
Furia Rosa
Grupo Poder Ciudadano
Hijas de la Negrita
MULABI – Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos
Peras del Olmo
Personas, sexualidades y géneros (PSG)
¿Piropos o acoso?
Proyecto Lyra
Psicology Community
Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
Servicio Jesuita para Migrantes
Tío Hugo
Unión Asesora Afrodescendiente (UNASAF)

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
(CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH)
Comité Nacional de Víctimas de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos en Ecuador
Observatorio Sociolaboral y Diálogo Social en el Ecuador OSLADE
Pueblo Sarayaku

El Salvador
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Etico y Eugenésico en El Salvador.
Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador(COMCAVIS TRANS)
Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños
Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
Espacio de Mujeres Lesbianas por la Diversidad (ESMULES)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Oficina de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández
Red de Defensores y Defensoras de El Salvador
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Servicio Social Pasionista SSPAS

Estados Unidos
AFL-CIO, Central Sindical de los Estados Unidos
American Civil Liberties Union (ACLU)
Center for Human Rights & Constitutional Law
Church World Service
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas
Institute for Agriculture and Trade Policy
Institute for Policy Studies – Global Economy Program
National Security Archive
Sister Parish, Inc.
Unitarian Universalist Service Committee

Guatemala
Alianza frente a la Criminalización
Asociación El Refugio de la Niñez
Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi. (ADIVIMA)
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Defensa Legal Indígena (DLI)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Comunidades en Resistencia del Estor, Izabal
Convergencia por los Derechos Humanos
Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzado de Guatemala
Farmacéuticos Mundi Guatemala
Foro de ONG Internacionales en Guatemala (FONGI)
Fundación Myrna Mack
Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)
Guatemala Solidarität Österreich (Austria-Guatemala)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Mujeres en Defensa del Territorio, Guatemala
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS)
Red Nacional de Protección de Defensoras de Guatemala
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)
Iglesia Luterana ILUGUA de Guatemala

Honduras
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza Honduras
Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Espacio Asociación de Cooperación Internacional (ACI)
Foro de Mujeres por la Vida
Fundación para la Salvaguardia del Medio Ambiente en el Democrático Desarrollo Socioeconómico y de las Instituciones (FUNDAMENTE)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla»
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Red Lésbica Cattrachas
Honduras Delegation, Honduras-Alemania
Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO), Honduras-Alemania

México
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.)
Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.)
Casa del Migrante de Saltillo (Saltillo, Coah.)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México)
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)
Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México)
Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.)
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México)
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.)
Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.)
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.)
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.)
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México)
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)
Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.)
Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.)
Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México)
Centro Mujeres (La Paz, BCS.)
Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.)
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) – Ciudad Juarez
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.)
Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.)
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), México
Ciudadanos por una Causa en Común A.C.
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR)(Cuernavaca, Mor.)
Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.)
Comité Cerezo (Ciudad de México)
Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México)
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.)
Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.)
Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.)
Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México)
Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.)
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab)
Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México)
Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C.(Tulancingo, Hgo.)
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua) El Caracol, A.C (Ciudad de México)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. Chihuahua, México
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Documenta, AC
Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.)
Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.)
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.Programa
Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México)
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tabasco)
Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA)(Oaxaca)
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México),
Organizaciones Mexicanas sin fines de Lucro
Programa de Asuntos de Género de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México)
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México)
Red de Periodistas de a Pie
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)
Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.)
Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.)
Spatium Libertas, A.C.
Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Nicaragua
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua
(CEJUDHCAN)
Iniciativa Nicaragüense de mujeres defensoras de derechos humanos
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento contra el abuso sexual

Panamá
Alianza Ciudadana Pro Justicia
Alianza de Mujeres de Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular
Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados de Panamá
Movimiento Democrático Popular
Red de Derechos Humanos de Panamá

Paraguay
Ágora Espacio Civil Paraguay

Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Asociación Paz y Esperanza
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Espacio Público
Vicaría de derechos humanos de Caracas

Regionales y Globales
Acompañamiento de Austria (ADA)
Alianza de Redes Ambientales (ARA)
American Friends Service Committee (AFSC)
Amnistía Internacional
Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos (AIETI) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Paz con Dignidad, España
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
Association for Women’s Rights in Development (Awid)
Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN)
Centro de Derechos Reproductivos (CDR)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición Centroamericana Democrática (CAD)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS Centroamérica) DanChurchAid
Departamento internacional de la Iglesia sueca
Diakonia
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fellowship of Reconciliation Peace Presence (FOR) Presente por la Paz
FIAN Indonesia
Foro Suizo para los Derechos Humanos y la Paz en Guatemala y Honduras
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación Sueca para los Derechos Humanos
Grupo de Información sobre América Latina (IGLA), Viena, Austria
Iglesia Sueca
IM- Swedish Development Partner, oficina para Centroamérica
Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
InteRed, España
Ipas
JASS (Asociadas por lo Justo) Mesoamérica
Latin America Working Group (LAWG)
MISEREOR, obra episcopal para el desarrollo, Alemania
Movimiento por la Paz (MPDL)
Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich, Alemania (Öku-Büro München) Oficina Regional de We Effect para América Latina
OXFAM IBIS
Oxfam Internacional
Peace Brigades International (PBI)
Plataforma Interamericana de Derechos humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International
Red Centroamericana de Acción del Agua. FANCA
Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC)
Red Europea de Comités Oscar Romero
Red Latinoamericana de Género y Salud Colectiva de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social RLGSC – ALAMES
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
Red Euro-Latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (RELAPT), integrada por los siguientes organismos: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) Universidad de Barcelona, España; Universidad Santo Tomás, Colombia; Defensa Pública de Santa Fe, Argentina; Secretaria de Derechos Humanos – Provincia de Chaco, Argentina; Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Procuración Penitenciaria de la Argentina, Argentina; Grupo Crítica Penal Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Costa Rica; UniCUB, Brasil; UnB Brasil; Defensa Pública, Costa Rica; Universidad Nacional de José C Paz (UNPAZ ), Buenos Aires, Argentina; Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Uruguay; Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), Costa Rica; Universidad La Gran Colombia (UGC), Bogotá, Colombia; Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Chile; Defensora General de la Nación, Argentina; Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), Argentina y Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM).
Robert F. Kennedy Human Rights
Solidaridad Mundial Bélgica
Terre des Hommes, Alemania
Trócaire
Justicia Alimentaria Global (VSF)
Washington Office on Latin America (WOLA)

Personas individuales
Dra. Julia E. Monárrez Fragoso, profesora e investigadora, El Colegio de la Frontera Norte (México)
Hannia Franceschi Barraza, profesora jubilada, Universidad de Costa Rica (Costa Rica) Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora UNAM México (México)
Seidy Salas Víquez, periodista (Costa Rica)
David Augusto Dávila Navarro, defensor de derechos humanos y Profesor Universitario (Guatemala)
Rocío Culebro, defensora de derechos humanos (México)
Edgar Cortez, defensor de derechos humanos (México)
Sonia Solís Umaña, antropóloga social, profesora de la Universidad de Costa Rica
(Costa Rica)
Maritza Muralles, bibliotecaria (Guatemala)
Jose Montero Peña, defensor de derechos humanos, Costa Rica
Farith Simon Campaña, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
Daniela Salazar Marín, vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
Juan Pablo Albán Alencastro, director del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
Natalia Serrano Álvarez, activista y defensora de derechos humanos, Costa Rica
Luis Diego Molina Moreira, activista y defensor de derechos humanos, Costa Rica Nadiezda Serrano Álvarez, ingeniera agrónoma y activista, Costa Rica
Luisa Ochoa Chaves, profesora, Universidad de Costa Rica
José Luis Ospina, defensor de derechos humanos (Colombia)
M.A. Helen Amrhein, abogada y consultora independiente, Costa Rica
Robert Mercatante, defensor de derechos humanos, Estados Unidos
Reina Auxiliadora Rivera Joya, defensora de Derechos humanos Honduras
Anabella Sibrián, defensora de los derechos humanos, Guatemala
Aura Lolita Chávez, defensora de los derechos humanos, Guatemala
José Antonio Caballero, defensor de los derechos humanos, México
Pedro Carrera, defensor de los derechos humanos, Guatemala
Victoria María Napky Talavera, Abogada, Honduras

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