Cuba: Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre las violaciones de derechos humanos contra la organización Damas de Blanco y cada una de las mujeres que la integran

Cuba: Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre las violaciones de derechos humanos contra la organización Damas de Blanco y cada una de las mujeres que la integran

Washington DC, 11 de agosto de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por el hecho de formar parte del colectivo Damas de Blanco, y contra la misma organización cubana, con el propósito de desarticularla e impedir que continúe con su labor de defensa de derechos humanos.

En el documento, Raza e Igualdad detalla un patrón de 3086 detenciones arbitrarias de corta duración, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género; así como asedio, vigilancia y constantes amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre 2013 y 2022, plazo durante el cual se encuentran vigentes las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de las integrantes de esta organización.

Caminarán vestidas de blanco hasta que Cuba sea libre

“El régimen comunista conoce de las medidas cautelares que nos ha otorgado la CIDH, pero en nada ha cambiado su actitud y hostigamiento, cada día arremete contra nuestras integrantes”, afirma Berta Soler, líderesa de las Damas de Blanco, quien dialogó con Raza e Igualdad sobre las violaciones a los derechos humanos que han padecido ella y las demás mujeres de esta organización; así como de la prisión arbitraria prolongada que actualmente sufren cuatro de sus compañeras, tres de ellas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, conocidas como 11J.

Berta, de 59 años, es una de las fundadoras de Damas de Blanco, un colectivo que surgió en 2003 luego que fueran arrestadas 75 personas por ser disidentes del gobierno cubano, en una serie de detenciones que se conoce como la “Primavera Negra”. Ella y otros familiares, casi todas mujeres, se reunían en la prisión de Villa Marista, en La Habana, para conocer cómo estaban sus seres queridos y exigir que sean liberados, hasta que un 30 de marzo de 2003, decidieron ir vestidas de blanco a la Iglesia Santa Rita de Casia, una parroquia en La Habana que rinde tributo a la santa de las “causas imposibles”. Así, acudiendo a misa, inició esta organización, cuyo nombre fue acuñado por la periodista independiente exiliada en Estados Unidos, María Elena Alpízar.

“Desde aquel entonces hemos sido víctimas de agresiones, y más de 12 integrantes han sido encarceladas. Actualmente, cuatro de nuestras compañeras se encuentran en la cárcel; una que ya iba a cumplir cuatro años presa y al salir le han creado una nueva causa y la han sancionado a cinco años y cuatro meses de prisión, por no haber pactado con la Seguridad del Estado irse con su familia fuera del país; ella es Aymara Nieto Muñoz. Las otras tres mujeres son Sissi Abascal, Tania Echevarría y Sayli Navarro, quienes fueron detenidas por haber participado en las protestas del 11J y fueron sentenciadas a penas que van entre los seis y ocho años de privación de libertad”, cuenta Soler.

Las Damas de Blanco han sido detenidas de forma arbitraria, las han golpeado y hasta desnudado por salir a las calles y manifestarse contra el Estado de Cuba. “El régimen nos ha robado dinero y ha arrestado a nuestros hijos y a los esposos de nuestras hijas para presionarnos a que desistamos de formar parte de esta organización, que en 2011 estuvo formada por más de 250 mujeres en todo el país”, afirma Berta, quien dice orgullosa que uno de los logros del colectivo ha sido conseguir junto con la iglesia cubana y varias organizaciones de derechos humanos, la excarcelación de los presos de la ‘Primavera Negra’, quienes pese a ser condenados con penas de hasta 28 años de cárcel,  solamente cumplieron siete años de prisión.

A raíz de las múltiples agresiones, el 28 de octubre de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las Damas de Blanco. La Comisión solicitó al gobierno de Cuba que adoptara una serie de acciones “para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización”[1], y también presentara un informe acerca de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos de violencia que se han registrado contra el colectivo. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y han persistido las violaciones a los derechos humanos de las Damas de Blanco.

“La Seguridad del Estado, cuando nos detiene, nos amenaza con llevarnos a prisión, nos dice que no podemos ir a misa y ni siquiera reunirnos. Nos amenaza todo el tiempo con que van a desaparecer a las Damas de Blanco… muchas veces nos arrestan y nos mantienen adentro de las patrullas o en los calabozos, y al día siguiente o en el tiempo que ellos establezcan para tenernos encarceladas, nos liberan y nos imponen multas sin decirnos porqué hemos sido multadas”, cuenta Berta, quien también afirma que no teme ser detenida. Ella y las más de 50 mujeres que todavía hacen parte de esta organización, dicen que seguirán vestidas de blanco caminando hacia cualquier iglesia de la Isla, hasta que no haya personas privadas de la libertad por motivos políticos, y Cuba sea libre.

Una petición para poner fin a la persecución

Raza e Igualdad presentó esta petición a la CIDH para que formule una serie de recomendaciones al Estado cubano que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución implementada contra Damas de Blanco, y todas y cada una de sus integrantes. Además, se solicitó reparación a las víctimas y a sus familiares, y adecuar leyes, políticas públicas, procedimientos y prácticas a los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar que las mujeres activistas de la Isla puedan manifestarse, exigir cambios, congregarse y movilizarse sin ser violentadas.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos seguiremos apoyando a la sociedad civil independiente de Cuba, para que en la Isla se reconozcan los derechos universales, y los habitantes de este país puedan reclamar cambios al Estado cubano, sin temor a ser víctimas de represión y detenciones arbitrarias.

***

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 6 / 2013. Medida Cautelar N. 264 – 13. Asunto Damas de Blanco respecto de la República de Cuba. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/MC264-13-esp.pdf

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Masacre de Penha: Organizaciones de derechos humanos apelan a la CIDH para poner fin a la violencia policial

Brasil, 26 de mayo de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Marielle Franco, Geledés – Instituto de Mujeres Negras, e el Observatorio de Favelas, Justicia Global y Casa Fluminense, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Masacre de Penha, ocurrida el 24 de mayo durante un mega operativo policial en este complejo de favelas en la ciudad de Río de Janeiro. El comunicado enviado a la CIDH llama a garantizar la protección de los residentes de la comunidad y hacer un amplio seguimiento a las situaciones de violencia denunciadas. Hasta ahora, se registran 27 personas muertas y 7 heridas.

25 personas fueron trasladadas al Hospital Getúlio Vargas.

1 el cuerpo de una mujer fue llevado directamente al Instituto Médico Legal (IML)

1 persona fallecida fue trasladadas a la Unidad de Urgencias de la Favela do Alemão con 8 disparos

7 heridos fueron trasladados al Hospital Getúlio Vargas

Esta violencia extrema es resultado de la política de seguridad pública del actual Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien, desde su antecesor, Wilson Witzel, no respeta la decisión de la Corte Suprema (STF) que determinó el cumplimiento del Estado de ADPF 635, conocido como ADPF das Favelas [1]. Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ningún plan para reducir la letalidad policial; no ha instalado equipos GPS y sistemas de grabación de audio y video en los vehículos policiales y en los uniformes de los oficiales; y no ha establecido límites a la fuerza letal, teniendo entonces resultados como esta nueva masacre. Una vez más vemos cómo los cuerpos negros, de tugurios y periféricos experimentan constantes escenas de terror e incluso sus hogares se convierten en lugares de temor e inseguridad para sus familias.

Según los informes, agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía Federal de Caminos (PRF), ingresaron al Complejo de Favelas Vila Cruzeiro a las 4:00 a.m. para disparar con helicópteros y vehículos blindados como apoyo.  La operación tuvo lugar durante todo el día y, aun con el movimiento activo de organizaciones de la sociedad civil instando al gobierno a cesar el fuego, la operación siguió su curso terrorista.  En este sentido, las organizaciones firmantes instan a la CIDH y a otras organizaciones internacionales de derechos humanos a monitorear constantemente la violencia policial en Brasil. La continuidad de la actual política de seguridad que va en contra de los principios básicos de los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la vivienda, además de la protección del Estado, es inaceptable.  Es importante señalar que esta masacre es otra demostración del racismo estructural presente en las acciones de la policía brasileña.

Lamentamos las vidas perdidas y nos solidarizamos con las familias de las Favelas da Penha, que una vez más experimentaron la presencia del Estado en sus territorios con violencia, muertes, escasez y lágrimas. En vista de los hechos, compartimos las solicitudes a la CIDH:

  1. Hacer un llamado público sobre este caso, a través de una declaración, y monitorear las situaciones de violencia reportadas en este documento;
  2. Exigir a la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro que realice pericias técnicas en el lugar, con la preparación de informes sobre balística y posibles signos de tortura en los cuerpos, asegurando el deber de publicidad de la acción estatal;
  3. Exigir que la Fiscalía General del Estado (RJ) y el Ministerio Público Federal investiguen el operativo policial responsable de esta masacre, incluyendo la necesidad específica de observar posibles indicios de alteración de la escena del crimen, así como el impedimento de residentes y activistas para hablar sobre lo sucedido;
  4. Que la Fiscalía General del Estado (RJ) y federal proporcionen información a las familias de las víctimas de la matanza y las mantengan informadas sobre las investigaciones;
  5. Considerar lo determinado en la ADPF 635, relacionado a la absoluta excepcionalidad en la realización de operaciones policiales, es decir, la premisa de que tales incursiones sólo deben ocurrir en situaciones extraordinarias de peligro inmediato y concreto para la vida, que no pueden consistir en una afirmación genérica sobre la calamitosa situación actual de seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro y/o la necesidad de tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico y la delincuencia, denuncias que subyacen a las violaciones de derechos humanos que subyacen a la política de seguridad pública en Brasil. Se solicita que la CIDH notifique al Estado de Río de Janeiro por el incumplimiento de los criterios establecidos en el ADPF 635;
  6. Mantener comunicación directa con el gobierno brasileño cuestionando las medidas adoptadas para combatir la violencia policial, considerando los numerosos casos publicados por la prensa brasileña y por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas.

 

 

[1] https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/05/25/autores-da-adpf-das-favelas-pedem-ao-stf-novo-plano-para-reduzir-letalidade-policial-no-rj.ghtml

#26A Día de la Visibilidad Lésbica: desafiando al heteropatriarcado

Washington D.C., 26 de abril de 2022.- En varios países del mundo, cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Tal y como se concibe la fecha, es un acto político que reivindica la presencia y el papel de las personas lesbianas en los espacios públicos. Es también una oportunidad para continuar luchando por los derechos humanos y para visibilizar los múltiples desafíos que enfrentan desde la sociedad y el Estado. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+, da especial reconocimiento a las vidas lesbianas que se rebelan y enfrentan al mandado de la heteronormatividad, un sistema que normaliza e institucionaliza la violencia contra las diversidades sexuales e identitarias. A lo largo del tiempo, dicha contribución ha sido y es de suma importancia para la lucha por los derechos humanos y la vida digna. 

Esta también es una oportunidad para recordar las valerosas luchas del movimiento lésbico y las tareas pendientes que los diversos Estados de América Latina y el Caribe tienen con las lesbianas. En la historia de Perú, por ejemplo, este año por primera vez una pareja de madres y esposas lesbianas, Jenny Trujillo y Darling Delfín, demandaron al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres”, como indica el portal web de Demus, organización que litiga el caso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del país se niega a registrarlas a ambas en el documento de identidad de su hijo como sus madres, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo. Actualmente, el caso tiene una petición y solicitud de medida cautelar en curso dentro del Sistema Interamericano. En Perú, las familias homoparentales siguen siendo tabú y no gozan de los derechos que les corresponde por ley. A menudo, las madres lesbianas son criminalizadas por sus exparejas hombres y por la justicia peruana que durante los procesos de tenencia pretenden quitarles a sus hijos/as. Por ello, el caso de Jenny y Darling marcaría un gran precedente en el reconocimiento legal de familias diversas.  

En Colombia, el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo también llegó a la CIDH y tuvo un precedente importante. Ella estuvo privada de su libertad en el Centro de Reclusión Dosquebradas «La Badea», en Pereira, cuando demandó al Estado porque las autoridades penitenciarias se negaron a autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. Como resultado de un proceso legal de 9 años y una Solución Amistosa en el Sistema Interamericano, el Estado tuvo que pedir  disculpas por discriminarla e implementar una reforma al reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prohibir que se sancionen las manifestaciones de afecto entre integrantes de los sectores LGBTI+ al interior de las cárceles.  

Por otro lado, en República Dominicana, organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+ como TRANSSA, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y el Voluntariado GLBT se encargan de documentar y producir data sobre situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, una labor que en general los Estados de la región no desempeñan.  En su último informe titulado “Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominicana” señalan que entre 2020 y 2021, en este país asesinaron a dos mujeres lesbianas, una en cada año.  

La falta de un sistema de registro estatal que recopile datos sobre las violencias contra las personas LGBTI+ dificulta la formulación de políticas públicas de prevención y atención, e imposibilita producir datos estadísticos para visibilizar y abordar la violencia adecuadamente. 

Por su parte, Nicaragua vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos que agrava la situación de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, como las personas LGBTI+, y más aún si participan en espacios políticos y de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, más de 70 personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de campañas de odio, y más de 4 personas estuvieron encarceladas por motivos políticos y en condiciones discriminatorias por su orientación sexual e identidad de género. Dos lideresas lesbianas de la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua que se encuentran en el exilio aseguraron que, en los espacios políticos nicaragüenses, tanto oficialistas como de oposición, se invisibilizan las demandas de las mujeres lesbianas y no se priorizan medidas que garanticen sus derechos. Además, manifestaron que las mujeres lesbianas no tienen acceso real a los espacios de toma de decisiones y más si son jóvenes.  

En Cuba desde 2002, Las Isabelas -primer grupo de activismo formado por mujeres no heterosexuales de Cuba- vienen reclamando el reconocimiento de sus uniones y familias, sus derechos patrimoniales como pareja, a visitas conyugales para mujeres lesbianas en las cárceles, la Educación Integral de la Sexualidad y la perspectiva de género.  Actualmente, el gobierno de este país promueve una serie de reuniones para dar a conocer y debatir los alcances del proyecto de ley del Código de las Familias. Sin embargo, esta iniciativa que reconoce a las familias diversas se someterá a consulta popular, una situación insólita porque los derechos humanos no se supeditan a votación.  

Desde Raza e Igualdad seguimos trabajando a favor de los derechos de las personas LGBTI+ y de la mano con diversas organizaciones a fin de erradicar los estereotipos, prejuicios y normas sociales que discriminan y normalizan la violencia contra las lesbianas en espacios públicos y privados. Trabajaremos para derribar la heterosexualidad obligatoria que perpetúa el bullying lesbofóbico, las terapias de conversión, las violaciones correctivas entre otros crímenes de odio. ¡Los derechos LGBTI+ son derechos humanos! 

En ese sentido, recomendamos a los Estados: 

  • Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género. 
  • Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas y personas GBTI+ en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención. 
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas y personas GBTI+. Asimismo, elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as. 
  • Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas y personas LGBTI+ a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.  
  • Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.  

Relatora CIDH para Nicaragua: “Seguiremos monitoreando la situación, acompañando y escuchando a las víctimas”

La labor de monitoreo, documentación, denuncia y condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental desde el inicio de la grave crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Reconociendo su labor, en el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la Relatora para Nicaragua de la CIDH, Esmeralda Arosemena, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

En un informe publicado en octubre de 2021, la CIDH advirtió que en Nicaragua existe un debilitamiento del Estado de Derecho y un profundo deterioro en materia de Derechos Humanos que se viene fraguando desde hace dos décadas. ¿Qué avances o retrocesos se han dado en Nicaragua en materia de Derechos Humanos desde la publicación de este informe (octubre de 2021)? ¿Qué nuevos patrones se han identificado y qué es lo que más preocupa actualmente?

El informe recoge varios elementos que dan cuenta de lo que señala el título del mismo, concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua. En noviembre de 2021 se llevaron a cabo elecciones en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, lo cual permitió asegurar que el Ejecutivo se perpetúe en el poder y a su vez, consolidar un régimen antidemocrático en el país.

La CIDH observa que el Estado continúa con una estrategia tendiente a mantener cooptado el espacio cívico y democrático mediante la imposición de un estado policial perpetuo, y de nuevas medidas y leyes que restringen de manera arbitraria los derechos de la población. Recientemente, desde la CIDH, rechazamos el cierre masivo y forzado de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros.

Por otro lado, tenemos muy presente la violación del derecho penal, incluso (las) recogidas en las normas constitucionales del país; y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno, elemento que responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de derecho y de la democracia. Ello recordando a las presas políticas y presos políticos que, entre febrero y marzo fueron juzgadas, y condenadas con altísimas penas, sin garantías judiciales.

Han pasado 4 años desde el inicio de la crisis en el país, y el régimen de Ortega y Murillo continúa sin dar una respuesta a las recomendaciones y medidas cautelares otorgadas por la CIDH e incumple sentencias y resoluciones de la Corte-IDH. ¿Cómo valora esta posición de Nicaragua? ¿Cuál es la posición de la CIDH para contribuir al cese de la represión y a la salida de esta crisis? ¿Qué mecanismos o instrumentos internacionales adicionales existen para la rendición de cuentas en Nicaragua?

Entre los roles que la CIDH tiene, está el de generar conciencia sobre los derechos humanos, visibilizar las vulneraciones, y hacer uso de sus mecanismos de protección como las medidas cautelares. En tal sentido, seguiremos monitoreando la situación, acompañando y escuchando a las víctimas, y exigiendo que Nicaragua restablezca su democracia y repare las graves e inaceptables violaciones que siguen ocurriendo bajo un régimen que decidió no ser democrático.

La Comisión ha valorado la falta de cumplimiento de sus recomendaciones para la inclusión del Estado de Nicaragua en la sección B del Capítulo IV de su Informe Anual por tres años consecutivos. Hemos otorgado más de 30 medidas cautelares a personas, líderes, lideresas, opositoras políticas por estar en situación de riesgo y daño irreparable a sus derechos. Por su parte, la Corte Interamericana en 2021 comunicó a la OEA el desacato del Estado de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas a favor de la liberación de las personas presas políticas en el país. Esto ejemplifica que, desde los órganos del Sistema Interamericano se está haciendo uso de todas las herramientas convencionales disponibles para contribuir con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado.

Debemos recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua fue una instancia instalada mediante un acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG OEA), la CIDH y el gobierno de Nicaragua para investigar los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. El GIEI presentó su informe que daba cuenta de las graves violaciones ocurridas y que continuaron. Posteriormente, la CIDH instaló su Mecanismo Especial de Seguimiento también para Nicaragua (MESENI) para seguir monitoreando y visibilizando. Ahora Naciones Unidas ha resuelto establecer también tiene una propuesta de establecer un grupo de personas expertas para que investigue las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Recientemente, en una audiencia de la CIDH, expresó que ha intentado establecer un diálogo con el Estado pero no ha recibido respuesta alguna. ¿Cree que hay posibilidades de obtener una respuesta positiva del Estado en el corto plazo? ¿Qué resultados se puede esperar de este diálogo?

La Comisión Interamericana ha expresado permanentemente su disposición para colaborar técnicamente con el Estado para el restablecimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el cumplimiento de las recomendaciones. Desde nuestro rol, seguiremos insistiendo en que el diálogo nacional con los organismos que cumplen la función de defender y promover los derechos humanos, es una de las vías que debe asumirse en todo sistema democrático para la reparación, para la memoria, verdad y justicia.

Anteriormente, usted ha expresado que las personas presas políticas son prioridad para la Comisión. Desde su Relatoría:¿Visualizan avances que podrían resultar en la pronta liberación de las personas presas políticas? ¿Qué otros esfuerzos se prevén para exigir la liberación de estas personas?

Para la Comisión, las 171 personas presas políticas son prioridad y continuará trabajando por su liberación, así como para garantizar el debido proceso y el acceso a una defensa. Sin embargo, como lo mencioné con antelación, lamentamos la falta de voluntad del Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas y liberarlas de inmediato. Por lo anterior, la Comisión seguirá haciendo uso de todos sus mecanismos para que las presas y los presos salgan en libertad y reciban justicia y reparación.

En mi calidad de relatora para Nicaragua, seguiré acompañando a las mujeres y hombres que hoy son presos y presas políticas, a través de sus familias, amigas y amigos, de sus abogadas y abogados.

Como Relatora de Pueblos Indígenas, ¿Cuál es su valoración de la reciente cancelación de la organización defensora de derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes CEJUDHCAN? ¿Qué desafíos existen en relación a la obligación estatal de respetar la autodeterminación de estos pueblos en Nicaragua?

Sin lugar a dudas, el cierre de esta organización (CEJUDHCAN) tiene consecuencias graves para la protección de los derechos y territorios tradicionales de los pueblos  de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Al respecto, integrantes de diferentes comunidades han denunciado los graves efectos que el cierre de esta organización tiene para la protección de sus derechos, tierras y territorios tradicionales en un contexto de agresiones sistemáticas por parte de «colonos» (terceros invasores no indígenas). Vale recordar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales están estrechamente vinculados con sus tierras, territorios, recursos naturales, instituciones sociales, culturales y políticas propias, y su libre determinación.

En el informe sobre derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales de la CIDH se hace referencia a que los distintos elementos constitutivos de la libre determinación como la participación política, consulta y consentimiento libre, previo e informado, forman parte de compromisos y obligaciones de los Estados en virtud de instrumentos internacionales. Este es uno de los desafíos que los Estados, entre ellos el de Nicaragua, tienen respecto a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes.

El pasado 7 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas afirmó que “los Pueblos Indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad”. Dados estos antecedentes: ¿De qué forma considera usted podría la CIDH articularse con el Sistema de Naciones Unidas para buscar una mejora en la situación de desprotección en que viven los pueblos indígenas?

Desde el inicio de la crisis, la CIDH trabaja de manera coordinada con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) para atender las graves violaciones de derechos humanos. El año pasado, ante la intensificación de la represión en el contexto de las elecciones, la CIDH anunció además que reforzaban este trabajo, así como la intención de establecer estrategias articuladas para brindar respuestas oportunas a la situación que se observa en el país […]

El pasado 23 de marzo, el ex-embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega en contra de la ciudadanía nicaragüense: ¿Qué importancia  tiene esta denuncia para la CIDH? ¿Podría tomarse como una prueba más del deterioro de la situación de derechos humanos?

La CIDH considera que las declaraciones del Embajador Arturo McFields confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras […] Asimismo, demuestra la persistencia de un estado policial que, en coordinación con grupos del Gobierno, agrede, vigila, amenaza y hostiga a cualquier persona identificada como opositora, y ello para este caso, se plasma con la destitución de Arturo McFields como embajador de Nicaragua ante la OEA.

¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía nicaragüense, particularmente para las víctimas de la violencia estatal? ¿Qué llamado hace al Gobierno de Nicaragua? ¿Cuál es su mensaje a la comunidad internacional y otros Estados de la región frente a la profundización de la crisis?

A 4 años del inicio de la crisis de derechos humanos, la CIDH recuerda a las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que mantiene su compromiso permanente de seguir trabajando hasta lograr la justicia y reparación, la reconstrucción de la democracia y lograr que la reconciliación nacional llegue con memoria y verdad histórica. Desde nuestro rol, velaremos incansablemente por que la protección a la vida y la integridad física de cada una de las personas sea garantizada, asi como la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.  

#31M: Reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans para la plena garantía de sus derechos humanos

Washington D.C., 31 de marzo de 2022.– Este Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea exaltar la importancia del reconocimiento y respeto de la identidad de género de las personas trans, como base para la plena garantía de sus derechos humanos, específicamente de sus derechos económicos y sociales. En Latinoamérica, las personas con expresión e identidad de género diversas se enfrentan a grandes desafíos para acceder a servicios básicos que, a su vez, constituyen derechos fundamentales de los cuales toda persona debe gozar sin sufrir ningún tipo de discriminación o violencia.

En al menos 11 países de América Latina y el Caribe existen procesos legales o administrativos para que las personas trans rectifiquen sus documentos de identificación según su identidad de género. Por ejemplo, en Brasil—país con la mayor cifra de personas trans asesinadas en el mundo—el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció en 2018 que las personas trans y travestis mayores de 18 años, independientemente de la cirugía de reasignación de sexo, tratamientos hormonales o la presentación de documentos médicos o psicológicos, tienen derecho a cambiar de nombre, género, o ambos, en cualquier oficina del Registro Civil del territorio nacional, sin la presencia de un abogado o defensor público.

En tanto, en México, 14 de los 32 Estados de este país reconocen en sus legislaciones el derecho a la identidad de género, por lo que las personas trans pueden acceder a la modificación de su sexo o género por medio de un trámite administrativo, sin tener que atravesar un proceso judicial. El Estado de México fue el último en incorporar este reconocimiento, en julio de 2021, con una votación en el Congreso que tuvo 59 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Los otros Estados son Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

En países como Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, no existe ningún marco jurídico o administrativo para que las personas trans realicen la rectificación de sus documentos de identidad, o bien no hay jurisprudencia en ese sentido y, por tanto, si una persona trans decide iniciar el proceso, este queda a discreción de los administradores de justicia y puede ser un camino largo y costoso económica y emocionalmente. Ese es el caso de Mística Guerrero, una mujer trans de Nicaragua que hasta mayo de 2021 no contaba con un documento de identidad porque en 2012 inició el trámite de cambio de nombre ante la Corte Suprema de Justicia y desde entonces no ha habido un fallo sobre su caso, según el reportaje de un medio local.

La falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans no solo está determinada por la existencia o no de procesos para realizar el cambio de nombre, sino también por la voluntad y capacidad de gestión en las instituciones del Estado que deben aplicar las normas en términos de registro civil. Y es que, pese a la existencia de estos procesos en muchos países, activistas y organizaciones LGBTI+ suelen registrar dificultades para que las personas trans accedan a los mismos, debido a factores como la falta de claridad y actitudes transfóbicas, lo que genera dilaciones y que las personas desistan de la gestión.

A ello debe sumarse el hecho que son muy pocas las personas trans que cuentan con el apoyo de sus familias en estos procesos, pues el hogar se configura como el primer espacio en el que las personas con expresión e identidad de género diversas experimentan actos de rechazo, violencia y discriminación, dinámica que se mantiene a lo largo de sus vidas.

“[…] Existe un sinnúmero de barreras que alejan a las personas trans y de género diverso de poder desarrollar su pleno potencial y de acceder a derechos básicos desde una temprana edad, que tienen que ver con el rechazo y la violencia que reciben desde que comienzan a exteriorizar su identidad de género. En ese orden, son numerosos los informes que dan cuenta de una alta prevalencia de adolescentes trans y de género diverso que sufren la expulsión de sus hogares a temprana edad”, apunta en ese sentido el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, publicado en agosto de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Identidad de género y derechos económicos y sociales

El no reconocimiento de la identidad de género tiene serias implicaciones en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales. Es importante señalar que los Estados tienen obligaciones de cumplimiento y garantía sobre estos derechos con base en el principio de igualdad y no discriminación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia el hecho de que las personas trans y de género diverso muchas veces porten documentos de identificación que no se condicen con su identidad de género”, señala la CIDH en el informe antes mencionado. De esta forma, el acceso a derechos como salud, educación, vivienda y empleo se ve limitado y sujeto a prejuicios; además que se aumentan las posibilidades de que las personas sufran situaciones de violencia y discriminación.

Agatha Brooks, mujer trans de República Dominicana e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), ha experimentado discriminación al intentar acceder a una vivienda. “No se nos alquila casa, porque creen que somos personas depravadas y que somos malos ejemplos para niños o familias alrededor”, indica.

Aparte del problema de acceso a estos derechos, las personas trans también enfrentan violencia y discriminación cuando los ejercen. Arturo Nicolás, hombre trans de Perú e integrante de Diversidad Transmasculina, refiere que se necesitan medidas urgentes en el ámbito educativo para garantizar el pleno acceso de las personas trans a este derecho. “Esto no significa solo abrir los espacios mediante cupos o medidas parecidas. Los protocolos de atención y de contención en caso de violencia son pilares para sostener a las personas trans o disidentes del género en los espacios educativos”, afirma.

Mientras que Bruno Pfeil, hombre trans de Brasil y coordinador de la Revista Estudios Transviades, comparte su experiencia en el acceso a la salud: “En el campo de la salud, el (des)acceso que más me pesa es la salud ginecológica. Ya sea para hacerme pruebas, o simplemente para hacerme el chequeo de rutina; siempre es un dolor de cabeza tener que explicar que tengo útero, que necesito cierta consulta, y que la mirada que debe darse en mi cuerpo no se puede construir bajo la prerrogativa cisgénera”.

En su Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH da cuenta de forma amplia de cómo la imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, por lo que considera urgente que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

Aunque reconocemos y celebramos la adopción de procesos judiciales y administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans en varios países de Latinoamérica, creemos que esto no solo depende de que se rectifique su nombre y/o género en sus respectivos documentos de identidad, sino que también está estrechamente relacionado a la implementación de procesos educativos y políticas públicas para eliminar la LGBTIfobia en la sociedad y garantizar servicios efectivos y apegados a sus necesidades, respectivamente.

También apreciamos y agradecemos el rol del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz, quien a través de informes—como el último titulado Ley de Inclusión y Prácticas de Exclusión—y de numerosas intervenciones ante la sociedad civil y Estados, ha posicionado el tema de la identidad de género como una experiencia determinante en la vida de las personas y, por tanto, sujeta a un marco de derechos que los Estados deben garantizar.

Junto a ello, elevamos algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el informe antes referido y que consideramos pasos clave para que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en la región:

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Colombia: Raza e Igualdad alerta sobre el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos al iniciar el 2022

Colombia, 21 de enero de 2022. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, así como el aumento de la violencia armada en los territorios de comunidades étnicas. Esta situación se ha visto exacerbada en las primeras semanas del 2022 y  le ha costado la vida a seis líderes sociales, incluido un niño indígena defensor del medio ambiente.[1]

Hasta este 19 de enero, organizaciones que monitorean y registran la situación en los territorios habían registrado graves violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del país.[2] La violencia a manos de grupos armados se ha incrementado, dejando un impacto desproporcionado en las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, especialmente en territorios con gran presencia de comunidades afrocolombianas e indígenas. Por ejemplo, en Arauca—al Este del país—se están presentando fuertes enfrentamientos entre diferentes grupos armados[3], con un saldo preliminar de 27 personas asesinadas, 57 familias víctimas de desplazamiento, 50 personas desaparecidas y 2,000 personas en riesgo.[4] Además, durante el 2022 ya se han registrado 10 masacres en acciones de control territorial y “limpieza social”.[5]

En este contexto, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia se sigue exacerbando. Para la fecha, se reportan 9 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en el país. El 10 de enero fue asesinado Nilson Antonio Velasquez Gil, líder social, en Medio San Juan, Chocó,[6] el 14 de enero de 2022 fueron asesinados Guillermo Chicana[7] y Breiner David Cucuñame López,[8] lideres indígena y ambientalistas, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Por otra parte, el 17 de enero de 2022 fueron asesinados 4 líderes sociales: Miguel Carrillo, líder social, cultor y artesano, en Arauquita, Arauca,[9]Luz Marina Arteaga Henao lideresa campesina, médica y reclamante de tierras, en Orocué, Casanare,[10]  Mario Jonathan Palomino Salcedo, profesor y líder social en El Carmen de Viboral, Antioquia[11],  y Wilson Costez Molano líder de Puerto Guzmán, Putumayo.[12] El 19 de enero del presente año fue asesinado José Avelino Pérez Ortiz, líder social en Arauca, Arauca; por último 20 de enero fue asesinado Libardo Castillo Ortiz, líder del consejo comunitario en la vereda San Miguel de Ñambi del municipio de Barbacoas, Nariño;[13] completando un total de 9 líderes y lideresas sociales asesinados en los primeros 20 días del 2022.[14]

Cabe resaltar que, según las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, el 2021 cerró con 168 líderes y lideresas sociales asesinados,[15] entre ellos el joven afrocolombiano Esnaider Javier Castillo Ortíz, quien era integrante de la Fundación Arcoíris. Esnaider fue asesinado el 27 de diciembre de 2021 en Barbacoas, Nariño, y era un reconocido líder cultural de la zona.[16]

En este 2022 vemos cómo se continúan agudizando los patrones de violencia sistemática contra personas defensoras y liderazgos sociales, que impactan de manera desproporcionada a las personas indígenas y afrocolombianas.

Raza e Igualdad expresa su preocupación por la situación escalonada de violencia y rechaza los asesinados de personas defensoras y liderazgos sociales. Ante este aumento de las violaciones de derechos humanos, resulta necesario adoptar medidas urgentes para garantizar la protección y seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado. Desde el Instituto, llamamos la atención sobre el trabajo que realiza la Unidad Nacional de Protección, reiterando la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas, integrales, efectivas y con enfoques diferenciales que permitan responder a las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras en los territorios del país.

En este sentido, el Estado colombiano debe responder a las necesidades de protección garantizando trámites ágiles y sin demoras injustificadas, con evaluaciones de riesgo que no sean revictimizantes y que respondan a la realidad de los territorios desde los enfoques diferenciales. Por consiguiente, instamos al Gobierno colombiano a que adopte medidas integrales para abordar la situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que realicen seguimiento y emitan recomendaciones para la verdadera garantía de los derechos humanos en Colombia.

 

 

[1] DIARIO VEA     http://diariovea.com.ve/horroroso-ya-son-6-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-2022/

[2] El Espectador (2022 20 de enero) https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/en-apenas-55-horas-asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-arauca/

[3] Mesa, Jesús (2022, 14 de enero). El Espectador le explica: la situación de orden público que se vive en Arauca. El Espectador.

[4] INDEPAZ (2022, 8 de enero). La violencia en Arauca es mucho más que choques entre grupos armados. Indepaz.org.co.

[5] INDEPAZ. Masacres ocurridas en Colombia en 2022. Cfr. Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz. Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022.

[6] INFOBAE (2022, 18 de enero)  https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/alerta-en-choco-conflicto-entre-eln-y-clan-del-golfo-ha-desplazado-a-mas-de-1500-personas/

[7] El Colombiano (2022, 14 de enero). Denuncian el asesinato de líder indígena en Buenos Aires, Cauca.

[8] El Colombiano (2022, 15 de enero). Disidentes asesinan a Breiner David, joven de la guardia indígena en Cauca.

[9] INDEPAZ (2022, 17 de enero). Con Miguel Carrillo sería 03 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1289 desde la firma del Acuerdo de Paz.

[10]El Tiempo (2022, 18 enero) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hallan-cuerpo-de-luz-marina-arteaga-lider-social-asesinada-en-casanare-645615

[11] Caracol Radio /2022, 19 de enero) https://caracol.com.co/emisora/2022/01/19/medellin/1642563158_680218.html

[12]Tele sur (2022 20 de enero) https://www.telesurtv.net/news/colombia-putumayo-septimo-lider-social-asesinado-20220120-0002.html

[13] Indepaz https://twitter.com/Indepaz/status/1484319294825533442

[14]Indepaz   https://twitter.com/Indepaz/status/1484141878920552452

[15] INDEPAZ OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDADES

 https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/

[16] El Tiempo (29 de diciembre 2021) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esnaider-javier-castillo-luto-en-el-pacifico-por-su-asesinato-641740

Ante la CIDH: Estado de Nicaragua incumple con medidas cautelares otorgadas a favor de periodistas independientes 

En el marco del 182 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes 14 de diciembre, periodistas independientes beneficiarios de medidas cautelares y representantes del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participaron en una audiencia pública para exponer el incumplimiento absoluto de la implementación de las medidas otorgadas a favor de 49 integrantes de los medios de comunicación independientes Confidencial, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima. Asimismo, señalaron que los hechos de riesgo a los que han continuado sometidas las personas beneficiarias se enmarcan en los patrones sistemáticos de represión a la libertad de expresión y prensa que se vive en Nicaragua.  

Desde el año 2018, la CIDH otorgó las primeras medidas cautelares al equipo periodístico de Confidencial y Radio Darío. Posteriormente, en el año 2019, se otorgaron medidas al director de La Costeñísima Sergio Warren León (D.E.P.), su familia y otros integrantes del medio; y recientemente, hace 6 meses, la CIDH otorgó medidas a la jefa de prensa de dicho medio caribeño, Kalua Salazar y su familia. Lamentablemente, hasta la fecha el Estado de Nicaragua no ha adoptado medida alguna para proteger la vida e integridad de estas personas, no ha removido los obstáculos para que puedan ejercer su labor libres de riesgo, y no ha investigado los hechos que dieron lugar al otorgamiento de dichas medidas ni los ocurridos con posterioridad. Al contrario ha tomado acciones en contra, forzando a la mayoría al exilio.

Para el fotoperiodista de Divergentes, Carlos Herrera, “Nicaragua se ha convertido en un terreno abiertamente hostil, bajo amenaza constante, o una cárcel para quienes ejercen el periodismo independiente desde dentro del país”. Ante el peligro de agresión física, de asalto y confiscación de nuestros bienes e instrumentos de trabajo, el asedio de policías y paramilitares, e incluso la posibilidad de ser detenidos y criminalizados por ejercer su profesión, Herrera decidió salir del país hace unos meses. 

Por su parte, el Director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro denunció que se había vuelto a ver forzado al exilio, y enfatizó que desde mayo de este año, el Ministerio Público desató una nueva ola represiva contra el periodismo independiente. Al menos 45 periodistas –entre ellos, beneficiarios de medidas cautelares– fueron sometidos a interrogatorios hostiles, e incluso fueron amenazados con abrir procesos de investigación en su contra, bajo la Ley Especial de Ciberdelitos.

Wilfredo Miranda, periodista del medio digital Divergentes, quien se encuentra en el exilio por segunda  ocasión, advirtió que las y los beneficiarios que continúan en terreno son víctimas de persecución y asedio, actos de vigilancia e intimidación tanto en sus casas de habitación como en las de sus familiares.

Aníbal Toruño, director de Radio Darío -medio que sufrió un incendio en el contexto de las protestas sociales de abril 2018- denunció que, el día posterior a las votaciones del 7 de noviembre, las instalaciones de la Radio fueron asediadas por motocicletas de simpatizantes del régimen, quienes detonaron morteros con el objetivo de amedrentar e intimidar a los trabajadores que en ese momento permanecían en las instalaciones.

Finalmente, la asesora legal de Raza e Igualdad María Luisa Gómez, señaló que las y los trabajadores de  La Costeñísima, continúan expuestos a una situación de riesgo muy grave. Además de las continuas amenazas y campañas de difamación, policías y agentes paraestatales asedian las instalaciones de la radio y las casas de habitación de sus trabajadores regularmente”.

Cabe destacar que, a mediados de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió que por lo menos 65 periodistas nicaragüenses se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad y riesgo. 

En la audiencia, el Relator Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó que, en el actual “régimen de censura” no hay garantías para la libertad de expresión; sin embargo “la reconstrucción del Estado de Derecho en Nicaragua pasa por las garantías a la libertad de expresión y el trabajo de las y los periodistas, y… la justicia para las víctimas también pasa por la prensa, que documenta las violaciones a los derechos humanos”, razón por la cual un reconoce la importancia del periodismo nicaragüense que, en circunstancias adversas, “no solo persiste, sino que también con estándares de calidad y rigurosidad”.

Petitorio

Las personas beneficiarias y sus representantes solicitaron a la Comisión emitir una resolución de seguimiento, urgiendo al Estado la implementación de las medidas otorgadas, y utilizar el mecanismo de peticiones para examinar las violaciones a la Convención Americana en que ha incurrido el Estado.

Asimismo, pidieron que se intensifiquen los esfuerzos de monitoreo, escrutinio y denuncia de la situación que enfrentan las beneficiarias de las medidas y el pueblo de Nicaragua, e instaron a la CIDH a requerir al Estado de Nicaragua que:

  1. Cese de inmediato cualquier represalia contra las personas beneficiarias, el periodismo y los medios independientes, revocando las órdenes de detención emitidas, absteniéndose de emitir nuevas.
  2. Libere a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, por ejercer su derecho de expresarse y por apoyar la labor de los medios independientes.
  3. Tome todas las medidas necesarias para que los y las periodistas que debieron salir al exilio puedan regresar al país con las debidas garantías para su seguridad, vida e integridad física. Asimismo, que se abstenga de imponer trabas u obstáculos arbitrarios a quienes desean salir de Nicaragua.
  4. Derogue la legislación que restringe la libertad de expresión y prensa, así como la cooperación internacional hacia el periodismo independiente.

Organizaciones afrocolombianas solicitan a la CIDH urgir al Gobierno adoptar una ruta de reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado e implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Colombia, 17 de diciembre de 2021. Las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la población afrodescendiente Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (LA COMADRE), Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) e Ilex Acción Jurídica, en compañía del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acciones inmediatas para abordar la grave situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres negras víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado.

La petición, que también hacen organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la  Pastoral Afrocolombiana y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), siendo más de 18 organizaciones, se hizo en el marco del 182° Período de Sesiones Virtual de la Comisión. Las organizaciones buscan que  se  implementen estrategias para poner fin a la grave situación de violación a los derechos humanos de las comunidades negras del Pacífico y se garantice el acceso a la reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia. 

De acuerdo con las organizaciones solicitantes, la situación de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes han devenido en una crisis humanitaria sin precedentes y en la negación del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ello, solicitan una atención integral urgente e impostergable. “Se trata de una violación masiva, sistemática y persistente de los derechos humanos de impacto desproporcionado en la población afrocolombiana, que no tiene precedentes continentales y que representa uno de los contextos de violencia más críticos a nivel mundial. De allí la relevancia de que la CIDH pueda conocer de primera mano, desde la voz de nuestras organizaciones, la situación actual y la identificación de los patrones y dinámicas conflictivas generalizadas”, expresaron las organizaciones. 

De igual forma, las peticionarias señalaron que pese a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales que han exhortado al Gobierno colombiano a diseñar y adoptar medidas que contemplen las particularidades y necesidades específicas de las mujeres negras, las barreras continúan acentuándose debido a que las autoridades judiciales no le dan una dimensión adecuada a la problemática de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, el contexto de negación de derechos ha traído como consecuencia una crisis humanitaria generalizada para la  población negra, provocada por la ocurrencia, aumento y proliferación de patrones de violencia en sus territorios, que incluyen actos de amenazas, hostigamiento e intimidaciones, masivos desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre otros, por parte de actores armados involucrados en el conflicto armado interno.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFR), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y el Comité Cívico por la Dignidad del Departamento del Chocó, junto a las demás organizaciones solicitantes, señalaron que  todo esto ha ocurrido como consecuencia de la no implementación por parte del Estado del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno nacional y la antigua  guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las organizaciones solicitantes instaron al Estado a garantizar la reparación colectiva de La COMADRE– organización que agrupa a mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado– y con ello, sus derechos a la autodeterminación y a la consulta previa; con enfoques diferenciales étnico y de género para lograr la transformación progresiva de las condiciones de desigualdad y de despojo del territorio en que se encuentran.

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