Raza e Igualdad lanza informe sobre mujeres presas políticas en Cuba y llama al Estado a cesar persecución y criminalización en contra defensoras de derechos humanos

Raza e Igualdad lanza informe sobre mujeres presas políticas en Cuba y llama al Estado a cesar persecución y criminalización en contra defensoras de derechos humanos

Washington D.C., 24 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el 18 de noviembre del presente año el informe “Voces en resistencia: mujeres presas políticas en Cuba”, el cual retrata la experiencia de mujeres que son o han sido presas políticas y el impacto que su condena y otros actos de represión han tenido en sus vidas. El informe, además, contiene recomendaciones al Estado cubano y a la comunidad internacional con miras a cambiar la situación de persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en la Isla.

El evento de lanzamiento contó con la participación del Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionado Stuardo Ralón, y de mujeres expresas políticas, quienes compartieron sus experiencias desde diferentes perspectivas. En tanto, Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad y autora del informe, presentó los principales hallazgos del mismo; y Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, brindó unas palabras de bienvenida en las que destacó la relevancia de este evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba sufren diariamente violencias estructurales de una forma muy particular. Tienen que liderar con la doble carga de trabajo renumerado y no renumerado que es común para mujeres en cualquier lado del mundo, pero también están sometidas a hostigamiento, amenazas, actos de repudio, interrogatorios y detenciones arbitrarias, entre otros, que muchas veces incluyen violencia tanto física como emocional. Las consecuencias de esta violencia se transfieren a las familias de las activistas y a sus comunidades. Y en los casos en que las activistas llegan a ser prisioneras políticas la violencia estructural y sus impactos son aún más graves”, señaló.

El informe

Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, explicó que aparte de la llamada “doble carga” que asumen las mujeres cubanas en un contexto de control político y desabastecimiento de alimentos y medicinas, las razones que motivaron la realización de este informe fueron que Cuba no cuenta con una ley que proteja a las mujeres de la violencia basada en género y la falta de información sobre mujeres presas políticas en la comunidad internacional.

El informe recoge los casos de 12 mujeres activistas que fueron condenadas por diferentes delitos después de expresar opiniones en contra del Gobierno. La mayoría pasaron seis meses o más en una institución penal en Cuba, mientras otras cumplieron condenas de arresto domiciliario. La información fue recolectada mediante entrevistas que se realizaron directamente con las mujeres o con los familiares de las mujeres que están actualmente detenidas.

“Las entrevistas con las presas políticas confirman que las prisiones en Cuba son inhumanas y no tienen las necesidades básicas para sobrevivir. Las mujeres estaban en celdas sucias, llenas de ratas e insectos y, en algunos casos, hasta excremento humano. Además, pasaron hambre y fueron aisladas de sus familias y de otras presas. Algunas sufrieron de violencia por parte de las reclusas o las guardias. Ninguna recibió tratamiento médico adecuado, lo que resultó en enfermedades graves”, refiere el informe.

Testimonios

La Dama de Blanco y expresa política, Jacqueline Heredia, es una de las protagonistas del informe. Fue detenida en abril de 2016 y, más de un año después de estar en prisión (mayo de 2017), recibió una condena de tres años de cárcel por los delitos de “desacato” y “atentado”. En agosto de 2017 le asignaron una licencia extrapenal por complicaciones graves en su salud. Hoy, la activista enfrenta el riesgo de volver a prisión, pues tanto ella como su esposo, Carlos Alberto Álvarez, están siendo acusados por el delito de “atentado”.

No obstante, su esposo está detenido desde hace seis meses en la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. “Lo detuvieron por [el impago de] unas multas arbitrarias que nos pusieron a los dos, y ahora nos acusan de atentado, para él piden 4 años y para mí 3 años de prisión. Dicen que cometimos el atentado en 2019, el 8 septiembre que es el día de la Marcha de los Girasoles, y nosotros participamos pacíficamente. Él está esperando el juicio en prisión y yo en casa”, contó a través de un video que se transmitió en el evento.

Yamilka Abascal, que integra la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y otras organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia en la Isla, fue condenada en 2017 a dos años de arresto domiciliario. Fue acusada de “desacato” cuando, junto a su esposo—el también activista José Rolando Casares—se dirigía hacia La Habana para participar en una rueda de prensa internacional para dar a conocer una campaña cívica de la Mesa de Diálogo.

Cuando recibió la condena, Yamilka tenía ocho meses de embarazo. En su participación en el evento, la cual fue vía telefónica, explicó que durante la reclusión domiciliaria era constantemente asediada por la Policía y esto la afectó psicológicamente a ella y a sus hijos. Pese a que ya cumplió su condena, la joven no deja de ser perseguida y amenazada por las autoridades y partidarios del Gobierno.

Lisandra Rivera es parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y por su activismo dentro de esta organización ha sido perseguida, amenazada y agredida físicamente en los últimos años, al punto que, en junio de 2014, perdió un embarazo de cuatro meses de gestación por una golpiza que le propinaron agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. “En 2016 fui detenida porque salí en defensa de unos cuentapropistas que ellos estaban golpeando y a finales de 2016 fui enjuiciada y llevada a prisión por el delito de atentado”, relató en un video que fue transmitido en el evento.

Rivera fue condenada a dos años de cárcel. Los primeros once meses los pasó en la prisión de Santiago de Cuba y durante ese tiempo estuvo sin recibir visitas y se le negó el derecho de realizar llamadas telefónicas. Luego fue trasladada a la prisión Kilo 5, en Camagüey, donde en cinco ocasiones fue aislada en celdas de castigo y una de ellas por tres meses y diez días; además, Lisandra sufrió las pésimas condiciones de la prisión en términos de higiene y alimentación.

La labor de la CIDH

En su intervención, el Relator para Cuba de la CIDH, destacó que en Cuba la sociedad civil reporta “un patrón sistemático para perseguir a los manifestantes pacíficos, a los opositores políticos, a los activistas”, el cual se ha agudizado a raíz de las protestas del 11 de julio y en el marco de la manifestación anunciada por la sociedad civil independiente para el 15 de noviembre, pero que no pudo realizarse debido a la fuerte represión del Gobierno. “Y esto lo realiza a través de hostigamiento, acoso, detenciones arbitrarias y juicios que no observan las mínimas garantías del proceso legal”, precisó.

El comisionado Ralón, en nombre de la CIDH, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado poner fin inmediato a la persecución y a las detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas, y aseguró que existe una enorme sensibilidad dentro de la Comisión de continuar esta labor de monitoreo “porque hay un pleno convencimiento de que para que exista un respeto a los derechos humanos, necesariamente tienen que haber las principales libertades que exigen estas voces opositores”.

En Raza e Igualdad seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba, incluida la persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Con este informe esperamos contribuir a cambiar esta realidad, exigiendo que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y compartiendo con la sociedad civil y con la comunidad internacional algunas de las voces en resistencia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

Familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos solicitan a la CIDH visita in loco para constatar la situación de las personas privadas de la libertad en Cuba

  • El trabajo que hacen las organizaciones es una esperanza para Cuba, pero también para la región: CIDH

Jueves 21 de octubre de 2021.- Hoy se llevó a cabo la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba” durante la cual familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al Gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad.

La sesión, que no contó con la presencia del Estado cubano, tuvo lugar en el marco del 181º Período de Sesiones y en la misma una veintena de organizaciones, entre ellas Raza e Igualdad, expresó su deseo de que la CIDH inicie un proceso de diálogo entre la Comisión, el Gobierno cubano y las propias organizaciones.

En su intervención ante las Comisionadas y Comisionados, Sayli Navarro, promotora de “Cuba Decide” e integrante de las Damas de Blanco, narró la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, quien se contagió de COVID en prisión y aún no han podido verlo. También mencionó los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos. Destacó los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ quienes, si bien no son la mayoría de las personas detenidas, la represión contra ellas y ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno.

Destacó las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas de las protestas, para obstaculizar el flujo de información.  Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación independientes. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada. También alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social, abundó Diversent.

En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz dio a conocer que han hecho un seguimiento a las y los artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”, señaló.

Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de velar y salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía en Cuba, hizo un recuento de lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado desde el 11 de julio pasado. Por lo menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda.

Finalmente, Marthadela Tamayo González, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es solo un eslabón de la pedagogía de la crueldad. Se refirió a casos en particular como el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas activistas de derechos humanos, que fueron detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.

Por parte de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator del país, reconoció el esfuerzo y la valentía de labor que realizan las organizaciones en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea el causante de situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos, ya que tienen otra causa, dijo: “No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.

«Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba», sentenció.

Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.

Las y los Comisionados coincidieron en su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.

FIRMAN:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Cubalex

Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC)

Movimiento San Isidro (MSI)

Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

La Hora de Cuba

IFEX‐ALC

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Fundación para la Democracia Panamericana (FDP)

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Impulsa Latinoamérica (IL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

Instituto Patmos (IP)

Cuba: El Estado debe respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica, y cesar la represión contra quienes convocan a la Marcha Cívica por el Cambio

Washington D.C., 7 de octubre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su condena ante la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios que el Gobierno de Cuba está ejecutando en contra de personas que—en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica—se encuentran convocando a una marcha programada para el próximo 20 de noviembre, la cual han denominado Marcha Cívica por el Cambio. Respaldamos a la sociedad civil independiente en la Isla en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y llamamos al Estado a respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica.

Desde el pasado 20 de septiembre, día en que se dio a conocer la convocatoria a la manifestación, han sido detenidos al menos siete activistas independientes, entre ellos tres integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) que cuentan con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A medida que se han hecho públicas las cartas con las que la sociedad civil notifica a las autoridades locales sobre la realización de la manifestación, las y los firmantes de las mismas han sufrido detenciones, agresiones e interrogatorios de parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado.

El rapero e integrante del CIR, Osvaldo Navarro, fue detenido el viernes 24 de septiembre en las afueras de su casa en La Habana y estuvo privado de libertad alrededor de cuatro horas, mientras que el domingo 26 de septiembre, el coordinador nacional de dicha organización, Juan Antonio Madrazo, fue interceptado e introducido a una patrulla policial con la cual recorrieron varios puntos de la capital, incluyendo los alrededores de la prisión Valle Grande, y finalmente fue llevado a una estación policial. En ambos casos, los oficiales de la Seguridad del Estado cuestionaron y amenazaron a los activistas por su participación en la Marcha Cívica por el Cambio.

El lunes 27 de septiembre, fue detenida en la vía pública la activista Nairobis Scheri Suárez, pareja del coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, quien también fue detenido el miércoles 29 de septiembre. Scheri Suárez estuvo privada de libertad por tres horas, y Cuesta Morúa fue puesto en libertad después de 11 horas de arresto, tiempo durante el cual también fue interrogado por su involucramiento en la organización y convocatoria a la manifestación del 20 de noviembre. Desde entonces, su casa se encuentra bajo asedio policial.

El domingo 3 de octubre, Osvaldo Navarro volvió a sufrir una detención arbitraria, esta vez junto a su pareja y también integrante del CIR, Marthadela Tamayo, quien un día después denunció por redes sociales la advertencia que recibieron de parte de oficiales de la Seguridad del Estado: “De aquí al 20 de noviembre al CIR y al CTDC les vamos a hacer la vida un asco».

El lunes 5 de octubre, medios independientes informaron sobre la detención y agresión en contra de la activista Elsa Isaac Reyes cuando intentaba entregar a las autoridades una notificación sobre la realización de la Marcha Cívica por el Cambio en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. La activista se presentó por la mañana a la Intendencia y tras dar a conocer la razón de su visita, agentes de la Seguridad del Estado la interceptaron, le rompieron los documentos que llevaba, le arrebataron su celular y su cartera, y la llevaron a la estación policial de la localidad, donde la mantuvieron alrededor de tres horas y la amenazaron con llevarla a juicio por “desobediencia”.

Ese mismo día, el miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Dariem Columbié, fue detenido por oficiales del Ministerio del Interior cuando se dirigía al Gobierno Provincial de Santiago de Cuba a presentar una solicitud para llevar a cabo la manifestación del 20 de noviembre. Columbié estuvo privado de libertad por más de tres horas, y también fue interrogado durante ese tiempo.

Sobre la marcha

La iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio fue propuesta inicialmente por el dramaturgo Yunior García Aguilera, y se oficializó el pasado 20 de septiembre cuando varios activistas entregaron a las autoridades de La Habana una carta informando sobre la realización de la misma. En esa ocasión, la activista y curadora Anamely Ramos, dijo que “luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional».

Desde entonces, activistas han replicado la acción en al menos siete ciudades del país, entre ellas Pinar del Río, Guantánamo, Holguín, Santa Clara y Camagüey. Según sus organizadores, la manifestación exigirá que se «respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos» y abogará por la «solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas». Las y los activistas involucrados en esta iniciativa apelan al artículo 56 de la Constitución cubana, el cual contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

Raza e Igualdad reafirma su respaldo a la sociedad civil independiente en Cuba en esta acción ciudadana, a la vez que exhorta al Estado a cesar la persecución en contra de las personas que participan en la misma y a permitir el desarrollo de la Marcha Cívica por el Cambio sin ningún tipo de acoso o violencia de parte de entidades estatales o grupos afines al Gobierno, en correspondencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe señalar, además, que al otorgar las medidas cautelares a los tres integrantes del CIR, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar “las medidas necesarias para que Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”. Por otra parte, la Comisión manifestó en su momento su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio.

Recordamos que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra voces críticas, por lo que solicitamos a la comunidad internacional seguir de cerca la situación en la Isla y llamar a las autoridades a respetar el derecho a la manifestación, reunión, y pacífica, derechos que están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente por el artículo 20 de la misma.

 

Foto: Una patrulla policial asedia la casa del activista y defensor de derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa. Twitter / Marthadela Tamayo.

La organización “Somos Identidad” dialoga con las autoridades locales en Cali sobre los retos para la atención Y reparación de Las victimas Afro-LGBT del conflicto armado

Colombia, 14 de septiembre de 2021. La Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) sostuvo el pasado 27 de agosto de 2021 un encuentro con representantes de diferentes instituciones estatales de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de discutir sobre la necesidad y urgencia de implementar y fortalecer políticas de atención y reparación a víctimas del conflicto armado desde un enfoque interseccional, que tenga en cuenta la orientación sexual e identidad de género y la pertenencia étnica de las personas beneficiarias.

El encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que este tuvo en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT en la construcción de estrategias de incidencia local y la implementación de planes de trabajo en los territorios, en especial con las instituciones que tienen a su cargo la promoción de derechos y la atención de las víctimas del conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo interactivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron a lo largo del conflicto armado, y conversaron sobre las principales barreras y retos que hay para implementar medidas integrales de atención y reparación a las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali.

Sandra “Sami” Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas diversas sexualmente conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y LGBTI en los territorios. La participante señaló que el despojo, el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición forzada fueron formas de violencia contra las personas Afro-LGBT para desarraigarlas de su territorio y su comunidad.

En este sentido, Carmen Aguirre, quien funge como enlace con las víctimas del conflicto armado de la Secretaría de Paz de Cali, rescató los esfuerzos de la administración municipal para construir un relato sobre la memoria histórica que incluya todas las voces, y señaló que se están adelantando esfuerzos conjuntos con la mesa municipal de víctimas y los consejeros territoriales de paz a fin de avanzar en la reparación simbólica y en la implementación de planes de atención en salud mental para las víctimas.

Por su parte, Junny Gonzalez, en representación de la iniciativa “Campus Diverso” de la Universidad del Valle, presentó el plan de trabajo que esta institución educativa viene adelantando para la protección y promoción de un campus universitario libre de prejuicios contra las personas afrodescendientes a razón de su orientación sexual e identidad de género en intersección con su pertenencia étnica.

Otras instancias municipales, como los representantes del programa CaliAfro y del programa CaliDiversidad ahondaron en las rutas de trabajo que estas entidades están poniendo en marcha para la atención de población afrodescendiente y la población LGBTI+ respectivamente, señalando que uno de sus propósitos a largo plazo es la articulación con otras iniciativas municipales.

Para cerrar el evento, la organización Somos Identidad subrayó la necesidad de que cualquier medida que tenga por objeto la atención de las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali debe partir de un enfoque interseccional que tenga presente los diferentes factores de opresión que recaen simultáneamente sobre esta población. De igual manera, la organización reiteró su disposición para la cooperación y articulación con las instituciones locales, en especial para la ejecución de iniciativas que permitan la integración al relato oficial de memoria histórica de las poblaciones más segregadas, como el caso de las víctimas negras diversas

CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de los activistas Richard Adrián Zamora Brito, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), e Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), tras considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal.

Sobre Richard Adrián Zamora Brito

En enero y junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro  miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), al considerar que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo por las labores de defensa y promoción de derechos humanos que realizan en la organización. Como resultado de las protestas que se registraron el 11 de julio en Cuba, el riesgo se incrementó afectando a otros miembros del CIR, como Richard Zamora, por lo que Raza e Igualdad requirió la ampliación de medidas cautelares, la cual fue otorgada por la CIDH el 22 de agosto de 2021 mediante Resolución 64/2021.

Richard Adrián Zamora Brito, conocido como “El Radikal”, es músico, activista y Coordinador del CIR en la provincia de Matanzas. En este sentido, trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en su comunidad. Por sus labores como activista y artista, y por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha sido perseguido por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones.

El domingo 11 de julio de 2021, Richard Zamora acompañó las manifestaciones en la provincia de Matanzas a fin de documentar lo que estaba sucediendo en las protestas. En la noche retornó sin problemas a su hogar, ubicado en Colón; sin embargo, en la madrugada del 12 de julio, mientras descansaba, cuatro agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron. Ese día le informaron a su esposa que sería trasladado a la Estación de Policía del Municipio Colón, en la Provincia de Matanzas, por un supuesto «proceso de investigación».

El 14 de julio de 2021, la familia de Richard Zamora, incluida su esposa, estuvo en el Centro de Instrucción Penal en Matanzas para que las autoridades explicaran las razones de su detención. Los oficiales les comunicaron que una vez cumplidas las 96 horas informarían el delito por el cual sería acusado. Las 96 horas se cumplieron el 15 de julio sin ninguna novedad sobre su caso y su estado. Aunque sus familiares solicitaron la revisión de la medida de privación de libertad, tal requerimiento fue negado y tampoco tuvieron acceso al expediente. La única información que recibieron de manera verbal y extraoficial fue que Richard estaba siendo procesado por los delitos de “desorden público” y “disturbios”.

Luego de 40 días de incomunicación, el 20 de agosto de 2021, Richard Zamora fue liberado bajo fianza en espera de juicio. La fianza fue de 10.000 pesos, que equivalen a aproximadamente 500 dólares.

Sobre Irán Almaguer Labrada

El 7 de enero de 2021 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yandier García Labrada, hermano de Irán Almaguer Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde noviembre 2020. Ambos son miembros del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y por sus labores en esta organización han sido perseguidos y hostigados por las autoridades cubanas, lo que ha colocado en riesgo su vida e integridad personal.

Irán Almaguer Labrada es Coordinador del MCL en las localidades de Manatí, San Andrés y Alfonso donde realiza actividades de promoción y defensa de derechos humanos. Además, requiere tratamiento permanente para no perder su visión pues sufre de retinosis pigmentaria. Esto ha sido usado por la Seguridad del Estado como factor para amedrentarlo, ya que las veces que ha sufrido detención por corto tiempo le han advertido que, si continúa con su activismo, le negarían el tratamiento médico[1].

Desde su afiliación al MCL, Irán Almaguer Labrada ha sido víctima de amenazas, persecuciones, intimidaciones y detenciones de corta duración por sus labores de defensa de la democracia y derechos humanos en Cuba. Sin embargo, la intimidación en su contra se ha recrudecido desde la privación de libertad de su hermano Yandier García Labrada, y las consecuentes acciones que Irán ha emprendido para reclamar justicia. Desde enero 2021 es privado de libertad al menos una vez al mes por períodos cortos. Mientras se encuentra privado de libertad lo mantienen incomunicado de su familia, lo que causa un sufrimiento y estrés constante a su esposa, que es una persona no vidente e hipertensa, y a su hija de 14 años.

La última detención de Irán Almaguer ocurrió el 21 de julio de 2021, en el contexto de las históricas manifestaciones en la isla. Alrededor de las 9:00 am, mientras se encontraba en su vivienda, fue privado de libertad y trasladado a la Unidad Policial conocida como El Anillo, en la ciudad de Holguín, ubicada a 20 km de su domicilio.

Permaneció incomunicado y privado de libertad hasta el 23 de julio, día en que fue liberado en horas de la tarde. Mientras estuvo detenido lo colocaron en una celda solo y fue interrogado en dos ocasiones por los oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que sería encarcelado de “continuar con su activismo” e insistieron en que se mantenga callado sobre la situación actual de Cuba, pues tenían conocimiento que había comentado al respecto en una panadería. Le indicaron que de continuar “incitando a la población” lo procesarían.

Por estos hechos, el 28 de agosto de 2021, la CIDH a través de Resolución 68/2021[2] decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que implemente las medidas cautelares otorgadas a favor de Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada, lo que incluye la garantía de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad, seguridad y garantías judiciales. Además, nos unimos al llamado de la CIDH para que se aseguren las condiciones necesarias para el ejercicio de sus labores de activismo en las organizaciones de las que forman parte, sin ser objetos de intimidación, persecución o amenazas.

 

[1] https://www.radiotelevisionmarti.com/a/231859.html?fbclid=IwAR3Ok8hwQelrB7yS2UqS5WI6Nr6mcvPB56w1KZl2VZ2zou0SJ_RA4x0ljZ4

[2] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_68-21_mc_1068-20_cu_es.pdf

CIDH otorga medidas cautelares a favor de la periodista Georgina Vargas 

A solicitud del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el 28 de agosto de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la periodista independiente de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), Georgina Roxana Vargas Clarens, por considerar que está en una situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal en Nicaragua. 

En su resolución, la CIDH requiere al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la periodista Vargas Clarens, asegure que sus agentes respeten su vida e integridad personal, y proteja sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para que Vargas Clarens “pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores”.

Situación de riesgo acentuada por ser mujer y periodista independiente

La Comisión asegura que la situación de riesgo de Vargas Clarens “se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, así como en un contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país”.

Vargas Clarens se desempeña como corresponsal en la RACCN de Canal 10 de televisión desde el año 2013. Ha realizado reportajes periodísticos e investigativos sobre las invasiones a los territorios indígenas cometidas por diversos grupos de colonos con la aquiescencia de las autoridades locales y estatales. A su vez, ha documentado y divulgado las constantes agresiones de autoridades públicas contra comunitarios, y ha brindado cobertura especial a los distintos comicios electorales que se han celebrado en los últimos años en la Costa Caribe.

La Comisión reconoce que su situación de riesgo está relacionada directamente con su labor periodística, a consecuencia de la cual ha sido intimidada, amenazada, hostigada y agredida físicamente; represalias que se han acentuado con el tiempo, particularmente desde 2018 a la fecha. Asimismo, resalta que resulta sumamente preocupante que varias de las amenazas más recientes en su contra habrían venido de autoridades estatales.

La CIDH también enfatiza que “la propuesta beneficiaria tiene limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista en Nicaragua”. Asimismo, reconoce que existe cierta hostilidad por parte de actores estatales hacia ella, quienes además tendrían como objetivo de tenerla bajo estricta vigilancia y control a lo largo del tiempo”.  

Adicionalmente, la Comisión advierte que esta situación de riesgo se acentúa por el hecho de ser mujer periodista, ya que al ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera activa y mantener un alto perfil público, Vargas se ve enfrentada a la violencia y la discriminación basada en género, así́ como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales.

Finalmente, la Comisión expresa que el Estado de Nicaragua ha tenido conocimiento, internamente y a través del presente procedimiento, de la situación de riesgo enfrentada por la periodista Vargas Clarens, dadas las denuncias policiales interpuestas por la beneficiaria. Sin embargo, estima que el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante. También tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta la beneficiaria como mujer periodista; por tanto, otorgó las medidas cautelares solicitadas en  favor de la periodista Georgina Vargas Clarens. 

Pronunciamiento

Como organizaciones que acompañamos a las y los periodistas independientes en el marco de la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Georgina Vargas, reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en la RACCN y en Nicaragua en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres periodistas; y reafirma la responsabilidad del Estado de Nicaragua de tomar todas las medidas para garantizar su protección, cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad publica análisis sobre personas detenidas por motivos políticos y llama a los órganos de protección del Sistema Interamericano a sostener el requerimiento a los Estados de su inmediata liberación

Washington D.C., 26 de agosto de 2021.- Ante el preocupante incremento de detenciones por motivos políticos en Nicaragua y otros países de la región, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y del público en general, un análisis que expone la necesidad de que, en su respuesta frente a esta problemática, los mecanismos de protección requieran a los Estados la liberación inmediata de las personas detenidas.

“Consideramos que, cuando existen elementos suficientes para determinar, prima facie, que una persona ha sido detenida por motivos políticos -y por lo tanto sus derechos se encuentran en riesgo-, los mecanismos de protección de derechos humanos deben requerir a los Estados la inmediata liberación, no sólo con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas, sino también a sus derechos políticos y al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, entre otros”, plantea el documento, disponible aquí.

En el análisis, Raza e Igualdad se refiere a los elementos que pueden identificarse para determinar, al menos a primera vista, que una persona ha sido detenida por motivos políticos, y los clasifica como: 1) Elementos subjetivos, relativos a la actividad política, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la identidad de la persona o grupo afectado; 2) Elementos objetivos, vinculados a la motivación política del Estado y la utilización de sus instituciones con el fin de retener el poder o implementar determinadas políticas; y 3) Elementos contextuales relativos a la existencia de personas presas por motivos políticos en contextos democráticos y no democráticos.

Raza e Igualdad señala que los órganos del Sistema Interamericano “deben ir un paso más allá y reconocer expresamente que las detenciones por motivos políticos ponen en una situación de grave vulnerabilidad a las víctimas de estos hechos, y sus derechos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables si no se toman medidas para revertir tal situación”. Por tanto, concluye que la principal medida de protección que deben ordenar los mecanismos es su inmediata liberación.

Situación en Nicaragua

Desde el 28 de mayo hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 34 personas identificadas como opositoras. En el caso de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro, y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos, Violeta Granera y Tamara Dávila, la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) otorgó recientemente medidas provisionales a su favor y ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata”

Para este viernes 27 de agosto, el Estado de Nicaragua está convocado a comparecer ante la Corte-IDH en una audiencia pública cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el pasado 24 de junio, en el caso de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y ampliadas el 19 de julio de 2021 en el caso de Dávila. Todas estas personas llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.

 

Foto: Óscar Navarrete.

Raza e Igualdad expresa preocupación por la detención, incomunicación y revocatoria de la prisión domiciliaria de José Daniel Ferrer García e informa sobre decisión de la CIDH en seguimiento a petición por violación de derechos humanos en contra de Ferrer García y otros miembros de la UNPACU

Washington D.C., 19 de agosto de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la detención, incomunicación y la revocatoria de prisión domiciliaria en perjuicio de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se encuentra privado de libertad desde el domingo 11 de julio por ejercer su derecho a la protesta pacífica en las históricas manifestaciones que se registraron ese día en la Isla.

Sobre la detención e incomunicación

El domingo 11 de julio de 2021, alrededor de las 5:00 pm, José Daniel Ferrer García, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica en Santiago de Cuba. Antes de llegar al lugar de concentración en el Parque Céspedes, fueron interceptados por agentes de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y personas vestidas de civil parte de la Brigada de Respuesta Rápida, e inmediatamente fueron detenidos de manera violenta y conducidos al centro de operaciones de Santiago de Cuba.

Tras varios esfuerzos de sus familiares para localizarlo, el día 13 de julio, un oficial de la Policía informó de manera verbal a la esposa de Ferrer García, Nelva Ortega, que este se encontraba detenido en el Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Versalles, Santiago de Cuba. Cabe destacar que esta comunicación ocurrió en una unidad policial donde Ortega estuvo detenida durante cinco horas.

El joven José Daniel Ferrer Cantillo, en tanto, fue liberado el 18 de julio. Tras su liberación, confirmó que estuvo privado de libertad en Versalles y narró que las condiciones carcelarias fueron muy malas, lo mantuvieron incomunicado, sin acceso a agua potable y en un espacio inseguro para su salud. De hecho, en la prisión se contagió de “estafilococo en la pierna”. El joven indicó que estando en prisión le informaron que estaba detenido por “desorden público” y “propagación de epidemia”. Sin embargo, al liberarlo le levantaron un acta solamente por el primer delito, pidiéndolo acudir cada martes a Versalles para firmar un acta[1].

José Daniel Ferrer García permanece privado de libertad e incomunicado desde hace más de un mes, y no ha habido acceso al expediente fiscal sobre su caso. Su familia no tiene certeza del lugar de detención, pues el 14 de agosto un oficial le indicó a Roilán Zárraga Ferrer, miembro de la UNPACU, que José Daniel habría sido trasladado a la prisión de Mar Verde tras habérsele revocado la medida de prisión domiciliaria[2].

Su familia ha interpuesto varios recursos para dar con su paradero y lograr su liberación, entre ellos Habeas Corpus, solicitud de modificación de la medida cautelar y recurso de queja, todos negados. Sus familiares y amigos se encuentran muy preocupados por su estado de salud, pues José Daniel sufre de úlcera gastroduodenal y el día de la detención presentaba dolor abdominal y vómitos con sangre.

Sobre la revocatoria del régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria

A través de auto de fecha 12 de agosto de 2021, que fue notificado a su esposa el 17 de agosto, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba – Sala Tercera de lo Penal, resolvió revocar la sanción subsidiaria de limitación de libertad de José Daniel Ferrer García.

De acuerdo con el auto referido, la motivación de esta decisión sería que Ferrer García “ha mantenido una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir, al no encontrarse incorporado al trabajo y ha asumido en varias oportunidades comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, además de que actualmente se encuentra procesado en el expediente de fase preparatoria número 128 de 2021 seguido por presunto delito de desórdenes públicos y con medida cautelar de prisión provisional”. En consecuencia, el Tribunal resolvió que Ferrer García deberá cumplir en un centro penitenciario los 4 años y 14 días restantes de la pena impuesta en abril de 2020.

Al respecto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos como Prisoners Defenders han mostrado su preocupación y han solicitado al Estado cubano respetar los derechos humanos de José Daniel Ferrer.

Sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por pedido de Raza e Igualdad, el 09 de agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que decidirá conjuntamente sobre la admisibilidad y el fondo del caso presentado sobre los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que fueron detenidos, torturados y enjuiciados de manera arbitraria entre octubre 2019 y abril 2020. José Daniel Ferrer García es una de las víctimas de este caso.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que respete los derechos humanos de José Daniel Ferrer García, incluidos los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad personal, seguridad y garantías judiciales. Además, al encontrarse en custodia del Estado, instamos a que se respete su derecho a mantener comunicación fluida y permanente con su familia y abogados defensores.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=eajKkklp0fI&t=5s

[2] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944409566138099&id=100017071928730&sfnsn=mo

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