Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

Familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos solicitan a la CIDH visita in loco para constatar la situación de las personas privadas de la libertad en Cuba

  • El trabajo que hacen las organizaciones es una esperanza para Cuba, pero también para la región: CIDH

Jueves 21 de octubre de 2021.- Hoy se llevó a cabo la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba” durante la cual familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al Gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad.

La sesión, que no contó con la presencia del Estado cubano, tuvo lugar en el marco del 181º Período de Sesiones y en la misma una veintena de organizaciones, entre ellas Raza e Igualdad, expresó su deseo de que la CIDH inicie un proceso de diálogo entre la Comisión, el Gobierno cubano y las propias organizaciones.

En su intervención ante las Comisionadas y Comisionados, Sayli Navarro, promotora de “Cuba Decide” e integrante de las Damas de Blanco, narró la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, quien se contagió de COVID en prisión y aún no han podido verlo. También mencionó los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos. Destacó los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ quienes, si bien no son la mayoría de las personas detenidas, la represión contra ellas y ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno.

Destacó las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas de las protestas, para obstaculizar el flujo de información.  Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación independientes. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada. También alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social, abundó Diversent.

En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz dio a conocer que han hecho un seguimiento a las y los artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”, señaló.

Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de velar y salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía en Cuba, hizo un recuento de lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado desde el 11 de julio pasado. Por lo menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda.

Finalmente, Marthadela Tamayo González, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es solo un eslabón de la pedagogía de la crueldad. Se refirió a casos en particular como el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas activistas de derechos humanos, que fueron detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.

Por parte de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator del país, reconoció el esfuerzo y la valentía de labor que realizan las organizaciones en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea el causante de situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos, ya que tienen otra causa, dijo: “No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.

«Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba», sentenció.

Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.

Las y los Comisionados coincidieron en su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.

FIRMAN:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Cubalex

Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC)

Movimiento San Isidro (MSI)

Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

La Hora de Cuba

IFEX‐ALC

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Fundación para la Democracia Panamericana (FDP)

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Impulsa Latinoamérica (IL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

Instituto Patmos (IP)

Cuba: El Estado debe respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica, y cesar la represión contra quienes convocan a la Marcha Cívica por el Cambio

Washington D.C., 7 de octubre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su condena ante la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios que el Gobierno de Cuba está ejecutando en contra de personas que—en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica—se encuentran convocando a una marcha programada para el próximo 20 de noviembre, la cual han denominado Marcha Cívica por el Cambio. Respaldamos a la sociedad civil independiente en la Isla en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y llamamos al Estado a respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica.

Desde el pasado 20 de septiembre, día en que se dio a conocer la convocatoria a la manifestación, han sido detenidos al menos siete activistas independientes, entre ellos tres integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) que cuentan con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A medida que se han hecho públicas las cartas con las que la sociedad civil notifica a las autoridades locales sobre la realización de la manifestación, las y los firmantes de las mismas han sufrido detenciones, agresiones e interrogatorios de parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado.

El rapero e integrante del CIR, Osvaldo Navarro, fue detenido el viernes 24 de septiembre en las afueras de su casa en La Habana y estuvo privado de libertad alrededor de cuatro horas, mientras que el domingo 26 de septiembre, el coordinador nacional de dicha organización, Juan Antonio Madrazo, fue interceptado e introducido a una patrulla policial con la cual recorrieron varios puntos de la capital, incluyendo los alrededores de la prisión Valle Grande, y finalmente fue llevado a una estación policial. En ambos casos, los oficiales de la Seguridad del Estado cuestionaron y amenazaron a los activistas por su participación en la Marcha Cívica por el Cambio.

El lunes 27 de septiembre, fue detenida en la vía pública la activista Nairobis Scheri Suárez, pareja del coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, quien también fue detenido el miércoles 29 de septiembre. Scheri Suárez estuvo privada de libertad por tres horas, y Cuesta Morúa fue puesto en libertad después de 11 horas de arresto, tiempo durante el cual también fue interrogado por su involucramiento en la organización y convocatoria a la manifestación del 20 de noviembre. Desde entonces, su casa se encuentra bajo asedio policial.

El domingo 3 de octubre, Osvaldo Navarro volvió a sufrir una detención arbitraria, esta vez junto a su pareja y también integrante del CIR, Marthadela Tamayo, quien un día después denunció por redes sociales la advertencia que recibieron de parte de oficiales de la Seguridad del Estado: “De aquí al 20 de noviembre al CIR y al CTDC les vamos a hacer la vida un asco».

El lunes 5 de octubre, medios independientes informaron sobre la detención y agresión en contra de la activista Elsa Isaac Reyes cuando intentaba entregar a las autoridades una notificación sobre la realización de la Marcha Cívica por el Cambio en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. La activista se presentó por la mañana a la Intendencia y tras dar a conocer la razón de su visita, agentes de la Seguridad del Estado la interceptaron, le rompieron los documentos que llevaba, le arrebataron su celular y su cartera, y la llevaron a la estación policial de la localidad, donde la mantuvieron alrededor de tres horas y la amenazaron con llevarla a juicio por “desobediencia”.

Ese mismo día, el miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Dariem Columbié, fue detenido por oficiales del Ministerio del Interior cuando se dirigía al Gobierno Provincial de Santiago de Cuba a presentar una solicitud para llevar a cabo la manifestación del 20 de noviembre. Columbié estuvo privado de libertad por más de tres horas, y también fue interrogado durante ese tiempo.

Sobre la marcha

La iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio fue propuesta inicialmente por el dramaturgo Yunior García Aguilera, y se oficializó el pasado 20 de septiembre cuando varios activistas entregaron a las autoridades de La Habana una carta informando sobre la realización de la misma. En esa ocasión, la activista y curadora Anamely Ramos, dijo que “luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional».

Desde entonces, activistas han replicado la acción en al menos siete ciudades del país, entre ellas Pinar del Río, Guantánamo, Holguín, Santa Clara y Camagüey. Según sus organizadores, la manifestación exigirá que se «respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos» y abogará por la «solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas». Las y los activistas involucrados en esta iniciativa apelan al artículo 56 de la Constitución cubana, el cual contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

Raza e Igualdad reafirma su respaldo a la sociedad civil independiente en Cuba en esta acción ciudadana, a la vez que exhorta al Estado a cesar la persecución en contra de las personas que participan en la misma y a permitir el desarrollo de la Marcha Cívica por el Cambio sin ningún tipo de acoso o violencia de parte de entidades estatales o grupos afines al Gobierno, en correspondencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe señalar, además, que al otorgar las medidas cautelares a los tres integrantes del CIR, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar “las medidas necesarias para que Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”. Por otra parte, la Comisión manifestó en su momento su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio.

Recordamos que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra voces críticas, por lo que solicitamos a la comunidad internacional seguir de cerca la situación en la Isla y llamar a las autoridades a respetar el derecho a la manifestación, reunión, y pacífica, derechos que están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente por el artículo 20 de la misma.

 

Foto: Una patrulla policial asedia la casa del activista y defensor de derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa. Twitter / Marthadela Tamayo.

La organización “Somos Identidad” dialoga con las autoridades locales en Cali sobre los retos para la atención Y reparación de Las victimas Afro-LGBT del conflicto armado

Colombia, 14 de septiembre de 2021. La Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) sostuvo el pasado 27 de agosto de 2021 un encuentro con representantes de diferentes instituciones estatales de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de discutir sobre la necesidad y urgencia de implementar y fortalecer políticas de atención y reparación a víctimas del conflicto armado desde un enfoque interseccional, que tenga en cuenta la orientación sexual e identidad de género y la pertenencia étnica de las personas beneficiarias.

El encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que este tuvo en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT en la construcción de estrategias de incidencia local y la implementación de planes de trabajo en los territorios, en especial con las instituciones que tienen a su cargo la promoción de derechos y la atención de las víctimas del conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo interactivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron a lo largo del conflicto armado, y conversaron sobre las principales barreras y retos que hay para implementar medidas integrales de atención y reparación a las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali.

Sandra “Sami” Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas diversas sexualmente conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y LGBTI en los territorios. La participante señaló que el despojo, el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición forzada fueron formas de violencia contra las personas Afro-LGBT para desarraigarlas de su territorio y su comunidad.

En este sentido, Carmen Aguirre, quien funge como enlace con las víctimas del conflicto armado de la Secretaría de Paz de Cali, rescató los esfuerzos de la administración municipal para construir un relato sobre la memoria histórica que incluya todas las voces, y señaló que se están adelantando esfuerzos conjuntos con la mesa municipal de víctimas y los consejeros territoriales de paz a fin de avanzar en la reparación simbólica y en la implementación de planes de atención en salud mental para las víctimas.

Por su parte, Junny Gonzalez, en representación de la iniciativa “Campus Diverso” de la Universidad del Valle, presentó el plan de trabajo que esta institución educativa viene adelantando para la protección y promoción de un campus universitario libre de prejuicios contra las personas afrodescendientes a razón de su orientación sexual e identidad de género en intersección con su pertenencia étnica.

Otras instancias municipales, como los representantes del programa CaliAfro y del programa CaliDiversidad ahondaron en las rutas de trabajo que estas entidades están poniendo en marcha para la atención de población afrodescendiente y la población LGBTI+ respectivamente, señalando que uno de sus propósitos a largo plazo es la articulación con otras iniciativas municipales.

Para cerrar el evento, la organización Somos Identidad subrayó la necesidad de que cualquier medida que tenga por objeto la atención de las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali debe partir de un enfoque interseccional que tenga presente los diferentes factores de opresión que recaen simultáneamente sobre esta población. De igual manera, la organización reiteró su disposición para la cooperación y articulación con las instituciones locales, en especial para la ejecución de iniciativas que permitan la integración al relato oficial de memoria histórica de las poblaciones más segregadas, como el caso de las víctimas negras diversas

CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de los activistas Richard Adrián Zamora Brito, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), e Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), tras considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal.

Sobre Richard Adrián Zamora Brito

En enero y junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro  miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), al considerar que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo por las labores de defensa y promoción de derechos humanos que realizan en la organización. Como resultado de las protestas que se registraron el 11 de julio en Cuba, el riesgo se incrementó afectando a otros miembros del CIR, como Richard Zamora, por lo que Raza e Igualdad requirió la ampliación de medidas cautelares, la cual fue otorgada por la CIDH el 22 de agosto de 2021 mediante Resolución 64/2021.

Richard Adrián Zamora Brito, conocido como “El Radikal”, es músico, activista y Coordinador del CIR en la provincia de Matanzas. En este sentido, trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en su comunidad. Por sus labores como activista y artista, y por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha sido perseguido por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones.

El domingo 11 de julio de 2021, Richard Zamora acompañó las manifestaciones en la provincia de Matanzas a fin de documentar lo que estaba sucediendo en las protestas. En la noche retornó sin problemas a su hogar, ubicado en Colón; sin embargo, en la madrugada del 12 de julio, mientras descansaba, cuatro agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron. Ese día le informaron a su esposa que sería trasladado a la Estación de Policía del Municipio Colón, en la Provincia de Matanzas, por un supuesto «proceso de investigación».

El 14 de julio de 2021, la familia de Richard Zamora, incluida su esposa, estuvo en el Centro de Instrucción Penal en Matanzas para que las autoridades explicaran las razones de su detención. Los oficiales les comunicaron que una vez cumplidas las 96 horas informarían el delito por el cual sería acusado. Las 96 horas se cumplieron el 15 de julio sin ninguna novedad sobre su caso y su estado. Aunque sus familiares solicitaron la revisión de la medida de privación de libertad, tal requerimiento fue negado y tampoco tuvieron acceso al expediente. La única información que recibieron de manera verbal y extraoficial fue que Richard estaba siendo procesado por los delitos de “desorden público” y “disturbios”.

Luego de 40 días de incomunicación, el 20 de agosto de 2021, Richard Zamora fue liberado bajo fianza en espera de juicio. La fianza fue de 10.000 pesos, que equivalen a aproximadamente 500 dólares.

Sobre Irán Almaguer Labrada

El 7 de enero de 2021 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yandier García Labrada, hermano de Irán Almaguer Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde noviembre 2020. Ambos son miembros del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y por sus labores en esta organización han sido perseguidos y hostigados por las autoridades cubanas, lo que ha colocado en riesgo su vida e integridad personal.

Irán Almaguer Labrada es Coordinador del MCL en las localidades de Manatí, San Andrés y Alfonso donde realiza actividades de promoción y defensa de derechos humanos. Además, requiere tratamiento permanente para no perder su visión pues sufre de retinosis pigmentaria. Esto ha sido usado por la Seguridad del Estado como factor para amedrentarlo, ya que las veces que ha sufrido detención por corto tiempo le han advertido que, si continúa con su activismo, le negarían el tratamiento médico[1].

Desde su afiliación al MCL, Irán Almaguer Labrada ha sido víctima de amenazas, persecuciones, intimidaciones y detenciones de corta duración por sus labores de defensa de la democracia y derechos humanos en Cuba. Sin embargo, la intimidación en su contra se ha recrudecido desde la privación de libertad de su hermano Yandier García Labrada, y las consecuentes acciones que Irán ha emprendido para reclamar justicia. Desde enero 2021 es privado de libertad al menos una vez al mes por períodos cortos. Mientras se encuentra privado de libertad lo mantienen incomunicado de su familia, lo que causa un sufrimiento y estrés constante a su esposa, que es una persona no vidente e hipertensa, y a su hija de 14 años.

La última detención de Irán Almaguer ocurrió el 21 de julio de 2021, en el contexto de las históricas manifestaciones en la isla. Alrededor de las 9:00 am, mientras se encontraba en su vivienda, fue privado de libertad y trasladado a la Unidad Policial conocida como El Anillo, en la ciudad de Holguín, ubicada a 20 km de su domicilio.

Permaneció incomunicado y privado de libertad hasta el 23 de julio, día en que fue liberado en horas de la tarde. Mientras estuvo detenido lo colocaron en una celda solo y fue interrogado en dos ocasiones por los oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que sería encarcelado de “continuar con su activismo” e insistieron en que se mantenga callado sobre la situación actual de Cuba, pues tenían conocimiento que había comentado al respecto en una panadería. Le indicaron que de continuar “incitando a la población” lo procesarían.

Por estos hechos, el 28 de agosto de 2021, la CIDH a través de Resolución 68/2021[2] decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que implemente las medidas cautelares otorgadas a favor de Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada, lo que incluye la garantía de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad, seguridad y garantías judiciales. Además, nos unimos al llamado de la CIDH para que se aseguren las condiciones necesarias para el ejercicio de sus labores de activismo en las organizaciones de las que forman parte, sin ser objetos de intimidación, persecución o amenazas.

 

[1] https://www.radiotelevisionmarti.com/a/231859.html?fbclid=IwAR3Ok8hwQelrB7yS2UqS5WI6Nr6mcvPB56w1KZl2VZ2zou0SJ_RA4x0ljZ4

[2] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_68-21_mc_1068-20_cu_es.pdf

CIDH otorga medidas cautelares a favor de la periodista Georgina Vargas 

A solicitud del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el 28 de agosto de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la periodista independiente de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), Georgina Roxana Vargas Clarens, por considerar que está en una situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal en Nicaragua

En su resolución, la CIDH requiere al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la periodista Vargas Clarens, asegure que sus agentes respeten su vida e integridad personal, y proteja sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para que Vargas Clarens “pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores”.

Situación de riesgo acentuada por ser mujer y periodista independiente

La Comisión asegura que la situación de riesgo de Vargas Clarens “se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, así como en un contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país”.

Vargas Clarens se desempeña como corresponsal en la RACCN de Canal 10 de televisión desde el año 2013. Ha realizado reportajes periodísticos e investigativos sobre las invasiones a los territorios indígenas cometidas por diversos grupos de colonos con la aquiescencia de las autoridades locales y estatales. A su vez, ha documentado y divulgado las constantes agresiones de autoridades públicas contra comunitarios, y ha brindado cobertura especial a los distintos comicios electorales que se han celebrado en los últimos años en la Costa Caribe.

La Comisión reconoce que su situación de riesgo está relacionada directamente con su labor periodística, a consecuencia de la cual ha sido intimidada, amenazada, hostigada y agredida físicamente; represalias que se han acentuado con el tiempo, particularmente desde 2018 a la fecha. Asimismo, resalta que resulta sumamente preocupante que varias de las amenazas más recientes en su contra habrían venido de autoridades estatales.

La CIDH también enfatiza que “la propuesta beneficiaria tiene limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista en Nicaragua”. Asimismo, reconoce que existe cierta hostilidad por parte de actores estatales hacia ella, quienes además tendrían como objetivo de tenerla bajo estricta vigilancia y control a lo largo del tiempo”.  

Adicionalmente, la Comisión advierte que esta situación de riesgo se acentúa por el hecho de ser mujer periodista, ya que al ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera activa y mantener un alto perfil público, Vargas se ve enfrentada a la violencia y la discriminación basada en género, así́ como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales.

Finalmente, la Comisión expresa que el Estado de Nicaragua ha tenido conocimiento, internamente y a través del presente procedimiento, de la situación de riesgo enfrentada por la periodista Vargas Clarens, dadas las denuncias policiales interpuestas por la beneficiaria. Sin embargo, estima que el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante. También tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta la beneficiaria como mujer periodista; por tanto, otorgó las medidas cautelares solicitadas en  favor de la periodista Georgina Vargas Clarens

Pronunciamiento

Como organizaciones que acompañamos a las y los periodistas independientes en el marco de la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Georgina Vargas, reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en la RACCN y en Nicaragua en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres periodistas; y reafirma la responsabilidad del Estado de Nicaragua de tomar todas las medidas para garantizar su protección, cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad publica análisis sobre personas detenidas por motivos políticos y llama a los órganos de protección del Sistema Interamericano a sostener el requerimiento a los Estados de su inmediata liberación

Washington D.C., 26 de agosto de 2021.- Ante el preocupante incremento de detenciones por motivos políticos en Nicaragua y otros países de la región, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y del público en general, un análisis que expone la necesidad de que, en su respuesta frente a esta problemática, los mecanismos de protección requieran a los Estados la liberación inmediata de las personas detenidas.

“Consideramos que, cuando existen elementos suficientes para determinar, prima facie, que una persona ha sido detenida por motivos políticos -y por lo tanto sus derechos se encuentran en riesgo-, los mecanismos de protección de derechos humanos deben requerir a los Estados la inmediata liberación, no sólo con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas, sino también a sus derechos políticos y al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, entre otros”, plantea el documento, disponible aquí.

En el análisis, Raza e Igualdad se refiere a los elementos que pueden identificarse para determinar, al menos a primera vista, que una persona ha sido detenida por motivos políticos, y los clasifica como: 1) Elementos subjetivos, relativos a la actividad política, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la identidad de la persona o grupo afectado; 2) Elementos objetivos, vinculados a la motivación política del Estado y la utilización de sus instituciones con el fin de retener el poder o implementar determinadas políticas; y 3) Elementos contextuales relativos a la existencia de personas presas por motivos políticos en contextos democráticos y no democráticos.

Raza e Igualdad señala que los órganos del Sistema Interamericano “deben ir un paso más allá y reconocer expresamente que las detenciones por motivos políticos ponen en una situación de grave vulnerabilidad a las víctimas de estos hechos, y sus derechos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables si no se toman medidas para revertir tal situación”. Por tanto, concluye que la principal medida de protección que deben ordenar los mecanismos es su inmediata liberación.

Situación en Nicaragua

Desde el 28 de mayo hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 34 personas identificadas como opositoras. En el caso de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro, y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos, Violeta Granera y Tamara Dávila, la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) otorgó recientemente medidas provisionales a su favor y ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata”

Para este viernes 27 de agosto, el Estado de Nicaragua está convocado a comparecer ante la Corte-IDH en una audiencia pública cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el pasado 24 de junio, en el caso de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y ampliadas el 19 de julio de 2021 en el caso de Dávila. Todas estas personas llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.

 

Foto: Óscar Navarrete.

Raza e Igualdad expresa preocupación por la detención, incomunicación y revocatoria de la prisión domiciliaria de José Daniel Ferrer García e informa sobre decisión de la CIDH en seguimiento a petición por violación de derechos humanos en contra de Ferrer García y otros miembros de la UNPACU

Washington D.C., 19 de agosto de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la detención, incomunicación y la revocatoria de prisión domiciliaria en perjuicio de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se encuentra privado de libertad desde el domingo 11 de julio por ejercer su derecho a la protesta pacífica en las históricas manifestaciones que se registraron ese día en la Isla.

Sobre la detención e incomunicación

El domingo 11 de julio de 2021, alrededor de las 5:00 pm, José Daniel Ferrer García, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica en Santiago de Cuba. Antes de llegar al lugar de concentración en el Parque Céspedes, fueron interceptados por agentes de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y personas vestidas de civil parte de la Brigada de Respuesta Rápida, e inmediatamente fueron detenidos de manera violenta y conducidos al centro de operaciones de Santiago de Cuba.

Tras varios esfuerzos de sus familiares para localizarlo, el día 13 de julio, un oficial de la Policía informó de manera verbal a la esposa de Ferrer García, Nelva Ortega, que este se encontraba detenido en el Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Versalles, Santiago de Cuba. Cabe destacar que esta comunicación ocurrió en una unidad policial donde Ortega estuvo detenida durante cinco horas.

El joven José Daniel Ferrer Cantillo, en tanto, fue liberado el 18 de julio. Tras su liberación, confirmó que estuvo privado de libertad en Versalles y narró que las condiciones carcelarias fueron muy malas, lo mantuvieron incomunicado, sin acceso a agua potable y en un espacio inseguro para su salud. De hecho, en la prisión se contagió de “estafilococo en la pierna”. El joven indicó que estando en prisión le informaron que estaba detenido por “desorden público” y “propagación de epidemia”. Sin embargo, al liberarlo le levantaron un acta solamente por el primer delito, pidiéndolo acudir cada martes a Versalles para firmar un acta[1].

José Daniel Ferrer García permanece privado de libertad e incomunicado desde hace más de un mes, y no ha habido acceso al expediente fiscal sobre su caso. Su familia no tiene certeza del lugar de detención, pues el 14 de agosto un oficial le indicó a Roilán Zárraga Ferrer, miembro de la UNPACU, que José Daniel habría sido trasladado a la prisión de Mar Verde tras habérsele revocado la medida de prisión domiciliaria[2].

Su familia ha interpuesto varios recursos para dar con su paradero y lograr su liberación, entre ellos Habeas Corpus, solicitud de modificación de la medida cautelar y recurso de queja, todos negados. Sus familiares y amigos se encuentran muy preocupados por su estado de salud, pues José Daniel sufre de úlcera gastroduodenal y el día de la detención presentaba dolor abdominal y vómitos con sangre.

Sobre la revocatoria del régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria

A través de auto de fecha 12 de agosto de 2021, que fue notificado a su esposa el 17 de agosto, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba – Sala Tercera de lo Penal, resolvió revocar la sanción subsidiaria de limitación de libertad de José Daniel Ferrer García.

De acuerdo con el auto referido, la motivación de esta decisión sería que Ferrer García “ha mantenido una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir, al no encontrarse incorporado al trabajo y ha asumido en varias oportunidades comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, además de que actualmente se encuentra procesado en el expediente de fase preparatoria número 128 de 2021 seguido por presunto delito de desórdenes públicos y con medida cautelar de prisión provisional”. En consecuencia, el Tribunal resolvió que Ferrer García deberá cumplir en un centro penitenciario los 4 años y 14 días restantes de la pena impuesta en abril de 2020.

Al respecto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos como Prisoners Defenders han mostrado su preocupación y han solicitado al Estado cubano respetar los derechos humanos de José Daniel Ferrer.

Sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por pedido de Raza e Igualdad, el 09 de agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que decidirá conjuntamente sobre la admisibilidad y el fondo del caso presentado sobre los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que fueron detenidos, torturados y enjuiciados de manera arbitraria entre octubre 2019 y abril 2020. José Daniel Ferrer García es una de las víctimas de este caso.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que respete los derechos humanos de José Daniel Ferrer García, incluidos los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad personal, seguridad y garantías judiciales. Además, al encontrarse en custodia del Estado, instamos a que se respete su derecho a mantener comunicación fluida y permanente con su familia y abogados defensores.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=eajKkklp0fI&t=5s

[2] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944409566138099&id=100017071928730&sfnsn=mo

3 meses del Paro Nacional en Colombia

Colombia, 29 de julio de 2021. El 28 de julio el país cumplió 3 meses desde el inicio del Paro Nacional. Durante este tiempo, muchas vidas se han perdido, jóvenes han sido desaparecidos y las lesiones personales de algunos y algunas serán irreversibles. Sin embargo, también han sido tres meses de esperanza; en los cuales la juventud colombiana se ha empoderado de las calles para exigir sus derechos. Pese el miedo, las amenazas y los ataques, los y las jóvenes del país han permanecido en las calles para que el gobierno les escuche.

El 28 de abril de 2021 en Colombia se convocó una gran marcha nacional para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque había presentado ante el Congreso. Como resultado del descontento generalizado y ante la aguda crisis económica, social y política que atraviesa el país, a partir de esta fecha se desataron una serie de manifestaciones, marchas y plantones que se vieron opacados desde el primer momento por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y por la estigmatización de la protesta, la falta de disposición al diálogo y la negativa a realizar reformas de fondo a políticas económicas, de salud, educación, entre otras, por parte del Gobierno Nacional.

Para el primer día de manifestaciones, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas y decenas de manifestantes heridos[1]. En contraste, organizaciones no gubernamentales como Temblores[2] y la Campaña Defender la Libertad[3], reportaban más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y cientos de detenciones arbitrarias[4].  En Cali, lugar que rápidamente se convirtió en epicentro de las protestas y donde la situación de orden público era complicada, el Gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las manifestaciones del 01 de mayo[5], decisión que fue replicada en varios ocasiones posteriores y que evidencio su intención de dar de guerra a la protesta social[6]. A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia a nivel nacional, en ocasiones exacerbadas por la presencia de civiles armados que atacaban a las personas en las concentraciones.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país, pero las manifestaciones continuaron debido al descontento social que ya había quedado en evidencia en las marchas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, y que ahora se sumaba a la insatisfacción general de la población frente al nivel de violencia ejercido por agentes estatales y el alto número de casos de violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes. Al 22 de julio, la Campaña Defender la Libertad, reportó 87 homicidios ocurridos en el contexto de protestas, de los cuales 28 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y el ESMAD, 3.365  personas detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria y con serias denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, 346 personas desaparecidas, entre otros numerosos episodios[7].

Las cifras totales de víctimas durante los tres meses del paro no son unánimes. Según el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se encuentra que “Entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 muertes, incluidas 54 de civiles y dos de policías, en el contexto de las protestas -principalmente en la ciudad de Cali-, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual” [8]. Cifra que el gobierno nacional, en cabeza de su embajadora ante Naciones Unidas, Alicia Arango, no aceptó.

La ONU[8], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9] (en adelante CIDH), Amnistía Internacional[10], Human Rights Watch[11], la Unión Europea[12], el Vaticano[13] y el Gobierno de EEUU[14], entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

Frente a las evidencias de abuso policial durante el paro hace casi un mes, y tras la campaña de varias organizaciones civiles colombianas, el 7 de mayo la CIDH anunció su intención de visitar Colombia para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. En principio, el Gobierno colombiano negó temporalmente la solicitud, hasta que los organismos internos de control (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) terminaran las labores de investigación. Tras un encuentro en Washington el 25 de mayo, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informaron que se permitiría la visita de trabajo a Colombia después de que se entregaran los informes por parte de las autoridades nacionales y se surtiera la audiencia convocada por la Comisión para el 29 de junio. La Presidencia, no obstante, revirtió su decisión y en la mañana del lunes 31 de mayo le propuso a la CIDH una agenda de trabajo en territorio entre el 7 y el 11 de junio.

La visita de la CIDH se dio entre el 8 y el 10 de junio, es necesario resaltar en este análisis el importante rol que ha jugado la sociedad civil y las organizaciones sociales que impulsaron y participaron activamente en la presentación de informes y casos ante la CIDH, esfuerzo conjunto del cual Raza e Igualdad nos sentimos profundamente agradecides con todas las organizaciones y colectivos con quienes pudimos participar de este momento histórico de construcción colectiva. Durante este tiempo, la Comisión visitó las ciudades de Bogotá y Cali, siendo estas el epicentro de las protestas nacionales. En esta visita, los y las delegadas de la CIDH se reunieron con el Estado y con representantes de la sociedad civil, quienes le ofrecieron diferentes informes sobre temas como violencia policial, abusos sexuales, discriminación racial, desapariciones forzosas y otros aspectos que se han dado en medio del paro nacional[16].

Luego de esta visita, la CIDH presentó una lista de observaciones y recomendaciones para el Estado colombiano. En esta lista, basada en los estándares internacionales, se señala la importancia de que se inicie un dialogo social con representación de los diferentes sectores que han parado en el país. Para esto, “la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados” [17].

Hasta la fecha, ese diálogo no sea materializado de forma efectiva y el descontento generalizado permanece presente. La criminalización de la protesta por parte de las autoridades nacionales y la presencia de civiles armados que, impunemente, han atacado a los y las marchantes han sido una constante a lo largo de los últimos tres meses en el país. Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia se ha convertido en el segundo país del mundo con más muertes violentas por día de protesta, con un estimado de un muerto por cada 36 horas, además, se encontró que al menos en 27 ciudades del país se dio el surgimiento de grupos de civiles armados. Lo cual, deja en evidencia la gravedad de la situación actual del país[18].

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado al diálogo y al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH. Un país respetuoso de las diferencias es la vía para la construcción de una paz estable. Lamentamos profundamente los actos de violencia que han sido realizados por parte de la Fuerza Pública y esperamos que la justicia actúe de forma imparcial para procesar a todas las personas que han vulnerado la integridad física y mental de los y las participantes del paro nacional.

En esta, nuestra primera editorial 3 meses de Paro Nacional en Colombia reflexionaremos sobre algunos aspectos que han sido parte de la agenda de país durante los últimos tres meses. Los temas que tratamos son: violencia basada en género contra las mujeres; civiles armados y militarización; población LGBTI y la violencia diferencial contra este grupo poblacional; y otras formas de violencia que se han dado en el marco del paro nacional, estas reflexiones son producto del dialogo, análisis y construcción conjunta con nuestras copartes y aliades Asociación Casa Cultural El Chontaduro; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Ilex Acción Jurídica; Forest People Programme; Francia Márquez; ACONC; Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM; Lila Mujer; Palenque El Congal, Buenaventura; Caribe Afirmativo, GAAT, la Comisión Colombiana de Juristas, Women’s Link. Desde Raza e Igualdad en Colombia, esta editorial  aporte al diálogo y a la reflexión. Nuestro compromiso siempre será con los derechos.

Las mujeres también paramos: Violencia basada en género dentro de las protestas.

Los motivos por lo que las mujeres han salido a parar son muchos: violencia basada en género, inequidad, inseguridad, entre otros, son algunas de las afectaciones que sufren las mujeres desde su cotidianidad. Las violencias directas, indirectas, estructurales y simbólicas contra las mujeres se manifiestan de diferentes formas. Entre enero y noviembre de 2020, fueron identificados, al menos 209, feminicidios[19], además, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la pandemia por el Covid-19, las violencias contra las mujeres aumentó en el país[20]. En adición, se debe mencionar que, a lo largo de más de 50 años de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres fueron vistos como territorio de guerra por los bandos armados; según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el país se han registrado 29.189 crímenes contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres[21].

Por lo anterior, y mucho más, las mujeres en el país han salido a protestar para mayores garantías de vida digna. Sin embargo, han sido registrados casos de violencia sistematizada contra las mujeres por parte de la fuerza pública. En un informe presentado por Temblores, Indepaz y Paiis, entre el 28 de abril y 31 de mayo, fueron registrados al menos 25 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia basada en género[22]. Estas organizaciones lograron sistematizar estos hechos basándose en las siguientes categorías: i) hechos ocurridos en lugares cerrados de la Fuerza Pública; ii) las víctimas son separadas de su grupo; iii) las violencias se ejercen en grupo; iv) estas violencias se suman a otras; v) las víctimas suelen ser mujeres o personas feminizadas; vi) las víctimas tienen entre 17 y 30 años; vii) estos hechos suelen ocurrir entre las 4:00 pm y 10:00 pm[23].

Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, en su informe presentando ante la CIDH en el marco de su visita al país, entre abril y junio del presente año se presentaron 113 casos de VBG, de los cuales 112 fueron ejercidos por parte del Estado y uno por parte de los manifestantes contra una mujer policía. De las víctimas, 99 fueron mujeres y 13 personas LGBTI. Entre las formas de violencia ejercida, 27 personas denunciaron ser víctimas de violencia sexual[24].

Luego de la visita realizada por la CIDH el llamado común de la sociedad civil ha sido por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, especialmente aquellas relacionadas al enfoque de género. En el documento que realizó la Comisión, resaltó como una de las motivaciones que tiene la ciudadanía para protestar es la discriminación de género. Además, consideró que una de sus principales preocupaciones es la violencia basada en género en el marco de la protesta.

El apartado 3.2 del informe que entregó la CIDH se denomina “Violencia basada en género en el marco de la protesta” (p. 15 del informe). En este, resalta los múltiples tipos de violencia que han experimentado las mujeres durante el paro, resaltado el caso de la adolescente que se suicidó en la ciudad de Popayán luego de ser abusada sexualmente por agentes de la fuerza pública; la estigmatización que sufren las mujeres que protestan; los casos de abuso hacia mujeres indígenas; los 15 casos de violencia sexual interpuestas por mujeres afrodescendientes; la violencia sexual ejercida contra la población LGBTI; entre otros[25].

Ante estas denuncias, la Comisión le recordó al Estado de Colombia que debe investigar estos hechos y garantizar que las víctimas accedan a justicia y reparación. Además, en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la CIDH recuerda las repercusiones negativas que puede conllevar el no accionar de la justicia, enviando un mensaje de que esta violencia es tolerada y “favorece su perpetuación” (p. 17). Además, en estos grupos poblacionales históricamente vulnerados, estas violencias no solo afectan a la víctima de forma individual, sino también a sus pueblos de origen. Lo cual, puede producir impactos negativos en su tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad[26].

Estos hechos violan una serie de estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), la cual compromete a los Estados Parte a velar por la protección y equidad de las mujeres. También, se está violando la Convención de Belem Do Para, convención interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, podemos mencionar que el Estado colombiano, al permitir que la Fuerza Pública utilice la violencia sexual como forma de castigo a las manifestantes, se está incumpliendo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en el país desde 1986. Lo cual, deja en evidencia que el Estado Colombiano está incumpliendo tratados internacionales para defender los derechos específicos de las mujeres.

Militarización y civiles armados ¿Hasta cuándo?

Una de las postales del paro nacional que más ha impactado a nivel nacional es internacional es, posiblemente, las imágenes de civiles armados disparando contra los manifestantes ante la mirada inerte de la Fuerza Pública. Estas imágenes han traído a colación los recuerdos del paramilitarismo en el país. Un ejemplo de lo anterior se observó el 28 de mayo en Cali, cuando civiles armados atacaron a manifestantes en Cali. Gracias a las redes sociales, estos actos criminales quedaron registrados. En dicha fecha, se estima que, según datos de la CIDH, al menos 13 personas perdieron la vida y 36 fueron heridas[27]. Por lo anterior, las Naciones Unidas han solicitado que se investigue a los policías que escoltaron a dichos civiles armados[28]. Asimismo, en esa misma fecha, en Cali, un policía de civil (CTI) asesinó a dos manifestantes y luego fue linchado.

Lo anterior, sumado a los llamados del gobierno a militarizar las ciudades donde el paro ha tenido gran impacto, dejan en evidencia un uso desproporcionado de la Fuerza Pública. En lugar de abrir espacios para el diálogo y la escucha activa de las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno ha sido catalogada como “inconstitucional y políticamente equivocado e inconveniente”[29]. El argumento que se da para justificar la militarización del país es evitar los bloqueos. Sin embargo, expertos en el tema han realizado llamados al diálogo en lugar a darle prioridad al uso de la violencia[30]. En momentos de alta tensión, como la que vive en la actualidad el país, donde se ha acusado a que la policía ha tomado posiciones politizadas (tal como se observa en sus redes sociales, ante los diferentes discursos que se manejan cuando hay protestas a favor o en contra del gobierno), es necesario que el gobierno se siente a hablar con los manifestantes. El discurso del enemigo interno no tiene cabida en estos momentos en que los jóvenes salen a manifestarse para reclamar un mejor futuro.

Según el informe presentado por la JEP el 1 de julio del presente año, se encontró que en al menos 27 ciudades se presentaron grupos de civiles armados que atacaron o intimidaron a los y las manifestantes. Estos grupos, además realizaron actos de vandalismo al plasmar siglas de grupos paramilitares en paredes y difundieron videos en redes sociales atacando a los y las participantes del paro [31].

Este uso desproporcionado de la fuerza pública no solo es inconstitucional, como se mencionó anteriormente, sino que viola una serie de tratados internacionales que el país ha pactado. En primer lugar, se está desconociendo la declaración universal de los derechos humanos, al Estado violentar a su ciudadanía y proteger a civiles armados. En segundo lugar, está siendo desconocida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual reafirma la protección de los Derechos Humanos en el marco de la protesta pacífica. Además, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al imposibilitar y coartar la posibilidad de dar a conocer el descontento popular ante el gobierno. El Estado colombiano no puede continuar masacrando a la juventud por salir a luchar por un mejor país.

Durante las últimas semanas, y en el marco de la conmemoración del día de la independencia (20 de julio), el Estado se ha encargado de criminalizar a los marchantes, especialmente a los miembros de la primera línea. Muchos de estos han aparecido en medios de comunicación y redes sociales, siendo capturados por el simple hecho de portar elementos de autoprotección como cascos. Se estima que al menos 134 personas de la primera línea han sido capturadas [32]. Sin embargo, la justicia ha actuado de forma paquidérmica al momento de judicializar a los civiles armados.

LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI+ EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DE COLOMBIA

Además de las reclamaciones mayoritarias que congregan a diversos sectores sociales en el Paro Nacional de Colombia, existen peticiones específicas de las personas LGBTI+ que se refieren al estado actual de garantía de sus derechos, por lo que es usual que esta población se haga presente en protestas y plantones. El constante abuso policial hacia personas trans trabajadoras sexuales, el retraso en la implementación de políticas públicas diseñadas para las personas LGBTI+, las altas cifras de impunidad en los casos de asesinato y violencia por prejuicio, entre otras muchas exigencias, se han convertido en reivindicaciones específicas de la población LGBTI en Colombia. Como consecuencia de ello, las personas LGBTI+ también ha sufrido violencia por parte de la Fuerza Pública, tanto de manera general, como las demás personas manifestantes, como de manera particular, por prejuicio en contra de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

De acuerdo a la Corporación Caribe Afirmativo, se han reportado cinco (5) casos de agresiones e intimidaciones por parte de la Policía hacia personas y colectivas LGBT que participan en las movilizaciones nacionales[33]. También se han registrado casos de acosos e intimidaciones a mujeres LBT durante marchas en Barranquilla, Popayán, Buga[34], por parte de funcionarios públicos en Cajicá[35] y en Cali, se han registrado casos de discriminación y ataques contra personas Afro-LGBT por parte de particulares que participan en las manifestaciones[36].

Sobre los casos de violencia y desatención institucional por prejuicio en el marco de las movilizaciones, el pasado 21 de mayo un grupo de Policías detuvo arbitrariamente a tres jóvenes que hacían parte de las manifestaciones en Barranquilla. Ingresaron a una casa sin autorización, los capturaron, los trasladaron a una Estación de Policía, y estando ahí uno de ellos fue víctima de abuso sexual con motivo de su orientación sexual. Estos hechos ocurrieron con complicidad y aprobación de los uniformados, e incluso testimonios afirman que fueron los agentes de policía quienes alentaron a los agresores a que violentaran sexualmente al joven[37]. A pesar de interponer la denuncia penal y de los anuncios sobre la apertura de investigaciones disciplinarias, no se ha suspendido a ningún uniformado[38].

Si bien la violencia policial y las detenciones arbitrarias han sido el mayor escenario de alerta por parte de personas LGBTI+, ha habido otras formas de victimización. El día 15 de mayo de 2021, el ministro de defensa, hizo una declaración pública en el que señaló a diferentes líderes/as sociales del Cauca como responsables de la comisión de varios delitos en el marco de las protestas, incluyendo en sus declaraciones a un líder estudiantil que hace parte de la mesa de diversidad sexual de Popayán y de varios colectivos de derechos humanos[39]. Estas estigmatizaciones conllevan al señalamiento y puesta en riesgo de líderes LGBTI+ en los territorios, como en el caso de Buga, donde una organización LGBTI fue amenazada por ser parte de las manifestaciones[40]. En medio de las denuncias de asociación entre civiles armados y Fuerza Pública, también es preocupante la complicidad de la Policía con los actos de violencia por prejuicio cometidos por particulares, como en el caso ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando, aún con la presencia de varios agentes de Policía, un hombre propinó una patada y varios golpes en el rostro a una mujer trans sin ser detenido en ningún momento y sin recibir amonestación alguna[41]. Si bien esta conducta no está relacionada directamente con las actividades del Paro Nacional, si caracteriza la alta tolerancia y la reiterada complacencia de los agentes de Fuerza Pública en este tipo de situaciones en los que se violenta a las personas LGBTI+, en especial a las personas trans.

Factores como el amplio despliegue militar contra los y las manifestantes en diferentes partes del país, la impunidad en los procesos disciplinarios y penales en contra de agentes de policía por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI+ así como la persistencia de discursos de discriminación en la sociedad civil alentados y respaldados por agentes estatales, constituyen factores de riesgo adicional para la comisión de actos violentos en contra de personas LGBTI+ en medio de las manifestaciones. En este sentido Raza Igualdad, en conjunto con GAAT, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa entrego un informe especifico a la CIDH en el marco de su visita.

Estos escenarios de violencia reabren el debate sobre la necesidad de ampliar las discusiones sobre la brutalidad policial para incluir el impacto y el alcance de la violencia institucional contra las personas históricamente discriminadas que sufren de estos abusos dentro y fuera de la movilización social, como es el caso de las personas LGBTI+.  De igual manera, abren el debate sobre la necesidad de incorporar a los escenarios de discusión política las reivindicaciones de las personas LGBTI+ en el marco del paro nacional y la necesidad de que se abran espacios de discusión interna dentro de las movilizaciones para el replanteamiento de actitudes LGBTIfóbicas de la sociedad colombiana.

Ante estos casos denunciados, la CIDH resalta las violencias basadas en género que han sufrido las personas LGBTI, registrando al menos 13 hechos; incluyendo la denuncia interpuesta por un hombre gay en Barranquilla y las agresiones físicas y sexuales que han sufrido mujeres trans en Tunja y Pasto por la fuerza pública. Ante lo cual, recomienda que los diálogos que se implementen sean amplios e incluyan a diferentes sectores sociales, incluyendo a las personas LGBTI.

Si bien, la CIDH reconoce que es difícil determinar si la violencia contra población LGBTI está basada en prejuicio de género, exhorta al Estado colombiano que realice las averiguaciones concernientes para esclarecer estos actos. Por lo cual, recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la población LGBTI pueda acceder a justicia y reparación.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLICIAL RACISTA EJERCIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

Además de las muertes que ha ocasionado el uso indiscriminado del cargamento armamentístico de la Fuerza Pública, se han identificado otras formas de agresión y ataques derivados de su actuar, que han ocasionado graves lesiones a los y las manifestantes, resultando en una práctica sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.

En lo que respecta al debido cuidado y garantía del derecho a la salud y la integridad personal, se ha reportado el lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD en barrios residenciales y dentro de viviendas. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no se disipe del ambiente y entre a los espacios[42]. A lo largo de estos días se ha evidenciado cómo estos lanzamientos han tenido efectos nefastos y han afectado diferencialmente a grupos etarios vulnerables, como las personas de la tercera edad y menores de edad[43]. De igual manera, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su máxima preocupación por los más de 140 altercados que habían sufrido para ese momento los trabajadores sanitarios y las ambulancias en el marco de las protestas en Colombia[44], esto luego de las acusaciones hechas sobre su uso por parte de la Fuerza Pública para el transporte de armamento[45].

Las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contextos de protesta, ya sea protestando o transitando cerca de una marcha, se han vuelto una constante. El 14 de mayo de 2021, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y pidieron al Gobierno que llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre, entre otras cosas, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados[46]. En dicho comunicado, también instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas. Se ha registrado que, en medio de estos procedimientos de retención a manifestantes, se han aplicado una serie de medidas paralegales como golpizas y torturas, con la intención de que quienes sufren estos ataques se autoincriminen y admitan delitos que no cometieron[47]. Finalmente, es preocupante la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando[48].

Mientras la Fiscalía colombiana anuncia que las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas[49], la información sistematizada desde distintas organizaciones de la sociedad civil, liderazgos sociales y de comunidades, así como periodistas y activistas señalan que hay un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas[50]. Este mismo 26 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, señaló que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida en el marco del Paro Nacional, y que no era claro si los otros debían ser clasificados como desaparecidos[51], lo que encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas.

En adición, en el marco del paro, la Fuerza Pública ha realizado violencias direccionadas contra las poblaciones afrodescendientes. Según el informe realizado por organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez; se estima que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes. En este informe, que fue presentado a la CIDH se encontró que desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes. Por lo cual, se observa un racismo estructurado en el accionar de la fuerza pública contra la población afrodescendiente en el país[52].

En el informe presentado por la CIDH, la Comisión se muestra preocupada por las violencias ejercidas contra la población afrodescendiente del país y realiza un llamado a promover un diálogo amplio donde se incluyan estos sectores sociales y a promover el respeto y la no estigmatización. El apartado 3.3 del informe se centra en las violencias basadas en discriminación étnico racial. En este, muestra su preocupación sobre el tema y señala que, debido a la discriminación histórica y estructural, las poblaciones afrodescendientes e indígenas se encuentran más expuestas a prácticas de perfilamiento, a ser detenidas y a sufrir abusos por parte de la fuerza pública.

La Comisión realizó una recomendación específica, centrada en la violencia basada en la discriminación étnico racial, según la cual, le recomienda al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las discriminaciones y estigmatizaciones que todavía pesen sobre grupos poblacionales a razón de su origen étnico racial.

En este sentido nos gustaría resaltar para concluir la necesidad de abordar el análisis de la violencia policial en Colombia ocurrida en el marco del Paro Nacional, teniendo en cuenta las afectaciones particulares contra mujeres, personas LGBT y población afrodescendientes desde una lectura interseccional de este uso de fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes, durante la elaboración de informes en el marco de la visita de la CIDH a Colombia, las organizaciones de la sociedad civil encontramos  y nos genera preocupación:

  1. El riesgo especifico que enfrentan las mujeres en el marco de la protesta social, así como los casos de abuso y VBG por parte de fuerza publica.
  2. La falta de información estadísticas, casos e información oficial donde se incluyan variables de diversidad sexual, genero o étnico racial;

3.El perfilamiento racial contra personas afrodescendientes e indígenas y la reproducción de discursos discriminatorios por parte del Estado que reproducen estereotipos negativos que significan además una limitación adicional en términos de acceso a la justicia para dichos grupos poblaciones.

Reiteramos nuestra recomendación al Gobierno:

1 Para garantizar el ejercicio de la protesta social;

2.Garantizar espacios de dialogo seguro que incluyan a todos los sectores que se encuentran haciendo parte del Paro Nacional.

  1. Cumplir con sus obligaciones de protección a la vida, derecho a la protesta y acceso a la justicia cumpliendo con estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
  2. Disponer y asignar recursos para la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, la etnia, la edad, la condición migratoria, entre otras categorías sobre los casos de violencia que se registren en el marco del Paro Nacional.

Notas al píe de página

[1] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[2] Temblores ONG es una organización que en el marco del paro nacional ha elaborado varios reportes de los hechos de violencia policial documentados a través de una plataforma denominada GRITA, que tiene alcance nacional.

[3] La Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s es una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

[4] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[5] CNN Español, “Cronología de las protestas de 2021 en Colombia”, 10 de mayo de 2021, Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/cronologia-protestas-de-2021-en-colombia-orix/

[6] RTVE, “Duque anuncia «el máximo despliegue» de la asistencia militar en Cali, epicentro de las protestas y la violencia en Colombia, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20210529/duque-anuncia-maximo-despliegue-asistencia-militar-cali-epicentro-protestas-violencia-colombia/2095700.shtml

[7] Campaña Defender la Libertad, “Boletín Informativo #21 del Paro Nacional”, 22 de julio de 2021, Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/

[8] OHCHR. “Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S

[9] Oficina de Naciones Unidas en Colombia, “La ONU en Colombia llama a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, la protesta y el acceso a los alimentos”, 07 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp

[11]Amnistía Internacional, “Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/

[12] France24, “HRW repudia los «gravísimos abusos» de la Policía durante las protestas en Colombia”, 09 de junio de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210609-human-rights-watch-informe-protestas-colombia-abusos-policia

[13] France24, “Naciones Unidas y la Unión Europea condenan el uso excesivo de la fuerza en Colombia”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210504-colombia-uso-excesivo-fuerza-cali-violencia-protestas

[14] Deutsche Welle, “Francisco llama al diálogo en Colombia y defiende el derecho a manifestarse”, 23 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/francisco-llama-al-di%C3%A1logo-en-colombia-y-defiende-el-derecho-a-manifestarse/a-57635124

[15] La W, “EEUU pide a Colombia garantizar protesta e investigar violencia y abuso de fuerza” 11 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/eeuu-pide-a-colombia-garantizar-protesta-e-investigar-violencia-y-abuso-de-fuerza/20210511/nota/4134036.aspx

[16] France24, “La lupa puesta sobre las protestas en Colombia: concluyó la visita de la CIDH”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210611-colombia-visita-cidh-control-violaciones-derechos-humanos

[17] CIDH, “CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp#:~:text=Washington%2C%20D.C.%20%2D%20La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana,para%20la%20superaci%C3%B3n%20de%20la

[18]RTVC, “Colombia, segundo país con más muertes en protestas: JEP”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/jep-paro-nacional-segundo-pais-muertes-violentas-protestas

[19] El Tiempo, “#NoEsHoraDeCallar El Feminicidio”, junio 22 de 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/violencia-contra-la-mujer-ninas-y-mujeres-asesinadas-en-colombia-en-el-2020-550683

[20] Defensoría del Pueblo. “Pandemia agudizó violencia contra mujeres y población OSIGD”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9800/Pandemia-agudiz%C3%B3-violencia-contra-mujeres-y—poblaci%C3%B3n-OSIGD.htm

[21] Sisma Mujer. “Boletín No. 21”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/02/03/boletin-no-21-en-tiempos-de-pandemia-tampoco-es-hora-de-callar-las-violencias-contra-las-mujeres/

[22] Temblores ONG, Indepaz y PAIIS. “Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021”, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_fcdb5e676fd3458fb10a78e49a63c985.pdf

[23] Ibíd.

[24] El Espectador. “Colombia debe priorizar las recomendaciones de la CIDH con enfoque de género”, julio 14 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/colombia-debe-priorizar-las-recomendaciones-de-la-cidh-con-enfoque-de-genero/

[25] CIDH. “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

[26]Ibíd.

[27] France24. “Colombia: preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210531-colombia-protestas-civiles-armados-sompra-paramilitarismo

[28] El País. “La ONU pide a Colombia que se investigue a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html

[29] DW, par. 4. “Militarización: Colombia se autobloquea”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.dw.com/es/militarizaci%C3%B3n-colombia-se-autobloquea/a-57748124

[30] CNN. “La arriesgada táctica por la que optó el Gobierno de Colombia ante las protestas”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/02/colombia-arriesgada-tactica-gobierno-militarizacion-protestas-trax/

[31] El Espectador. “Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional”, junio 21. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/las-incognitas-que-dejaron-los-civiles-armados-del-paro-nacional/

[32] Infobae. “Autoridades han capturado a 134 integrantes de la primera línea por actos de violencia y vandalismo”, julio 20 de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/25/autoridades-han-capturado-a-134-integrantes-de-la-primera-linea-por-actos-de-violencia-y-vandalismo/

[33] Caribe Afirmativo, “Entre luchas y resistencias: Abuso policial y violencia desmedida contra personas LGBT a un mes de paro nacional”, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/entre-luchas-y-resistencias-abuso-policial-y-violencia-desmedida-contra-personas-lgbt-a-un-mes-de-paro-nacional/

[34] Ibíd.

[35] Mesa Comunitaria LGBTIQ de Cajicá, Denuncia Pública del 01 de junio de 2021, Disponible en: https://www.facebook.com/MesaComunitariaLGBTIQcajica/posts/3866741016780981

[36] Información proporcionada por la “Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad”, en los que relatan intentos de abuso sexual hacia mujeres afro-lesbianas, hostigamientos y ataques a mujeres afro-trans y expulsión de hombres afro-trans de los puntos de concentración.

[37] Caribe Afirmativo, “Durante una detención arbitraría la Policía promovió acciones violentas contra la integridad sexual de un joven gay en el marco de la protesta social en Soledad (Atlántico)”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/durante-una-detencion-arbitraria-la-policia-promovio-acciones-violentas-contra-la-integridad-sexual-de-un-joven-gay-en-el-marco-de-la-protesta-social-en-soledad-atlantico/

[38] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[39] RCN Noticias, “Rechazan señalamientos del Ministro de Defensa contra líderes del Cauca”, 15 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/rechazan-senalamientos-del-ministro-de-defensa-contra-lideres-del-cauca

[40] Caribe Afirmativo, “Amenazas a organización Buga LGBTI en el marco de su participación del paro nacional”, 13 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazas-a-organizacion-buga-lgbti-en-el-marco-de-su-participacion-del-paro-nacional/

[41] Infobae, “Denuncian brutal golpiza a dos mujeres en la avenida Primero de Mayo, en Bogotá”, 30 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/denuncian-brutal-golpiza-a-dos-mujeres-en-la-avenida-primero-de-mayo-en-bogota/

[42] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[43] El Universal, “Denuncian agresiones del ESMAD en barrio residencial de Buga” 15 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/cali/denuncian-agresiones-del-esmad-en-barrio-residencial-de-buga-article/

[44] Noticias ONU, “Es inaceptable que los trabajadores sanitarios sufran violencia durante las protestas en Colombia” 19 de mayo de 2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492232

[45] RCN Radio, “Procuraduría investigará a concejal de Bogotá, por trinos que motivaron ataques contra ambulancias”, 25 de mayo de 2021, disponible en: https://www.rcnradio.com/judicial/procuraduria-investigara-concejal-de-bogota-por-trinos-que-motivaron-ataques-contra

[46] Noticias ONU, “Expertos de la ONU, preocupados por el uso de los militares en la represión de las protestas en Colombia”, 14 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962

[47] El País, “Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia”, 08 de junio de 2021, Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html

[48] El Tiempo, “Polémica por jóvenes llevados por la Policía a coliseo en Pasto”, 30 de abril de 2021, Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polemica-por-jovenes-llevados-por-la-policia-a-coliseo-en-pasto-585197

[49] France 24, “Colombia: Fiscalía reporta 129 desaparecidos tras un mes de protestas”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210525-colombia-fiscalia-129-desaparecidos-protestas

[50] Deutsche Welle, “Desaparecidos durante Paro Nacional en Colombia: las cifras no cuadran porque el Estado no las busca”, 27 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[51] Blu Radio, “Colombia no puede ser visto como un país que desaparece manifestantes: Marta Lucía Ramírez”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/colombia-no-puede-ser-visto-como-un-pais-que-desaparece-manifestantes-marta-lucia-ramirez

[52] Informe Afectaciones al pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional 2021. Revisado en: http://oldrace.wp/es/colombia-es/violencia-personas-afrodescendientes-paro-nacional-colombia/

 

Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Vicky Hernández y otras vs Honduras: reparación sin precedentes para la comunidad trans en la región

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El 28 de junio de 2021, día en que se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Esta sentencia es solo la quinta en materia de derechos LGBTI+ en la región latinoamericana y la segunda sobre personas trans, representando un hito histórico para la región. La sentencia reconoce, por primera vez, que las mujeres trans y travesti están protegidas bajo la Convención Belem do Pará y, dentro de las reparaciones, la Corte IDH ordena al Estado hondureño implementar una ley de identidad de género en los próximos dos años, una reparación sin precedentes en nuestra región.

Vicky Hernández fue una mujer trans, defensora de derechos LGBTI+ y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2009 durante el golpe de Estado en Honduras. El 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda y, según algunas mujeres que acompañan a Hernández ese día, ellas se encontraban en la zona roja ejerciendo el trabajo sexual cuando fueron descubiertas por una patrulla que intentó arrestarlas. Todas corrieron en diferentes direcciones y al día siguiente Hernández apareció muerta. Su muerte se dio en un contexto de detenciones arbitrarias y otros homicidios por las manifestaciones que ocurrieron durante y después del golpe de Estado.

Entre los hechos señalados en la sentencia, la Corte retoma la valoración del perito peruano Carlos Zelada, sobre la existencia en Honduras de “un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI que se remonta al menos al año 1994” y que, en medio del golpe de Estado, se vio recrudecido, particularmente contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. La instancia regional también señala que, desde el 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTI+ en la región. Esta población, indica, continúa desprotegida e invisibilizada en las Américas.

En su sentencia, la Corte IDH brinda una mirada a la situación que enfrentaba Hernández antes de ser asesinada, pues refiere que en varias ocasiones fue víctima de ataques violentos por parte de la policía. Cita a Claudia Spellmant Sosa, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa, quien explicó que muchas veces Hernández llegó al Colectivo denunciando arrestos arbitrarios y agresión física. La Corte IDH encontró al Estado responsable dado el peritaje, el contexto del golpe en el que la policía y los militares tenían un control total sobre las calles, la situación de derechos LGBTI+ en Honduras, y la discriminación y violencia ejercida por la policía contra las mujeres trans.

El Estado hondureño aceptó parcialmente su responsabilidad internacional bajo los artículos 8.1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por las irregularidades durante el proceso investigativo. Sin embargo, la Corte IDH resaltó varios puntos importantes sobre las responsabilidades del Estado respecto a estos artículos, entre ellos la necesidad de tomar en cuenta la identidad de género de la víctima, su activismo y el posible rol de agentes estatales en su asesinato. La Corte IDH también reiteró los estándares de las sentencias Gutiérrez Hernández y Otros vs. Guatemala y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú respecto los estereotipos de género y cómo estos afectan la objetividad de los funcionarios públicos.

Por último, la Corte IDH desarrolló estándares sobre el derecho al nombre para personas trans y de diversas identidades de género. La Corte IDH reconoció “que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros”. Con este reconocimiento se abren las puertas a que más Estados garanticen el derecho a la identidad de género.

Desde Raza e Igualdad celebramos este fallo de la Corte IDH, el cual consideramos histórico porque no solo determina la responsabilidad del Estado en el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual y defensora de los derechos de las personas LGBTI+, sino que establece medidas de reparación que, de ser asumidas e implementadas, marcarán un importante avance y precedente en el reconocimiento y protección de los derechos de esta población, tanto en Honduras como en el resto de la región.

Esperamos que la sentencia en el caso Vicky Hernández y Otras vs Honduras se convierta en referencia para la demanda de justicia en casos de violencia y asesinato contra personas LGBTI+ en toda la región. En el caso de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, tenemos la seguridad de que este fallo será una herramienta para sustentar patrones de violencia y discriminación contra la población LGBTI+ en los procesos de búsqueda de justicia y protección, mientras que, en el caso de los Estados, confiamos en que esta sentencia impulse la adopción de políticas y leyes específicas en beneficio de las personas LGBTI+.

Raza e Igualdad aplaude cada una de las reparaciones establecidas por la Corte IDH, especialmente las referidas a la implementación de una ley de identidad de género y la recolección de cifras sobre violencia contra personas LGBTI+ “desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación migratoria o económica”.

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