Os caça-níqueis com tema de dinheiro e recompensas continuam entre os favoritos dos jogadores brasileiros, e não é difícil entender o motivo: visuais chamativos, mecânicas simples e a promessa de multiplicadores generosos criam uma experiência divertida mesmo para quem está começando no mundo dos slots online.

O Сash mania segue essa linha, trazendo um layout colorido, símbolos clássicos de cassino e rodadas bônus que podem aumentar significativamente os ganhos durante a sessão de jogo. A jogabilidade é intuitiva, com controles simples de aposta e giro automático disponíveis para quem prefere um ritmo mais rápido.

A volatilidade do jogo tende a ser moderada, equilibrando ganhos frequentes de menor valor com a chance ocasional de rodadas bônus mais recompensadoras. Isso torna o slot acessível tanto para quem joga por diversão quanto para quem busca sessões mais longas com um saldo controlado.

Como em qualquer jogo de cassino online, é recomendável testar a versão demo antes de apostar dinheiro real, além de verificar se o cassino escolhido para jogar possui licença válida e processos de pagamento transparentes.

Colombia: Raza e Igualdad alerta sobre el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos al iniciar el 2022

Colombia: Raza e Igualdad alerta sobre el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos al iniciar el 2022

Colombia, 21 de enero de 2022. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, así como el aumento de la violencia armada en los territorios de comunidades étnicas. Esta situación se ha visto exacerbada en las primeras semanas del 2022 y  le ha costado la vida a seis líderes sociales, incluido un niño indígena defensor del medio ambiente.[1]

Hasta este 19 de enero, organizaciones que monitorean y registran la situación en los territorios habían registrado graves violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del país.[2] La violencia a manos de grupos armados se ha incrementado, dejando un impacto desproporcionado en las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, especialmente en territorios con gran presencia de comunidades afrocolombianas e indígenas. Por ejemplo, en Arauca—al Este del país—se están presentando fuertes enfrentamientos entre diferentes grupos armados[3], con un saldo preliminar de 27 personas asesinadas, 57 familias víctimas de desplazamiento, 50 personas desaparecidas y 2,000 personas en riesgo.[4] Además, durante el 2022 ya se han registrado 10 masacres en acciones de control territorial y “limpieza social”.[5]

En este contexto, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia se sigue exacerbando. Para la fecha, se reportan 9 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en el país. El 10 de enero fue asesinado Nilson Antonio Velasquez Gil, líder social, en Medio San Juan, Chocó,[6] el 14 de enero de 2022 fueron asesinados Guillermo Chicana[7] y Breiner David Cucuñame López,[8] lideres indígena y ambientalistas, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Por otra parte, el 17 de enero de 2022 fueron asesinados 4 líderes sociales: Miguel Carrillo, líder social, cultor y artesano, en Arauquita, Arauca,[9]Luz Marina Arteaga Henao lideresa campesina, médica y reclamante de tierras, en Orocué, Casanare,[10]  Mario Jonathan Palomino Salcedo, profesor y líder social en El Carmen de Viboral, Antioquia[11],  y Wilson Costez Molano líder de Puerto Guzmán, Putumayo.[12] El 19 de enero del presente año fue asesinado José Avelino Pérez Ortiz, líder social en Arauca, Arauca; por último 20 de enero fue asesinado Libardo Castillo Ortiz, líder del consejo comunitario en la vereda San Miguel de Ñambi del municipio de Barbacoas, Nariño;[13] completando un total de 9 líderes y lideresas sociales asesinados en los primeros 20 días del 2022.[14]

Cabe resaltar que, según las cifras del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, el 2021 cerró con 168 líderes y lideresas sociales asesinados,[15] entre ellos el joven afrocolombiano Esnaider Javier Castillo Ortíz, quien era integrante de la Fundación Arcoíris. Esnaider fue asesinado el 27 de diciembre de 2021 en Barbacoas, Nariño, y era un reconocido líder cultural de la zona.[16]

En este 2022 vemos cómo se continúan agudizando los patrones de violencia sistemática contra personas defensoras y liderazgos sociales, que impactan de manera desproporcionada a las personas indígenas y afrocolombianas.

Raza e Igualdad expresa su preocupación por la situación escalonada de violencia y rechaza los asesinados de personas defensoras y liderazgos sociales. Ante este aumento de las violaciones de derechos humanos, resulta necesario adoptar medidas urgentes para garantizar la protección y seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado. Desde el Instituto, llamamos la atención sobre el trabajo que realiza la Unidad Nacional de Protección, reiterando la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas, integrales, efectivas y con enfoques diferenciales que permitan responder a las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras en los territorios del país.

En este sentido, el Estado colombiano debe responder a las necesidades de protección garantizando trámites ágiles y sin demoras injustificadas, con evaluaciones de riesgo que no sean revictimizantes y que respondan a la realidad de los territorios desde los enfoques diferenciales. Por consiguiente, instamos al Gobierno colombiano a que adopte medidas integrales para abordar la situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que realicen seguimiento y emitan recomendaciones para la verdadera garantía de los derechos humanos en Colombia.

 

 

[1] DIARIO VEA     http://diariovea.com.ve/horroroso-ya-son-6-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-en-2022/

[2] El Espectador (2022 20 de enero) https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/en-apenas-55-horas-asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-arauca/

[3] Mesa, Jesús (2022, 14 de enero). El Espectador le explica: la situación de orden público que se vive en Arauca. El Espectador.

[4] INDEPAZ (2022, 8 de enero). La violencia en Arauca es mucho más que choques entre grupos armados. Indepaz.org.co.

[5] INDEPAZ. Masacres ocurridas en Colombia en 2022. Cfr. Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz. Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022.

[6] INFOBAE (2022, 18 de enero)  https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/alerta-en-choco-conflicto-entre-eln-y-clan-del-golfo-ha-desplazado-a-mas-de-1500-personas/

[7] El Colombiano (2022, 14 de enero). Denuncian el asesinato de líder indígena en Buenos Aires, Cauca.

[8] El Colombiano (2022, 15 de enero). Disidentes asesinan a Breiner David, joven de la guardia indígena en Cauca.

[9] INDEPAZ (2022, 17 de enero). Con Miguel Carrillo sería 03 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022 y 1289 desde la firma del Acuerdo de Paz.

[10]El Tiempo (2022, 18 enero) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hallan-cuerpo-de-luz-marina-arteaga-lider-social-asesinada-en-casanare-645615

[11] Caracol Radio /2022, 19 de enero) https://caracol.com.co/emisora/2022/01/19/medellin/1642563158_680218.html

[12]Tele sur (2022 20 de enero) https://www.telesurtv.net/news/colombia-putumayo-septimo-lider-social-asesinado-20220120-0002.html

[13] Indepaz https://twitter.com/Indepaz/status/1484319294825533442

[14]Indepaz   https://twitter.com/Indepaz/status/1484141878920552452

[15] INDEPAZ OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDADES

 https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/

[16] El Tiempo (29 de diciembre 2021) https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/esnaider-javier-castillo-luto-en-el-pacifico-por-su-asesinato-641740

Ante la CIDH: Estado de Nicaragua incumple con medidas cautelares otorgadas a favor de periodistas independientes 

En el marco del 182 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes 14 de diciembre, periodistas independientes beneficiarios de medidas cautelares y representantes del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participaron en una audiencia pública para exponer el incumplimiento absoluto de la implementación de las medidas otorgadas a favor de 49 integrantes de los medios de comunicación independientes Confidencial, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima. Asimismo, señalaron que los hechos de riesgo a los que han continuado sometidas las personas beneficiarias se enmarcan en los patrones sistemáticos de represión a la libertad de expresión y prensa que se vive en Nicaragua.  

Desde el año 2018, la CIDH otorgó las primeras medidas cautelares al equipo periodístico de Confidencial y Radio Darío. Posteriormente, en el año 2019, se otorgaron medidas al director de La Costeñísima Sergio Warren León (D.E.P.), su familia y otros integrantes del medio; y recientemente, hace 6 meses, la CIDH otorgó medidas a la jefa de prensa de dicho medio caribeño, Kalua Salazar y su familia. Lamentablemente, hasta la fecha el Estado de Nicaragua no ha adoptado medida alguna para proteger la vida e integridad de estas personas, no ha removido los obstáculos para que puedan ejercer su labor libres de riesgo, y no ha investigado los hechos que dieron lugar al otorgamiento de dichas medidas ni los ocurridos con posterioridad. Al contrario ha tomado acciones en contra, forzando a la mayoría al exilio.

Para el fotoperiodista de Divergentes, Carlos Herrera, “Nicaragua se ha convertido en un terreno abiertamente hostil, bajo amenaza constante, o una cárcel para quienes ejercen el periodismo independiente desde dentro del país”. Ante el peligro de agresión física, de asalto y confiscación de nuestros bienes e instrumentos de trabajo, el asedio de policías y paramilitares, e incluso la posibilidad de ser detenidos y criminalizados por ejercer su profesión, Herrera decidió salir del país hace unos meses. 

Por su parte, el Director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro denunció que se había vuelto a ver forzado al exilio, y enfatizó que desde mayo de este año, el Ministerio Público desató una nueva ola represiva contra el periodismo independiente. Al menos 45 periodistas –entre ellos, beneficiarios de medidas cautelares– fueron sometidos a interrogatorios hostiles, e incluso fueron amenazados con abrir procesos de investigación en su contra, bajo la Ley Especial de Ciberdelitos.

Wilfredo Miranda, periodista del medio digital Divergentes, quien se encuentra en el exilio por segunda  ocasión, advirtió que las y los beneficiarios que continúan en terreno son víctimas de persecución y asedio, actos de vigilancia e intimidación tanto en sus casas de habitación como en las de sus familiares.

Aníbal Toruño, director de Radio Darío -medio que sufrió un incendio en el contexto de las protestas sociales de abril 2018- denunció que, el día posterior a las votaciones del 7 de noviembre, las instalaciones de la Radio fueron asediadas por motocicletas de simpatizantes del régimen, quienes detonaron morteros con el objetivo de amedrentar e intimidar a los trabajadores que en ese momento permanecían en las instalaciones.

Finalmente, la asesora legal de Raza e Igualdad María Luisa Gómez, señaló que las y los trabajadores de  La Costeñísima, continúan expuestos a una situación de riesgo muy grave. Además de las continuas amenazas y campañas de difamación, policías y agentes paraestatales asedian las instalaciones de la radio y las casas de habitación de sus trabajadores regularmente”.

Cabe destacar que, a mediados de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió que por lo menos 65 periodistas nicaragüenses se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad y riesgo. 

En la audiencia, el Relator Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó que, en el actual “régimen de censura” no hay garantías para la libertad de expresión; sin embargo “la reconstrucción del Estado de Derecho en Nicaragua pasa por las garantías a la libertad de expresión y el trabajo de las y los periodistas, y… la justicia para las víctimas también pasa por la prensa, que documenta las violaciones a los derechos humanos”, razón por la cual un reconoce la importancia del periodismo nicaragüense que, en circunstancias adversas, “no solo persiste, sino que también con estándares de calidad y rigurosidad”.

Petitorio

Las personas beneficiarias y sus representantes solicitaron a la Comisión emitir una resolución de seguimiento, urgiendo al Estado la implementación de las medidas otorgadas, y utilizar el mecanismo de peticiones para examinar las violaciones a la Convención Americana en que ha incurrido el Estado.

Asimismo, pidieron que se intensifiquen los esfuerzos de monitoreo, escrutinio y denuncia de la situación que enfrentan las beneficiarias de las medidas y el pueblo de Nicaragua, e instaron a la CIDH a requerir al Estado de Nicaragua que:

  1. Cese de inmediato cualquier represalia contra las personas beneficiarias, el periodismo y los medios independientes, revocando las órdenes de detención emitidas, absteniéndose de emitir nuevas.
  2. Libere a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, por ejercer su derecho de expresarse y por apoyar la labor de los medios independientes.
  3. Tome todas las medidas necesarias para que los y las periodistas que debieron salir al exilio puedan regresar al país con las debidas garantías para su seguridad, vida e integridad física. Asimismo, que se abstenga de imponer trabas u obstáculos arbitrarios a quienes desean salir de Nicaragua.
  4. Derogue la legislación que restringe la libertad de expresión y prensa, así como la cooperación internacional hacia el periodismo independiente.

Organizaciones afrocolombianas solicitan a la CIDH urgir al Gobierno adoptar una ruta de reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado e implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Colombia, 17 de diciembre de 2021. Las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la población afrodescendiente Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (LA COMADRE), Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) e Ilex Acción Jurídica, en compañía del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acciones inmediatas para abordar la grave situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres negras víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado.

La petición, que también hacen organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la  Pastoral Afrocolombiana y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), siendo más de 18 organizaciones, se hizo en el marco del 182° Período de Sesiones Virtual de la Comisión. Las organizaciones buscan que  se  implementen estrategias para poner fin a la grave situación de violación a los derechos humanos de las comunidades negras del Pacífico y se garantice el acceso a la reparación colectiva étnica con enfoque de género para mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia. 

De acuerdo con las organizaciones solicitantes, la situación de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes han devenido en una crisis humanitaria sin precedentes y en la negación del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ello, solicitan una atención integral urgente e impostergable. “Se trata de una violación masiva, sistemática y persistente de los derechos humanos de impacto desproporcionado en la población afrocolombiana, que no tiene precedentes continentales y que representa uno de los contextos de violencia más críticos a nivel mundial. De allí la relevancia de que la CIDH pueda conocer de primera mano, desde la voz de nuestras organizaciones, la situación actual y la identificación de los patrones y dinámicas conflictivas generalizadas”, expresaron las organizaciones. 

De igual forma, las peticionarias señalaron que pese a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales que han exhortado al Gobierno colombiano a diseñar y adoptar medidas que contemplen las particularidades y necesidades específicas de las mujeres negras, las barreras continúan acentuándose debido a que las autoridades judiciales no le dan una dimensión adecuada a la problemática de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, el contexto de negación de derechos ha traído como consecuencia una crisis humanitaria generalizada para la  población negra, provocada por la ocurrencia, aumento y proliferación de patrones de violencia en sus territorios, que incluyen actos de amenazas, hostigamiento e intimidaciones, masivos desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre otros, por parte de actores armados involucrados en el conflicto armado interno.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFR), el Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) y el Comité Cívico por la Dignidad del Departamento del Chocó, junto a las demás organizaciones solicitantes, señalaron que  todo esto ha ocurrido como consecuencia de la no implementación por parte del Estado del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Gobierno nacional y la antigua  guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las organizaciones solicitantes instaron al Estado a garantizar la reparación colectiva de La COMADRE– organización que agrupa a mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado– y con ello, sus derechos a la autodeterminación y a la consulta previa; con enfoques diferenciales étnico y de género para lograr la transformación progresiva de las condiciones de desigualdad y de despojo del territorio en que se encuentran.

Cuba: La CIDH otorga medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho y al defensor de derechos humanos Raúl Soblett López

Washington D.C., 3 de diciembre de 2021.– Respondiendo a una solicitud del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho, y a su pareja Raúl Soblett López, defensor de derechos humanos y derechos LGBTI+. Ante la documentación presentada por Raza e Igualdad, la Comisión determinó que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

Por medio de la Resolución 100/2021, la CIDH solicita al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, y puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos. Además, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe—dentro de un plazo de 15 días—sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Hechos alegados

La documentación presentada por Raza e Igualdad a la CIDH da cuenta de las constantes violaciones de derechos humanos que han enfrentado los beneficiarios en los últimos años, las cuales incluyen asedio policial, interrogatorios, amenazas y detenciones en el marco del ejercicio de sus actividades como periodista y defensor de derechos humanos, respectivamente. En ambos casos, las violaciones provienen tanto de autoridades como de personas anónimas a través de las redes sociales.

Respecto a Valdés Cocho, se refiere que, hasta octubre pasado, había sido detenido en ocho ocasiones, siendo una de ellas la detención que sufrió el 30 de octubre, cuando regresaba a su casa y fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado que lo trasladaron a Villa Marista, donde fue obligado a desnudarse bajo el argumento de realizar una revisión. Ahí permaneció una noche y fue interrogado dos veces. Luego, el 12 de noviembre, fue objeto de un acto de repudio y el 15 de noviembre—día en que la sociedad civil había convocado a la Marcha Cívica por el Cambio—su casa estuvo sitiada por agentes de la Seguridad del Estado que le impidieron salir tanto a él como a su pareja.

En el caso de Soublett López, en tanto, la información indica que es víctima de acosos por parte de la Seguridad del Estado desde el año 2018, cuando agentes comenzaron a acercársele para advertirle que tenían conocimiento de su activismo y amenazarlo con que ello podría afectar su trabajo y sus estudios, e incluso llegar a ser procesado penalmente. A raíz del inicio de su relación con Valdés Cocho, en octubre de 2020, el acoso se ha intensificado y durante el presente año ha sido llamado a interrogatorios en varias ocasiones. Uno de los interrogatorios ocurrió el 18 de junio en la Dirección Municipal de Educación, donde fue amedrentado por su activismo antirracista, en defensa de las personas LGBTI+ y contra la violencia de género, así como amenazado con ser despedido y procesado.

“Es muy importante para nosotros que la CIDH, a petición de Raza e Igualdad, nos haya otorgado las medidas cautelares, ya que es una protección frente al hostigamiento, el acoso, toda la violencia ejercida por el Estado contra nosotros, por nuestras actividades en promover y defender los derechos humanos y profesiones”, expresaron los beneficiarios.

Censura y discriminación

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH hace alusión al contexto de censura y hostigamiento que enfrenta el periodismo independiente en la Isla, en lo cual enumera varias formas de represión contra periodistas como la exigencia de contar con afiliación para ejercer el periodismo, amenazas, citaciones e interrogatorios con fines intimidatorios; detenciones arbitrarias; allanamientos y decomiso de equipos periodísticos u otros bienes; despidos y pérdida de autorizaciones para ejercer profesión o actividades económicas; presiones y amenazas a familiares, entorno social y prácticas difamatorias; e impedimentos de salida y otras restricciones arbitrarias a la libertad de circulación.

La Comisión también señala de forma particular la violencia, discriminación y restricciones a sus derechos de reunión, asociación y libertad de expresión que sufren las personas LGBTI+ y las personas defensoras de derechos humanos que trabajan temas de orientación sexual e identidad de género. “En particular, la Comisión observa que la intersección entre la discriminación por razones del origen étnico-racial, orientación sexual diversa e identidad de género afectaría de manera desproporcionada a la población LGBTI afrocubana”, indica.

Raza e Igualdad exhorta al Estado cubano a adoptar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Héctor Valdés Cocho y Raúl Soublett López, y a permitir que tanto ellos como todas las y los periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus labores sin ser objeto de discriminación, violencia y detenciones, conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Raza e Igualdad lanza informe sobre mujeres presas políticas en Cuba y llama al Estado a cesar persecución y criminalización en contra defensoras de derechos humanos

Washington D.C., 24 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el 18 de noviembre del presente año el informe “Voces en resistencia: mujeres presas políticas en Cuba”, el cual retrata la experiencia de mujeres que son o han sido presas políticas y el impacto que su condena y otros actos de represión han tenido en sus vidas. El informe, además, contiene recomendaciones al Estado cubano y a la comunidad internacional con miras a cambiar la situación de persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en la Isla.

El evento de lanzamiento contó con la participación del Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionado Stuardo Ralón, y de mujeres expresas políticas, quienes compartieron sus experiencias desde diferentes perspectivas. En tanto, Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad y autora del informe, presentó los principales hallazgos del mismo; y Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, brindó unas palabras de bienvenida en las que destacó la relevancia de este evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba sufren diariamente violencias estructurales de una forma muy particular. Tienen que liderar con la doble carga de trabajo renumerado y no renumerado que es común para mujeres en cualquier lado del mundo, pero también están sometidas a hostigamiento, amenazas, actos de repudio, interrogatorios y detenciones arbitrarias, entre otros, que muchas veces incluyen violencia tanto física como emocional. Las consecuencias de esta violencia se transfieren a las familias de las activistas y a sus comunidades. Y en los casos en que las activistas llegan a ser prisioneras políticas la violencia estructural y sus impactos son aún más graves”, señaló.

El informe

Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, explicó que aparte de la llamada “doble carga” que asumen las mujeres cubanas en un contexto de control político y desabastecimiento de alimentos y medicinas, las razones que motivaron la realización de este informe fueron que Cuba no cuenta con una ley que proteja a las mujeres de la violencia basada en género y la falta de información sobre mujeres presas políticas en la comunidad internacional.

El informe recoge los casos de 12 mujeres activistas que fueron condenadas por diferentes delitos después de expresar opiniones en contra del Gobierno. La mayoría pasaron seis meses o más en una institución penal en Cuba, mientras otras cumplieron condenas de arresto domiciliario. La información fue recolectada mediante entrevistas que se realizaron directamente con las mujeres o con los familiares de las mujeres que están actualmente detenidas.

“Las entrevistas con las presas políticas confirman que las prisiones en Cuba son inhumanas y no tienen las necesidades básicas para sobrevivir. Las mujeres estaban en celdas sucias, llenas de ratas e insectos y, en algunos casos, hasta excremento humano. Además, pasaron hambre y fueron aisladas de sus familias y de otras presas. Algunas sufrieron de violencia por parte de las reclusas o las guardias. Ninguna recibió tratamiento médico adecuado, lo que resultó en enfermedades graves”, refiere el informe.

Testimonios

La Dama de Blanco y expresa política, Jacqueline Heredia, es una de las protagonistas del informe. Fue detenida en abril de 2016 y, más de un año después de estar en prisión (mayo de 2017), recibió una condena de tres años de cárcel por los delitos de “desacato” y “atentado”. En agosto de 2017 le asignaron una licencia extrapenal por complicaciones graves en su salud. Hoy, la activista enfrenta el riesgo de volver a prisión, pues tanto ella como su esposo, Carlos Alberto Álvarez, están siendo acusados por el delito de “atentado”.

No obstante, su esposo está detenido desde hace seis meses en la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. “Lo detuvieron por [el impago de] unas multas arbitrarias que nos pusieron a los dos, y ahora nos acusan de atentado, para él piden 4 años y para mí 3 años de prisión. Dicen que cometimos el atentado en 2019, el 8 septiembre que es el día de la Marcha de los Girasoles, y nosotros participamos pacíficamente. Él está esperando el juicio en prisión y yo en casa”, contó a través de un video que se transmitió en el evento.

Yamilka Abascal, que integra la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y otras organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia en la Isla, fue condenada en 2017 a dos años de arresto domiciliario. Fue acusada de “desacato” cuando, junto a su esposo—el también activista José Rolando Casares—se dirigía hacia La Habana para participar en una rueda de prensa internacional para dar a conocer una campaña cívica de la Mesa de Diálogo.

Cuando recibió la condena, Yamilka tenía ocho meses de embarazo. En su participación en el evento, la cual fue vía telefónica, explicó que durante la reclusión domiciliaria era constantemente asediada por la Policía y esto la afectó psicológicamente a ella y a sus hijos. Pese a que ya cumplió su condena, la joven no deja de ser perseguida y amenazada por las autoridades y partidarios del Gobierno.

Lisandra Rivera es parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y por su activismo dentro de esta organización ha sido perseguida, amenazada y agredida físicamente en los últimos años, al punto que, en junio de 2014, perdió un embarazo de cuatro meses de gestación por una golpiza que le propinaron agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. “En 2016 fui detenida porque salí en defensa de unos cuentapropistas que ellos estaban golpeando y a finales de 2016 fui enjuiciada y llevada a prisión por el delito de atentado”, relató en un video que fue transmitido en el evento.

Rivera fue condenada a dos años de cárcel. Los primeros once meses los pasó en la prisión de Santiago de Cuba y durante ese tiempo estuvo sin recibir visitas y se le negó el derecho de realizar llamadas telefónicas. Luego fue trasladada a la prisión Kilo 5, en Camagüey, donde en cinco ocasiones fue aislada en celdas de castigo y una de ellas por tres meses y diez días; además, Lisandra sufrió las pésimas condiciones de la prisión en términos de higiene y alimentación.

La labor de la CIDH

En su intervención, el Relator para Cuba de la CIDH, destacó que en Cuba la sociedad civil reporta “un patrón sistemático para perseguir a los manifestantes pacíficos, a los opositores políticos, a los activistas”, el cual se ha agudizado a raíz de las protestas del 11 de julio y en el marco de la manifestación anunciada por la sociedad civil independiente para el 15 de noviembre, pero que no pudo realizarse debido a la fuerte represión del Gobierno. “Y esto lo realiza a través de hostigamiento, acoso, detenciones arbitrarias y juicios que no observan las mínimas garantías del proceso legal”, precisó.

El comisionado Ralón, en nombre de la CIDH, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado poner fin inmediato a la persecución y a las detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas, y aseguró que existe una enorme sensibilidad dentro de la Comisión de continuar esta labor de monitoreo “porque hay un pleno convencimiento de que para que exista un respeto a los derechos humanos, necesariamente tienen que haber las principales libertades que exigen estas voces opositores”.

En Raza e Igualdad seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba, incluida la persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Con este informe esperamos contribuir a cambiar esta realidad, exigiendo que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y compartiendo con la sociedad civil y con la comunidad internacional algunas de las voces en resistencia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

Familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos solicitan a la CIDH visita in loco para constatar la situación de las personas privadas de la libertad en Cuba

  • El trabajo que hacen las organizaciones es una esperanza para Cuba, pero también para la región: CIDH

Jueves 21 de octubre de 2021.- Hoy se llevó a cabo la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba” durante la cual familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al Gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad.

La sesión, que no contó con la presencia del Estado cubano, tuvo lugar en el marco del 181º Período de Sesiones y en la misma una veintena de organizaciones, entre ellas Raza e Igualdad, expresó su deseo de que la CIDH inicie un proceso de diálogo entre la Comisión, el Gobierno cubano y las propias organizaciones.

En su intervención ante las Comisionadas y Comisionados, Sayli Navarro, promotora de “Cuba Decide” e integrante de las Damas de Blanco, narró la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, quien se contagió de COVID en prisión y aún no han podido verlo. También mencionó los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos. Destacó los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ quienes, si bien no son la mayoría de las personas detenidas, la represión contra ellas y ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno.

Destacó las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas de las protestas, para obstaculizar el flujo de información.  Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación independientes. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada. También alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social, abundó Diversent.

En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz dio a conocer que han hecho un seguimiento a las y los artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”, señaló.

Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de velar y salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía en Cuba, hizo un recuento de lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado desde el 11 de julio pasado. Por lo menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda.

Finalmente, Marthadela Tamayo González, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es solo un eslabón de la pedagogía de la crueldad. Se refirió a casos en particular como el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas activistas de derechos humanos, que fueron detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.

Por parte de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator del país, reconoció el esfuerzo y la valentía de labor que realizan las organizaciones en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea el causante de situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos, ya que tienen otra causa, dijo: “No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.

«Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba», sentenció.

Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.

Las y los Comisionados coincidieron en su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.

FIRMAN:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Cubalex

Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC)

Movimiento San Isidro (MSI)

Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

La Hora de Cuba

IFEX‐ALC

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Fundación para la Democracia Panamericana (FDP)

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Impulsa Latinoamérica (IL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

Instituto Patmos (IP)

Cuba: El Estado debe respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica, y cesar la represión contra quienes convocan a la Marcha Cívica por el Cambio

Washington D.C., 7 de octubre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su condena ante la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios que el Gobierno de Cuba está ejecutando en contra de personas que—en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica—se encuentran convocando a una marcha programada para el próximo 20 de noviembre, la cual han denominado Marcha Cívica por el Cambio. Respaldamos a la sociedad civil independiente en la Isla en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y llamamos al Estado a respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica.

Desde el pasado 20 de septiembre, día en que se dio a conocer la convocatoria a la manifestación, han sido detenidos al menos siete activistas independientes, entre ellos tres integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) que cuentan con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A medida que se han hecho públicas las cartas con las que la sociedad civil notifica a las autoridades locales sobre la realización de la manifestación, las y los firmantes de las mismas han sufrido detenciones, agresiones e interrogatorios de parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado.

El rapero e integrante del CIR, Osvaldo Navarro, fue detenido el viernes 24 de septiembre en las afueras de su casa en La Habana y estuvo privado de libertad alrededor de cuatro horas, mientras que el domingo 26 de septiembre, el coordinador nacional de dicha organización, Juan Antonio Madrazo, fue interceptado e introducido a una patrulla policial con la cual recorrieron varios puntos de la capital, incluyendo los alrededores de la prisión Valle Grande, y finalmente fue llevado a una estación policial. En ambos casos, los oficiales de la Seguridad del Estado cuestionaron y amenazaron a los activistas por su participación en la Marcha Cívica por el Cambio.

El lunes 27 de septiembre, fue detenida en la vía pública la activista Nairobis Scheri Suárez, pareja del coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, quien también fue detenido el miércoles 29 de septiembre. Scheri Suárez estuvo privada de libertad por tres horas, y Cuesta Morúa fue puesto en libertad después de 11 horas de arresto, tiempo durante el cual también fue interrogado por su involucramiento en la organización y convocatoria a la manifestación del 20 de noviembre. Desde entonces, su casa se encuentra bajo asedio policial.

El domingo 3 de octubre, Osvaldo Navarro volvió a sufrir una detención arbitraria, esta vez junto a su pareja y también integrante del CIR, Marthadela Tamayo, quien un día después denunció por redes sociales la advertencia que recibieron de parte de oficiales de la Seguridad del Estado: “De aquí al 20 de noviembre al CIR y al CTDC les vamos a hacer la vida un asco».

El lunes 5 de octubre, medios independientes informaron sobre la detención y agresión en contra de la activista Elsa Isaac Reyes cuando intentaba entregar a las autoridades una notificación sobre la realización de la Marcha Cívica por el Cambio en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. La activista se presentó por la mañana a la Intendencia y tras dar a conocer la razón de su visita, agentes de la Seguridad del Estado la interceptaron, le rompieron los documentos que llevaba, le arrebataron su celular y su cartera, y la llevaron a la estación policial de la localidad, donde la mantuvieron alrededor de tres horas y la amenazaron con llevarla a juicio por “desobediencia”.

Ese mismo día, el miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Dariem Columbié, fue detenido por oficiales del Ministerio del Interior cuando se dirigía al Gobierno Provincial de Santiago de Cuba a presentar una solicitud para llevar a cabo la manifestación del 20 de noviembre. Columbié estuvo privado de libertad por más de tres horas, y también fue interrogado durante ese tiempo.

Sobre la marcha

La iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio fue propuesta inicialmente por el dramaturgo Yunior García Aguilera, y se oficializó el pasado 20 de septiembre cuando varios activistas entregaron a las autoridades de La Habana una carta informando sobre la realización de la misma. En esa ocasión, la activista y curadora Anamely Ramos, dijo que “luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional».

Desde entonces, activistas han replicado la acción en al menos siete ciudades del país, entre ellas Pinar del Río, Guantánamo, Holguín, Santa Clara y Camagüey. Según sus organizadores, la manifestación exigirá que se «respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos» y abogará por la «solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas». Las y los activistas involucrados en esta iniciativa apelan al artículo 56 de la Constitución cubana, el cual contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

Raza e Igualdad reafirma su respaldo a la sociedad civil independiente en Cuba en esta acción ciudadana, a la vez que exhorta al Estado a cesar la persecución en contra de las personas que participan en la misma y a permitir el desarrollo de la Marcha Cívica por el Cambio sin ningún tipo de acoso o violencia de parte de entidades estatales o grupos afines al Gobierno, en correspondencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe señalar, además, que al otorgar las medidas cautelares a los tres integrantes del CIR, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar “las medidas necesarias para que Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”. Por otra parte, la Comisión manifestó en su momento su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio.

Recordamos que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra voces críticas, por lo que solicitamos a la comunidad internacional seguir de cerca la situación en la Isla y llamar a las autoridades a respetar el derecho a la manifestación, reunión, y pacífica, derechos que están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente por el artículo 20 de la misma.

 

Foto: Una patrulla policial asedia la casa del activista y defensor de derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa. Twitter / Marthadela Tamayo.

La organización “Somos Identidad” dialoga con las autoridades locales en Cali sobre los retos para la atención Y reparación de Las victimas Afro-LGBT del conflicto armado

Colombia, 14 de septiembre de 2021. La Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) sostuvo el pasado 27 de agosto de 2021 un encuentro con representantes de diferentes instituciones estatales de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de discutir sobre la necesidad y urgencia de implementar y fortalecer políticas de atención y reparación a víctimas del conflicto armado desde un enfoque interseccional, que tenga en cuenta la orientación sexual e identidad de género y la pertenencia étnica de las personas beneficiarias.

El encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que este tuvo en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT en la construcción de estrategias de incidencia local y la implementación de planes de trabajo en los territorios, en especial con las instituciones que tienen a su cargo la promoción de derechos y la atención de las víctimas del conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo interactivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron a lo largo del conflicto armado, y conversaron sobre las principales barreras y retos que hay para implementar medidas integrales de atención y reparación a las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali.

Sandra “Sami” Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas diversas sexualmente conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y LGBTI en los territorios. La participante señaló que el despojo, el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición forzada fueron formas de violencia contra las personas Afro-LGBT para desarraigarlas de su territorio y su comunidad.

En este sentido, Carmen Aguirre, quien funge como enlace con las víctimas del conflicto armado de la Secretaría de Paz de Cali, rescató los esfuerzos de la administración municipal para construir un relato sobre la memoria histórica que incluya todas las voces, y señaló que se están adelantando esfuerzos conjuntos con la mesa municipal de víctimas y los consejeros territoriales de paz a fin de avanzar en la reparación simbólica y en la implementación de planes de atención en salud mental para las víctimas.

Por su parte, Junny Gonzalez, en representación de la iniciativa “Campus Diverso” de la Universidad del Valle, presentó el plan de trabajo que esta institución educativa viene adelantando para la protección y promoción de un campus universitario libre de prejuicios contra las personas afrodescendientes a razón de su orientación sexual e identidad de género en intersección con su pertenencia étnica.

Otras instancias municipales, como los representantes del programa CaliAfro y del programa CaliDiversidad ahondaron en las rutas de trabajo que estas entidades están poniendo en marcha para la atención de población afrodescendiente y la población LGBTI+ respectivamente, señalando que uno de sus propósitos a largo plazo es la articulación con otras iniciativas municipales.

Para cerrar el evento, la organización Somos Identidad subrayó la necesidad de que cualquier medida que tenga por objeto la atención de las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali debe partir de un enfoque interseccional que tenga presente los diferentes factores de opresión que recaen simultáneamente sobre esta población. De igual manera, la organización reiteró su disposición para la cooperación y articulación con las instituciones locales, en especial para la ejecución de iniciativas que permitan la integración al relato oficial de memoria histórica de las poblaciones más segregadas, como el caso de las víctimas negras diversas

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos