3 meses del Paro Nacional en Colombia

3 meses del Paro Nacional en Colombia

Colombia, 29 de julio de 2021. El 28 de julio el país cumplió 3 meses desde el inicio del Paro Nacional. Durante este tiempo, muchas vidas se han perdido, jóvenes han sido desaparecidos y las lesiones personales de algunos y algunas serán irreversibles. Sin embargo, también han sido tres meses de esperanza; en los cuales la juventud colombiana se ha empoderado de las calles para exigir sus derechos. Pese el miedo, las amenazas y los ataques, los y las jóvenes del país han permanecido en las calles para que el gobierno les escuche.

El 28 de abril de 2021 en Colombia se convocó una gran marcha nacional para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque había presentado ante el Congreso. Como resultado del descontento generalizado y ante la aguda crisis económica, social y política que atraviesa el país, a partir de esta fecha se desataron una serie de manifestaciones, marchas y plantones que se vieron opacados desde el primer momento por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública y por la estigmatización de la protesta, la falta de disposición al diálogo y la negativa a realizar reformas de fondo a políticas económicas, de salud, educación, entre otras, por parte del Gobierno Nacional.

Para el primer día de manifestaciones, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas y decenas de manifestantes heridos[1]. En contraste, organizaciones no gubernamentales como Temblores[2] y la Campaña Defender la Libertad[3], reportaban más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y cientos de detenciones arbitrarias[4].  En Cali, lugar que rápidamente se convirtió en epicentro de las protestas y donde la situación de orden público era complicada, el Gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las manifestaciones del 01 de mayo[5], decisión que fue replicada en varios ocasiones posteriores y que evidencio su intención de dar de guerra a la protesta social[6]. A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia a nivel nacional, en ocasiones exacerbadas por la presencia de civiles armados que atacaban a las personas en las concentraciones.

El 2 de mayo, el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y le solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país, pero las manifestaciones continuaron debido al descontento social que ya había quedado en evidencia en las marchas de noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, y que ahora se sumaba a la insatisfacción general de la población frente al nivel de violencia ejercido por agentes estatales y el alto número de casos de violaciones a los derechos humanos de los y las manifestantes. Al 22 de julio, la Campaña Defender la Libertad, reportó 87 homicidios ocurridos en el contexto de protestas, de los cuales 28 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y el ESMAD, 3.365  personas detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria y con serias denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, 346 personas desaparecidas, entre otros numerosos episodios[7].

Las cifras totales de víctimas durante los tres meses del paro no son unánimes. Según el informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se encuentra que “Entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 muertes, incluidas 54 de civiles y dos de policías, en el contexto de las protestas -principalmente en la ciudad de Cali-, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual” [8]. Cifra que el gobierno nacional, en cabeza de su embajadora ante Naciones Unidas, Alicia Arango, no aceptó.

La ONU[8], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[9] (en adelante CIDH), Amnistía Internacional[10], Human Rights Watch[11], la Unión Europea[12], el Vaticano[13] y el Gobierno de EEUU[14], entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

Frente a las evidencias de abuso policial durante el paro hace casi un mes, y tras la campaña de varias organizaciones civiles colombianas, el 7 de mayo la CIDH anunció su intención de visitar Colombia para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. En principio, el Gobierno colombiano negó temporalmente la solicitud, hasta que los organismos internos de control (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo) terminaran las labores de investigación. Tras un encuentro en Washington el 25 de mayo, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informaron que se permitiría la visita de trabajo a Colombia después de que se entregaran los informes por parte de las autoridades nacionales y se surtiera la audiencia convocada por la Comisión para el 29 de junio. La Presidencia, no obstante, revirtió su decisión y en la mañana del lunes 31 de mayo le propuso a la CIDH una agenda de trabajo en territorio entre el 7 y el 11 de junio.

La visita de la CIDH se dio entre el 8 y el 10 de junio, es necesario resaltar en este análisis el importante rol que ha jugado la sociedad civil y las organizaciones sociales que impulsaron y participaron activamente en la presentación de informes y casos ante la CIDH, esfuerzo conjunto del cual Raza e Igualdad nos sentimos profundamente agradecides con todas las organizaciones y colectivos con quienes pudimos participar de este momento histórico de construcción colectiva. Durante este tiempo, la Comisión visitó las ciudades de Bogotá y Cali, siendo estas el epicentro de las protestas nacionales. En esta visita, los y las delegadas de la CIDH se reunieron con el Estado y con representantes de la sociedad civil, quienes le ofrecieron diferentes informes sobre temas como violencia policial, abusos sexuales, discriminación racial, desapariciones forzosas y otros aspectos que se han dado en medio del paro nacional[16].

Luego de esta visita, la CIDH presentó una lista de observaciones y recomendaciones para el Estado colombiano. En esta lista, basada en los estándares internacionales, se señala la importancia de que se inicie un dialogo social con representación de los diferentes sectores que han parado en el país. Para esto, “la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados” [17].

Hasta la fecha, ese diálogo no sea materializado de forma efectiva y el descontento generalizado permanece presente. La criminalización de la protesta por parte de las autoridades nacionales y la presencia de civiles armados que, impunemente, han atacado a los y las marchantes han sido una constante a lo largo de los últimos tres meses en el país. Según información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia se ha convertido en el segundo país del mundo con más muertes violentas por día de protesta, con un estimado de un muerto por cada 36 horas, además, se encontró que al menos en 27 ciudades del país se dio el surgimiento de grupos de civiles armados. Lo cual, deja en evidencia la gravedad de la situación actual del país[18].

Desde Raza e Igualdad realizamos un llamado al diálogo y al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH. Un país respetuoso de las diferencias es la vía para la construcción de una paz estable. Lamentamos profundamente los actos de violencia que han sido realizados por parte de la Fuerza Pública y esperamos que la justicia actúe de forma imparcial para procesar a todas las personas que han vulnerado la integridad física y mental de los y las participantes del paro nacional.

En esta, nuestra primera editorial 3 meses de Paro Nacional en Colombia reflexionaremos sobre algunos aspectos que han sido parte de la agenda de país durante los últimos tres meses. Los temas que tratamos son: violencia basada en género contra las mujeres; civiles armados y militarización; población LGBTI y la violencia diferencial contra este grupo poblacional; y otras formas de violencia que se han dado en el marco del paro nacional, estas reflexiones son producto del dialogo, análisis y construcción conjunta con nuestras copartes y aliades Asociación Casa Cultural El Chontaduro; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Ilex Acción Jurídica; Forest People Programme; Francia Márquez; ACONC; Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM; Lila Mujer; Palenque El Congal, Buenaventura; Caribe Afirmativo, GAAT, la Comisión Colombiana de Juristas, Women’s Link. Desde Raza e Igualdad en Colombia, esta editorial  aporte al diálogo y a la reflexión. Nuestro compromiso siempre será con los derechos.

Las mujeres también paramos: Violencia basada en género dentro de las protestas.

Los motivos por lo que las mujeres han salido a parar son muchos: violencia basada en género, inequidad, inseguridad, entre otros, son algunas de las afectaciones que sufren las mujeres desde su cotidianidad. Las violencias directas, indirectas, estructurales y simbólicas contra las mujeres se manifiestan de diferentes formas. Entre enero y noviembre de 2020, fueron identificados, al menos 209, feminicidios[19], además, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la pandemia por el Covid-19, las violencias contra las mujeres aumentó en el país[20]. En adición, se debe mencionar que, a lo largo de más de 50 años de conflicto armado, los cuerpos de las mujeres fueron vistos como territorio de guerra por los bandos armados; según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el país se han registrado 29.189 crímenes contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres[21].

Por lo anterior, y mucho más, las mujeres en el país han salido a protestar para mayores garantías de vida digna. Sin embargo, han sido registrados casos de violencia sistematizada contra las mujeres por parte de la fuerza pública. En un informe presentado por Temblores, Indepaz y Paiis, entre el 28 de abril y 31 de mayo, fueron registrados al menos 25 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia basada en género[22]. Estas organizaciones lograron sistematizar estos hechos basándose en las siguientes categorías: i) hechos ocurridos en lugares cerrados de la Fuerza Pública; ii) las víctimas son separadas de su grupo; iii) las violencias se ejercen en grupo; iv) estas violencias se suman a otras; v) las víctimas suelen ser mujeres o personas feminizadas; vi) las víctimas tienen entre 17 y 30 años; vii) estos hechos suelen ocurrir entre las 4:00 pm y 10:00 pm[23].

Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, en su informe presentando ante la CIDH en el marco de su visita al país, entre abril y junio del presente año se presentaron 113 casos de VBG, de los cuales 112 fueron ejercidos por parte del Estado y uno por parte de los manifestantes contra una mujer policía. De las víctimas, 99 fueron mujeres y 13 personas LGBTI. Entre las formas de violencia ejercida, 27 personas denunciaron ser víctimas de violencia sexual[24].

Luego de la visita realizada por la CIDH el llamado común de la sociedad civil ha sido por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, especialmente aquellas relacionadas al enfoque de género. En el documento que realizó la Comisión, resaltó como una de las motivaciones que tiene la ciudadanía para protestar es la discriminación de género. Además, consideró que una de sus principales preocupaciones es la violencia basada en género en el marco de la protesta.

El apartado 3.2 del informe que entregó la CIDH se denomina “Violencia basada en género en el marco de la protesta” (p. 15 del informe). En este, resalta los múltiples tipos de violencia que han experimentado las mujeres durante el paro, resaltado el caso de la adolescente que se suicidó en la ciudad de Popayán luego de ser abusada sexualmente por agentes de la fuerza pública; la estigmatización que sufren las mujeres que protestan; los casos de abuso hacia mujeres indígenas; los 15 casos de violencia sexual interpuestas por mujeres afrodescendientes; la violencia sexual ejercida contra la población LGBTI; entre otros[25].

Ante estas denuncias, la Comisión le recordó al Estado de Colombia que debe investigar estos hechos y garantizar que las víctimas accedan a justicia y reparación. Además, en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la CIDH recuerda las repercusiones negativas que puede conllevar el no accionar de la justicia, enviando un mensaje de que esta violencia es tolerada y “favorece su perpetuación” (p. 17). Además, en estos grupos poblacionales históricamente vulnerados, estas violencias no solo afectan a la víctima de forma individual, sino también a sus pueblos de origen. Lo cual, puede producir impactos negativos en su tejido social y aumentando la sensación de indefensión e impunidad[26].

Estos hechos violan una serie de estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), la cual compromete a los Estados Parte a velar por la protección y equidad de las mujeres. También, se está violando la Convención de Belem Do Para, convención interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, podemos mencionar que el Estado colombiano, al permitir que la Fuerza Pública utilice la violencia sexual como forma de castigo a las manifestantes, se está incumpliendo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en el país desde 1986. Lo cual, deja en evidencia que el Estado Colombiano está incumpliendo tratados internacionales para defender los derechos específicos de las mujeres.

Militarización y civiles armados ¿Hasta cuándo?

Una de las postales del paro nacional que más ha impactado a nivel nacional es internacional es, posiblemente, las imágenes de civiles armados disparando contra los manifestantes ante la mirada inerte de la Fuerza Pública. Estas imágenes han traído a colación los recuerdos del paramilitarismo en el país. Un ejemplo de lo anterior se observó el 28 de mayo en Cali, cuando civiles armados atacaron a manifestantes en Cali. Gracias a las redes sociales, estos actos criminales quedaron registrados. En dicha fecha, se estima que, según datos de la CIDH, al menos 13 personas perdieron la vida y 36 fueron heridas[27]. Por lo anterior, las Naciones Unidas han solicitado que se investigue a los policías que escoltaron a dichos civiles armados[28]. Asimismo, en esa misma fecha, en Cali, un policía de civil (CTI) asesinó a dos manifestantes y luego fue linchado.

Lo anterior, sumado a los llamados del gobierno a militarizar las ciudades donde el paro ha tenido gran impacto, dejan en evidencia un uso desproporcionado de la Fuerza Pública. En lugar de abrir espacios para el diálogo y la escucha activa de las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno ha sido catalogada como “inconstitucional y políticamente equivocado e inconveniente”[29]. El argumento que se da para justificar la militarización del país es evitar los bloqueos. Sin embargo, expertos en el tema han realizado llamados al diálogo en lugar a darle prioridad al uso de la violencia[30]. En momentos de alta tensión, como la que vive en la actualidad el país, donde se ha acusado a que la policía ha tomado posiciones politizadas (tal como se observa en sus redes sociales, ante los diferentes discursos que se manejan cuando hay protestas a favor o en contra del gobierno), es necesario que el gobierno se siente a hablar con los manifestantes. El discurso del enemigo interno no tiene cabida en estos momentos en que los jóvenes salen a manifestarse para reclamar un mejor futuro.

Según el informe presentado por la JEP el 1 de julio del presente año, se encontró que en al menos 27 ciudades se presentaron grupos de civiles armados que atacaron o intimidaron a los y las manifestantes. Estos grupos, además realizaron actos de vandalismo al plasmar siglas de grupos paramilitares en paredes y difundieron videos en redes sociales atacando a los y las participantes del paro [31].

Este uso desproporcionado de la fuerza pública no solo es inconstitucional, como se mencionó anteriormente, sino que viola una serie de tratados internacionales que el país ha pactado. En primer lugar, se está desconociendo la declaración universal de los derechos humanos, al Estado violentar a su ciudadanía y proteger a civiles armados. En segundo lugar, está siendo desconocida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual reafirma la protección de los Derechos Humanos en el marco de la protesta pacífica. Además, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al imposibilitar y coartar la posibilidad de dar a conocer el descontento popular ante el gobierno. El Estado colombiano no puede continuar masacrando a la juventud por salir a luchar por un mejor país.

Durante las últimas semanas, y en el marco de la conmemoración del día de la independencia (20 de julio), el Estado se ha encargado de criminalizar a los marchantes, especialmente a los miembros de la primera línea. Muchos de estos han aparecido en medios de comunicación y redes sociales, siendo capturados por el simple hecho de portar elementos de autoprotección como cascos. Se estima que al menos 134 personas de la primera línea han sido capturadas [32]. Sin embargo, la justicia ha actuado de forma paquidérmica al momento de judicializar a los civiles armados.

LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI+ EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DE COLOMBIA

Además de las reclamaciones mayoritarias que congregan a diversos sectores sociales en el Paro Nacional de Colombia, existen peticiones específicas de las personas LGBTI+ que se refieren al estado actual de garantía de sus derechos, por lo que es usual que esta población se haga presente en protestas y plantones. El constante abuso policial hacia personas trans trabajadoras sexuales, el retraso en la implementación de políticas públicas diseñadas para las personas LGBTI+, las altas cifras de impunidad en los casos de asesinato y violencia por prejuicio, entre otras muchas exigencias, se han convertido en reivindicaciones específicas de la población LGBTI en Colombia. Como consecuencia de ello, las personas LGBTI+ también ha sufrido violencia por parte de la Fuerza Pública, tanto de manera general, como las demás personas manifestantes, como de manera particular, por prejuicio en contra de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

De acuerdo a la Corporación Caribe Afirmativo, se han reportado cinco (5) casos de agresiones e intimidaciones por parte de la Policía hacia personas y colectivas LGBT que participan en las movilizaciones nacionales[33]. También se han registrado casos de acosos e intimidaciones a mujeres LBT durante marchas en Barranquilla, Popayán, Buga[34], por parte de funcionarios públicos en Cajicá[35] y en Cali, se han registrado casos de discriminación y ataques contra personas Afro-LGBT por parte de particulares que participan en las manifestaciones[36].

Sobre los casos de violencia y desatención institucional por prejuicio en el marco de las movilizaciones, el pasado 21 de mayo un grupo de Policías detuvo arbitrariamente a tres jóvenes que hacían parte de las manifestaciones en Barranquilla. Ingresaron a una casa sin autorización, los capturaron, los trasladaron a una Estación de Policía, y estando ahí uno de ellos fue víctima de abuso sexual con motivo de su orientación sexual. Estos hechos ocurrieron con complicidad y aprobación de los uniformados, e incluso testimonios afirman que fueron los agentes de policía quienes alentaron a los agresores a que violentaran sexualmente al joven[37]. A pesar de interponer la denuncia penal y de los anuncios sobre la apertura de investigaciones disciplinarias, no se ha suspendido a ningún uniformado[38].

Si bien la violencia policial y las detenciones arbitrarias han sido el mayor escenario de alerta por parte de personas LGBTI+, ha habido otras formas de victimización. El día 15 de mayo de 2021, el ministro de defensa, hizo una declaración pública en el que señaló a diferentes líderes/as sociales del Cauca como responsables de la comisión de varios delitos en el marco de las protestas, incluyendo en sus declaraciones a un líder estudiantil que hace parte de la mesa de diversidad sexual de Popayán y de varios colectivos de derechos humanos[39]. Estas estigmatizaciones conllevan al señalamiento y puesta en riesgo de líderes LGBTI+ en los territorios, como en el caso de Buga, donde una organización LGBTI fue amenazada por ser parte de las manifestaciones[40]. En medio de las denuncias de asociación entre civiles armados y Fuerza Pública, también es preocupante la complicidad de la Policía con los actos de violencia por prejuicio cometidos por particulares, como en el caso ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando, aún con la presencia de varios agentes de Policía, un hombre propinó una patada y varios golpes en el rostro a una mujer trans sin ser detenido en ningún momento y sin recibir amonestación alguna[41]. Si bien esta conducta no está relacionada directamente con las actividades del Paro Nacional, si caracteriza la alta tolerancia y la reiterada complacencia de los agentes de Fuerza Pública en este tipo de situaciones en los que se violenta a las personas LGBTI+, en especial a las personas trans.

Factores como el amplio despliegue militar contra los y las manifestantes en diferentes partes del país, la impunidad en los procesos disciplinarios y penales en contra de agentes de policía por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI+ así como la persistencia de discursos de discriminación en la sociedad civil alentados y respaldados por agentes estatales, constituyen factores de riesgo adicional para la comisión de actos violentos en contra de personas LGBTI+ en medio de las manifestaciones. En este sentido Raza Igualdad, en conjunto con GAAT, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa entrego un informe especifico a la CIDH en el marco de su visita.

Estos escenarios de violencia reabren el debate sobre la necesidad de ampliar las discusiones sobre la brutalidad policial para incluir el impacto y el alcance de la violencia institucional contra las personas históricamente discriminadas que sufren de estos abusos dentro y fuera de la movilización social, como es el caso de las personas LGBTI+.  De igual manera, abren el debate sobre la necesidad de incorporar a los escenarios de discusión política las reivindicaciones de las personas LGBTI+ en el marco del paro nacional y la necesidad de que se abran espacios de discusión interna dentro de las movilizaciones para el replanteamiento de actitudes LGBTIfóbicas de la sociedad colombiana.

Ante estos casos denunciados, la CIDH resalta las violencias basadas en género que han sufrido las personas LGBTI, registrando al menos 13 hechos; incluyendo la denuncia interpuesta por un hombre gay en Barranquilla y las agresiones físicas y sexuales que han sufrido mujeres trans en Tunja y Pasto por la fuerza pública. Ante lo cual, recomienda que los diálogos que se implementen sean amplios e incluyan a diferentes sectores sociales, incluyendo a las personas LGBTI.

Si bien, la CIDH reconoce que es difícil determinar si la violencia contra población LGBTI está basada en prejuicio de género, exhorta al Estado colombiano que realice las averiguaciones concernientes para esclarecer estos actos. Por lo cual, recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la población LGBTI pueda acceder a justicia y reparación.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLICIAL RACISTA EJERCIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

Además de las muertes que ha ocasionado el uso indiscriminado del cargamento armamentístico de la Fuerza Pública, se han identificado otras formas de agresión y ataques derivados de su actuar, que han ocasionado graves lesiones a los y las manifestantes, resultando en una práctica sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.

En lo que respecta al debido cuidado y garantía del derecho a la salud y la integridad personal, se ha reportado el lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del ESMAD en barrios residenciales y dentro de viviendas. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no se disipe del ambiente y entre a los espacios[42]. A lo largo de estos días se ha evidenciado cómo estos lanzamientos han tenido efectos nefastos y han afectado diferencialmente a grupos etarios vulnerables, como las personas de la tercera edad y menores de edad[43]. De igual manera, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su máxima preocupación por los más de 140 altercados que habían sufrido para ese momento los trabajadores sanitarios y las ambulancias en el marco de las protestas en Colombia[44], esto luego de las acusaciones hechas sobre su uso por parte de la Fuerza Pública para el transporte de armamento[45].

Las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contextos de protesta, ya sea protestando o transitando cerca de una marcha, se han vuelto una constante. El 14 de mayo de 2021, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y pidieron al Gobierno que llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre, entre otras cosas, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados[46]. En dicho comunicado, también instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas. Se ha registrado que, en medio de estos procedimientos de retención a manifestantes, se han aplicado una serie de medidas paralegales como golpizas y torturas, con la intención de que quienes sufren estos ataques se autoincriminen y admitan delitos que no cometieron[47]. Finalmente, es preocupante la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando[48].

Mientras la Fiscalía colombiana anuncia que las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas[49], la información sistematizada desde distintas organizaciones de la sociedad civil, liderazgos sociales y de comunidades, así como periodistas y activistas señalan que hay un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas[50]. Este mismo 26 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, señaló que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida en el marco del Paro Nacional, y que no era claro si los otros debían ser clasificados como desaparecidos[51], lo que encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el Estado no esté realizando los esfuerzos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas.

En adición, en el marco del paro, la Fuerza Pública ha realizado violencias direccionadas contra las poblaciones afrodescendientes. Según el informe realizado por organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez; se estima que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes. En este informe, que fue presentado a la CIDH se encontró que desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes. Por lo cual, se observa un racismo estructurado en el accionar de la fuerza pública contra la población afrodescendiente en el país[52].

En el informe presentado por la CIDH, la Comisión se muestra preocupada por las violencias ejercidas contra la población afrodescendiente del país y realiza un llamado a promover un diálogo amplio donde se incluyan estos sectores sociales y a promover el respeto y la no estigmatización. El apartado 3.3 del informe se centra en las violencias basadas en discriminación étnico racial. En este, muestra su preocupación sobre el tema y señala que, debido a la discriminación histórica y estructural, las poblaciones afrodescendientes e indígenas se encuentran más expuestas a prácticas de perfilamiento, a ser detenidas y a sufrir abusos por parte de la fuerza pública.

La Comisión realizó una recomendación específica, centrada en la violencia basada en la discriminación étnico racial, según la cual, le recomienda al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las discriminaciones y estigmatizaciones que todavía pesen sobre grupos poblacionales a razón de su origen étnico racial.

En este sentido nos gustaría resaltar para concluir la necesidad de abordar el análisis de la violencia policial en Colombia ocurrida en el marco del Paro Nacional, teniendo en cuenta las afectaciones particulares contra mujeres, personas LGBT y población afrodescendientes desde una lectura interseccional de este uso de fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes, durante la elaboración de informes en el marco de la visita de la CIDH a Colombia, las organizaciones de la sociedad civil encontramos  y nos genera preocupación:

  1. El riesgo especifico que enfrentan las mujeres en el marco de la protesta social, así como los casos de abuso y VBG por parte de fuerza publica.
  2. La falta de información estadísticas, casos e información oficial donde se incluyan variables de diversidad sexual, genero o étnico racial;

3.El perfilamiento racial contra personas afrodescendientes e indígenas y la reproducción de discursos discriminatorios por parte del Estado que reproducen estereotipos negativos que significan además una limitación adicional en términos de acceso a la justicia para dichos grupos poblaciones.

Reiteramos nuestra recomendación al Gobierno:

1 Para garantizar el ejercicio de la protesta social;

2.Garantizar espacios de dialogo seguro que incluyan a todos los sectores que se encuentran haciendo parte del Paro Nacional.

  1. Cumplir con sus obligaciones de protección a la vida, derecho a la protesta y acceso a la justicia cumpliendo con estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
  2. Disponer y asignar recursos para la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, la etnia, la edad, la condición migratoria, entre otras categorías sobre los casos de violencia que se registren en el marco del Paro Nacional.

Notas al píe de página

[1] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[2] Temblores ONG es una organización que en el marco del paro nacional ha elaborado varios reportes de los hechos de violencia policial documentados a través de una plataforma denominada GRITA, que tiene alcance nacional.

[3] La Campaña Defender la Libertad: asunto de tod@s es una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

[4] Noticias Pulzo, “Paro nacional del 28 de abril dejó al menos 2 muertos, 26 detenidos y decenas de heridos”, 29 de abril de 2021, Disponible en:https://www.pulzo.com/nacion/paro-nacional-28-abril-saldo-muertos-heridos-detenidos-PP1047549

[5] CNN Español, “Cronología de las protestas de 2021 en Colombia”, 10 de mayo de 2021, Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/cronologia-protestas-de-2021-en-colombia-orix/

[6] RTVE, “Duque anuncia «el máximo despliegue» de la asistencia militar en Cali, epicentro de las protestas y la violencia en Colombia, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20210529/duque-anuncia-maximo-despliegue-asistencia-militar-cali-epicentro-protestas-violencia-colombia/2095700.shtml

[7] Campaña Defender la Libertad, “Boletín Informativo #21 del Paro Nacional”, 22 de julio de 2021, Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/

[8] OHCHR. “Colombia: Bachelet llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos tras nuevas informaciones sobre muertos y heridos en Cali”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27128&LangID=S

[9] Oficina de Naciones Unidas en Colombia, “La ONU en Colombia llama a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, la protesta y el acceso a los alimentos”, 07 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp

[11]Amnistía Internacional, “Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/

[12] France24, “HRW repudia los «gravísimos abusos» de la Policía durante las protestas en Colombia”, 09 de junio de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210609-human-rights-watch-informe-protestas-colombia-abusos-policia

[13] France24, “Naciones Unidas y la Unión Europea condenan el uso excesivo de la fuerza en Colombia”, 04 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210504-colombia-uso-excesivo-fuerza-cali-violencia-protestas

[14] Deutsche Welle, “Francisco llama al diálogo en Colombia y defiende el derecho a manifestarse”, 23 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/francisco-llama-al-di%C3%A1logo-en-colombia-y-defiende-el-derecho-a-manifestarse/a-57635124

[15] La W, “EEUU pide a Colombia garantizar protesta e investigar violencia y abuso de fuerza” 11 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/eeuu-pide-a-colombia-garantizar-protesta-e-investigar-violencia-y-abuso-de-fuerza/20210511/nota/4134036.aspx

[16] France24, “La lupa puesta sobre las protestas en Colombia: concluyó la visita de la CIDH”, 22 de julio de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210611-colombia-visita-cidh-control-violaciones-derechos-humanos

[17] CIDH, “CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp#:~:text=Washington%2C%20D.C.%20%2D%20La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana,para%20la%20superaci%C3%B3n%20de%20la

[18]RTVC, “Colombia, segundo país con más muertes en protestas: JEP”, julio 22 de 2021. Disponible en: https://www.radionacional.co/actualidad/jep-paro-nacional-segundo-pais-muertes-violentas-protestas

[19] El Tiempo, “#NoEsHoraDeCallar El Feminicidio”, junio 22 de 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/violencia-contra-la-mujer-ninas-y-mujeres-asesinadas-en-colombia-en-el-2020-550683

[20] Defensoría del Pueblo. “Pandemia agudizó violencia contra mujeres y población OSIGD”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9800/Pandemia-agudiz%C3%B3-violencia-contra-mujeres-y—poblaci%C3%B3n-OSIGD.htm

[21] Sisma Mujer. “Boletín No. 21”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.sismamujer.org/2021/02/03/boletin-no-21-en-tiempos-de-pandemia-tampoco-es-hora-de-callar-las-violencias-contra-las-mujeres/

[22] Temblores ONG, Indepaz y PAIIS. “Informe de Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021”, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_fcdb5e676fd3458fb10a78e49a63c985.pdf

[23] Ibíd.

[24] El Espectador. “Colombia debe priorizar las recomendaciones de la CIDH con enfoque de género”, julio 14 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/colombia-debe-priorizar-las-recomendaciones-de-la-cidh-con-enfoque-de-genero/

[25] CIDH. “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf

[26]Ibíd.

[27] France24. “Colombia: preocupación por ataques de civiles armados contra manifestantes”, mayo 21 de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210531-colombia-protestas-civiles-armados-sompra-paramilitarismo

[28] El País. “La ONU pide a Colombia que se investigue a los policías que escoltaron a civiles armados mientras disparaban a manifestantes”, julio 21 de 2021. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-05-31/la-onu-pide-a-colombia-investigar-a-los-10-policias-que-escoltaron-a-civiles-armados-mientras-disparaban-a-manifestantes.html

[29] DW, par. 4. “Militarización: Colombia se autobloquea”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://www.dw.com/es/militarizaci%C3%B3n-colombia-se-autobloquea/a-57748124

[30] CNN. “La arriesgada táctica por la que optó el Gobierno de Colombia ante las protestas”, mayo 22 de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/02/colombia-arriesgada-tactica-gobierno-militarizacion-protestas-trax/

[31] El Espectador. “Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional”, junio 21. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/las-incognitas-que-dejaron-los-civiles-armados-del-paro-nacional/

[32] Infobae. “Autoridades han capturado a 134 integrantes de la primera línea por actos de violencia y vandalismo”, julio 20 de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/25/autoridades-han-capturado-a-134-integrantes-de-la-primera-linea-por-actos-de-violencia-y-vandalismo/

[33] Caribe Afirmativo, “Entre luchas y resistencias: Abuso policial y violencia desmedida contra personas LGBT a un mes de paro nacional”, 29 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/entre-luchas-y-resistencias-abuso-policial-y-violencia-desmedida-contra-personas-lgbt-a-un-mes-de-paro-nacional/

[34] Ibíd.

[35] Mesa Comunitaria LGBTIQ de Cajicá, Denuncia Pública del 01 de junio de 2021, Disponible en: https://www.facebook.com/MesaComunitariaLGBTIQcajica/posts/3866741016780981

[36] Información proporcionada por la “Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad”, en los que relatan intentos de abuso sexual hacia mujeres afro-lesbianas, hostigamientos y ataques a mujeres afro-trans y expulsión de hombres afro-trans de los puntos de concentración.

[37] Caribe Afirmativo, “Durante una detención arbitraría la Policía promovió acciones violentas contra la integridad sexual de un joven gay en el marco de la protesta social en Soledad (Atlántico)”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/durante-una-detencion-arbitraria-la-policia-promovio-acciones-violentas-contra-la-integridad-sexual-de-un-joven-gay-en-el-marco-de-la-protesta-social-en-soledad-atlantico/

[38] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[39] RCN Noticias, “Rechazan señalamientos del Ministro de Defensa contra líderes del Cauca”, 15 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/rechazan-senalamientos-del-ministro-de-defensa-contra-lideres-del-cauca

[40] Caribe Afirmativo, “Amenazas a organización Buga LGBTI en el marco de su participación del paro nacional”, 13 de mayo de 2021, Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazas-a-organizacion-buga-lgbti-en-el-marco-de-su-participacion-del-paro-nacional/

[41] Infobae, “Denuncian brutal golpiza a dos mujeres en la avenida Primero de Mayo, en Bogotá”, 30 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/30/denuncian-brutal-golpiza-a-dos-mujeres-en-la-avenida-primero-de-mayo-en-bogota/

[42] Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/1-Informe-CIDH-Versio%CC%81n-Conjunta.final_.pdf

[43] El Universal, “Denuncian agresiones del ESMAD en barrio residencial de Buga” 15 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia/cali/denuncian-agresiones-del-esmad-en-barrio-residencial-de-buga-article/

[44] Noticias ONU, “Es inaceptable que los trabajadores sanitarios sufran violencia durante las protestas en Colombia” 19 de mayo de 2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492232

[45] RCN Radio, “Procuraduría investigará a concejal de Bogotá, por trinos que motivaron ataques contra ambulancias”, 25 de mayo de 2021, disponible en: https://www.rcnradio.com/judicial/procuraduria-investigara-concejal-de-bogota-por-trinos-que-motivaron-ataques-contra

[46] Noticias ONU, “Expertos de la ONU, preocupados por el uso de los militares en la represión de las protestas en Colombia”, 14 de mayo de 2021, Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/05/1491962

[47] El País, “Un músico, la imagen de las detenciones en las protestas de Colombia”, 08 de junio de 2021, Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-06-08/un-musico-la-imagen-de-las-detenciones-en-las-protestas-de-colombia.html

[48] El Tiempo, “Polémica por jóvenes llevados por la Policía a coliseo en Pasto”, 30 de abril de 2021, Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polemica-por-jovenes-llevados-por-la-policia-a-coliseo-en-pasto-585197

[49] France 24, “Colombia: Fiscalía reporta 129 desaparecidos tras un mes de protestas”, 25 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210525-colombia-fiscalia-129-desaparecidos-protestas

[50] Deutsche Welle, “Desaparecidos durante Paro Nacional en Colombia: las cifras no cuadran porque el Estado no las busca”, 27 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.dw.com/es/desaparecidos-durante-paro-nacional-en-colombia-las-cifras-no-cuadran-porque-el-estado-no-las-busca/a-57689925

[51] Blu Radio, “Colombia no puede ser visto como un país que desaparece manifestantes: Marta Lucía Ramírez”, 28 de mayo de 2021, Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/colombia-no-puede-ser-visto-como-un-pais-que-desaparece-manifestantes-marta-lucia-ramirez

[52] Informe Afectaciones al pueblo negro afrodescendiente en Colombia en el marco del Paro Nacional 2021. Revisado en: http://oldrace.wp/es/colombia-es/violencia-personas-afrodescendientes-paro-nacional-colombia/

 

Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Vicky Hernández y otras vs Honduras: reparación sin precedentes para la comunidad trans en la región

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El 28 de junio de 2021, día en que se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Esta sentencia es solo la quinta en materia de derechos LGBTI+ en la región latinoamericana y la segunda sobre personas trans, representando un hito histórico para la región. La sentencia reconoce, por primera vez, que las mujeres trans y travesti están protegidas bajo la Convención Belem do Pará y, dentro de las reparaciones, la Corte IDH ordena al Estado hondureño implementar una ley de identidad de género en los próximos dos años, una reparación sin precedentes en nuestra región.

Vicky Hernández fue una mujer trans, defensora de derechos LGBTI+ y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2009 durante el golpe de Estado en Honduras. El 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda y, según algunas mujeres que acompañan a Hernández ese día, ellas se encontraban en la zona roja ejerciendo el trabajo sexual cuando fueron descubiertas por una patrulla que intentó arrestarlas. Todas corrieron en diferentes direcciones y al día siguiente Hernández apareció muerta. Su muerte se dio en un contexto de detenciones arbitrarias y otros homicidios por las manifestaciones que ocurrieron durante y después del golpe de Estado.

Entre los hechos señalados en la sentencia, la Corte retoma la valoración del perito peruano Carlos Zelada, sobre la existencia en Honduras de “un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI que se remonta al menos al año 1994” y que, en medio del golpe de Estado, se vio recrudecido, particularmente contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. La instancia regional también señala que, desde el 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTI+ en la región. Esta población, indica, continúa desprotegida e invisibilizada en las Américas.

En su sentencia, la Corte IDH brinda una mirada a la situación que enfrentaba Hernández antes de ser asesinada, pues refiere que en varias ocasiones fue víctima de ataques violentos por parte de la policía. Cita a Claudia Spellmant Sosa, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa, quien explicó que muchas veces Hernández llegó al Colectivo denunciando arrestos arbitrarios y agresión física. La Corte IDH encontró al Estado responsable dado el peritaje, el contexto del golpe en el que la policía y los militares tenían un control total sobre las calles, la situación de derechos LGBTI+ en Honduras, y la discriminación y violencia ejercida por la policía contra las mujeres trans.

El Estado hondureño aceptó parcialmente su responsabilidad internacional bajo los artículos 8.1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por las irregularidades durante el proceso investigativo. Sin embargo, la Corte IDH resaltó varios puntos importantes sobre las responsabilidades del Estado respecto a estos artículos, entre ellos la necesidad de tomar en cuenta la identidad de género de la víctima, su activismo y el posible rol de agentes estatales en su asesinato. La Corte IDH también reiteró los estándares de las sentencias Gutiérrez Hernández y Otros vs. Guatemala y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú respecto los estereotipos de género y cómo estos afectan la objetividad de los funcionarios públicos.

Por último, la Corte IDH desarrolló estándares sobre el derecho al nombre para personas trans y de diversas identidades de género. La Corte IDH reconoció “que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros”. Con este reconocimiento se abren las puertas a que más Estados garanticen el derecho a la identidad de género.

Desde Raza e Igualdad celebramos este fallo de la Corte IDH, el cual consideramos histórico porque no solo determina la responsabilidad del Estado en el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual y defensora de los derechos de las personas LGBTI+, sino que establece medidas de reparación que, de ser asumidas e implementadas, marcarán un importante avance y precedente en el reconocimiento y protección de los derechos de esta población, tanto en Honduras como en el resto de la región.

Esperamos que la sentencia en el caso Vicky Hernández y Otras vs Honduras se convierta en referencia para la demanda de justicia en casos de violencia y asesinato contra personas LGBTI+ en toda la región. En el caso de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, tenemos la seguridad de que este fallo será una herramienta para sustentar patrones de violencia y discriminación contra la población LGBTI+ en los procesos de búsqueda de justicia y protección, mientras que, en el caso de los Estados, confiamos en que esta sentencia impulse la adopción de políticas y leyes específicas en beneficio de las personas LGBTI+.

Raza e Igualdad aplaude cada una de las reparaciones establecidas por la Corte IDH, especialmente las referidas a la implementación de una ley de identidad de género y la recolección de cifras sobre violencia contra personas LGBTI+ “desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación migratoria o económica”.

Organizaciones afrocolombianas denuncian ante la CIDH que al menos el 39% de las víctimas de violaciones a DDHH en medio del paro son afrodescendientes

Colombia, 10 de junio de 2021.- Ante la CIDH, un grupo de organizaciones afrocolombianas liderado por PCN, AFRODES, Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos, CODHES, Ilex Acción Jurídica, la Casa Cultural El Chontaduro, ASOM, ACONC, Lila Mujer, Comité del Paro Cívico Buenaventura, Somos Identidad, y la lideresa Francia Márquez, denunciaron que al menos el 39% de víctimas de violaciones a los derechos humanos en medio del paro son afrodescendientes.

En el encuentro realizado en Cali, las representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos del pueblo negro afrodescendiente en Colombia, presentó un informe en el que se recopila las distintas denuncias de abuso policial y uso excesivo de la fuerza hacia esta población.

De esta manera, le señalaron a la CIDH que según la base de datos de CODHES (2021), [1] cuya actualización se realiza de manera constante, desde el 28 de abril hasta el 6 de junio se registran 107 homicidios en Cali. De ellos, 39 de las víctimas eran personas visiblemente afrodescendientes, 21 mestizos, 3 personas indígenas y 44 personas cuya identidad étnica racial aún no determinada. Esto significa que al menos el 62% de las víctimas con identidad racial identificada son afrodescendientes.

Según datos de CODHES (2021), con corte de 06 de junio se registraba un total de 107 víctimas en Cali, de estas se destaca que, de los 93 asesinatos registrados con lugar de ocurrencia, la mayoría (37) sucedieron en comunas de alta densidad de población afrocolombiana, 30 en comunas de mediana densidad y 26 en barrios de baja densidad del pueblo negro / afrodescendiente. En cambio, la mayoría de las detenciones y desapariciones forzadas sucedieron en los puntos y lugares de mediana población.

En relación a las detenciones, las organizaciones señalan que tienen un registro de 266 detenciones en el marco del paro en Cali, de los cuales para 237, no se ha determinado la identidad étnica racial de las personas detenidas. Sin embargo, de las 29 personas identificadas, 18 son afrodescendientes y 8 son indígenas.

Entre las solicitudes elevadas a la CIDH se resalta la necesidad de manifestar de forma pública la preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de la protesta social en Colombia en contra de la población afrodescendiente, realizando reuniones de seguimiento a la actual visita de trabajo y del informe que emita, con la participación de la relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, así como de la relatora del país.

También solicitaron asignar una persona específica para realizar seguimiento / acompañamiento al equipo de trabajo de Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, así como de la Relatora del país para dar respuesta prioritaria, urgente y oportuna a las solicitudes de medidas cautelares.

El informe se encuentra disponible en las páginas y redes sociales de las organizaciones.

 

 

Raza e Igualdad expresa preocupación por la situación de detención del opositor cubano Yandier García Labrada y solicita al Estado de Cuba cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH

Washington D.C., 26 de mayo 2021.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la situación de riesgo que enfrenta en prisión el Sr. Yandier García Labrada, activista cubano e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). El Sr. García Labrada se encuentra privado de libertad en la prisión “El Típico” desde hace casi ocho meses sin ninguna acusación formal en su contra.

El Sr. Yandier García Labrada fue detenido el 06 de octubre de 2020 luego de que protestara por irregularidades en el abastecimiento de alimentos en las afueras de un supermercado en Manatí, Las Tunas. Tras su detención estuvo incomunicado por aproximadamente un mes, tiempo durante el cual fue golpeado por las autoridades estatales causándole inmovilidad en su brazo izquierdo. Hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de atención médica a pesar de que sufre de constantes ataques de asma.

Por la situación de riesgo en el marco de su privación de libertad, el 7 de enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del Sr. García Labrada requiriendo al Estado que proteja su vida e integridad personal, “en particular, garantizando que sus condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables”. Además, pidió concertar las “medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes” e informar “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción” de las medidas.

Hasta la fecha, el Estado cubano no ha adoptado ninguna medida para implementar las recomendaciones de la CIDH. Al contrario, la situación del Sr. Yandier García Labrada se ha agudizado por las condiciones carcelarias que enfrenta. No ha podido recibir visitas de sus familiares bajo el argumento de restricciones por la pandemia de COVID-19. La comunicación telefónica es limitada; durante cinco meses le permitieron hacer solamente una llamada al mes y la última la hizo en marzo 2021. Desde esa fecha sus familiares han perdido todo tipo de comunicación y se encuentran muy preocupados, pues conocen que las condiciones carcelarias no son buenas y las altas temperaturas a las que está expuesto incrementan sus ataques de asma. El Sr. García Labrada es constantemente acosado e intimidado por agentes de la Seguridad del Estado y su proceso penal sigue abierto y sin juicio.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para que adopte las medidas cautelares contenidas en la Resolución 5/2021 de la CIDH a fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad del Sr. Yandier García Labrada. Además, instamos a que se respete el derecho de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho del Sr. García Labrada a mantener comunicación fluida y permanente con sus familiares y abogados defensores.

Raza e Igualdad Llama Al Gobierno Colombiano A Detener La Represión De Las Manifestaciones Ciudadanas Y Exige Que Cumpla Con Sus Obligaciones Internacionales En Materia De Derechos Humanos

Bogotá, 4 de mayo de 2021.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su máxima preocupación por las violaciones de derechos humanos derivadas de la respuesta del Estado Colombiano a las manifestaciones iniciadas en varios puntos del país el pasado miércoles 28 de abril y que persisten hasta el día de hoy.

Entre el 28 de abril y el 3 de mayo, la organización no gubernamental Temblores registró 1.181 actos de violación de derechos humanos atribuidos a las fuerzas policiales, especialmente a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), desplegadas por todo el territorio nacional por orden del Gobierno Colombiano. Entre estos actos, se registran 26 víctimas de homicidio por parte de la Fuerza Pública y 988 denuncias de detenciones documentadas por la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas; adicionalmente se conocen episodios de violencia sexual, agresiones oculares y desapariciones en el marco de las manifestaciones.

Raza e Igualdad también condena enérgicamente el ataque registrado la noche del lunes 3 de mayo en la ciudad de Cali en contra de una misión de verificación conformada por varias organizaciones locales y oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Procuraduría General de la Nación. Según la denuncia de la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas—que es una de las organizaciones víctima—el ataque ocurrió cerca de las 8:40 de la noche cuando la misión llegó a la estación de Policía Fray Damián para realizar una verificación, y mientras procedían, unos oficiales les agredieron verbal y físicamente y dispararon sus armas.

Uso de fuerza policial desproporcionada agrava situación

Observamos con preocupación que lejos de buscar una solución pacífica, pública y concertada con la sociedad civil, la respuesta estatal de desplegar fuerzas policiales del ESMAD en las principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Neiva, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Acacias, entre otras donde también se presentan el mayor número de casos de violaciones a los derechos humanos) representa una potencial amenaza contra la seguridad de los y las protestantes. Rechazamos las agresiones y uso de violencia por parte de la Policía Nacional contra Defensores de Derechos Humanos y Condenamos los incidentes ocurridos en la noche del 3 de mayo en contra de la Misión de Verificación de Derechos Humanos.

De acuerdo a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas sociales “(…) el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”. La Corte también ha reiterado que el llamado a fuerzas armadas debe ser excepcional y debe además ser: “a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces[1]”

La CIDH, por su parte, “ha establecido que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos[2]”.

Considerando lo anterior, y ante la situación que se vive en Colombia, Raza e Igualdad llama al Gobierno Colombiano a detener la represión de las manifestaciones y le recuerda—con base en su obligación de cumplimiento a estándares internacionales e interamericanos sobre seguridad interna—que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser ante todo excepcional, y en caso de ser usada, debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

Raza e Igualdad hace hincapié sobre la urgencia de abrir espacio a un diálogo nacional que involucre a todos los actores, y hace un llamado al Estado Colombiano y a los organismos internacionales de derechos humanos para:

  1. Que se adopten mecanismos para la observación del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos sobre la garantía del derecho al ejercicio de la protesta pacífica, de la mano de los poderes institucionales locales, la sociedad civil, las organizaciones y los organismos internacionales de derechos humanos.
  2. Que se brinden garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y la protección y acompañamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil a quienes se manifiestan.
  3. Que se lleven a cabo las investigaciones disciplinarias y penales necesarias para el esclarecimiento de los episodios de abuso y violencia por parte de la Fuerza Pública en el marco de las protestas.
  4. Que tanto la CIDH, como los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales de derechos humanos, se manifiesten y refuercen sus sistemas de monitoreo sobre la situación en Colombia y adelanten las acciones a las que haya lugar para instar al Estado Colombiano a cumplir su obligación de observar los parámetros internacionales de garantía a la protesta, de la mano de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Colombia.

[1] Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 177.

[2] CIDH. Comunicado de Prensa. Observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos. 8 de mayo 2020. Antecedentes.

 

Antonia Urrejola – Presidenta de la CIDH: “Seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en Nicaragua; la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse”

Washington D.C., 20 de abril de 2021.- Al conmemorar tres años de la grave crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

Aunque hasta la fecha nada parece cambiar y el Gobierno más bien ha recurrido a nuevas estrategias para violar y restringir los derechos de la población y perseguir a la sociedad civil, la oposición , personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Urrejola valora como positivo el hecho que –gracias al esfuerzo y compromiso de diversos sectores locales, regionales e internacionales—la situación de Nicaragua se mantiene visible y, por tanto, cree que la impunidad puede ser derrotada y que el país retornará eventualmente a un contexto democrático. 

“Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”, asegura. 

¿Qué rol ha jugado la CIDH en la crisis de Nicaragua y cómo valora la respuesta que han recibido por parte del Estado, el rol de la sociedad civil y las víctimas?

Creo que el rol que ha jugado la Comisión en el desarrollo de la crisis de derechos humanos -que se inició con la represión de las protestas de abril de 2018 y que continúa hasta hoy- ha sido fundamental.

Para llegar a esta conclusión, basta observar objetivamente el despliegue de la CIDH  en este contexto: desde el inicio de la crisis se han aprobado cuatro informes de país, dos informes temáticos, 102 comunicados de prensa; se han realizado cientos de posteos en las redes sociales denunciando lo que ocurre en el país; se han otorgado 92 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias; se han obtenido más de 1700 testimonios que dan cuenta de las características de las violaciones de derechos que continúan ocurriendo en el país. Se debe decir además que la Comisión actualiza al menos tres registros relacionados con la crisis, el de personas fallecidas, personas privadas de libertad, así como el de los testimonios recibidos, directamente de las víctimas o de sus familiares. 

Gracias a este despliegue, me atrevería a afirmar que parte importante de la narrativa internacional sobre la crisis, es decir, la de las propias organizaciones internacionales, de la sociedad civil, así como de los Estados de la región y del mundo sobre la crisis de Nicaragua, ha estado marcada de manera relevante por el trabajo que la CIDH ha realizado a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y, en su momento, por el  Informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). 

Ahora bien, no cabe duda que la labor de la sociedad civil ha sido fundamental en el ejercicio del mandato convencional de la Comisión Interamericana en Nicaragua. Ustedes mismos, Raza e Igualdad, junto a otras organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo, han sido actoras fundamentales en la denuncia y visibilización internacional de la situación de derechos humanos en el país o en la utilización de mecanismos de protección, como las medidas cautelares, en favor de personas cuyos derechos corren grave y urgente riesgo en el país.

Creo que la sociedad civil nicaragüense merece una mención especial cuando reconocemos a las actoras relevantes en esta crisis. Por razones de seguridad de las propias organizaciones y sus integrantes no me parece prudente exponer en detalle, y en su real magnitud, la maravillosa articulación de esfuerzos que la sociedad civil y particularmente las víctimas y sus familiares han realizado. Pero puedo mencionar algunos ejemplos: el registro y denuncia exhaustivo de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, no sería posible sin la articulación de sociedad civil, del activismo, y de las víctimas y familiares que han constituido el “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”.  El silencioso, valiente y comprometido trabajo de registro de la Asociación de Madres de Abril (AMA), por poner otro ejemplo, son muestras específicas de lo esencial que, en el trabajo de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, ha sido la sociedad civil local. Tampoco es posible concebir las excarcelaciones que se han producido hasta ahora, sin la intervención de la Iglesia Católica y la Comisión de Verificación y Seguridad. Todas estas son iniciativas de la sociedad civil que tienen un valor inconmensurable en el abordaje de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.  

Como Relatora para Nicaragua usted ha mostrado un gran interés por el país y se ha pronunciado reiteradamente sobre la situación de este. Ahora, como presidenta de la Comisión, ¿De qué forma se plantea incidir para lograr que la CIDH y el MESENI puedan regresar a Nicaragua?

En esta materia siempre hay novedades que ofrecer, la labor que ha desarrollado la CIDH ha logrado el importante objetivo de mantener la atención internacional sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en medio de un ambiente muy acontecido en las Américas, en materia de derechos humanos, frente a los intentos desplegados por el Estado de instalar la sensación de normalidad, y en medio de la pandemia. 

Pero este objetivo se ha logrado por medio de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la crisis. En este sentido ya tenemos suficiente evidencia que el 2021 será un año diferente en Nicaragua y en dicho contexto, mantendremos a Nicaragua como parte inevitable de la agenda interamericana y universal, adaptándonos a las circunstancias especiales que ya están caracterizando este año. 

Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente. Los Estados a veces, como sucede con Nicaragua ahora, parecen ser inmunes a los llamados internacionales, pero, como decía, la experiencia en nuestro continente nos muestra que los procesos de democratización se producen y que la impunidad al fin es derrotada por la memoria y la justicia. La CIDH sigue y seguirá ahí en la cotidiana labor de cumplir su mandato y estará ahí también, para colaborar con la sociedad nicaragüense y con el propio Estado, cuando esos procesos se produzcan  

El país se encamina a unas elecciones generales sin garantías mínimas y no da señales de realizar reformas electorales de aquí a mayo 2021, tal como exhortó la OEA, ¿Cómo valora el impacto que tendrá en la crisis de derechos humanos el no realizar dichas reformas oportunamente?

La Asamblea General de la OEA ha dictado una resolución el año pasado en que promueve que en Nicaragua se realicen elecciones “libres y justas” este año. En dicha resolución se hace un llamado al Estado para que, entre otras, reforme la normativa que regula el Consejo Supremo Electoral.

La Comisión Interamericana, ya a comienzos del 2018, hizo presente la falta de independencia y neutralidad del CSE como uno de los factores que inciden en la situación en Nicaragua, en que se observa una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático. Esa falta de neutralidad e independencia, se manifiesta, tal como ya lo señaló la Comisión, en decisiones que afectan a fuerzas políticas de oposición. 

La CIDH no ha sido ajena a estos asuntos y estará muy atenta a los desenvolvimientos de este año de elecciones, porque existen también estándares de derechos humanos que deben ser respetados en materia de derechos políticos. Esa sigue siendo una materia en que el Estado de Nicaragua debe realizar modificaciones institucionales para asegurar elecciones libres y justas.   

En medio de una crisis socio-político y de derechos humanos sin resolver, el Gobierno aprobó leyes y reformas, como la reforma al art. 37 de la Constitución y la reforma al Código Procesal Penal que han ameritado serios cuestionamientos en materia de derechos humanos, ¿Cómo puede incidir la Comisión para que el gobierno derogue estas leyes? 

La Comisión, así como sus relatorías competentes, ya se han manifestado de manera específica sobre la llamada Ley de Agentes Extranjeros, sobre disposiciones de la Ley Especial de Ciberdelitos, así como sobre la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, expresando que ellas no satisfacen estándares internacionales de derechos humanos y llamó en su momento a dejarlas sin efecto. Del mismo modo, se ha manifestado la preocupación por el uso eventualmente represivo que podría darse a las reformas a la Constitución sobre el establecimiento de la cadena perpetua y al Código Procesal Penal en la extensión de privación de libertad sin acusación fiscal. En el mismo sentido lo ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como le decía antes, estos llamados y pronunciamientos no son garantía directa e inmediata de que esas leyes se deroguen, pero sí inciden en la agenda internacional y ello a su vez influye en los cambios que deben producirse en Nicaragua. Nosotros no descansaremos y sé que la propia sociedad civil no descansará en promover esos cambios.

¿Cuál es su valoración sobre las dificultades que han encontrado las medidas cautelares para su cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua y qué oportunidades ve usted de que dichas medidas sean implementadas, en el actual contexto? ¿En qué etapa está la definición de un Protocolo para su implementación?

En las actuales circunstancias, dada la casi total falta de colaboración e información aportada por el Estado, no parece verse en el horizonte la adopción de un protocolo de implementación de medidas cautelares, que requeriría por supuesto de la colaboración y disposición del Estado.

De la misma manera, se puede afirmar que el Estado no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Sin embargo, las medidas cautelares concedidas no han sido del todo estériles en materia de protección a las personas que son sus beneficiarias. Por poner solo un ejemplo, las 17 personas que fueron beneficiarias de medidas cautelares y respecto de las cuales la Corte Interamericana luego emitió medidas provisionales, fueron excarceladas. En medio de la crisis y del sufrimiento que ella causa a las personas, estos pequeños y aún insuficientes triunfos nos dan esperanza.

¿Qué mensaje le manda a la sociedad civil nicaragüense en el contexto del escalamiento de las represalias hacia las organizaciones que impera actualmente?

Que este será un año previsiblemente difícil luego de las leyes dictadas entre fines del año pasado y comienzos de este. En dicho marco, quisiera transmitirles que estaremos muy pendientes del día a día y muy preparados para denunciar públicamente las violaciones de derechos y tomar medidas de protección cuando corresponda.

¿Qué mensaje le envía a las víctimas y sus familiares? 

Que siguiendo su ejemplo, seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en el país; que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse. Además, como siempre resaltamos en la Comisión, tengo que enviarles un mensaje de entrañable agradecimiento, pues su compromiso, valentía y trabajo hacen también posible el nuestro.

CIDH da trámite a petición de declarar la responsabilidad del Estado de Cuba por violaciones de derechos humanos registradas entre 2019 y 2020 en contra de integrantes de la UNPACU

Washington D.C., 8 de abril de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar trámite a la petición presentada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que dicho organismo declare la responsabilidad del Estado de Cuba por la violación de derechos humanos de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras ser detenidos, torturados y enjuiciados arbitrariamente entre octubre de 2019 y abril de 2020.

En la petición se identifican como víctimas a los integrantes de UNPACU: José Daniel Ferrer García (fundador y líder de la organización), Fernando González Vaillant, Roilan Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco*, y se denuncia que los cuatro ciudadanos fueron detenidos el 1 de octubre de 2019 sin orden de arresto, al margen de las garantías judiciales contenidas en la legislación cubana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad solicita expresamente a la CIDH que, previo el trámite reglamentario, declare la responsabilidad del Estado de Cuba con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la violación de los derechos a la libertad, seguridad, integridad personal, libertad de expresión, protección a la honra y reputación personal, protección familiar, salud, protección contra la detención arbitraria y proceso regular en contra de los integrantes de la UNPACU antes mencionados. También solicita que, a partir del análisis de este caso, establezca un estándar de caracterización de “personas presas políticas”.

La CIDH notificó que la petición ya fue enviada al Estado cubano para que presente sus observaciones, para lo cual le dio un plazo de tres meses que cuentan a partir del 15 de marzo de 2021.

Con el inicio a trámite de este caso, la CIDH recibirá información del Estado y de Raza e Igualdad para determinar, en un informe que hará público, si la petición es admisible o no, con base en un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y el Estatuto de la propia Comisión. Una vez declarada la admisibilidad, la CIDH examinará los hechos, argumentos y pruebas que se hayan presentado, con lo cual estará en posibilidad, en su caso, de declarar al Estado de Cuba responsable de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los miembros de la UNPACU y formulará al Estado recomendaciones dirigidas a brindarles justicia y reparación.

Los hechos

Tras ser detenidos el 1 de octubre de 2019, los integrantes de UNPACU estuvieron sometidos a prisión preventiva y condiciones de prisión inadecuadas durante seis meses y dos días, hasta el 03 de abril de 2020, fecha en la que fueron liberados para cumplir condenas en régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria. Mientras estuvieron en prisión, fueron sometidos a malos tratos, amenazas, incomunicación y condiciones que afectaron su integridad personal.

Continuum de violaciones

Las violaciones de derechos humanos que han enfrentado los integrantes de la UNPACU van más allá de los hechos alegados en la petición, pues han sido reprimidos por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones debido a su labor de defensa y promoción de la democracia y derechos humanos en la Isla.

El fundador y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, inició el pasado 20 de marzo una huelga de hambre a la cual se han sumado varias decenas de personas que también forman parte de UNPACU, como una forma de protestar por la represión del Gobierno que, desde hace tres semanas, mantiene cercada la sede de la organización y ha realizado varias detenciones arbitrarias de integrantes y sus familiares.

Este miércoles 7 de abril, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que expresa su “mayor alerta” ante la delicada situación de las personas que se encuentran en huelga de hambre, y responsabiliza al Gobierno por llevar a dicho extremo la represión en contra de UNPACU y sus integrantes.

Además, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Cuba, se ha pronunciado sobre esta situación, solidarizándose con los miembros de la organización y exhortando al Estado cubano a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos a fin de evitar “el riesgo a la vida e integridad de las personas que sufren ya un deterioro físico visible”.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Gobierno cubano a cesar las acciones de represión en contra de UNPACU y sus integrantes, y a escuchar las demandas de la sociedad civil independiente referidas a garantías de democracia y respeto de derechos humanos en la Isla.

 

*En la petición enviada a la CIDH por Raza e Igualdad en octubre de 2020, se incluyó entre las víctimas al entonces integrante de UNPACU José Pupo Chaveco; sin embargo, posteriormente se notificó formalmente a la Comisión la imposibilidad de continuar la representación del mismo, a partir de la información recibida de que ya no forma parte de la organización y se ha perdido contacto con él.

 

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades  a través  del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH. 

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: «¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la «ideología de género» impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

  • Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
  • Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados ​​por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
  • Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
  • Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
  • Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
  • Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
  • Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

 

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

Cuba: CIDH otorga medidas cautelares a la periodista independiente María Matienzo Puerto y a la defensora de derechos humanos Kirenia Núñez Pérez

Washington D.C., 23 de marzo de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y escritora María Matienzo Puerto, y de la activista Kirenia Núñez Pérez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.

En la resolución 21/2021, la CIDH señala que, en un lapso aproximado de siete años, la pareja ha enfrentado diversos eventos de riesgo como amenazas, seguimientos, intimidaciones y agresiones, acompañados de mensajes descalificativos. La Comisión indica también que solicitó información al Estado el 18 de junio de 2020, sin que hasta la fecha haya recibido alguna respuesta.

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH advierte con especial preocupación que uno de los mensajes descalificativos indicaba que Núñez Pérez debía “calmar” a su pareja Matienzo Puerto. Esto, según la Comisión, manifiesta un prejuicio existente de género en torno a la labor de mujeres defensores de derechos humanos y genera una “acentuada” situación de riesgo en torno a prejuicios relacionados a “los roles que deberían jugar en la sociedad”.

En virtud de tales circunstancias, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Matienzo Puerto y Núñez Pérez; b) adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades de periodista independiente y defensora de derechos humanos, respectivamente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Intimidación y persecución

Tanto la periodista y escritora María Matienzo Puerto como la activista Kirenia Núñez Pérez –quienes comparten la misma residencia porque son pareja—son constantemente víctimas de intimidación y persecución por parte de agentes del Estado o por civiles que se identifican a favor del Gobierno, situación que trasciende a las redes sociales.

Aunque no consta en los hechos referidos por la CIDH en su resolución, cabe destacar que el último hecho de represión ocurrió el pasado 12 de marzo, día en que oficiales no identificados interceptaron a Matienzo Puerto al salir de su casa, la obligaron a subirse a un vehículo y la retuvieron por varias horas en una estación de Policía, tiempo en el que su paradero fue desconocido. Ahí, los oficiales la interrogaron y la amenazaron por su labor de periodista y por tener contacto o amistad con otros activistas independientes.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Estado de Cuba a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de María Matienzo Puerto y Kirenia Núñez Pérez, en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y como integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También llamamos a las autoridades a garantizar y respetar la labor de las y los periodistas independientes en la Isla, y de personas defensoras de derechos humanos.

Ante CIDH: Política de colonización del Estado nicaragüense expone a los pueblos indígenas al etnocidio

19 de marzo de 2020.- La colonización de territorios indígenas en la costa caribe nicaragüense, alentada por actividades extractivas sobre los bienes naturales esenciales para la subsistencia de comunidades miskitu y mayangna; las graves violaciones cometidas para despojarles de sus territorios; el desplazamiento forzado y la crisis alimentaria derivados de ello exponen a estos pueblos a un posible etnocidio.

Estos hechos fueron expuestos ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática “Impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica en Nicaragua”, celebrada en el marco del 179° Periodo de Sesiones de este organismo.

Durante el espacio, organizaciones de sociedad civil denunciaron que las industrias de la ganadería, la minería de oro y la explotación forestal han impulsado la colonización de la costa caribe, en complicidad con el Estado nicaragüense, que ha fallado en cumplir con el proceso de saneamiento territorial y en garantizar la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes para la instalación de proyectos extractivos. Asimismo, aseguraron que el Estado nicaragüense tiene participación e intereses en estos sectores, entre otros, a través de la agencia de promoción de inversiones (ProNicaragua), su plan cuatrienal de desarrollo humano, y de la participación directa de empresas estatales y paraestatales en el despojo, como ENMINAS y Alba Forestal.

Al respecto, las organizaciones expusieron que Nicaragua tiene la mayor industria ganadera de Centroamérica, la cual se destina en 95% a exportaciones. La minería de oro también ha crecido bajo el gobierno de Ortega, destinando aproximadamente el 60% de la masa terrestre de Nicaragua a concesiones mineras, incluyendo aquellas de exploración en territorios autónomos. También denunciaron que altos funcionarios del gobierno regional y nacional han aprobado la venta ilícita de tierras y permisos de tala en comunidades indígenas; y plantearon su preocupación sobre la regulación del permiso para la extracción de árboles caídos tras el paso de IOTA y ETA en 2020.

El Estado de Nicaragua también ha promovido los intereses privados y el control político en los territorios indígenas y afrodescendientes mediante la instalación de gobiernos comunales y territoriales paralelos, mientras se niegan a reconocer a las autoridades comunales y territoriales elegidas por la población.

A raíz de esta política de despojo, tan solo en el 2020 se documentaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad. Así, en la última década, entre 2011 y 2021, se han registrado 49 indígenas miskitu muertos, 53 personas lesionadas, 46 secuestradas y 4 desaparecidas. Las organizaciones estiman que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a 1000 personas miskitu en tan solo 12 comunidades. A la fecha, estos hechos se mantienen impunes.

Las personas y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos de los pueblos indígenas en esta región también enfrentan graves riesgos. De acuerdo con las organizaciones, viven hostigamiento continuo, actos de estigmatización y amenazas, acoso digital, y barreras administrativas y burocráticas impuestas por el gobierno para limitar su labor. Esto, sin que el Estado cumpla su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos contra personas defensoras, como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017.

Frente a este contexto, la presidenta de la Comisión Interamericana, Antonia Urrejola, recordó al Estado de Nicaragua su obligación de cumplir con el saneamiento de los territorios de la costa caribe, así como el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva que contempla no solo la titulación de territorios ancestrales, sino la obligación de no otorgar concesiones de exploración o explotación en estos territorios; y respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, el Estado de Nicaragua, representado por Wendy Morales Urbina Procuradora General de la República, se comprometió a recibir información por parte de las organizaciones de sociedad civil, así como informar a la CIDH sobre la situación de los pueblos indígenas en la costa caribe y sus medidas para responder a los hechos presentados.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

  1. Cesar de inmediato todo tipo de amenazas y ataques contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y se abstenga de tomar represalias contra las personas partícipes de la audiencia.
  2. Investigar exhaustiva e imparcialmente y de manera inmediata los hechos denunciados, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
  3. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas a las comunidades indígenas.
  4. Informar sobre los planes y medidas concretas para implementar el saneamiento de los 23 territorios de la costa caribe.
  5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas de sus comunidades y garantizar el acceso adecuado a servicios básicos.

Las organizaciones de sociedad civil que participaron en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

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