Sociedad civil nicaragüense y expertos internacionales abogan por una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre crisis en Nicaragua

Sociedad civil nicaragüense y expertos internacionales abogan por una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre crisis en Nicaragua

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– En el marco del 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil nicaragüense y víctimas de violaciones de derechos humanos, con el acompañamiento y respaldo de expertos internacionales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abogaron por la aprobación de una nueva resolución que refuerce el mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para monitorear la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.

El evento “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de derechos humanos en Nicaragua” contó con la participación de Thelma Montenegro, familiar de dos presos políticos y de cuatro personas asesinadas en el contexto de la represión desatada por las protestas sociales de abril de 2018; Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN); Aníbal Toruño, director de Radio Darío y víctima de constante asedio policial en su casa y medio de comunicación; Clément Voule, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, y Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH. Como moderadora estuvo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Contexto

La Alta Comisionada Michelle Bachelet compartirá un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el 46º  período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse del 22 de febrero al 23 de marzo, por lo que doce organizaciones nacionales y regionales, entre ellas el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaron este evento para exponer de forma detallada y actualizada las violaciones a derechos humanos en el país y, por tanto, la necesidad de que dicho Consejo mantenga y refuerce el mandato de la Alta Comisionada.

Caso familia Montenegro

Thelma Montenegro expuso la persecución, violencia y criminalización que ha enfrentado su familia por su participación en las manifestaciones ciudadanas de abril de 2018. “Esta actuación de nuestra parte desencadenó el odio, la persecución, la crueldad de los adeptos al partido de Gobierno”, dijo, y señaló que desde entonces han sido asesinados cuatro miembros de su familia, entre ellos sus hermanos Oliver y Edgar Montenegro y su esposo Francisco Blandón.

Montenegro señaló también que permanecen en prisión sus sobrinos Oliver Montenegro Muñoz, quien fue detenido el 21 de junio de 2020 y acusado del delito de homicidio frustrada, por el cual fue condenado a 10 años de cárcel, y Dorling Montenegro Muñoz, quien fue capturado el 30 de noviembre de 2020 y es acusado de cometer los delitos de obstrucción de funciones, posesión y tenencia ilegal de armas y asesinato en grado de tentativa.

“Pedimos una mirada y un accionar contundente hacia nuestro país (…) Estamos en un año electoral y justamente este momento es la oportunidad para poder cambiar nuestra historia, que no se repita tanto sufrimiento”, expresó Montenegro.

Violencia e indefensión en el Caribe Norte

La defensora de derechos humanos y presidente CEJUDHCAN, Lottie Cunningham, manifestó en su presentación que a medida que el espacio cívico y las garantizas democráticas se cierran en Nicaragua, se agudiza el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, subrayando que solo en el 2020 fueron asesinadas 13 personas, hubo 8 heridos, 2 secuestrados y una comunidad desplazada producto de esa situación.

Del 2011 a la fecha, dijo Cunningham, 49 indígenas han sido asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos. “Producto de la violencia, se estima que 3,000 personas tan solo del pueblo Miskitu se encuentran desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras departamentales, así como en comunidades fronterizas con Honduras”, detalló la defensora de derechos humanos, quien denunció que estas acciones son cometidas por actores no estatales bajo la anuencia estatal, por lo que se encuentran totalmente impunes.

Además, mostró su preocupación por la aprobación de las recientes leyes como Ley de Regulación de Agentes y la Ley de Ciberdelitos, a las que llamó “disposiciones represivas sobre la defensa de derechos de los pueblos indígenas”. En ese sentido, Cunningham dijo que el Ministerio de Gobernación se ha rehusado en reiteradas ocasiones a aceptar la documentación necesaria para acreditar a la junta directiva de CEJUDHCAN y que los integrantes de la organización son constantemente señalados de ser difusores de noticias falsas.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y exhortamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apruebe una resolución para Nicaragua y que incorpore la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, enfatizó.

Ataque a la prensa independiente

El director de Radio Darío en la ciudad de León y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, Aníbal Toruño, se refirió a las acciones del Gobierno en contra del periodismo y medios de comunicación independientes, que incluyen, el enjuiciamiento de al menos tres periodistas y la confiscación de Confidencial y 100% Noticias desde abril 2018 hasta la fecha.

Toruño indicó que, el gobierno de Daniel Ortega ha propiciado el cierre de más de 20 medios de comunicación y al menos 10 programas de opinión y noticieros. Además que, actualmente, de los 13 canales de señal abierta, solo sobreviven dos, incluido Canal 12 que se encuentra embargado desde mediados de septiembre 2020.

Sobre su caso particular, Toruño manifestó que en los últimos tres años ha habido 125 asedios policiales a Radio Darío y 32 a su casa, la cual fue allanada en tres ocasiones de forma ilegal y violenta entre el 4 de enero y el 4 de febrero de 2021.

Preocupación internacional

Tanto el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, Clément Voule, como el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua, la cual, coincidieron, se ha agravado con la aprobación de leyes que restringen derechos civiles y políticos y contemplan encarcelar a personas que difundan información que el Gobierno considere amenazas.

“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación”, indicó Voule, quien recordó que desde la crisis de 2018 ha hecho varias solicitudes para visitar el país, pero estas no han sido respondidas por el Gobierno.

“Otra preocupación es la falta de información o información falsa usada contra estas personas -que incluye mujeres, miembros de la comunidad LGBTI o ambientalistas, a las que acusan como terroristas o narcotraficantes”, agregó.

En tanto, Pedro Vaca dijo que en Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura y que la actividad parlamentaria en el país parece estar enfocada en erosionar el Estado de derecho. Para el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el país hay un “desmantelamiento del tejido social” y existe el peligro de que se reduzca la posibilidad de “perder información” sobre las violaciones a los derechos humanos. “El miedo está presente en Nicaragua y lo estamos escuchando, y es parte de lo que ojalá pueda ser incluido dentro de los análisis que se están haciendo”, agregó.

Llamado por una nueva resolución para Nicaragua

La moderadora del evento y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, indicó que la crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste y se acentúa, además que el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sigue siendo crítico debido a la continua negativa del Gobierno a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos humanos.

En nombre de las organizaciones que promovieron el evento, Guevara instó a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos a que se asegure una resolución firme sobre Nicaragua que renueve completamente el mandando de la Oficina de la Alta Comisionada.

Guevara enfatizó que esta nueva resolución debe establecer claros criterios de cooperación y enviar un mensaje claro de la comunidad internacional en apoyo a las víctimas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes, y que la búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional.

Puede ver la grabación del evento aquí:

Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Washington D.C., 22 de enero de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, así como para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores, incluyendo medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.

La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe, en un plazo de 15 días, sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Raza e Igualdad solicitó las medidas cautelares detallando la situación de amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia que enfrentan Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y otros miembros del CIR, quienes han sido detenidos de manera arbitraria en varias ocasiones.

Hechos de persecución

Entre los hechos de persecución que han enfrentado los tres integrantes del CIR que fueron beneficiados con las medidas cautelares, está la detención de su Coordinador Nacional, Juan Antonio Madrazo Luna, el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En esa ocasión, el líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas.

Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz también han enfrentado varios actos de represión, como la detención de la que fueron objeto el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana para exigir la liberación del músico y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís. Antes de ser detenidos, ambos fueron asediados y fuertemente golpeados por simpatizantes del Gobierno.

Raza e Igualdad espera que, atendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado de Cuba atienda las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantice la integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz. Además, que les permita realizar su labor de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de persecución, asedio y actos de violencia de parte de la Policía, la Seguridad del Estado o personas afines al Gobierno.

Raza e Igualdad Colombia se une a la CIDH para demandar que el Estado colombiano no deje impune el feminicidio contra niña afrodescendiente en el Cauca

Bogotá, 20 de enero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar que el Estado colombiano investigue a fondo el feminicidio cometido en contra de la niña Maira Alejandra Orobio Solís, teniendo en cuenta que este crimen forma parte de un patrón sistemático de agresiones y violaciones en perjuicio de la población afrocolombiana que Raza e Igualdad ha venido visibilizando.

El cuerpo de Maira Alejandra, de once años, fue encontrado sin vida y con signos de violación y tortura la madrugada del 11 de enero de 2021 en una zona verde del barrio Santa Mónica, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. El crimen ha generado conmoción a nivel nacional y según declaraciones del Monseñor Alberto Correa Martínez, Vicario de Guapi, estos actos de violencia no son atípicos en esta municipalidad.

El religioso se solidarizó con la familia de la niña y solicitó a las autoridades competentes toda la celeridad en el proceso investigativo, pero también denunció que “hay cierta sistematicidad en la persistencia de violaciones a niñas y jóvenes en nuestro municipio”, lo cual contrasta con el hecho que, en el año 2019, la niña Maira Alejandra Orobio Solís fue víctima de abuso sexual.

Según información oficial, el responsable de dicho delito fue capturado, judicializado y condenado; sin embargo, las medidas complementarias para garantizar los derechos fundamentales de la niña no tuvieron como consecuencia la superación de las condiciones de vulnerabilidad que propiciaron el primer acto de violencia. Por el contrario, estas persistieron dando lugar a la revictimización de la menor y sus familiares.

Llamado al Estado

Raza e Igualdad demanda que el Estado colombiano, a través de las entidades competentes, redoble los esfuerzos para esclarecer este crimen y castigar a la persona responsable; además, que brinde ayuda psicosocial a la familia de la víctima y garantice la superación de las condiciones de vulnerabilidad que dieron lugar a los episodios de violencia contra la niña Maira Alejandra Orobio Solís.

También solicita que Fiscalía General de la Nación tenga una presencia real en el territorio de Guapi, es decir, que esta no sea solamente virtual y a discreción de los funcionarios públicos, sino que se realice de tal forma que asegure la debida diligencia en el desarrollo de las labores investigativas.

A la luz de este nuevo crimen, Raza e Igualdad insta al Estado a combatir la impunidad e ineficacia de la administración de justicia en los delitos contra la niñez basados en género donde además converjan otros factores de vulnerabilidad como la pobreza y la discriminación racial, y le recuerda que todas estas acciones y demandas están en correspondencia con su obligación de garantizar la vida digna de las mujeres, jóvenes y niñas en el país, y velar porque estos actos de violencia en su contra no se normalicen.

Sociedad civil de Nicaragua expone ante la CIDH la situación de 110 personas prisioneras políticas

Washington, D.C., 10 de diciembre de 2020. Un grupo de personas defensoras de derechos humanos expuso hoy ante comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves violaciones a sus derechos humanos a la que se enfrentan actualmente 110 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, durante una audiencia celebrada en el marco del 178 periodo de sesiones de la Comisión.

Por parte de las organizaciones solicitantes, participaron: Ana Bolaños, Oficial Legal de Raza e Igualdad, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Rosario Flores de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras); Georgina Ruíz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Elton Ortega y Alexandra Salazar, ambos de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

En la audiencia las personas expositoras resaltaron que de las 110 personas presas políticas apresadas a partir de abril de 2018, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, El Infiernillo, celdas de castigo y aislamiento, en condiciones altamente deplorables; mientras que el resto de las personas prisioneras por motivos políticos sufre una deficiente atención médica, trato diferencial y discriminatorio, golpizas, amenazas, falta de alimentación y agua potable, negación de visitas familiares e incluso torturas.

Durante la audiencia se destacó que las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales, en un esquema de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, instalado para la represión y persecución de toda disidencia política.

Las organizaciones identificaron también como graves amenazas a la libertad individual y la seguridad jurídica tres leyes aprobadas recientemente: La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma que plantea establecer la prisión perpetua, orientadas a criminalizar a las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas y medios independientes y a la disidencia en general.

Los peticionarios urgieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión, las detenciones arbitrarias y toda forma de hostigamiento hacia las personas presas políticas, sus familias y las personas excarceladas; a liberar de inmediato a todas las personas presas políticas; a investigar de forma exhaustiva las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También pidieron al Estado que suministre información sobre la situación de la pandemia en los centros de reclusión, informe las medidas que estaría tomando para atender los problemas urgentes de salud, y de prevención ante el Covid-19, y que autorice el regreso al país de la OACNUDH, CIDH, el MESENI, para monitorear y documentar in situ la situación de derechos humanos.

Reacción de la CIDH

La representación del Estado de Nicaragua, aunque fue invitada por la CIDH para asistir a la audiencia, no se presentó. El comisionado Stuardo Ralón lamentó la inasistencia estatal y resaltó que dicha conducta “denota una actitud de negación total a cumplir obligaciones internacionales”, puesto que los gobiernos tienen una responsabilidad de rendir cuentas a sus ciudadanos y un compromiso de defender los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

La comisionada Esmeralda Arosemena, por su parte, invitó al Estado de Nicaragua a acercarse a la CIDH para buscar puntos de apoyo y acuerdos para librarse de términos que se utilizaron en la exposición para ilustrar la conducta estatal: violencia, perversidad, represión, crueldad, inhumanos, ilegales, estigmatizantes, criminalizantes, aludiendo a los hechos denunciados en la audiencia por los peticionarios.

Los comisionados, comisionadas y relatores de la CIDH resaltaron el valor y la constancia de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que se dedican a representar legalmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, a acompañar a sus familiares, y a documentar las violaciones de sus derechos humanos.

“Mi mensaje es de instar a que puedan seguir esa lucha, a reconocer la valiosa información que nos han brindado. De nuestro lado ustedes encontrarán la convicción de poder actuar de acuerdo a todos nuestros instrumentos para que sea una realidad vivir una cultura de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el comisionado Ralón.

La comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora de país para Nicaragua, recordó que un reciente informe publicado por la Comisión logró establecer que 1,614 personas habían sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. Sin embargo, destacó que están conscientes de que esa cifra es un subregistro, por lo que instó a los peticionarios a seguir trabajando para saber cuál es la verdadera cifra.

Además, resaltó como un tema de preocupación para la CIDH la falta del debido proceso y de imparcialidad del Sistema Judicial en Nicaragua. “Nos preocupa la falta de independencia de los poderes del Estado, algo esencial considerando que el próximo año Nicaragua enfrenta un proceso electoral y la importancia de tener poderes del Estado que funcionen con independencia del Ejecutivo y que den garantías de espacios democráticos y de libertad de expresión son fundamentales”, afirmó.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos a periodistas, medios de comunicación independientes y otros en Nicaragua

Washington, D. C., 3 de diciembre de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), presentó el día de hoy una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en dicho país.

En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima.

La petición narra distintos hechos que incluyen actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas; además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de Poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos.

También describe los distintos procesos judiciales interpuestos por 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos, y las razones por las cuales Radio Darío y Radio La Costeñísima se vieron obligadas a desistir de las mismas.

Adicionalmente, pone en evidencia cómo el Estado ha adoptado legislación que, bajo la apariencia de legalidad, ha sido utilizada para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, como la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y como esta práctica se profundiza con la aprobación de la reciente “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.

Raza e Igualdad solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, de los derechos a la libertad de expresión, asociación y derechos políticos, de la libertad personal y el principio de legalidad, de los derechos a la vida e integridad personal, del derecho a la protección de la honra y dignidad, del derecho a la propiedad privada, y de los derechos a la libre circulación y residencia, todos ellos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La petición también brinda a la CIDH la posibilidad de recomendar al Estado de Nicaragua la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan.

Raza e Igualdad condena represión del Gobierno cubano en contra de la sociedad civil y prensa independiente y exige respeto a la libertad de expresión y reunión pacífica

Washington D.C., 25 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena las acciones de represión que mantiene el Gobierno de Cuba en contra de la sociedad civil independiente en la Isla, a raíz de las protestas por la detención y enjuiciamiento del músico y activista Denis Solís. El domingo pasado estas acciones escalaron a un nivel más alto con la agresión y detención de más de una decena de activistas, además del asedio y censura a la prensa independiente local y extranjera.

Hasta el lunes, se supo de al menos 16 detenciones arbitrarias realizadas el domingo, la mayoría en el Parque Central de La Habana, a donde activistas y periodistas independientes habían acudido para realizar una manifestación pacífica para exigir la liberación del integrante del Movimiento San Isidro, Denís Solís. Solís fue detenido el pasado nueve de noviembre y condenado a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Las personas detenidas fueron liberadas poco tiempo después, pero mientras estuvieron retenidas fueron interrogadas, amenazadas y muchas fueron golpeadas. Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), están entre las personas que estuvieron privadas de libertad, así como la Dama de Blanco Berta Soler, el activista Ángel Moya, la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, y el periodista independiente Héctor Luis Valdés. En otras provincias también se reportaron incidentes. Por ejemplo, en Antilla, provincia de Holguín, fue detenido el colaborador del CIR, Esber Rafael Ramírez Argota, mientras que en la provincia de Matanzas las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro también fueron arrestadas.

Según información proporcionada a Raza e Igualdad, la jornada se tornó violenta no sólo por el gran número de oficiales de la Policía Revolucionaria y de la Seguridad del Estado que se dispersaron por el Parque Central en busca de los manifestantes, sino también por la aglomeración de grupos de civiles afines al Gobierno que frente a la omisión de las autoridades cubanas, gritaban ofensas y propinaban golpizas a los activistas y a los periodistas, tanto de la prensa local como internacional. En el caso de las y los activistas afrodescendientes, hubo insultos racistas.

Persecución al CIR

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en que integrantes del CIR son detenidos de forma arbitraria en lo que va de noviembre. Por un lado, el coordinador nacional de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana el pasado 12 de noviembre. El líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas y tanto a él como a su hermana Jacqueline Madrazo Luna, les incautaron sus computadoras personales, cinco cámaras de video, tres discos duros, un proyector, una grabadora de periodismo, una impresora, documentos del CIR, dinero en efectivo y otros bienes personales.

En tanto, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el pasado 19 de noviembre, a eso de las 10:30 de la mañana, en las afueras de su vivienda, ubicada en la capital cubana, mientras intentaban trasladarse a la sede del CIR, donde se iba a realizar una conferencia de prensa para abordar la falta de respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Según información compartida por el CIR a Raza e Igualdad, los activistas fueron trasladados en una patrulla a una unidad policial ubicada en Alta Habana, donde estuvieron detenidos por aproximadamente 48 minutos. Fueron obligados a permanecer durante todo ese tiempo en la patrulla encerrados y bajo sol. Luego de este tiempo fueron interrogados por dos oficiales identificados como “Osvaldo” y “Ricardo”; éste último es misma persona que dirigió la detención de Madrazo Luna.

Durante el interrogatorio, “Ricardo” los amenazó para que cesen su activismo con el CIR advirtiéndoles que no “les va a permitir ridiculizar la figura del presidente Díaz-Canel en las redes sociales”. Esto en clara alusión a la campaña que el CIR ha mantenido en el último mes en sus diferentes canales de comunicación para demandar una respuesta del Gobierno un año después del lanzamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Aproximadamente a las 12:30 pm fueron conducidos a la Unidad de Santiago de Las Vegas, donde finalmente fueron liberados a eso de las 2:50 pm.

En esa ocasión, la conferencia de prensa convocada por el CIR no pudo desarrollarse porque ninguno de los periodistas independientes invitados pudo acceder al lugar del evento. Su coordinador nacional, Juan Antonio Madrazo, dijo que su casa y también sede del CIR amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes permanecieron discretamente escondidos en las esquinas y vestidos de civil atentos a la concurrencia de las personas invitadas.

Represión en aumento

Tras la detención del músico y activista Denis Solís el pasado nueve de noviembre, el Gobierno cubano ha recrudecido las acciones violatorias de la libertad de expresión y ha aumentado las detenciones arbitrarias y ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas, pues estos se han unido para sobreponerse al asedio y censura y exigir a través de diferentes formas la liberación de Solís.

En la sede del Movimiento San Isidro permanecen atrincheradas 14 personas que se reunieron ahí el pasado 18 de noviembre para realizar una peregrinación a modo de protesta, pero fueron sitiadas por oficiales de la Seguridad del Estado, por lo que algunas decidieron iniciar huelga de hambre y/o sed. Hasta el momento se conoce que dos mantienen huelga de hambre y sed, y cinco están en huelga de hambre.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al gobierno cubano para que cesen los hechos de hostigamiento y persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los miembros del CIR. Creemos oportuno recordar la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos que exhortan a los Estados a desistir de la intimidación y suspensión de labores de defensa de los activistas y prohíben su discriminación incluso por motivos políticos. Además, nos unimos al llamado realizado este lunes 23 de noviembre  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se exhorta al Estado cubano “a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión”.

Mire aquí imágenes sobre la represión del domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana:

Foto de los activistas Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz tras ser liberados el pasado 19 de noviembre. 

Raza e Igualdad denuncia asedio del Gobierno cubano en contra de la periodista independiente María Matienzo y de la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez y exige respeto a la libertad de expresión en medio de la campaña por la liberación del activista Denis Solís

Washington D.C., 19 de noviembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y denuncia ante la comunidad internacional el asedio que mantiene la Policía y la Seguridad del Estado de Cuba en contra de la periodista independiente y escritora María Matienzo y de su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez. Desde el martes 17 de noviembre, al menos cuatro oficiales con una patrulla se mantienen afuera de su casa en La Habana y las amenazan con llevarlas a la cárcel cuando hacen intentos de salir.

En comunicación con Raza e Igualdad, Matienzo señaló que esta acción de represión se debe a la participación que tanto ella como Núñez Pérez han tenido en la campaña del Movimiento San Isidro para exigir la liberación del activista y músico Denis Solís, quien fue arrestado el pasado nueve de noviembre en la capital cubana y condenado dos días después a ocho meses de prisión en un juicio sumario por el supuesto delito de “desacato”.

Matienzo apuntó que el primer día de asedio intentaron salir de su casa, pero al acercarse a la calle, los oficiales encendieron la patrulla buscando acercase a ellas y arrestarlas. Además, su pareja estuvo sin datos de internet en su celular durante medio día, hecho que atribuyen a una acción deliberada desde la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), pues es muy común que activistas y opositores experimenten la suspensión del servicio.

La también periodista de CubaNet afirmó que este tipo de asedio es una práctica habitual. “A veces nos dejan salir y nos apresan a mitad de camino; en marzo, a Kirenia la dejaron llegar a las cercanías del lugar donde iba a tener una reunión y la apresaron, la montaron a una patrulla bajo el sol y la interrogaron”, dijo Matienzo, quien agregó que el pasado diez de octubre su pareja enfrentó algo muy similar: mientras caminaba hacia la sede del Movimiento San Isidro fue arrestada y llevada a una estación policial donde la mantuvieron más de cinco horas.

A ello se suma que en marzo pasado Núñez Pérez, quien es psicóloga y coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, recibió una multa de 100 pesos tras ser acusada falsamente de saltar un dispositivo de seguridad. En enero le entregaron una carta de advertencia en la que la amenazaron con arrestarla y procesarla por “introducir material contrarrevolucionario” al país.

Jornada de represión

La periodista y escritora María Matienzo hizo hincapié en que ella y su pareja no son las únicas víctimas de esta jornada de asedio y persecución, sino que hay decenas de personas que han sido golpeadas, amenazadas y arrestadas desde la semana pasada, luego de que el Movimiento San Isidro decidiera emprender una serie de acciones para protestar por la detención arbitraria del activista Denis Solís y exigir su liberación.

“Creo que Denis Solís forma parte de un perfil racial sobre el que se ensañan más teniendo en cuenta que vivimos en una dictadura machista, homofóbica y racista (…) es insostenible la situación de falta de libertad de expresión en la Isla, pero hemos decidido no callarnos, la gente tiene que ir despertando porque este es un mal que nos aqueja a todos por igual”, expresó.

Ante esta jornada de represión, al menos nueves activistas de un grupo que se encuentra en la sede del Movimiento San Isidro decidieron iniciar la tarde del miércoles una huelga de hambre. Según Matienzo, en total son 14 personas las que permanecen en las instalaciones del Movimiento, pues se reunieron ahí hace tres días para hacer una peregrinación poética por la liberación de Denis Solís, pero un grupo de alrededor de 100 hombres entre civiles, policías y agentes de la Seguridad del Estado llegaron a rodearlos para impedir su salida, y después incautaron la comida que les estaba compartiendo una vecina.

Desde Raza e Igualdad condenamos estas acciones que son violatorias de derechos humanos y requerimos al Gobierno cubano adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección inmediata de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. Recordamos que a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados.

 

La imagen que acompaña este artículo corresponde a dos fotografías de la patrulla que asedia la casa de María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez. 

Raza e Igualdad exige al Gobierno de Cuba que cese la persecución en contra de activistas de la sociedad civil independiente tras detención arbitraria del líder afrocubano Juan Antonio Madrazo

Washington D.C., 13 de noviembre de 2020.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia y condena la detención arbitraria de la cual fue objeto el activista cubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, quien permaneció privado de libertad por más de dieciocho horas y cuyo paradero durante ese tiempo fue desconocido por sus familiares y colegas. Raza e Igualdad exige al Gobierno que cese la persecución en contra de las y los ciudadanos que integran organizaciones de la sociedad civil independiente en la Isla.

Según información brindada a Raza e Igualdad por la activista Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, el señor Madrazo fue detenido de forma violenta por agentes de la Seguridad del Estado a eso de las cuatro de la tarde del jueves 12 de noviembre en su casa en La Habana. Los oficiales además sustrajeron bienes personales del activista y su hermana Jacqueline Madrazo, quien se encontraba con él al momento de la detención. Entre los objetos ocupados están dos computadoras personales, una cámara, un proyector, una grabadora, una pantalla para proyecciones, libros y documentos del CIR.

Ante la noticia de su arresto, Raza e Igualdad se unió a las voces que denunciaron la desaparición forzada del señor Madrazo, pues, aunque fue liberado la mañana de este viernes, durante las más de doce horas de su detención sus familiares y colegas no recibieron información sobre su paradero, aun cuando acudieron a al menos seis estaciones policiales para conocer dónde y cómo se encontraba el líder afrocubano.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, el activista señaló que el allanamiento arbitrario a su casa duró casi una hora y posteriormente lo trasladaron a la unidad de Zapata y C, donde lo mantuvieron en un calabozo durante una hora antes de someterlo a un interrogatorio en el que los oficiales lo amenazaron con procesarlo penalmente. Después, fue llevado a la unidad de 7ma y 62, en Miramar, que es la unidad de Investigaciones Criminales, y ahí estuvo privado de libertad hasta su liberación la mañana de este viernes.

Cabe señalar que estas acciones ocurren luego de que el CIR realizara acciones de difusión del informe Negación, exclusión y discriminación, que aborda la situación de derechos humanos de las y los afrocubanos y mestizos, y de otro informe sobre la discriminación racial en el mercado laboral cubano. Ambos documentos han sido difundidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en 2017 fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otras detenciones

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) también informó a Raza e Igualdad sobre la detención este jueves en Antilla, provincia de Holguín, de los activistas Esber Rafael y Braulio Hastié, a quienes el mayor de la Seguridad del Estado Henry Borrero Peña les “robó” una cámara fotográfica, denunció la organización. El mismo día también fueron detenidos y liberados horas después el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la periodista independiente Iliana Hernández.

Las acciones de asedio y hostigamiento, así como las detenciones arbitrarias por varias horas o días, son una constante del Gobierno en contra de activistas de la sociedad civil independiente en Cuba. Como organización que vela por los derechos humanos, Raza e Igualdad exige a las autoridades que cese esta persecución y que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de movilización y a la libertad de organización, de acuerdo con los estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento.

Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH llaman al Estado a cesar represión en contra de mujeres activistas

Washington D.C., 28 de octubre de 2020.– Representantes de la sociedad civil independiente en Cuba y la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionada Margarette May Macaulay, demandaron al gobierno de Cuba cesar la persecución y criminalización de mujeres activistas en la Isla, a la vez que mostraron su disposición a seguir registrando y denunciando las violaciones a derechos humanos en el país.

La Relatora Macaulay y tres integrantes de la organización Damas de Blanco participaron este martes 27 de octubre en el evento virtual ¡Cubanas Libres Ya! Situación de las prisioneras políticas en Cuba, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), como parte de la campaña #CubanasLibresYa, la cual se viene ejecutando desde marzo pasado y busca visibilizar la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que se organizan para denunciar violaciones de derechos humanos en la Isla y exigir condiciones de vida digna para todas y todos.

Contexto

En sus palabras de bienvenida, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recordó que el Estado cubano ocupe el Código Penal para criminalizar a las personas que expresan opiniones en contra del Gobierno, violando así sus obligaciones internacionales para el respeto y la garantía de los derechos humanos. “Específicamente, las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho Código, como el desacato, el atentado o figuras como la peligrosidad social”, dijo.

En tanto, la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, señaló que entre enero y septiembre de este año el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 1,249 detenciones arbitraria, incluidas 367 detenciones de mujeres, además que actualmente hay al menos 10 prisioneras políticas, ya sea en las cárceles cubanas, bajo arresto domiciliar u obligadas a realizar trabajos correccionales.

Por su parte, la oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Caitlin Kelly, apuntó que, a pesar de los obstáculos para acceder a información confiable, la organización ha tenido acceso a datos que dan cuenta de la situación de marginalización y pobreza que enfrentan las mujeres en Cuba, por lo que tienen muchas razones para alzar sus voces, protestar y exigir cambios al Gobierno. “Sin embargo, como ha reconocido la CIDH, la libertad de expresión en Cuba no existe. La Seguridad del Estado, la Policía, las Brigadas de Respuesta Rápida y otras autoridades interrumpen violentamente estas manifestaciones y buscan razones para meter a las y los participantes a prisión”, enfatizó Kelly.

Exposición de casos

En el evento se presentó un video documental que resume la situación de las prisioneras políticas en Cuba, y se contó con la participación de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y de las exprisioneras políticas Yolanda Santana y Xiomara Cruz, quienes también forman parte de dicha agrupación. Aunque el objetivo fue sostener un conversatorio con las activistas, hubo problemas en la conexión a Internet en el caso de Soler y Santana. No obstante, ambas pudieron compartir sus testimonios a través de videos grabados con anterioridad.

Soler expuso que en los últimos cinco años ha sido detenida más de 200 veces, llegando a ser aprehendida de forma arbitraria hasta tres veces en una sola semana. “Recuerdo en una de las detenciones, dos policías uniformadas me aplicaron la técnica de asfixia, una llave en el cuello para estrangularme, y al mismo tiempo (una de ellas) introduciendo sus dedos dentro de mis ojos, provocándome un derrame ocular. No conformes con esto, me confinaron en una celda por más de 24 horas sin agua para tomar y ni para uso sanitario, y no recibí alimento en todo ese tiempo”, relató la líder de las Damas de Blanco, cuya última detención ocurrió el pasado 8 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

Yolanda Santana, cuyo caso es uno de los diez reconstruidos por Raza e Igualdad para la campaña #CubanasLibresYa, señaló que desde que forma parte de las Damas de Blanco ha sido objeto de decenas de multas arbitrarias que, para ella son imposibles de pagar, por lo que en julio de 2018 fue detenida bajo el cargo de “impago de multas” y sometida a un juicio irregular en el que no le permitieron el derecho a la defensa. Santana permaneció un año en el Centro Penitenciario de Mujeres “El Guatao”, donde sufrió tratos inhumanos y degradantes.

La también Dama de Blanco, Xiomara Cruz, participó en el evento desde Miami, donde se encuentra desde inicios de este año gracias a una visa humanitaria que le concedieron para viajar y acceder a un tratamiento adecuado para tratar una enfermedad grave que adquirió estando en prisión. La activista denunció que su delicado estado de salud es producto del mal trato que recibió en la cárcel y la falta de atención adecuada en hospitales cubanos.

Cruz ha sido presa política dos veces. En abril de 2016, fue arrestada en un parque en La Habana junto a tres otras activistas, y detenida en “El Guatao” por un año y ocho meses antes de ser enjuiciada. Recibió la libertad condicional casi dos años después de esa detención inicial, pero en septiembre de 2018 fue detenida nuevamente y condenada a un año y cuatro meses de privación de libertad por “amenazas” luego de sostener una discusión con un vecino que lanzó piedras a su casa.

Una situación que no se puede aceptar

La Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, mostró su preocupación por la situación de persecución y criminalización con las activistas cubanas. Dijo que, aunque el número de mujeres prisioneras es relativamente pequeño comparado con el de hombres, el efecto del encarcelamiento de mujeres es extremadamente perjudicial no solo para ellas, sino para sus familias y sus comunidades.

Macaulay expresó que esta situación es inaceptable y “debe parar”, a la vez que señaló varios derechos humanos y estándares internacionales para personas privadas de libertad que el Estado cubano viola en estas circunstancias, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación, y el acceso a un techo digno y a la higiene.

Enfatizó que, desde su Relatoría y la CIDH misma, mantienen un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en Cuba, por lo que invitó a las organizaciones de la sociedad civil local e internacional a apoyar las acciones de documentación y denuncia para enriquecer los comunicados e informes que realizan. Macaulay expresó que esperan que el Gobierno detenga las detenciones arbitrarias y garantice los derechos a la libertad de expresión y al acceso a información.

En tanto, desde Raza e Igualdad seguiremos atentos a la situación de las prisioneras políticas en Cuba para denunciarla y exigir que el país cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Les invitamos a conocer más sobre la campana #CubanasLibresYa, en su sitio web en español https://www.cubanaslibresya.com y en su sitio web en inglés https://www.cubanaslibresyaeng.com

Puede acceder aquí al video documental ¡Cubanas Libres Ya! https://youtu.be/gTQcFGute4g 

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