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CIDH da trámite a petición de declarar la responsabilidad del Estado de Cuba por violaciones de derechos humanos registradas entre 2019 y 2020 en contra de integrantes de la UNPACU

CIDH da trámite a petición de declarar la responsabilidad del Estado de Cuba por violaciones de derechos humanos registradas entre 2019 y 2020 en contra de integrantes de la UNPACU

Washington D.C., 8 de abril de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar trámite a la petición presentada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para que dicho organismo declare la responsabilidad del Estado de Cuba por la violación de derechos humanos de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras ser detenidos, torturados y enjuiciados arbitrariamente entre octubre de 2019 y abril de 2020.

En la petición se identifican como víctimas a los integrantes de UNPACU: José Daniel Ferrer García (fundador y líder de la organización), Fernando González Vaillant, Roilan Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco*, y se denuncia que los cuatro ciudadanos fueron detenidos el 1 de octubre de 2019 sin orden de arresto, al margen de las garantías judiciales contenidas en la legislación cubana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad solicita expresamente a la CIDH que, previo el trámite reglamentario, declare la responsabilidad del Estado de Cuba con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la violación de los derechos a la libertad, seguridad, integridad personal, libertad de expresión, protección a la honra y reputación personal, protección familiar, salud, protección contra la detención arbitraria y proceso regular en contra de los integrantes de la UNPACU antes mencionados. También solicita que, a partir del análisis de este caso, establezca un estándar de caracterización de “personas presas políticas”.

La CIDH notificó que la petición ya fue enviada al Estado cubano para que presente sus observaciones, para lo cual le dio un plazo de tres meses que cuentan a partir del 15 de marzo de 2021.

Con el inicio a trámite de este caso, la CIDH recibirá información del Estado y de Raza e Igualdad para determinar, en un informe que hará público, si la petición es admisible o no, con base en un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y el Estatuto de la propia Comisión. Una vez declarada la admisibilidad, la CIDH examinará los hechos, argumentos y pruebas que se hayan presentado, con lo cual estará en posibilidad, en su caso, de declarar al Estado de Cuba responsable de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los miembros de la UNPACU y formulará al Estado recomendaciones dirigidas a brindarles justicia y reparación.

Los hechos

Tras ser detenidos el 1 de octubre de 2019, los integrantes de UNPACU estuvieron sometidos a prisión preventiva y condiciones de prisión inadecuadas durante seis meses y dos días, hasta el 03 de abril de 2020, fecha en la que fueron liberados para cumplir condenas en régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria. Mientras estuvieron en prisión, fueron sometidos a malos tratos, amenazas, incomunicación y condiciones que afectaron su integridad personal.

Continuum de violaciones

Las violaciones de derechos humanos que han enfrentado los integrantes de la UNPACU van más allá de los hechos alegados en la petición, pues han sido reprimidos por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones debido a su labor de defensa y promoción de la democracia y derechos humanos en la Isla.

El fundador y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, inició el pasado 20 de marzo una huelga de hambre a la cual se han sumado varias decenas de personas que también forman parte de UNPACU, como una forma de protestar por la represión del Gobierno que, desde hace tres semanas, mantiene cercada la sede de la organización y ha realizado varias detenciones arbitrarias de integrantes y sus familiares.

Este miércoles 7 de abril, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que expresa su “mayor alerta” ante la delicada situación de las personas que se encuentran en huelga de hambre, y responsabiliza al Gobierno por llevar a dicho extremo la represión en contra de UNPACU y sus integrantes.

Además, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Cuba, se ha pronunciado sobre esta situación, solidarizándose con los miembros de la organización y exhortando al Estado cubano a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos a fin de evitar “el riesgo a la vida e integridad de las personas que sufren ya un deterioro físico visible”.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Gobierno cubano a cesar las acciones de represión en contra de UNPACU y sus integrantes, y a escuchar las demandas de la sociedad civil independiente referidas a garantías de democracia y respeto de derechos humanos en la Isla.

 

*En la petición enviada a la CIDH por Raza e Igualdad en octubre de 2020, se incluyó entre las víctimas al entonces integrante de UNPACU José Pupo Chaveco; sin embargo, posteriormente se notificó formalmente a la Comisión la imposibilidad de continuar la representación del mismo, a partir de la información recibida de que ya no forma parte de la organización y se ha perdido contacto con él.

 

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades  a través  del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH. 

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: «¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la «ideología de género» impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

  • Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
  • Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados ​​por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
  • Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
  • Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
  • Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
  • Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
  • Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

 

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

Cuba: CIDH otorga medidas cautelares a la periodista independiente María Matienzo Puerto y a la defensora de derechos humanos Kirenia Núñez Pérez

Washington D.C., 23 de marzo de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la periodista y escritora María Matienzo Puerto, y de la activista Kirenia Núñez Pérez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.

En la resolución 21/2021, la CIDH señala que, en un lapso aproximado de siete años, la pareja ha enfrentado diversos eventos de riesgo como amenazas, seguimientos, intimidaciones y agresiones, acompañados de mensajes descalificativos. La Comisión indica también que solicitó información al Estado el 18 de junio de 2020, sin que hasta la fecha haya recibido alguna respuesta.

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH advierte con especial preocupación que uno de los mensajes descalificativos indicaba que Núñez Pérez debía “calmar” a su pareja Matienzo Puerto. Esto, según la Comisión, manifiesta un prejuicio existente de género en torno a la labor de mujeres defensores de derechos humanos y genera una “acentuada” situación de riesgo en torno a prejuicios relacionados a “los roles que deberían jugar en la sociedad”.

En virtud de tales circunstancias, la CIDH solicitó al Estado de Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Matienzo Puerto y Núñez Pérez; b) adopte las medidas necesarias para que las beneficiarias puedan desarrollar sus actividades de periodista independiente y defensora de derechos humanos, respectivamente, sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Intimidación y persecución

Tanto la periodista y escritora María Matienzo Puerto como la activista Kirenia Núñez Pérez –quienes comparten la misma residencia porque son pareja—son constantemente víctimas de intimidación y persecución por parte de agentes del Estado o por civiles que se identifican a favor del Gobierno, situación que trasciende a las redes sociales.

Aunque no consta en los hechos referidos por la CIDH en su resolución, cabe destacar que el último hecho de represión ocurrió el pasado 12 de marzo, día en que oficiales no identificados interceptaron a Matienzo Puerto al salir de su casa, la obligaron a subirse a un vehículo y la retuvieron por varias horas en una estación de Policía, tiempo en el que su paradero fue desconocido. Ahí, los oficiales la interrogaron y la amenazaron por su labor de periodista y por tener contacto o amistad con otros activistas independientes.

Desde Raza e Igualdad exhortamos al Estado de Cuba a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de María Matienzo Puerto y Kirenia Núñez Pérez, en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos y como integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También llamamos a las autoridades a garantizar y respetar la labor de las y los periodistas independientes en la Isla, y de personas defensoras de derechos humanos.

Ante CIDH: Política de colonización del Estado nicaragüense expone a los pueblos indígenas al etnocidio

19 de marzo de 2020.- La colonización de territorios indígenas en la costa caribe nicaragüense, alentada por actividades extractivas sobre los bienes naturales esenciales para la subsistencia de comunidades miskitu y mayangna; las graves violaciones cometidas para despojarles de sus territorios; el desplazamiento forzado y la crisis alimentaria derivados de ello exponen a estos pueblos a un posible etnocidio.

Estos hechos fueron expuestos ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática “Impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica en Nicaragua”, celebrada en el marco del 179° Periodo de Sesiones de este organismo.

Durante el espacio, organizaciones de sociedad civil denunciaron que las industrias de la ganadería, la minería de oro y la explotación forestal han impulsado la colonización de la costa caribe, en complicidad con el Estado nicaragüense, que ha fallado en cumplir con el proceso de saneamiento territorial y en garantizar la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes para la instalación de proyectos extractivos. Asimismo, aseguraron que el Estado nicaragüense tiene participación e intereses en estos sectores, entre otros, a través de la agencia de promoción de inversiones (ProNicaragua), su plan cuatrienal de desarrollo humano, y de la participación directa de empresas estatales y paraestatales en el despojo, como ENMINAS y Alba Forestal.

Al respecto, las organizaciones expusieron que Nicaragua tiene la mayor industria ganadera de Centroamérica, la cual se destina en 95% a exportaciones. La minería de oro también ha crecido bajo el gobierno de Ortega, destinando aproximadamente el 60% de la masa terrestre de Nicaragua a concesiones mineras, incluyendo aquellas de exploración en territorios autónomos. También denunciaron que altos funcionarios del gobierno regional y nacional han aprobado la venta ilícita de tierras y permisos de tala en comunidades indígenas; y plantearon su preocupación sobre la regulación del permiso para la extracción de árboles caídos tras el paso de IOTA y ETA en 2020.

El Estado de Nicaragua también ha promovido los intereses privados y el control político en los territorios indígenas y afrodescendientes mediante la instalación de gobiernos comunales y territoriales paralelos, mientras se niegan a reconocer a las autoridades comunales y territoriales elegidas por la población.

A raíz de esta política de despojo, tan solo en el 2020 se documentaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad. Así, en la última década, entre 2011 y 2021, se han registrado 49 indígenas miskitu muertos, 53 personas lesionadas, 46 secuestradas y 4 desaparecidas. Las organizaciones estiman que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a 1000 personas miskitu en tan solo 12 comunidades. A la fecha, estos hechos se mantienen impunes.

Las personas y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos de los pueblos indígenas en esta región también enfrentan graves riesgos. De acuerdo con las organizaciones, viven hostigamiento continuo, actos de estigmatización y amenazas, acoso digital, y barreras administrativas y burocráticas impuestas por el gobierno para limitar su labor. Esto, sin que el Estado cumpla su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos contra personas defensoras, como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017.

Frente a este contexto, la presidenta de la Comisión Interamericana, Antonia Urrejola, recordó al Estado de Nicaragua su obligación de cumplir con el saneamiento de los territorios de la costa caribe, así como el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva que contempla no solo la titulación de territorios ancestrales, sino la obligación de no otorgar concesiones de exploración o explotación en estos territorios; y respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, el Estado de Nicaragua, representado por Wendy Morales Urbina Procuradora General de la República, se comprometió a recibir información por parte de las organizaciones de sociedad civil, así como informar a la CIDH sobre la situación de los pueblos indígenas en la costa caribe y sus medidas para responder a los hechos presentados.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

  1. Cesar de inmediato todo tipo de amenazas y ataques contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y se abstenga de tomar represalias contra las personas partícipes de la audiencia.
  2. Investigar exhaustiva e imparcialmente y de manera inmediata los hechos denunciados, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
  3. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas a las comunidades indígenas.
  4. Informar sobre los planes y medidas concretas para implementar el saneamiento de los 23 territorios de la costa caribe.
  5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas de sus comunidades y garantizar el acceso adecuado a servicios básicos.

Las organizaciones de sociedad civil que participaron en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Raza e Igualdad se une a Relatora Especial de la ONU en su llamado al Gobierno de Cuba para poner fin a la intimidación y detención contra los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

Washington D.C., 11 de marzo de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra y se une al pronunciamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, en el que llama al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

«Los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la Isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar», dijo Lawlor, quien precisó que esta situación en contra de las personas que integran el CIR se repite desde el año 2017. Además, resaltó que se les ha impedido viajar a eventos internacionales relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos, sin ninguna explicación.

La Relatora Especial señaló que las personas defensoras en Cuba son objeto de ataques y frecuentemente «sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades.» Agregó que «los defensores de los derechos humanos no deben ser objeto de represalias por su legítima labor para contribuir a crear una sociedad civil y justa».

El llamamiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos fue respaldado por cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana, entre ellos su presidenta, Dominique Day, así como por  el Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule.

Relevancia

Raza e Igualdad destaca y celebra el hecho que este pronunciamiento surja en un momento en que el Gobierno cubano ha intensificado la persecución y criminalización en contra de activistas y representantes de la sociedad civil independiente en la Isla, entre quienes se encuentran las y los integrantes del CIR, los cuales aparte de enfrentar represión por su trabajo a favor de la justicia racial, han sido objeto de ataques con un discurso estigmatizante difundido por funcionarios y personas afines al Gobierno.

En una entrevistada brindada en días recientes a Cubavisión Internacional, el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Comisión Aponte, Pedro de la Hoz, descalificó la labor del CIR y de la organización independiente Cofradía de la Negritud. Calificó a sus representantes como “infames” y “mercenarios”, tras hacer alusión al trabajo de incidencia que han realizado ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para denunciar las violaciones de derechos humanos de la población afrocubana.

Recordamos también que el coordinador nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna, fue detenido arbitrariamente el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En tanto, los también representantes del CIR, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, fueron detenidos el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana.

Desde Raza e Igualdad rechazamos toda declaración que estigmatice la labor de defensa de los derechos humanos y que expone a las personas que la ejercen a represalias de parte de funcionarios o personas afines al Gobierno. Demandamos que el Estado de Cuba respete los derechos a la libertad de expresión y de asociación de integrantes de la sociedad civil independiente, y recordamos que—en el caso del CIR—sus dirigentes Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, llamamos a las autoridades a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población afrocubana, acorde a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La foto corresponde a una audiencia ante la CIDH en marzo de 2017, en la que participaron los representantes del CIR Marthadela Tamayo y Juan Antonio Madrazo(en el centro), en su calidad de integrantes de la sociedad civil independiente en Cuba. Crédito: CIDH/Flickr. 

Raza e Igualdad lanza informe sobre derechos humanos del Pueblo Afroboliviano con miras a incidir en la adopción de políticas públicas para la garantía de todos sus derechos

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “Situación de Derechos Humanos del Pueblo Afroboliviano”, con el objetivo de brindar un panorama amplio sobre la presencia y derechos de la población afrodescendiente en Bolivia, tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional, y tomando en cuenta los principios de igualdad y no discriminación.

Este país suramericano celebrará el próximo 7 de marzo las elecciones subnacionales, en las que se elegirán 9 gobernantes, 337 alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2,000 concejales. Por tanto, el informe busca ofrecer información clave para la adopción de políticas públicas que tomen en cuenta la presencia y derechos de las más de 25 mil personas que actualmente se autoreconocen como afrobolivianas y afrobolivianos.

“El Pueblo Afroboliviano logró su inclusión en la Constitución Política del Estado de 2009 y el reconocimiento de un catálogo amplio de derechos humanos individuales y colectivos”, refiere Ivanna Fernández Martinez, autora del informe, y para quien “aún se requiere un análisis y evaluación exhaustivos para desarrollar política pública coherente en atención a los derechos diferenciados y las prioridades de este segmento heterogéneo de la población, así como el seguimiento y monitoreo a su implementación”.

Fernández Martinet destaca que “las políticas públicas aplicadas al sector (Pueblo Afroboliviano) deben ser sensibles a las cuestiones de género y culturalmente adecuadas, enfocadas en mejorar su calidad de vida y valorar su cultura”.

Contenido del informe

El informe se divide en cinco partes. La primera identifica la presencia y el registro de la población afroboliviana en el país, la segunda presenta el modelo de Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo el reconocimiento constitucional del Pueblo Afroboliviano y la titularidad de; la tercera parte aborda el racismo y la discriminación racial que viven las y los afrobolivianos y la descripción del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para combatir este flagelo.

Luego, la cuarta parte describe la situación de los derechos humanos de la población en las zonas rurales y la quinta reúne los principales desafíos de las mujeres afrobolivianas por la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a sus condiciones particulares. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones en todos los ámbitos.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de Raza e Igualdad. Puede ser consultado y descargado por medio de este link: https://bit.ly/3nTMm0Y

Sociedad civil nicaragüense y expertos internacionales abogan por una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre crisis en Nicaragua

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– En el marco del 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil nicaragüense y víctimas de violaciones de derechos humanos, con el acompañamiento y respaldo de expertos internacionales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abogaron por la aprobación de una nueva resolución que refuerce el mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para monitorear la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.

El evento “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de derechos humanos en Nicaragua” contó con la participación de Thelma Montenegro, familiar de dos presos políticos y de cuatro personas asesinadas en el contexto de la represión desatada por las protestas sociales de abril de 2018; Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN); Aníbal Toruño, director de Radio Darío y víctima de constante asedio policial en su casa y medio de comunicación; Clément Voule, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, y Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH. Como moderadora estuvo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Contexto

La Alta Comisionada Michelle Bachelet compartirá un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el 46º  período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse del 22 de febrero al 23 de marzo, por lo que doce organizaciones nacionales y regionales, entre ellas el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaron este evento para exponer de forma detallada y actualizada las violaciones a derechos humanos en el país y, por tanto, la necesidad de que dicho Consejo mantenga y refuerce el mandato de la Alta Comisionada.

Caso familia Montenegro

Thelma Montenegro expuso la persecución, violencia y criminalización que ha enfrentado su familia por su participación en las manifestaciones ciudadanas de abril de 2018. “Esta actuación de nuestra parte desencadenó el odio, la persecución, la crueldad de los adeptos al partido de Gobierno”, dijo, y señaló que desde entonces han sido asesinados cuatro miembros de su familia, entre ellos sus hermanos Oliver y Edgar Montenegro y su esposo Francisco Blandón.

Montenegro señaló también que permanecen en prisión sus sobrinos Oliver Montenegro Muñoz, quien fue detenido el 21 de junio de 2020 y acusado del delito de homicidio frustrada, por el cual fue condenado a 10 años de cárcel, y Dorling Montenegro Muñoz, quien fue capturado el 30 de noviembre de 2020 y es acusado de cometer los delitos de obstrucción de funciones, posesión y tenencia ilegal de armas y asesinato en grado de tentativa.

“Pedimos una mirada y un accionar contundente hacia nuestro país (…) Estamos en un año electoral y justamente este momento es la oportunidad para poder cambiar nuestra historia, que no se repita tanto sufrimiento”, expresó Montenegro.

Violencia e indefensión en el Caribe Norte

La defensora de derechos humanos y presidente CEJUDHCAN, Lottie Cunningham, manifestó en su presentación que a medida que el espacio cívico y las garantizas democráticas se cierran en Nicaragua, se agudiza el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, subrayando que solo en el 2020 fueron asesinadas 13 personas, hubo 8 heridos, 2 secuestrados y una comunidad desplazada producto de esa situación.

Del 2011 a la fecha, dijo Cunningham, 49 indígenas han sido asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos. “Producto de la violencia, se estima que 3,000 personas tan solo del pueblo Miskitu se encuentran desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras departamentales, así como en comunidades fronterizas con Honduras”, detalló la defensora de derechos humanos, quien denunció que estas acciones son cometidas por actores no estatales bajo la anuencia estatal, por lo que se encuentran totalmente impunes.

Además, mostró su preocupación por la aprobación de las recientes leyes como Ley de Regulación de Agentes y la Ley de Ciberdelitos, a las que llamó “disposiciones represivas sobre la defensa de derechos de los pueblos indígenas”. En ese sentido, Cunningham dijo que el Ministerio de Gobernación se ha rehusado en reiteradas ocasiones a aceptar la documentación necesaria para acreditar a la junta directiva de CEJUDHCAN y que los integrantes de la organización son constantemente señalados de ser difusores de noticias falsas.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y exhortamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apruebe una resolución para Nicaragua y que incorpore la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, enfatizó.

Ataque a la prensa independiente

El director de Radio Darío en la ciudad de León y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, Aníbal Toruño, se refirió a las acciones del Gobierno en contra del periodismo y medios de comunicación independientes, que incluyen, el enjuiciamiento de al menos tres periodistas y la confiscación de Confidencial y 100% Noticias desde abril 2018 hasta la fecha.

Toruño indicó que, el gobierno de Daniel Ortega ha propiciado el cierre de más de 20 medios de comunicación y al menos 10 programas de opinión y noticieros. Además que, actualmente, de los 13 canales de señal abierta, solo sobreviven dos, incluido Canal 12 que se encuentra embargado desde mediados de septiembre 2020.

Sobre su caso particular, Toruño manifestó que en los últimos tres años ha habido 125 asedios policiales a Radio Darío y 32 a su casa, la cual fue allanada en tres ocasiones de forma ilegal y violenta entre el 4 de enero y el 4 de febrero de 2021.

Preocupación internacional

Tanto el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, Clément Voule, como el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua, la cual, coincidieron, se ha agravado con la aprobación de leyes que restringen derechos civiles y políticos y contemplan encarcelar a personas que difundan información que el Gobierno considere amenazas.

“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación”, indicó Voule, quien recordó que desde la crisis de 2018 ha hecho varias solicitudes para visitar el país, pero estas no han sido respondidas por el Gobierno.

“Otra preocupación es la falta de información o información falsa usada contra estas personas -que incluye mujeres, miembros de la comunidad LGBTI o ambientalistas, a las que acusan como terroristas o narcotraficantes”, agregó.

En tanto, Pedro Vaca dijo que en Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura y que la actividad parlamentaria en el país parece estar enfocada en erosionar el Estado de derecho. Para el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el país hay un “desmantelamiento del tejido social” y existe el peligro de que se reduzca la posibilidad de “perder información” sobre las violaciones a los derechos humanos. “El miedo está presente en Nicaragua y lo estamos escuchando, y es parte de lo que ojalá pueda ser incluido dentro de los análisis que se están haciendo”, agregó.

Llamado por una nueva resolución para Nicaragua

La moderadora del evento y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, indicó que la crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste y se acentúa, además que el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sigue siendo crítico debido a la continua negativa del Gobierno a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos humanos.

En nombre de las organizaciones que promovieron el evento, Guevara instó a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos a que se asegure una resolución firme sobre Nicaragua que renueve completamente el mandando de la Oficina de la Alta Comisionada.

Guevara enfatizó que esta nueva resolución debe establecer claros criterios de cooperación y enviar un mensaje claro de la comunidad internacional en apoyo a las víctimas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes, y que la búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional.

Puede ver la grabación del evento aquí:

Dirigentes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba reciben medidas cautelares de parte de la CIDH a solicitud de Raza e Igualdad

Washington D.C., 22 de enero de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

La CIDH solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, así como para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores, incluyendo medidas para que puedan ejercer su libertad de expresión.

La Comisión también solicitó al Estado que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe, en un plazo de 15 días, sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Raza e Igualdad solicitó las medidas cautelares detallando la situación de amenazas, hostigamientos, vigilancias, persecuciones, detenciones y actos de violencia que enfrentan Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y otros miembros del CIR, quienes han sido detenidos de manera arbitraria en varias ocasiones.

Hechos de persecución

Entre los hechos de persecución que han enfrentado los tres integrantes del CIR que fueron beneficiados con las medidas cautelares, está la detención de su Coordinador Nacional, Juan Antonio Madrazo Luna, el 12 de noviembre de 2020, luego de que agentes de la Seguridad del Estado allanaran su casa en La Habana y se llevaran varios objetos de trabajo y personales, tanto de él como de su hermana. En esa ocasión, el líder afrocubano estuvo en paradero desconocido por más de 18 horas.

Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz también han enfrentado varios actos de represión, como la detención de la que fueron objeto el 22 de noviembre de 2020, durante una manifestación en el Parque Central de La Habana para exigir la liberación del músico y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís. Antes de ser detenidos, ambos fueron asediados y fuertemente golpeados por simpatizantes del Gobierno.

Raza e Igualdad espera que, atendiendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Estado de Cuba atienda las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantice la integridad personal de Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz. Además, que les permita realizar su labor de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de persecución, asedio y actos de violencia de parte de la Policía, la Seguridad del Estado o personas afines al Gobierno.

Raza e Igualdad Colombia se une a la CIDH para demandar que el Estado colombiano no deje impune el feminicidio contra niña afrodescendiente en el Cauca

Bogotá, 20 de enero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar que el Estado colombiano investigue a fondo el feminicidio cometido en contra de la niña Maira Alejandra Orobio Solís, teniendo en cuenta que este crimen forma parte de un patrón sistemático de agresiones y violaciones en perjuicio de la población afrocolombiana que Raza e Igualdad ha venido visibilizando.

El cuerpo de Maira Alejandra, de once años, fue encontrado sin vida y con signos de violación y tortura la madrugada del 11 de enero de 2021 en una zona verde del barrio Santa Mónica, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. El crimen ha generado conmoción a nivel nacional y según declaraciones del Monseñor Alberto Correa Martínez, Vicario de Guapi, estos actos de violencia no son atípicos en esta municipalidad.

El religioso se solidarizó con la familia de la niña y solicitó a las autoridades competentes toda la celeridad en el proceso investigativo, pero también denunció que “hay cierta sistematicidad en la persistencia de violaciones a niñas y jóvenes en nuestro municipio”, lo cual contrasta con el hecho que, en el año 2019, la niña Maira Alejandra Orobio Solís fue víctima de abuso sexual.

Según información oficial, el responsable de dicho delito fue capturado, judicializado y condenado; sin embargo, las medidas complementarias para garantizar los derechos fundamentales de la niña no tuvieron como consecuencia la superación de las condiciones de vulnerabilidad que propiciaron el primer acto de violencia. Por el contrario, estas persistieron dando lugar a la revictimización de la menor y sus familiares.

Llamado al Estado

Raza e Igualdad demanda que el Estado colombiano, a través de las entidades competentes, redoble los esfuerzos para esclarecer este crimen y castigar a la persona responsable; además, que brinde ayuda psicosocial a la familia de la víctima y garantice la superación de las condiciones de vulnerabilidad que dieron lugar a los episodios de violencia contra la niña Maira Alejandra Orobio Solís.

También solicita que Fiscalía General de la Nación tenga una presencia real en el territorio de Guapi, es decir, que esta no sea solamente virtual y a discreción de los funcionarios públicos, sino que se realice de tal forma que asegure la debida diligencia en el desarrollo de las labores investigativas.

A la luz de este nuevo crimen, Raza e Igualdad insta al Estado a combatir la impunidad e ineficacia de la administración de justicia en los delitos contra la niñez basados en género donde además converjan otros factores de vulnerabilidad como la pobreza y la discriminación racial, y le recuerda que todas estas acciones y demandas están en correspondencia con su obligación de garantizar la vida digna de las mujeres, jóvenes y niñas en el país, y velar porque estos actos de violencia en su contra no se normalicen.

Sociedad civil de Nicaragua expone ante la CIDH la situación de 110 personas prisioneras políticas

Washington, D.C., 10 de diciembre de 2020. Un grupo de personas defensoras de derechos humanos expuso hoy ante comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves violaciones a sus derechos humanos a la que se enfrentan actualmente 110 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, durante una audiencia celebrada en el marco del 178 periodo de sesiones de la Comisión.

Por parte de las organizaciones solicitantes, participaron: Ana Bolaños, Oficial Legal de Raza e Igualdad, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Rosario Flores de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras); Georgina Ruíz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Elton Ortega y Alexandra Salazar, ambos de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

En la audiencia las personas expositoras resaltaron que de las 110 personas presas políticas apresadas a partir de abril de 2018, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, El Infiernillo, celdas de castigo y aislamiento, en condiciones altamente deplorables; mientras que el resto de las personas prisioneras por motivos políticos sufre una deficiente atención médica, trato diferencial y discriminatorio, golpizas, amenazas, falta de alimentación y agua potable, negación de visitas familiares e incluso torturas.

Durante la audiencia se destacó que las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales, en un esquema de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, instalado para la represión y persecución de toda disidencia política.

Las organizaciones identificaron también como graves amenazas a la libertad individual y la seguridad jurídica tres leyes aprobadas recientemente: La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma que plantea establecer la prisión perpetua, orientadas a criminalizar a las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas y medios independientes y a la disidencia en general.

Los peticionarios urgieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión, las detenciones arbitrarias y toda forma de hostigamiento hacia las personas presas políticas, sus familias y las personas excarceladas; a liberar de inmediato a todas las personas presas políticas; a investigar de forma exhaustiva las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También pidieron al Estado que suministre información sobre la situación de la pandemia en los centros de reclusión, informe las medidas que estaría tomando para atender los problemas urgentes de salud, y de prevención ante el Covid-19, y que autorice el regreso al país de la OACNUDH, CIDH, el MESENI, para monitorear y documentar in situ la situación de derechos humanos.

Reacción de la CIDH

La representación del Estado de Nicaragua, aunque fue invitada por la CIDH para asistir a la audiencia, no se presentó. El comisionado Stuardo Ralón lamentó la inasistencia estatal y resaltó que dicha conducta “denota una actitud de negación total a cumplir obligaciones internacionales”, puesto que los gobiernos tienen una responsabilidad de rendir cuentas a sus ciudadanos y un compromiso de defender los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

La comisionada Esmeralda Arosemena, por su parte, invitó al Estado de Nicaragua a acercarse a la CIDH para buscar puntos de apoyo y acuerdos para librarse de términos que se utilizaron en la exposición para ilustrar la conducta estatal: violencia, perversidad, represión, crueldad, inhumanos, ilegales, estigmatizantes, criminalizantes, aludiendo a los hechos denunciados en la audiencia por los peticionarios.

Los comisionados, comisionadas y relatores de la CIDH resaltaron el valor y la constancia de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que se dedican a representar legalmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, a acompañar a sus familiares, y a documentar las violaciones de sus derechos humanos.

“Mi mensaje es de instar a que puedan seguir esa lucha, a reconocer la valiosa información que nos han brindado. De nuestro lado ustedes encontrarán la convicción de poder actuar de acuerdo a todos nuestros instrumentos para que sea una realidad vivir una cultura de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el comisionado Ralón.

La comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora de país para Nicaragua, recordó que un reciente informe publicado por la Comisión logró establecer que 1,614 personas habían sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. Sin embargo, destacó que están conscientes de que esa cifra es un subregistro, por lo que instó a los peticionarios a seguir trabajando para saber cuál es la verdadera cifra.

Además, resaltó como un tema de preocupación para la CIDH la falta del debido proceso y de imparcialidad del Sistema Judicial en Nicaragua. “Nos preocupa la falta de independencia de los poderes del Estado, algo esencial considerando que el próximo año Nicaragua enfrenta un proceso electoral y la importancia de tener poderes del Estado que funcionen con independencia del Ejecutivo y que den garantías de espacios democráticos y de libertad de expresión son fundamentales”, afirmó.

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