Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Bogotá, 6 de octubre 2020.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento más profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Capítulo Étnico, así como al Programa de Reparación Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia pública solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a propósito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denominó “Denuncias de desprotección de los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales” y contó con la participación de representantes del Estado colombiano.

Gran rezago en el Capítulo Étnico

Raza e Igualdad, junto con la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presentó un análisis sobre el bajo estado de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, destacando las consecuencias de ello en términos de graves violaciones a los derechos humanos. “El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos étnicos”, apuntó Pedro León Cortés, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.

En la ponencia se señaló que, según el último informe del Instituto Kroc—ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz—, el Capítulo Étnico tiene una implementación de apenas un 8% y se observa un retroceso en la ejecución de las políticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protección y seguridad de los territorios ancestrales.

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020. “En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos”, añadieron.

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del Capítulo Étnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como en las garantías para las victimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el Programa de Reparación Colectiva

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011. La lideresa indicó que, a marzo de 2020, en el Registro de Víctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y que, tras nueve años de la implementación de la Ley, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación.

“A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Consideramos que la implementación del Programa de Reparación Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado”, dijo Becerra.

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparación Colectiva, Becerra mencionó: debilidad en la articulación interinstitucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectiva, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.

La secretaria general de Afrodes denunció que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente, de las cuales el 47% corresponde a comunidades étnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a líderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.

Situación en Chocó

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brindó un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Chocó, destacando que la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque “ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Olave detalló que en las comunidades afrodescendientes e indígenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta económica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato; asesinatos sistemáticos, amenazas a líderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Señaló que solo este año se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baudó, 66 familias en Medio Baudó y 10 familias en Bajo Baudó.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Respecto al Capítulo Étnico

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Capítulo Étnico como una prioridad.

Respecto al Programa de Reparación Colectiva

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreas que afronta, así como desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompañamiento a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas del conflicto.

Respecto a situación en Chocó

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protección colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, así como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al río Atrato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación.

Reacción de la CIDH

Las y los comisionados mostraron su preocupación por el bajo avance en la implementación tanto del Capítulo Étnico como del Programa de Reparación Colectiva, por lo que plantearon preguntas sobre los obstáculos que impiden una aplicación integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, además, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecución a los liderazgos sociales y la falta de coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales.

La comisionada Margarette May Macaulay pidió la palabra para rechazar el contínuum de violencias de los pueblos étnicos en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La también Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, planteó la necesidad que el Estado provea información precisa y específica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicación del Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y el Decreto 4635.

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, aprovechó la ocasión para señalar que este organismo incluirá el seguimiento al informe país de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envió una carta al Estado solicitando más información e informando sobre su decisión de enfocar su seguimiento en la implementación del Capítulo Étnico.

Respuesta del Estado

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, no respondió directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refirió a los dos años de la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque. Además, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hernández, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excusó de contestar la pregunta señalando que ese tema no era parte de la audiencia.

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeación de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de país.

Tres funcionarios más de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran número de actividades, pero sin mencionar acciones en términos de evitar y sancionar la violación de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.

Raza e Igualdad lanza Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia

Washington D.C., 21 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I), con el fin de contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil puedan fortalecer sus capacidades para la elaboración autónoma de informes de derechos humanos para su incidencia ante los Estados y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

El documento ya se encuentra disponible para consulta y descarga en la sección Publicaciones del sitio web de Raza e Igualdad, y cuenta con dos versiones: una cuyo contenido es principalmente texto, y otra donde la información va acompañada de ilustraciones alusivas al proceso de elaboración de un IDH-I, por lo que se recomienda el uso de esta en caso que las organizaciones usuarias decidan realizar sesiones de réplica con defensoras y defensores de derechos humanos.

La visión de Raza e Igualdad para la elaboración de este Manual es que el éxito en la producción de un IDH-I articulado a un plan de incidencia, puede potenciarse significativamente si la organización emprende un proceso formativo orientado al conocimiento y comprensión de los conceptos, instrumentos y mecanismos que aportan los órganos internacionales de derechos humanos.

“Nuestra experiencia confirma que los Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I) elaborados por las propias víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, han sido fundamentales para que los Estados adopten las respuestas requeridas”, señaló Pedro León Cortés, asesor de Raza e Igualdad para América Latina.

Contenido

El Manual está estructurado en dos partes. La primera aborda comprensiones básicas como los derechos humanos, qué es una violación a los derechos humanos y qué es un IDH-I. En la segunda parte explica paso a paso cómo se elabora un IDH-I, desde la delimitación de la situación a denunciar hasta la redacción del informe. Además, incluye una lista de enlaces a sitios claves para que las organizaciones emprendan su propio proceso de documentación.

La elaboración de este documento se fundamenta en la sistematización de la experiencia de Raza e Igualdad en su trabajo de asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones de personas afrodescendientes, LGBTI y afrodescendientes-LGBTI en diferentes países de América Latina, por medio del cual ha facilitado que aprendan a producir de manera autónoma Informes de Derechos Humanos para la Incidencia.

Raza e Igualdad invita a las organizaciones de la sociedad civil, así como a activistas por los derechos humanos, a consultar, descargar y compartir este Manual para reforzar sus planes de transformación de los factores estructurales que producen o mantienen patrones de violación de derechos humanos.

Acceda al Manual:

Versión ilustrada – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_ilustrado.pdf

Versión texto – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_texto.pdf

Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. «La apuesta principal de los jóvenes es la educación», aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

Para volver a ver este webinar, haga clic aquí.

Raza e Igualdad lanza material informativo para aumentar conocimiento e incidencia ante mecanismos de protección de los derechos humanos

Washington D.C., 20 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de la sociedad civil y activistas de América Latina y el Caribe, material informativo sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus respectivos órganos, y sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de contribuir a aumentar su conocimiento e incidencia ante estas instancias en la defensa y protección de los derechos humanos.

“Como organización que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en la región en la defensa y protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad presenta este material que aborda el funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano como en las Naciones Unidas, con la expectativa de generar mayor acceso a estos de parte de nuestras socias y socios”, señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material consiste en tres videos que abordan el funcionamiento de la OEA, del Sistema Interamericano y de la ONU, respectivamente. A través de la intervención de cuatro personajes animados y con el apoyo de ilustraciones, explican el trabajo que realiza cada una de estas instancias y cuáles son los espacios y mecanismos de incidencia que tienen disponibles para la sociedad civil en materia de la defensa de los derechos humanos.

Cada video está reforzado con un relatograma que, de forma muy sencilla y amigable, brinda más detalles, principalmente en lo referido a los espacios y mecanismos para la participación e incidencia de la sociedad civil, además que incluye los enlaces a los sitios oficiales de las instancias en cuestión, donde las personas pueden encontrar toda la información referida.

Todo este material informativo se suma a la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” que Raza e Igualdad lanzó en mayo pasado con el objetivo de orientar a abogados, abogadas y activistas de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Puedes acceder a los videos a través de los siguientes enlaces:

En tanto, los relatogramas los encontrarás dando clic aquí.

Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes

Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.

Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.

Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.

Compresión del contexto

Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.

“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.

Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.

Lee el comunicado y las recomendaciones aquí.

CIDH otorga medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras

Washington, D.C. 23 de julio de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras. La solicitud fue enviada el 5 de junio de 2020 y la notificación de su aceptación fue recibida este miércoles. Portal Contreras enfrenta una situación de riesgo grave y el gobierno cubano debe seguir las recomendaciones de la CIDH para proteger su vida e integridad personal.

Silverio Portal Contreras es un preso político cubano que fue detenido en julio de 2018 mientras participaba en una manifestación pública. Portal Contreras es un activista independiente que ha apoyado a varios movimientos en Cuba, tales como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositor Nueva República. Durante su tiempo en prisión, su salud se ha deteriorado severamente; ha sufrido trombosis y consecutivos ataques isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que lo han dejado parcialmente paralizado, además que está perdiendo la visión por no recibir el tratamiento que necesita por una afectación cardíaca y por las golpizas que ha recibido de parte de autoridades penitenciarias.

En una resolución de octubre de 2019 en la que el Tribunal Provincial de La Habana negó una solicitud de licencia extrapenal a favor de Portal Contreras, se reconoce que este padece enfermedades que ponen en grave riesgo su salud y su vida, como hipertensión arterial sistodiastólica complicada, enfermedad cardiovascular isquémica, hiperglicemia para estudio e hiperlipidemia y que, por tanto, requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. Sin embargo, los jueces resolvieron en esa ocasión que su estado de salud es compatible con el régimen penitenciario.

Raza e Igualdad solicitó medidas cautelares a favor de Portal Contreras después de que su esposa, Lucinda González Gómez, informó que no estaba recibiendo las llamadas telefónicas programadas aún después de que él reportó haber sufrido otro AIT. González Gómez también recibió varias llamadas de otros reclusos informándole que Portal Contreras había sido golpeado brutalmente por autoridades penitenciarias y colocado en una celda de aislamiento, y que esto –sumado a la falta de atención médica—lo estaba haciendo perder la vista. Al momento que la solicitud para la medida cautelar fue enviada, a inicios de junio pasado, González Gómez no había tenido comunicación con Portal Contreras por varias semanas y temía por su vida.

En la resolución otorgando las medidas cautelares, la CIDH reconoce la situación de riesgo extremo que enfrenta Portal Contreras y señala la “especial seriedad” de los hechos dado que los perpetradores de los hechos denunciados son las mismas autoridades responsables por su custodia como prisionero, y advierte sobre los efectos debilitantes y permanentes que puede sufrir Portal Contreras debido a la falta de atención médica. La Comisión también resalta el contexto que enfrentan defensores de derechos humanos en Cuba, el cual describe como “caracterizado generalmente por un clima de hostilidad, persecución y hostigamiento, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al gobierno”.

Aunque el otorgamiento de las medidas cautelares es un paso importante para llamar la atención internacional sobre el caso de Portal Contreras, él todavía está en riesgo. Las autoridades penitenciarias siguen negándole la atención médica que necesita. Este miércoles, su esposa Lucinda González Gómez sostuvo una llamada telefónica con Portal Contreras y este le informó no está recibiendo los medicamentos que necesita para su condición del corazón, y como resultado está perdiendo la vista. El médico de la prisión niega que Portal Contreras tiene una condición del corazón.

Raza e Igualdad hace una llamada al gobierno cubano a implementar las recomendaciones que la CIDH hizo en la resolución con la que otorga las medidas cautelares a Portal Contreras, entre las que incluso le solicita que investigue los hechos denunciados para “evitar su repetición”. Raza e Igualdad está dispuesta a dialogar con el gobierno cubano para ayudarlos a implementar estas medidas. También urgimos a la comunidad internacional a seguir el caso del prisionero político Silverio Portal Contreras y presionar al gobierno cubano para proveerle la atención médica que necesita y dejarlo en libertad.

Lea la resolución de la CIDH aquí

Raza e Igualdad promueve debate para combatir el racismo sistémico en las Américas

Washington D. C., 9 de julio de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el martes 7 de julio el seminario virtual “International Response to Racial Injustice and Police Brutality in the Americas” (Respuesta Internacional a la Injusticia Racial y la Brutalidad Policial en las Américas), donde la principal conclusión fue que para combatir el racismo y la discriminación racial  que afecta a la población afrodescendiente en la región se deben definir e implementar acciones con un enfoque integral y multidisciplinario.

Las panelistas de este webinar fueron la Vice-presidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Tendayi Achiume, con el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, como moderador.

Después de varios asesinatos de personas afroamericanas cometidos por miembros de la policía y personas blancas durante el mes de abril y mayo de 2020 en los Estados Unidos, pero específicamente a raíz del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, se han registrado protestas de rechazo al racismo y la discriminación en diversas partes del mundo y esto, a juicio de las panelistas, debe ser aprovechado por los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales para forjar un verdadero cambio, pues hasta el momentos los esfuerzos no han sido lo suficientemente acogidos y puestos en práctica.

Achiume sin embargo aplaudió el hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya emitido tan rápido una resolución con la que condenó en términos energéticos las prácticas racistas y violentas de las fuerzas del orden contra las personas africanas o afrodescendientes. “Esta vez se pensó de una forma distinta sobre la naturaleza del problema, no fue solo un par de manzanas malas, sino que hay un reconocimiento de que tenemos un problema sistémico, que el racismo es endémico”, dijo.

La Vice-presidenta de Costa Rica, quien antes de plantear sus ideas se solidarizó con la familia y amigos de George Floyd, apuntó que hasta ahora el silencio y la complicidad de muchos ha permitido que se pierdan vidas humanas inocentes solo por el color de su piel, pero también celebró que el mensaje del movimiento #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan) esté siendo escuchado y retomado a nivel mundial, principalmente por los jóvenes que no están dispuestos a seguir tolerando estas injusticias.

La Relatora Macaulay, en tanto, recordó que uno de sus principales propósitos desde que entró a formar parte de la CIDH ha sido visibilizar la situación de discriminación e incluso de genocidio que afecta a las personas afrodescendientes. “Le pregunté a muchas personas de la región cuál era la situación de los afrodescendientes en sus países y mucha gente me dijo ‘no tenemos afro-descendientes’ y sí los tenían, pero ni siquiera sabían que los tenían”, expresó la Comisionada, para quien el “despertar” de la comunidad internacional, incluyendo a la CIDH, está marcado por el hecho de haber visto al policía con su rodilla sobre el cuello de George Floyd y sus manos casualmente en sus bolsillos hasta causar la muerte de Floyd.

Propuestas para un cambio

Las tres panelistas hicieron valiosas propuestas desde su experiencia y su visión para combatir el racismo y la discriminación, tomando en cuenta que el debate está presente en los medios de comunicación. Achiume planteó que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llama a la Alta Comisionada a reportarle sobre hechos relacionados al racismo sistémico y ello representa una oportunidad para la sociedad civil de retroalimentar ese proceso y mantener viva la discusión.

Mientras, Campbell Barr señaló cinco propuestas concretas: una campaña global en contra del racismo en coordinación con organizaciones multilaterales, talleres de sensibilidad para los medios de comunicación ya que son un arma poderosa de educación, la creación de una red de empresas privadas para compartir sus mejores prácticas de inclusión y diversidad, una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir sobre el racismo y la discriminación racial en la región y la formación de un observatorio general sobre racismo y discriminación racial.

En tanto, Macaulay llamó a las organizaciones de la sociedad civil de la región a presionar a la CIDH para ser creativos y proactivos en la defensa los derechos de las personas afrodescendientes, y se sumó a la propuesta de educar a los medios de comunicación. “Los medios publicitan mucho más los arrestos de afroamericanos ¿cuántos arrestos de blancos vemos?, muy pocos, y eso pone en la mente de la sociedad que es los negros son los malos de la sociedad”, refirió. Pero también abogó por educar a miembros de la Policía y el Ejército, y a operadores de justicia, ya que—por ejemplo—la mayoría de la población en las cárceles de Estados Unidos son afrodescendientes. En ese sentido, hizo énfasis especial en los abogados, pues cuando una persona afrodescendiente es procesada penalmente, estos acostumbran a convencer a sus clientes de admitir los delitos imputados a pesar de que sean inocentes, bajo la lógica que de esa forma recibirán una condena mínima.

La Relatora de la CIDH también lamentó y calificó de “vergüenza” que hasta la fecha solo cinco países de la región (Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) hayan firmado y ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Luego de la intervención de cada una hubo un espacio para responder las preguntas de las personas que se conectaron al seminario virtual, quienes centraron sus dudas en cómo mantener vivo el debate y utilizar el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano para realizar denuncias y exigir políticas de cambio.

Al cierre del evento, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, reafirmó el compromiso de nuestra institución en continuar trabajando para que más países ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Mire nuevamente la discusión a través de este enlace o reproduzca el video que está a continuación:

Raza e Igualdad expresa su preocupación y hace un llamado a la CIDH a pronunciarse sobre la grave situación de violencia y discriminación que atraviesa la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia por COVID-19

Bogotá, 25 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se dirige a la honorable CIDH para expresar su preocupación por los recientes sucesos de violencia y discriminación contra la población LGBT en diferentes lugares de Colombia, que prenden las alarmas frente a lo que se considera un incremento en los episodios de vulneración de derechos humanos de esta población, en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen que vivir las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su orientación sexual y/o identidad de género.

Los asesinatos y las agresiones han aumentado considerablemente

En lo que va de 2020 ya se han registrado 15 homicidios contra personas LGBT, la cifra más alta que se haya registrado para la primera mitad del año en el Caribe colombiano, de acuerdo a Caribe Afirmativo[1]. El 13 de junio de 2020, fue hallada sin vida en su vivienda, Ariadna Barrios Ojeda, una mujer trans que vivía al sur de la ciudad de Santa Marta (Magdalena). El cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma corto punzante[2]. Al día siguiente, bajo la misma modalidad, se denunció que en Barranquilla (Atlántico), Brandy Carolina, una mujer trans había sido asesinada. Meses antes, en el mismo barrio donde falleció Brandy, fueron asesinadas Paloma[3], una mujer trans, y Lidia Gamero, una mujer lesbiana, el 16 de abril y el 26 de marzo, respectivamente[4].

A los anteriores hechos se suman diversos intentos de asesinatos contra personas LGBT, como el ocurrido el 24 de marzo, en el que dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueron apuñaladas en la ciudad de Bogotá, luego de ser perseguidas por todo el barrio y ser heridas en sus senos y glúteos.[5]. En esta ciudad también se registró un ataque con arma blanca el 18 de abril de 2020 en contra de Daian Nikol Villalobos, una mujer trans que se disponía a comprar víveres, en el marco de la medida de pico y género implementada en Bogotá[6]. A pesar de que las víctimas solicitaron atención en salud y atención por parte de miembros de la policía, esta fue negada y tras la ausencia de las instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado[7].

Han incrementado las denuncias de abusos policiales

Los abusos y la violencia también provienen de las entidades gubernamentales. Apenas ayer, 22 de junio, miembros de la policía persiguieron y atacaron con electrochoques a dos mujeres trans en situación de habitabilidad de calle en Tunja (Boyacá)[8]. La madrugada del sábado 20 de junio, se denunció el ataque perpetrado por miembros de la Policía Nacional en contra de un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, quienes las agredieron con armas de fuego luego de insultarlas reiteradamente[9]. Estos episodios dan cuenta de la discriminación y violencia históricamente ejercida por la Policía Nacional en la zona, quienes, en medio de la pandemia, extorsionan a las trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido[10]. En la mañana del 02 de mayo, cuando aún estaba vigente la medida de Pico y Género en Bogotá, se registró el desalojo violento de una mujer afro trans, trabajadora sexual de su hogar, por parte de la Policía Nacional sin que hayan sido esclarecidas las razones que motivaron la intervención de esta institución[11].

Violencia institucional y respuesta estatal insuficiente

Si bien ha habido pronunciamientos públicos de rechazo y anuncios sobre el reforzamiento de los procesos de acompañamiento a la población LGBT desde entidades estatales, la respuesta institucional al COVID-19 dista de ser inclusiva con la población LGBT. El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans registró la muerte de Alejandra, una mujer trans trabajadora sexual quien murió a pesar de haber solicitado una ambulancia por presentar síntomas de COVID-19, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH y en el que se presentaron diversos episodios sucesivos de violencia institucional[12]. A la fecha, no se han materializado acciones concretas para garantizar el esclarecimiento del caso.

El caso de Estefany, conocida como “Chispita”, una mujer trans habitante de calle, que vivía con VIH, y de quién comenzaron a circular imágenes de redes sociales en las que se le veía en el suelo implorando ayuda el pasado sábado 13 de junio, ilustra también la falta de atención de las instituciones desde un enfoque diferencial. Después de cuatro horas de no haber sido auxiliada a pesar de los diversos llamados por parte de los vecinos del sector a las autoridades, Estefany fue trasladada a un centro médico, pero ya era demasiado tarde para brindarle atención médica y murió horas después en el mismo centro asistencial[13].

El manejo inadecuado de la situación también se ha dado desde las instituciones carcelarias. Recientemente, se conoció que Daniel Osorno Márquez, conocido como “Pupileto”, un joven gay de 22 años que fue hallado muerto en el baño de una celda aislada del penal El Bosque de Barranquilla, según las autoridades, por ser diagnosticado con COVID-19, a pesar de que ni su familia ni su abogado estuvieran enterados del diagnóstico y de que hubieran denunciado reiteradamente abusos sexuales y episodios de violencia y discriminación en su contra en su paso por la cárcel[14].

Desde Raza e Igualdad, queremos llamar la atención sobre la necesidad apremiante de que el Gobierno Colombiano implemente medidas efectivas para salvaguardar la población LGBT y le insta a:

  1. Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de la población LGBT en medio de la pandemia de la mano de la sociedad civil y de las autoridades locales.
  2. Reforzar los esfuerzos para que las autoridades den celeridad a las investigaciones de los asesinatos y agresiones contra la población LGBT, en especial aquellos cometidos contra mujeres trans, y se adelanten los procesos disciplinares y judiciales a que haya lugar a fin de combatir la impunidad en estos casos.
  3. Garantizar que sus protocolos de atención en salud, en especial aquellos que regulan la asistencia de emergencia en medio de la pandemia por el COVID-19 no reproduzcan la criminalización, el estigma y la discriminación sobre las personas LGBT, en especial las personas trans, aquellas que ejercen el trabajo sexual y/o aquellas que viven con VIH.
  4. Fortalecer las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional y el INPEC[15], así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
  5. Involucrar a las comunidades afectadas, incluyendo la población LGBT, en el diseño e implementación de todas las medidas de respuesta ante el COVID-19 para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información.
  6. Promulgar medidas de atención y contingencia desde un enfoque de derechos humanos, que respeten la diversidad y el autoreconocimiento de las personas LGBT, sumado a la urgencia de analizar las medidas en clave interseccional, incluyendo un enfoque de raza, migratorio, etario, etc. En el caso de las medidas de segregación por género, como el “pico y género”, urgimos a los gobiernos locales a explorar otro tipo de medidas que eliminen el riesgo de agresión y de vulneración de derechos de las personas LGBT.

De igual manera hacemos un llamado urgente a la CIDH para que refuerce sus mecanismos de monitoreo sobre la situación general de derechos humanos de la población LGBT en Colombia en el marco de la pandemia y le pedimos que le reitere al Estado Colombiano cumplir su obligación de respetar los derechos humanos aún en situaciones de emergencia, recordando que la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica en contextos de emergencia como el que atravesamos.

[1] https://www.elheraldo.co/lgtbi/preocupa-aumento-en-2020-de-homicidios-de-personas-lgbt-734830

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/alerta-por-crimen-de-mujeres-trans-en-costa-caribe-pese-a-cuarentena/

[3] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinan-mujer-trans-suroriente-barranquilla/

[4] https://caribeafirmativo.lgbt/asesinato-brandy-seis-las-personas-lgbti-asesinadas-area-metropolitana-barranquilla-marco-del-aislamiento-social/

[5] https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/

[6] https://www.colombiainforma.info/entrevista-pico-y-genero-o-la-vigilancia-del-genero/

[7]https://pares.com.co/2020/03/28/a-todos-los-que-bajen-les-damos-de-baja/ y https://www.elespectador.com/noticias/nacional/burlas-discriminacion-y-punaladas-la-violencia-que-revela-el-pico-y-genero-articulo-917657/

[8] https://www.facebook.com/RedLGBTIdeBoyaca/photos/a.255356325169408/577495662955471/?type=3&theater

[9] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1274290767964581888

[10] https://www.noticiasuno.com/politica/personas-trans-de-barrio-santa-fe-en-bogota-denuncian-crueldad-y-ataques-policiales/

[11] https://twitter.com/redcomunitariat/status/1256652501996240896

[12]http://oldrace.wp/es/espanol/raza-e-igualdad-lamenta-la-muerte-de-alejandra-monocuco-mujer-trans-trabajadora-sexual-en-colombia-y-condena-actos-de-discriminacion-y-violencia-institucioan-basados-en-su-identidad-de-genero/

[13] https://caribeafirmativo.lgbt/abandono-prejuicios-del-estado-hacia-mujeres-trans-continuan-evidenciandose-cartagena/

[14] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/muere-pupileto-en-barranquilla/

[15] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para dialogar sobre el rol de la CIDH en la crisis de COVID-19 frente a las amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH

Washington, DC. 28 de mayo de 2020 – El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan, y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua para hablar sobre el rol de la CIDH de cara a los impactos que la crisis humanitaria por COVID – 19  ha tenido en la vida de personas LGBTI de América Latina.

El evento, titulado » El rol de la CIDH en la crisis de COVID-19: amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina«, que se llevó a cabo el jueves 21 de mayo, inició con la intervención de Flávia Piovesan quién centró su presentación en la comprensión del impacto de la pandemia desde los derechos humanos y las amenazas específicas para las personas LGBTI y las estrategias de la CIDH para enfrentarlas.

De acuerdo con la Relatora, es necesario tener presentes tres desafíos estructurales de la región que la pandemia agravó y acentúo: la desigualdad profunda, la discriminación y violencia histórica y los dilemas relativos a la institucionalidad democrática. Las cifras históricas de pobreza y pobreza extrema en América Latina ahondan la desigualdad y la falta de garantía de derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, lo que conlleva a que los efectos de la pandemia sean diferenciados para las poblaciones más vulnerables, “el virus no es discriminatorio pero su impacto si lo es” señaló, citando a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michel Bachelet. Esta situación se acentúa cuando la respuesta de los Estados incluye un uso arbitrario y abusivo de la fuerza.

La Relatora señaló que la resolución 1/2020 el 10 de abril de 2020 de la CIDH, por la que se creó la sala situacional de respuesta coordinada a la crisis (SACROI COVID-19), se centró en abordar estos tres desafíos estructurales “desde la perspectiva de los estándares interamericanos, endosando el idioma de los derechos humanos, por un lado, el de los deberes y obligaciones estatales por otro”. Desde un enfoque de diversidad sexual, la CIDH invitó a los Estados a garantizar, para las personas trans, el acceso a la vivienda, refugios seguros y reactivación económica; la publicación de protocolos de salud y sistemas de denuncias para personas LGBTI y la puesta en marcha de campañas contra la LGBTIfobia.

La intervención de la Relatora finalizó señalando que frente a las amenazas a la población LGBTI, las cuatro prioridades de la CIDH se centran en la protección contra la discriminación contra personas trans y de género diverso; la exclusión social y pobreza histórica de las personas LGBTI; las barreras de acceso a la salud, en especial aquella que se relaciona con las barreras impuestas por grupos religiosos y la violencia doméstica, con especial atención sobre la niñez.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, reafirmó la importancia de entender los desafíos estructurales señalados por la Relatora en su intervención e hizo hincapié en que “se está generando una narrativa de que indicar que las personas vulnerables frente a la pandemia son peligrosas para la sociedad y entre ellas, las personas LGBTI”. De acuerdo con el activista, la respuesta estatal en Colombia ha sido insuficiente para abordar la inseguridad laboral, alimentaria, habitacional y de salud emocional de las personas LGBTI, en especial de aquellas más vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, las personas LGBTI migrantes, las personas con VIH y las personas privadas de la libertad.

Castañeda señaló su preocupación por la implementación de medidas como el pico y género y por los altos índices de asesinatos y episodios de violencia y discriminación contra personas LGBTI en medio de la crisis. Por ello recomendó a la CIDH fortalecer sus acciones de seguimiento y monitoreo de la situación de las personas LGBTI, en especial en aquellos Estados con medidas de restricción de movilidad; exhortar a los gobiernos y agencia humanitarias para que tenga enfoques diferenciales y de derechos humanos en sus labores de asistencia y promover una reunión de seguimiento en la región con amplia participación de las poblaciones más vulnerables.

En Nicaragua, la crisis sociopolítica y económica que se presenta desde el 2018, agrava las consecuencias de la pandemia, de acuerdo con Victoria Obando, integrante de Deigeorsex y de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua. “Nuestros representantes no están diciendo la verdad en cuanto la situación que estamos viviendo en el país” señala la activista, quien señala que la situación es peor es para la población LGBTI. Al respecto, Obando expuso el caso de Celia Cruz, una mujer trans detenida en Managua con síntomas de COVID-19, a quien el Gobierno no permite ver ni llevarle productos sanitarios. Victoria hizo un llamado a la CIDH y las organizaciones internacionales para presionar al Estado para que diga la verdad sobre la dimensión de la pandemia en su país.

Maria Ysabel Cedano, abogada de DEMUS de Perú, centró su intervención en la discriminación y violencia que sufren las mujeres lesbianas y las personas no-binarias, y llamó la atención sobre los altos índices de violencia al interior de sus hogares, que se agudizan frente a la pandemia. La lideresa hizo énfasis en las barreras de acceso a la justicia, pues la suspensión de casos judiciales para priorizar los procesos de personas en prisión, limita la posibilidad de que acciones instauradas hace años por mujeres lesbianas para exigir su derecho al reconocimiento de su maternidad, sean resueltas prontamente.

Añadió que “el temor a ser castigadas, hace que no haya una demanda social,” explicando porque las mujeres lesbianas no cuentan con políticas públicas especificas y son invisibilizadas dentro de una sociedad heteronormativa. Adicionalmente, los bonos universales familiares, una acción del Estado peruano para aliviar la carga económica de las poblaciones más vulnerables, no contó con un enfoque diferencial que protegiera a las personas homosexuales que son invisibilizadas, en especial en pueblos indígenas, afrodescendiente o en zonas rurales.

El evento finalizó con la intervención de Isaac Porto, Consultor para Brasil de Raza e Igualdad, quien hizo un llamado a prestar especial atención a crisis política que se conjuga con la emergencia por la pandemia en este país. El participante señaló la necesidad de que el Gobierno brasilero implemente las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud – OMS para la contención de la epidemia y la necesidad de que integre un enfoque diferencial[1] que permita prevenir los contagios y las muertes de la población afrobrasilera, en especial de las personas AfroLGBTI, quienes resultan más impactadas.

Raza e Igualdad se une al llamado de la CIDH y de nuestras organizaciones aliadas a tender puentes y a construir estrategias colectivas para el trabajo en red en la región, que permita la visibilización de estas vulneraciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI y Afro-LGBTI. Este resulta ser un momento de reinvención y transformación para exigir que mejores respuestas institucionales frente a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto nacionales como regionales y por ello, es muy importante prestar atención a la construcción de la agenda post Covid-19.

[1] Incluir programas y políticas públicas que consideren las necesidades específicas de afrodescendientes y grupos indígenas, en combinación con otros factores que agudizan la discriminación como la orientación sexual e identidad de género.

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Raza e Igualdad y la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncie públicamente el aumento de asesinatos de personas transgénero en Brasil en 2020.

Washington, DC y Río de Janeiro, Brasil. 13 de mayo de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Asociación Nacional de Travestis[1]y Transexuales de Brasil (ANTRA) enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando su profunda preocupación por el aumento de asesinatos de personas transexuales en Brasil . Según un boletín publicado recientemente por ANTRA , hubo un 48% más de asesinatos de personas transgénero en Brasil durante los primeros cuatro meses de este año que durante el mismo período en 2019. Muchos de estos asesinatos ocurrieron durante la pandemia de COVID-19.

De enero a abril de 2019, 43 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil; mientras que, durante el mismo período en 2020, hubo 64 asesinatos. Al analizar únicamente los meses de marzo y abril, para comparar específicamente con el comienzo de la pandemia, hubo un aumento del 13% en estos asesinatos. Esto demuestra la extrema violencia que el Estado brasileño y la población brasileña en general ejercen contra las personas trans, que están aún más desprotegidas en el contexto actual. El Estado brasileño no ha tomado medidas para abordar las necesidades de esta población durante la crisis de salud y sus impactos socioeconómicos resultantes.

La situación se ve intensificada también por la grave crisis política que el país enfrenta en este momento, agravada por el hecho de que el presidente haga constantemente amenazas contra la democracia brasileña, participando incluso en manifestaciones recientes[2] que pedían el cierre del Congreso Nacional y la Corte Suprema Federal (STF). Uno de los grupos responsables de organizar estas manifestaciones se ha proclamado públicamente como grupo paramilitar. De acuerdo con el líder del grupo, el propósito del grupo es “hacer entender a los ministros del STF, si es necesario, de manera coercitiva, que hay 11 semidioses.«[3] La participación del presidente en la manifestación junto a este grupo extremo es muy preocupante.

El coronavirus ha agravado la crisis política en Brasil. El Presidente Jair Bolsonaro ha renunciado a su responsabilidad como el jefe del poder ejecutivo y ha fomentado el incumplimiento de las recomendaciones de aislamiento social dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA, y la propia CIDH. Mientras tanto, el número de muertes continúa aumentando, llegando a 12,484 muertes en el recuento más reciente al momento de esta declaración[4]. Al mismo tiempo, en consonancia con la desigualdad extrema de Brasil, los datos confirman que son las poblaciones más vulnerables, las personas afrodescendientes y empobrecidas, quienes está muriendo en tasas más altas por el virus.[5] 

Raza e Igualdad y ANTRA están muy preocupadas por las disparidades sociales que se han exacerbado durante la pandemia del coronavirus, que se evidencian cuando se observa la situación de la población travesti y transexual. Dado que alrededor del 90% de las mujeres travestis y transexuales en Brasil ejercen el trabajo sexual como fuente principal de ingresos[6], estas mujeres no pueden cumplir con las pautas de aislamiento social sin renunciar a su sustento . Ha habido varios reportes de grupos que explotan a estas mujeres y fuerzan a travestis y transexuales prostitutas a seguir trabajando[7].

Con esto en mente, solicitamos que la Honorable Comisión haga una declaración pública sobre la situación de las personas transgénero en Brasil. También hacemos un llamado a el Estado de Brasil para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad, y la dignidad las personas travestis y transexuales en Brasil. La mayoría de estas personas resultan ser afrodescendientes y al ser el grupo más vulnerable, están sujetos a la mayoría de los casos de violencia física y letal durante la pandemia.

[1] Lejos de ser un término peyorativo, según ANTRA (Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil), «travesti» es una identidad en Brasil, reclamada por aquellos que, a pesar de haber sido identificados como pertenecientes al género masculino al nacer, se reconocen como pertenecientes al género femenino y tienen una expresión de género femenina, pero no se afirman como mujeres. https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf

[2] BBC. Bolsonaro participa una vez más en un acto criticando a la Corte Suprema y al Congreso. 3 de mayo de 2020. Disponible en : https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52518123

[3] Diário do Centro Mundo. El grupo paramilitar creado por Sara Winter está en la mira de la PGR. 8 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/grupo-paramilitar-criado-por-sara-winter-esta-na-mira-da-pgr/

[4] Noticias Google. Casos de coronavirus y número de muertes en Brasil el 13 de mayo. 13 de mayo de 2020. Disponibleen : https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&mid=%2Fm%2F015fr&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419

[5] O Estado de São Paulo. “En SP, el riesgo de muerte de los negros por covid-19 es 62% mayor en comparación con los blancos”. 4 de mayo de 2020. Disponible en : https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,em-sp-risco-de-morte-de-negros-por-covid-19-e-62-maior- em-relacao-aos-brancos, 70003291431

[6] Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA). Dossier de asesinatos contra travestis brasileños y violencia y transexuales en 2019. 2020, p. 69. Disponible en: https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf

[7] RD News. La exploración de cafetinas obliga a las trans a romper la cuarentena y continuar en la calle. 22 de marzo de 2020. https://www.rdnews.com.br/cidades/exploracao-das-cafetinas-obriga-trans-a-descumprir-quarentena-e-continuar-na-rua/125737

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