Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»

Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»

En compañía de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la participación de activistas LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua, el próximo jueves 21 de mayo llevaremos a cabo un espacio de diálogo sobre el rol de la Comisión IDH de cara a las amenazas, que con motivo de la crisis humanitaria por COVID, se han agudizado en la vida de las personas LGBTI de América Latina.

Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual

Les invitamos a participar de este espacio registrándose en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QAdn97gLQaiuT7sPQ0-UPg

El conversatorio también será transmitido a través de nuestra cuenta en Facebook – https://www.facebook.com/raceandequality/

Para más información siga nuestra cuenta en twitter: https://twitter.com/raceandequality

 

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Organizaciones Internacionales y Nacionales de Sociedad Civil hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse sobre las graves violaciones a los derechos de las mujeres trans en Perú

Las organizaciones y personas abajo firmantes nos dirigimos a la honorable CIDH debido a que en los últimos días hemos visto con profunda preocupación como, dentro de un contexto de emergencia debido a la pandemia generada por el coronavirus, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas peruanas están violentando los derechos humanos a la integridad, a la identidad de género y a la dignidad de las personas trans. Queremos enfatizar que conforme al artículo 27° de la Convención Americana de Derechos Humanos, en situaciones de emergencia los Estados partes pueden restringir determinados derechos; sin embargo, ni el derecho a la vida, a la integridad personal o al nombre (identidad) pueden ser suspendidos durante los estados de emergencia.

Al respecto, mediante redes sociales han circulado videos[1] de mujeres trans[2] siendo discriminadas por su identidad de género, detenidas junto a hombres, vejadas, obligadas a gritar “quiero ser un hombre”, entre otros malos tratos y humillaciones.

Nos preocupa fuertemente que la Fuerza Pública en Perú no esté acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y estén poniendo así en riesgo de contagio de coronavirus a todas las personas detenidas; además están también violentando los estándares interamericanos en materia de derechos humanos de las personas LGTBI.

Consideramos pertinente recordar que, el 24 de febrero de 2018 en el Informe de fondo del caso Azul Rojas Marín y otra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano adoptar medidas de no repetición dirigidas a la capacitación de la Fuerza Pública en la prohibición absoluta de actos de tortura, de violencia sexual y de otra índole contra la población LGBT, así también recomendó al Estado peruano que tenga un mensaje claro de repudio frente a este tipo de actos. Además, la Opinión Consultiva OC-24/17[3] señaló que los Estados partes, entre los que se encuentra el Estado peruano, deben de abstenerse de realizar y generar actos discriminatorios contra las personas LGBTI.

Hacemos un llamado urgente para que la CIDH le solicite al Estado peruano su obligación de respetar los derechos humanos y le recordamos que en situaciones de emergencia en los que se restringe de manera constitucional determinados derechos, la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica.

Las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie públicamente sobre estas violaciones a los derechos humanos.

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Firmado por:

Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Féminas Perú

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS)

Más Igualdad Perú

Bloque Universitario Feminista

Movimiento de Lesbianas y Bisexuales de Arequipa- LESBIA

En Movimiento

Kachkaniraqmi Colectiva Lesbotransfeminista del Cusco

OutFestPerú

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)

Sociedad Trans FTM Perú

Proyecto Somos Menstruantes

Reforma Trans PUCP

Se Acabo el Silencio- Facultad de Arte y Diseño (SAES PUCP)

Ser Transparentes

Visibilidad Transmasculina

Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Ashanti Perú

Casa Trans Zuleymi

María Ysabel Cedano García, activista lesbiana feminista socialista

Jaqueline Barrios, activista independiente LGBTI

Santiago Balvín, activista independiente por los derechos trans

Marie Payano Ramos, activista independiente LGBTI

Gahela Cari Contreras, mujer trans, activista por los derechos LGBT

Ana María Vidal, abogada litigante defensora de derechos humanos de personas trans

Mariel Távara Arizmendi, activista feminista

Micaela Távara, Artivista y docente feminista, Trenzar

Denisse Chavez, activista feminista

[1] https://twitter.com/CariGahela/status/1242542293933940736

[2] ttps://twitter.com/CariGahela/status/1244395266070855680

[3] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

«La situación de violencia contra personas Afro-LGBTI es invisibilizada y sistemática en América Latina» alertan activistas ante la CIDH

Quito, Ecuador. November 12, 2019. In the thematic hearing held during the 174 period of Hearings of the Inter-American Commission on Human Rights in Quito, Ecuador, LGBTI activists and Afro-descendants from Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru presented on the situation of violence, lack of protection, and lack of knowledge of their prevailing rights in each of these States.

Throughout the space, the activists highlighted how Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities are at greater risk of suffering from violations of their rights, especially by the States’ general lack of knowledge on the differentiated effects suffered by people living this reality.

Likewise, the activists presented a summary of different cases of murder and violence against transgender people and Afro-descendants, especially those committed with a high degree of cruelty and hatred; in addition to remaining completely unpunished. 

Bruna Benavides, ANTRA activist

«In January of this year, in Brazil, a trans woman had her heart torn out and then replaced by the image of a saint. Her murderer was acquitted of the charge, even though he narrated in great detail how he had killed her and kept her heart at home with a smile on his face,» said Afro-Brazilian activist Bruna Benavides, a member of the National Association of Transvestites and Transsexuals, or ANTRA in Brazil.

According to information given by Benavides, this year alone, 110 trans people were killed in Brazil, 85% of them black. Likewise, the activist reported that 90% of the population of transvestites and trans women in this country are engaged in prostitution due to the lack of job opportunities.

Furthermore, she pointed out that this group of people are recurring victims of different State institutions due to the inaccessibility of appropriate healthcare services and of fair employment opportunities and recognition, as well as having a lack of respect for their identities. In this regard, Benavides added ,«… today we are afraid to walk the streets again, and as a defender of human rights, I do not feel safe despite the progress we have made because our leaders have common policies of racist hatred , male chauvinism…»

In this order, the leader Justo Arevalo representative of the Colombian organizations Arco Iris de Tumaco, the National Conference of Afro-Colombian Organizations (CNOA), and Somos Identidad, highlighted that contexts of rejection, violence, and discrimination within these communities towards people who assume a non-normative sexual orientation or gender identity create other types of cyclical and systemic violence that threaten the integrity of AfroLGBTI people. An example of this is in Colombia, where there is forced displacement towards cities that sharpen the circles of violence in which these people live.

Justo Arevalo, Colombian activist

«In March of 2019, a report on the realities experienced by Afro-LGBTI people was filed in Bogotá before the Jurisdiction for Peace, whose main findings show that documented violence and impact are blocked by very racial and class-particular relations, typical of the sociocultural, economic, and political environment in which they occur, prejudice as a factor of violence, and the responsibility of illegal armed actors in the face of serious violations of rights against Afro LGBT people, «Arevalo added in his speech.

Belén Zapata, an Afro-descendant trans activist from Peru, alerted the audience of the impact that police abuse has on the lives of Afro-descendant and transvestite people, highlighting that it sets a pattern of deep violence against their right to personal integrity in countries like Brazil, Colombia, Cuba, the Dominican Republic, and Peru.

Likewise, the activist referred to the access of healthcare services by trans-descendant Afro-descendant women in the region, which is characterized in its generality for not being efficient or worthy of use by this population.

In this regard, the activist added: «There are still cases in which medical personnel offer inadequate and/or improper care to Afro-descendant transgender women. This pattern is particularly serious in cases of care for Afro-descendant transgender women who perform sex work and are taken in for injuries as a result of physical aggressions. But also, in cases where the request for other services is related to reproductive health or HIV / AIDS. «

Violation of the rights of Afro-LGBTI people is systematic

«As long as we avoid highlighting the intersection between race and sexual diversity, we will continue to perpetuate a system that makes the Afro-descendant LGBTI community invisible; we will continue to have legal structures, public policies, and government institutions that do not protect or guarantee the human rights of the Afro LGBTI population,» added Katherine Ventura, representative of the American University Legal Clinic. She also pointed out that there are patterns of violence that are particular to the Afro-LGBTI population, naming three: 1) Absence of rights’ guarantees focused on the Afro-LGBTI community; 2) Lack of implementation of existing laws and 3) Inadequate data collection, particularly in criminal investigation processes against Afro-LGBTI people.

On this matter, the Commissioners of the IACHR indicated the responsibility of the States to collect data, generate policies, and promote processes that guarantee the reparation, respect, and recognition of the rights of Afro-LGBTI people. In this regard, Commissioner Margarette May Macaulay urged States to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination as an alternative that seeks to address the issues of Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities.

To finalize the hearing, the organizations requested that the IACHR to urge the States of Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru to:

1. Urgently investigate cases of homicide and police abuse that involve Afro-LGBTI persons and, consequently, register and characterize them properly.

2. Implement the recommendations of the Afro-LGBTI population that this Commission has made since 2015, particularly those focused on the development of public policies that explicitly include the Afro-LGBTI population.

3. As part of the fulfillment of the objectives proposed in the Decade of Afro-descendants 2015-2024, the Afro-LGBTI population should be included as a beneficiary of justice and development-oriented measures in the region, and it should be requested that all states comply with the recommendations of the Inter-American Commission regarding the importance of providing differentiated data on sexual orientation and gender identity.

4. Suggest the ratification of the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Intolerances and the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance to all States.

5. That the Inter-American Commission publish the report of the on-site visit to Brazil in 2018 and the rapporteur on the rights of Afro-descendants and racial discrimination visit Brazil to better know the situation of the Afro-LGBTI population, with effective participation of civil society organizations.

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Organizaciones denuncian ante la CIDH la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua

Quito, Ecuador, 11 de noviembre de 2019. En el marco del 174 período de sesiones de la CIDH, nueve organizaciones de la sociedad civil expusieron sobre el profundo deterioro de la independencia judicial en Nicaragua, que no ha logrado garantizar los derechos de los nicaragüenses al acceso a la justicia, al debido proceso y a las garantías judiciales en el contexto de la crisis democrática que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

Durante la audiencia “Desafíos para la autonomía e independencia judicial en Nicaragua”, las organizaciones destacaron cómo el poder judicial nicaragüense se constituyó como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, facilitando la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos, y generando condiciones que garantizan la impunidad de las violaciones a derechos humanos perpetradas por funcionarios ligados el régimen.

“En Nicaragua, no existe independencia ni autonomía de poderes. La cooptación del poder judicial por el régimen Ortega- Murillo ha llevado a la actuación de éste bajo control partidario, construida a través de procesos de selección y nombramientos viciados, con ausencia de publicidad, transparencia y participación ciudadana; privilegiándose la afinidad política en lugar de favorecer la designación conforme méritos y capacidades profesionales que garanticen un ejercicio judicial objetivo, independiente y sujeto a la ley”, recalcó Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

También se señaló la responsabilidad de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, por no cumplir con sus obligaciones, permitir la comisión de violaciones a derechos humanos y facilitar la impunidad de las cometidas por el Estado o grupos paramilitares. 

Estado ausente

Tal y como ha sido su costumbre en las últimas audiencias, el Estado nicaragüense no se hizo presente en la audiencia. Para las organizaciones esto ejemplifica cómo el régimen de Ortega sigue negando su responsabilidad en la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, así como su obligación de garantizar la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia.

“Lamentamos una vez la ausencia del Estado de Nicaragua, tampoco hemos recibido ninguna información que la justifique, cosa que sí había sucedido antes” dijo la Comisionada Antonia Urrejola, al inicio de su intervención. Urrejola saludó especialmente a las madres de jóvenes asesinados y a las víctimas presentes, reconociendo el arduo trabajo que hacen en búsqueda de justicia y no repetición.

Para finalizar la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que:

  • Cese la represión y criminalización; y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones.
  • Restituya las plenas garantías constitucionales para ejercicio de los derechos ciudadanos.
  • Devuelva los bienes incautados o sustraídos a todas las víctimas de la represión.
  • Resuelva los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por las organizaciones que fueron canceladas durante la represión.
  • Garantice la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia y su apego a los procedimientos establecidos en la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos, así como a la ratificación de instrumentos internacionales específicos, entre ellos los referidos a la administración de justicia.

La audiencia fue convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo), el Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM) y la Unidad de defensa Jurídica de Nicaragua.

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Washington D.C., 25 de septiembre. Tres directores de medios de comunicación de Nicaragua denunciaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nicaragüense no ha cumplido las medidas cautelares otorgadas por dicha Comisión a ellos, sus familiares y equipos, en cambio, ha escalado la persecución, amenazas y represalias por la labor que realizan.

Sergio León, director de la Radio La Costeñísima de Bluefields; Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, y Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, expusieron su situación durante la audiencia “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes”, realizada en el marco del 173 periodo de audiencias de la CIDH.

En la audiencia además participó Ana Bolaños, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien lamentó la falta de comparecencia del Estado a la audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Sobre el mismo tema, el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, consideró que esta ausencia era una oportunidad perdida y un incumplimiento de sus obligaciones ante la CIDH.

Hoy día, en Nicaragua aún persiste la censura, los ataques y la represión para el periodismo independiente, coincidieron los ponentes: Confidencial y 100% Noticias continúan cerrados, los periódicos se enfrentan al bloqueo del papel, y según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un total de 1,318 casos de agresiones y ataques contra periodistas independientes son contabilizados hasta el mes de agosto.

Situación de La Costeñísima

Sergio León explicó que la Radio La Costeñísima tiene cobertura en todo el Caribe Sur de Nicaragua, y que dirigir un medio independiente ha tenido como consecuencia la intimidación, amenazas y asedio constante. Por esta razón, León y su familia recibieron medidas cautelares el 15 de junio de este año.

“Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia, sin embargo, no han sido cumplidas ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales, continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”, afirmó León. Hasta el día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para proteger a León ni ha investigado las amenazas recibidas.

Además, denunció que las estructuras partidarias del FSLN prohíben a la población escuchar la radio, que los operadores políticos del régimen han convencido al segundo periodista que componía su equipo, que renunciara sacando por unos días del aire al noticiero Tras la Noticia, que se han registrado ataques informáticos contra la página web de la radio y que grupos de la Juventud Sandinista han marcado las paredes de la radio y las del callejón que conduce a su vivienda con amenazas.

Situación de Radio Darío

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, expuso que el 20 de abril de 2018 un grupo de agentes paraestatales armados prendieron fuego a la radio de su propiedad, escapando de morir 11 personas mientras la radio se encontraba al aire. Ante tales hechos y otros actos de hostigamiento, Toruño, su familia y otros 9 colaboradores recibieron medidas cautelares en julio del año pasado.

No obstante, Toruño tampoco ha recibido protección por parte del Estado, más bien, debió exiliarse a finales de agosto de 2018 y solo logró retornar en agosto de este año. “En mi retorno a Nicaragua me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes”, denunció, y posteriormente narró cómo el 7 de septiembre de este año la radio sufrió nuevos ataques, cómo rodearon su casa y pintaron amenazas en las paredes, y el ataque que sufrió una caravana de la que hacía parte.

“Radio Darío sigue al aire y luchando por la libertad expresión, pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la inobservancia del deber de cumplir las medidas cautelares y todo lo que se deriva de su aplicación es imperativo”, añadió Toruño.

Situación de Confidencial y Esta Semana

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana expuso que a partir del 13 de diciembre de 2018, la Policía tomó por asalto y saqueó las instalaciones de ambos medios, para posteriormente el 14 de diciembre ocupar permanentemente el inmueble. Ante dichos hechos, a finales de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro, su familia y trece miembros de su equipo.

Chamorro también debió exiliarse en enero de este año, y posteriormente lo hicieron otros ocho miembros de su equipo. A la fecha, las oficinas de los medios de comunicación siguen ocupadas y a pesar de varios recursos legales y denuncias, el sistema judicial nicaragüense no ha actuado respecto al caso y los plazos para fallar se han vencido.

“A pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial, y las limitaciones que para la libertad de expresión representan los abusos aquí narrados, Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se mantienen informando, desafiando la persecución, desde Nicaragua y desde el exilio, a través de plataformas digitales y redes sociales”, destacó Chamorro.

Peticiones

Los directores de medios de comunicación nicaragüenses pidieron a la CIDH que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes ya habían recibido medidas cautelares y que el Estado no ha cumplido, y que además amplíe medidas cautelares para que beneficien a otros periodistas de Confidencial y Esta Semana que enfrentan graves riesgos.

Además, solicitaron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso, intimidación, ataques físicos y periodistas y sus familiares, y la censura, así como la inmediata devolución de los bienes confiscados ilegalmente. Demandaron al Estado nicaragüense que garantice la integridad física y los derechos de los periodistas que retornan del exilio, para que puedan ejercer su profesión en libertad.

Por su parte, los Comisionados de la CIDH Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua; Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, reiteraron su compromiso para continuar monitoreando la situación, y se comprometieron a estudiar las solicitudes realizadas por los peticionarios. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo que en Nicaragua existe un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios al periodismo independiente y felicitó a los periodistas por seguir haciendo periodismo en un entorno tan hostil.

Organizaciones de Cuba y Nicaragua presentan situación de derechos humanos en el 173 período de sesiones de la CIDH

En el marco del 173 período de sesiones de Audiencias Temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizarse del 23 de septiembre al 2 de octubre en Washington, DC; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) de la mano de diferentes organizaciones de la sociedad civil cubanas y nicaragüenses denunciarán la grave situación que activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes viven en sus respectivos países a causa de la represión, violencia y hostigamiento ejercida por los régimenes de Cuba y Nicaragua.  Le invitamos a cononocer y participar vía web de las audiencias.

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Lunes, 23 de septiembre de 2019
Audiencia: «Graves violaciones a los derechos en Cuba»

A pesar de la entrada en vigor de una nueva constitución cubana los derechos fundamentales del pueblo continúan siendo vulnerados a causa de lógicas arbitrarias y represivas que impiden el real y efectivo acceso de las y los cubanos a sus derechos fundamentales. A lo largo de esta Audiencia Temática organizaciones de sociedad civil presentarán la preocupante situación de derechos que se vive en el país y las formas en que el Estado cubano opera para censurar y coartar las libertades de las y los cubanos. Así mismo, se presentará ante la Comisión Interamericana las múltiples formas de violencia que utiliza el Estado cubano para reprimir a las voces disidentes de las lógicas del régimen.

Miércoles, 25 de Septiembre de 2019
Audiencia:  «Cumplimiento de Medidas Cautelares de protección a favor de periodistas independientes en Nicaragua»

Ante la violación sistemática del derecho a la libertad de expresión y de prensa que se agudizó en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018, esta audiencia temática busca demandar el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los directores de medios y periodistas independientes censurados, hostigados, apresados y reprimidos a causa de su labor por el Estado de Nicaragua, mismo que hasta la fecha no ha adoptado las  medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas.

The National Press Club invita al evento: «Voces globales, periodismo bajo amenaza en Nicaragua»

El miércoles 25 de septiembre a las 6:30 p.m., el Comité Internacional de Corresponsales de la APN (CPI) y el Equipo de Libertad de Prensa llevarán a cabo un evento sobre represión de los medios en Nicaragua. Recién testificado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una delegación de cuatro periodistas nicaragüenses, tres de los cuales permanecen en el exilio, discutirán el reciente descenso del país a la violencia y la represión.

En abril de 2018, los cambios propuestos al sistema de seguridad social de Nicaragua provocaron una serie de protestas callejeras. Los movimientos duros para reprimir las protestas tuvieron el efecto contrario, avivaron las llamas de la disidencia y llevaron a los llamados al presidente Daniel Ortega a renunciar. Cuando los periodistas se mudaron para cubrir el creciente movimiento de oposición, muchos se encontraron directamente en la línea de fuego, enfrentando el arresto de la policía y la violencia a manos de las milicias progubernamentales.

La delegación de periodistas nicaragüenses hablará sobre sus experiencias de informar desde el frente, las tácticas que el gobierno de Ortega ha utilizado para calificar a la prensa como parte del movimiento de oposición, el estado actual del país y sus esperanzas para el futuro. El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos está apoyando a cada uno para que asista a las audiencias de la CIDH y este evento especial para los medios.

Los panelistas serán:

Carlos Fernando Chamorro es fundador y editor de Confidencial. Carlos se encuentra actualmente en el exilio en Costa Rica luego de una redada policial en Confidencial en diciembre de 2018. La policía confiscó documentos, teléfonos, computadoras y cámaras de televisión en un intento por interrumpir los informes de la revista. Carlos Fernando huyó del país en enero de este año en medio de amenazas en su contra.

Lucía Pineda Ubau es directora de noticias en 100% Noticias. Lucía fue arrestada en diciembre del año pasado, acusada de «incitación y conspiración para cometer actos de terrorismo e incitación a crímenes de odio». Fue liberada en junio bajo la controvertida ley de amnistía del país y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Aníbal Toruño, actualmente exiliado en Miami, es director y propietario de Radio Darío. El 20 de abril de 2018, multitudes progubernamentales prendieron fuego a Radio Darío, dañando gravemente la estación y obligándolos a trasladarse a otro lugar. Desde entonces, sus oficinas han sido allanadas varias veces por la policía nicaragüense.

Sergio León, propietario y director de La Costeñisima, ha permanecido en Nicaragua y ha sufrido constantes hostigamientos, siendo detenido por la policía nicaragüense en múltiples ocasiones.

Sobre la moderadora:

María Peña, nacida en Nicaragua, es una reportera digital de Telemundo, donde cubre todos los temas que afectan a los hispanos, incluyendo inmigración, comercio, educación, vivienda, votación, empoderamiento político, política exterior y, más recientemente, terrorismo doméstico en la frontera. Ha trabajado en el periodismo de Washington durante más de 30 años, pero también viaja al extranjero para cubrir importantes historias internacionales, como el histórico viaje de Obama a Cuba en 2016. Es invitada frecuente en las principales redes, incluidas Voice of America, Univision, CBC, CNN y CGTN America. En 2017, fue nombrada entre los «100 latinos influyentes» de El Tiempo Latino. María es miembro del National Press Club.

 

Para más información e inscripción al evento aquí

Transmisión en vivo del evento aquí

 

Raza e Igualdad: “El Estado cubano utiliza su Código Penal para criminalizar las voces que hablan en contra del régimen”

En su más reciente informe, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asegura que en derecho cubano no hay garantías suficientes para respetar el debido proceso y otros derechos de personas acusadas por crímenes, especialmente cuando se trata de activistas que hablan en contra del régimen.  Las garantías que existen son descartadas por las autoridades cuando se juzgan a activistas independientes. 

En el marco del evento “Militarización de la Justicia: Estado de derecho y la nueva constitución Cubana” llevado a cabo el miércoles 11 de septiembre por la organización Inter-American Dialogue, El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, hizo lanzamiento oficial de su más reciente investigación titulada “Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba”.

En el informe, Raza e Igualdad documenta y analiza las características de los actos de criminalización, represión y hostigamiento que el Estado Cubano ha emprendido en los últimos años contra los denominados “opositores del régimen”, es decir, todos aquellos activistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y medios de comunicación independiente que a través de un ejercicio pleno de sus derechos se han opuesto a las políticas dictatoriales que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales del pueblo cubano.

“Aunque en los últimos años, se han registrado muchos cambios en Cuba, la represión hacía los opositores no ha cesado” cita el documento de la organización de derechos humanos que asegura que pese a la aprobación de una constitución nueva y la investidura de un nuevo jefe de Estado que no hace parte de la familia Castro, la persecución y violencia hacía grupos opositores continua, junto con leyes que legitiman la criminalización de sus actividades.

La investigación nos permitió analizar y documentar los pasos que adopta el régimen cubano en los procesos penales, y cómo este utiliza el derecho penal para criminalizar las labores de las voces opositoras” explica Caitlin Kelly, abogada para Raza e Igualdad.

Así mismo, a lo largo del informe se documentan las experiencias de activistas víctimas de múltiples formas de represión por parte de las autoridades penales. Casos como el del Doctor Eduardo Cardet, son utilizados en el documento para explicar y describir el modus operandi del Estado Cubano y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Cuba.

«Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre de 2016 en horas de la noche por varios individuos vestidos de civiles, realmente eran de la policia política, estos hombres se abalanzaron sobre él enfrente de su familia y vecinos y fue golpeado de pies a cabeza. La detención fue sin motivo y después le fabricaron un delito, el delito nunca existio. Mi hermano continua preso hasta el 30 de septiembre, bajo libertad condicional pero continua preso» Miriam Cardet hermana del preso político Eduardo Cardet.

En dichas investigaciones, Raza e Igualdad encontró que, aunque existen algunas leyes para garantizar los derechos humanos y un debido proceso para los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes acusados por su labor, estas no son respetadas por las autoridades cuando de ellos se trata.

Así mismo, el documento señala que el Estado Cubano emplea el Código Penal para criminalizar a las personas que expresen opiniones contra el Estado, específicamente cuando las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho código. Delitos como “desacato”, “atentado”, “desobediencia” o la figura de “la peligrosidad social” son imputados para imponer condenas largas a quienes se acusa de incurrir en estas conductas, sin que se les sea respetado un debido proceso.

«Cuando mi hermano hizo las declaraciones después de la muerte de Fidel Castro no estaba en Cuba, a su esposa la llamaron y le dijeron que era mejor que Eduardo no volviera porque si lo hacía lo iban a desaparecer, después fue que ocurrió la violenta detención y fue cuando quedó en condiciones en las que peligraba su vida. Cuando lo detuvieron estuvo desaparecido por cinco días, sin atención médica a pesar de los golpes tan horribles que le habían propinado, sólo lo pudimos ver al tiempo en un pasillo oscuro como a 15 metros donde se podía ver lo mal que estaba. Su juicio fue a puerta cerrada donde le fabricaron los delitos y lo mantuvieron en horribles condiciones que han generado repercusiones de salud a hoy» Miriam Cardet.

Otros hallazgos están relacionados con las violencias a las que son sometidos los activistas cuando son detenidos, las restricciones a las que frecuentemente se enfrentan dichos defensores y defensoras cuando se trata de salir del país o realizar alguna reunión y las condiciones deplorables de los centros de detención.

«En un hueco de 2 X 3 metros, ahí mantuvieron a mi esposo. Aún cuando no pueden mantener más de 3 días a una persona en una celda de aislamiento el estuvo de 8 a 9 meses inhumanamente tratado. Cuando lo fui a visitar al centro de detención llegó golpeado de pies a cabeza, con dos hombres a lado y lado que portaban armas inmensas; además encadenado en la cintura, los tobillos y los pies como si se tratara de un terrorista» relata Dolia Leal una de las mujeres fundadoras del movimiento de las Damas de Blanco hoy exiliada de su país.

Descargue aquí el informe «Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba» 

Vea aquí transmisión en vivo del evento «Militarización de la Justicia:  Estado de derechos y nueva constitución cubana» espacio organizado con la organización Inter-american Dialogue para el lanzamiento del informe «Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba».

SANKOFA «Volver al pasado para resignificar el presente»: Realidad de las mujeres negras trans y travestís en Brasil

En compañía de mujeres afrobrasileras, trans, travestis y defensoras públicas de Brasil se realizó durante el 15 y 16 de agosto el Foro SANKOFA, un espacio de intercambio y diálogo en lucha y reivindicación por la justicia racial y de género.  “Sankofa” palabra africana que simboliza un pájaro de dos cabezas, es el nombre del Foro, que, entre otras acepciones, significa «Volver al pasado para resignificar el presente”.

El espacio organizado por el Instituto Transformar, ANTRA, CEJIL, Criola, Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fórum Justiça, Fórum Estadual de Mulheres Negras, Defensoria Pública y Race and Equality, además contó, por invitación de esta última organización, con la especial participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.  

“El Foro SANKOFA un espacio de (des)construcción que se llevó a cabo dentro de la Oficina de la Defensoría Pública con el apoyo y la articulación de Race and Equality, que hizo posible el movimiento e inclusión de diversos agentes e instituciones, pero principalmente la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona de la Comisionada Margarete May Macaulay. Su presencia permite que no nos sintamos indefensos y que podamos construir colectivamente una narrativa que pueda cruzar barreras y fronteras territoriales y llevar al debate la importancia de la inserción internacional y la lucha de las personas que siempre han estado en resistencia” señaló Bruna Benavides de ANTRA, Brasil.

El foro estuvo nutrido por las voces e historias de activistas, académicas, defensoras de derechos humanos, comunidades Quilombolas y personas travestís, prostitutas y personas trans de dos Favelas en Brasíl, que a viva voz expusieron la situación actual de sus derechos humanos ante la ola de violencia que vive el país especialmente para estos grupos históricamente discriminados y marginados.

“Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Durante los días de encuentro las asistentes discutieron sobre las posibilidades que existen para el pleno ejercicio y garantía de sus derechos, resaltando que sigue siendo vigente un estado de racismo, discriminación y extrema violencia; en el que la política de “blanqueamiento” socialmente aceptada minimiza la vida de las personas negras y naturaliza un estado de privilegios de las personas blancas en el país; lo que imposibilita que la comunidad afrobrasilera y LGBTI participe en espacios de poder.  “La sociedad esta construida a partir de una política del blanqueamiento de la población que inferioriza a los cuerpos negros y permite que los blancos no discutan sus privilegios” Ana Carolina Mattoso- Docente de Derecho.

“El estado de excepción siempre ha existido en Brasil, porque siempre ha sido legítimo matar cuerpos negros, cuerpos trans” Fatima Lima, docente estudios étnico-raciales.

A lo largo del Foro, Bruna Benavides de la Asociación Nacional de Travestís y Transexuales, ANTRA hizo entrega oficial a la Comisionada Macaulay del último informe sobre asesinatos y violencias contra población trans y travestí de Brasil; documento que evidencia una preocupante cifra de asesinatos de esta población, invisibilizada por los medios de comunicación nacional, que continua ubicando al país en el primer lugar donde más asesinatos de personas trans se cometen al año a nivel mundial.

En relación al informe Mariah Rafaela miembra de las organizaciones Instituto Transformar e Conexão G señaló: “Existe un Sistema que permite la muerte de personas trans y negras. La noción de justicia debe surgir de la experiencia de las personas que no tienen una mínima dignidad para vivir.  Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Por su parte, Alessandra Ramos del Instituto Transformar planteó la necesidad de avanzar en una resignificación de lo que implica ser una mujer afro y “transgénero” basada en las experiencias y representaciones de las personas que habitan estos cuerpos, y superar la caracterización asignada por personas blancas, precisamente por unas afectaciones diferenciadas por raza e identidad que históricamente atraviesan a estás mujeres en el país.   Así mismo, la lideresa advirtió que no en vano, se estima que un 38% de las mujeres trans y travestís en Brasil vivan con VIH y que el mayor porcentaje esté ocurriendo entre esta población del país.

“¡Por favor, trabajen con nosotros! Margarette Macaulay, CIDH”

Así mismo, en el marco del Foro, Raza e Igualdad facilitó encuentros privados entre activistas y la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; espacio en el que participó, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada y el Consultor para Brasil de asunto LGBTI, Isaac Porto, quienes conocieron de primera mano múltiples casos de violencia que hoy enfrentan activistas de derechos humanos en los lugares de mayor marginación del país.

Entre los testimonios de los asistentes temas como mutilación en ninxs intersexuales, la situación de VIH entre jóvenes de Brasil, el aumento de asesinato de mujeres lesbianas, las dificultades de acceso de las personas LGBTI a salud, educación, trabajo digno y espacios de participación; fueron constantemente referenciados a lo largo de la socialización.

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“Yo no soy solo negra: soy travesti, soy pobre, vivo en Favela. Mi activismo empezó desde que nací, porque desde allá lucho para sobrevivir”. Gilmara Cunha, presidenta Conexao G.

La Comisionada Macaulay se refirió a la deuda histórica que el Estado brasilero tiene con el pueblo afrodescendiente víctima de la esclavitud, situación que aún persiste en la estructura social del país, por las jerarquías socioraciales que impiden el acceso y goce pleno de los derechos de las comunidades afrobrasileras.  Así mismo, la Comisionada de la CIDH señaló la responsabilidad y obligaciones que tiene el Estado como garante del pueblo sin importar condición.

Por otra parte, Macaulay señaló la importancia de que las organizaciones de sociedad civil ofrezcan información detallada a la Comisión sobre los casos de violencia que permitan dar cuenta de la situación de vulneración que vive la comunidad afro y LGBTI en el país, por lo que enfatizó en la importancia de trabajar conjuntamente para superar la grave crisis de derechos que enfrenta Brasil.

Así mismo, Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad reiteró durante los espacios de encuentro el compromiso que representa para el Instituto la denuncia, acompañamiento en la documentación de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento técnico de las organizaciones para incidencia en escenarios internacionales.

El foro SANKOFA como espacio creado para provocar el diálogo entre la Defensoría Pública de Brasil y las mujeres negras, trans y travestís líderes de movimientos y organizaciones sociales se propone como escenario para fortalecer las instituciones estatales comprometidas con la agenda del movimiento social del país; además como una forma de ampliar las oportunidades de capacitación y articulación de líderes y lideresas a nivel nacional; y finalmente como recurso que facilita información suficiente a las activistas sobre mecanismos de protección de derecho internacional.

Pronunciamiento:  Raza e Igualdad está comprometida con el acompañamiento de organizaciones sociales en Brasil, para la documentación, denuncia y visibilización ante el Sistema Intermericano y Universal de violaciones de derechos humanos especialmente de los pueblos afrobrasileros y personas con expresiones sexuales e identidades de género diversas, aún víctimas de discriminación, marginación y violencia a causa de estructuras sociales que imposibilitan el goce pleno de sus derechos.

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