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Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes
Raza e Igualdad condena masacre de cinco jóvenes afrocolombianos en Cali y realiza recomendaciones para el esclarecimiento y no repetición de este tipo de crímenes
Bogotá, 14 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la masacre en la que fueron asesinados cinco jóvenes de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado residentes en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, Raza e Igualdad expresa su solidaridad a las familias y comunidad dolientes, y se une a las acciones de denuncia e incidencia para que este crimen no quede impune y el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.
Los jóvenes asesinados fueron identificados como: Juan Manuel Montaño (15 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Leyder Cárdenas Hurtado (15 años), Álvaro José Caicedo Silva (14 años) y Jair Andrés Cortes Castro (14 años). La mañana del martes 11 de agosto habían salido juntos a una actividad recreativa, y al final del día sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y tiros de gracia en un cañaduzal (plantación de caña de azúcar) con el que colinda el barrio.
Además, el jueves 13 de agosto una persona falleció y 15 resultaron heridas en esta misma localidad, luego de que una persona no identificada activara un artefacto explosivo con el que pretendía atentar contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía en Llano Verde, de acuerdo con el reporte de medios de comunicación.
Compresión del contexto
Raza e Igualdad hace un llamado al cumplimiento de medidas de reparación y no repetición, destacando la importancia que para ello se tome en cuenta el contexto de la población afrocolombiana desplazada por el conflicto armado, el cual se configura desde la expulsión de sus territorios ancestrales y se caracteriza hoy en día por nuevos desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas, jóvenes, niñas y niños; reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y bandas de narcotráfico, explotación sexual de jóvenes, y carencia de oportunidades educativas y laborales.
“Detener la violencia contra comunidades afrocolombianas requiere reconocer y enfrentar los factores estructurales que subyacen: discriminación y racismo estructural históricos que han negado condiciones para garantizar igualdad y derecho a ser sujetos étnicos”, señala Pedro Cortes, asesor de Raza e Igualdad en Colombia, función desde la cual brinda acompañamiento a organizaciones afrocolombianas en la denuncia de violaciones a derechos humanos y búsqueda de justicia ante el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En ese sentido, Raza e Igualdad hace una serie de recomendaciones a las autoridades locales para garantizar procesos investigativos que reconozcan la identidad étnico-racial de los jóvenes asesinados, y el contexto de afectaciones diferenciales de la población joven afrocolombiana, pero también para implementar medidas de atención y protección a las familias de las víctimas, la comunidad y sus organizaciones.
Asimismo, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Comités de Tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, reaccionar ante esta masacre y acompañar al Estado de Colombia en el proceso de esclarecimiento.
CIDH otorga medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras
Washington, D.C. 23 de julio de 2020.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Silverio Portal Contreras. La solicitud fue enviada el 5 de junio de 2020 y la notificación de su aceptación fue recibida este miércoles. Portal Contreras enfrenta una situación de riesgo grave y el gobierno cubano debe seguir las recomendaciones de la CIDH para proteger su vida e integridad personal.
Silverio Portal Contreras es un preso político cubano que fue detenido en julio de 2018 mientras participaba en una manifestación pública. Portal Contreras es un activista independiente que ha apoyado a varios movimientos en Cuba, tales como las Damas de Blanco y el Movimiento Opositor Nueva República. Durante su tiempo en prisión, su salud se ha deteriorado severamente; ha sufrido trombosis y consecutivos ataques isquémicos y ataques isquémicos transitorios (AIT) que lo han dejado parcialmente paralizado, además que está perdiendo la visión por no recibir el tratamiento que necesita por una afectación cardíaca y por las golpizas que ha recibido de parte de autoridades penitenciarias.
En una resolución de octubre de 2019 en la que el Tribunal Provincial de La Habana negó una solicitud de licencia extrapenal a favor de Portal Contreras, se reconoce que este padece enfermedades que ponen en grave riesgo su salud y su vida, como hipertensión arterial sistodiastólica complicada, enfermedad cardiovascular isquémica, hiperglicemia para estudio e hiperlipidemia y que, por tanto, requiere “llevar seguimiento especializado para mantener compensadas sus enfermedades”. Sin embargo, los jueces resolvieron en esa ocasión que su estado de salud es compatible con el régimen penitenciario.
Raza e Igualdad solicitó medidas cautelares a favor de Portal Contreras después de que su esposa, Lucinda González Gómez, informó que no estaba recibiendo las llamadas telefónicas programadas aún después de que él reportó haber sufrido otro AIT. González Gómez también recibió varias llamadas de otros reclusos informándole que Portal Contreras había sido golpeado brutalmente por autoridades penitenciarias y colocado en una celda de aislamiento, y que esto –sumado a la falta de atención médica—lo estaba haciendo perder la vista. Al momento que la solicitud para la medida cautelar fue enviada, a inicios de junio pasado, González Gómez no había tenido comunicación con Portal Contreras por varias semanas y temía por su vida.
En la resolución otorgando las medidas cautelares, la CIDH reconoce la situación de riesgo extremo que enfrenta Portal Contreras y señala la “especial seriedad” de los hechos dado que los perpetradores de los hechos denunciados son las mismas autoridades responsables por su custodia como prisionero, y advierte sobre los efectos debilitantes y permanentes que puede sufrir Portal Contreras debido a la falta de atención médica. La Comisión también resalta el contexto que enfrentan defensores de derechos humanos en Cuba, el cual describe como “caracterizado generalmente por un clima de hostilidad, persecución y hostigamiento, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al gobierno”.
Aunque el otorgamiento de las medidas cautelares es un paso importante para llamar la atención internacional sobre el caso de Portal Contreras, él todavía está en riesgo. Las autoridades penitenciarias siguen negándole la atención médica que necesita. Este miércoles, su esposa Lucinda González Gómez sostuvo una llamada telefónica con Portal Contreras y este le informó no está recibiendo los medicamentos que necesita para su condición del corazón, y como resultado está perdiendo la vista. El médico de la prisión niega que Portal Contreras tiene una condición del corazón.
Raza e Igualdad hace una llamada al gobierno cubano a implementar las recomendaciones que la CIDH hizo en la resolución con la que otorga las medidas cautelares a Portal Contreras, entre las que incluso le solicita que investigue los hechos denunciados para “evitar su repetición”. Raza e Igualdad está dispuesta a dialogar con el gobierno cubano para ayudarlos a implementar estas medidas. También urgimos a la comunidad internacional a seguir el caso del prisionero político Silverio Portal Contreras y presionar al gobierno cubano para proveerle la atención médica que necesita y dejarlo en libertad.
Raza e Igualdad promueve debate para combatir el racismo sistémico en las Américas
Washington D. C., 9 de julio de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el martes 7 de julio el seminario virtual “International Response to Racial Injustice and Police Brutality in the Americas” (Respuesta Internacional a la Injusticia Racial y la Brutalidad Policial en las Américas), donde la principal conclusión fue que para combatir el racismo y la discriminación racial que afecta a la población afrodescendiente en la región se deben definir e implementar acciones con un enfoque integral y multidisciplinario.
Las panelistas de este webinar fueron la Vice-presidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Tendayi Achiume, con el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, como moderador.
Después de varios asesinatos de personas afroamericanas cometidos por miembros de la policía y personas blancas durante el mes de abril y mayo de 2020 en los Estados Unidos, pero específicamente a raíz del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, se han registrado protestas de rechazo al racismo y la discriminación en diversas partes del mundo y esto, a juicio de las panelistas, debe ser aprovechado por los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales para forjar un verdadero cambio, pues hasta el momentos los esfuerzos no han sido lo suficientemente acogidos y puestos en práctica.
Achiume sin embargo aplaudió el hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya emitido tan rápido una resolución con la que condenó en términos energéticos las prácticas racistas y violentas de las fuerzas del orden contra las personas africanas o afrodescendientes. “Esta vez se pensó de una forma distinta sobre la naturaleza del problema, no fue solo un par de manzanas malas, sino que hay un reconocimiento de que tenemos un problema sistémico, que el racismo es endémico”, dijo.
La Vice-presidenta de Costa Rica, quien antes de plantear sus ideas se solidarizó con la familia y amigos de George Floyd, apuntó que hasta ahora el silencio y la complicidad de muchos ha permitido que se pierdan vidas humanas inocentes solo por el color de su piel, pero también celebró que el mensaje del movimiento #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan) esté siendo escuchado y retomado a nivel mundial, principalmente por los jóvenes que no están dispuestos a seguir tolerando estas injusticias.
La Relatora Macaulay, en tanto, recordó que uno de sus principales propósitos desde que entró a formar parte de la CIDH ha sido visibilizar la situación de discriminación e incluso de genocidio que afecta a las personas afrodescendientes. “Le pregunté a muchas personas de la región cuál era la situación de los afrodescendientes en sus países y mucha gente me dijo ‘no tenemos afro-descendientes’ y sí los tenían, pero ni siquiera sabían que los tenían”, expresó la Comisionada, para quien el “despertar” de la comunidad internacional, incluyendo a la CIDH, está marcado por el hecho de haber visto al policía con su rodilla sobre el cuello de George Floyd y sus manos casualmente en sus bolsillos hasta causar la muerte de Floyd.
Propuestas para un cambio
Las tres panelistas hicieron valiosas propuestas desde su experiencia y su visión para combatir el racismo y la discriminación, tomando en cuenta que el debate está presente en los medios de comunicación. Achiume planteó que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llama a la Alta Comisionada a reportarle sobre hechos relacionados al racismo sistémico y ello representa una oportunidad para la sociedad civil de retroalimentar ese proceso y mantener viva la discusión.
Mientras, Campbell Barr señaló cinco propuestas concretas: una campaña global en contra del racismo en coordinación con organizaciones multilaterales, talleres de sensibilidad para los medios de comunicación ya que son un arma poderosa de educación, la creación de una red de empresas privadas para compartir sus mejores prácticas de inclusión y diversidad, una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir sobre el racismo y la discriminación racial en la región y la formación de un observatorio general sobre racismo y discriminación racial.
En tanto, Macaulay llamó a las organizaciones de la sociedad civil de la región a presionar a la CIDH para ser creativos y proactivos en la defensa los derechos de las personas afrodescendientes, y se sumó a la propuesta de educar a los medios de comunicación. “Los medios publicitan mucho más los arrestos de afroamericanos ¿cuántos arrestos de blancos vemos?, muy pocos, y eso pone en la mente de la sociedad que es los negros son los malos de la sociedad”, refirió. Pero también abogó por educar a miembros de la Policía y el Ejército, y a operadores de justicia, ya que—por ejemplo—la mayoría de la población en las cárceles de Estados Unidos son afrodescendientes. En ese sentido, hizo énfasis especial en los abogados, pues cuando una persona afrodescendiente es procesada penalmente, estos acostumbran a convencer a sus clientes de admitir los delitos imputados a pesar de que sean inocentes, bajo la lógica que de esa forma recibirán una condena mínima.
La Relatora de la CIDH también lamentó y calificó de “vergüenza” que hasta la fecha solo cinco países de la región (Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) hayan firmado y ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
Luego de la intervención de cada una hubo un espacio para responder las preguntas de las personas que se conectaron al seminario virtual, quienes centraron sus dudas en cómo mantener vivo el debate y utilizar el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano para realizar denuncias y exigir políticas de cambio.
Al cierre del evento, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, reafirmó el compromiso de nuestra institución en continuar trabajando para que más países ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
Mire nuevamente la discusión a través de este enlace o reproduzca el video que está a continuación:
Raza e Igualdad expresa su preocupación y hace un llamado a la CIDH a pronunciarse sobre la grave situación de violencia y discriminación que atraviesa la población LGBTI en Colombia en medio de la emergencia por COVID-19
Bogotá, 25 de junio de 2020 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se dirige a la honorable CIDH para expresar su preocupación por los recientes sucesos de violencia y discriminación contra la población LGBT en diferentes lugares de Colombia, que prenden las alarmas frente a lo que se considera un incremento en los episodios de vulneración de derechos humanos de esta población, en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. A las repercusiones y afectaciones desproporcionadas que tienen que vivir las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans como resultado de la pandemia, se suman los altos índices de asesinatos y agresiones en razón a su orientación sexual y/o identidad de género.
Los asesinatos y las agresiones han aumentado considerablemente
En lo que va de 2020 ya se han registrado 15 homicidios contra personas LGBT, la cifra más alta que se haya registrado para la primera mitad del año en el Caribe colombiano, de acuerdo a Caribe Afirmativo[1]. El 13 de junio de 2020, fue hallada sin vida en su vivienda, Ariadna Barrios Ojeda, una mujer trans que vivía al sur de la ciudad de Santa Marta (Magdalena). El cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un arma corto punzante[2]. Al día siguiente, bajo la misma modalidad, se denunció que en Barranquilla (Atlántico), Brandy Carolina, una mujer trans había sido asesinada. Meses antes, en el mismo barrio donde falleció Brandy, fueron asesinadas Paloma[3], una mujer trans, y Lidia Gamero, una mujer lesbiana, el 16 de abril y el 26 de marzo, respectivamente[4].
A los anteriores hechos se suman diversos intentos de asesinatos contra personas LGBT, como el ocurrido el 24 de marzo, en el que dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueron apuñaladas en la ciudad de Bogotá, luego de ser perseguidas por todo el barrio y ser heridas en sus senos y glúteos.[5]. En esta ciudad también se registró un ataque con arma blanca el 18 de abril de 2020 en contra de Daian Nikol Villalobos, una mujer trans que se disponía a comprar víveres, en el marco de la medida de pico y género implementada en Bogotá[6]. A pesar de que las víctimas solicitaron atención en salud y atención por parte de miembros de la policía, esta fue negada y tras la ausencia de las instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado[7].
Han incrementado las denuncias de abusos policiales
Los abusos y la violencia también provienen de las entidades gubernamentales. Apenas ayer, 22 de junio, miembros de la policía persiguieron y atacaron con electrochoques a dos mujeres trans en situación de habitabilidad de calle en Tunja (Boyacá)[8]. La madrugada del sábado 20 de junio, se denunció el ataque perpetrado por miembros de la Policía Nacional en contra de un grupo de mujeres trans trabajadoras sexuales en el centro de Bogotá, quienes las agredieron con armas de fuego luego de insultarlas reiteradamente[9]. Estos episodios dan cuenta de la discriminación y violencia históricamente ejercida por la Policía Nacional en la zona, quienes, en medio de la pandemia, extorsionan a las trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar, abusando física y psicológicamente de aquellas que no pueden pagar el monto exigido[10]. En la mañana del 02 de mayo, cuando aún estaba vigente la medida de Pico y Género en Bogotá, se registró el desalojo violento de una mujer afro trans, trabajadora sexual de su hogar, por parte de la Policía Nacional sin que hayan sido esclarecidas las razones que motivaron la intervención de esta institución[11].
Violencia institucional y respuesta estatal insuficiente
Si bien ha habido pronunciamientos públicos de rechazo y anuncios sobre el reforzamiento de los procesos de acompañamiento a la población LGBT desde entidades estatales, la respuesta institucional al COVID-19 dista de ser inclusiva con la población LGBT. El pasado 29 de mayo, la Red Comunitaria Trans registró la muerte de Alejandra, una mujer trans trabajadora sexual quien murió a pesar de haber solicitado una ambulancia por presentar síntomas de COVID-19, dado que el personal médico que acudió se negó a atenderla luego de conocer que vivía con VIH y en el que se presentaron diversos episodios sucesivos de violencia institucional[12]. A la fecha, no se han materializado acciones concretas para garantizar el esclarecimiento del caso.
El caso de Estefany, conocida como “Chispita”, una mujer trans habitante de calle, que vivía con VIH, y de quién comenzaron a circular imágenes de redes sociales en las que se le veía en el suelo implorando ayuda el pasado sábado 13 de junio, ilustra también la falta de atención de las instituciones desde un enfoque diferencial. Después de cuatro horas de no haber sido auxiliada a pesar de los diversos llamados por parte de los vecinos del sector a las autoridades, Estefany fue trasladada a un centro médico, pero ya era demasiado tarde para brindarle atención médica y murió horas después en el mismo centro asistencial[13].
El manejo inadecuado de la situación también se ha dado desde las instituciones carcelarias. Recientemente, se conoció que Daniel Osorno Márquez, conocido como “Pupileto”, un joven gay de 22 años que fue hallado muerto en el baño de una celda aislada del penal El Bosque de Barranquilla, según las autoridades, por ser diagnosticado con COVID-19, a pesar de que ni su familia ni su abogado estuvieran enterados del diagnóstico y de que hubieran denunciado reiteradamente abusos sexuales y episodios de violencia y discriminación en su contra en su paso por la cárcel[14].
Desde Raza e Igualdad, queremos llamar la atención sobre la necesidad apremiante de que el Gobierno Colombiano implemente medidas efectivas para salvaguardar la población LGBT y le insta a:
Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos de la población LGBT en medio de la pandemia de la mano de la sociedad civil y de las autoridades locales.
Reforzar los esfuerzos para que las autoridades den celeridad a las investigaciones de los asesinatos y agresiones contra la población LGBT, en especial aquellos cometidos contra mujeres trans, y se adelanten los procesos disciplinares y judiciales a que haya lugar a fin de combatir la impunidad en estos casos.
Garantizar que sus protocolos de atención en salud, en especial aquellos que regulan la asistencia de emergencia en medio de la pandemia por el COVID-19 no reproduzcan la criminalización, el estigma y la discriminación sobre las personas LGBT, en especial las personas trans, aquellas que ejercen el trabajo sexual y/o aquellas que viven con VIH.
Fortalecer las acciones de monitoreo, sensibilización y formación en DDHH, en especial en DDHH de personas LGBT, con miembros de fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Nacional y el INPEC[15], así como dar trámite a las denuncias presentadas en contra de funcionarios oficiales y redoblar los esfuerzos para que las investigaciones que se adelanten al interior de estas instituciones por la vulneración a DDHH de personas LGBT no queden en la impunidad.
Involucrar a las comunidades afectadas, incluyendo la población LGBT, en el diseño e implementación de todas las medidas de respuesta ante el COVID-19 para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información.
Promulgar medidas de atención y contingencia desde un enfoque de derechos humanos, que respeten la diversidad y el autoreconocimiento de las personas LGBT, sumado a la urgencia de analizar las medidas en clave interseccional, incluyendo un enfoque de raza, migratorio, etario, etc. En el caso de las medidas de segregación por género, como el “pico y género”, urgimos a los gobiernos locales a explorar otro tipo de medidas que eliminen el riesgo de agresión y de vulneración de derechos de las personas LGBT.
De igual manera hacemos un llamado urgente a la CIDH para que refuerce sus mecanismos de monitoreo sobre la situación general de derechos humanos de la población LGBT en Colombia en el marco de la pandemia y le pedimos que le reitere al Estado Colombiano cumplir su obligación de respetar los derechos humanos aún en situaciones de emergencia, recordando que la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica en contextos de emergencia como el que atravesamos.
[15] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para dialogar sobre el rol de la CIDH en la crisis de COVID-19 frente a las amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH
Washington, DC. 28 de mayo de 2020 – El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan, y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua para hablar sobre el rol de la CIDH de cara a los impactos que la crisis humanitaria por COVID – 19 ha tenido en la vida de personas LGBTI de América Latina.
El evento, titulado » El rol de la CIDH en la crisis de COVID-19: amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina«, que se llevó a cabo el jueves 21 de mayo, inició con la intervención de Flávia Piovesan quién centró su presentación en la comprensión del impacto de la pandemia desde los derechos humanos y las amenazas específicas para las personas LGBTI y las estrategias de la CIDH para enfrentarlas.
De acuerdo con la Relatora, es necesario tener presentes tres desafíos estructurales de la región que la pandemia agravó y acentúo: la desigualdad profunda, la discriminación y violencia histórica y los dilemas relativos a la institucionalidad democrática. Las cifras históricas de pobreza y pobreza extrema en América Latina ahondan la desigualdad y la falta de garantía de derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, lo que conlleva a que los efectos de la pandemia sean diferenciados para las poblaciones más vulnerables, “el virus no es discriminatorio pero su impacto si lo es” señaló, citando a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michel Bachelet. Esta situación se acentúa cuando la respuesta de los Estados incluye un uso arbitrario y abusivo de la fuerza.
La Relatora señaló que la resolución 1/2020 el 10 de abril de 2020 de la CIDH, por la que se creó la sala situacional de respuesta coordinada a la crisis (SACROI COVID-19), se centró en abordar estos tres desafíos estructurales “desde la perspectiva de los estándares interamericanos, endosando el idioma de los derechos humanos, por un lado, el de los deberes y obligaciones estatales por otro”. Desde un enfoque de diversidad sexual, la CIDH invitó a los Estados a garantizar, para las personas trans, el acceso a la vivienda, refugios seguros y reactivación económica; la publicación de protocolos de salud y sistemas de denuncias para personas LGBTI y la puesta en marcha de campañas contra la LGBTIfobia.
La intervención de la Relatora finalizó señalando que frente a las amenazas a la población LGBTI, las cuatro prioridades de la CIDH se centran en la protección contra la discriminación contra personas trans y de género diverso; la exclusión social y pobreza histórica de las personas LGBTI; las barreras de acceso a la salud, en especial aquella que se relaciona con las barreras impuestas por grupos religiosos y la violencia doméstica, con especial atención sobre la niñez.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, reafirmó la importancia de entender los desafíos estructurales señalados por la Relatora en su intervención e hizo hincapié en que “se está generando una narrativa de que indicar que las personas vulnerables frente a la pandemia son peligrosas para la sociedad y entre ellas, las personas LGBTI”. De acuerdo con el activista, la respuesta estatal en Colombia ha sido insuficiente para abordar la inseguridad laboral, alimentaria, habitacional y de salud emocional de las personas LGBTI, en especial de aquellas más vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, las personas LGBTI migrantes, las personas con VIH y las personas privadas de la libertad.
Castañeda señaló su preocupación por la implementación de medidas como el pico y género y por los altos índices de asesinatos y episodios de violencia y discriminación contra personas LGBTI en medio de la crisis. Por ello recomendó a la CIDH fortalecer sus acciones de seguimiento y monitoreo de la situación de las personas LGBTI, en especial en aquellos Estados con medidas de restricción de movilidad; exhortar a los gobiernos y agencia humanitarias para que tenga enfoques diferenciales y de derechos humanos en sus labores de asistencia y promover una reunión de seguimiento en la región con amplia participación de las poblaciones más vulnerables.
En Nicaragua, la crisis sociopolítica y económica que se presenta desde el 2018, agrava las consecuencias de la pandemia, de acuerdo con Victoria Obando, integrante de Deigeorsex y de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua. “Nuestros representantes no están diciendo la verdad en cuanto la situación que estamos viviendo en el país” señala la activista, quien señala que la situación es peor es para la población LGBTI. Al respecto, Obando expuso el caso de Celia Cruz, una mujer trans detenida en Managua con síntomas de COVID-19, a quien el Gobierno no permite ver ni llevarle productos sanitarios. Victoria hizo un llamado a la CIDH y las organizaciones internacionales para presionar al Estado para que diga la verdad sobre la dimensión de la pandemia en su país.
Maria Ysabel Cedano, abogada de DEMUS de Perú, centró su intervención en la discriminación y violencia que sufren las mujeres lesbianas y las personas no-binarias, y llamó la atención sobre los altos índices de violencia al interior de sus hogares, que se agudizan frente a la pandemia. La lideresa hizo énfasis en las barreras de acceso a la justicia, pues la suspensión de casos judiciales para priorizar los procesos de personas en prisión, limita la posibilidad de que acciones instauradas hace años por mujeres lesbianas para exigir su derecho al reconocimiento de su maternidad, sean resueltas prontamente.
Añadió que “el temor a ser castigadas, hace que no haya una demanda social,” explicando porque las mujeres lesbianas no cuentan con políticas públicas especificas y son invisibilizadas dentro de una sociedad heteronormativa. Adicionalmente, los bonos universales familiares, una acción del Estado peruano para aliviar la carga económica de las poblaciones más vulnerables, no contó con un enfoque diferencial que protegiera a las personas homosexuales que son invisibilizadas, en especial en pueblos indígenas, afrodescendiente o en zonas rurales.
El evento finalizó con la intervención de Isaac Porto, Consultor para Brasil de Raza e Igualdad, quien hizo un llamado a prestar especial atención a crisis política que se conjuga con la emergencia por la pandemia en este país. El participante señaló la necesidad de que el Gobierno brasilero implemente las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud – OMS para la contención de la epidemia y la necesidad de que integre un enfoque diferencial[1] que permita prevenir los contagios y las muertes de la población afrobrasilera, en especial de las personas AfroLGBTI, quienes resultan más impactadas.
Raza e Igualdad se une al llamado de la CIDH y de nuestras organizaciones aliadas a tender puentes y a construir estrategias colectivas para el trabajo en red en la región, que permita la visibilización de estas vulneraciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI y Afro-LGBTI. Este resulta ser un momento de reinvención y transformación para exigir que mejores respuestas institucionales frente a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto nacionales como regionales y por ello, es muy importante prestar atención a la construcción de la agenda post Covid-19.
[1] Incluir programas y políticas públicas que consideren las necesidades específicas de afrodescendientes y grupos indígenas, en combinación con otros factores que agudizan la discriminación como la orientación sexual e identidad de género.
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Raza e Igualdad y la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncie públicamente el aumento de asesinatos de personas transgénero en Brasil en 2020.
Washington, DC y Río de Janeiro, Brasil. 13 de mayo de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Asociación Nacional de Travestis[1]y Transexuales de Brasil (ANTRA) enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando su profunda preocupación por el aumento de asesinatos de personas transexuales en Brasil . Según un boletín publicado recientemente por ANTRA , hubo un 48% más de asesinatos de personas transgénero en Brasil durante los primeros cuatro meses de este año que durante el mismo período en 2019. Muchos de estos asesinatos ocurrieron durante la pandemia de COVID-19.
De enero a abril de 2019, 43 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil; mientras que, durante el mismo período en 2020, hubo 64 asesinatos. Al analizar únicamente los meses de marzo y abril, para comparar específicamente con el comienzo de la pandemia, hubo un aumento del 13% en estos asesinatos. Esto demuestra la extrema violencia que el Estado brasileño y la población brasileña en general ejercen contra las personas trans, que están aún más desprotegidas en el contexto actual. El Estado brasileño no ha tomado medidas para abordar las necesidades de esta población durante la crisis de salud y sus impactos socioeconómicos resultantes.
La situación se ve intensificada también por la grave crisis política que el país enfrenta en este momento, agravada por el hecho de que el presidente haga constantemente amenazas contra la democracia brasileña, participando incluso en manifestaciones recientes[2] que pedían el cierre del Congreso Nacional y la Corte Suprema Federal (STF). Uno de los grupos responsables de organizar estas manifestaciones se ha proclamado públicamente como grupo paramilitar. De acuerdo con el líder del grupo, el propósito del grupo es “hacer entender a los ministros del STF, si es necesario, de manera coercitiva, que hay 11 semidioses.«[3] La participación del presidente en la manifestación junto a este grupo extremo es muy preocupante.
El coronavirus ha agravado la crisis política en Brasil. El Presidente Jair Bolsonaro ha renunciado a su responsabilidad como el jefe del poder ejecutivo y ha fomentado el incumplimiento de las recomendaciones de aislamiento social dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA, y la propia CIDH. Mientras tanto, el número de muertes continúa aumentando, llegando a 12,484 muertes en el recuento más reciente al momento de esta declaración[4]. Al mismo tiempo, en consonancia con la desigualdad extrema de Brasil, los datos confirman que son las poblaciones más vulnerables, las personas afrodescendientes y empobrecidas, quienes está muriendo en tasas más altas por el virus.[5]
Raza e Igualdad y ANTRA están muy preocupadas por las disparidades sociales que se han exacerbado durante la pandemia del coronavirus, que se evidencian cuando se observa la situación de la población travesti y transexual. Dado que alrededor del 90% de las mujeres travestis y transexuales en Brasil ejercen el trabajo sexual como fuente principal de ingresos[6], estas mujeres no pueden cumplir con las pautas de aislamiento social sin renunciar a su sustento . Ha habido varios reportes de grupos que explotan a estas mujeres y fuerzan a travestis y transexuales prostitutas a seguir trabajando[7].
Con esto en mente, solicitamos que la Honorable Comisión haga una declaración pública sobre la situación de las personas transgénero en Brasil. También hacemos un llamado a el Estado de Brasil para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad, y la dignidad las personas travestis y transexuales en Brasil. La mayoría de estas personas resultan ser afrodescendientes y al ser el grupo más vulnerable, están sujetos a la mayoría de los casos de violencia física y letal durante la pandemia.
[1] Lejos de ser un término peyorativo, según ANTRA (Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil), «travesti» es una identidad en Brasil, reclamada por aquellos que, a pesar de haber sido identificados como pertenecientes al género masculino al nacer, se reconocen como pertenecientes al género femenino y tienen una expresión de género femenina, pero no se afirman como mujeres. https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»
En compañía de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la participación de activistas LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua, el próximo jueves 21 de mayo llevaremos a cabo un espacio de diálogo sobre el rol de la Comisión IDH de cara a las amenazas, que con motivo de la crisis humanitaria por COVID, se han agudizado en la vida de las personas LGBTI de América Latina.
Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual
Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH
Washington, DC. 8 de mayo de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.
La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.
“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano. Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito. Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.
El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.
“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales. Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos. Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.
Organizaciones Internacionales y Nacionales de Sociedad Civil hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse sobre las graves violaciones a los derechos de las mujeres trans en Perú
Las organizaciones y personas abajo firmantes nos dirigimos a la honorable CIDH
debido a que en los últimos días hemos visto con profunda preocupación como, dentro
de un contexto de emergencia debido a la pandemia generada por el coronavirus, la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas peruanas están violentando los derechos humanos
a la integridad, a la identidad de género y a la dignidad de las personas
trans. Queremos enfatizar que conforme al artículo 27° de la Convención
Americana de Derechos Humanos, en situaciones de emergencia los Estados partes
pueden restringir determinados derechos; sin embargo, ni el derecho a la vida,
a la integridad personal o al nombre (identidad) pueden ser suspendidos durante
los estados de emergencia.
Al respecto, mediante redes sociales han circulado videos[1]
de mujeres trans[2] siendo discriminadas
por su identidad de género, detenidas junto a hombres, vejadas, obligadas a
gritar “quiero ser un hombre”, entre otros malos tratos y humillaciones.
Nos preocupa fuertemente que la Fuerza Pública en Perú no esté acatando las
recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y estén poniendo así en
riesgo de contagio de coronavirus a todas las personas detenidas; además están
también violentando los estándares interamericanos en materia de derechos humanos
de las personas LGTBI.
Consideramos pertinente recordar que, el 24 de febrero de 2018 en el
Informe de fondo del caso Azul Rojas Marín y otra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó
al Estado peruano adoptar medidas de no repetición dirigidas a la capacitación
de la Fuerza Pública en la prohibición absoluta de actos de tortura, de
violencia sexual y de otra índole contra la población LGBT, así también recomendó
al Estado peruano que tenga un mensaje claro de repudio frente a este tipo de
actos. Además, la Opinión Consultiva
OC-24/17[3]
señaló que los Estados partes, entre los que se encuentra el Estado peruano, deben
de abstenerse de realizar y generar actos discriminatorios contra las personas
LGBTI.
Hacemos un llamado urgente para que la CIDH le solicite al Estado peruano
su obligación de respetar los derechos humanos y le recordamos que en
situaciones de emergencia en los que se restringe de manera constitucional
determinados derechos, la obligación de los Estados de garantizar los derechos
a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de
vulnerabilidad se intensifica.
Las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie públicamente sobre estas violaciones a los derechos humanos.
«La situación de violencia contra personas Afro-LGBTI es invisibilizada y sistemática en América Latina» alertan activistas ante la CIDH
Quito,
Ecuador. November 12, 2019. In the thematic hearing held during the 174 period of Hearings of the
Inter-American Commission on Human Rights in Quito, Ecuador, LGBTI activists
and Afro-descendants from Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru
presented on the situation of violence, lack of protection, and lack of
knowledge of their prevailing rights in each of these States.
Throughout the
space, the activists highlighted how Afro-descendants with sexual orientations
and non-normative gender identities are at greater risk of suffering from violations
of their rights, especially by the States’ general lack of knowledge on the
differentiated effects suffered by people living this reality.
Likewise, the activists presented a summary of different cases of murder and violence against transgender people and Afro-descendants, especially those committed with a high degree of cruelty and hatred; in addition to remaining completely unpunished.
Bruna Benavides, ANTRA activist
«In
January of this year, in Brazil, a trans woman had her heart torn out and then replaced
by the image of a saint. Her murderer was acquitted of the charge, even though
he narrated in great detail how he had killed her and kept her heart at home
with a smile on his face,» said Afro-Brazilian activist Bruna Benavides, a
member of the National Association of Transvestites and Transsexuals, or ANTRA in
Brazil.
According to
information given by Benavides, this year alone, 110 trans people were killed
in Brazil, 85% of them black. Likewise, the activist reported that 90% of the
population of transvestites and trans women in this country are engaged in
prostitution due to the lack of job opportunities.
Furthermore, she
pointed out that this group of people are recurring victims of different State
institutions due to the inaccessibility of appropriate healthcare services and
of fair employment opportunities and recognition, as well as having a lack of respect
for their identities. In this regard, Benavides added ,«… today we
are afraid to walk the streets again, and as a defender of human rights, I do
not feel safe despite the progress we have made because our leaders have common
policies of racist hatred , male chauvinism…»
In this order, the leader Justo Arevalo representative of the Colombian organizations Arco Iris de Tumaco, the National Conference of Afro-Colombian Organizations (CNOA), and Somos Identidad, highlighted that contexts of rejection, violence, and discrimination within these communities towards people who assume a non-normative sexual orientation or gender identity create other types of cyclical and systemic violence that threaten the integrity of AfroLGBTI people. An example of this is in Colombia, where there is forced displacement towards cities that sharpen the circles of violence in which these people live.
Justo Arevalo, Colombian activist
«In March
of 2019, a report on the realities experienced by Afro-LGBTI people was filed
in Bogotá before the Jurisdiction for Peace, whose main findings show that
documented violence and impact are blocked by very racial and class-particular
relations, typical of the sociocultural, economic, and political environment in
which they occur, prejudice as a factor of violence, and the responsibility of
illegal armed actors in the face of serious violations of rights against Afro LGBT
people, «Arevalo
added in his speech.
Belén Zapata, an
Afro-descendant trans activist from Peru, alerted the audience of the impact
that police abuse has on the lives of Afro-descendant and transvestite people,
highlighting that it sets a pattern of deep violence against their right to
personal integrity in countries like Brazil, Colombia, Cuba, the Dominican
Republic, and Peru.
Likewise, the
activist referred to the access of healthcare services by trans-descendant
Afro-descendant women in the region, which is characterized in its generality
for not being efficient or worthy of use by this population.
In this regard,
the activist added: «There are still cases in which medical personnel
offer inadequate and/or improper care to Afro-descendant transgender women.
This pattern is particularly serious in cases of care for Afro-descendant
transgender women who perform sex work and are taken in for injuries as a
result of physical aggressions. But also, in cases where the request for other
services is related to reproductive health or HIV / AIDS. «
Violation of
the rights of Afro-LGBTI people is systematic
«As long
as we avoid highlighting the intersection between race and sexual diversity, we
will continue to perpetuate a system that makes the Afro-descendant LGBTI
community invisible; we will continue to have legal structures, public policies,
and government institutions that do not protect or guarantee the human rights
of the Afro LGBTI population,» added Katherine Ventura, representative of the American University Legal
Clinic. She also pointed out that there are patterns of violence that are
particular to the Afro-LGBTI population, naming three: 1) Absence of rights’
guarantees focused on the Afro-LGBTI community; 2) Lack of implementation of
existing laws and 3) Inadequate data collection, particularly in criminal
investigation processes against Afro-LGBTI people.
On this matter,
the Commissioners of the IACHR indicated the responsibility of the States to
collect data, generate policies, and promote processes that guarantee the reparation,
respect, and recognition of the rights of Afro-LGBTI people. In this regard, Commissioner
Margarette May Macaulay urged States to ratify the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination as an alternative that seeks to
address the issues of Afro-descendants with sexual orientations and
non-normative gender identities.
To finalize the hearing, the organizations requested that the IACHR to urge the States of Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru to:
1. Urgently investigate cases of homicide and police abuse that
involve Afro-LGBTI persons and, consequently, register and characterize them
properly.
2. Implement the recommendations of the Afro-LGBTI
population that this Commission has made since 2015, particularly those focused
on the development of public policies that explicitly include the Afro-LGBTI
population.
3. As part of the fulfillment of the objectives proposed in
the Decade of Afro-descendants 2015-2024, the Afro-LGBTI population should be
included as a beneficiary of justice and development-oriented measures in the
region, and it should be requested that all states comply with the
recommendations of the Inter-American Commission regarding the importance of
providing differentiated data on sexual orientation and gender identity.
4. Suggest the ratification of the Inter-American Convention
against Racism, Racial Discrimination and Related Intolerances and the
Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance
to all States.
5. That the Inter-American Commission publish the report of the on-site visit to Brazil in 2018 and the rapporteur on the rights of Afro-descendants and racial discrimination visit Brazil to better know the situation of the Afro-LGBTI population, with effective participation of civil society organizations.
