Régimen autoritario de Cuba destierra a la activista cubana Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco

Régimen autoritario de Cuba destierra a la activista cubana Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco

Washington D.C., 10 de febrero de 2025 – Este lunes 9 de febrero, el régimen autoritario de Cuba impidió el ingreso al país de la activista cubana Leticia Ramos, integrante del movimiento Damas de Blanco, forzándola al destierro. Ramos viajó desde Estados Unidos a Cuba, pero una vez en el país las autoridades le negaron reunirse con su familia, retuvieron su equipaje y le ordenaron regresar, viéndose obligada a volver a Miami.

El pasado mes de enero, durante una entrevista concedida a Raza e Igualdad, Ramos expresó su temor de que el régimen cubano le negara el retorno a la Isla tras viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, una práctica sistemática utilizada para silenciar, castigar y forzar al exilio a personas activistas. Ese temor se hizo realidad el día de ayer. Desde el Instituto la acompañamos y asumimos su representación en este proceso, del mismo modo que hemos brindado acompañamiento a las integrantes de las Damas de Blanco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde octubre de 2013 otorgó medidas cautelares “para preservar la vida y la integridad personal” de las mujeres que conforman el colectivo.

Entre la resistencia y la represión

Leticia Ramos forma parte de las Damas de Blanco desde 2004, cuando se incorporó como Dama de apoyo, acompañando a mujeres cuyos familiares fueron encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. Desde entonces, ha participado de manera sostenida en acciones pacíficas, como la asistencia a misa vestidas de blanco y con flores, para exigir la liberación de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba.

Tras la muerte en “extrañas condiciones” de Laura Pollán, fundadora del movimiento, en 2011, Leticia fue elegida coordinadora del grupo de Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. A partir de ese momento, el hostigamiento estatal se intensificó, incluyendo golpizas, amenazas, vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y restricciones a su derecho a la libre circulación. Durante casi nueve años permaneció regulada, sin poder salir del país.

Las represalias también alcanzaron a su entorno familiar. Ramos es madre de dos hijos: uno que reside en Estados Unidos y otro, Randy Montes de Oca Ramos, que vive en Cuba y ha sido víctima de persecución, detenciones y procesos penales basados en acusaciones falsas, como mecanismo de presión para forzar a su madre a abandonar el activismo. En 2018, Randy cumplió una condena de seis meses de prisión domiciliaria tras protestas públicas realizadas por Leticia.

Entre 2013 y 2018, Ramos fue detenida en múltiples ocasiones, llegando a ser privada de la libertad hasta cuatro veces en una misma semana. Intentó documentar estos hechos, pero la información se perdió tras allanamientos a su vivienda en 2016, 2018 y 2019, durante los cuales agentes estatales confiscaron materiales de trabajo, dispositivos electrónicos y objetos vinculados a su activismo.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Leticia decidió manifestarse en Cárdenas pese a atravesar, junto a su familia, un grave cuadro de COVID-19. En ese contexto, recordó que fue posible percibir “el miedo del régimen frente a un pueblo desarmado, pero decidido a alcanzar su libertad”.

El destierro de Leticia Ramos se inscribe en un patrón de prácticas represivas utilizadas por el régimen cubano para castigar a quienes defienden los derechos humanos, mediante el exilio forzado, la separación familiar y la intimidación constante.

Desde Raza e Igualdad reconocemos la trayectoria, la valentía y la resistencia de Leticia Ramos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañarla y denunciar esta grave violación a sus derechos humanos, así como la estrategia de silenciamiento ejercida contra activistas en Cuba.



Condenamos violencia contra Danne Belmont, lideresa trans y directora ejecutiva de la Fundación GAAT en Colombia

Bogotá, 2 de febrero de 2026 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad con Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), y su pareja, quienes fueron víctimas de actos de violencia transfóbica el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Desde Raza e Igualdad rechazamos de manera contundente toda forma de violencia basada en prejuicios, en particular aquella dirigida contra personas por su identidad de género u orientación sexual. Este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos, además se suscribe a un contexto amplio de violencias estructurales que enfrentan de manera persistente las personas trans en la región. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe país, indicó que Colombia es uno de los Estados de la región que registra más muertes violentas de personas LGBTI. Solo entre 2022 y 2023 hubo 302 asesinatos. Colombia se posiciona como el tercero en Latinoamérica con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, lo que evidencia una situación de riesgo extremo. A su vez, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2024 fueron atendidos por esta institución cerca de 290 hechos de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, entre los cuales se encuentran violencias físicas.  

En sus observaciones derivadas de la visita in loco de 2024, la CIDH advirtió sobre la persistencia de la violencia en contra de esta población y obstáculos que las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia, en especial, en los territorios afectados por el conflicto armado. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un agravamiento de las violencias extremas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto en espacios privados como en el ámbito público, e insistió en que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible si el Estado actúa de manera oportuna.  

Reconocemos y valoramos profundamente la labor que Danne Belmont ha desarrollado como lideresa trans y defensora de derechos humanos, así como el trabajo histórico de la Fundación GAAT en la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas trans, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Los ataques contra liderazgos sociales y defensores de derechos humanos buscan silenciar voces fundamentales para la construcción de sociedades más justas e inclusivas, y no pueden ser tolerados. 

Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones prontas, exhaustivas y con enfoque basado en género, garantizando el acceso efectivo a la justicia, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de protección adecuadas para Danne Belmont, y su pareja. 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la transfobia, la discriminación y la violencia, y reafirmamos que la dignidad, la vida y la integridad de las personas trans deben ser plenamente garantizadas. 

A Danne, su pareja y a la Fundación GAAT: decirles que no están solas. Les acompañamos con solidaridad y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de caminar a su lado, sostener sus luchas y alzar la voz, de manera firme y constante. 



Museo V: memoria, arte y resistencia contra la violencia basada en género en Cuba

Washington D. C., 27 de enero de 2026 — En un contexto marcado por la represión y el silenciamiento de las violencias basadas en género en Cuba, en 2022 nació el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, conocido como Museo V. Impulsado por la periodista y escritora cubana María Matienzo, hoy exiliada en Madrid, este proyecto trasciende el formato museístico tradicional para consolidarse como una plataforma virtual de denuncia, reflexión y creación colectiva con una clara mirada feminista, antirracista e interseccional.

El Museo V surgió inicialmente como una propuesta para visibilizar la violencia política dentro de Cuba, especialmente aquella ejercida contra mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Con el tiempo, el proyecto amplió su alcance, incorporando la participación de creadoras y activistas de otros países de la región, así como el análisis de contextos internacionales en distintos talleres sobre derechos humanos.

El museo funciona como un espacio de intercambio y construcción colectiva. “Es un espacio donde la gente va a dar, va a aportar y va a recibir información”, explica su directora. Este trabajo se sostiene desde una postura política clara: el enfoque interseccional y antirracista atraviesa todas sus acciones. “No hay una mirada dentro del museo que no sea antirracista. Es una de las grandes batallas que tenemos que librar el pueblo de Cuba y el resto del mundo”.

En el Museo V convergen artistas y creadoras que trabajan desde las periferias —geográficas, políticas y simbólicas—, aportando miradas diversas y críticas. Uno de los ejes centrales del proyecto es insertar a Cuba en el mundo, rompiendo los silencios impuestos sobre las violencias políticas y de género que históricamente han sido negadas o invisibilizadas.

Ante la imposibilidad de contar con un espacio físico en la Isla, el museo existe exclusivamente en formato virtual. Sin embargo, su vocación es profundamente cubana. “No nos consideramos un museo virtual para la migración o para el exilio. Nos consideramos un museo virtual para Cuba. Una Cuba que necesita volver a hacer lo que fue en algún momento desde el punto de vista cultural, que era vanguardista”, afirma.

El taller sobre violencia política en razón de género, a cargo de la abogada Laritza Diversent, de la organización Cubalex, ocupa un lugar central dentro del Museo V y es uno de los contenidos más destacados por su directora. “Este taller es importante porque es, prácticamente, la razón de ser del museo”, sostiene Matienzo, resaltando el valor de las voces expertas que hoy trabajan desde el exilio tras ser perseguidas por el régimen cubano.

Desde Raza e Igualdad damos visibilidad a este tipo de iniciativas que documentan y narran las experiencias de mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Exigimos al régimen autoritario de Cuba que garantice su protección y respete sus derechos, poniendo fin a la represión y a las múltiples violencias que enfrentan, especialmente cuando cuestionan sus políticas.

Para conocer más sobre este espacio, visita su página web museov.org y sigue sus contenidos en redes sociales a través de @museovbg.

Excarcelaciones condicionadas no son libertad: Raza e Igualdad exige liberaciones plenas en Nicaragua

Washington, D.C., 12 de enero de 2026.– Ante las recientes excarcelaciones de personas que estaban en prisión por motivos políticos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por las condiciones y restricciones bajo las cuales se están realizando, las cuales son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

El sábado 10 de enero, el régimen Ortega-Murillo emitió un comunicado anunciando que “retornaban a sus hogares” nicaragüenses que “permanecían bajo resguardo de las autoridades pertinentes”, en alusión a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua señala que, tras verificar directamente con familiares, fueron 24 las personas excarceladas ese día.

Desde Raza e Igualdad reconocemos el alivio que estas excarcelaciones representan, especialmente para sus familiares; sin embargo, nos preocupa que tanto en este caso como en el caso de las excarcelaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2025, las personas beneficiarias no gocen de libertad plena, puesto que deben presentarse ante las autoridades diariamente, informarles si saldrán de sus municipios y tienen restringido su derecho a la libertad de expresión, medidas que son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

Así mismo, recordamos que al menos 38 personas continúan en prisión por motivos políticos en Nicaragua, las cuales sufren duras condiciones en las cárceles del régimen Ortega-Murillo, que incluyen malos tratos, torturas, amenazas, falta de atención médica y falta de alimentación adecuada. Algunos son adultos mayores con padecimientos crónicos que no están siendo debidamente atendidos y cuyas vidas corren riesgo. Destacamos el caso de los líderes indígenas Nancy Elizabeth Henríquez, Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth, ex militares y activistas y personas opositoras o consideradas como tales, todos víctimas de un sistema judicial carente de la independencia necesaria para impartir justicia.

El sistema interamericano de protección ha otorgado medidas cautelares y provisionales para varias de estas personas[1] y en otros casos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha declarado la arbitrariedad de sus detenciones y ha exhortado al gobierno a liberarles de inmediato, indemnizarles y  concederles otros tipos de reparación[2].

A la comunidad internacional le recordamos que estas excarcelaciones se producen, además, en un contexto político particularmente sensible: coinciden con el 19 aniversario del regreso al poder de Daniel Ortega, y ocurren una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que fue seguido por la liberación de personas presas políticas en ese país. Este entorno regional refuerza la necesidad de observar con especial atención las decisiones del régimen nicaragüense y de exigir que cualquier medida relacionada con la libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos responda a obligaciones jurídicas internacionales que deben ser cumplidas, más que a cálculos políticos coyunturales en base a los cuales el régimen nicaragüense no está poniendo fin al patrón establecido de las detenciones políticamente motivadas.

Raza e Igualdad también ve con profunda preocupación la escalada represiva emprendida por el régimen Ortega-Murillo tras la captura del dictador Nicolas Maduro en Venezuela, la cual habría tenido como principal consecuencia redadas que tuvieron como resultado la detención de al menos 60 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco. Se desconoce con exactitud cuántas de estas personas fueron liberadas y cuántas continúan detenidas. Nuestra solidaridad hacia sus familias, que se enfrentan ahora a la incertidumbre y angustia por la falta de sus seres queridos, el desconocimiento de las condiciones en las que se encuentran  y las consecuencias que dichas detenciones conllevan.

Raza e Igualdad exige la libertad inmediata de todas las personas que continúan en prisión por motivos políticos. Solo el cese de la represión podrá contribuir a empezar a crear las condiciones que permitan alcanzar una paz duradera, basada en el respeto de los derechos humanos.

 

 

[1] Medidas provisionales para Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth, entre otras.
[2] Opiniones Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) No. 70/2024 referida a Nancy Elizabeth Henríquez, Opinión 22/2025 referida a Rodrigo Bruno Arcangel, Stony (Tony) Bruno Smith, Oliver (Ovier) Bruno Palacios, Evertz (Evert) Bruno Palacios (Nicaragua) y Opinion No. 30/2024 referida a Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías (Nicaragua).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por la violación sexual de parte de militares, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario

La Familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, celebramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, tras casi diecinueve años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, declaró la responsabilidad internacional de este por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables. Asimismo, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.

Además, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares. Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen. También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas. El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

Luego de conocer la sentencia, la señora Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.  

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”. 

Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.   

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.    

​​La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación  sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.  

Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM),  Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​, el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitamos formalmente al Estado mexicano nos proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

CONTACTOS DE PRENSA:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)

Contacto: Carmen Herrera, justiciayderechoshumanos2006@gmail.com, Whatsapp: 55 4347 6669

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)

Contacto: Arlet García López, centrohj@gmail.com, Whatsapp: 228 177 3127

Kalli Luz Marina A.C.

Contacto: Elizabeth Guevara Mitzi, kallilegal23@gmail.com  

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​

Contacto: Patricia Torres Sandoval y Norma Don Juan Pérez, mujeresindigenasconami@gmail.com, WhatsApp: +52 55 2407 8827

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Contacto: Angelita Baeyens, baeyens@rfkhumanrights.org

Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Contacto: Christina M. Fetterhoff, fetterhoff@raceandequality.org, WhatsApp: +1-202-867-6225

“Seguimos vivos en un abismo sin fin”: tres activistas cubanos a un mes del huracán Melissa

Washington D.C., 29 de noviembre de 2025 – Hoy hace un mes, el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba dejó destrucción, angustia y un panorama agravado para los habitantes de esta región. Dialogamos con tres activistas que, además de enfrentar el impacto del ciclón, sobreviven al abandono estatal, el hostigamiento político y el colapso de los servicios básicos. Desde la provincia de Holguín, Ronald Mendoza (50 años), Eduardo Cardet (57) y Geydis Jaime (24) relatan cómo vivieron el desastre y cómo la emergencia humanitaria se profundiza en una isla sumida en una crisis social, política, económica, y sanitaria.  

El pasado 29 de octubre, el huracán Melissa tocó territorio cubano como uno de los fenómenos más fuertes de la temporada de huracanes de 2025 (de junio a noviembre), provocando inundaciones severas, daños estructurales y el colapso de servicios esenciales. Aunque no se registraron fallecidos en Cuba, las afectaciones profundizaron la vulnerabilidad de comunidades ya sumidas en la escasez. De acuerdo con la misión de Naciones Unidas en Cuba, Melissa dejó más de 3,5 millones de damnificados, 90,000 viviendas afectadas o destruidas, y alrededor de 10,000 hectáreas de cultivos dañados.

El impacto del ciclón y la ausencia de ayudas

En Levisa, localidad del municipio de Mayarí (perteneciente a Holguín), Ronald Mendoza relata: “la mayoría de las cosas las perdimos (durante el paso del fenómeno natural)”. Afirma que, cuando el ciclón alcanzó su fuerza máxima, él “estaba metido debajo del fregadero”. El techo de su vivienda voló y el río desbordado inundó su casa: “El agua me llegó hasta el ombligo”. Un mes después, asegura que “la ayuda es mínima” y que solo han recibido algunos víveres básicos. “Seguimos en pie gracias a la ayuda de los vecinos”, agrega.

En Velasco, otra localidad de Holguín, el médico y activista Eduardo Cardet vivió una noche sin precedentes. “Nunca había llegado el agua a esos niveles. El río Paneque creció bastante. En mi casa alcanzó los dos metros”, señala. Él y su familia lo perdieron casi todo. “Uno siempre lamenta las pérdidas materiales porque es bien difícil recuperarlas”, dice, mientras afirma que la poca ayuda que ha recibido ha llegado por parte de la comunidad y de la iglesia católica. 

En la ciudad de Holguín, Geydis Jaime cuenta que “era la primera vez” que veía algo así (la fuerza del huracán Melissa). “El agua entró a la casa y perdí colchones, ropa, televisor, nevera y hasta mi teléfono”, agrega. Durante la emergencia, los cables eléctricos se desplomaron y “habitantes del barrio tuvieron que arreglarlo” porque ninguna autoridad respondió. “Aquí cada seis horas se va la luz y nadie nos ha brindado ayuda”, sostiene. 

Hostigamiento y vigilancia en medio del desastre

A la devastación se suma la represión. A Cardet, por ejemplo, dos días antes de esta entrevista (el 13 noviembre), un hombre se presentó en su casa para exigirle que dejara de denunciar la grave situación sanitaria en Cuba. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), encarcelado por motivos políticos entre 2016 y 2019,  asegura que en varias ocasiones le han sugerido que abandone la Isla, propuestas que él ha rechazado.

Mendoza, coordinador regional del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE); y Jaime, integrante de la organización Plataforma Femenina, también reportan hostigamientos y amenazas constantes. “En el pasado he buscado trabajo y me lo han negado. Me dicen: solo hay trabajo para los revolucionarios”, denuncia Ronald, quien antes del huracán se dedicaba a vender miel y perdió la mayoría de sus colmenas tras la emergencia.

Una crisis epidemiológica fuera de control

La situación sanitaria se agrava con enfermedades transmitidas por mosquitos, agua contaminada y alimentos dañados por la falta de energía eléctrica. De acuerdo con el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán, 47 mil habitantes de Cuba han sido diagnosticados esta semana con un virus que acecha a la Isla, aunque médicos, activistas y comunidades señalan que el subregistro es mucho mayor y que hay más personas enfermas que no figuran en los datos oficiales.

Cardet advierte que hay dengue, zika, chikungunya, oropouche y otras enfermedades, y que “hay personas fallecidas y miles de enfermos”. Él mismo contó recientemente (el 24 de noviembre) que también está enfermo con uno de estos virus. Geydis y su madre (de 54 años), por su parte, han enfermado antes y después del ciclón, en un sector que, afirma, ha permanecido sin agua hasta por siete meses.

Los apagones son constantes y hay zonas que permanecen sin electricidad desde el paso del huracán. Las familias cocinan con carbón, guardan alimentos en casas de conocidos y viven pendientes de las pocas horas en que vuelve la corriente. 

Cardet dice una frase que tal vez resume mejor este momento: “Estamos sumidos en un abismo sin fin”. Y, pese a todo, los tres siguen en Cuba. Siguen denunciando. Siguen resistiendo. Siguen vivos.

Desde Raza e Igualdad continuamos monitoreando la situación en Cuba y acompañando a las personas activistas y defensoras de derechos humanos que enfrentan riesgos crecientes en este contexto. Llamamos a los organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a mantener la atención sobre la Isla, exigir garantías para los derechos fundamentales y respaldar a quienes trabajan por la libertad, la justicia y la dignidad de Cuba.

Organización cubana Damas de Blanco denuncia ante la CIDH la violencia ejercida por el régimen autoritario de Cuba

Miami, 19 de noviembre de 2025 – “Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y amenazas”. Estas fueron algunas de las violencias denunciadas el pasado lunes 17 de noviembre por integrantes de la organización cubana Damas de Blanco durante una audiencia privada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en el marco del 194° Período de Sesiones celebrado en Miami, Estados Unidos.

La delegación estuvo conformada por las activistas Lourdes Esquivel, Blanca Reyes y María Elena Alpízar, quienes participaron como representantes de la organización en el exilio. Esquivel relató la represión estatal que sufrió hasta diciembre de 2022, cuando fue desterrada. El exilio forzado continúa siendo una de las prácticas empleadas por el régimen cubano para castigar y silenciar a las defensoras de derechos humanos, como ocurrió con la activista Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, liberada en agosto de 2025 bajo la condición de abandonar la Isla.

La audiencia fue solicitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Durante su intervención, el abogado Fernando Goldar recordó que dos integrantes de las Damas de Blanco siguen privadas de libertad: Sissi Abascal y Saylí Navarro, encarceladas por pertenecer a la organización y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

Ante la CIDH, la delegación integrada por las representantes de las Damas de Blanco y Raza e Igualdad expuso el patrón sistemático de violencia ejercido por el Estado cubano durante más de dos décadas. Entre ellas se encuentran miles de detenciones arbitrarias sin registro oficial, desapariciones forzadas, vigilancia constante, asedio y amenazas dirigidas tanto a las activistas como a sus familias. También denunciaron tratos diferenciados por razones de género y raza: entre otros, insultos sexualizados, represalias vinculadas a sus roles de cuidado y discriminación específica contra las integrantes afrodescendientes. Asimismo, señalaron la criminalización mediante figuras penales ambiguas, la imposibilidad de ejercer su libertad religiosa debido a detenciones sistemáticas los domingos y las restricciones impuestas desde 2021 para reunirse o acceder a la sede de la organización. Ninguno de estos hechos ha sido investigado, lo que perpetúa un escenario de absoluta impunidad.

Los testimonios presentados reflejan cómo un grupo de mujeres, inicialmente movilizadas para exigir la liberación de sus familiares presos por motivos políticos (en 2003), se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos humanos en Cuba, en la región y en el ámbito internacional. Sin embargo, las agresiones y represalias que enfrentan buscan apartarlas de la vida pública y desarticular su labor.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a las Damas de Blanco y con la denuncia permanente de las violaciones cometidas contra mujeres activistas en Cuba. Hacemos un llamado a la CIDH  para que condene estos hechos y a la comunidad internacional para que respalde y acompañe el legítimo reclamo de respeto y protección hacia las integrantes de esta organización. 



Libertad con destierro: el caso de la activista cubana Aymara Nieto

Washington D.C., 11 de noviembre de 2025 – Hoy hace tres meses, Aymara Nieto Muñoz comenzó a reconstruir su vida en Santo Domingo, República Dominicana, donde reside desde el 11 de agosto de 2025, tras ser liberada y desterrada junto a su esposo, Ismael Boris, y dos de sus hijas. Luego de más de siete años privada de libertad por motivos políticos en Cuba, la activista de 49 años, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), intenta adaptarse a una nueva realidad lejos de la Isla.

“Nos han recibido muy bien en Santo Domingo. Estoy muy agradecida. Ya hicimos (Aymara y su familia) una serie de entrevistas para regularizar nuestra situación migratoria y poder trabajar. Mis hijas ya están en la escuela, gracias al apoyo de la Asociación Cubana en la República Dominicana, y del gobierno de este país”, cuenta Nieto, quien conserva el optimismo y la fe que la acompañaron durante los años más duros de su encierro. “Mi mayor tesoro en prisión fue una Biblia que me regaló mi hija mayor. Me dio fuerza para resistir”, confiesa.

Aymara fue detenida el 6 de mayo de 2018, cuando salía de su casa para participar en una manifestación pacífica de la campaña ‘Todos Marchamos’, que exigía la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Fue condenada por los supuestos delitos de atentado y daños a cuatro años de prisión, que comenzó a cumplir en la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana.

Sin embargo, mientras cumplía esa condena, el régimen autoritario cubano volvió a procesarla, esta vez por presuntamente haber liderado un motín dentro de la prisión. El nuevo proceso terminó con una segunda sentencia de cinco años y cuatro meses, impuesta sin garantías judiciales ni derecho a una defensa efectiva. Así, Aymara pasó más de siete años consecutivos en prisión, entre castigos, traslados y condiciones degradantes.

Desde 2013, Aymara Nieto es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Raza e Igualdad hemos denunciado de forma sostenida las violaciones a sus derechos y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento. Su historia forma parte del informe ‘Voces en libertad: Mujeres presas políticas en Cuba’, de la campaña #CubanasLibresYa, y del documental ‘Dos Patrias’, producido junto a Producciones La Tiorba, que retrata la represión, el encarcelamiento y silenciamiento de tres activistas cubanos.

Desde su nuevo lugar de residencia, donde llegó sin poder despedirse de su hija mayor debido a que las autoridades le negaron la última visita, Aymara sueña con estudiar psicología. “Me gustaría ser psicóloga y ayudar a otras personas. También quiero que mis hijas sean mujeres de bien”, agrega. Aunque está lejos de la Isla, mantiene su compromiso con la lucha pacífica. “Me duele mucho la situación en mi país, pero seguiré trabajando y luchando por la libertad de Cuba, incluso en la distancia”, afirma. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebramos la libertad de Aymara Nieto y reconocemos su fortaleza y dignidad después de años de represión. Al mismo tiempo, condenamos su exilio forzado, una práctica sistemática del régimen cubano para castigar la disidencia y silenciar las voces que defienden los derechos humanos.

Exigimos al Estado cubano poner fin a estas prácticas violatorias del derecho internacional, y llamamos a los organismos internacionales y a los Estados democráticos a exigir el respeto a los derechos humanos en Cuba, incluyendo la libertad inmediata e incondicional de Sissi Abascal, Felix Navarro, Saylí Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lisandra Góngora, Maykel Castillo, y todas las personas aún encarceladas por motivos políticos.



Denunciamos el desmonte de una valla en Santa Marta que exigía libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Santa Marta, 8 de noviembre de 2025 — Desde Raza e Igualdad denunciamos la censura ejercida por las autoridades locales de Santa Marta, que este viernes 7 de noviembre ordenaron el desmonte de una valla instalada por nuestra organización a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La pieza exigía la libertad de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

La valla llevaba el mensaje: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”

Acompañada por la imagen de un hombre encarcelado y las banderas de los tres países, la valla buscaba recordar a los representantes de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) reunidos en Santa Marta, la urgente necesidad de abordar la falta de democracia en la región. Sin embargo, fue desmontada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos tres países, precisamente en un espacio que se presenta como un foro de diálogo sobre democracia, cooperación y derechos humanos.

En 2023 ocurrió un hecho similar en Buenos Aires (Argentina), cuando, en vísperas de la Cumbre de la CELAC, también fue retirada una valla instalada por nuestra organización que exigía el restablecimiento de la democracia en Cuba y Nicaragua.

En la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebra del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, se abordan temas clave como la triple transición (energética, digital y ambiental), la equidad de género, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la cooperación birregional. Todo ello ocurre mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan marcadas por la represión y el encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos.

Solo hasta finales de octubre de 2025, las organizaciones de la sociedad civil documentaban 749 personas presas políticas en Cuba (de acuerdo con Justicia 11J), 77 personas en Nicaragua (Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas), y 875 en Venezuela (Foro Penal). Estas cifras reflejan la magnitud del cierre de los espacios democráticos y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el Parlamento Europeo, en una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión para América Latina y el Caribe, reafirmó la importancia de la cooperación birregional y condenó el debilitamiento democrático en estos tres países, a los que describió como algunos de los regímenes más autoritarios del mundo.

Desde Raza e Igualdad denunciamos esta censura y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, la justicia y la democracia. Continuaremos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países.



MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



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