Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Washington D.C., 18 de diciembre de 2024 – En esta época del año, desde Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, queremos destacar los deseos de las familias que están sufriendo la prisión arbitraria de sus seres queridos por motivaciones políticas que los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua ejercen contra quienes se identifican como personas opositoras, o hacia quienes perciben como tales.

Los deseos y sentimientos de estas familias claman por la libertad de sus madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas o amigos, personas que fueron detenidas arbitrariamente por exigir respeto a sus derechos humanos en regímenes totalitarios que reprimen con violencia a cualquiera que piense diferente. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se ha valido de las detenciones arbitrarias por motivos políticos desde el año 2011. La cifra sólo ha ido aumentando y, a pesar de la excarcelación y destierro de 222 personas en febrero de 2023 y 135 más en septiembre de 2024, en las cárceles todavía hay más de 70 inocentes pagando por crímenes que no cometieron, al menos una decena de ellos en condición de desaparición forzada. 

Este año, el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera no podrá visitar la tumba de su madre, como solía hacerlo todos los años, ya que desde el 29 de septiembre de 2023 se encuentra en situación de desaparición forzada luego de desafiar a la dictadura que le había prohibido ingresar a su propio país, tras haber participado en una actividad de pueblos indígenas en el extranjero. 

Tininiska Rivera, su hija, recuerda que cada año, durante las festividades de diciembre su padre organizaba una comida con las personas de algunas comunidades del norte de la Costa Caribe de Nicaragua. “Si estuviera libre mi padre haría reuniones con las comunidades para avisarles sobre toda su gestión del año y con ellos compartiríamos una comida tradicional”. 

A finales de noviembre, el régimen realizó redadas que culminaron con la captura de más de 38 personas, aunque la mayoría fueron enviadas a sus casas el 11 de diciembre, periodistas, líderes políticos y médicos continúan detenidos. 

La situación es similar para los familiares de Steadman Fagot, otro líder indígena miskito quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 14 de septiembre de 2024. Su familia lo recuerda por preparar paquetes de comida durante las fiestas de fin de año. 

“Él elaboraba pequeñas canastas básicas para compartir con ancianos, viudas, madres solteras y comunidades aledañas, y organizaba cultos con pastores de esas comunidades como agradecimiento a Dios por tenerlo con nosotros. Quisiera recuperar el tiempo perdido con mi papá, es triste que hasta el momento no sepamos nada de él”, lamenta Ingni Fagot, hija de Steadman Fagot. 

Más represión 

En Cuba, por su parte, el régimen autoritario de este país no para de reprimir y hostigar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y artistas, quienes sufren detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. 

Lizandra Góngora es parte de las 554 personas (de acuerdo con Justicia 11J) que están presas en Cuba por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las cuales exigían el respeto a los derechos humanos, y fueron reprimidas con violencia por el régimen cubano. Su esposo Ángel Delgado afirma que el regalo más grande que pudiera darle en esta época del año, es que ella “recuperara su libertad”.

Desde La Habana, Norma Pérez, madre de la activista Sulmira Martínez, quien permanece en prisión desde el 10 de enero de 2023 tras haber sido acusada falsamente de incitar a la violencia, afirma:  “Extraño mucho verla entusiasmada por las fiestecitas que armaba con sus amistades de la danza”. 

En Cuba, la crisis social, política y económica ha empeorado en los últimos cuatro años, debido a los extensos cortes de energía eléctrica, a la falta de agua potable, y a la escasez de alimentos y medicamentos, que sumado a la represión que sufren las voces críticas al régimen autoritario de este país, forman un ‘cóctel’ nocivo para la población cubana. 

Ángel Cuza Alfonso, de 36 años, es un activista y periodista independiente cubano, que permanece privado de libertad por motivos políticos en la Isla. A él lo detuvieron el 1 de diciembre de 2022, cuando intentaba comprar alimentos en una tienda de La Habana; y fue condenado el 6 de noviembre de 2023 a un año y seis meses de prisión, por el supuesto delito de “desórdenes públicos”.

Su esposa Ana Castillo afirma que lo extraña mucho, principalmente en esta época del año. “Lo que más quisiera, y le pido a Dios, es que pueda estar en libertad porque sé que lo que está pasando ahí es algo que no puede ni explicar”, agrega. 

Las personas presas políticas de Cuba y Nicaragua sufren torturas, aislamiento, incomunicación y, en ocasiones, se les impide recibir visitas familiares por períodos prolongados de tiempo. Además, se les niega el acceso a médicos y medicinas para tratar sus padecimientos oportunamente, y en el caso de las mujeres su condición es más grave porque se les limita el acceso a productos higiénicos de primera necesidad. Incluso, respecto de algunos, el Estado ni siquiera informa a las familias donde están detenidos y cuál es su situación.

Por todo esto, desde Raza e Igualdad y #NicasLibresYa, exigimos que los regímenes de ambos países liberen a todas las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, se brinde información de quiénes se encuentran en desaparición forzada, y se permita que sus familiares puedan tenerles en casa durante estas fiestas de fin de año.



11 líderes y lideresas de América Latina fortalecen sus capacidades en Ecuador

Imágenes de una jornada que se realizó a finales de octubre en Quito, Ecuador, y reunió a 11 líderes y lideresas de Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, quienes compartieron sus experiencias y fortalecieron sus capacidades durante una serie de sesiones de formación facilitadas por FLACSO Ecuador, en la que se abordaron temas como los derechos humanos en la región, y los principales desafíos que se registran en América Latina. 

Este encuentro, que se realizó en el marco del proyecto ‘Empoderamiento de líderes y lideresas emergentes’ llevado a cabo por Raza e Igualdad, agrupó en total a 10 organizaciones de la sociedad civil independiente, como la Asociación Panameña de Debate (ASPADE), la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación Mujer, la Fundación Convive Panamá, la Organización Social Salvador, la  Unión Trans, el Centro de Promoción Social (CERPROS), el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, Mujeres Rímenses, y Fraternidad Trans Masculina Perú. 

 



Los derechos humanos y el litigio estratégico: Hacia una transformación de los estándares internacionales

  • En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Raza e Igualdad ofrece una mirada comprensiva de cuatro casos que litiga actualmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Washington, DC; 10 de diciembre, 2024.– En el proceso de promover y defender derechos humanos, el litigio estratégico representa una frente de lucha clave. Por ello, para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es uno de sus cuatro pilares de trabajo.

Con la visión de que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar y proteger los derechos humanos, Raza e Igualdad litiga al lado de víctimas y organizaciones aliadas, ante mecanismos de derechos humanos a nivel interamericano y universal, llevando a cabo esta labor en dos vías.

Por un lado, está la respuesta legal de emergencia, la cual se activa cuando contrapartes se enfrentan a riesgos de violación de sus derechos humanos y el Equipo Legal de Raza e Igualdad les apoya en la documentación y presentación oportuna de solicitudes de protección e intervención ante el Sistema Interamericano y/o el Sistema Universal.

Litigando ante el SIDH

Por otro lado, con miras a lograr justicia integral para las víctimas y a impulsar cambios a largo plazo, sostenibles y estructurales para una mayor protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad realiza litigio estratégico por medio de una coordinación constante con contrapartes de la sociedad civil.

Es sobre ese segundo punto que, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Raza e Igualdad presenta cuatro casos que actualmente litiga ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), ofreciendo una mirada comprensiva sobre los hechos que abarca cada uno, su estado procesal y, en colaboración con víctimas, familiares y organizaciones aliadas, qué busca en términos de jurisprudencia y transformación de estándares internacionales.

Cabe destacar que en la actualidad Raza e Igualdad litiga ante el SIDH 10 asuntos en total (3 vs. Nicaragua, 2 vs. Colombia, 3 vs. Cuba, 1 vs. Perú y 1 vs. México), por violación de derechos humanos de 157 víctimas individuales y tres víctimas colectivas), cada uno en diferentes estados procesales, y en 31 asuntos busca protección ante el Sistema Universal y el SIDH (13 de Nicaragua, 3 de Colombia, 14 de Cuba y 1 de Brasil), a favor de 401 beneficiarias  individuales y dos colectivas. Las personas y colectivos representados pertenecen a las poblaciones con quienes la organización trabaja desde sus inicios: Afrodescendientes, indígenas, personas LGBTI+, mujeres lideresas comunitarias, personas defensoras de derechos humanos y víctimas de represión política.

Además, en cumplimiento de la visión institucional de Raza e Igualdad, los casos se abordan desde una perspectiva interseccional.

Es importante mencionar que el trabajo de litigio estratégico se entrelaza y es reforzado por los otros pilares de trabajo de Raza e Igualdad, que son la incidencia, la documentación y el fortalecimiento de capacidades de contrapartes. Conoce más aquí.

  • Petición de Damas de Blanco (Cuba): Protección integral al derecho a defender derechos humanos

Por sus labores de defensa y promoción de los derechos humanos en Cuba, las Damas de Blanco están continuamente amenazadas, hostigadas, perseguidas y reprimidas por agentes estatales y son detenidas cada semana durante horas o días, encontrándose algunas de ellas en prisión arbitraria de libertad por motivos políticos. Durante las últimas semanas su Presidenta, la señora Berta Soler, ha sido detenida y desaparecida forzadamente en tres ocasiones hasta por casi 3 días.  En 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de todas las integrantes de la organización, las cuales se encuentran vigentes; y en 2022 Raza e Igualdad presentó una petición por las violaciones de derechos humanos ocasionadas a las mujeres que integran Damas de Blanco y a la propia organización.

Actualmente, se encuentra corriendo el plazo para que el Estado presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, y posteriormente la CIDH se encontrará en facultad de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado en este caso.

A través de las medidas cautelares, una carta de alegación ante los Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y acciones ante otros órganos de Naciones Unidas, Raza e Igualdad busca garantizar la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de pensamiento y expresión, y a asociarse para ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.

En la petición se alega que el Estado de Cuba es internacionalmente responsable de la violación de los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona, la igualdad ante la ley, la protección de la honra, la constitución y a la protección de la familia, la preservación de la salud y al bienestar, y la protección contra la detención arbitraria por motivos políticos en perjuicio de las víctimas.

  • Petición de Kevin Solís (Nicaragua): Protección de personas defensoras de derechos humanos como actores clave para el fortalecimiento de la democracia

El caso de Kevin Solís es muestra del patrón de la represión sufrida por estudiantes que denunciaron las violaciones de derechos humanos en medio del estallido social de 2018 en Nicaragua. Entre 2018 y 2020 fue privado de su libertad en dos ocasiones, siendo víctima de tortura y régimen de castigo en prisión, además que fueron cancelados sus expedientes académicos de la universidad pública. El 9 de febrero de 2023 Kevin Solís fue excarcelado y desterrado a Estados Unidos, y fue despojado de su nacionalidad.

Ante la situación de riesgo que enfrentó el Solís, la CIDH le otorgó medidas cautelares y después fue beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En agosto de 2023 Raza e Igualdad presentó una petición ante la CIDH denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en su contra. Las medidas provisionales se encuentran vigentes, mientras que la petición se encuentra en espera de apertura a trámite por parte de la CIDH.

Con la estrategia empleada en este caso, buscamos proteger a personas defensoras de derechos humanos, como actoras clave para el fortalecimiento de la democracia, así como denunciar las detenciones arbitrarias mediante la utilización de legislación contraria a estándares internacionales para criminalizar la libertad de expresión. Este caso contribuirá también a la documentación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el inicio de la crisis para a) presión de la comunidad internacional y b) posterior rendición de cuentas, reparación y establecimiento de garantías de no repetición.

  • Medidas Cautelares de Benny Briolly (Brasil): Garantía para la participación política de las personas negras con identidades de género diversas

Benny Briolly Rosa da Silva Santos es una concejala negra travesti elegida en la Ciudad de Niterói, cuyo mandato fue renovado en 2024 y que, desde el año 2017 hasta la fecha, enfrenta un contexto grave de ataques direccionados a su identidad de género y raza, afectando también a su equipo asesor. Tales ataques, que se manifiestan por medio de contenidos discriminatorios y amenazas de muerte en su contra, fueron frecuentemente utilizados para provocar miedo e inseguridad en su actuación política de defensa de los derechos humanos. Ante esa situación las organizaciones Criola, Terra de Direitos, Justiça Global, Instituto Marielle Franco, Instituto de Defesa da População Negra y Raza e Igualdad, solicitaron medidas cautelares ante la CIDH, las cuales fueron otorgadas el 11 de junio de 2022.

Las organizaciones representantes de la beneficiaria han buscado de manera permanente la implementación de las medidas cautelares y poner alto a los hechos de riesgo, sin conseguirlo totalmente hasta el momento, ya que el Estado no ha llevado a cabo las acciones idóneas y oportunas para ello.

Con las demás organizaciones representantes buscamos la protección eficaz de la Concejala y que el Estado de Brasil garantice la participación política de las personas negras con identidades de género diversas.

  • La COMADRE (Colombia): Derecho a la reparación colectiva a mujeres lideresas étnicas

Lideresas comunitarias de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), una organización autónoma de mujeres víctimas del conflicto armado que han sido víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado, continúan enfrentando múltiples formas de violencia debido a su liderazgo. Se trata principalmente de personas que pertenecen a comunidades étnicas rurales, las cuales se han desplazado forzadamente en contextos urbanos ante el conflicto armado y la violencia que persiste en los territorios ancestrales.

En ese contexto, La COMADRE reclamó al Estado de Colombia ser reconocidas como sujeto colectivo étnico con derecho a reparación colectiva mediante consulta libre, previa e informada. A pesar de haber logrado el reconocimiento de tal carácter, no le ha sido otorgada dicha reparación, por lo que en conjunto la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, presentamos en el año 2022 una petición ante la CIDH por las violaciones perpetradas en su contra por el Estado y las violencias y riesgos que continúan enfrentado las mujeres lideresas que integran la organización. La petición fue abierta a trámite y se encuentra en espera de que la CIDH avance en las etapas de admisibilidad y fondo.

Con este caso se busca en primer lugar que se otorgue la reparación colectiva a La COMADRE como sujeto colectivo étnico, previo ejercicio del derecho a la consulta para determinar dicha reparación; garantías para el cese de la violencia y riesgos que enfrentan las mujeres lideresas afrocolombianas víctimas del conflicto armado, así como identificación y sanción de los responsables y cambios estructurales para garantizar que las mujeres afrocolombianas puedan defender los derechos humanos ejerciendo sus liderazgos étnicos en condiciones de seguridad para sí mismas, sus familias y su organización.

Cuatro años del 27N: El día en que artistas de Cuba hicieron un plantón

Washington D.C., 27 de noviembre de 2024 – Hoy hace cuatro años, un grupo de artistas se tomó desde muy temprano las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana, y animaron a cerca de 300 personas, entre jóvenes, periodistas independientes y activistas, a unirse a esta manifestación pública, que fue la primera gran protesta pacífica que se realizó en la Isla, tras la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel en 2019.

Las personas que se unieron a este plantón rechazaron el desalojo y la violencia que sufrieron el día anterior un grupo de integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), que se habían acuartelado en la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, para exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien se encontraba detenido desde el 9 de noviembre de 2020.

Otero Alcántara, quien cumple actualmente una condena de cinco años en prisión, llevaba a cabo en aquel entonces una huelga de hambre, mientras un grupo de artistas del MSI recitaba poemas en señal de protesta, cuando las autoridades cubanas irrumpieron la manifestación pacífica.

A raíz de esto, se realizó el plantón en frente del Ministerio de Cultura, que posteriormente se convirtió en un movimiento conocido como 27N. “(Ese día) Se generó una sinergia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque todo el mundo en Cuba, que sea oposición y disidencia, se sentía aislado, se sentía rechazado, se sentía apestado porque la represión y la narrativa del régimen está enfocada a presentarnos como mercenarios, como personas que no les importa Cuba”, afirma Luz Escobar, periodista independiente cubana que participó en la manifestación e hizo parte del 27N.

El plantón, que inició a las 11 de la mañana y terminó pasada la medianoche, permitió que un grupo de 30 artistas se reuniera con el exviceministro de Cultura, Fernando Rojas, y llegaran a una serie de acuerdos, entre los que se encontraba abrir un canal de diálogo, en el que participarían las autoridades cubanas y las personas integrantes del 27N. Sin embargo, dichas negociaciones solo se mantuvieron escasamente por una semana. Para el 4 de diciembre de 2020 ya las autoridades habían cancelado el diálogo.

“Esta manifestación ha terminado en que Luis Manuel y Maykel Osorbo (rapero cubano ganador de dos premios Grammy Latinos) están en la cárcel, y prácticamente más de esas 30 personas que estuvieron ahí, artistas visuales, gente de teatro, gente de cine, periodistas independientes y activistas, hemos acabado saliendo de Cuba porque la presión, con más o con menos violencia, acaba quebrándonos psicológicamente y terminamos en el exilio”, dice Julio Llópiz, artista visual que participó en la reunión con el exviceministro, quien sostiene además que Denis Solís tuvo que exiliarse en Serbia en noviembre de 2021, luego ser constantemente acosado por las autoridades cubanas.

Hoy, cuando se cumplen cuatro años del plantón del 27N, en Cuba se celebra la 15ª Bienal de La Habana, que ha recibido críticas por llevarse a cabo en medio de la grave crisis social, política y económica que se registra en la Isla. De hecho, una de sus instalaciones, la del escultor alemán Martin Steinert, llamada ‘Nube de madera’, ha sido utilizada por los y las habitantes de la capital cubana, para escribir mensajes y denunciar el hambre, la represión y la falta de libertades que viven a diario.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos conmemoramos esta fecha, para denunciar la represión y el hostigamiento que sufren constantemente artistas independientes en Cuba, y para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. También solicitamos que se derogue el Decreto 349, que reprime la producción artística de quienes se dedican al arte en este país.

La violencia de género y la salud mental de las mujeres defensoras de derechos humanos: Reconociendo el impacto y proponiendo medidas de prevención, atención y reparación

Washington, DC; 25 de noviembre de 2024.– Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco (Cuba), inició su activismo cuando su hijo tenía cuatro años; hoy, él tiene 29. Durante ese tiempo, Soler ha sido blanco de diferentes formas de represión del Gobierno cubano, debido a su persistente lucha contra la situación de personas privadas de libertad por motivos políticas en la Isla.

“A veces se desatiende a los hijos y se asumen otros papeles, y eso choca”, comparte Soler, en alusión al doble y hasta triple rol que asumen las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en sociedades donde priva la violencia machista y, además, existen gobiernos autoritarios y contrarios al accionar de la sociedad civil independiente.

Solo en los últimos tres meses, la activista cubana ha sido detenida de forma arbitraria y sometida a desaparición forzada en dos ocasiones. La primera ocurrió el 22 de septiembre, cuando agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron y llevaron a una estación de policía, donde permaneció 67 horas; y la segunda vez fue el pasado 10 de noviembre, ocasión en la que estuvo desaparecida más de 76 horas.

“Aquí (en Damas de Blanca) tenemos mujeres que se han puesto en la puerta de su casa a vender dos termos de café, que lo único que le sacan es una bobería, y el régimen cubano llega y te dice ‘no puedes venderlo, porque si lo haces te meto presa’. Por ser defensora de los derechos humanos ya tienes trillada tu vida, la tienes marcada. Te excluyen de la sociedad”, agrega.

Reconociendo un problema con diferentes matices

Para conmemorar este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) nos hemos propuesto visibilizar los testimonios de mujeres activistas que, en el proceso de promover y defender derechos humanos, están expuestas a múltiples violencias que impactan en su salud mental, y formulamos una serie de recomendaciones para poner fin a este flagelo.

Naciones Unidas ha reconocido que las mujeres que trabajan en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género son frecuentemente blanco de violencia de género, discriminación y amenazas debido a que su labor desafía las normas tradicionales de género y expone las desigualdades estructurales en la sociedad, y además de enfrentarse a los riesgos habituales de las personas defensoras -donde hay que considerar que esta es una de las actividades más peligrosas en Latinoamérica– sufren ataques específicos debido a su identidad, la pertenencia a movimientos feministas o por el enfoque de su labor, como la promoción de derechos de las personas LGBTI+.

Para Maria Eduarda Aguiar, mujer trans, abogada, voluntaria del Grupo Pela Vida en Río de Janeiro y presidenta del Consejo Estatal LGBT para 2022-2024, la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político en Brasil está marcada por el asesinato de Marielle Franco, defensora de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro que fue brutalmente asesinada en marzo de 2018.

“De este modo, la salud mental de las mujeres se ve extremadamente afectada por las innumerables formas de violencia a las que estamos expuestas por defender una idea, ocupar un espacio o levantar una pancarta. Pero tenemos que seguir luchando por una educación inclusiva, antirracista, anti-LGBTIfóbica y feminista”, afirma.

La violencia que enfrentan las mujeres activistas se ve agravada por la estigmatización y la falta de mecanismos de protección efectivos, lo cual impacta en su salud mental y se manifiesta con altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y, en muchos casos, trastorno de estrés postraumático. Estas consecuencias están ligadas no solo a las agresiones físicas y psicológicas que enfrentan, sino también al aislamiento social, el desgaste emocional y la sobrecarga de responsabilidades en contextos hostiles.

Tal es el caso de Berta Soler y otras integrantes de la organización Damas de Blanco, en Cuba, cuyo caso motivó recientemente el envío de una comunicación conjunta al Gobierno de Cuba de parte de ocho Relatorías y especialistas de Naciones Unidas, entre ellas la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En la comunicación, expresan su preocupación por la situación de detenciones arbitrarias, criminalización, violencia, asedio, vigilancia y amenazas en contra de Berta Soler e integrantes de la organización Damas de Blanco, y solicitan al Gobierno una respuesta sobre los hechos alegados en un plazo de 60 días.

Azahalea Solís, defensora de derechos humanos nicaragüense, pone sobre la mesa el hecho que la violencia ejercida contra las mujeres también afecta a las personas de su entorno y que el temor, al ser una de las consecuencias, se traduce en falta de plenitud para vivir, para participar, para actuar y para expresarse. “La vida ciudadana de las mujeres que sufren violencia también se ve afectada y, por lo tanto, su participación política, así como su autonomía económica y su relacionamiento social”, subraya.

Desde Perú, Jimena Holguín, integrante de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), profundiza en los efectos que puede tener en la vida de las mujeres la violencia basada en género.

“Podemos experimentar estrés; es decir un estado de tensión, alerta; inseguridad, temor hasta llegar al terror o pánico. También puede causar ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento con el entorno, trastorno del sueño y de alimentación […]. La depresión puede llegar a ser muy alta, perdiendo sentido de la vida y hasta del ser, a tal extremo que, queriendo huir de su realidad de abuso, opresión, violencias, llegue a concretar el suicidio”, resalta.

Por su parte, María Camila Zúñiga Saa, integrante del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Empoderadas (MUDE), trae a colación que la vida de las mujeres está marcada por la violencia que sufren en el ámbito privado, especialmente de sus parejas. Al respecto, señala: “Unas de las primeras manifestaciones del agresor es atacarte psicológicamente, hacerte sentir fea, débil, incapaz, entre otras. Todo con la intención de tener el control sobre ti y volverte dependiente para abusarte a su gusto y necesidad”.

A ello agrega que, en el ámbito público, dicha violencia puede verse agravada porque “la sociedad reproduce patrones y estereotipos, y de hecho llegan a culparte de muchas de las situaciones que vives como víctima. Además, la negligencia de las instituciones acrecienta las crisis de salud mental al sentirte sola y desprotegida”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Guía Práctica sobre Lineamientos y Recomendaciones para la Elaboración de Planes de Mitigación de Riesgos de Personas Defensoras de Derechos Humanos, plantea que el impacto de la violencia se agrava cuando las mujeres activistas pertenecen a grupos vulnerabilizados. “Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, indígenas o LGBTQ+ enfrentan formas interseccionales de discriminación que añaden capas adicionales de violencia y exclusión”, sostiene.

Recomendaciones para una respuesta integral

La violencia de género no solo busca callar a las mujeres activistas, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en su salud mental y emocional. Al reconocer la magnitud de este problema, podemos avanzar hacia un sistema de apoyo integral que no solo les permita sanar, sino también continuar su invaluable labor en favor de la justicia y los derechos humanos.

Para Nedelka Lacayo, del Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUEH), es fundamental que los Estados diseñen e implementen programas de prevención, atención y reparación, y señala que el acceso a la justicia es una pieza clave en dicho proceso, pues los altos índices de impunidad generan desconfianza en las mujeres que sufren violencia y las inhibe para tomar la decisión de recurrir a las autoridades.

Es responsabilidad de los Estados garantizar la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y erradicar todas las formas de violencia que las afectan, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Por tanto, desde Raza e Igualdad hacemos las siguientes recomendaciones:

  1. A los Estados:
  • Adopción e implementación de un marco legal contra la violencia de género: aprobar y aplicar leyes que aborden todas las formas de violencia contra las mujeres, con mecanismos efectivos de monitoreo y cumplimiento. Estas leyes deben garantizar la protección integral de las mujeres, especialmente de las defensoras de derechos humanos, y abordar la violencia interseccional.
  • Fortalecimiento de sistemas de protección para mujeres defensoras: crear mecanismos específicos para proteger a las mujeres defensoras, diseñados en consulta con ellas, que prevengan agresiones, criminalización y estigmatización por su labor.
  • Creación de sistemas de respuesta efectiva: establecer unidades especializadas en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia para atender la violencia de género, garantizando investigaciones exhaustivas, imparciales y sanciones a los responsables.
  • Erradicación de restricciones a los derechos fundamentales: asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, eliminando cualquier medida que limite a las mujeres o sus organizaciones en su labor de defensa de derechos humanos.
  • Políticas públicas y diálogo con la sociedad civil: asignar recursos suficientes para implementar programas de prevención y atención a la violencia de género, y garantizar la participación de organizaciones de mujeres en su diseño, ejecución y evaluación.
  1. A las organizaciones internacionales:
  • Consolidación de mecanismos de monitoreo y denuncia: establecer o reforzar sistemas independientes de monitoreo y documentación sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y la violencia de género en los países, garantizando que los hallazgos sean utilizados para presionar a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales.
  • Asistencia técnica y capacitación: proveer asistencia técnica y programas de formación para organizaciones de la sociedad civil y Estados sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos, violencia de género y protección de defensoras, promoviendo el fortalecimiento de capacidades locales.
  • Incidencia política y diplomática: utilizar su influencia en foros internacionales y relaciones diplomáticas para exigir a los Estados la implementación de medidas efectivas para erradicar la violencia de género, proteger a las defensoras de derechos humanos y garantizar el respeto por las libertades fundamentales.
  • Financiamiento y apoyo sostenido a las defensoras y organizaciones locales: brindar recursos financieros a organizaciones lideradas por mujeres en contextos de alta vulnerabilidad, asegurando que puedan continuar su labor con independencia y resiliencia frente a las amenazas.
  1. A la sociedad civil:
  • Fortalecer redes de apoyo internas y externas: las organizaciones deben crear espacios seguros y confidenciales donde las activistas puedan compartir experiencias y buscar apoyo sin temor a represalias. Promover la construcción de redes colaborativas entre activistas y aliadas puede ayudar a fomentar la resiliencia colectiva y a combatir el aislamiento.
  • Desarrollar capacidades en salud mental con perspectiva de género: capacitar a profesionales de la salud mental aliados para que comprendan las dinámicas de violencia de género y los retos específicos de las defensoras de derechos humanos. Esto incluye facilitar acceso a terapias especializadas que atiendan tanto los efectos inmediatos como los impactos prolongados del trauma.
  • Incidir en políticas públicas inclusivas y protectoras: promover diálogos con instituciones gubernamentales para impulsar la adopción de protocolos específicos de protección para mujeres activistas.
  • Implementar campañas de sensibilización comunitaria: diseñar y ejecutar campañas que destaquen el papel fundamental de las mujeres defensoras de derechos humanos y los riesgos que enfrentan.

Ante los diferentes eventos de violencia que pueden enfrentar las personas defensoras de derechos humanos en su día a día, tanto a nivel físico como emocional, en Raza e Igualdad desarrollamos la Guía para el Autocuidado “Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás”, cuyo objetivo es que las personas adquieran conciencia sobre los riesgos a los que están expuestas -especialmente para su salud mental- y tomen acciones de autocuidado.

Organizaciones de sociedad civil expresamos preocupación por el agravamiento de la situación de personas defensoras de derechos humanos en República Dominicana

  • Desde el inicio del plan para incrementar las deportaciones, se han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo expulsiones masivas y deportación de niñas, niños y adolescentes no acompañados.
  • Las denuncias de violaciones de derechos humanos en la República Dominicana han conducido a un aumento en las agresiones y ataques a organizaciones de la sociedad civil y a activistas que promueven y defienden los derechos de las personas inmigrantes haitianas y sus descendientes.

Washington D.C., 5 de noviembre del 2024.– Las organizaciones abajo firmantes, que hemos trabajado durante décadas en favor de la protección y promoción de los derechos humanos en la República Dominicana, expresamos nuestra profunda preocupación por la alarmante escalada de hostilidad, acoso y violencia hacia personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la República Dominicana.

El pasado 2 de octubre el presidente Luis Abinader, anunció la implementación inmediata de un plan para deportar semanalmente a más de 10.000 personas en “situación migratoria irregular”. Desde entonces, diversas organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos de las personas migrantes y apátridas han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, tales como expulsiones colectivas, deportación de niñas, niños y adolescentes no acompañados, confiscación de documentos de identidad y hacinamiento en los centros de detención.

A raíz de estas denuncias se han incrementado las agresiones, discursos estigmatizantes y ataques a organizaciones de sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Recientemente, el 8 de octubre, integrantes de un grupo autodenominado “Movimiento Código Patria” amenazaron a integrantes del Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA). Tan solo cuatro días más tarde se llevó a cabo  la detención arbitraria de Franklin Dinol, coordinador del Movimiento Reconoci.do. Esta no es la primera vez que se  atenta contra organizaciones de la sociedad civil o sus integrantes. En diciembre de 2022, tuvo lugar un allanamiento ilegal en las oficinas del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

Las recientes agresiones se inscriben en un contexto más amplio de racismo, xenofobia y persecución contra personas defensoras de derechos humanos en el país, que ha sido reconocido y condenado por la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas. A pesar de la gravedad de esta situación, el gobierno de Luis Abinader no cuenta con una política pública específica para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Aunque el Estado cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), el cual establece objetivos para promover y defender los derechos humanos de todas las personas en el país, el mismo carece de medidas concretas que salvaguarden a quienes se dedican a la defensa de estos derechos, aunado a la situación de riesgo de quienes se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos.

Recordamos que los estándares internacionales establecen la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas, medidas legislativas y reglamentarias para garantizar que quienes promuevan y defienden derechos humanos puedan hacerlo sin represalias. Asimismo, destacamos que los Estados tienen la obligación de investigar , perseguir y sancionar seria y eficazmente las amenazas, discursos de odios y atentados en su contra, puesto que mantener los hechos en la impunidad puede llevar a su repetición y el amedrentamiento de otras personas defensoras.

El gobierno de Luis Abinader, tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de estos instrumentos. En este sentido, las organizaciones firmantes exhortamos al Estado a adoptar una política pública que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos y a actuar con la debida diligencia para investigar las agresiones cometidas en su contra.

Firman:

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara

Colectivo #HaitianosRD

Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS)

Global Justice Clinic, NYU School of Law

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)

Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA)

Robert F. Kennedy Human Rights

En Cuba, la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes de la Isla

Bogotá, 29 de octubre de 2024 – “Cuba no es como te la cuentan”, advierte Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la organización de la sociedad civil independiente cubana, que publicó en julio de 2024 el séptimo informe sobre los derechos sociales en este país, en el que se reveló que la pobreza extrema en la Isla  había escalado al 89%.

El abogado oriundo de la provincia cubana de Pinar del Río explica cada uno de los hallazgos que evidencian cómo la falta de recursos afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba. “Del total de la muestra (1,148 encuestas), el 61% dijo tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, mientras que en la población afrocubana la cifra se ubica en el 68%”, dice.

El 12% aseguró que estaba en situación de desempleo, una realidad que afecta al 15% de las personas afrocubanas encuestadas. También se conoció que ocho de cada 10 afrodescendientes que hicieron parte de este estudio, afirmaron que habían dejado de desayunar, almorzar o cenar, situación que afectó a siete de cada 10 personas blancas o mestizas de este informe.

Por otro lado, el 92% de las personas afrocubanas desaprobaron el servicio de salud pública; y el 81% dijo que no recibía remesas, una cifra mayor al 71% de las personas blancas que señaló que tampoco obtenía este tipo de ingresos de familiares viviendo fuera de la Isla. “Sin duda, tienen menos apoyo para enfrentar la dura realidad que se vive en Cuba”, agrega Cires.

Los hallazgos que evidencian cómo la pobreza extrema afecta principalmente a las personas afrodescendientes de Cuba, ya se habían registrado en 2023, en el sexto informe del OCDH sobre los derechos sociales en este país. En aquel entonces, el 21% de las personas afrocubanas dijo que residía en viviendas en peligro de derrumbe, una cifra que contrasta con el 15% del total de las personas consultadas (1,353), que afirmó que estaba en igual situación.

Esta encuesta también reveló que el 23% de las personas afrodescendientes carecía permanentemente del servicio de agua potable, una realidad que afectó al 17% del total de quienes participaron en el estudio del año pasado.

Los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestran que las personas afro en Cuba tienen mayores dificultades para encontrar un empleo, alimentarse, acceder a agua potable, y poseer una vivienda digna, en comparación con otros grupos poblacionales de este mismo país. “La situación de las personas afrocubanas es muy precaria, viven en zonas insalubres, tienen los salarios más bajos, y poca escolaridad”, dice Eroises González, una mujer afro de La Habana que coordina la organización Plataforma Femenina.

Otra habanera afrodescendiente de Cuba, Laritza Diversent, quien dirige la ONG Cubalex, afirma que estas violaciones a los derechos humanos son, la gran mayoría de ocasiones, naturalizadas por la misma sociedad civil. “La discriminación racial, por ejemplo, no es un tema prioritario, por tanto, no se entra ahí a hacer estos estudios, a identificar estos comportamientos”, agrega.

Censo poblacional

De acuerdo con la experta en los derechos de las personas afrodescendientes, la afrouruguaya Noelia Maciel, las cifras del OCDH evidencian el racismo sistémico que existe en Cuba, “y ha estado presente en todo el proceso socialista”.

“Esas desigualdades se ven reflejadas en la falta de acceso al empleo, las inequidades en los niveles educativos, la no recepción de remesas, que es lo que permite sostener la vida cotidiana en la Isla; y también en los procesos migratorios. Las poblaciones afro son las que tienen más barreras para salir del país”, dice Maciel, quien afirma además que en el último censo poblacional de la Isla (en 2012), no se evidenciaban estas inequidades porque se desconocía la existencia de ascendencias étnico-raciales diferenciadas, “negando de alguna forma como el componente racial es un factor de vulnerabilidad y de obstáculos para el ejercicio de los derechos”.

En 2022, el Estado de Cuba debió realizar un nuevo censo de población y vivienda, sin embargo, este proceso fue aplazado para el año 2025. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el retraso se originó por la grave crisis económica que sufre este país.

“Cuba por autodefinición está en un momento de economía de guerra, y realizar censos es muy costoso, y más en este momento donde hay ciertos estándares que se imponen a nivel regional, como hacer estos procesos en formatos más electrónicos. Pero igualmente por parte del Estado cubano no hay interés de que se pueda realizar un censo y se empiecen a visibilizar estas desigualdades, sobre todo incorporando las recomendaciones que los organismos internacionales hacen, como la incorporación del término afrodescendiente (que representa a las personas pertenecientes a diversas culturas descendientes de población africana que sobrevivió al sistema esclavista, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas)”, afirma Maciel.

En el último censo poblacional de la Isla se conoció que en 2012 este país tenía 11,167,325 habitantes, entre personas blancas, negras y mestizas. Sin embargo, en este recuento estadístico no se hizo una distinción entre quienes eran negras, mestizas y mulatas, por lo que no se pudo establecer quiénes eran los y las afrodescendientes de Cuba, ni cuáles eran sus condiciones reales de vivienda.

Perfilamiento racial

Los hallazgos de los dos últimos informes sobre los derechos sociales en Cuba evidencian cómo la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población cubana, principalmente a las personas afrodescendientes de este país, que además de no contar con lo esencial para sobrevivir, también son víctimas de prejuicios por parte de las autoridades cubanas, que los y las persiguen, reprimen, hostigan y detienen, “por el simple hecho de ser personas negras”, de acuerdo con Diversent.

“La represión también está vinculada a la persecución de las personas afrodescendientes por lo que se conoce como perfilamiento racial”, agrega Diversent, quien sostiene que un análisis de la organización Cubalex, reveló que los y las afrocubanas condenadas por haber participado en las históricas y multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, habían recibido sentencias más severas en comparación con las personas blancas que aquel día salieron a las calles a exigir sus derechos.

De acuerdo con este documento, las personas negras “que el Estado clasifica con una ‘conducta desfavorable’ reciben sanciones con una duración promedio de 13.02 años, mientras que las personas no afrodescendientes, bajo la misma clasificación, tienen sanciones promedio de 12.0 años”. Este hallazgo se suma a las cifras antes mencionadas, evidenciando cómo esta población sobrevive en la Isla.

“En 2009, yo fui víctima del perfilamiento racial. En una ocasión trabajaba en un centro de turismo y unos huéspedes canadienses querían conocer donde ver y disfrutar jazz cubano, entonces yo les indiqué ‘La zorra y el cuervo’ (club ubicado en El Vedado, zona comercial de La Habana), pero ellos me pidieron que los acompañara. Pasamos por el malecón, seguimos caminando y luego llegaron unos policías a pedirme mi identificación. Ahí mismo me cargaron, me subieron a una patrulla, y me llevaron a una estación hasta que les dio la gana. No pude acompañar a los turistas”, cuenta Norberto Mesa, un activista afrocubano que fundó en 1998 la organización Cofradía de la Negritud, un proyecto ciudadano que surgió con el propósito de luchar contra la discriminación y el racismo estructural en este país.

El pinareño (de la provincia de Pinar del Río) y defensor de los derechos humanos afirma que este tipo de situaciones siguen ocurriendo en Cuba, y agrega que la población afrocubana en los centros penitenciarios es mucho mayor en comparación con otros grupos poblacionales. También dice que hay discriminación racial en los espacios laborales, y muy poca representación de personas negras en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Recomendaciones incumplidas

En 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD o el Comité), aprobó sus observaciones finales luego de examinar el informe nacional que entregó en aquel entonces el Estado de Cuba, sobre las personas afrocubanas. El Comité señaló, entre otras cosas, que la población afrodescendiente continuaba “siendo víctima de racismo y discriminación estructural, como producto del legado histórico de la esclavitud”, lo cual se manifestaba “en la brecha de desigualdad” relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, en comparación con el resto.

El CERD registró varias preocupaciones acerca del censo, la situación de las personas defensoras de los derechos de la población afrocubana, la discriminación racial, el acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza, los estereotipos raciales, y el no reconocimiento de este tipo de violencias por parte del Estado. Estas problemáticas aún siguen latentes en Cuba, y se ven reflejadas en los hallazgos divulgados por el OCDH, y en el análisis realizado por Cubalex.

El órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, también hizo  una serie de recomendaciones al Estado que apuntan a que más personas puedan autorreconocerse como afrodescendientes, que permiten conocer cómo realmente viven las personas negras en la Isla, y que combaten la desigualdad, que, tras seis años de este documento, sigue imperante.

De acuerdo con Maciel, el Estado de Cuba debería presentar un informe oficial sobre la implementación de las recomendaciones del CERD en 2025, debido al retraso del calendario de revisión por países, que causó la pandemia del Covid-19.

Los hallazgos encontrados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el análisis realizado por Cubalex, también evidencian que las autoridades de este país no han cumplido los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), que se centran en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de esta población.

“Cuba, al igual que la mayoría de los países de América Latina, los países de la diáspora, han hecho muy poco durante el decenio. No han habido planes que permitan crear políticas públicas diferenciadas. En el caso de la Isla, hay un problema particular, y es que ellos niegan la discriminación racial. Entonces el gobierno al negar la discriminación racial, evidentemente no plantea la necesidad de tener políticas públicas diferenciadas”, dice Carlos Quesada, director del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien agrega que el decenio proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, terminará el próximo 31 de diciembre de 2024.

Las cifras de los dos últimos informes del OCDH también revelan, de acuerdo con Quesada, cómo el racismo estructural en este país ha impedido que la población afrocubana pueda ascender o acceder a una escala social un poco más alta, incluyendo, por ejemplo, el motor de la economía nacional, que es el turismo. “Cuba, en materia de lucha contra la discriminación racial se encuentra por lo menos 70 años atrás de todos los países de América Latina, incluyendo Estados Unidos”, agrega el abogado y periodista costarricense.

Como lo mencionó Cires al inicio de este artículo, la realidad de las personas afrodescencientes en Cuba no es como lo cuentan las autoridades cubanas; en su día a día ellas enfrentan discriminación y violencia en diversas formas.

El último censo no reconoce a las personas afrodescendientes en su totalidad, y como está documentado en las recomendaciones del CERD, en la Isla se niega la existencia de discriminación racial; aun cuando hay activistas y personas defensoras de los derechos humanos denunciando las condiciones precarias en las que vive la población afrocubana, y pese a que se publiquen informes, como los del OCDH, y análisis, como el realizado por Cubalex, que evidencian una realidad opuesta a la descrita por el Estado. 

Desde Raza e Igualdad hacemos eco a los hallazgos que revelan el racismo y la discriminación estructural en Cuba, y solicitamos que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes, y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población, y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas.

Cuba: organizaciones independientes comparten preocupación por agravamiento de la crisis humanitaria tras colapso energético

Washington D.C., 21 de octubre de 2024 – En las últimas 72 horas, las organizaciones firmantes hemos visto en Cuba el desplome total de los servicios imprescindibles para la subsistencia humana. Tras semanas de un déficit de más del 50% de la generación energética en el país, con provincias que reciben solo 3 horas de corriente eléctrica al día, el 18 de octubre se llegó al límite de provisión de combustible, quedando la isla a oscuras completamente, con excepción de hospitales, hoteles e institutos relacionados con la defensa nacional. Este escenario había sido advertido por expertos y sociedad civil ante la irresponsabilidad e ineficacia del Estado. Hasta el momento de redacción de esta nota, más de dos tercios del país aún se encontraba sin suministro eléctrico. Muchas zonas llevan más de 70 horas continuas sin electricidad y prácticamente sin comunicación.

Frente a este serio colapso, las organizaciones firmantes advertimos sobre la transversalidad en el deterioro de servicios básicos y su impacto devastador en la población, principalmente en grupos en condiciones de vulnerabilidad. La falta de energía eléctrica imposibilita tanto la refrigeración de medicamentos y alimentos que así lo requieran, como la cocción de los últimos. En un escenario de desconexión total en el país y sin haber creado las condiciones necesarias, la población se ha visto impedida tanto de cocinar como de acceder a alimentación elaborada, ya que panaderías, cafeterías y otros centros se encuentran cerrados. Sin corriente eléctrica, el sistema de acueducto nacional tampoco llega a conectar la distribución de agua en el sector residencial, previamente sujeto a regímenes de dos y tres días sin abasto. A la ausencia de electricidad, gas y agua se le une el corte en las comunicaciones digitales, dada la desconexión de las torres repetidoras encargadas de emitir la señal. 

Frente al descalabro total de servicios básicos y en medio de una crisis alimentaria severa, advertimos las serias consecuencias que provoca sobre la sostenibilidad de la vida esta situación en el corto y mediano plazos. Estas condiciones, unidas a la vigilancia, al control y criminalización del Gobierno de cualquier iniciativa independiente que pudiera articular y asistir a los más desfavorecidos, hacen ya imposible las condiciones de supervivencia que los cubanos han estado enfrentando en los últimos años. Advertimos que estas condiciones tienen un impacto diferenciado de mayor peso en grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad tales como personas mayores, infantes, mujeres, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población privada de libertad, entre otros.Atendiendo a la gravedad y el carácter estructural y sistémico de esta crisis,

  • Denunciamos las responsabilidades políticas del Estado cubano en la generación de esta crisis, especialmente agravadas tras la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento, y la falta de un plan que brinde una solución efectiva y sostenible a esta crisis generalizada.
  • Exigimos al Estado cubano el levantamiento de información sobre los impactos diferenciados de esta crisis y el desarrollo de un plan de medidas a corto y mediano plazo para la compensación y asistencia a las poblaciones más afectadas.
  • Exigimos al Estado cubano que permita la participación de la sociedad civil independiente, sin ser criminalizada, en el levantamiento de esta información, así como en el desarrollo de acciones de emergencia y ayuda a las comunidades y grupos más afectados.
  • Exigimos al Estado cubano respetar sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos en medio de esta crisis, garantizando los derechos fundamentales a la ciudadanía, especialmente el derecho a la protesta pacífica.

Firman esta declaración, con fecha 21 de octubre de 2024, las siguientes organizaciones:

Food Monitor Program

Cuido60-Observatorio de Envejecimiento, cuidados y derechos

Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) 

Cubalex

Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia basada en Género

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Ciudadanía y Libertad 

Fundación 4Métrica

Red Femenina de Cuba

Justicia 11J

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

Civil Rights Defenders

Museo de la Disidencia en Cuba

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Este viernes 18 de octubre, el Comité de la CEDAW evaluará al Estado de Cuba

Ginebra, 16 de octubre de 2024 – La última vez que el Estado de Cuba fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), fue en julio de 2013. En aquel entonces, este órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentó una serie de recomendaciones para hacerle frente a la violencia de género, a la ausencia de una legislación que proteja a las cubanas, y a la falta de documentación y de mecanismos que faciliten la denuncia de este tipo de agresiones.  

El Comité recomendó que se elaborara una Ley integral contra la violencia basada en género, se creara un plan de acción nacional para prevenir y mejorar la atención de estas violencias, se proporcionaran refugios, se mejorara la recopilación de datos, y se sensibilizara y capacitara a la población cubana. 

Sin embargo, el Estado de Cuba no ha cumplido con estas recomendaciones. Al contrario, su falta de compromiso con sus obligaciones internacionales se evidencia en la presentación tardía de su noveno informe periódico, el cual debió entregar en 2017. Ese documento solo se compartió al Comité en octubre de 2022, cinco años después de lo establecido, y sin que se hayan incorporado varias de las peticiones de este órgano de expertos independientes. 

“En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio, dos de las recomendaciones de 2013”, afirma Catalina Ledebur, consultora en Derechos de la Mujer del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). 

Este viernes 18 de octubre, tras 12 años de su última revisión, el Estado cubano volverá a ser evaluado por el Comité y deberá explicar qué ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres en la Isla, y para eliminar todo tipo de discriminación contra ellas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, etnia, edad, y posición política y socioeconómica. 

Como parte de este proceso de evaluación, un grupo de mujeres activistas y exiliadas de la Isla, participaron el pasado 14 de octubre en una reunión informal con el Comité, donde denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y lo que va de 2024, y cientos de defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas independientes han sido detenidas, reprimidas y violentadas, por cuestionar y criticar a las autoridades de este país. 

Desde Raza e Igualdad damos seguimiento a la evaluación del Estado de Cuba ante el Comité de la CEDAW y a los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, que revelan las violencias y la discriminación que sufren las mujeres de este país. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cumplan cada una de las recomendaciones, que surjan de esta nueva evaluación, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en Cuba.

 

En Bélgica, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH en la Isla

Bruselas, 25 de septiembre de 2024 – La directora de la revista feminista Alas tensas, Ileana Álvarez; y el periodista independiente Mario Luis reyes, se reunieron en Bruselas, Bélgica, con representantes de la Unión Europea, y de organizaciones de derechos humanos localizada en esta ciudad. El 24 y 25 de septiembre cumplieron un itinerario lleno de encuentros, donde denunciaron la crisis social, política y económica en Cuba, que ha llevado a que miles de personas abandonen la Isla.

Álvarez ha alzado la voz para referirse a la violencia de género que diariamente sufren mujeres y personas LGBTI+ cubanas. La también escritora aseguró que el Estado de Cuba se ha negado a reconocer y legislar sobre el feminicidio y la violencia de género, lo que ha perpetrado una cultura de impunidad en este país.

“Ante la ausencia de datos oficiales confiables, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado feminicidios y producido análisis y estadísticas. Entre 2019 y agosto de 2024 se registraron un total de 243 feminicidios. Solo en 2023, se verificaron 89 casos, con la mayoría cometidos por parejas o exparejas”, denunció en una de las reuniones a puerta cerrada.

Álvarez reiteró la importancia de que el Estado de Cuba incorpore el feminicidio como delito en el Código Penal, impulse una Ley para prevenir la violencia de género, y cree una red de refugios y centros de atención integral.

Por su parte, el periodista independiente Mario Luis Reyes aprovechó su visita a la capital de Bélgica para denunciar la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial de Cuba, lo que ha permitido a las autoridades cubanas, reprimir, hostigar, amenazar, detener y violentar, a quienes ejercen el periodismo de forma independiente, y a quienes “emiten opiniones contrarias al régimen autoritario de este país”.

El escritor afirmó también que el monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), ha facilitado la censura de casi todos los medios independientes en línea de la Isla.

“Estas políticas han provocado que aproximadamente un centenar de periodistas hayan salido al exilio en los últimos cinco años, quienes, en muchos casos, consideran que esta es la única opción para escapar de la represión sin ser encarcelados, o sufrir peores consecuencias”, apuntó Reyes, quien solicitó a las personas representantes de la Unión Europea, que se gestione un diálogo con miembros de la sociedad civil y periodistas independientes, que en los acuerdos de cooperación con Cuba prime el respeto por los derechos humanos, y que se implementen medidas de protección y reinserción laboral para periodistas viviendo en el exilio.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se une a los pedidos formulados por Álvarez y Reyes, y hace también un llamado a las organizaciones internacionales y a la Unión Europea, para que hagan seguimiento y monitoreen la grave crisis social, política y económica en este país, que ha puesto en evidencia la violencia de género y la represión que sufren activistas, periodistas independientes, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, y familiares de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos. Del mismo modo, pedimos a las autoridades de Cuba que garanticen los derechos fundamentales de quienes residen en la Isla, y cumplan de buena fe los acuerdos e instrumentos internacionales que brindan protección a los cubanos y a las cubanas.

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