Raza e Igualdad condena las torturas y amenazas contra José Daniel Ferrer, quien anunció estar dispuesto al exilio forzado

Raza e Igualdad condena las torturas y amenazas contra José Daniel Ferrer, quien anunció estar dispuesto al exilio forzado

Washington D.C., 7 de octubre de 2025. – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación ante el anuncio del activista cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien manifestó estar dispuesto a aceptar el exilio forzado como única alternativa para proteger su vida y la de su familia, tras años de torturas, amenazas y tratos inhumanos sufridos en prisión y mientras estuvo en libertad condicional.

En una carta escrita desde el Centro Penitenciario de Mar Verde, y divulgada el pasado viernes 3 de octubre, Ferrer denunció las graves violaciones a los derechos humanos que ha enfrentado por su activismo. “Durante años he sido sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por esbirros y otros instrumentos de la peor dictadura que ha conocido el continente americano”, escribió Ferrer.

Raza e Igualdad ha denunciado en reiteradas ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia ejercida contra José Daniel Ferrer, así como las condiciones de reclusión a las que ha sido sometido. El activista también relató las amenazas dirigidas contra su esposa e hijos, lo que lo ha llevado a contemplar el exilio forzado como única forma de salvaguardar su integridad y la de su familia. “He llegado al límite de lo que un ser humano puede resistir. Si mi salida del país es la única opción para proteger a los míos, estoy dispuesto a aceptarla”, agregó.

“Las declaraciones de Ferrer confirman el nivel extremo de persecución y crueldad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Cuba. Su disposición a aceptar el exilio forzado refleja la desesperación de un activista que ha sido víctima de tortura y represión sistemática durante años”, señala Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Ferrer, de 55 años, es uno de los activistas más reconocidos de Cuba. Integró el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados durante la Primavera Negra de 2003 y, desde entonces, ha sido objeto de reiteradas detenciones, torturas y procesos judiciales arbitrarios. Participó en las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, tras las cuales fue detenido arbitrariamente y, en enero de este año, puesto en libertad condicional. Sin embargo, el 29 de abril volvió a ser encarcelado en la prisión de Mar Verde.

Las denuncias realizadas por el defensor de derechos humanos reavivan una de las prácticas represivas más persistentes del régimen autoritario cubano: el destierro forzado, una estrategia que vulnera derechos fundamentales y que las autoridades utilizan para neutralizar liderazgos, silenciar voces críticas y despojar a activistas, artistas y periodistas de su arraigo y de sus vínculos familiares. Esta práctica se suma a otras formas de represión —como los procesos judiciales arbitrarios, el hostigamiento, la censura y el acoso sistemático—, cuyo objetivo es limitar o anular la participación política y social de quienes defienden los derechos humanos en Cuba.

En los últimos años, esta estrategia ha afectado a diversas personas activistas y periodistas de Cuba, quienes se han visto forzadas a abandonar el país tras años de represión, amenazas y encarcelamientos. Recientemente, la activista cubana Aymara Nieto, integrante de la organización Damas de Blanco y de la UNPACU, y también representada por Raza e Igualdad ante la CIDH, abandonó la Isla para radicarse en República Dominicana, el 11 de agosto de 2025. Nieto, encarcelada desde 2018, fue liberada bajo la condición impuesta por la Seguridad del Estado de abandonar Cuba. “Estuve presa hasta el último momento en que estuve en el aeropuerto. Ellos fueron los que me llevaron. Nunca me dejaron ir a la casa”, relató la defensora de derechos humanos. Viajó acompañada de su esposo, el también activista Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas, después de cumplir dos condenas consecutivas en una prisión de La Habana.

Desde Raza e Igualdad condenamos enérgicamente las torturas, amenazas y represalias que enfrenta José Daniel Ferrer, y alertamos sobre la gravedad de su situación en prisión. El caso de Ferrer evidencia la continuidad de un patrón de represión que, en los últimos años, ha obligado al exilio forzado a numerosas personas activistas, defensoras y periodistas independientes en Cuba. Instamos a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para exigir su liberación inmediata, así como la protección de su familia y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Cuba y en el exilio.

Asimismo, hacemos un llamado urgente a las Naciones Unidas, a la CIDH y a los gobiernos democráticos de la región a intervenir de manera decidida para garantizar la integridad física y psicológica de Ferrer, y poner fin a la persecución y al destierro forzado de la disidencia cubana.

Escuela Kátia Tapety en Colombia: dos encuentros para fortalecer liderazgos LGBTI+

Bogotá, 2 de octubre de 2025 — La Escuela de Formación Política Kátia Tapety, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), llegó a Colombia con dos encuentros realizados en alianza con el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), y con la Fundación Somos Identidad. Las jornadas se llevaron a cabo el 23 de septiembre en el Centro de Atención para la Población LGBTIQ+ del programa CaliDiversidad, en el barrio Miraflores de Cali; y el 26 en la Casa LGBTI Sebastián Romero de Teusaquillo, en Bogotá, donde se reunieron más de 50 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, para dialogar sobre participación política, violencia, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y las luchas compartidas entre Brasil y Colombia.

La escuela, creada en Brasil en 2022 y que ya ha tenido dos promociones (llegando a más de 60 alumnas), lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera mujer trans elegida por voto directo en el país brasileño. Para Maria Paula Custódio, coordinadora del proyecto en Raza e Igualdad, el nombre es un homenaje a su legado político: “Ella es honrada en este proyecto que ahora se expande a Colombia”.

Los dos encuentros contaron con la participación de dos exalumnas de la escuela en Brasil: Isis Carneiro, integrante de la Articulación Brasileña de Lesbianas (ABL); y Dayanna Louise, secretaria de Educación de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), quienes compartieron sus experiencias con las y los asistentes.

Isis Carneiro destacó que la escuela le permitió ampliar sus conocimientos: “Aunque soy abogada y ya he estudiado muchas cosas que vimos en la escuela, la visión que tuvimos fue completamente diferente. Logramos tener una perspectiva completamente diferente de la población LGBT y de las cosas que nos importan; no lo que vemos en la academia, que se nos olvida”.

Para Dayanna Louise, la llegada del proyecto a Colombia será un paso importante en la construcción colectiva de la región: “La escuela Kátia Tapety nos permite un proceso de incidencia política en la colectividad, pero también respetando las particularidades de cada persona. Entonces, traer la experiencia brasileña de la escuela Kátia Tapety a Colombia, es invertir en la construcción política de América Latina”.

Con estos dos encuentros, la Escuela Kátia Tapety consolidó un espacio de intercambio entre liderazgos LGBTI+ de Colombia y Brasil, reafirmando su objetivo de fortalecer la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas en América Latina. En esa misma línea, desde Raza e Igualdad renovamos nuestro compromiso de acompañar a las y los activistas de la región, impulsando espacios de formación e intercambio que contribuyan a la defensa y al reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI+.



Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



Raza e Igualdad realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela Kátia Tapety

Bogotá, 16 de septiembre de 2025 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asocio con el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y la Fundación Somos Identidad, realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, que tendrán lugar el 23 de septiembre en Cali y el 26 en Bogotá.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety es un proyecto del Instituto creado en Brasil en 2022, con el propósito de capacitar a mujeres LBTI, negras e indígenas para que puedan participar de manera plena en espacios de poder y toma de decisiones. Desde su creación, más de 60 lideresas en Brasil han participado en estas jornadas de capacitación.

El programa lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera travesti elegida por voto directo en Brasil en 1992, cuyo legado político constituye un referente en Latinoamérica para la defensa de los derechos humanos y la ampliación de la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas.

Durante los encuentros que se llevarán a cabo en Colombia, se desarrollarán sesiones sobre los siguientes temas:

  • Conceptos y alcances de la participación política.
  • Manifestaciones y consecuencias de la violencia política.
  • Mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
  • Intercambio de experiencias y aprendizajes de la Escuela en Brasil.

Si eres una persona LBTI, negra o indígena y quieres participar en este espacio, inscríbete en el siguiente enlace. Los cupos son limitados: https://forms.cloud.microsoft/r/sckf9qMPXt

Raza e Igualdad informa sobre desapariciones forzadas de mujeres en Nicaragua y Cuba ante Comité de Naciones Unidas

Washington, D.C., 10 de septiembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la consulta regional del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) en el marco de su observación general sobre las mujeres, las niñas y las desapariciones forzadas.

El objetivo de esta iniciativa del CED, que se realizó el 3 de septiembre de forma virtual, fue propiciar espacios de intercambio con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la región para identificar retos, lecciones y recomendaciones específicas y contextuales que nutran el contenido de la observación general.

En particular, el Comité estaba interesado en recibir información sobre: a) el abordaje de la perspectiva de género e interseccional; b) los impactos diferenciados y las desigualdades y circunstancias específicas de mujeres y niñas que afectan el ejercicio de sus derechos; c) los contextos que ponen a las mujeres y las niñas en situaciones de particular riesgo; d) el papel de las mujeres como defensoras de derechos humanos y constructoras de paz y; e) las medidas a disposición de las víctimas de desaparición forzada, incluyendo a mujeres buscadoras, para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Raza e Igualdad presentó información sobre en Nicaragua y Cuba

En el caso de Nicaragua, Raza e Igualdad informó sobre casos de mujeres que fueron desaparecidas durante algún momento de su detención arbitraria por motivos políticos, destacando particularmente los casos de algunas de las 11 mujeres que continúan desaparecidas hoy en día, tras ser privadas de su libertad, según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Compartimos los casos de violaciones a sus derechos, haciendo especial énfasis en los retos que enfrentan las mujeres buscadoras, las violaciones de derechos a las que pueden ser sujetas y los estándares interamericanos diferenciados que les aplican para su protección integral y cuidado.

En cuanto a Cuba, el Instituto llevó al CED el caso de las mujeres que integran la organización Damas de Blanco, proveyendo información sobre cómo estas mujeres son privadas de libertad cada domingo cuando intentan concurrir a misa, en general por plazos de entre 1 y 4 horas, pero que en algunos casos se extienden hasta 72 horas, sin dejar ningún tipo de constancia en registros oficiales.

Este patrón, que se corresponde con lo que el CED identificó en su “Declaración conjunta sobre las denominadas desapariciones forzadas de corta duración como una forma de desaparición forzada”, se conjuga con una práctica de trato sexualizado hacia estas mujeres que incluye desde insultos en razón de su género al momento de la privación de libertad hasta amenazas particulares y estrategias que buscan generar temor en las mujeres a la hora de su liberación, teniendo un impacto diferenciado frente a las desapariciones forzadas de hombres.

El Comité agradeció las intervenciones de Raza e Igualdad al hacer de su conocimiento temas que no habían sido visibilizados en el marco de la consulta regional y por presentar enfoques novedosos en los análisis realizados. Debe destacarse que el caso de las Damas de Blanco fue el único que se presentó respecto de Cuba, lo que evidencia la necesidad de reforzar las tareas de visibilización de lo que sucede en la Isla.

En Raza e Igualdad mantenemos un fuerte compromiso en ese sentido y continuaremos incidiendo ante mecanismos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la situación de desaparición forzada en Latinoamérica, especialmente en países como Cuba y Nicaragua, donde esta problemática está determinada y agravada por regímenes autoritarios.

La próxima semana, cuatro documentales sobre el exilio y la resistencia cubana se presentan en Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2025. Cuatro documentales independientes cubanos se presentarán en la capital española los días 10 y 11 de septiembre, en la sala Artistic Metropol (calle Cigarrera, 6, Arganzuela, 28005), como parte de un ciclo de cine organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Las producciones, que han sido apoyadas por la organización en los últimos años, exploran desde diferentes perspectivas la realidad política y social de Cuba, su cultura y el exilio; y buscan visibilizar y defender los derechos humanos en este país. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace. Todas las proyecciones iniciarán a partir de las 20:00 horas (de Madrid).

10 de septiembre

Dos Patrias – Dir. Hilda Hidalgo

El ciclo de cine comenzará con Dos patrias, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de tres activistas de Cuba que han enfrentado la represión política en la Isla. A través de los testimonios de Xiomara Cruz (integrante de las Damas de Blanco), Eduardo Cardet (líder del Movimiento Cristiano de Liberación) y Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, quien obtuvo la libertad bajo la condición de abandonar el país y hoy vive exiliada en República Dominicana, la obra indaga en las causas y consecuencias del estallido social del 11 de julio de 2021, y retrata la compleja realidad que atraviesa Cuba.

11 de septiembre

Recopilación de 5MIN – Dir. Katherine T. Gavilán

Este corto documental reflexiona sobre una deuda pendiente en la sociedad cubana: el ejercicio pleno de la palabra y la escucha. A través de una serie de discursos breves, esta producción propone un espacio donde emisor y receptor se encuentran, fomentando tanto el derecho a expresarse como la responsabilidad de escuchar. En ese diálogo necesario se plantea la posibilidad de una comunicación más abierta y democrática.

Otra ola – Dir. Mauricio Mendoza, Mario Luis Reyes y Alfredo Herrera

Centrada en el rap cubano y su historia de censura y marginación, Otra ola rescata la memoria de un movimiento cultural nacido en barrios afrodescendientes y empobrecidos. Este corto documental se erige como una plataforma para dar voz a artistas y comunidades que luchan por sus derechos humanos.

Sobrevivir. Historia de piel y silencio – Dir. Raúl Soublett

Este corto documental aborda la discriminación racial en Cuba y sus repercusiones en las oportunidades de desarrollo económico y social. Al recoger las experiencias de personas negras en contextos tanto urbanos como rurales, esta producción revela las múltiples formas de exclusión y reivindica la necesidad de garantizar empleo, educación y servicios básicos.



“¿Dónde más busco?”: informe denuncia la práctica sistemática de desapariciones forzadas en Nicaragua y la lucha de las personas buscadoras

28 de agosto, 2025.– Un nuevo informe elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, revela que las desapariciones forzadas se han consolidado como el rostro más cruel de la represión y la prisión política en Nicaragua desde abril de 2018.

La evidencia más reciente de la extrema crueldad de esta práctica es la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el pasado 17 de julio por oficiales de la Policía. Estuvo 38 días bajo desaparición forzada y este 25 de agosto su familia fue convocada al Instituto de Medicina Legal, en Managua, a reconocer su cadáver.

El estudio documenta cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la desaparición forzada como mecanismo de castigo y control social, afectando no solo a las personas detenidas, sino también a sus familias, condenadas a una búsqueda interminable en medio del silencio oficial. “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, subraya el documento.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las más de 2.000 detenciones políticas registradas por la CIDH en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Muchas de ellas se han extendido por periodos prolongados. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas, y privadas de contacto con sus familiares o abogados. Desde 2023, las desapariciones han pasado de durar pocos días a convertirse en procesos abiertos, sin identificar aún límite temporal, amparados en la opacidad del sistema judicial.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha advertido que esta práctica responde a un “plan criminal” del Gobierno Ortega-Murillo para neutralizar cualquier disidencia y garantizar su permanencia en el poder.

Impactos diferenciados y violencia de género

El informe alerta que las desapariciones forzadas afectan con especial crueldad a mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, líderes indígenas y personas con enfermedades crónicas. Mujeres presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas específicas relacionadas con la violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron ideación suicida.

En el caso de líderes indígenas, la desaparición forzada no solo los silencia como individuos, sino que tienen un impacto colectivo específico, ya que debilita la defensa comunitaria de los territorios y constituye una forma de destrucción cultural.

El peso de la búsqueda

El informe dedica un apartado al impacto de estas prácticas en las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan hostigamiento, desinformación, costos económicos insostenibles y graves afectaciones emocionales. Muchas son madres, hijas o esposas que cargan con la doble responsabilidad de sostener a sus familias y de mantener viva la búsqueda. “¿Dónde más busco?”, relató entre lágrimas la esposa de un desaparecido en diciembre de 2024, lo que refleja rabia, frustración y el dolor compartido de cientos de familias.

La persecución contra quienes buscan ha provocado que muchas tengan que exiliarse, lo que incrementa la angustia por la imposibilidad de obtener información en el país y agrava el trauma colectivo.

Llamado urgente

Las organizaciones firmantes exigen al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas y prisión política, liberar de inmediato a las personas detenidas por motivos políticos, e implementar mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llaman a la comunidad internacional a mantener la vigilancia activa, exigir responsabilidades y garantizar acompañamiento a las víctimas y buscadoras.

“El régimen pretende borrar cuerpos y voces, pero la resistencia de quienes buscan mantienen viva la exigencia de verdad y justicia. La desaparición forzada es un ultraje contra la dignidad humana, un crimen que no prescribe y que la comunidad internacional no debe tolerar”, enfatiza el informe.

Nicaragua: Redadas llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo evidencian nueva escalada represiva

Washington, D.C., 18 de agosto de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente las recientes redadas policiales llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, las cuales dejaron al menos 27 personas detenidas entre el 14 y 16 de agosto, según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB). Cuatro de esas personas habrían sido liberadas y 23 continúan arbitrariamente detenidas por motivos políticos.

La mayoría de las personas detenidas son excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos estuvieron marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas, en un contexto marcado por la reciente confiscación del Colegio San José en Jinotepe, Carazo.

De acuerdo al reporte del MAB, entre los detenidos en Carazo en esta nueva ofensiva, figuran el expreso político y exiliado retornado Óscar Velásquez Sánchez, el pintor Marvin Campos Chavarría, María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas; Chester Cortés, del barrio Cementerio; el tatuador Darwin Ayerdis –desaparecido desde su captura en julio–, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente a la Policía.

Las detenciones ocurrieron días después de que la co-dictadora Rosario Murillo anunciara el 12 de agosto la confiscación del colegio San José, en Jinotepe, bajo el supuesto argumento de que en dicho centro se llevaron a cabo torturas durante abril 2018. El colegio confiscado era administrado por las religiosas de la congregación Josefina, lo cual representa un paso más en la embestida del régimen contra la Iglesia Católica.

Con profunda preocupación vemos que el régimen no abandona el patrón de las detenciones arbitrarias por motivos políticos con el propósito de mantener a la población con temor de expresarse.

“Es inaceptable que en Nicaragua persista la práctica de detener a personas y someterlas a desaparición forzada, dejando a sus familias en la absoluta incertidumbre y dolor. Nadie debería vivir con el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Esta es una gravísima violación de derechos humanos que debe cesar de inmediato”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Demandamos se informe a las familias de las personas afectadas su paradero y se les libere inmediatamente. Exigimos también QUE cese la represión hacia la Iglesia nicaragüense y se respete la libertad religiosa y las propiedades y centros educativos propiedad de la Iglesia o administrados por dicha institución.

Nicaragua: organizaciones y víctimas denuncian ante la CIDH nuevos patrones de represión

Washington D.C., 28 de julio de 2025.– En el marco del 193 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, organizaciones internacionales y familiares de víctimas participaron el 25 de julio en una audiencia pública para denunciar la continuidad de la represión estatal en Nicaragua y la adopción de nuevos patrones que agravan la crisis de derechos humanos en el país, los cuales podrían afectar la seguridad y población de otros Estados.

En la audiencia participaron representantes de  la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua (AUDJUDRNIC), Urnas Abiertas, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quienes expusieron, en conjunto con Claudia Vargas, viuda del analista político Roberto Samcam; Sadie Rivas, hija del prisionero político Aníbal Martín Rivas y Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera,  cómo el régimen Ortega-Murillo ha sofisticado su sistema represivo, aplicando mecanismos de persecución más selectivos, transfronterizos y con efectos ejemplificadores tanto dentro como fuera del país.

“Constatamos con profunda preocupación que, a más de siete años del inicio de la crisis, se mantienen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La represión no ha cesado: se ha transformado y ampliado, cruzando fronteras y afectando a quienes buscan refugio en el exilio”, afirmó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

En ese sentido, dijo que, entre los nuevos patrones de represión identificados, están la persecución transfronteriza o represión transnacional, la represión migratoria, el encarcelamiento selectivo y el aumento de casos de desaparición forzada.

Respecto a la persecución transfronteriza o represión transnacional, Azahalea Solís, del MAM, mencionó la aprobación de leyes con las que el régimen nicaragüense busca legitimar su accionar en contra de los derechos humanos de nicaragüenses en el extranjero, tales como la Ley N.º. 1145, que establece arbitrariamente la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a nacionales, y la Ley N.º 1216, que reforma el Código Penal y extiende la jurisdicción penal de Nicaragua a acciones realizadas por nicaragüenses o extranjeros fuera del territorio nacional, con el fin de perseguir reiteradamente a personas opositoras o percibidas como tal.

Denunció que el gobierno también realiza acciones de control e intimidación contra nicaragüenses en el exilio, a través de amenazas y agresiones a familiares que permanecen en Nicaragua, así como el asesinato de personas en el extranjero a manos de agentes nicaragüenses, detallando que se han documentado seis casos, de los cuales tres ocurrieron en Honduras , y tres en Costa Rica, siendo el último caso el del analista político Roberto Samcam, asesinado en San José el pasado 19 de junio.

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, compartió que la Fiscalía de Costa Rica ha señalado que el asesinato de su esposo no es un crimen común, y ha reconocido la complejidad del caso, incluyendo elementos que apuntan a una posible planificación. «Esa afirmación exige ir más allá: investigar no solo a los autores materiales, sino también quiénes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución», subrayó.

Natalia Yaya, de la FIDH, aseguró que una de las más severas formas de represión del régimen Ortega-Murillo en los últimos años e inédita a nivel regional es la privación arbitraria de la nacionalidad, la cual  hoy tiene graves impactos en el goce de derechos humanos de las personas afectadas. Precisó que desde 2023, al menos 450 personas han sido afectadas con esta medida y las han dejado en una situación de “muerte civil”: «Las autoridades les anularon de todos los registros nicaragüenses y decretaron la pérdida de sus derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, así como la imposibilidad de volver a su país», apuntó.

Olga Valle, de Urnas Abiertas, añadió información referente a la apatridia de facto, señalando que el régimen ha institucionalizado mecanismos de privación arbitraria de la nacionalidad, no sólo mediante resoluciones judiciales, sino también a través de prácticas administrativas como la negativa a emitir o renovar pasaportes y documentos de identidad, tanto dentro como fuera del país. La falta de documentación, dijo, coloca a las personas en una situación de desprotección.

También se refirió al incremento exponencial en las negativas de ingreso a Nicaragua, incluso contra personas que no estaban vinculadas a redes u organizaciones opositoras. Valle señaló que hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos de la ONU documentó 259 casos de personas nicaragüenses a quienes se les prohibió el ingreso al país y que por el temor de las personas afectadas existe un sub registro importante.

“Las detenciones se concentran en pocas personas con perfiles específicos: líderes y comunitarios indígenas, periodistas, personas de fe, activistas, miembros de partidos políticos, y se ha incrementado la presencia de ex militares, [además] hay 10 personas encarceladas desde antes de 2018”, denunció Claudia Pineda, de la AUDJUDRNIC, quien puso sobre la mesa la problemática de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, precisando que «se reportan 54 personas detenidas, incluyendo 7 mujeres, 18 adultos mayores, 14 desaparecidos y 19 sin condena», según el registro del Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas.

A ello sumó que desde septiembre de 2023, las desapariciones forzadas de larga duración se han agravado, y que actualmente al menos 14 personas de la lista oficial del Mecanismo siguen desaparecidas, entre ellas 5 mujeres, 7 adultos mayores, 2 periodistas, 3 ex militares y dirigentes y activistas políticos, destacando los casos de Brooklyn Rivera, Víctor Boitano, Angélica Chavarría, Eveling Matus, Fabiola Tercero y Eddy Gonzalez, desaparecidos desde hace un año y más.

Sadie Rivas, hija de Aníbal Rivas Reed, denunció que desde el 17 de mayo, su papá fue sometido a desaparición forzada por 42 días, tiempo durante el cual permaneció totalmente incomunicado. Dijo que aun cuando ya han permitido una única visita -donde se enteraron de que fue condenado a 50 años de prisión por “traición a la patria”- la familia sigue temiendo por su vida, por sus padecimientos y enfermedades crónicas.

En tanto, Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera denunció que la desaparición forzada de su padre es parte de una estrategia sistemática del régimen para acallar a líderes indígenas que defienden la tierra, la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Adolfo Lara, de Raza e Igualdad, intervino destacando que, ante los nuevos patrones de represión, la persistencia de otros ampliamente documentados y la impunidad en la que los crímenes de lesa humanidad permanecen,  es fundamental que la comunidad internacional exija cuentas al régimen y le obligue a respetar las obligaciones internacionales que ratificó.

Asimismo, solicitó a la CIDH reforzar el monitoreo, denunciar  la represión transnacional por parte del régimen nicaragüense y brindar acompañamiento a los Estados que acogen a personas exiliadas para asegurar su protección y acceso a derechos, reconocer el patrón sistemático de apatridia  exigir la libertad de todas las personas presas políticas y el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada.

Durante la audiencia, se contó con la participación especial de Ariela Peralta, parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN). La experta evocó las constataciones presentadas en su último Informe[1] en el que también alertaban sobre la escalada de la represión transnacional y sus graves impactos para las personas afectadas, sobre el cual presentarán un informe en septiembre ante Naciones Unidas.

El presidente de la CIDH, el comisionado José Luis Caballero, agradeció a las víctimas por sus testimonios, señalando que la situación se ha agravado con la reforma de 2025. El Comisionado Arif Bulkan, Relator para Nicaragua,  lamentó la hipocresía de quienes continúan haciendo negocios con el Estado de Nicaragua y al mismo tiempo condenan a ese tipo de regímenes. Alentó a la sociedad civil a continuar su trabajo de documentación y denuncia. Los demás comisionados, luego de solidarizarse y agradecer los testimonios de las tres familiares presentes, condenaron las graves actuaciones del régimen nicaragüense, la agravación de la situación de derechos humanos monitoreada por ellos igualmente y su disposición para buscar soluciones junto con otros Estados, para la grave situación de los nicaragüenses en el exterior. Anunciaron que próximamente publicarán un Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las organizaciones participantes en esta audiencia reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión estatal y continuaremos denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega-Murillo ante los mecanismos internacionales de protección.

 

 

[1] GHREN. Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018. 3 de abril 2025. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/a-hrc-58-crp-8-s.pdf

 

Cuba: alertamos sobre la escalada represiva contra activistas y defensores de DDHH a cuatro años de las protestas del 11J

Bogotá – La Habana, 11 de julio de 2025.– A cuatro años de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), organizaciones nacionales e internacionales alertamos sobre un nuevo pico de represión del Estado cubano contra activistas, periodistas independientes, personas defensoras de DDHH y familiares de personas privadas de libertad por motivos de conciencia. Esta coyuntura exige atención urgente de la comunidad internacional ante el recrudecimiento de las restricciones en materia de libertades fundamentales y derechos humanos.

Vemos con profunda preocupación la persecución, amenazas y amedrentamiento contra la periodista Camila Acosta, quien a través de sus redes sociales ha denunciado seguimientos por parte de agentes de la seguridad del Estado para, según ella, impedir su labor informativa y de investigación en La Habana. Esta situación se suma a la de Henry Constantín, periodista y director de La Hora de Cuba, quien durante varios días estuvo preso en Camagüey, acusado de desacato por hacer su trabajo, y aunque ya fue liberado debe presentarse con regularidad ante autoridades del país. A Henry también le confirmaron que sigue regulado y que no puede salir de la Isla.

La situación de las y los presos de conciencia, varios detenidos por participar en las manifestaciones de julio del 2021, es de la mayor gravedad: en los últimos días, el líder opositor José Daniel Ferrer y el rapero Maykel «Osorbo» Castillo tuvieron que recurrir a la huelga de hambre como último recurso en reclamo frente a las injusticias que se siguen cometiendo contra ellos en prisión. Ferrer, excarcelado en enero de este año y nuevamente puesto en prisión, protesta por las brutales golpizas que le han propinado en la cárcel. Por su parte, Osorbo protesta contra los intentos de las autoridades de trasladarlo a un centro penitenciario aún más alejado de su familia, violando estándares internacionales sobre trato humanitario. Esta medida se ha vuelto recurrente, según denuncian los familiares de las personas privadas de libertad.

Donaida Pérez, opositora y presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, fue encarcelada tras las protestas del 11J y condenada a 8 años de prisión por los presuntos delitos de desacato, desorden público y atentado contra un funcionario. Aunque fue excarcelada en enero de 2025, el 11 de junio el Tribunal Provincial de Villa Clara revocó su libertad condicional, argumentando un supuesto incumplimiento de sus obligaciones. Actualmente está recluida en la prisión de Guamajal, donde enfrenta condiciones insalubres, malos tratos y posibles actos de tortura.

Tras ser excarcelado a principios de año, el también prisionero de conciencia Félix Navarro fue nuevamente puesto en prisión y permanece en condiciones precarias, con el agravante de que es una persona mayor con condiciones crónicas de salud. A su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez, se le informó el 2 de julio que sería trasladado a La Habana para realizarle exámenes médicos, sin embargo hasta ahora no ha podido comunicarse con él. Navarro permanece sin un diagnóstico médico claro, sin acceso a un tratamiento adecuado y recluido en condiciones inhumanas, sin las garantías mínimas para proteger su salud e integridad física. La falta de atención médica adecuada constituye un trato cruel e inhumano.

También expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos del régimen cubano de impedir la participación de activistas y personas defensoras de derechos humanos en la conmemoración del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A varias de las personas convocadas se les impidió asistir mediante distintos métodos de represión. Algunas fueron interceptadas en el trayecto y obligadas a bajarse de los vehículos para impedir su llegada al evento.

Los casos anteriormente mencionados se suman a la alarmante cifra que, según la organización Justicia 11J, habla de 361 personas detenidas por participar en las manifestaciones del 11J y que aún permanecen privadas de la libertad. La mayoría de ellas han sido condenadas en juicios sin garantías mínimas y bajo cargos manipulados políticamente.

Ante esta coyuntura, instamos a los gobiernos de la región, organismos multilaterales y misiones diplomáticas a:

  • Exigir acceso inmediato e independiente a las personas presas para verificar su estado de salud y condiciones de detención.
  • Realizar reuniones públicas de alto nivel centradas en la situación de derechos humanos en Cuba, con participación de víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil independiente.
  • Seguir exigiendo la libertad inmediata e incondicional de todas las personas presas por razones políticas en Cuba.

A cuatro años del 11J, la represión no ha cesado: se ha transformado y expandido. Poner atención sobre Cuba hoy es un imperativo para la defensa de la dignidad humana y la libertad.

Suscriben:

4Métrica

ARC – Artists at Risk Connection

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Cadal

Civil Rights Defenders

ConEnfoque

Cuido60 – Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos

Cubalex

Cubanet

De Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre

Food Monitor Program

Instituto sobre raza, igualdad y derechos humanos – IRIDH

La Hora de Cuba

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Movimiento San Isidro

Museo de la Disidencia en Cuba

Museo V

Observatorio de Alas Tensas

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