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Colectivo 46/2 llama a esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam y fortalecer la respuesta frente a la represión transnacional

Colectivo 46/2 llama a esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam y fortalecer la respuesta frente a la represión transnacional

El Colectivo 46/2 expresa su preocupación ante la decisión del Ministerio Público de Costa Rica de archivar la investigación dirigida a identificar a quienes habrían ordenado el asesinato del nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Según la Fiscalía, esta línea de investigación podrá reabrirse si surgen nuevos elementos, mientras continúa el proceso penal contra las personas acusadas por su presunta participación en el crimen.

El Colectivo reconoce las diligencias desarrolladas por las autoridades costarricenses, particularmente las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el asesinato. No obstante, preocupa que la autoría intelectual permanezca sin esclarecer, especialmente ante la posibilidad de que el crimen esté vinculado con patrones de represión transnacional contra personas nicaragüenses exiliadas.

El asesinato de Roberto Samcam debe analizarse en un contexto más amplio de riesgos enfrentados por personas nicaragüenses en el exilio. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), cuyo mandato ha contado con el respaldo de Costa Rica, ha documentado un patrón acumulativo e interconectado de violaciones transnacionales de derechos humanos. En su informe de septiembre de 2025, identificó una red de vigilancia e inteligencia que permite al Estado de Nicaragua localizar y vigilar a personas consideradas opositoras o percibidas como tales en el exterior. Asimismo, incluyó el asesinato de Samcam en su análisis sobre violencia física contra personas exiliadas, señalando información significativa que apuntaba a una posible motivación política.

El GHREN ha advertido que, mientras no existan investigaciones exhaustivas e independientes, no puede descartarse que estos asesinatos e intentos de asesinato formen parte de un patrón más amplio de represión transnacional. En este contexto, tanto el asesinato de Samcam como los atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica evidencian la importancia de esclarecer no solo la responsabilidad de quienes ejecutan materialmente estos crímenes, sino también sus posibles móviles y la participación de quienes pudieran haberlos ordenado, planificado o coordinado, respetando las garantías del debido proceso y la independencia judicial.

La investigación adquiere especial relevancia ante los riesgos que enfrentan otras personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses ante amenazas y hechos de violencia vinculados con alegaciones de represión transnacional. La CIDH reconoció los esfuerzos del Estado costarricense y la existencia de mecanismos institucionales de protección, pero consideró que los riesgos identificados no habían sido efectivamente mitigados. Asimismo, hizo referencia al asesinato de Samcam como un hecho que refleja la materialización de un patrón de riesgo similar al enfrentado por las personas beneficiarias.

El esclarecimiento integral del asesinato de Roberto Samcam trasciende, por tanto, la determinación de responsabilidades en un caso individual. Investigar las posibles redes de coordinación y los distintos niveles de responsabilidad constituye también un componente fundamental de la prevención y de las garantías de no repetición.

En este sentido, una declaración conjunta de expertos y expertas de las Naciones Unidas sobre represión transnacional, publicada en septiembre de 2026, recordó las obligaciones de los Estados de prevenir, investigar y responder a estos actos mediante investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y efectivas, que procuren establecer las responsabilidades tanto de sus autores materiales como intelectuales.

En virtud de lo anterior, el Colectivo 46/2:

  • Al Ministerio Público de Costa Rica, solicita valorar, conforme al ordenamiento jurídico costarricense, las vías disponibles para revisar la decisión de archivo y asegurar que se hayan agotado las diligencias razonables para esclarecer la posible autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam, incluida, cuando resulte pertinente, la cooperación judicial internacional.
  • Al Estado de Costa Rica, llama a continuar fortaleciendo las medidas de prevención y protección de las personas nicaragüenses exiliadas que enfrentan riesgos de represión transnacional, incluyendo a Claudia Vargas y su familia, garantizando su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
  • Al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y a los procedimientos especiales pertinentes de Naciones Unidas, solicita continuar dando seguimiento a las investigaciones sobre hechos de violencia contra personas nicaragüenses exiliadas y a los obstáculos para esclarecer sus posibles dimensiones transnacionales, incorporando estos elementos en sus próximos informes y pronunciamientos.
  • A los Estados que acogen a población nicaragüense exiliada, recuerda la importancia de investigar de manera pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva las amenazas, actos de vigilancia, hostigamiento y ataques que puedan constituir formas de represión transnacional, incluyendo sus posibles cadenas de responsabilidad.
  • A la comunidad internacional, llama a acompañar los esfuerzos de los Estados de acogida y a ofrecer, cuando resulte necesario, cooperación técnica y judicial para contribuir al esclarecimiento de estos hechos y fortalecer los mecanismos de protección.

El Colectivo 46/2 reconoce el papel fundamental de Costa Rica como país de acogida de miles de personas nicaragüenses y la importancia de sus instituciones democráticas para su protección. Este llamado responde precisamente a la necesidad de fortalecer la independencia, las capacidades y los recursos de las instituciones costarricenses encargadas de investigar, prevenir y sancionar estos hechos, frente a fenómenos de criminalidad y represión que trascienden las fronteras nacionales. Garantizar investigaciones exhaustivas y acceso efectivo a la justicia resulta indispensable para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.

 

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 23 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones integrantes del Colectivo que han decidido hacer pública su adhesión a este pronunciamiento:

 

  • Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Fundación del Río
  • Fundación Sin Límites
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Peace Brigades International- PBI
  • Urnas Abiertas

“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

Miami, 7 de octubre de 2026 – Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que desde el pasado 18 de julio reside en Miami, Estados Unidos, responde claro y contundente las preguntas a esta entrevista. En la habitación donde llegó luego de cumplir cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el oeste de Cuba, y tras ser beneficiario del programa Parole humanitario del gobierno estadounidense, él habla sobre la Isla, su familia, el Movimiento San Isidro (MSI), la migración, el arte, y las obras con las que denuncia a la dictadura que por años se ha tomado Cuba.

A continuación la entrevista del Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos al artista cubano, recortada para mayor claridad.

Ahora que estás en libertad, ¿en qué piensas frecuentemente? 

Siempre pienso en Cuba, siempre pienso en el arte, en cómo el arte va a seguir funcionando como una herramienta viva que aporta a la sociedad, tanto cubana como fuera de Cuba. Pienso en Cuba, en los que se quedaron atrás, en esa gente que ahora mismo no puede tomar agua potable porque no hay condiciones; que no hay corriente, que no hay vida en Cuba. Pienso en eso.

¿Piensas desde la ansiedad o desde un lugar de reflexión que te lleva a preguntarte: “¿qué más puedes hacer”?

Yo creo que un poco de ambas, yo creo que un poco de ansiedad porque el lugar donde estoy ahora mismo es un lugar desconocido, es un lugar que muestra retos gigantes. Estás desprovisto de un hogar ahora mismo… Tienes que tener una renta, tienes que tener un lugar donde existir. Después has hecho un montón de trabajo que te antecede, pero indiscutiblemente el mundo que viene ahora es mucho más; tienes que volver a conquistar como un nuevo espacio ahí dentro del imaginario popular fuera de Cuba. También quieres que tu trabajo, el arte, tenga esos lugares, esos nichos de reconocimiento occidental, de reconocimiento mundial, porque a partir de ahí es que puedes también seguir trabajando en pro de Cuba. Y después, ¿qué falta por hacer por Cuba? ¿Cuáles son las nuevas ideas que tienen que venir a tu cabeza para salir a trabajar por Cuba? Sufro esa realidad todos los días aún en la distancia, aún desde el exilio.

¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de salir al exilio?

La decisión de salir al exilio tuvo varias etapas. Al año y seis meses de estar preso, yo decidí irme porque me di cuenta del impacto, de lo gigante que habíamos hecho, y que la dictadura cubana no se iba a permitir que Luis Manuel Otero Alcántara caminara por la calle. Después sigo pasando el tiempo y seguía aceptando y hubo un momento donde ya se me está acercando la salida. Tenía la posibilidad de decidir: no me voy de Cuba, si ya pasó los cinco años. Pero ahí sí reafirmé, sobre todo cuando me llevan a la casa cerca de la playa, la casa de la Seguridad del Estado. Cuando me llevan a esa casa, me di cuenta de que no había posibilidad de caminar por las calles. Inclusive, el tratamiento de la Seguridad del Estado en ese entonces ya era de que te vas porque te vas. Vamos a ceder todo lo que podamos pero es para que te vayas, no es para que tú vivas en Cuba, porque no vas a caminar por Cuba. Cuando ves todo ese aparato construido en función de que tú te vas es porque tú eres importante. Inclusive, hubo un momento donde me sacaron, entonces era como la cabeza, no podía mencionar mi nombre. Mi nombre era como algo prohibido mencionarlo. Yo decía: ‘Bueno, parece que sí, tú tienes un impacto en la sociedad y por supuesto que la dictadura no va a permitir su muerte, su propia muerte’, ¿entiendes? Y ahí es cuando me doy cuenta de que dentro de Cuba iba a ser imposible seguir trabajando. Yo podía montarme una tabla radical de quedarme en la casa, pero me iba a quedar en la casa sin internet, sin herramientas para poder seguir aportando; y es cuando decidí salir del exilio.

¿Qué se siente estar andando por la calle sin que te estén vigilando?

Todavía estoy traumado con la vigilancia. Cuando entro aquí al espacio, que voy a entrar por la calle, y pasa un carro, siento como que ese carro viene para mí. Los otros días estaba parado afuera, había una patrulla de policía en la esquina y al momento mi cuerpo regresó a aquel sitio de La Habana. Yo siento que todavía estoy vigilado, siento que donde quiera que me mueva hay un ojo de la Seguridad del Estado y del régimen cubano como pendiente de mí.

De las obras y los performances que has realizado, ¿cuál ha sido el más simbólico y más fuerte a la hora de retratar al régimen cubano?

Yo creo que mi obra en general es un testimonio vivo de esa relación dictadura tratando de descarchar el arte que le es incómodo, tratando de descarchar el arte que es comprometido con la gente… En mi trabajo siempre me comprometí con que llegara a la gente, con que hiciera pensar al individuo que camina por las calles, al individuo que hace las colas, al individuo que sufre la dictadura desde lo más primario… Y no creo que haya una obra específica, sino en mi conjunto, en mi propio cuerpo performático, mi propio cuerpo cultural, activista, artista, es la gran obra.

¿Qué ha sido lo más gratificante de haber creado el Movimiento San Isidro?

Yo creo que lo más gratificante de haber generado o de haber formado parte del Movimiento San Isidro es, primero que todo, haber demostrado que el arte era una herramienta de cambio real; no solamente un comentario político, no solamente la expresión de un artista, sino demostrar que una herramienta poderosa como el arte sirve para cambiar las cosas de primera mano, no a través de terceros ni a través de cuartos… Yo creo que para mí fue lo más importante y, por supuesto, ver en el terreno cómo una sociedad cambia de estado de terror, estado de miedo a volverse una sociedad cívica, a volverse una sociedad que podía ser capaz de tomar las riendas de su futuro inmediato y a largo plazo. Y partió de un proyecto cultural, un proyecto artístico como se llamó el MSI. Para mí la historia de Cuba está en San Isidro, pues como están muchos otros proyectos como el proyecto Varela,  y otros tantos proyectos como las Damas de Blanco, UNPACU, yo creo que San Isidro también forma parte de ese sitio de la historia reciente y forma parte también de la memoria colectiva y de esos cubanos que se sacrificaron porque Cuba fuera un sitio mejor, y eso me encantaría que así se recogiera en la historia.

Ahora que estás en el exilio, ¿cómo ves Cuba? ¿En qué cambia la mirada? 

Me cuesta trabajo responder esa pregunta porque todavía no creo que haya aterrizado. Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión, esa especie de limbo que fue después estar en esta casa, esa especie de limbo que es montarte en un avión así y aterrizar en un sitio con toda una cantidad de información que tu cerebro está procesando. 

¿Qué fue lo más difícil de estar en prisión?

Brother, lo más difícil de estar en prisión es la prisión. La prisión es un sitio horrible. La prisión es un sitio que si pudiera como describírtelo con palabras, no se puede describir con palabras. De hecho, traje una serie de obras. Mis pinturas van a hacer un aporte a entender. Por ejemplo, hay una serie que hice que eran como unos agujeros negros, que tú sientes que estás como en una especie de limbo, como esas pesadillas que tú te caes al vacío y nunca llegas al fondo y siempre estás con esa ansiedad. Yo recuerdo la última vez que estuve en un parque de diversiones, que me montaron un aparato: eso que era como un barco y yo estuve como en la punta esa que subía para arriba, y esa sensación de bajar para abajo, que tú sientes como eso que te vas a morir. Esa adrenalina que es tóxica, es lo que tú sientes en la prisión a diario. Tú sientes que estás en un vacío que no llegas al fin. Inclusive ya después que sales, sigue estando ese vacío como muy perenne en ti durante mucho tiempo. Literalmente, tú lo que sientes en la prisión es que estás asfixiado. Esa sensación de ahogo que no te entra aire. 

Si pudieras explicar lo que pasa en Cuba a personas que no son de la Isla, ¿qué les dirías? ¿Por qué no se puede ‘romantizar’ lo que está ocurriendo?

Primero, no se puede romantizar, no se puede, es imposible romantizarlo; es imposible inclusive banalizar lo que la gente pasa en Cuba, es imposible tenerle cariño a una dictadura. Cuando alguien venga a decirme a mí algo sobre Cuba, que me estén hablando de la utopía o me estén hablando del bloqueo, del embargo, que los americanos; les diré que en Cuba lo que hay es una dictadura. En Cuba hay más de mil presos políticos. Y los presos políticos que hay ahora mismo no son ni siquiera activistas, ni son opositores. Son niños, jóvenes, mujeres que salieron a la calle a exigir un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. Entonces, si alguien romantiza eso es cómplice de la dictadura, es cómplice de las malas personas que están dirigiendo ahora mismo ese país. Estamos hablando de que hoy, a lo mejor hace 50 años atrás, 40 años atrás no había internet, nadie podía ver lo que pasaba en Cuba y tenías que guiarte por la propaganda del régimen. Pero ahora mismo que el día 11 de julio está ahí, que hay más de mil presos políticos, que hay más de no sé cuántas mil denuncias, si tú ahora mismo vives en una burbuja ese romanticismo, tu eres una mala persona. Tú eres una mala persona porque eres cómplice de una dictadura y yo con dictadores no quiero negocio, ni con sus cómplices menos les voy a aguantar la justificación del romanticismo. No son románticos, son asesinos.

***

Desde el instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las denuncias hechas por Luis Manuel Otero Alcántara. También condenamos el exilio forzado del que han sido víctimas este artista cubano y otras personas activistas, periodistas independientes y defensoras de los derechos humanos. Instamos al régimen autoritario de Cuba que cese la represión, libere a las personas privadas de libertad por motivos políticos e inicie una transición democrática que proteja los derechos fundamentales de las personas cubanas, dentro y fuera de la Isla.



Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Bogotá, 2 de octubre de 2026 – Luego de visitar las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó (en Colombia), del 4 al 14 de mayo de este año, el EMLER presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que concluyó que existe un racismo sistémico contra las personas afrocolombianas, que se reproduce en las instituciones encargadas de proteger y de hacer justicia. Sus hallazgos centrales sobre la labor policial y el sistema de justicia, son los siguientes:

 

  • Racismo sistémico, “normalizado e invisibilizado”, arraigado en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia.
  • Perfilamiento racial de uso “sistemático y generalizado”.
  • Uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la letal: jóvenes afrodescendientes perseguidos y baleados por la espalda; familias que llevan años sin avances en la investigación.
  • Expresiones policiales deshumanizantes y presencia policial excesiva en espacios de encuentro comunitario afrodescendiente.
  • Comparendos y multas arbitrarios, “comparendos fantasma”, cuotas policiales informales y uso discriminatorio del traslado para protección.
  • Impunidad, falta de acceso a la justicia y temor a denunciar.
  • Invisibilidad estadística: ausencia de datos desagregados por raza y caída del 31% de la población afrocolombiana en el censo de 2018.

El Mecanismo también advirtió que el perfilamiento racial escala hacia el uso innecesario de la fuerza. Los encuentros originados en detenciones, requisas o controles de identidad basados en estereotipos “pueden escalar innecesariamente hacia formas de violencia física”, incluida la fuerza letal. El informe sostiene que la impunidad transmite a las familias el mensaje de que sus vidas tienen menor valor ante las autoridades. 

“Nos permitimos indicar que la violencia policial racista no termina con el cuerpo de la víctima. Sus efectos se extienden a todo el Pueblo Negro, y ese daño colectivo es parte esencial de la violación”, señala el documento. 

El EMLER documentó afectaciones psicosociales, socioeconómicas, familiares y comunitarias: miedo, ansiedad, estrés, desconfianza hacia la policía y una sensación de desprotección colectiva. 

Esto tiene consecuencias en la relación entre las comunidades y las instituciones, cuando el Estado presume criminalidad por el color de la piel, el cuerpo, el cabello, la ropa, la música o el barrio, se rompe la relación básica de confianza entre ciudadanía e institucionalidad. Las personas dejan de denunciar y de acudir a la justicia, y el subregistro protege a quienes ejercen la violencia. El Mecanismo constató una “desconfianza generalizada” de la población afrodescendiente hacia las instituciones de seguridad y de justicia.

A esto se suman consecuencias que muchas veces permanecen; las multas acumuladas actúan como antecedentes que cierran el acceso al empleo y empujan a jóvenes a vivir en la informalidad o, en su defecto, el desempleo. El EMLER las describió como una forma de “criminalización administrativa de la negritud, la pobreza, la juventud y la disidencia sexual y de género”. 

El informe del EMLER se dio a conocer mientras en Colombia se denunciaba el caso de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre en el suroccidente de Bogotá, luego de que lo golpeara un grupo de agentes de la Policía Nacional. Este hecho se suma al de Luis Alfredo Echeverry, otro joven afrocolombiano que murió el pasado 27 de septiembre en el departamento del Cauca, dos casos que reproducen con inquietante precisión los patrones de violencia que ha documentado el Mecanismo de Naciones Unidas: Un encuentro policial en un barrio popular con presencia mayoritaria de población afrodescendiente, el uso de la fuerza contra una persona reducida y bajo control estatal, denuncias públicas de que el procedimiento habría comenzado con expresiones discriminatorias, y una comunidad que debe movilizarse para que las pruebas se preserven y la investigación avance.

Los hallazgos del EMLER son generales y no constituyen una conclusión sobre ambos casos. Sin embargo, el componente racial debe integrar la investigación desde el primer día. “Se debe  analizar el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Una investigación que ignore esa dimensión será una investigación incompleta”, señala el informe.

A raíz de la publicación de este documento y de los recientes casos de violencia en los que dos hombres afrocolombianos han resultado fallecidos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas concretas frente a estos hechos y atiendan las recomendaciones formuladas por el mecanismo internacional.

En primer lugar, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad, independencia e imparcialidad las muertes de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, garantizando de inmediato la preservación de todas las pruebas, incluidas las grabaciones de cámaras públicas y privadas. Asimismo, consideramos fundamental incorporar el componente racial en ambas investigaciones y evaluar la calificación penal que corresponda, de acuerdo con los estándares internacionales sobre tortura y uso ilegítimo de la fuerza.

A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa les solicitamos colaborar plenamente con la justicia, garantizar que ningún agente sospechoso permanezca en funciones que puedan permitirle afectar el desarrollo de las investigaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda estigmatizar a las víctimas o a sus comunidades. Al Ministerio Público le corresponde ejercer una vigilancia activa sobre los procesos disciplinarios y penales, así como garantizar el acompañamiento a las familias con un enfoque étnico-racial y diferencial.

De igual manera, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proporcione garantías a las familias y a las comunidades frente a posibles represalias, asegure su participación efectiva en los procesos y garantice una reparación integral, incluida la garantía de no repetición. También solicitamos la adopción de un plan público para implementar las recomendaciones del EMLER, con responsables definidos, cronograma, presupuesto y mecanismos de seguimiento que cuenten con la participación de las organizaciones afrodescendientes. Este plan debe incluir la prohibición expresa del perfilamiento racial, el inicio del proceso para trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil y la publicación de datos desagregados por raza y origen étnico sobre uso de la fuerza, detenciones, comparendos y muertes bajo custodia.

Al Congreso de la República le solicitamos avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y en la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), así como legislar para prevenir y sancionar el perfilamiento racial.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento público tanto de estos casos como de la implementación de las recomendaciones formuladas por el EMLER, con el fin de contribuir a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas y comunidades afrodescendientes afectadas.



Colectivo 46/2: informe de la OACNUDH documenta la concentración del poder y la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua 

21 de septiembre de 2026.- El Colectivo 46/2 participó en el diálogo interactivo sobre el último informe del Alto Comisionado relativo a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, celebrado en el marco del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El informe de la OACNUDH, que abarca el período entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, advierte sobre la profundización del desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, la creciente concentración del poder y el cierre del espacio cívico. En los últimos ocho años, 5.539 organizaciones han sido disueltas arbitrariamente y al menos 56 medios de comunicación han sido clausurados. La Oficina también documentó desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal y graves condiciones de detención, y advirtió que la magnitud real de las violaciones podría ser mayor debido al temor a represalias, la falta de acceso al país y la ausencia de cooperación de las autoridades. 

El informe alerta además sobre la expansión de la violencia transnacional mediante amenazas, vigilancia, asesinatos, atentados, desplazamiento a un tercer país por razones de seguridad, denegaciones arbitrarias de ingreso,represalias económicas contra periodistas, personas defensoras, personas percibidas como opositoras y sus familiares. 

Durante el diálogo, una declaración conjunta interregional de 47 Estados expresó preocupación por la concentración del poder y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, y reiteró su respaldo a elecciones libres, plurales y transparentes. También manifestó alarma por la persecución de opositores dentro y fuera del país y por la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera, y llamó a Nicaragua a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. 

Asimismo, Chile, Paraguay, Brasil, Nueva Zelanda, Georgia, Uruguay, Rumania, República Checa, Alemania y Reino Unido, entre otros, se refirieron a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia y otras formas de persecución. Por su parte, Costa Rica, España, Chile, Nueva Zelanda, República Checa, Austria, entre otras, alertaron sobre la dimensión transnacional de la represión y sus impactos sobre las personas nicaragüenses en el exilio. Asimismo, delegaciones como España, Chile, Uruguay, Rumania, Francia, Suiza y Reino Unido destacaron las restricciones a las libertades fundamentales y a la participación política.

Las organizaciones del Colectivo 46/2 destacaron los graves riesgos que conllevan para la vida y la integridad personal las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, un patrón que ha adquirido un carácter predominante en los últimos años para las nuevas detenciones. Recordaron que a la fecha al menos 60 personas están en prisión por motivos políticos, de las cuales 23 están desaparecidas, entre ellas dos menores de edad, y subrayaron la dimensión de género de la represión y persecución por motivos de género: desde 2018 se han documentado 290 detenciones arbitrarias, 98 judicializaciones y 58 desapariciones forzadas de defensoras, además de cientos de desplazamientos y al menos 559 situaciones de represión migratoria. 

Las organizaciones también llamaron la atención sobre la situación en los territorios indígenas y afrodescendientes. Advirtieron sobre la expansión de concesiones mineras y la escalada de violencia en territorios mayangnas, en un contexto de ocupación de tierras por los colonos, asedio a las comunidades y falta de garantías para la  consulta y consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, denunciaron que 8 guardabosques mayangnas y 4 lse encuentran en  

El Colectivo 46/2 llama a la comunidad internacional a mantener un escrutinio sostenido sobre Nicaragua, respaldar los mecanismos internacionales de derechos humanos, exigir al Estado poner fin a la represión en todas sus formas, liberar a las personas detenidas arbitrariamente, informar de inmediato sobre el paradero de  las personas desaparecidas, garantizar su liberación inmediata y adoptar las medidas necesarias para asegurar el derecho a la verdad, justicia, reparación y protección para las víctimas.

 

El Colectivo 46/2 reúne a 23 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales que informan periódicamente a la comunidad internacional sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones que hacen pública su adhesión a este pronunciamiento: 

  • Asociación Memoria y Justicia (AMJ)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
  • Fundación Sin Límites (FSL)
  • Fundación del Río
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos  (IM-Defensoras) 
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Peace Brigades International (PBI)
  • Right Livelihood

En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

Washington D. C., 8 de septiembre de 2026 – El pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha para visibilizar la lucha contra el racismo y reafirmar la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias. En Cuba, informes de organizaciones de la sociedad civil y las observaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advierten sobre la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente.

Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado la Revolución de 1959 como el momento en que la discriminación racial quedó atrás. Sin embargo, más de seis décadas después, persisten brechas en ámbitos como el empleo, la vivienda, los servicios básicos, las oportunidades económicas e, incluso, en la proporción de personas privadas de libertad. En el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos documentado cómo estas desigualdades tienen un carácter estructural y reproducen condiciones históricas de exclusión.

Estas brechas, planteadas durante la revisión de Cuba ante el CERD en abril de este año, se evidenciaron en las observaciones finales de este órgano independiente divulgadas en mayo pasado.

Las mujeres y niñas afrodescendientes cubanas, por ejemplo, “enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política… y se ven afectadas de manera desproporcionada por embarazos adolescentes y mortalidad materna. Además, preocupa la prevalencia de la violencia de género, incluidos los feminicidios”, señala uno de los apartados del informe del CERD. 

Desigualdad y falta de información

Por otra parte, en Raza e Igualdad hemos cuestionado las metodologías utilizadas para identificar a la población afrodescendiente y hemos señalado la necesidad de contar con información que permita visibilizar las desigualdades raciales. En su reciente revisión, el CERD consideró insuficientes las estadísticas disponibles para evaluar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas afrodescendientes. Por ello, recomendó revisar la metodología estadística a partir de la autoidentificación, realizar un nuevo censo y publicar datos desagregados.

La desigualdad también se manifiesta en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Según la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH), durante 2025 se registraron 3.511 acciones represivas que afectaron a 3.310 personas, de las cuales 1.842 eran afrodescendientes, equivalentes al 55,6 %. Esta organización también documentó una presencia significativa de personas afrodescendientes entre las víctimas de acciones represivas dentro de las prisiones.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, también evidenciaron estas dinámicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la desigualdad racial estuvo entre los factores asociados a las manifestaciones y que la represión afectó de manera desproporcionada a personas afrodescendientes.

El CERD, por su parte, expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas. También manifestó preocupación por el acoso, las amenazas, la vigilancia, las restricciones de movimiento y la criminalización de activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos de las personas afrodescendientes.

Una igualdad que todavía no es suficiente

Las conclusiones del CERD cuestionan la idea de que el racismo sea un problema superado en Cuba. El Comité reconoció que la población afrodescendiente continúa enfrentando racismo y discriminación estructural, vinculados al legado histórico de la esclavitud, que se expresan en la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, la sobrerrepresentación en la población penitenciaria y las brechas en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.

El Comité también manifestó preocupación por la falta de información suficiente sobre la implementación, los resultados y el impacto del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, adoptado en 2019, así como por la necesidad de garantizar una participación amplia e inclusiva de las personas afrodescendientes y de sus organizaciones en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), en Raza e Igualdad manifestamos que combatir el racismo exige más que reconocer la igualdad ante la ley. Como ha señalado el CERD, Cuba debe adoptar medidas concretas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación de la población afrodescendiente, fortalecer la igualdad en el ámbito laboral, investigar las denuncias de perfilamiento racial y garantizar un espacio cívico seguro para quienes defienden sus derechos.



Organizaciones de derechos humanos instan a la reunión de cancilleres de la OEA a adoptar medidas enérgicas ante la crisis nicaragüense

Washington D.C. y San José, Costa Rica; 1 de septiembre de 2026.- Organizaciones de derechos humanos  enviaron el día de hoy a las delegaciones diplomáticas de la Organización de Estados Americanos una carta en la que reconocieron la labor del Consejo Permanente de la OEA, que recientemente adoptó la resolución CP/RES. 1317 (2601/26) titulada: “Convocatoria de una reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Nicaragua”.

Las organizaciones celebran que la resolución haya sido adoptada por una amplia mayoría de 29 votos, lo que demuestra el apoyo casi unánime de los estados americanos al pueblo nicaragüense, que demanda vivir en democracia y ha asumido durante estos ocho años de crisis el alto precio de defender la democracia con sus vidas, su libertad, su integridad personal, y sufrido cárcel, destierro y exilio forzado.

Las organizaciones afirman haber sentido la solidaridad de todos los países que promovieron y aprobaron dicha resolución y de todos aquellos que se pronunciaron rechazando que una dictadura en el hemisferio americano condene a su pueblo a no poder elegir a sus gobernantes libremente como lo establecen la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos de la Organización.

Las organizaciones consideran que están ampliamente documentados los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril 2018, como lo confirmó el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del periodo comprendido entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018, el hecho que Nicaragua haya sido incluida en el Cap. IV B del Informe Anual de la CIDH en ocho informes consecutivos y todos los informes publicados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Por ello, las organizaciones expresan que no deja de asombrar y decepcionar la indiferencia o la falta de determinación que aún persiste en algunas delegaciones para tomar con la urgencia del caso, acciones que puedan conducir a superar la crisis, luego de que se ha constatado durante años la renuencia del régimen Ortega Murillo para escuchar a la OEA y sus órganos que han demandado reiteradamente se libere a los presos políticos, el cese de la represión y que se respeten los derechos humanos reconocidos en todo gobierno que se precie de democrático.

Las organizaciones estiman que la convocatoria a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es motivo de esperanza y confían en que se reunirá con la prontitud que la crisis amerita. Afirman que el tiempo que se le ha dado a la dictadura nicaragüense solo sirvió para que consolidar su modelo represivo y que las víctimas aumentaran exponencialmente quedando expuestas incluso a la represión transnacional en los países que han encontrado refugio.

Para las organizaciones, una construcción dinástica como la que se empeñan en imponer Ortega y Murillo a perpetuidad para Nicaragua tras un proceso de “consultas” llevado a cabo bajo la dirección de la familia Ortega es claramente incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua ante la OEA y con el compromiso de la OEA frente al pueblo nicaragüense, único y verdadero depositario de la soberanía y por lo tanto, sujeto del derecho internacional. Por ello, las organizaciones consideran que está más que justificado que la OEA se valga de todos los medios a su alcance para restablecer la democracia con la urgencia que el caso amerita.

Las organizaciones expresaron su confianza en que la Reunión de Cancilleres adoptará acciones concretas que conduzcan al restablecimiento de la democracia y el pleno goce de los derechos humanos.

Entre estas acciones, se sugieren las siguientes:

1.Sentar las bases para la salida del poder de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante un llamado enérgico y acciones concretas que conduzcan al cumplimiento del derecho regional americano y la Carta Democrática Interamericana.

2.Exigir a los Co-dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus proyectados sucesores su salida del poder.

  1. Adoptar sanciones políticas y diplomáticas que incluyan el llamado de embajadores a consulta y eventualmente, la ruptura diplomática, la suspensión de cualquier forma de cooperación o relación comercial e imponer limitaciones para que el Estado de Nicaragua participe en foros regionales en cualquier país que suscribió la resolución CP/RES. 1317 (2601/26).
  2. Impedir que Nicaragua se beneficie de la labor de organismos especializados de la organización regional, como la OPS, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otros.
  3. Interrumpir las relaciones económicas e imponer restricciones en transacciones financieras con Nicaragua.

La comunicación fue suscrita por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS CR), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

Contactos para entrevistas: Carlos Quesada, Raza e Igualdad

Ana Quirós Víquez, CISAS CR.

Azahalea Solís, MAM

Ley 70: 33 años de una deuda con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Bogotá, 27 de agosto de 2026 – Un día como hoy, en 1993, Colombia dio un paso histórico con la promulgación de la Ley 70, una norma que desarrolló el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales, económicos y sociales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 33 años después, la ley sigue siendo una de las principales conquistas del movimiento social afrocolombiano, pero también evidencia una deuda que el Estado todavía no salda.

La Ley 70 nació del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y reconoció un principio fundamental: los territorios que estas comunidades han habitado, cuidado y defendido durante generaciones no son simplemente extensiones de tierra. Son espacios de vida, memoria, cultura, autonomía y organización comunitaria.

Por eso, la Ley 70 es importante no solo porque permite reconocer y proteger la propiedad colectiva de los territorios, sino porque establece garantías para que las comunidades puedan preservar su identidad cultural, participar en las decisiones que afectan sus territorios, proteger sus formas tradicionales de producción y desarrollar sus propios proyectos económicos y sociales. En otras palabras, busca que las comunidades puedan permanecer en sus territorios y decidir sobre su futuro sin que su identidad y sus formas de vida sean desplazadas o amenazadas.

Su importancia también trasciende a las propias comunidades. Colombia es un país construido sobre una profunda diversidad étnica y cultural, y garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas significa proteger parte fundamental de esa diversidad, así como los conocimientos, prácticas culturales y ecosistemas que estas comunidades han cuidado durante generaciones. Cumplir la Ley 70, por tanto, no es solamente una obligación con la población afrocolombiana: es también una condición para construir un país más justo, diverso e igualitario.

Sin embargo, 33 años después, la implementación de la Ley 70 continúa siendo incompleta. Algunas de sus disposiciones tardaron décadas en ser reglamentadas. Por ejemplo, el Capítulo IV, relacionado con el uso de la tierra, la protección de los bosques y el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios colectivos, solo fue reglamentado en 2023, 30 años después de la promulgación de la ley. Otras disposiciones todavía permanecen pendientes. Mientras tanto, las comunidades han enfrentado desplazamientos, confinamientos, violencia, minería ilegal y otras formas de presión sobre sus territorios.

Un terremoto que vuelve a poner el territorio en el centro

La importancia de esta deuda se evidenció con mayor fuerza tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en las proximidades del municipio San José del Palmar, en el departamento del Chocó, un territorio con una importante presencia de población afrocolombiana. El desastre dejó 331 personas fallecidas y afectó a esta región y otras ciudades del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los territorios afectados estuvieron también Buenaventura y Cali, dos lugares con una importante presencia de población afrocolombiana y con historias marcadas por profundas desigualdades sociales y territoriales. Esto permite entender que los efectos de un desastre no se distribuyen de manera aislada de las condiciones en las que viven las comunidades.

En el Chocó, el terremoto llegó a un departamento que ya enfrentaba los impactos del conflicto armado, el confinamiento, el desplazamiento, la pobreza y las dificultades históricas de acceso a servicios e infraestructura. El desastre natural se superpuso así a una emergencia social que no comenzó el pasado 10 de agosto.

Para muchas comunidades, reconstruir significa mucho más que recuperar una vivienda. Significa recuperar sus medios de vida, sus caminos, escuelas y espacios comunitarios, pero también garantizar las condiciones para permanecer en el territorio y continuar desarrollando sus proyectos colectivos.

Por eso, la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente la infraestructura afectada. Debe reconocer las particularidades de los territorios colectivos, sus autoridades, sus formas de organización y la relación histórica de las comunidades con la tierra. ¿Cómo reconstruir estos territorios sin garantizar primero, de manera efectiva, los derechos que la Ley 70 reconoció hace 33 años?

Una deuda que el Estado debe saldar

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) consideramos que los 33 años de la Ley 70 deben ser una oportunidad para que el Estado colombiano pase del reconocimiento formal a la garantía efectiva de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El Gobierno debe avanzar en la reglamentación pendiente, fortalecer la protección de los territorios colectivos y garantizar la participación efectiva de sus comunidades y autoridades en las decisiones que las afectan.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto debe incorporar un enfoque étnico y territorial y convertirse en una oportunidad para enfrentar, y no reproducir, las desigualdades históricas que afectan a territorios como Chocó, Buenaventura y Cali. Reconstruir no puede significar únicamente volver a levantar lo que se cayó. También debe significar garantizar que las comunidades puedan vivir con dignidad, ejercer su autonomía y permanecer en los territorios que han cuidado y defendido durante generaciones.



Organizaciones denuncian ante Corte IDH que 16 personas con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y bajo desaparición forzada en Nicaragua

  • El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenidas a 16 personas, siete están desaparecidas y al menos cuatro presos políticos han muerto bajo custodia del Estado en el último año.

San José, Costa Rica. 19 de agosto de 2026.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este miércoles 19 de agosto una audiencia sobre los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad, ambos respecto de Nicaragua. Ante los jueces y juezas, un bloque de organizaciones de derechos humanos advirtió que el régimen Ortega-Murillo mantiene su desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal y que las 16 personas beneficiarias continúan arbitrariamente privadas de libertad, siete de ellas en situación de desaparición forzada.

La representación conjunta estuvo integrada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó.

En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, GHREN. Ambas reiteraron que el Estado debe cumplir de inmediato con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

En sus alegatos, las organizaciones recordaron que la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos ordenando al Estado liberar de inmediato a las personas detenidas y proteger su vida, integridad y libertad. Pese a ello, ninguna ha sido liberada. Al menos dos personas beneficiarias de medidas provisionales han fallecido bajo custodia estatal.

Las organizaciones documentaron un patrón de condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados. Estas condiciones se agravan en el caso de al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas. Así como la preocupación de las mujeres beneficiarias por los riesgos particulares por su condición de género.

La representación subrayó el deterioro acelerado del Estado de Derecho en el último año. En febrero de 2025, una “reforma constitucional” derogó la prohibición de la tortura, suprimió garantías del debido proceso y disolvió la separación de poderes. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega afirmó públicamente que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. En los últimos doce meses se reportaron al menos cuatro muertes de personas presas políticas bajo custodia estatal. La más reciente fue la del destacado líder indígena Brooklyn Rivera, Ta Upla del pueblo Miskitu, ocurrida el 30 de mayo de 2026, tras más de 970 días en desaparición forzada.

Especial preocupación generó la situación de los cuatro beneficiarios del pueblo indígena Mayangna, a quienes se les prohíbe comunicarse en su lengua, se les ha humillado por sus prácticas religiosas y, según se reportó, fueron golpeados por custodios penitenciarios en abril de 2026.

Durante la audiencia se leyeron testimonios de familiares que no pudieron estar presentes, entre ellos los de las familias de Jaime Enrique Navarrete, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia y del líder indígena Steadman Fagoth Müller, este último condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos.

“El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, señalaron las organizaciones que acompañan a los beneficiarios y familiares víctimas del régimen Ortega – Murillo.

Ante el Tribunal, las organizaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.

También pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana adoptar todas las medidas a su alcance para que el régimen cumpla lo ordenado.

Mira la transmisión de la audiencia pública aquí.

Organizaciones denuncian ante la CIDH la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos sistemáticos de control social en Nicaragua

– Brooklyn Rivera, líder indígena Miskito, murió bajo custodia estatal tras 971 días de desaparición forzada, así como la posterior detención de seis de sus familiares y allegados.

– Organizaciones exigen la liberación inmediata de al menos 60 personas presas políticas e información y liberación de 22 personas desaparecidas y el cese de las represalias transnacionales.

Washington D. C., 10 de agosto de 2026. Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado de Nicaragua ha convertido la desaparición forzada y la prisión política en prácticas sistemáticas de control social, acompañada de tortura, incomunicación prolongada, represalias contra familiares y muertes bajo custodia estatal.

La denuncia fue presentada durante la audiencia de oficio “Desapariciones forzadas en Nicaragua”, realizada en el marco del 196º Período de Sesiones de la CIDH. En la audiencia participaron el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Organizaciones y familiares señalaron que el ocultamiento del paradero de las personas detenidas ya no se limita a las etapas iniciales de la detención arbitraria, sino que abarca periodos prolongados o la totalidad de la privación de libertad; la consecuencia más grave de este régimen de incomunicación y tortura ha sido la muerte de personas presas políticas bajo custodia estatal. Entre mayo de 2019 y mayo de 2026 se registran al menos nueve muertes de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos.

Las organizaciones denunciaron que actualmente hay 60 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas 22 personas desaparecidas que incluyen a dos niñas. Por parte de los familiares participaron virtualmente Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal tras más de 970 días en desaparición forzada, y Thelma Brenes, hija de Carlos Brenes, quien fue arbitrariamente detenido el 14 de agosto de 2025 y desde entonces su familia no sabe nada sobre su paradero y condición. También brindaron su testimonio Eugenia Valle, esposa de Víctor Boitano, y Nohelia González, hermana de Eddie González, quienes también se encuentran en situación de desaparición forzada desde el 23 de abril de 2024 y el 14 de julio de 2024, respectivamente.

Reed Brody, del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) enfatizó que “la desaparición es el más cruel de los abusos estatales, destruye la vida de quien desaparece y condena a sus familias a vivir entre la esperanza y la desesperación”. A su vez, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, luego de dar lectura a los nombres de las personas desaparecidas, cuestionó al Estado de Nicaragua: “¿Dónde están todas las personas que se encuentran hoy desaparecidas en Nicaragua por acción del Estado? Devuélvanlas a sus familias y al pueblo nicaragüense. Esta Comisión urge al régimen a informar sobre el paradero de todas las personas y liberar a las personas que permanecen arbitrariamente detenidas.”

Frente al agravamiento de la desprotección de las víctimas y sus familias, las organizaciones reiteraron al Estado sus obligaciones de cumplir con las obligaciones internacionales. “Nicaragua vive un patrón sostenido de represión estatal, caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, confiscaciones y la eliminación de cualquier vía de defensa judicial”, expresó Claudia Pineda de la Asociación Memoria y Justicia. Asimismo, Alejandra Manavella del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló que “Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves del continente. Aunque persisten prácticas represivas documentadas desde 2018, el Estado ha perfeccionado sus mecanismos de control.”

La prisión política y la desaparición forzada operan como mecanismos para generar incertidumbre, fracturar la cohesión social y consolidar un régimen de control basado en el miedo. A ello se suma un nuevo patrón que consiste en visitas coercitivas: “el Estado traslada a los familiares desde sus domicilios al centro de detención, decidiendo unilateralmente cuándo y cómo ocurren los encuentros, y amenazando con suspenderlos si denuncian estas prácticas”, denunció Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Finalmente, Carlos Quesada de la organización Raza e Igualdad, en representación de las organizaciones solicitantes, presentó las siguientes peticiones a la CIDH, al Estado de Nicaragua y a otros Estados de la región:

  1. Permitir una investigación internacional e independiente sobre las condiciones de detención y las muertes bajo custodia de Brooklyn Rivera y demás personas presas políticas.
  2. Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y cesar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias.
  3. Informar el paradero y situación de las 22 personas reportadas como desaparecidas forzadamente y proceder a su liberación inmediata.
  4. Restablecer el Estado de derecho, derogar las leyes restrictivas de libertades fundamentales y permitir el reingreso de los organismos internacionales de derechos humanos al país.
  5. Exhortar especialmente a Costa Rica, así como a los demás Estados de la región, a reforzar el escrutinio de las solicitudes de extradición, deportación y notificaciones rojas de INTERPOL provenientes de Nicaragua, garantizando que ninguna persona sea devuelta cuando existan riesgos fundados de desaparición forzada, tortura.
  6. Requerir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida e integridad de las personas beneficiarias de medidas cautelares en riesgo extremo.

Las organizaciones advirtieron que la consolidación de la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos de control social exige una respuesta firme y sostenida de la comunidad internacional. Reiteraron que el Estado de Nicaragua debe cesar de inmediato estas graves violaciones y garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: defensa territorial y protección ambiental en Brasil, Colombia y Nicaragua

Washington, D.C., 10 de agosto de 2026.– Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas recuerda la invaluable contribución de estos pueblos a la preservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la lucha contra la crisis climática. Sus territorios albergan algunos de los ecosistemas más importantes del planeta y sus conocimientos ancestrales han permitido conservarlos durante generaciones.

Los pueblos indígenas administran y conservan territorios que concentran una parte significativa de la biodiversidad mundial. Por ello, los ataques contra sus comunidades no solo vulneran sus derechos individuales y colectivos, sino que también debilitan la protección de bosques, ríos y ecosistemas esenciales para enfrentar la crisis climática.

Sin embargo, quienes protegen la naturaleza también enfrentan graves amenazas. La expansión de actividades extractivas, la ocupación ilegal de tierras, la presencia de actores armados y la falta de garantías estatales han convertido la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo para muchas comunidades indígenas en América Latina. Brasil, Colombia y Nicaragua reflejan distintas expresiones de una misma realidad: la vulneración de los derechos territoriales pone en peligro no solo la supervivencia de los pueblos indígenas, sino también la protección del ambiente.

Brasil: la Amazonía bajo presión

En Brasil, la violencia contra los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con la disputa por sus territorios y el avance de actividades como la minería ilegal, la deforestación y la ocupación irregular de tierras, especialmente en la Amazonía. Entre 2013 y 2023, más de 30 líderes indígenas fueron asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organizaciones nacionales e internacionales continúan alertando sobre las amenazas e invasiones que enfrentan comunidades como el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau.

La presión sobre los territorios indígenas también tiene consecuencias ambientales de gran escala. El Atlas de la Violencia 2026 registró un aumento de los homicidios de personas indígenas en el estado de Amazonas, que además concentra el mayor número de tierras indígenas amenazadas por la deforestación, de acuerdo con Imazon. La expansión de estas actividades ilícitas compromete la conservación de la Amazonía y pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

Las mujeres indígenas enfrentan, además, formas interseccionales de discriminación y violencia. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, publicado en The Lancet, encontró que las mujeres indígenas de entre 10 y 49 años mueren, en promedio, ocho años antes que las mujeres blancas, en un contexto marcado por la violencia, la exclusión social, la discriminación institucional y las barreras de acceso a servicios de salud.

Colombia: defender el territorio en medio del conflicto

En Colombia, el territorio constituye la base de la identidad, la espiritualidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas han convertido muchos resguardos y territorios ancestrales en escenarios de violencia permanente.

Esta violencia alcanza de manera particular a quienes defienden la tierra y el ambiente. Según Global Witness, 48 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en Colombia en 2024, la cifra más alta del mundo por tercer año consecutivo. En 2023, fueron asesinadas 79 personas defensoras del ambiente y el territorio, de las cuales 31 eran indígenas. Entre 2012 y 2023, Colombia acumuló 461 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el mayor número registrado mundialmente durante ese período.

En su informe Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2025), la CIDH advierte que los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades tradicionales y quienes lideran procesos de defensa del territorio y protección ambiental enfrentan riesgos particularmente elevados, debilitando las estructuras comunitarias y poniendo en peligro la continuidad de sus formas de vida.

La insuficiente implementación de la Reforma Rural Integral y del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, sumada a la impunidad y las limitadas medidas de protección, continúa obstaculizando la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Nicaragua: el extractivismo profundiza el despojo territorial

En Nicaragua, la defensa de los territorios indígenas y afrodescendientes enfrenta un escenario de creciente presión por la expansión del modelo extractivo. Durante la audiencia “Impactos de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, celebrada en el 196.º Período de Sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado ha profundizado una política que favorece la explotación minera a costa de los derechos colectivos de estas comunidades.

Las organizaciones señalaron que el Estado mantiene una deuda histórica al no completar el saneamiento de los territorios indígenas titulados, facilitando la invasión de colonos, mientras reformas legales e institucionales han debilitado las salvaguardas ambientales y eliminado espacios efectivos de participación y consulta. Como consecuencia, las concesiones mineras avanzan sin garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Según la información presentada ante la CIDH, 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25,5 % de sus tierras comunales. El impacto alcanza 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1.900 kilómetros de red hídrica, además de áreas protegidas de enorme importancia ecológica, como las Reservas de Biosfera Bosawás y Río San Juan.

La expansión extractiva también ha intensificado la violencia contra las comunidades. Entre 2013 y 2024, al menos 79 personas indígenas fueron asesinadas en el contexto de invasiones y ataques de colonos en la Costa Caribe, mientras líderes y lideresas indígenas continúan enfrentando criminalización y persecución por defender sus territorios. Estos hechos se producen en un contexto que la CIDH ha documentado como de violencia, despojo territorial e impunidad, con graves consecuencias para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

En ese contexto de despojo, violencia y debilitamiento institucional, destaca la muerte bajo custodia del Estado de Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, que fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2023 y permaneció desaparecido durante más de 970 días.

Proteger los territorios es proteger el futuro

Los casos de Brasil, Colombia y Nicaragua evidencian que la protección de los pueblos indígenas no puede desvincularse de la protección del ambiente. Cuando sus territorios son invadidos, explotados o degradados, también se vulneran derechos colectivos fundamentales como la identidad, la autodeterminación, la cultura y el derecho a un medio ambiente sano.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Raza e Igualdad reafirma que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, respetar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, proteger a quienes defienden la tierra y asegurar que el desarrollo económico nunca se construya a costa de los derechos humanos.

Proteger a quienes han resguardado la naturaleza durante generaciones es también proteger los ecosistemas de los que depende nuestra vida y una condición indispensable para enfrentar la crisis climática y construir sociedades más justas y sostenibles.

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