El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

Washington D.C., 6 de marzo de 2026 – El pasado 19 de febrero, seis mujeres activistas de Brasil, Colombia, Cuba, México y República Dominicana se reunieron en un encuentro virtual que, desde Raza e Igualdad, llamamos ‘Cuando las mujeres crean, la memoria resiste’. Durante una hora y treinta minutos compartieron quiénes eran, desde dónde luchan y qué realidades atraviesan sus territorios. De ese intercambio nació un manifiesto colectivo que hoy cobra especial sentido en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En este espacio participaron Eva Rafaela Calça, de la Rede Trans Assis de Sao Paulo, Brasil; Andrea Ceballos, de la Organización Indígena del Territorio Pasto, en Colombia; María Camila Zúñiga, del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (Mude), también de Colombia; Lourdes Esquivel, integrante de la organización Damas de Blanco de Cuba; Daniela Islas, del colectivo Afrocaracolas de México; y Estefany Feliz Pérez, del movimiento de jóvenes Reconoci.Do de República Dominicana. Para muchas de ellas, fue la primera vez que compartían un espacio común entre luchas tan diversas, pero atravesadas por una misma urgencia: la dignidad.

El ejercicio culminó con la escritura de un manifiesto que recoge su voz colectiva y sus principales demandas:

“Nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe nos unimos en un grito poderoso para exigir igualdad y justicia. El amor y la fuerza es lo que nos sostiene en esta lucha diaria.
Desde el ayer y el hoy reconocemos la fuerza y determinación de nuestra historia. Somos motor. Somos tesoros del mundo.
Luchamos por sentirnos seguras y en igualdad, siendo reconocidas y tratadas con dignidad, desde una mirada antirracista y decolonial.
¡Hoy y siempre exigimos respeto y libertad en todos los espacios!”

Ese llamado no surge en el vacío. América Latina y el Caribe continúa marcada por una violencia estructural contra las mujeres. En los últimos cinco años, al menos 19.254 feminicidios han sido registrados en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En la mayoría de los casos, las muertes violentas son perpetradas por parejas o exparejas, lo que demuestra que la violencia de género sigue instalada en los espacios más cotidianos.

Violencia feminicida en la región

Brasil encabeza las cifras más alarmantes. En 2025 registró 1.470 feminicidios, el número más alto de la última década, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. En ese contexto, Eva Rafaela Calça insistió en que la violencia no se limita al asesinato: también se expresa en la exclusión y la sobrecarga. Para ella, es urgente “un espacio público que valore a la niñez como una responsabilidad de toda la sociedad, y no solo de la madre”, porque muchas veces “la madre queda sobrecargada”, y también políticas que amplíen oportunidades de trabajo para mujeres trans “más allá de la informalidad y la prostitución”. Su reflexión conecta la violencia feminicida con la falta de políticas de cuidado y con la marginación estructural de las mujeres trans.

En Colombia, donde el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 973 casos en 2025, la impunidad sigue siendo una herida abierta. María Camila Zúñiga recordó que, además de exigir justicia frente a los asesinatos, es fundamental que “reconozcan el trabajo que hacen las mujeres con las infancias, desde los territorios”, y que se dignifiquen sus vidas. “Sabemos que, cuando una mujer es asesinada, la justicia no siempre llega”, agregó.

En México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025, la violencia se entrelaza con el racismo estructural. Daniela Islas advirtió que para las mujeres afromexicanas la urgencia pasa también por el reconocimiento: “lo que más nos urge es el reconocimiento de nuestros derechos, que haya más políticas públicas para las mujeres afromexicanas, donde se nos garantice la atención médica”. Ella también se refirió a lo que más anhela: “Imaginamos un mundo sin racismo, sin discriminación, donde nuestros derechos como mujeres afromexicanas se reconozcan y se protejan”. La violencia de género, en su territorio, no puede separarse de la discriminación racial.

En Cuba, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron 48 feminicidios en 2025 y advierten que estos crímenes son el desenlace de violencias prolongadas. Lourdes Esquivel lo expresó desde la crudeza de su realidad: “En Cuba a las mujeres nos violan todos los derechos. Nos encarcelan a los hijos, nos los matan, nos golpean. Pasamos hambre. Hay niños que no tienen nada que comer”. Su testimonio recordó que la violencia también se manifiesta en el hambre, la represión y el dolor cotidiano.

En República Dominicana, donde se registraron 59 asesinatos de mujeres el año pasado (de acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia), las cifras conviven con políticas y prácticas que afectan especialmente a mujeres migrantes y de ascendencia haitiana. Estefany Feliz Pérez denunció que, si no cuentan con documentos de identidad, “no reciben asistencia a la salud, y tampoco pueden estudiar”, y que existe “una persecución contra las mujeres haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana” que incluso implica detenciones arbitrarias y pagos indebidos. 

A nivel global, las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. De mantenerse el ritmo actual, cerrar las brechas podría tomar siglos. Frente a este panorama, el encuentro virtual del 19 de febrero fue más que un espacio simbólico: fue una apuesta por la articulación regional.

Este manifiesto también es la prueba de que es posible construir acuerdos en la diversidad. Seis mujeres de contextos distintos, con historias y luchas propias, lograron encontrarse sin haberse conocido antes, escucharse con atención y reconocerse en sus diferencias. En este ejercicio de diálogo honesto y respetuoso identificaron necesidades comunes y tejieron una voz colectiva. Este espacio virtual no solo permitió compartir denuncias, sino también demostrar que la articulación regional es una herramienta poderosa cuando se basa en la escucha, el respeto y la conciencia de que ninguna lucha está aislada.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a quienes resisten desde los territorios y de acompañar sus demandas. Porque cuando las mujeres crean juntas, la memoria resiste; y cuando la memoria resiste, también se construye futuro.



La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

  • Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí. 

A 19 años de la agresión a doña Ernestina Ascencio, familia y organizaciones exigen cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano sigue sin proponer una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo. 

México, 25 de febrero de 2026.– A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones que les representamos exigimos al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.

Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitamos formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.

Fallo histórico

Este aniversario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.

Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».

El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos. 

A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.

Firman:

  • Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)
  • Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)
  • Kalli Luz Marina A.C. 
  • Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​
  • Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
  • Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Régimen autoritario de Cuba destierra a la activista cubana Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco

Washington D.C., 10 de febrero de 2025 – Este lunes 9 de febrero, el régimen autoritario de Cuba impidió el ingreso al país de la activista cubana Leticia Ramos, integrante del movimiento Damas de Blanco, forzándola al destierro. Ramos viajó desde Estados Unidos a Cuba, pero una vez en el país las autoridades le negaron reunirse con su familia, retuvieron su equipaje y le ordenaron regresar, viéndose obligada a volver a Miami.

El pasado mes de enero, durante una entrevista concedida a Raza e Igualdad, Ramos expresó su temor de que el régimen cubano le negara el retorno a la Isla tras viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, una práctica sistemática utilizada para silenciar, castigar y forzar al exilio a personas activistas. Ese temor se hizo realidad el día de ayer. Desde el Instituto la acompañamos y asumimos su representación en este proceso, del mismo modo que hemos brindado acompañamiento a las integrantes de las Damas de Blanco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde octubre de 2013 otorgó medidas cautelares “para preservar la vida y la integridad personal” de las mujeres que conforman el colectivo.

Entre la resistencia y la represión

Leticia Ramos forma parte de las Damas de Blanco desde 2004, cuando se incorporó como Dama de apoyo, acompañando a mujeres cuyos familiares fueron encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. Desde entonces, ha participado de manera sostenida en acciones pacíficas, como la asistencia a misa vestidas de blanco y con flores, para exigir la liberación de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba.

Tras la muerte en “extrañas condiciones” de Laura Pollán, fundadora del movimiento, en 2011, Leticia fue elegida coordinadora del grupo de Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. A partir de ese momento, el hostigamiento estatal se intensificó, incluyendo golpizas, amenazas, vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y restricciones a su derecho a la libre circulación. Durante casi nueve años permaneció regulada, sin poder salir del país.

Las represalias también alcanzaron a su entorno familiar. Ramos es madre de dos hijos: uno que reside en Estados Unidos y otro, Randy Montes de Oca Ramos, que vive en Cuba y ha sido víctima de persecución, detenciones y procesos penales basados en acusaciones falsas, como mecanismo de presión para forzar a su madre a abandonar el activismo. En 2018, Randy cumplió una condena de seis meses de prisión domiciliaria tras protestas públicas realizadas por Leticia.

Entre 2013 y 2018, Ramos fue detenida en múltiples ocasiones, llegando a ser privada de la libertad hasta cuatro veces en una misma semana. Intentó documentar estos hechos, pero la información se perdió tras allanamientos a su vivienda en 2016, 2018 y 2019, durante los cuales agentes estatales confiscaron materiales de trabajo, dispositivos electrónicos y objetos vinculados a su activismo.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Leticia decidió manifestarse en Cárdenas pese a atravesar, junto a su familia, un grave cuadro de COVID-19. En ese contexto, recordó que fue posible percibir “el miedo del régimen frente a un pueblo desarmado, pero decidido a alcanzar su libertad”.

El destierro de Leticia Ramos se inscribe en un patrón de prácticas represivas utilizadas por el régimen cubano para castigar a quienes defienden los derechos humanos, mediante el exilio forzado, la separación familiar y la intimidación constante.

Desde Raza e Igualdad reconocemos la trayectoria, la valentía y la resistencia de Leticia Ramos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañarla y denunciar esta grave violación a sus derechos humanos, así como la estrategia de silenciamiento ejercida contra activistas en Cuba.



Condenamos violencia contra Danne Belmont, lideresa trans y directora ejecutiva de la Fundación GAAT en Colombia

Bogotá, 2 de febrero de 2026 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad con Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), y su pareja, quienes fueron víctimas de actos de violencia transfóbica el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Desde Raza e Igualdad rechazamos de manera contundente toda forma de violencia basada en prejuicios, en particular aquella dirigida contra personas por su identidad de género u orientación sexual. Este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos, además se suscribe a un contexto amplio de violencias estructurales que enfrentan de manera persistente las personas trans en la región. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe país, indicó que Colombia es uno de los Estados de la región que registra más muertes violentas de personas LGBTI. Solo entre 2022 y 2023 hubo 302 asesinatos. Colombia se posiciona como el tercero en Latinoamérica con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, lo que evidencia una situación de riesgo extremo. A su vez, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2024 fueron atendidos por esta institución cerca de 290 hechos de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, entre los cuales se encuentran violencias físicas.  

En sus observaciones derivadas de la visita in loco de 2024, la CIDH advirtió sobre la persistencia de la violencia en contra de esta población y obstáculos que las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia, en especial, en los territorios afectados por el conflicto armado. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un agravamiento de las violencias extremas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto en espacios privados como en el ámbito público, e insistió en que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible si el Estado actúa de manera oportuna.  

Reconocemos y valoramos profundamente la labor que Danne Belmont ha desarrollado como lideresa trans y defensora de derechos humanos, así como el trabajo histórico de la Fundación GAAT en la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas trans, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Los ataques contra liderazgos sociales y defensores de derechos humanos buscan silenciar voces fundamentales para la construcción de sociedades más justas e inclusivas, y no pueden ser tolerados. 

Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones prontas, exhaustivas y con enfoque basado en género, garantizando el acceso efectivo a la justicia, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de protección adecuadas para Danne Belmont, y su pareja. 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la transfobia, la discriminación y la violencia, y reafirmamos que la dignidad, la vida y la integridad de las personas trans deben ser plenamente garantizadas. 

A Danne, su pareja y a la Fundación GAAT: decirles que no están solas. Les acompañamos con solidaridad y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de caminar a su lado, sostener sus luchas y alzar la voz, de manera firme y constante. 



Museo V: memoria, arte y resistencia contra la violencia basada en género en Cuba

Washington D. C., 27 de enero de 2026 — En un contexto marcado por la represión y el silenciamiento de las violencias basadas en género en Cuba, en 2022 nació el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, conocido como Museo V. Impulsado por la periodista y escritora cubana María Matienzo, hoy exiliada en Madrid, este proyecto trasciende el formato museístico tradicional para consolidarse como una plataforma virtual de denuncia, reflexión y creación colectiva con una clara mirada feminista, antirracista e interseccional.

El Museo V surgió inicialmente como una propuesta para visibilizar la violencia política dentro de Cuba, especialmente aquella ejercida contra mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Con el tiempo, el proyecto amplió su alcance, incorporando la participación de creadoras y activistas de otros países de la región, así como el análisis de contextos internacionales en distintos talleres sobre derechos humanos.

El museo funciona como un espacio de intercambio y construcción colectiva. “Es un espacio donde la gente va a dar, va a aportar y va a recibir información”, explica su directora. Este trabajo se sostiene desde una postura política clara: el enfoque interseccional y antirracista atraviesa todas sus acciones. “No hay una mirada dentro del museo que no sea antirracista. Es una de las grandes batallas que tenemos que librar el pueblo de Cuba y el resto del mundo”.

En el Museo V convergen artistas y creadoras que trabajan desde las periferias —geográficas, políticas y simbólicas—, aportando miradas diversas y críticas. Uno de los ejes centrales del proyecto es insertar a Cuba en el mundo, rompiendo los silencios impuestos sobre las violencias políticas y de género que históricamente han sido negadas o invisibilizadas.

Ante la imposibilidad de contar con un espacio físico en la Isla, el museo existe exclusivamente en formato virtual. Sin embargo, su vocación es profundamente cubana. “No nos consideramos un museo virtual para la migración o para el exilio. Nos consideramos un museo virtual para Cuba. Una Cuba que necesita volver a hacer lo que fue en algún momento desde el punto de vista cultural, que era vanguardista”, afirma.

El taller sobre violencia política en razón de género, a cargo de la abogada Laritza Diversent, de la organización Cubalex, ocupa un lugar central dentro del Museo V y es uno de los contenidos más destacados por su directora. “Este taller es importante porque es, prácticamente, la razón de ser del museo”, sostiene Matienzo, resaltando el valor de las voces expertas que hoy trabajan desde el exilio tras ser perseguidas por el régimen cubano.

Desde Raza e Igualdad damos visibilidad a este tipo de iniciativas que documentan y narran las experiencias de mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Exigimos al régimen autoritario de Cuba que garantice su protección y respete sus derechos, poniendo fin a la represión y a las múltiples violencias que enfrentan, especialmente cuando cuestionan sus políticas.

Para conocer más sobre este espacio, visita su página web museov.org y sigue sus contenidos en redes sociales a través de @museovbg.

Excarcelaciones condicionadas no son libertad: Raza e Igualdad exige liberaciones plenas en Nicaragua

Washington, D.C., 12 de enero de 2026.– Ante las recientes excarcelaciones de personas que estaban en prisión por motivos políticos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por las condiciones y restricciones bajo las cuales se están realizando, las cuales son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

El sábado 10 de enero, el régimen Ortega-Murillo emitió un comunicado anunciando que “retornaban a sus hogares” nicaragüenses que “permanecían bajo resguardo de las autoridades pertinentes”, en alusión a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua señala que, tras verificar directamente con familiares, fueron 24 las personas excarceladas ese día.

Desde Raza e Igualdad reconocemos el alivio que estas excarcelaciones representan, especialmente para sus familiares; sin embargo, nos preocupa que tanto en este caso como en el caso de las excarcelaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2025, las personas beneficiarias no gocen de libertad plena, puesto que deben presentarse ante las autoridades diariamente, informarles si saldrán de sus municipios y tienen restringido su derecho a la libertad de expresión, medidas que son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

Así mismo, recordamos que al menos 38 personas continúan en prisión por motivos políticos en Nicaragua, las cuales sufren duras condiciones en las cárceles del régimen Ortega-Murillo, que incluyen malos tratos, torturas, amenazas, falta de atención médica y falta de alimentación adecuada. Algunos son adultos mayores con padecimientos crónicos que no están siendo debidamente atendidos y cuyas vidas corren riesgo. Destacamos el caso de los líderes indígenas Nancy Elizabeth Henríquez, Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth, ex militares y activistas y personas opositoras o consideradas como tales, todos víctimas de un sistema judicial carente de la independencia necesaria para impartir justicia.

El sistema interamericano de protección ha otorgado medidas cautelares y provisionales para varias de estas personas[1] y en otros casos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha declarado la arbitrariedad de sus detenciones y ha exhortado al gobierno a liberarles de inmediato, indemnizarles y  concederles otros tipos de reparación[2].

A la comunidad internacional le recordamos que estas excarcelaciones se producen, además, en un contexto político particularmente sensible: coinciden con el 19 aniversario del regreso al poder de Daniel Ortega, y ocurren una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que fue seguido por la liberación de personas presas políticas en ese país. Este entorno regional refuerza la necesidad de observar con especial atención las decisiones del régimen nicaragüense y de exigir que cualquier medida relacionada con la libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos responda a obligaciones jurídicas internacionales que deben ser cumplidas, más que a cálculos políticos coyunturales en base a los cuales el régimen nicaragüense no está poniendo fin al patrón establecido de las detenciones políticamente motivadas.

Raza e Igualdad también ve con profunda preocupación la escalada represiva emprendida por el régimen Ortega-Murillo tras la captura del dictador Nicolas Maduro en Venezuela, la cual habría tenido como principal consecuencia redadas que tuvieron como resultado la detención de al menos 60 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco. Se desconoce con exactitud cuántas de estas personas fueron liberadas y cuántas continúan detenidas. Nuestra solidaridad hacia sus familias, que se enfrentan ahora a la incertidumbre y angustia por la falta de sus seres queridos, el desconocimiento de las condiciones en las que se encuentran  y las consecuencias que dichas detenciones conllevan.

Raza e Igualdad exige la libertad inmediata de todas las personas que continúan en prisión por motivos políticos. Solo el cese de la represión podrá contribuir a empezar a crear las condiciones que permitan alcanzar una paz duradera, basada en el respeto de los derechos humanos.

 

 

[1] Medidas provisionales para Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth, entre otras.
[2] Opiniones Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) No. 70/2024 referida a Nancy Elizabeth Henríquez, Opinión 22/2025 referida a Rodrigo Bruno Arcangel, Stony (Tony) Bruno Smith, Oliver (Ovier) Bruno Palacios, Evertz (Evert) Bruno Palacios (Nicaragua) y Opinion No. 30/2024 referida a Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías (Nicaragua).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por la violación sexual de parte de militares, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario

La Familia de doña Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, celebramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que, tras casi diecinueve años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, declaró la responsabilidad internacional de este por la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

La decisión de la Corte IDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables. Asimismo, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.

Además, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.

El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares. Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de doña Ernestina que así lo deseen. También ordenó al Estado mexicano implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el Municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas. El Estado deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.

Luego de conocer la sentencia, la señora Martha Inés Asencio, hija de doña Ernestina, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.  

Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”. 

Para Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.   

Las representantes de las víctimas consideramos que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.    

​​La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación  sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia.  

Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM),  Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​, el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, luego de ser notificadas de la sentencia solicitamos formalmente al Estado mexicano nos proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025 “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.

CONTACTOS DE PRENSA:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)

Contacto: Carmen Herrera, justiciayderechoshumanos2006@gmail.com, Whatsapp: 55 4347 6669

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)

Contacto: Arlet García López, centrohj@gmail.com, Whatsapp: 228 177 3127

Kalli Luz Marina A.C.

Contacto: Elizabeth Guevara Mitzi, kallilegal23@gmail.com  

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​

Contacto: Patricia Torres Sandoval y Norma Don Juan Pérez, mujeresindigenasconami@gmail.com, WhatsApp: +52 55 2407 8827

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Contacto: Angelita Baeyens, baeyens@rfkhumanrights.org

Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Contacto: Christina M. Fetterhoff, fetterhoff@raceandequality.org, WhatsApp: +1-202-867-6225

“Seguimos vivos en un abismo sin fin”: tres activistas cubanos a un mes del huracán Melissa

Washington D.C., 29 de noviembre de 2025 – Hoy hace un mes, el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba dejó destrucción, angustia y un panorama agravado para los habitantes de esta región. Dialogamos con tres activistas que, además de enfrentar el impacto del ciclón, sobreviven al abandono estatal, el hostigamiento político y el colapso de los servicios básicos. Desde la provincia de Holguín, Ronald Mendoza (50 años), Eduardo Cardet (57) y Geydis Jaime (24) relatan cómo vivieron el desastre y cómo la emergencia humanitaria se profundiza en una isla sumida en una crisis social, política, económica, y sanitaria.  

El pasado 29 de octubre, el huracán Melissa tocó territorio cubano como uno de los fenómenos más fuertes de la temporada de huracanes de 2025 (de junio a noviembre), provocando inundaciones severas, daños estructurales y el colapso de servicios esenciales. Aunque no se registraron fallecidos en Cuba, las afectaciones profundizaron la vulnerabilidad de comunidades ya sumidas en la escasez. De acuerdo con la misión de Naciones Unidas en Cuba, Melissa dejó más de 3,5 millones de damnificados, 90,000 viviendas afectadas o destruidas, y alrededor de 10,000 hectáreas de cultivos dañados.

El impacto del ciclón y la ausencia de ayudas

En Levisa, localidad del municipio de Mayarí (perteneciente a Holguín), Ronald Mendoza relata: “la mayoría de las cosas las perdimos (durante el paso del fenómeno natural)”. Afirma que, cuando el ciclón alcanzó su fuerza máxima, él “estaba metido debajo del fregadero”. El techo de su vivienda voló y el río desbordado inundó su casa: “El agua me llegó hasta el ombligo”. Un mes después, asegura que “la ayuda es mínima” y que solo han recibido algunos víveres básicos. “Seguimos en pie gracias a la ayuda de los vecinos”, agrega.

En Velasco, otra localidad de Holguín, el médico y activista Eduardo Cardet vivió una noche sin precedentes. “Nunca había llegado el agua a esos niveles. El río Paneque creció bastante. En mi casa alcanzó los dos metros”, señala. Él y su familia lo perdieron casi todo. “Uno siempre lamenta las pérdidas materiales porque es bien difícil recuperarlas”, dice, mientras afirma que la poca ayuda que ha recibido ha llegado por parte de la comunidad y de la iglesia católica. 

En la ciudad de Holguín, Geydis Jaime cuenta que “era la primera vez” que veía algo así (la fuerza del huracán Melissa). “El agua entró a la casa y perdí colchones, ropa, televisor, nevera y hasta mi teléfono”, agrega. Durante la emergencia, los cables eléctricos se desplomaron y “habitantes del barrio tuvieron que arreglarlo” porque ninguna autoridad respondió. “Aquí cada seis horas se va la luz y nadie nos ha brindado ayuda”, sostiene. 

Hostigamiento y vigilancia en medio del desastre

A la devastación se suma la represión. A Cardet, por ejemplo, dos días antes de esta entrevista (el 13 noviembre), un hombre se presentó en su casa para exigirle que dejara de denunciar la grave situación sanitaria en Cuba. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), encarcelado por motivos políticos entre 2016 y 2019,  asegura que en varias ocasiones le han sugerido que abandone la Isla, propuestas que él ha rechazado.

Mendoza, coordinador regional del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE); y Jaime, integrante de la organización Plataforma Femenina, también reportan hostigamientos y amenazas constantes. “En el pasado he buscado trabajo y me lo han negado. Me dicen: solo hay trabajo para los revolucionarios”, denuncia Ronald, quien antes del huracán se dedicaba a vender miel y perdió la mayoría de sus colmenas tras la emergencia.

Una crisis epidemiológica fuera de control

La situación sanitaria se agrava con enfermedades transmitidas por mosquitos, agua contaminada y alimentos dañados por la falta de energía eléctrica. De acuerdo con el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán, 47 mil habitantes de Cuba han sido diagnosticados esta semana con un virus que acecha a la Isla, aunque médicos, activistas y comunidades señalan que el subregistro es mucho mayor y que hay más personas enfermas que no figuran en los datos oficiales.

Cardet advierte que hay dengue, zika, chikungunya, oropouche y otras enfermedades, y que “hay personas fallecidas y miles de enfermos”. Él mismo contó recientemente (el 24 de noviembre) que también está enfermo con uno de estos virus. Geydis y su madre (de 54 años), por su parte, han enfermado antes y después del ciclón, en un sector que, afirma, ha permanecido sin agua hasta por siete meses.

Los apagones son constantes y hay zonas que permanecen sin electricidad desde el paso del huracán. Las familias cocinan con carbón, guardan alimentos en casas de conocidos y viven pendientes de las pocas horas en que vuelve la corriente. 

Cardet dice una frase que tal vez resume mejor este momento: “Estamos sumidos en un abismo sin fin”. Y, pese a todo, los tres siguen en Cuba. Siguen denunciando. Siguen resistiendo. Siguen vivos.

Desde Raza e Igualdad continuamos monitoreando la situación en Cuba y acompañando a las personas activistas y defensoras de derechos humanos que enfrentan riesgos crecientes en este contexto. Llamamos a los organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a mantener la atención sobre la Isla, exigir garantías para los derechos fundamentales y respaldar a quienes trabajan por la libertad, la justicia y la dignidad de Cuba.

Organización cubana Damas de Blanco denuncia ante la CIDH la violencia ejercida por el régimen autoritario de Cuba

Miami, 19 de noviembre de 2025 – “Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y amenazas”. Estas fueron algunas de las violencias denunciadas el pasado lunes 17 de noviembre por integrantes de la organización cubana Damas de Blanco durante una audiencia privada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en el marco del 194° Período de Sesiones celebrado en Miami, Estados Unidos.

La delegación estuvo conformada por las activistas Lourdes Esquivel, Blanca Reyes y María Elena Alpízar, quienes participaron como representantes de la organización en el exilio. Esquivel relató la represión estatal que sufrió hasta diciembre de 2022, cuando fue desterrada. El exilio forzado continúa siendo una de las prácticas empleadas por el régimen cubano para castigar y silenciar a las defensoras de derechos humanos, como ocurrió con la activista Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, liberada en agosto de 2025 bajo la condición de abandonar la Isla.

La audiencia fue solicitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Durante su intervención, el abogado Fernando Goldar recordó que dos integrantes de las Damas de Blanco siguen privadas de libertad: Sissi Abascal y Saylí Navarro, encarceladas por pertenecer a la organización y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

Ante la CIDH, la delegación integrada por las representantes de las Damas de Blanco y Raza e Igualdad expuso el patrón sistemático de violencia ejercido por el Estado cubano durante más de dos décadas. Entre ellas se encuentran miles de detenciones arbitrarias sin registro oficial, desapariciones forzadas, vigilancia constante, asedio y amenazas dirigidas tanto a las activistas como a sus familias. También denunciaron tratos diferenciados por razones de género y raza: entre otros, insultos sexualizados, represalias vinculadas a sus roles de cuidado y discriminación específica contra las integrantes afrodescendientes. Asimismo, señalaron la criminalización mediante figuras penales ambiguas, la imposibilidad de ejercer su libertad religiosa debido a detenciones sistemáticas los domingos y las restricciones impuestas desde 2021 para reunirse o acceder a la sede de la organización. Ninguno de estos hechos ha sido investigado, lo que perpetúa un escenario de absoluta impunidad.

Los testimonios presentados reflejan cómo un grupo de mujeres, inicialmente movilizadas para exigir la liberación de sus familiares presos por motivos políticos (en 2003), se ha consolidado como un referente en la defensa de los derechos humanos en Cuba, en la región y en el ámbito internacional. Sin embargo, las agresiones y represalias que enfrentan buscan apartarlas de la vida pública y desarticular su labor.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a las Damas de Blanco y con la denuncia permanente de las violaciones cometidas contra mujeres activistas en Cuba. Hacemos un llamado a la CIDH  para que condene estos hechos y a la comunidad internacional para que respalde y acompañe el legítimo reclamo de respeto y protección hacia las integrantes de esta organización. 



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