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En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

Washington D. C., 8 de septiembre de 2026 – El pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha para visibilizar la lucha contra el racismo y reafirmar la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias. En Cuba, informes de organizaciones de la sociedad civil y las observaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advierten sobre la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente.

Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado la Revolución de 1959 como el momento en que la discriminación racial quedó atrás. Sin embargo, más de seis décadas después, persisten brechas en ámbitos como el empleo, la vivienda, los servicios básicos, las oportunidades económicas e, incluso, en la proporción de personas privadas de libertad. En el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos documentado cómo estas desigualdades tienen un carácter estructural y reproducen condiciones históricas de exclusión.

Estas brechas, planteadas durante la revisión de Cuba ante el CERD en abril de este año, se evidenciaron en las observaciones finales de este órgano independiente divulgadas en mayo pasado.

Las mujeres y niñas afrodescendientes cubanas, por ejemplo, “enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política… y se ven afectadas de manera desproporcionada por embarazos adolescentes y mortalidad materna. Además, preocupa la prevalencia de la violencia de género, incluidos los feminicidios”, señala uno de los apartados del informe del CERD. 

Desigualdad y falta de información

Por otra parte, en Raza e Igualdad hemos cuestionado las metodologías utilizadas para identificar a la población afrodescendiente y hemos señalado la necesidad de contar con información que permita visibilizar las desigualdades raciales. En su reciente revisión, el CERD consideró insuficientes las estadísticas disponibles para evaluar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas afrodescendientes. Por ello, recomendó revisar la metodología estadística a partir de la autoidentificación, realizar un nuevo censo y publicar datos desagregados.

La desigualdad también se manifiesta en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Según la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH), durante 2025 se registraron 3.511 acciones represivas que afectaron a 3.310 personas, de las cuales 1.842 eran afrodescendientes, equivalentes al 55,6 %. Esta organización también documentó una presencia significativa de personas afrodescendientes entre las víctimas de acciones represivas dentro de las prisiones.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, también evidenciaron estas dinámicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la desigualdad racial estuvo entre los factores asociados a las manifestaciones y que la represión afectó de manera desproporcionada a personas afrodescendientes.

El CERD, por su parte, expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas. También manifestó preocupación por el acoso, las amenazas, la vigilancia, las restricciones de movimiento y la criminalización de activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos de las personas afrodescendientes.

Una igualdad que todavía no es suficiente

Las conclusiones del CERD cuestionan la idea de que el racismo sea un problema superado en Cuba. El Comité reconoció que la población afrodescendiente continúa enfrentando racismo y discriminación estructural, vinculados al legado histórico de la esclavitud, que se expresan en la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, la sobrerrepresentación en la población penitenciaria y las brechas en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.

El Comité también manifestó preocupación por la falta de información suficiente sobre la implementación, los resultados y el impacto del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, adoptado en 2019, así como por la necesidad de garantizar una participación amplia e inclusiva de las personas afrodescendientes y de sus organizaciones en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), en Raza e Igualdad manifestamos que combatir el racismo exige más que reconocer la igualdad ante la ley. Como ha señalado el CERD, Cuba debe adoptar medidas concretas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación de la población afrodescendiente, fortalecer la igualdad en el ámbito laboral, investigar las denuncias de perfilamiento racial y garantizar un espacio cívico seguro para quienes defienden sus derechos.



Organizaciones de derechos humanos instan a la reunión de cancilleres de la OEA a adoptar medidas enérgicas ante la crisis nicaragüense

Washington D.C. y San José, Costa Rica; 1 de septiembre de 2026.- Organizaciones de derechos humanos  enviaron el día de hoy a las delegaciones diplomáticas de la Organización de Estados Americanos una carta en la que reconocieron la labor del Consejo Permanente de la OEA, que recientemente adoptó la resolución CP/RES. 1317 (2601/26) titulada: “Convocatoria de una reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Nicaragua”.

Las organizaciones celebran que la resolución haya sido adoptada por una amplia mayoría de 29 votos, lo que demuestra el apoyo casi unánime de los estados americanos al pueblo nicaragüense, que demanda vivir en democracia y ha asumido durante estos ocho años de crisis el alto precio de defender la democracia con sus vidas, su libertad, su integridad personal, y sufrido cárcel, destierro y exilio forzado.

Las organizaciones afirman haber sentido la solidaridad de todos los países que promovieron y aprobaron dicha resolución y de todos aquellos que se pronunciaron rechazando que una dictadura en el hemisferio americano condene a su pueblo a no poder elegir a sus gobernantes libremente como lo establecen la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos de la Organización.

Las organizaciones consideran que están ampliamente documentados los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril 2018, como lo confirmó el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del periodo comprendido entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018, el hecho que Nicaragua haya sido incluida en el Cap. IV B del Informe Anual de la CIDH en ocho informes consecutivos y todos los informes publicados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Por ello, las organizaciones expresan que no deja de asombrar y decepcionar la indiferencia o la falta de determinación que aún persiste en algunas delegaciones para tomar con la urgencia del caso, acciones que puedan conducir a superar la crisis, luego de que se ha constatado durante años la renuencia del régimen Ortega Murillo para escuchar a la OEA y sus órganos que han demandado reiteradamente se libere a los presos políticos, el cese de la represión y que se respeten los derechos humanos reconocidos en todo gobierno que se precie de democrático.

Las organizaciones estiman que la convocatoria a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es motivo de esperanza y confían en que se reunirá con la prontitud que la crisis amerita. Afirman que el tiempo que se le ha dado a la dictadura nicaragüense solo sirvió para que consolidar su modelo represivo y que las víctimas aumentaran exponencialmente quedando expuestas incluso a la represión transnacional en los países que han encontrado refugio.

Para las organizaciones, una construcción dinástica como la que se empeñan en imponer Ortega y Murillo a perpetuidad para Nicaragua tras un proceso de “consultas” llevado a cabo bajo la dirección de la familia Ortega es claramente incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua ante la OEA y con el compromiso de la OEA frente al pueblo nicaragüense, único y verdadero depositario de la soberanía y por lo tanto, sujeto del derecho internacional. Por ello, las organizaciones consideran que está más que justificado que la OEA se valga de todos los medios a su alcance para restablecer la democracia con la urgencia que el caso amerita.

Las organizaciones expresaron su confianza en que la Reunión de Cancilleres adoptará acciones concretas que conduzcan al restablecimiento de la democracia y el pleno goce de los derechos humanos.

Entre estas acciones, se sugieren las siguientes:

1.Sentar las bases para la salida del poder de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante un llamado enérgico y acciones concretas que conduzcan al cumplimiento del derecho regional americano y la Carta Democrática Interamericana.

2.Exigir a los Co-dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus proyectados sucesores su salida del poder.

  1. Adoptar sanciones políticas y diplomáticas que incluyan el llamado de embajadores a consulta y eventualmente, la ruptura diplomática, la suspensión de cualquier forma de cooperación o relación comercial e imponer limitaciones para que el Estado de Nicaragua participe en foros regionales en cualquier país que suscribió la resolución CP/RES. 1317 (2601/26).
  2. Impedir que Nicaragua se beneficie de la labor de organismos especializados de la organización regional, como la OPS, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otros.
  3. Interrumpir las relaciones económicas e imponer restricciones en transacciones financieras con Nicaragua.

La comunicación fue suscrita por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS CR), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

Contactos para entrevistas: Carlos Quesada, Raza e Igualdad

Ana Quirós Víquez, CISAS CR.

Azahalea Solís, MAM

Ley 70: 33 años de una deuda con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Bogotá, 27 de agosto de 2026 – Un día como hoy, en 1993, Colombia dio un paso histórico con la promulgación de la Ley 70, una norma que desarrolló el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales, económicos y sociales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 33 años después, la ley sigue siendo una de las principales conquistas del movimiento social afrocolombiano, pero también evidencia una deuda que el Estado todavía no salda.

La Ley 70 nació del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y reconoció un principio fundamental: los territorios que estas comunidades han habitado, cuidado y defendido durante generaciones no son simplemente extensiones de tierra. Son espacios de vida, memoria, cultura, autonomía y organización comunitaria.

Por eso, la Ley 70 es importante no solo porque permite reconocer y proteger la propiedad colectiva de los territorios, sino porque establece garantías para que las comunidades puedan preservar su identidad cultural, participar en las decisiones que afectan sus territorios, proteger sus formas tradicionales de producción y desarrollar sus propios proyectos económicos y sociales. En otras palabras, busca que las comunidades puedan permanecer en sus territorios y decidir sobre su futuro sin que su identidad y sus formas de vida sean desplazadas o amenazadas.

Su importancia también trasciende a las propias comunidades. Colombia es un país construido sobre una profunda diversidad étnica y cultural, y garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas significa proteger parte fundamental de esa diversidad, así como los conocimientos, prácticas culturales y ecosistemas que estas comunidades han cuidado durante generaciones. Cumplir la Ley 70, por tanto, no es solamente una obligación con la población afrocolombiana: es también una condición para construir un país más justo, diverso e igualitario.

Sin embargo, 33 años después, la implementación de la Ley 70 continúa siendo incompleta. Algunas de sus disposiciones tardaron décadas en ser reglamentadas. Por ejemplo, el Capítulo IV, relacionado con el uso de la tierra, la protección de los bosques y el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios colectivos, solo fue reglamentado en 2023, 30 años después de la promulgación de la ley. Otras disposiciones todavía permanecen pendientes. Mientras tanto, las comunidades han enfrentado desplazamientos, confinamientos, violencia, minería ilegal y otras formas de presión sobre sus territorios.

Un terremoto que vuelve a poner el territorio en el centro

La importancia de esta deuda se evidenció con mayor fuerza tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en las proximidades del municipio San José del Palmar, en el departamento del Chocó, un territorio con una importante presencia de población afrocolombiana. El desastre dejó 331 personas fallecidas y afectó a esta región y otras ciudades del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los territorios afectados estuvieron también Buenaventura y Cali, dos lugares con una importante presencia de población afrocolombiana y con historias marcadas por profundas desigualdades sociales y territoriales. Esto permite entender que los efectos de un desastre no se distribuyen de manera aislada de las condiciones en las que viven las comunidades.

En el Chocó, el terremoto llegó a un departamento que ya enfrentaba los impactos del conflicto armado, el confinamiento, el desplazamiento, la pobreza y las dificultades históricas de acceso a servicios e infraestructura. El desastre natural se superpuso así a una emergencia social que no comenzó el pasado 10 de agosto.

Para muchas comunidades, reconstruir significa mucho más que recuperar una vivienda. Significa recuperar sus medios de vida, sus caminos, escuelas y espacios comunitarios, pero también garantizar las condiciones para permanecer en el territorio y continuar desarrollando sus proyectos colectivos.

Por eso, la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente la infraestructura afectada. Debe reconocer las particularidades de los territorios colectivos, sus autoridades, sus formas de organización y la relación histórica de las comunidades con la tierra. ¿Cómo reconstruir estos territorios sin garantizar primero, de manera efectiva, los derechos que la Ley 70 reconoció hace 33 años?

Una deuda que el Estado debe saldar

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) consideramos que los 33 años de la Ley 70 deben ser una oportunidad para que el Estado colombiano pase del reconocimiento formal a la garantía efectiva de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El Gobierno debe avanzar en la reglamentación pendiente, fortalecer la protección de los territorios colectivos y garantizar la participación efectiva de sus comunidades y autoridades en las decisiones que las afectan.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto debe incorporar un enfoque étnico y territorial y convertirse en una oportunidad para enfrentar, y no reproducir, las desigualdades históricas que afectan a territorios como Chocó, Buenaventura y Cali. Reconstruir no puede significar únicamente volver a levantar lo que se cayó. También debe significar garantizar que las comunidades puedan vivir con dignidad, ejercer su autonomía y permanecer en los territorios que han cuidado y defendido durante generaciones.



Organizaciones denuncian ante Corte IDH que 16 personas con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y bajo desaparición forzada en Nicaragua

  • El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenidas a 16 personas, siete están desaparecidas y al menos cuatro presos políticos han muerto bajo custodia del Estado en el último año.

San José, Costa Rica. 19 de agosto de 2026.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este miércoles 19 de agosto una audiencia sobre los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad, ambos respecto de Nicaragua. Ante los jueces y juezas, un bloque de organizaciones de derechos humanos advirtió que el régimen Ortega-Murillo mantiene su desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal y que las 16 personas beneficiarias continúan arbitrariamente privadas de libertad, siete de ellas en situación de desaparición forzada.

La representación conjunta estuvo integrada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó.

En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, GHREN. Ambas reiteraron que el Estado debe cumplir de inmediato con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

En sus alegatos, las organizaciones recordaron que la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos ordenando al Estado liberar de inmediato a las personas detenidas y proteger su vida, integridad y libertad. Pese a ello, ninguna ha sido liberada. Al menos dos personas beneficiarias de medidas provisionales han fallecido bajo custodia estatal.

Las organizaciones documentaron un patrón de condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados. Estas condiciones se agravan en el caso de al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas. Así como la preocupación de las mujeres beneficiarias por los riesgos particulares por su condición de género.

La representación subrayó el deterioro acelerado del Estado de Derecho en el último año. En febrero de 2025, una “reforma constitucional” derogó la prohibición de la tortura, suprimió garantías del debido proceso y disolvió la separación de poderes. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega afirmó públicamente que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. En los últimos doce meses se reportaron al menos cuatro muertes de personas presas políticas bajo custodia estatal. La más reciente fue la del destacado líder indígena Brooklyn Rivera, Ta Upla del pueblo Miskitu, ocurrida el 30 de mayo de 2026, tras más de 970 días en desaparición forzada.

Especial preocupación generó la situación de los cuatro beneficiarios del pueblo indígena Mayangna, a quienes se les prohíbe comunicarse en su lengua, se les ha humillado por sus prácticas religiosas y, según se reportó, fueron golpeados por custodios penitenciarios en abril de 2026.

Durante la audiencia se leyeron testimonios de familiares que no pudieron estar presentes, entre ellos los de las familias de Jaime Enrique Navarrete, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia y del líder indígena Steadman Fagoth Müller, este último condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos.

“El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, señalaron las organizaciones que acompañan a los beneficiarios y familiares víctimas del régimen Ortega – Murillo.

Ante el Tribunal, las organizaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.

También pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana adoptar todas las medidas a su alcance para que el régimen cumpla lo ordenado.

Mira la transmisión de la audiencia pública aquí.

Organizaciones denuncian ante la CIDH la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos sistemáticos de control social en Nicaragua

– Brooklyn Rivera, líder indígena Miskito, murió bajo custodia estatal tras 971 días de desaparición forzada, así como la posterior detención de seis de sus familiares y allegados.

– Organizaciones exigen la liberación inmediata de al menos 60 personas presas políticas e información y liberación de 22 personas desaparecidas y el cese de las represalias transnacionales.

Washington D. C., 10 de agosto de 2026. Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado de Nicaragua ha convertido la desaparición forzada y la prisión política en prácticas sistemáticas de control social, acompañada de tortura, incomunicación prolongada, represalias contra familiares y muertes bajo custodia estatal.

La denuncia fue presentada durante la audiencia de oficio “Desapariciones forzadas en Nicaragua”, realizada en el marco del 196º Período de Sesiones de la CIDH. En la audiencia participaron el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Organizaciones y familiares señalaron que el ocultamiento del paradero de las personas detenidas ya no se limita a las etapas iniciales de la detención arbitraria, sino que abarca periodos prolongados o la totalidad de la privación de libertad; la consecuencia más grave de este régimen de incomunicación y tortura ha sido la muerte de personas presas políticas bajo custodia estatal. Entre mayo de 2019 y mayo de 2026 se registran al menos nueve muertes de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos.

Las organizaciones denunciaron que actualmente hay 60 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas 22 personas desaparecidas que incluyen a dos niñas. Por parte de los familiares participaron virtualmente Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal tras más de 970 días en desaparición forzada, y Thelma Brenes, hija de Carlos Brenes, quien fue arbitrariamente detenido el 14 de agosto de 2025 y desde entonces su familia no sabe nada sobre su paradero y condición. También brindaron su testimonio Eugenia Valle, esposa de Víctor Boitano, y Nohelia González, hermana de Eddie González, quienes también se encuentran en situación de desaparición forzada desde el 23 de abril de 2024 y el 14 de julio de 2024, respectivamente.

Reed Brody, del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) enfatizó que “la desaparición es el más cruel de los abusos estatales, destruye la vida de quien desaparece y condena a sus familias a vivir entre la esperanza y la desesperación”. A su vez, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, luego de dar lectura a los nombres de las personas desaparecidas, cuestionó al Estado de Nicaragua: “¿Dónde están todas las personas que se encuentran hoy desaparecidas en Nicaragua por acción del Estado? Devuélvanlas a sus familias y al pueblo nicaragüense. Esta Comisión urge al régimen a informar sobre el paradero de todas las personas y liberar a las personas que permanecen arbitrariamente detenidas.”

Frente al agravamiento de la desprotección de las víctimas y sus familias, las organizaciones reiteraron al Estado sus obligaciones de cumplir con las obligaciones internacionales. “Nicaragua vive un patrón sostenido de represión estatal, caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, confiscaciones y la eliminación de cualquier vía de defensa judicial”, expresó Claudia Pineda de la Asociación Memoria y Justicia. Asimismo, Alejandra Manavella del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló que “Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves del continente. Aunque persisten prácticas represivas documentadas desde 2018, el Estado ha perfeccionado sus mecanismos de control.”

La prisión política y la desaparición forzada operan como mecanismos para generar incertidumbre, fracturar la cohesión social y consolidar un régimen de control basado en el miedo. A ello se suma un nuevo patrón que consiste en visitas coercitivas: “el Estado traslada a los familiares desde sus domicilios al centro de detención, decidiendo unilateralmente cuándo y cómo ocurren los encuentros, y amenazando con suspenderlos si denuncian estas prácticas”, denunció Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Finalmente, Carlos Quesada de la organización Raza e Igualdad, en representación de las organizaciones solicitantes, presentó las siguientes peticiones a la CIDH, al Estado de Nicaragua y a otros Estados de la región:

  1. Permitir una investigación internacional e independiente sobre las condiciones de detención y las muertes bajo custodia de Brooklyn Rivera y demás personas presas políticas.
  2. Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y cesar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias.
  3. Informar el paradero y situación de las 22 personas reportadas como desaparecidas forzadamente y proceder a su liberación inmediata.
  4. Restablecer el Estado de derecho, derogar las leyes restrictivas de libertades fundamentales y permitir el reingreso de los organismos internacionales de derechos humanos al país.
  5. Exhortar especialmente a Costa Rica, así como a los demás Estados de la región, a reforzar el escrutinio de las solicitudes de extradición, deportación y notificaciones rojas de INTERPOL provenientes de Nicaragua, garantizando que ninguna persona sea devuelta cuando existan riesgos fundados de desaparición forzada, tortura.
  6. Requerir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida e integridad de las personas beneficiarias de medidas cautelares en riesgo extremo.

Las organizaciones advirtieron que la consolidación de la desaparición forzada y la prisión política como mecanismos de control social exige una respuesta firme y sostenida de la comunidad internacional. Reiteraron que el Estado de Nicaragua debe cesar de inmediato estas graves violaciones y garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: defensa territorial y protección ambiental en Brasil, Colombia y Nicaragua

Washington, D.C., 10 de agosto de 2026.– Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas recuerda la invaluable contribución de estos pueblos a la preservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la lucha contra la crisis climática. Sus territorios albergan algunos de los ecosistemas más importantes del planeta y sus conocimientos ancestrales han permitido conservarlos durante generaciones.

Los pueblos indígenas administran y conservan territorios que concentran una parte significativa de la biodiversidad mundial. Por ello, los ataques contra sus comunidades no solo vulneran sus derechos individuales y colectivos, sino que también debilitan la protección de bosques, ríos y ecosistemas esenciales para enfrentar la crisis climática.

Sin embargo, quienes protegen la naturaleza también enfrentan graves amenazas. La expansión de actividades extractivas, la ocupación ilegal de tierras, la presencia de actores armados y la falta de garantías estatales han convertido la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo para muchas comunidades indígenas en América Latina. Brasil, Colombia y Nicaragua reflejan distintas expresiones de una misma realidad: la vulneración de los derechos territoriales pone en peligro no solo la supervivencia de los pueblos indígenas, sino también la protección del ambiente.

Brasil: la Amazonía bajo presión

En Brasil, la violencia contra los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con la disputa por sus territorios y el avance de actividades como la minería ilegal, la deforestación y la ocupación irregular de tierras, especialmente en la Amazonía. Entre 2013 y 2023, más de 30 líderes indígenas fueron asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organizaciones nacionales e internacionales continúan alertando sobre las amenazas e invasiones que enfrentan comunidades como el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau.

La presión sobre los territorios indígenas también tiene consecuencias ambientales de gran escala. El Atlas de la Violencia 2026 registró un aumento de los homicidios de personas indígenas en el estado de Amazonas, que además concentra el mayor número de tierras indígenas amenazadas por la deforestación, de acuerdo con Imazon. La expansión de estas actividades ilícitas compromete la conservación de la Amazonía y pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

Las mujeres indígenas enfrentan, además, formas interseccionales de discriminación y violencia. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, publicado en The Lancet, encontró que las mujeres indígenas de entre 10 y 49 años mueren, en promedio, ocho años antes que las mujeres blancas, en un contexto marcado por la violencia, la exclusión social, la discriminación institucional y las barreras de acceso a servicios de salud.

Colombia: defender el territorio en medio del conflicto

En Colombia, el territorio constituye la base de la identidad, la espiritualidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas han convertido muchos resguardos y territorios ancestrales en escenarios de violencia permanente.

Esta violencia alcanza de manera particular a quienes defienden la tierra y el ambiente. Según Global Witness, 48 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en Colombia en 2024, la cifra más alta del mundo por tercer año consecutivo. En 2023, fueron asesinadas 79 personas defensoras del ambiente y el territorio, de las cuales 31 eran indígenas. Entre 2012 y 2023, Colombia acumuló 461 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el mayor número registrado mundialmente durante ese período.

En su informe Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2025), la CIDH advierte que los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades tradicionales y quienes lideran procesos de defensa del territorio y protección ambiental enfrentan riesgos particularmente elevados, debilitando las estructuras comunitarias y poniendo en peligro la continuidad de sus formas de vida.

La insuficiente implementación de la Reforma Rural Integral y del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, sumada a la impunidad y las limitadas medidas de protección, continúa obstaculizando la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Nicaragua: el extractivismo profundiza el despojo territorial

En Nicaragua, la defensa de los territorios indígenas y afrodescendientes enfrenta un escenario de creciente presión por la expansión del modelo extractivo. Durante la audiencia “Impactos de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, celebrada en el 196.º Período de Sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado ha profundizado una política que favorece la explotación minera a costa de los derechos colectivos de estas comunidades.

Las organizaciones señalaron que el Estado mantiene una deuda histórica al no completar el saneamiento de los territorios indígenas titulados, facilitando la invasión de colonos, mientras reformas legales e institucionales han debilitado las salvaguardas ambientales y eliminado espacios efectivos de participación y consulta. Como consecuencia, las concesiones mineras avanzan sin garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Según la información presentada ante la CIDH, 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25,5 % de sus tierras comunales. El impacto alcanza 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1.900 kilómetros de red hídrica, además de áreas protegidas de enorme importancia ecológica, como las Reservas de Biosfera Bosawás y Río San Juan.

La expansión extractiva también ha intensificado la violencia contra las comunidades. Entre 2013 y 2024, al menos 79 personas indígenas fueron asesinadas en el contexto de invasiones y ataques de colonos en la Costa Caribe, mientras líderes y lideresas indígenas continúan enfrentando criminalización y persecución por defender sus territorios. Estos hechos se producen en un contexto que la CIDH ha documentado como de violencia, despojo territorial e impunidad, con graves consecuencias para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

En ese contexto de despojo, violencia y debilitamiento institucional, destaca la muerte bajo custodia del Estado de Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, que fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2023 y permaneció desaparecido durante más de 970 días.

Proteger los territorios es proteger el futuro

Los casos de Brasil, Colombia y Nicaragua evidencian que la protección de los pueblos indígenas no puede desvincularse de la protección del ambiente. Cuando sus territorios son invadidos, explotados o degradados, también se vulneran derechos colectivos fundamentales como la identidad, la autodeterminación, la cultura y el derecho a un medio ambiente sano.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Raza e Igualdad reafirma que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, respetar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, proteger a quienes defienden la tierra y asegurar que el desarrollo económico nunca se construya a costa de los derechos humanos.

Proteger a quienes han resguardado la naturaleza durante generaciones es también proteger los ecosistemas de los que depende nuestra vida y una condición indispensable para enfrentar la crisis climática y construir sociedades más justas y sostenibles.

Nicaragua y el 19 de julio: Del fin de una dictadura a la consolidación de un régimen represivo

Washington, D.C., 19 de julio de 2026.– Cada 19 de julio, el Gobierno de Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista, el movimiento que en 1979 puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Aquella victoria fue celebrada como un hito histórico en la lucha por la libertad, la justicia social y la autodeterminación de un pueblo que aspiraba a construir un país más democrático e inclusivo.

Cuarenta y siete años después, la conmemoración ocurre en un contexto profundamente distinto. Nicaragua atraviesa una crisis de derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Lejos de los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura somocista, el país enfrenta hoy un proceso sostenido de concentración del poder, eliminación de los contrapesos democráticos y persecución sistemática contra toda voz considerada crítica.

La crisis se profundizó a partir de abril de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales dejó centenares de personas asesinadas, miles de heridas y cientos de detenciones arbitrarias. Desde entonces, diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la existencia de una política represiva dirigida a silenciar la disidencia y desalentar cualquier forma de participación independiente.

Los hallazgos del GHREN han sido particularmente contundentes. En sus informes, el mecanismo ha concluido que las violaciones y abusos cometidos por el Estado nicaragüense no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para mantener el control político mediante la represión. Asimismo, ha documentado conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

La privación arbitraria de la libertad continúa siendo uno de los principales instrumentos de control. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, dirigentes políticos, personas religiosas y ciudadanos percibidos como opositores han sido detenidos sin garantías judiciales. A ello se suman denuncias persistentes de desapariciones forzadas y ocultamiento del paradero de personas detenidas, generando incertidumbre y sufrimiento para sus familiares.

La persecución también ha provocado una de las mayores olas de desplazamiento en la historia reciente del país. Decenas de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de sus fronteras tras enfrentar amenazas, hostigamiento o riesgo de detención. El exilio se ha convertido en una realidad para periodistas, activistas, estudiantes, líderes comunitarios y familias enteras que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para preservar su libertad y seguridad.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a una práctica excepcionalmente grave: la privación arbitraria de la nacionalidad. Centenares de personas han sido despojadas de su ciudadanía por razones políticas, una medida condenada por organismos internacionales por violar principios fundamentales del derecho internacional y del derecho a la nacionalidad.

La libertad de expresión y el acceso a la información también han sufrido un deterioro sin precedentes. Medios de comunicación independientes han sido cerrados, ocupados o confiscados, mientras periodistas enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y exilio. La reducción de los espacios informativos independientes ha eliminado el debate público y ha limitado significativamente el acceso de la ciudadanía a información plural.

La sociedad civil ha sido otro de los principales objetivos de la represión. Miles de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades y organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos años. Esta ofensiva ha debilitado los espacios de participación ciudadana y ha restringido el trabajo de quienes promueven derechos humanos, educación, desarrollo comunitario y asistencia social.

La consolidación de este modelo represivo también ha estado acompañada por la aprobación de leyes y reformas que restringen derechos fundamentales. Diversos organismos internacionales han advertido que estas normas han sido utilizadas para criminalizar el ejercicio de libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Además, la persecución ya no se limita al territorio nacional. El GHREN ha documentado prácticas de represión transnacional dirigidas contra personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, amenazas, intimidación y acciones destinadas a silenciar voces críticas fuera de las fronteras del país. Estas prácticas evidencian una estrategia que busca extender el control estatal más allá del territorio nacional.

Ante esta realidad, la conmemoración del 19 de julio invita a una reflexión inevitable. La Revolución Sandinista surgió como respuesta a una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la represión y la negación de libertades fundamentales. Sin embargo, décadas después, numerosos organismos internacionales han documentado patrones de violaciones de derechos humanos que reproducen prácticas incompatibles con los ideales de libertad, justicia y participación que dieron origen a aquella lucha.

La memoria histórica no puede separarse del presente. Recordar el fin de una dictadura también implica reconocer las violaciones que ocurren hoy, escuchar a las víctimas y defender los derechos de quienes continúan enfrentando persecución, cárcel, exilio o despojo de su nacionalidad. Porque ninguna conmemoración de la libertad puede estar completa mientras persistan la represión, la impunidad y el silenciamiento de quienes piensan diferente.

A 47 años de la Revolución Sandinista, la pregunta sigue vigente: ¿cómo honrar la lucha contra una dictadura si se ignoran las violaciones de derechos humanos que ocurren en el presente? La respuesta pasa, necesariamente, por colocar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la memoria, la justicia y el futuro de Nicaragua.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión, las personas presas políticas, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, las personas desnacionalizadas, las comunidades perseguidas y la diáspora nicaragüense. Continuaremos documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo acciones de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección. La construcción de una Nicaragua democrática, donde se respeten las libertades fundamentales, la pluralidad y el Estado de derecho, sigue siendo una causa vigente. Mientras persistan la impunidad y la persecución, seguiremos trabajando junto a quienes defienden la dignidad humana, la justicia y el derecho de todas las personas nicaragüenses a vivir en libertad.

Luis Manuel Otero Alcántara: Del encarcelamiento al exilio forzado

Washington D. C., 18 de julio de 2026. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad tras cumplir injustamente una condena de cinco años de prisión por ejercer sus derechos fundamentales. Sin embargo, rechaza que esa libertad solo haya sido posible mediante su salida de Cuba como beneficiario del programa de parole humanitario. La llegada de Otero Alcántara a Miami (Estados Unidos), ocurrida este sábado 18 de julio, constituye un nuevo episodio de la práctica sistemática de exilio forzado utilizada por el régimen cubano contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Su salida de la Isla no representa un acto de libertad plena, sino la continuidad de una política represiva que busca silenciar las voces críticas mediante el destierro.

Durante años, Otero Alcántara se consolidó como una de las principales voces del arte independiente y de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Fue cofundador del Movimiento San Isidro, un colectivo integrado por artistas, intelectuales y activistas que promueve la libertad artística y las libertades fundamentales en la Isla. Tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, fue detenido arbitrariamente. Incluso después de cumplir íntegramente su condena, las autoridades cubanas mantuvieron en secreto su paradero durante varios días, prolongando la incertidumbre sobre su situación antes de concretar su salida del país.

Hace apenas unos días, obras de Otero Alcántara integraron la exposición La prisión invisible: Artistas presos en Cuba, presentada en el Museo de Arte de las Américas (Washington D. C.) en colaboración con Raza e Igualdad y otras organizaciones aliadas. La muestra reunió obras de artistas encarcelados por motivos políticos para denunciar el impacto de la represión sobre la libertad de creación y expresión en Cuba y reafirmar el papel del arte como una forma de resistencia frente al autoritarismo.

«Celebramos que Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad después de cinco años de injusto encarcelamiento. Sin embargo, nadie debería verse obligado a abandonar su país para dejar atrás la prisión. El exilio forzado impuesto por el régimen cubano demuestra que el destierro sigue siendo una herramienta de represión contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales. Este caso evidencia, una vez más, la falta de libertades fundamentales y el cierre del espacio cívico en Cuba«, afirma Carlos Quesada, director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Lo sucedido con Otero Alcántara refleja una práctica sistemática de represión documentada por organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos. La criminalización de la disidencia, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la vigilancia y el destierro son mecanismos utilizados para restringir el espacio cívico y silenciar a quienes ejercen y defienden sus derechos fundamentales.

Desde Raza e Igualdad celebramos que Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad, al tiempo que rechazamos el exilio forzado como una práctica represiva incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Exigimos al régimen autoritario de Cuba la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos. Asimismo, instamos a la comunidad internacional a denunciar el exilio forzado como un mecanismo de persecución política y a mantener su atención sobre la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Cuba, exigiendo el cese de las violaciones sistemáticas contra quienes defienden pacíficamente la democracia, las libertades fundamentales y la dignidad humana.



A cinco años del 11J, exigimos que se reconozcan los derechos fundamentales en Cuba

Washington D. C., 10 de julio de 2026 – Este sábado 11 de julio se cumplen cinco años de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, más conocidas como 11J, una jornada en la que miles de personas salieron a las calles en las 15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud para exigir libertad, mejores condiciones de vida y el respeto de sus derechos fundamentales. Las manifestaciones surgieron en medio de una profunda crisis económica, social y sanitaria, agravada por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como por las constantes restricciones a las libertades fundamentales.

De acuerdo con el informe Otro año sin justicia (2025), elaborado por la organización Justicia 11J, 1.597 personas fueron detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas del 11J y los días posteriores. La respuesta estatal estuvo marcada por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, cortes de internet, vigilancia, hostigamientos, procesos judiciales sin garantías y condenas desproporcionadas contra personas manifestantes, periodistas, artistas, activistas y defensoras de derechos humanos.

A cinco años de las manifestaciones, la crisis de derechos humanos en Cuba persiste y se ha profundizado. De acuerdo con registros de Justicia 11J, actualmente 823 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos o por haber participado en manifestaciones pacíficas (corte: 3 de julio). Entre ellas se encuentran los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo paradero sigue sin conocerse. En el caso de Otero Alcántara, las autoridades cubanas lo trasladaron el pasado 7 de julio a un destino que hasta la fecha no ha sido informado oficialmente, pese a que su condena venció dos días después. Aunque el 9 de julio logró comunicarse con la activista Anamely Ramos, las autoridades continúan sin informar dónde se encuentra ni cuál es su situación jurídica. La falta de información oficial sobre este caso agrava la preocupación por su integridad, su seguridad y el respeto de sus derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, el exilio y la migración de personas cubanas han aumentado de manera significativa en los últimos años, producto de la represión con la que el Estado respondió a las manifestaciones y la criminalización de las personas que participaron de ellas, reflejando además el deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas en la Isla. Muchas personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas han sido forzadas al exilio debido al hostigamiento, la vigilancia y las amenazas constantes por parte de las autoridades cubanas. Entre ellas se encuentran Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco, a quien el régimen cubano le impidió regresar a su país tras un viaje por motivos de salud, forzándola al destierro; Anamely Ramos, a quien las autoridades cubanas también le prohibieron reingresar al país mientras se encontraba en el extranjero, imponiéndole igualmente el destierro; y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien ha denunciado reiteradamente la persecución, el hostigamiento y las restricciones impuestas contra integrantes de la oposición y la sociedad civil independiente, y que finalmente fue forzado al exilio.

El panorama actual en Cuba continúa marcado por una profunda crisis social, económica y política. Los constantes apagones, que en distintas regiones del país superan las 20 horas diarias, la escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios públicos y el incremento de la pobreza han provocado nuevas expresiones de descontento social. Desde el 11J se han registrado miles de protestas pacíficas, cacerolazos y manifestaciones espontáneas en distintas ciudades del país, muchas de las cuales han sido reprimidas por las autoridades y han derivado en nuevas detenciones arbitrarias, actos de intimidación y procesos judiciales arbitrarios contra personas manifestantes.

Persisten las acciones de vigilancia, intimidación y criminalización contra voces críticas y personas defensoras de derechos humanos, mientras continúan las restricciones a las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. A ello se suma un contexto de creciente presión internacional.

Organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente cubana exigimos al régimen autoritario que reconozca plenamente los derechos fundamentales en Cuba, impulse una verdadera democracia y dé inicio a un proceso de justicia transicional, liderado por un mecanismo independiente y en articulación con la sociedad civil independiente, que garantice la protección de las personas cubanas. Asimismo, exigimos el cese de la represión, la liberación de todas las personas arbitrariamente privadas de su libertad y la creación de condiciones que permitan que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar a la Isla libremente, así como entrar y salir del país sin represalias ni restricciones arbitrarias.

Exigimos que las autoridades cubanas informen de inmediato sobre el paradero y el estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, garanticen el respeto de sus derechos fundamentales y procedan a su liberación inmediata e incondicional. A cinco años del 11J, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en Cuba, así como con el acompañamiento a las víctimas de la represión y sus familias.

En esta declaración suscriben:

  • Asociación Raíces de Esperanza en España.
  • CELIDE 
  • Center for a Free Cuba.
  • Ciudadanía y Libertad.
  • Civil Rights Defenders. 
  • Consejería Jurídica e Instrucción Cívica.
  • Consejo para la Transición Democrática en Cuba. 
  • Cubalex.
  • Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR). 
  • Freedom House.
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Justicia 11J de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia.
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
  • Museo de la Disidencia en Cuba.
  • Museo V.
  • Observatorio de Género de Alas Tensas.
  • Organización Arte en Espiral. 
  • PEN/ARC – Artists at Risk Connection.
  • Plataforma Femenina
  • Raíz Colectiva.
  • Red en Defensa de los Derechos Humanos.
  • Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.

Comunicado de solidaridad ante la emergencia causada por los terremotos en Venezuela

Bogotá, 1 de julio de 2026 – Las organizaciones que integramos Regionar y la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas y comunidades afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas heridas y los graves daños ocasionados por esta tragedia.

En momentos como este, resulta indispensable que la respuesta humanitaria se guíe por los principios de humanidad, imparcialidad, e independencia, asegurando que la asistencia llegue de manera oportuna a todas las personas afectadas, sin discriminación alguna.

Hacemos un llamado a las autoridades gobernantes para que garantice el acceso a información pública oportuna, completa y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta, reconociendo que la información salva vidas y es esencial para que la población pueda tomar decisiones, localizar a sus familiares y acceder a ayuda.

Asimismo, instamos a que se eliminen las restricciones que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores humanitarios, de manera que puedan contribuir plenamente a las labores de asistencia, protección y recuperación de las comunidades afectadas.

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional a fortalecer su apoyo al pueblo venezolano, movilizando recursos y coordinando esfuerzos para atender las necesidades más urgentes y acompañar los procesos de reconstrucción y recuperación, con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas afectadas.

Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos en toda la región.

Firmantes:

  • Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Ecuador Asociación Memoria y Justicia. Costa Rica
  • Asociación Pro Derechos Humanos. Perú
  • Asociación Indígena Mapuche Taiñ Adkimn. Chile
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM). Ecuador
  • Centro Jurídico por los Derechos Humanos. Honduras
  • Centro Loyola Ayacucho. Perú
  • CIVILIS. Venezuela
  • Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR. Colombia
  • Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.). Colombia
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Colombia Corporación Humanas. Chile
  • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos. Honduras
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. Honduras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). Perú
  • Fundación Mahuampi Venezuela. Colombia
  • Fundación para la Justicia. México
  • Instituto de Defensa Legal. Perú
  • Movimiento Autónomo de Mujeres. Nicaragua–Costa
  • Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana. República
  • Organización Social Salvador. Uruguay
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Venezuela
  • Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA).
  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
  • American Friends Service Committee (AFSC).
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
  • Centro de Derechos Reproductivos Regional
  • Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica (CIIC)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Regional
  • CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF) / Due Process of Law Foundation
  • Instituto Internacional de Derechos Humanos Regional
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Latin America Working Group (LAWG)
  • Red de Coaliciones Centroamericanas por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDESCA)
  • Robert F. Kennedy Human Rights Global
  • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe







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