Orgullo en resistencia: Desafíos persistentes para los derechos LGBTI+ en América Latina y el Caribe

Orgullo en resistencia: Desafíos persistentes para los derechos LGBTI+ en América Latina y el Caribe

Washington, D.C., 28 de junio de 2025.– El Día del Orgullo LGBTI+ nació de un acto de protesta y resistencia ante la discriminación y la violencia, y aunque fue un importante punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, lo cierto es que 56 años después de las protestas de Stonewall aquel 28 de junio de 1969 en Nueva York, la resistencia no es pasado, es presente, sobre todo en una región que margina y violenta a las personas LGBTI+.

En conmemoración del Día del Orgullo LGBTI+, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconocemos que América Latina y el Caribe ha experimentado importantes avances en términos legislativos, como la protección contra la discriminación y la violencia basada en orientación sexual e identidad de género, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género para personas trans y no binarias.

Sin embargo, destacamos que la región continúa enfrentando serios desafíos para la efectiva aplicación de dicha legislación, además que registra preocupantes cifras de violencia y asesinatos contra personas LGBTI+. Este escenario se ve agravado por el aumento de los discursos de odio por parte de grupos anti-derechos, la instauración de gobiernos autoritarios en varios países y la drástica reducción de la cooperación internacional.

El asesinato de personas por su orientación sexual o identidad de género es una realidad en Latinoamérica, al punto que la región se ubica como la más peligrosa en el mundo para personas trans, especialmente para mujeres trans. En ese contexto, Brasil, México y Colombia son los países con mayor número de casos: Según el Trans Murder Monitoring, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, en Brasil hubo 106 asesinatos, en México 71 y en Colombia 25.

En Colombia, el brutal asesinato en abril de 2025 de la activista trans y defensora de derechos humanos Sara Millerey, ha inspirado la lucha por la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, que en días recientes fue introducido formalmente a debate al Congreso de la República, marcando un hito en la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas trans y no binarias en el país.

Por otro lado, la restricción del espacio cívico en países como Cuba y Nicaragua, y la aprobación de leyes que limitan y condicionan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, como ocurrió recientemente en El Salvador y Perú, supone un grave revés en la lucha por los derechos de las personas LGBTI+.

A ello se suma la repentina y drástica reducción de la cooperación internacional a partir de la suspensión de fondos por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual pone en riesgo años de trabajo comunitario, redes de protección, servicios básicos (como salud, refugio, atención legal) y participación política. Sin este apoyo, muchas organizaciones no pueden sostenerse, especialmente en contextos donde no hay políticas públicas reales de inclusión.

En medio de esta realidad, reafirmamos nuestro compromiso en promover y defender los derechos de las personas LGBTI+, principalmente ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Pero también hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos y a la sociedad civil para proteger a esta población y garantizar sus derechos.

Hoy más que nunca, el orgullo debe traducirse en acción, porque para las personas LGBTI+, resistir no es un acto simbólico: es una forma de sobrevivir.

Nicaragua: Persecución contra personas percibidas como opositoras se ha convertido en una práctica recurrente y puede trascender más allá de sus fronteras

Washington, D.C., 27 de junio de 2025.– La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la persecución del Gobierno de Nicaragua contra personas percibidas como opositoras “se ha convertido en una práctica recurrente y puede trascender más allá de sus fronteras”, lo cual representa un alto riesgo para la vida e integridad física de las personas en el exilio.

Dicha información corresponde a la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, realizada este viernes 27 de junio en el marco de la 59 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en correspondencia con la Resolución 58/18 de dicho órgano. La misma fue presentada por la directora de la División de Operaciones Globales de la Oficina, Maarit Kohonen.

Kohonen precisó que la persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua incluye a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos, y que esta situación “se ve exacerbada por cambios legislativos que refuerzan el cierre del espacio cívico y aumentan las restricciones a la participación política”.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El informe indica que las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como herramienta de represión política, consolidando un clima de miedo para silenciar toda voz crítica y que, según información recabada por la Oficina, al menos 54 personas (47 hombres y 7 mujeres) permanecen detenidas arbitrariamente. “La cifra real podría ser mayor ya que muchas familias temen denunciar por miedo a represalias”, dijo.

Además, la Oficina ha documentado 13 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 8 corresponden a personas adultas mayores y 2 a personas indígenas. De estos casos, destacaron el de Evelyn Carolina Matus Hernández, cuyo paradero es desconocido desde que fue detenida arbitrariamente el 25 de junio de 2024 y separada de sus niños de 5 y 10 años.

“Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes con reportes de tortura y alimentación insuficiente. 15 de las 54 personas detenidas son personas adultas mayores con necesidades médicas urgentes sin atención adecuada. Preocupa particularmente el caso de Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, quien padece artritis degenerativa y depresión clínica y cuyo paradero es desconocido desde su detención en mayo pasado”, agregó.

En relación con la situación de la prensa independiente, informó que al menos 168 periodistas han debido exiliarse desde 2018 mientras quienes continúan en el país enfrentan vigilancia, amenazas y censura, destacó el caso del periodista Leo Cárcamo, quien fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2024 y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada.

En la actualización oral, la Oficina reiteró su llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar las desapariciones forzadas y la tortura, y a garantizar el respeto de las normas internacionales sobre el trato digno en los lugares de detención.

Reformas legislativas

El informe del Alto Comisionado se refirió a las reformas a la Ley Electoral aprobadas en marzo pasado, señalando que profundiza la concentración de poder en la Presidencia y debilita aún más las garantías de participación democrática, al eliminar los mecanismos de referéndum y plebiscito y autorizar el proselitismo en oficinas públicas, así como limita la constitución e integración de partidos políticos.

“Estas reformas en conjunto con las reformas constitucionales adoptadas en enero de 2025 plantean serias dudas sobre la existencia, funcionamiento independiente de los partidos políticos, además existe la incertidumbre sobre las fechas de las próximas elecciones presidenciales”, apuntó.

También hizo referencia a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, en cuanto otorga a la Presidencia de la República la potestad de proponer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y permite restringir la publicidad de los procesos penales a discreción de la autoridad judicial.

“Legislación recientemente promulgada ha debilitado aún más las protecciones de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de sus formas de gobierno; estas reformas se han adoptado sin las debidas garantías del derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado. Esto, sumado a continuos ataques contra las comunidades que incluyen asesinatos, violencia sexual y detención arbitraria de lideres, representa una grave amenaza para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüenses”, añadió.

En el reporte también se denunció que la cifra de organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil que han sido canceladas arbitrariamente ya alcanza las 5,535 y que este año la Oficina ha documentado 29 casos (17 mujeres y 12 hombres) de personas a quienes se le negó la entrada a su propio país por motivos políticos.

Aislamiento de Nicaragua

La representación de Nicaragua se ausentó de  la sesión y, por tanto, no hizo réplica a las denuncias y demandas planteadas. La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, señaló que a pesar de la urgente necesidad de atender la crisis de derechos humanos Nicaragua continúa aislándose de la cooperación con organismos internacionales, al notificar su retirada de la UNESCO en mayo y de la ACNUR en junio.

“Hacemos otra vez un llamado a las autoridades nicaragüenses a retomar el diálogo para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en el país incluyendo la conclusión del Examen Periódico Universal”, apuntaron.

Desde Raza e Igualdad, repudiamos la resistencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos y advertimos que tanto los órganos del sistema universal de protección de los derechos humanos como las organizaciones de sociedad civil debemos continuar demandando que el Estado se haga responsable y que las víctimas reciban justicia, reparación y garantías de no repetición que merecen.  Dar la espalda a las obligaciones internacionales y a los órganos de protección, no les proporcionará la impunidad que buscan.

Compartimos la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado por la persistencia y agravamiento de la persecución por motivos políticos y otras formas de represión en contra de personas percibidas como opositoras, por lo que llamamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre la situación de derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras en cuanto a personas exiliadas.

Demandamos que el régimen informe sobre el paradero de todas las personas desaparecidas, así como la inmediata liberación de todas las personas en prisión por motivos políticos.

 

Perú: Proyecto de ley de Amnistía representa una seria amenaza al acceso a justicia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos

  • El Congreso avanza en una ley de amnistía que beneficiaría a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
  • La propuesta contraviene sentencias vinculantes de la Corte Interamericana y podría afectar más de 750 casos, vulnerando el derecho a la justicia de miles de víctimas.
  • El presidente del Consejo de Ministros manifestó su opinión sobre la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano, lo que podría poner en riesgo la protección internacional de derechos.

17 de junio de 2025. – Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más firme condena ante la aprobación por el Pleno del Congreso de Perú de un proyecto de ley que concede amnistía a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. Esta iniciativa busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa, actualmente denunciados o procesados por estos crímenes. También beneficiaría a condenados mayores de 70 años, incluso si sus sentencias ya son firmes. Esta iniciativa es incompatible con los estándares internacionales y socava décadas de lucha por la justicia

A pocos días del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado peruano vuelve a contravenir sus obligaciones internacionales. El avance de esta ley representa un nuevo y grave acto de desacato, consolidando un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Perú que comenzó con la aprobación en junio del año pasado de la Ley de Impunidad. Esta propuesta afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando el derecho a la justicia y la reparación de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres.

Entre los procesos impactados se encuentran los emblemáticos casos de Barrios Altos y La Cantuta, sobre los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado medidas provisionales precisamente para evitar escenarios de impunidad como el que esta iniciativa pretende institucionalizar. En sus sentencias de Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), la Corte IDH estableció que las amnistías, indultos y otras figuras que excluyen la responsabilidad penal en casos de graves violaciones son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, el avance de esta propuesta legislativa resulta inaceptable a la luz de la jurisprudencia interamericana.

Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones de Eduardo Arana Ysa, presidente del Consejo de Ministros, realizadas ante el Congreso el 12 de junio durante su discurso de investidura en las que plantea revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta iniciativa, que podría desembocar en la denuncia de la Convención Americana, representa una amenaza directa a las garantías de protección internacional con las que cuentan las víctimas en el país. En un contexto de debilitamiento democrático e intentos de institucionalizar la impunidad, cuestionar la pertenencia del Perú al sistema interamericano no solo profundiza la crisis institucional, sino que pone en riesgo los compromisos internacionales del Estado

El Perú atraviesa un momento crítico en el que las autoridades están impulsando medidas orientadas a perpetuar la impunidad por las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Esta iniciativa legislativa, sumada a otros retrocesos recientes, forma parte de una estrategia para desactivar los mecanismos de rendición de cuentas y cerrar los caminos hacia la verdad y la justicia de las víctimas. Por ello, hacemos un llamado urgente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a frenar esta propuesta. A pocos días de la Asamblea General de la OEA, instamos a la comunidad internacional —y en particular a los Estados miembros de la OEA— a rechazar esta ley y pronunciarse con claridad frente al riesgo real de que el Perú consolide un régimen de impunidad incompatible con sus obligaciones internacionales.

Firman:

Acción por los Niños – Peru

AlertaVenezuela – Venezuela

Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador

Amazon Frontlines – Estados Unidos

Asociación Agape – Perú

Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú – Perú

Asociación de personas que ejercen el trabajo sexual «Miluska Vida y Dignidad» – Perú

Asociación Madres Luchando Por Justicia – Perú

Asociacion Peruana de Ateos – Peru

Asociación por la Memoria y los derechos humanos Colonia Dignidad – Chile

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH – Perú

Asociación Santa Micaela – Perú

Casa Memoria José Domingo Cañas – Chile

Casa Trans Zuleymi – Perú

Centro de Desarrollo Andino Sisay – Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex – Perú

Centro Desarrollo Andino Sisay – Perú

Centro Loyola Ayacucho – Perú

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional

CLADEM Perú – Perú

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más – Costa Rica

Collera Red – Perú

Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS – Perú

Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES – Colombia

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú

Corporación Humanas Chile – Chile

Demus Estudio para la defensa de los derechos de la mujer – Perú

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) – Honduras

Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH – Internacional

Féminas – Perú

Fuerza Democrática de Guerrero – México

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ – Perú

Fundación Guagua -Galeria de la Memoria Tiberio Fernández Mafla – Colombia

Fundación para el Debido Proceso – DPLF – Estados Unidos

Generación Orgullo Asociación por la Diversidad Sexual y de Género – Perú

Grupo Cultural Yuyachkani – Perú

Grupo de Apoyo Mutuo -GAM – Guatemala

Instituto de Defensa Legal – IDL – Perú

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Regional

Instituto Promoviendo Desarrollo Social IPRODES – Peru

Justiça Global – Brasil

Justicia Pro Persona – México

KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço – Brasil

Las Abejas de Acteal – México

Las Karahuayllas – Asociación de Mujeres Transformando Carabayllo – Perú

Las Tejedoras – Perú

Lesbianas Independientes Feministas Soc-LIFS – Perú

MAREA ROJA Ponte el Alma – PERU

Marea Verde Totonacapan – México

Memoria Abierta – Argentina

Memorial para la Concordia en Guatemala – Guatemala

Miluzca vida y dignidad – Peru

Movimiento de Diversidad Mollendina LGBTIQ+ «MODIMO» – Perú

Mujeres Líderes Que Inspiran AC – México

Núcleo de Preservação da Memória Política – Brasil

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – Estados Unidos

Paz y Esperanza – Perú

Plataforma Justicia Arcoíris – Perú

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela

Red Colombiana de Lugares de Memoria – Colombia

Red de Mujeres – Perú

Red de Mujeres Insurgentes – México

Red de Mujeres Organizadas del distrito de Carabayllo previniendo la violencia de Género – Perú

Red Mujeres Violeta AC – México

Red Trans La Libertad – Perú

Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos

Seamos Escuela Creando y deconstruyendo narrativas – Perú

Somos 2074 y muchas más – Perú

Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina

WACC américa latina – América Latina

El Salvador: La nueva Ley de Agentes Extranjeros amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación

13 de junio, 2025.– En el contexto del grave retroceso en materia de derechos humanos, del debilitamiento del Estado de derecho y del desmantelamiento de los controles institucionales en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada en gran medida por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, aprobó una Ley de Agentes Extranjeros sin debate público.

La ley pretende promover la «transparencia» sobre la influencia de actores extranjeros en la opinión pública y salvaguardar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país. Sin embargo, la ley ofrece a las autoridades estatales la oportunidad de controlar y sancionar a los grupos de derechos humanos y a los medios de comunicación que han denunciado la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas autoritarias del presidente Bukele. Al hacerlo, la ley viola los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a defender los derechos humanos. Leyes similares se han utilizado en Rusia, Nicaragua y Venezuela para controlar y neutralizar a las organizaciones y los medios de comunicación independientes.

La ley exige que las personas y organizaciones que reciben financiación internacional, directa o indirectamente, se registren como «agentes extranjeros» en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) de reciente creación dependiente del Ministerio del Interior. La ley define de manera amplia los agentes extranjeros como cualquier persona u organización que «responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero». Un mandante extranjero es cualquier persona u organización con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, un partido político o una organización, así como cualquier entidad así determinada por el RAEX. Con una definición amplia y la discrecionalidad del RAEX, el Registro puede utilizar este poder de manera arbitraria.

Una vez registrados, cada transacción financiera de los fondos de los mandantes extranjeros está sujeta a un impuesto del 30 %. La ley no aclara si el impuesto actual del 10 % sobre las donaciones se sumará a este nuevo impuesto, lo que aumentaría aún más la carga financiera y la haría comparable a una confiscación de facto, poniendo en peligro la propia existencia y viabilidad de las organizaciones y los medios de comunicación independientes en el país.

En términos vagos y ambiguos, la Ley prohíbe a los denominados agentes extranjeros realizar actividades con fines políticos «u otros» que tengan por objetivo alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política del país. Estos agentes deben utilizar los fondos para fines específicos articulados ante el RAEX y no pueden recibir donaciones anónimas.

Entre las amplias facultades del RAEX, se encuentran las siguientes:

  • Eximir a determinadas organizaciones del impuesto sin establecer parámetros claros. Esto puede dar lugar a un trato desigual, recompensando o castigando a las entidades en función de su relación con el Gobierno.
  • Establecer nuevos requisitos u obligaciones para los agentes extranjeros y nuevos procedimientos administrativos.
  • Imponer sanciones. En caso de incumplimiento de la obligación de registro, el RAEX puede congelar las cuentas bancarias, impedir el ejercicio de las actividades, de forma temporal o permanente, y suspender o cancelar la personalidad jurídica o el registro de las organizaciones. El incumplimiento de las disposiciones de la LAEX también puede dar lugar a multas que oscilan entre 100 000 y 250 000 dólares. Las acciones que dan lugar a multas o sanciones no están claramente enumeradas, lo que podría dar lugar a una imposición arbitraria.

La ley abre la puerta al enjuiciamiento penal por incumplimiento de las prohibiciones y de la ley contra el blanqueo de capitales. Se dirige contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defienden los derechos humanos, y los medios de comunicación, al intentar controlar y limitar las actividades que se consideran una amenaza para el Gobierno.

Además, la amplia autoridad del RAEX para supervisar y regular las actividades de los agentes extranjeros, junto con el lenguaje ambiguo de la ley y la ausencia de definiciones jurídicas claras, crea riesgos significativos de injerencia gubernamental en las operaciones de las entidades privadas. Por ejemplo, la facultad de revocar la personalidad jurídica de una ONG sin supervisión judicial, basándose en motivos vagos como alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política, supone una grave amenaza para las organizaciones que no se alinean con los intereses del Gobierno. Esta disposición podría utilizarse para atacar a las organizaciones disidentes o independientes, al tiempo que se refuerza a las que están alineadas con las autoridades.

Por estas razones, las organizaciones abajo firmantes instan: 1) a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a condenar esta legislación y a convocar un consejo permanente urgente para abordar el retroceso democrático en El Salvador; 2) al Congreso de los Estados Unidos a instar a la administración Trump a no apoyar medidas que socaven el trabajo de la sociedad civil y personas defensoras; 3) a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a condenar la ley de agentes extranjeros de El Salvador y llamar al Estado a derogar la ley y cumplir con sus obligaciones internacionales; y 4) a la OEA y ONU a pronunciarse sobre la proliferación de este tipo de normativas en la región y su impacto negativo sobre la sociedad civil.

Organizaciones firmantes:

Acción Solidaria, Venezuela

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Amnistia Internacional

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)

Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Convergencia por los Derechos Humanos Guatemala

Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (Chile)

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Instituto de Defensa Legal – IDL, Perú

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos

Paz y Esperanza, Perú

Robert F. Kennedy Human Rights

Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)

Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

Organizaciones que conforman el RegionaR / Foro Regional de Derechos Humanos llaman a garantizar y respetar la labor de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en las Américas

23 de mayo de 2025.- Ante las detenciones de personas defensoras de derechos humanos en El Salvador y Venezuela y la posible criminalización de su trabajo, las organizaciones que conforman el Foro Regional de Derechos Humanos, RegionaR, expresan su preocupación por la estigmatización y persecución estatal en contra de organizaciones y personas que se dedican a la promoción y defensa de derechos fundamentales. Por tanto, llaman a los Estados en cuestión a cumplir su obligación de garantizar dicha labor en condiciones de libertad y seguridad, y exhortan a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes encaminadas al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe.

Como organizaciones que abogamos por el respeto a la dignidad e integridad humana basándonos en el derecho internacional de los derechos humanos y con un enfoque interseccional, nos resultan extremadamente desconcertantes las detenciones en días recientes de Eduardo Torres, abogado venezolano integrante de la ONG Provea, y de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal en El Salvador.

En el caso de Torres, su familia y representantes de la organización Provea denunciaron que se encontraba en situación de desaparición forzada desde la tarde del viernes 9 de mayo, pues no tuvieron información sobre su paradero y condición luego de que se comunicara vía telefónica con su esposa y le informara que iba de camino a su casa en la ciudad de Caracas. Fue hasta el martes 13 de mayo -luego de que la ONG Provea hiciera varias denuncias públicas por su desaparición que duró casi 5 días e introdujera un recurso de Habeas Corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aún sin fecha de respuesta-, que el Fiscal general Tarek William Saab confirmó que Torres estaba detenido por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, y señaló también que las denuncias por la desaparición forzada de Torres realizadas por Óscar Murillo, coordinador general de Provea, constituyen ataques a las actuaciones del sistema justicia venezolano en contra de los grupos desestabilizadores y contrarios a la paz de la República y que, por tanto, forman parte de una campaña sostenida para garantizar la impunidad. De acuerdo con información extraoficial difundida por Provea, al parecer Torres se encuentra detenido en el SEBIN Helicoide, sin que abogados de confianza ni familiares hayan podido verlo.

En El Salvador, la detención de Ruth López ocurrió a las 11:00 pm del domingo 18 de mayo en su casa, cuando agentes de la Policía Nacional llegaron y le dijeron que era requerida por la Fiscalía General de la República para ser acusada formalmente del delito de peculado. Inmediatamente, la organización Cristosal y otras organizaciones de sociedad civil en el país, encendieron las alarmas sobre la desaparición forzada de López, exigiendo a las autoridades información oficial sobre su paradero, acceso pleno e inmediato a su equipo legal y garantías efectivas para su integridad física, psicológica y jurídica. Fue hasta el martes 20 de mayo que su madre, Eleonor Alfaro, declaró a medios nacionales que pudo verla en horas del mediodía en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.

Observamos con gran preocupación que en ambos casos se está aplicando un patrón de ataques que es práctica común en Cuba y Nicaragua contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas: desaparición de corta o larga duración y posterior criminalización, estigmatización y amenaza de criminalización contra integrantes de sus organizaciones. Cabe destacar, además, que la detención de Ruth López ocurre días después de que el presidente Nayib Bukele anunciara el 14 de mayo su intención de materializar una «ley de agentes extranjeros», para el cobro de un impuesto de hasta el 30% a las oenegés activas en el país. El día de ayer, 21 de mayo, se aprobó dicha Ley, tal como ocurrió recientemente en Perú, con la modificación de la Ley No. 27692, que fortalece el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Ante tales hechos, las organizaciones que integramos RegionaR hacemos el siguiente llamado a los Estados de la región, y principalmente a los gobiernos de El Salvador y Venezuela:

  • Que cese la criminalización de la defensa de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la lucha contra la corrupción, y que se reconozca y proteja la labor de las personas y organizaciones defensoras.
  • Libertad inmediata y plena del abogado e integrante de Provea, Eduardo Torres, y que haya garantías para el trabajo que realiza dicha organización, incluyendo a su coordinador general Oscar Murillo, así como de todas las personas y colectivos defensores de derechos humanos en Venezuela.
  • Liberad inmediata y plena para Ruth López, Jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, y garantías de su integridad física y psicológica y seguridad para las personas defensoras de Derechos Humanos en El Salvador.

Asimismo, RegionaR exhorta a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad diplomática a que se unan a este llamado, y conmina a todos los Estados de la región a llevar a cabo acciones urgentes para reconocer y garantizar la contribución que las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe.

 

RegionaR/Foro Regional de Derechos Humanos

RegionaR /Foro Regional de Derechos integrado entre otras organizaciones, por: Argentina: Abogades por los Derechos Sexuales (AboSex) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Brasil: Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Ruais Quilombolas (CONAQ); IEPE-Instituto de Pesquisa e Formacáo Indigena; Colectivo Feminista Helen Keller de Mulheres con deficiencia. Bolivia: Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia (SJR Bolivia). Costa Rica: Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJR-CR) y Asociación Ciudadana ACCEDER. Colombia: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); ILEX Acción Jurídica; Grupo Comunicarte; Grupo de Acción y Apoyo para Personas Trans (Fundación GAAT); Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES) y Fundación Mahumpi Venezuela. Chile: Asociación Mapuche Tain Adkimn. Ecuador: Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA; Asociación ALFIL; Taller de Comunicación Mujer (TCM). Guatemala: Red de Jóvenes para la Incidencia Política (Incide Joven) y Asociación Las Crisálidas. Honduras: Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Centro de Derechos de Mujeres Honduras. Nicaragua: Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). Paraguay: Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia de Paraguay. Perú: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Centro Loyola Ayacucho; Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz FEDEPAZ e Instituto Defesa Legal (IDL). República Dominicana: Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA); Organización Trans Reinas de la noche y Movimiento sociocultural de trabajadores Haitianos (MOSCTHA); Uruguay: Organización Social Salvador. Venezuela: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC). Organizaciones regionales: Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos (REDLAC); Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC); Artículo 19 México y Centroamérica; Foro Indígena Abya Yala (FIAY); Latín American Working Group (LAWG); y Red de Mujeres Afrolatinas Afrocaribeñas y de la Diáspora. (REDMAAD). Organizaciones internacionales: Women´s Link Worldwide (WLW); Centro de Derechos Reproductivos; Synergia Initiatives for Human Rights; American Friends Service Committee (AFSC) e Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos.

 

Contacto: velez@raceandequality.org

Colombia: Raza e Igualdad condena asesinato de lideresa Nawar Jiménez y urge al Estado medidas integrales de protección para personas defensoras de derechos humanos

Bogotá, 22 de mayo de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) manifiesta su consternación y rechazo ante el feminicidio de Nawar Jiménez, mujer trans, lideresa social y defensora de derechos humanos, asesinada en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Nawar participó en la organización Caribe Afirmativo, contribuyendo al proceso de reconocimiento y fortalecimiento de sujetos de reparación colectiva LGBTIQ+ en el municipio de El Carmen de Bolívar. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la construcción de paz en territorios afectados por la violencia la consolidó como una referente para su comunidad.

En lo que va de 2025, se contabilizan 43 asesinatos contra personas LGBTIQ+ en Colombia, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo. Según dichos registros, las mujeres trans son las principales víctimas, evidenciando una preocupante violencia basada en la identidad de género. Los departamentos más afectados son Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Quindío y Bogotá.

Exhortamos a las autoridades a que garanticen una investigación diligente, con un enfoque interseccional de género y orientación sexual, y que adopten medidas integrales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. La justicia debe ser real, pronta y efectiva.

Su pérdida es un golpe irreparable para su comunidad, para el movimiento LGBTIQ+ y para todas las personas que trabajan por la justicia y la igualdad en Colombia. Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, con la organización Caribe Afirmativo y con toda la comunidad que hoy sufre su ausencia. Su legado es un llamado ineludible para que Colombia avance hacia la construcción de una sociedad que respete y garantice los derechos de todas las personas, sin discriminación ni violencia.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y apoyar a quienes luchan por la igualdad, la dignidad y la defensa de los derechos humanos, honrando la memoria de Nawar Jiménez.

Venezuela: Exigimos información sobre la suerte y paradero de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos de PROVEA, así como el respeto y garantía de sus derechos 

  • Eduardo Torres, defensor de PROVEA, se encuentra desaparecido desde el 9 de mayo en Caracas. 
  • Junto a otros integrantes de la organización, es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH en reconocimiento al alto riesgo derivado de su labor.  
  • Su desaparición ocurre en un contexto de represión y hostigamiento a defensores de derechos humanos. 

13 de mayo de 2025. – Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la vida, integridad, libertad y seguridad de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos e integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra desaparecido desde el viernes 9 de mayo.  Tras concluir una reunión en Parque Central de Caracas, Eduardo mantuvo una conversación telefónica con su esposa indicando que se encontraba de camino a su hogar. Sin embargo, no llegó a su destino y no se sostuvo ningún tipo de comunicación con él desde entonces.  

Eduardo Torres es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reconocimiento al riesgo que enfrenta por su labor de defensa de derechos humanos. Al igual que varios integrantes de PROVEA, en múltiples ocasiones Eduardo Torres ha sido objeto de hostigamiento en su hogar, amenazas, intimidación y otros ataques, incluyendo la  anulación de su pasaporte. Estos hechos demuestran el riesgo que ha enfrentado Eduardo en el ejercicio de su trabajo y reflejan el carácter continuado y diverso de los ataques que ha sufrido de forma previa a su reciente desaparición, así como el involucramiento de agentes estatales en algunos de ellos. 

A lo largo de su vida, Eduardo ha trabajado incansablemente en la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente en el ámbito laboral. Su compromiso ha trascendido su labor en PROVEA, participando activamente en múltiples causas vinculadas a la libertad, la democracia y la dignidad del pueblo venezolano. Ha denunciado públicamente casos de detención arbitraria y tortura contra personas privadas de libertad por razones políticas, sindicalistas, estudiantes, defensoras de derechos humanos, e incluso miembros de cuerpos de emergencia, como un comandante de bomberos detenido tras exigir derechos laborales. 

Desde el sábado 10 de mayo, la esposa de Eduardo junto con integrantes del equipo de PROVEA han recorrido distintos centros de detención como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Petare y otras zonas de Caracas, sin obtener información sobre su detención o paradero. Tras 48 horas de su desaparición, acudieron al Palacio de Justicia con la intención de interponer un recurso de Hábeas Corpus, pero las autoridades del Circuito Judicial Penal de Caracas no autorizaron su recepción, sin ofrecer mayores detalles. Sin embargo, el recurso fue recibido el 12 de mayo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

La desaparición de Eduardo Torres se produce en un contexto pre y post electoral altamente represivo, caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Desde el proceso electoral de 2024, se ha intensificado la persecución sistemática contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición. Hasta el 5 de mayo de este año, organizaciones locales contabilizaban al menos 894 presos políticos y 66 personas desaparecidas. A tan solo dos semanas de las elecciones parlamentarias y regionales previstas para el 25 de mayo de 2025, este hecho se suma a una serie de acciones que evidencian un patrón de silenciamiento de voces disidentes y un ambiente de creciente hostigamiento político. 

Asimismo, destacamos que el trabajo incansablemente por más de 30 años que PROVEA realiza por la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, brindando atención a víctimas, formando a comunidades y monitoreando la situación del país, le has convertido en blanco de constantes ataques, amenazas y hostigamientos, tanto por parte de actores estatales como de sectores afines al poder. 

Las organizaciones firmantes reconocemos el papel esencial de personas como Eduardo Torres en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Es por eso que, manifestamos nuestra máxima preocupación por la alta probabilidad de que Eduardo se encuentre en situación de desaparición forzada y detención arbitraria. Exigimos al Estado venezolano que informe sobre su paradero y garantice su vida e integridad física y psicológica. Como también que, en caso de encontrarse privado de libertad lo presente ante un juez de forma inmediata y cese cualquier forma de detención arbitraria. 

Por último, ante la gravedad del caso, solicitamos a autoridades nacionales e internacionales, organismos multilaterales, misiones diplomáticas y actores con capacidad de incidencia a replicar estos mensajes y exigir al Estado venezolano la aparición con vida de Eduardo Torres.  

 

Firman:  

  • Amnistía Internacional 
  • CIVICUS 
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 
  • Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 
  • Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) 
  • Robert F. Kennedy Human Rights  
  • Human Rights Watch 

 

 

Gobierno de Cuba debe respetar acuerdos internacionales: ¡Libertad para José Daniel Ferrer y Félix Navarro!

Washington, D.C., 29 de abril de 2025.– Ante la detención y revocación de la libertad condicional del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y del dirigente del movimiento Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su máximo repudio y exige la inmediata liberación de ambos activistas.

En el caso de Ferrer, familiares denunciaron por redes sociales que, en las primeras horas de este martes 29 de abril, fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado ejecutaron un violento operativo en la sede de UNPACU, en Santiago de Cuba.

Según las denuncias, por medio de dicho operativo los agentes capturaron a José Daniel, a su esposa Nelva Ortega Tamayo, a su hijo de cinco años José Daniel Ferrer Ortega* y a los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vaillant, Roilán Álvarez Rensoler, así como a otros integrantes de UNPACU que se encontraban en el lugar, cuyos nombres se desconocían hasta la publicación de este artículo.

Asedio continuo desde su excarcelación

“La dictadura asaltó la casa como si estuviera capturando a un terrorista internacional (…) se llevaron todos los alimentos y todas las cosas que ahí habían”, dijo en conversación con Raza e Igualdad su hermano, Luis Enrique Ferrer, quien es representante de UNPACU en el exterior y reside en Tampa, Florida.

Luis Enrique Ferrer comentó a Raza e Igualdad que desde que su hermano fue excarcelado el pasado 16 de enero -como parte de las negociaciones entre La Habana y Washington que fueron mediadas por El Vaticano para la puesta en libertad de 553 personas- el Gobierno emprendió una campaña de desprestigio en su contra por medio de información falsa en redes sociales y el diario oficial Granma.

Cabe recordar que en abril se intensificó el asedio de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, ante la labor humanitaria que esta organización realiza. En varias ocasiones, José Daniel Ferrer denunció por medio de sus redes sociales que colaboradores y beneficiarios de dichas actividades estaban recibiendo amenazas de multas y detención por participar en las mismas.

En tanto, en Matanzas, el defensor de derechos humanos y dirigente del movimiento Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria en las afueras de su casa, cuando se dirigía junto a su esposa Sonia Álvarez Campillo a realizar una visita a su hija Saily Navarro Álvarez al penal de mujeres de Bellotex, donde cumple una condena de ocho años de prisión.

«La detención de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, a pocos días del fallecimiento del Papa Francisco —quien fue pieza clave en la negociación con el Gobierno de Estados Unidos que facilitó su liberación—, demuestra el absoluto desprecio del gobierno cubano por los derechos humanos y su total falta de compromiso con los acuerdos internacionales. Es una muestra clara de que en Cuba no hay voluntad política para avanzar hacia el respeto de las libertades fundamentales«, expresó el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

José Daniel Ferrer fue excarcelado el 16 de enero de 2025 de la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, mientras que Félix Navarro fue excarcelado el 18 de enero de la prisión de máxima seguridad Agüica del municipio Colón, en Matanzas. El primero cumplía una condena de 4 años y 6 meses de prisión y el segundo una de 9 años de privación de libertad.

Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las masivas protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Cuba, las más grandes registradas en las últimas décadas.

Un mes más tarde, un tribunal le revocó la libertad condicional que tenía vigente y ordenó su reingreso en prisión para cumplir una condena de cuatro años y medio impuesta en 2020 por un presunto atropello a un hombre, cargo que el líder de UNPACU rechaza.

La justificación del Gobierno

El Tribunal Supremo publicó una nota informativa con declaraciones de su vicepresidenta, jueza Maricela Sosa Ravelo, indicando que “las salas penales de los tribunales provinciales populares de Matanzas y Santiago de Cuba revocaron la libertad condicional a dos sancionados del grupo de los 553, que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos”.

En la nota, alegan que Ferrer no acudió a dos citas ante un juez de ejecución a las que había sido convocado por el tribunal provincial de Santiago de Cuba, mientras que Navarro salió de su municipio en siete ocasiones sin solicitar autorización del juez de ejecución.

Desde Raza e Igualdad rechazamos dichas justificaciones y reiteramos que tanto Ferrer como Navarro nunca debieron ser condenados por ningún delito, pues sus detenciones son parte del sistema de represión del Gobierno cubano en contra de voces críticas y activistas de derechos humanos. Por tanto, exigimos su liberación inmediata y llamamos a la comunidad internacional a dar seguimiento a su situación.

 

*Según la denuncia que hizo en la red social X Ana Belkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, la esposa de este y su hijo José Daniel Ferrer Ortega, de 5 años, fueron liberados tras permanecer algunas horas detenidos en la sección de menores del Centro de Detención de Versalles. 

Estado de Nicaragua en desacato continuo a las resoluciones de la Corte IDH, alertan ante el Consejo Permanente de la OEA

En el marco de la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros, la presidenta de la Corte IDH informó sobre el desacato permanente por parte del Estado de Nicaragua a 19 resoluciones emitidas desde 2021, lo que mantiene en total indefensión a los beneficiarios de estas, todos ellos presos o ex-presos políticos

San José, 23 de abril de 2025 -. La jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la situación de desacato permanente y desprotección de las personas beneficiarias de medidas provisionales en Nicaragua.

En su presentación, la presidenta informó sobre el desacato permanente a las resoluciones emitidas por la Corte IDH respecto a las medidas adoptadas, que buscan proteger la vida e integridad personal de más de un centenar  de beneficiarios de dichas medidas cuyos derechos se encuentran en grave riesgo. Recordó que, desde junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte IDH ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales, las cuales ordenan al Estado de Nicaragua adoptar medidas para proteger a las personas beneficiarias, pero  el Estado nunca remitió información sobre su cumplimiento. Más bien las ignora.

La presidenta de la Corte IDH recordó que, al  27 de marzo de 2025, 15 personas continúan privadas arbitrariamente de su libertad en condiciones extremas. Enumeró violaciones de derechos generalizadas y sistemáticas perpetradas por el régimen, en particular contra las personas beneficiarias de medidas. En el asunto Chamorro, de las 107 personas excarceladas y expulsadas, muchas carecen de documentos de identidad, han sido despojados de su nacionalidad, han visto anulados títulos de estudios, confiscadas propiedades, eliminados registros de nacimiento, entre otras violaciones. Asimismo, se encuentran en situación de apatridia y extrema vulnerabilidad, situación que ha sido denominada “muerte civil”  y como actos “deshumanizantes” por la Corte IDH en su resolución y el Grupo de Expertos en derechos Humanos de Nicaragua.

La Presidenta hizo un llamado firme a los Estados Miembros para que contribuyan a mitigar las consecuencias humanitarias y jurídicas que enfrentan dichas personas, al mismo tiempo que sigan monitoreando su situación e impulsen otras acciones oportunas.

Llamados contundentes de los Estados

A esta intervención siguieron pronunciamientos de diversos Estados miembros, incluyendo Canadá, Costa Rica, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, quienes se pronunciaron con preocupación sobre esta situación.

Estados Unidos condenó enérgicamente los abusos sistemáticos a los derechos humanos perpetrados por el gobierno nicaragüense e hizo un llamado a que las autoridades permitan un retorno seguro y libre de represalias a las personas desterradas. Costa Rica, por su parte, hizo un llamado urgente a la conciencia colectiva del sistema interamericano.

La situación de desprotección de las víctimas fue el centro de varias intervenciones. El representante de Chile subrayó la obligación colectiva de los Estados miembros de brindar, al menos, una protección mínima, mantenerse vigilantes y asumir un rol activo en la reversión de la situación en Nicaragua. En la misma línea, Paraguay destacó esta responsabilidad común y urgió adoptar medidas concretas con voluntad política. Costa Rica recordó que la fortaleza de la Corte reside no sólo en sus decisiones, sino también en el compromiso político de los Estados para hacerlas cumplir. Canadá instó a una respuesta firme, coordinada y unificada.

Paraguay y Costa Rica coincidieron en que el desacato de Nicaragua debilita gravemente al Sistema Interamericano, al amenazar su legitimidad y eficacia. Costa Rica reiteró que las decisiones de la Corte IDH, incluidas las medidas provisionales, son vinculantes y deben cumplirse para resguardar su autoridad e independencia. Finalmente, los Estados participantes llamaron al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos y el Estado de derecho.

Las personas beneficiarias demandan medidas concretas

En un esfuerzo colectivo, un grupo de personas beneficiarias de las medidas dirigieron una carta a los Estados miembros de la OEA a través de la cual  expresaron su profunda preocupación por las consecuencias persistentes del destierro forzado y la desnacionalización arbitraria impuesta por el régimen nicaragüense. Denunciaron que estas acciones los han dejado en situación de apatridia, que los despoja de identidad legal, bienes y vínculos familiares, lo que constituye una forma extrema de exclusión conocida como «muerte civil». Enfatizaron, que, aunque ya no están en prisión, siguen enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos y llamaron a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para apoyar la transición democrática, la liberación de personas presas políticas y el retorno seguro de quienes han sido desterrados.

“La decisión de la Corte Interamericana no solo mandata el respeto a nuestra vidas e integridad personal, sino que también visibiliza las consecuencias persistentes del destierro, la desnacionalización arbitraria, la confiscación de nuestros bienes, la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos y la continua persecución hacia nuestros núcleos familiares, condenándonos a la muerte civil sin precedentes en la región,  destacaron en la carta las personas beneficiarias de las medidas.

Un paso adelante para la garantía colectiva

La carta enviada es un llamado a la concientización de la necesidad de continuar visibilizando la situación persistente en Nicaragua, especialmente de las personas desterradas y desnacionalizadas.

La intervención de la Presidenta de la Corte IDH sobre la grave situación en Nicaragua constituye un paso adelante hacia una sensibilización colectiva, abriendo la puerta a llamados más contundentes hacia el Estado de Nicaragua, y a adoptar acciones decididas y coordinadas entre los países miembros de la OEA.

Invitamos a conocer el testimonio directo de las personas beneficiarias leyendo la carta que enviaron al Consejo Permanente de la OEA, disponible aquí.

Grave amenaza al espacio cívico en Perú: organizaciones condenan ley que restringe la labor de la sociedad civil y vulnera los derechos de las víctimas

24 de abril de 2025. – Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más enérgica condena ante la promulgación el pasado 14 de abril del 2025, sin observaciones por parte del Poder Ejecutivo del Perú, de la ley aprobada en el Congreso el 12 de marzo, que representa una seria amenaza para la defensa de derechos humanos. Asimismo, la aprobación de esta norma incumple con la obligación del Estado de Perú de garantizar los derechos de reunión, asociación, expresión, defender derechos humanos de las personas integrantes de organizaciones de sociedad civil, así como el derecho de acceso a la justicia y peticionar ante un órgano internacional de las víctimas. 

Esta norma, que otorga amplias facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impone un sistema de autorización previa sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional. A partir de ahora, estas organizaciones deberán obtener la “conformidad previa” del Estado para implementar proyectos y actividades, lo que subordina su labor a la autorización estatal y atenta directamente contra su autonomía e independencia. 

Además, la ley califica como “infracción muy grave” el supuesto “uso indebido” de fondos de cooperación cuando estos se destinen a brindar asesoría, asistencia o financiamiento a acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, que cuestionen al Estado peruano. Es decir, cualquier organización que represente o apoye legalmente a personas o comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos podría ser sancionada. En caso de cometer una infracción grave, la APCI podrá imponer sanciones económicas desproporcionadas, de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$720,000), y suspender o cancelar el registro de dichas organizaciones. 

La promulgación de esta norma se enmarca en una preocupante tendencia regional de cierre del espacio cívico, en el que varios gobiernos han impulsado normativas que imponen requisitos administrativos y financieros desproporcionados, dificultando el acceso al financiamiento, además de otorgar amplios poderes de control a entes estatales. Estas medidas, lejos de fomentar la transparencia, han sido utilizadas como instrumentos de censura y represión. Casos emblemáticos como los de Nicaragua, donde miles de organizaciones han sido ilegalizadas desde 2018; Venezuela, con la reciente aprobación de una ley que otorga al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones; y Paraguay, con la Ley N.º 7.363 de 2024, que impone restricciones arbitrarias a las entidades sin fines de lucro, son ejemplos de esta tendencia. En este contexto, la ley recientemente promulgada en Perú se suma a una peligrosa deriva regional que debe ser enfrentada con urgencia. 

Reiteramos nuestra solidaridad con las organizaciones peruanas que hoy ven amenazada su existencia y su importante labor. Hacemos un llamado firme a la comunidad internacional, a los órganos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, y a los gobiernos de la región a continuar pronunciándose y actuando ante esta grave regresión. Proteger el espacio cívico es esencial para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en América Latina. 

Firman:

  • Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas – Paraguay   
  • Akahata – Equipo de trabajo en sexualidades y géneros – Argentina   
  • América Diversa Inc – Estados Unidos   
  • Amnistía Internacional – Global   
  • Apuesta Solidaria AC – México   
  • Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) – México   
  • Asociación ALFIL – Ecuador   
  • Asociación comunitaria víctimas defensa derecho de productores Agropecuario de Corozal Sucre – Colombia   
  • Asociación Nomadesc – Colombia   
  • Asociación Otras Voces – Colombia   
  • Asociación Panambi – Paraguay   
  • Asociación Panameña de personas Trans (APPT) – Panamá   
  • Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos – El Salvador   
  • ASPIDH – El Salvador   
  • ATTTA Red Nacional – Argentina   
  • Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. – México   
  • Centro de Derechos Reproductivos – América Latina y el Caribe   
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador   
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina   
  • Centro de Promoción y Defesa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) – Perú   
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional 
  • CLADEM – Regional   
  • CMP Flora Tristán – Perú   
  • CODHES – Colombia   
  • Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia   
  • Colectivo por la Igualdad de Género – Piura – Perú   
  • Colectivo Unidad Color Rosa – Honduras   
  • Colombia Diversa – Colombia   
  • Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela   
  • Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Colombia   
  • Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala – Guatemala   
  • Coordinación Colombia -Europa – Estados Unidos – Colombia   
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú   
  • Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia – Paraguay   
  • Corporación Humanas – Chile   
  • COTRAVETD – República Dominicana   
  • DEMUS – Perú   
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) – Honduras   
  • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras   
  • Espacio Público – Venezuela   
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) – Internacional   
  • Féminas Perú – Perú   
  • Fundación Arcoiris – México   
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Perú   
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Regional   
  • Fundación para la Justicia – México   
  • Generación Orgullo Asociación por la Diversidad Sexual y de Género – Perú   
  • GRUFIDES – Perú   
  • Grupo Interdisciplinario GIDH – Colombia   
  • Humanidad Vigente Corporación Jurídica – Colombia   
  • IFEX-ALC – Regional   
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Regional   
  • Las Karahuayllas – Asoc. Mujeres Transformando Vidas – Perú   
  • Lesbianas Independientes Feministas Soc-LIFS – Perú   
  • Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua   
  • Movimiento Homosexual de Lima – Perú   
  • Movimiento Homosexual de Lima – Unidad de Lesbianas y Bisexuales – Perú   
  • Mujeres Libres COLEM, AC – México   
  • OTRANS-RN – Guatemala   
  • Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela   
  • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) – México   
  • Red de mujeres organizada del distrito de Carabayllo – Perú   
  • Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. – México   
  • Rosa Rabiosa – Perú   
  • Secretaria Ejecutiva del Sipinna Estado de Aguascalientes – México   
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos – Estados Unidos   
  • Sindicato Amanda Jofre – Chile   
  • Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos – Regional   
  • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe   
  • Transvida – Costa Rica 

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