Nicaragua: A siete años de las protestas de abril, las víctimas de la represión siguen reclamando justicia

Nicaragua: A siete años de las protestas de abril, las víctimas de la represión siguen reclamando justicia

Washington, DC, 17 de abril de 2025.- Este abril se conmemora el séptimo aniversario de las protestas que desencadenaron una violenta represión por parte del régimen presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual  dejó 355 víctimas letales, más de 2000 personas heridas, más de 2000 personas detenidas y a más de 440,000 personas en el exilio, según registro de la CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Las víctimas no sólo no han encontrado la justicia que merecen, sino que han sido perseguidas por un Estado que siguió tomando represalias en su contra.

Raza e Igualdad expresa su solidaridad con todas las víctimas de la represión y su compromiso de  seguir acompañándoles hasta que se haga justicia.

Al cumplirse siete años del inicio de las protestas de abril, en Nicaragua, conforme el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 52 personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, 11 de ellas en situación de desaparición forzada, entre éstas 5 mujeres. Mas de 450 personas han despojadas de su nacionalidad. El periodismo independiente no puede ejercer en el país y la defensa de los derechos humanos  y la libertad de asociación ha sido impactada por el cierre de más de 5,400 organizaciones de sociedad civil y la confiscación de sus bienes.

Adicionalmente, una profunda reforma constitucional que entró en vigencia en febrero de este año terminó de configurar a un régimen dictatorial  co-gobernado por Ortega y Murillo. A consecuencia de esa reforma a la Constitución más de 80,000 civiles han sido armados y dotados de pasamontañas para aterrorizar a la población y terminar de someterla a la voluntad de permanencia en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estos siete años, Raza e Igualdad ha acompañado a las víctimas de la represión en su búsqueda de justicia, así como para garantizarles la protección que confieren las medidas cautelares y provisionales  frente a los graves riesgos que enfrentan y en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil, hemos desarrollado amplias acciones de incidencia y litigio con el propósito de contribuir a que dicha crisis sea superada.

Raza e Igualdad ha acompañado también a organizaciones de sociedad civil tanto locales como las que siguen atendiendo la crisis nicaragüense desde el exilio, para que la labor de documentación que realizan sirva de insumo para elaborar informes ante los órganos de tratados que revisaron el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones internacionales en los años 2022 y 2023 y en las evaluaciones realizadas bajo el Examen Periódico Universal (EPU) en los años 2019 y 2024. Raza e Igualdad también ha llevado a cabo reiteradas acciones de incidencia ante el Parlamento Europeo con el propósito de que el régimen sea condenado y persuadido para obligarle a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

A siete años del inicio de las protestas cívicas de abril, con profunda preocupación vemos el rumbo al que un régimen despiadado y cruel conduce al pueblo nicaragüense mediante el ejercicio de un poder desbordado, que continúa violando de forma masiva y sistemática los derechos humanos. El régimen ha decidido aislarse,  abandonar la Organización de Estados Americanos y retirarse de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos para no ser declarado responsable de los graves crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos documentadas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Estos siete años, las recomendaciones de los órganos de tratados, del Examen Periódico Universal y las órdenes emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido absolutamente desatendidas y el Estado se ha ausentado de esos foros esgrimiendo cuestionamientos infundados mediante los cuales busca evadir sus responsabilidades internacionales.

Sin embargo, Nicaragua continúa obligada por los instrumentos de derechos humanos universales y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La comunidad internacional, las organizaciones de sociedad civil y los órganos de protección de los derechos humanos, debemos seguir poniendo todo nuestro empeño para que en Nicaragua se restablezca pronto la democracia y se garantice el respeto por los derechos humanos.

¡Sigamos trabajando codo a codo para que así sea!

Nicaragua: Corte Interamericana reafirma la extrema gravedad de la situación de personas detenidas, desterradas y desnacionalizadas

 

  • La resolución responde a la solicitud de medidas de protección presentadas por CEJIL, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Unidad de Defensa Jurídica, la UDR, la FIDH, Raza e Igualdad y el Colectivo Nicaragua Nunca Más, entre otras personas y organizaciones.

San José, 9 de abril de 2025 – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una nueva resolución en la que reitera la persistencia de una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable que enfrentan las personas beneficiarias de medidas provisionales en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, que incluye a 122 personas, entre ellas defensoras de derechos humanos, jóvenes, políticos y otras personas percibidas como opositoras por el régimen Ortega-Murillo.

La Corte IDH subraya que, respecto a las 15 personas que permanecen privadas de libertad, el riesgo a su integridad “no solo se mantiene, sino que se ha incrementado con el paso del tiempo”. Además, se extiende a sus familiares, quienes estarían sufriendo actos de intimidación y acoso vinculados a la privación de libertad de sus seres queridos.

Particularmente, se destacan los casos de Jaime Navarrete y José Manuel Urbina Lara, quienes continúan encarcelados a pesar de haber cumplido sus condenas. A su vez, a la madre del Sr. Navarrete se le ha prohibido el ingreso a Nicaragua para visitarlo. Adicionalmente, la Corte señala que en el caso  de Steadman Fagoth Muller y Catalino Leo Cárcamo se desconocería su paradero, lo que pone a estas personas en una situación de riesgo aún más agravada y en consecuencia, la Corte les mantiene las medidas provisionales.

En cuanto a las 107 personas que han sido desterradas, desnacionalizadas y despojadas de sus bienes, la Corte reafirma que estas acciones fueron ejecutadas por autoridades nicaragüenses y destaca el impacto directo de esta práctica sobre sus derechos fundamentales, incluso cuando se encuentran fuera del territorio nacional. La Corte sostiene que estas personas están en una situación de extrema vulnerabilidad y, por tanto, justifica el mantenimiento de las medidas provisionales.

A pesar de que estas personas ya no se encuentran privadas de libertad, la Corte resalta que el riesgo persiste porque se origina en un mismo contexto de persecución en el cual fueron identificadas como opositoras.  De acuerdo con la resolución, la revocatoria de nacionalidad, el impedimento de ingreso al país, y la eliminación de registros públicos y privados constituyen una amenaza directa al derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, afectando también el acceso a otros derechos fundamentales.

Riesgos específicos y “muerte civil”

La Corte advierte que la situación actual ha generado una forma de «muerte civil», despojando a las y los beneficiarios de su existencia legal y, con ello, de la posibilidad de ejercer sus derechos ante Nicaragua y otros Estados. Esto pone en riesgo directo  el  derecho a la identidad (nombre, estado civil, nacionalidad), la libertad personal (ante posibles detenciones por situación irregular), la vida privada y familiar, el derecho de circulación y residencia, los derechos de la niñez (considerando a los hijos e hijas de estas personas) y los derechos políticos, entre muchos otros.

Asimismo, constata que esta situación ha sido producto de actos sistemáticos de criminalización y persecución, y reitera que ante el incumplimiento de las órdenes de la Corte, el Estado de Nicaragua permanece en un desacato grave.

Acciones ordenadas por la Corte

Ante estos hallazgos, la Corte resuelve, entre otras medidas:

  • Mantener las medidas provisionales a favor de todas las personas beneficiarias;
  • Ordenar al Estado que revoque todas las decisiones que constituyen «muerte civil», incluyendo la eliminación de registros civiles, académicos y de propiedad, la revocatoria de nacionalidad, la prohibición de ingreso al país y la confiscación de bienes;
  • Respecto de las personas que estarían desaparecidas, proceda a determinar e informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre sus lugares de detención y facilitar su contacto inmediato con familiares y comunicación adecuada con sus abogados.
  • Presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de desacato permanente;

La resolución también insta a la OEA a ejercer su rol de garantía colectiva, a dar seguimiento a la situación y a exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de las órdenes de la Corte.

La Corte reitera que la denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua no exime al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para las organizaciones solicitantes de medidas de protección, el pronunciamiento del tribunal interamericano representa un paso fundamental para visibilizar y atender la grave situación de desprotección en la que se encuentran las personas beneficiarias, por ello hacen un llamado urgente a la comunidad internacional a actuar en consecuencia.

Persecución sostenida y represión extraterritorial: Organizaciones de Derechos Humanos denuncian la situación de Nicaragua ante la Corte IDH

San José, Costa Rica, 05 de febrero de 2025.- En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) organizaciones de derechos humanos denunciaron la continua represión y persecución del Estado de Nicaragua en contra de personas beneficiarias de medidas provisionales y sus núcleos familiares, algunas de ellas presas en la cárceles nicaragüenses y muchas de ellas desterradas y privadas arbitrariamente de su nacionalidad.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expusieron ante el Tribunal sobre el grave y urgente riesgo al que continúan expuestas 97 personas, de las 116 beneficiarias de las medidas de la Corte IDH.

Graves violaciones de derechos humanos

Durante la audiencia, se evidenció que el Estado de Nicaragua ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la Corte IDH, las cuales ordenan la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente y la protección de sus derechos fundamentales. A la fecha, 88 de las personas beneficiarias han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad, mientras que 7 permanecen en prisión y 1 sigue en situación de desaparición forzada.

Las organizaciones denunciaron que el destierro y la desnacionalización han sido utilizados como mecanismos de represalia por parte del gobierno nicaragüense contra la oposición política. Asimismo, el Estado ha confiscado bienes y cuentas bancarias, anulado registros de identidad y negado acceso a documentos oficiales, dejando a las víctimas en un limbo jurídico y social. Además, a los adultos mayores los han despojado de su pensión.

Un contexto de represión sistemática

La represión en Nicaragua no solo se mantiene, sino que se ha intensificado. Recientes reformas constitucionales y legislativas han consolidado un Estado autoritario y policiaco que suprime derechos fundamentales y legaliza la persecución contra la oposición. Entre las medidas más alarmantes se encuentra la concentración del poder en la figura de los co-presidentes, la instauración de las policías voluntarias y la eliminación de la prohibición de la tortura, lo que deja en absoluta indefensión a las personas detenidas por motivos políticos.

Las organizaciones también alertaron sobre la extensión de la política de represión más allá de las fronteras nicaragüenses, con intentos de criminalizar a exiliados a través de falsas acusaciones y la posible utilización de mecanismos internacionales como INTERPOL para perseguir a opositores en el extranjero.

Esta situación fue ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Llamado urgente a la Corte IDH y a la comunidad internacional

Ante este escenario, las organizaciones solicitantes instaron a la Corte IDH a mantener vigentes las medidas provisionales en favor de las personas beneficiarias y sus familiares, y le solicitaron que ordene al Estado de Nicaragua:

  • Restituir la nacionalidad y todos aquellos derechos de los que fueron despojados.
  • Devolver los bienes confiscados y garantizar la protección de los derechos económicos y sociales de las víctimas.
  • Garantizar la seguridad y condiciones adecuadas para un eventual retorno seguro de las personas desterradas.
  • Liberar de manera inmediata a las personas que permanecen detenidas arbitrariamente.
  • Investigar y sancionar los actos de persecución y represalia cometidos contra las personas beneficiarias y sus familiares.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas que presionen al gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Declaración y el Programa de Acción de Durban: Expectativas de la sociedad civil sobre el proyecto de Declaración Internacional de protección, promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

El 15 de enero de 2025, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes (ALDA) organizaron una reunión en la sede de Raza e Igualdad en Ginebra, con el objetivo de avanzar en la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban. En esta reunión participaron las Misiones de Brasil -con representación del Ministerio de Igualdad Racial (MIR)-, de Colombia, de México y de Chile; así como representantes del Foro Permanente sobre los Afrodescendiente de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de países como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. 

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Intergubernamental, reunido del 13 al 17 de enero de 2025 en Ginebra. Su principal objetivo fue visibilizar la implementación del Plan de Acción y la Declaración de Durban, así como resaltar la importancia de una alianza estratégica para la incidencia política en el proyecto de declaración internacional para la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. Es importante destacar que hubo poca participación directa de entidades de la sociedad civil en este espacio intergubernamental, ya que solo pudieron asistir organizaciones de la sociedad civil con «estatus consultivo ECOSOC de la ONU» [1] o que hubieran participado en la Conferencia de Durban en 2001. 

Por esta razón, Raza e Igualdad y ALDA [2] participaron en la 23ª Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (IGWG, por sus siglas en inglés), para apoyar el proyecto de Declaración de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Como grupos de la sociedad civil, presentamos algunas consideraciones importantes que los gobiernos deben tener en cuenta en este proyecto de Declaración. Además de brindar apoyo esencial a las Misiones de Brasil y Colombia para que puedan liderar y amplificar las voces de casi 200 millones de afrodescendientes en las Américas, queremos destacar la necesidad de garantizar la participación y escucha de la sociedad civil y de los pueblos afrodescendientes, así como de la población latinoamericana y caribeña. En este sentido, destacamos algunas recomendaciones: 

Apoyamos al Gobierno de Colombia, que en esta sesión presentó una postura muy clara sobre el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo en el marco de la jurisprudencia internacional y de las naciones que lo han establecido por ley. Por lo tanto, el proyecto de Declaración debe considerar en su lenguaje a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes. 

Consideramos necesario ampliar el concepto de afrodescendiente como una expresión civilizatoria que tiene su origen en la experiencia de la trata de esclavos africanos ocurrida entre los siglos XVI y XIX en las Américas. Los afrodescendientes deben ser reconocidos como grupos étnico-culturales que también habitan territorios rurales, preservan instituciones culturales tradicionales y se definen como tales. 

El concepto de pueblos afrodescendientes se está integrando en el sistema internacional de derechos humanos, salvaguardando el derecho de los miembros de estas comunidades a ser sujetos colectivos de derechos, más allá de las categorías tradicionales de “igualdad y no discriminación como principio fundamental de los derechos humanos» (Recomendación General 34 de 2011 del CERD). 

Desde la perspectiva del concepto de «diáspora africana» aplicado a los afrodescendientes en las Américas, el sistema de justicia interamericano reconoce a los afrodescendientes rurales como «pueblos tribales», ya que las comunidades rurales mantienen una relación con el territorio que va más allá de los aspectos físicos, transformándolo en un mecanismo de lucha, trascendencia política y reivindicación de su ancestralidad. 

El movimiento afro-latinoamericano ha tenido siempre una participación colectiva y activa en la agenda internacional de derechos, incluso antes de Durban. Por ello, subrayamos la importancia de este evento y la necesidad de fortalecer lazos, redes y articulaciones para garantizar la voz de nuestros pueblos. 

Las misiones presentes en la reunión cerrada destacaron la necesidad de una mayor aproximación con la sociedad civil, con el fin de proporcionar conceptos y datos actualizados para el combate al racismo en las Américas, y de esta manera contribuir al texto de la Declaración que está siendo debatido en este Grupo de Trabajo Intergubernamental. También se discutieron temas como reparación, el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y la importancia de la agenda climática. 

Al finalizar los trabajos, se concluyó la primera lectura del texto de la Declaración, y en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental se podrán realizar nuevos aportes al documento. 

Raza e Igualdad y ALDA expresan su convicción de que este espacio debe ser plural y esperamos que, aunque sea de manera indirecta, podamos promover una mayor participación de las entidades de la sociedad civil en la construcción de la Declaración sobre la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. 

 

[1] https://ecosoc.un.org/en/ngo/consultative-status 

[2] La Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes ALDA y la Coalición de Organizaciones defensoras del Territorio ancestral, las tierras colectivas de los Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, somos parte del movimiento social afrodescendiente que promueve la causa del reconocimiento, la justicia y las reparaciones históricas de la diáspora africana en el mundo. ALDA y la COALICIÓN fuimos parte de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos y promovimos la propuesta de reconocimiento de pueblo afrodescendiente en el derecho internacional, especialmente en el marco de la pasada COP 16 que se celebró en la ciudad de Cali con el auspicio del gobierno de Colombia. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado mexicano en el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario

Ciudad de México, 28 de enero de 2025.– El próximo 30 de enero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública contra México por el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Doña Ernestina falleció en 2007, tras ser atacada por miembros del Ejército Mexicano y ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo violencia sexual, discriminación racial, omisiones e intervención indebida por parte de las altas autoridades del Estado. 

En la audiencia, la Corte Interamericana juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. La Corte también juzgará al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena nahua empobrecida, monolingüe y adulta mayor. Las autoridades estatales no sólo ignoraron su testimonio sobre el ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, lo que llevó a desestimar evidencias clave para esclarecer los hechos, desviar y archivar indebidamente su investigación; sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión. 

Asimismo, se juzgará el ocultamiento de información pública para asegurar la impunidad de los perpetradores. Todo ello en un contexto general de racismo patriarcal, de falta de efectiva garantía de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y de un sistema de justicia y de acceso a información pública sujeto a aplicación discrecional y gravemente debilitado.

Las organizaciones locales y regionales que litigamos el caso de la mano de familiares de doña Ernestina, invitamos a seguir esta audiencia histórica que busca justicia y reparación para ella y su familia, y que pone en el centro la lucha de las mujeres indígenas contra la violencia y la discriminación racial, así como la ausencia de garantías plenas para el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia en el país.

Detalles de la audiencia:

#JusticiaParaErnestina 

Organizaciones peticionarias
El caso ha sido impulsado por organizaciones comprometidas con los derechos humanos y la justicia para las mujeres indígenas, incluyendo:

Contactos para más información:

1.Angelita Baeyens 

RFK Human Rights

baeyens@rfkhumanrights.org  

 

2. Patricia Torres 

CONAMI

+524432734950

ptorressandoval8@gmail.com

 

3. Arlet García

CESEM 

centrohj@gmail.com 

Celebramos el anuncio de excarcelación en Cuba, y exigimos que todas las personas privadas de libertad por motivos políticos sean liberadas sin condiciones

Washington D.C., 15 de enero de 2024 – “El presidente Díaz-Canel dirigió una carta al Sumo Pontífice (el Papa Francisco) en la que, en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad, comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”, así se lee el anuncio de liberación que fue publicado este martes 14 de enero en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. No se menciona quiénes serán las personas liberadas, ni si han sido encarceladas por motivos políticos, ni cuándo ni cómo saldrán de prisión. 

El comunicado, que se conoció luego de que el presidente Joe Biden diera a conocer la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, desencadenó decenas de artículos y reacciones en los principales medios del mundo. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebramos esta medida, y exigimos al régimen autoritario cubano, la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. 

De acuerdo con la organización Justicia 11J, hasta este martes 14 de enero habían 880 personas en prisión por exigir sus derechos en la Isla, y del total de esta cifra, 549 habían participado en las protestas del 11 de julio de 2021. Estas últimas fueron reprimidas violentamente por las autoridades cubanas, que en aquel entonces detuvieron de forma arbitraria a más 1500 personas

“Este anuncio es importante para las personas privadas de libertad y sus familias, y también es un llamado al Estado cubano para que libere de forma de inmediata a todas las personas que permanecen injustamente en las cárceles cubanas, donde a diario se denuncian casos de represión, escasez de alimentos y falta de atención médica”, afirma Carlos Quesada, director Ejecutivo de Raza e Igualdad. 

Desde el Instituto damos seguimiento al anuncio de liberación hecho por el Estado cubano e invitamos a la comunidad internacional para que esté atenta a cómo transcurre esta medida, que tanto desean las personas presas y sus familias. Esperamos que en las próximas horas se conozcan los nombres de las 553 personas que serán liberadas, y bajo qué condiciones. Del mismo modo, pedimos a las autoridades cubanas que reconozcan y respeten los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningun tipo.



Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Washington D.C., 18 de diciembre de 2024 – En esta época del año, desde Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, queremos destacar los deseos de las familias que están sufriendo la prisión arbitraria de sus seres queridos por motivaciones políticas que los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua ejercen contra quienes se identifican como personas opositoras, o hacia quienes perciben como tales.

Los deseos y sentimientos de estas familias claman por la libertad de sus madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas o amigos, personas que fueron detenidas arbitrariamente por exigir respeto a sus derechos humanos en regímenes totalitarios que reprimen con violencia a cualquiera que piense diferente. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se ha valido de las detenciones arbitrarias por motivos políticos desde el año 2011. La cifra sólo ha ido aumentando y, a pesar de la excarcelación y destierro de 222 personas en febrero de 2023 y 135 más en septiembre de 2024, en las cárceles todavía hay más de 70 inocentes pagando por crímenes que no cometieron, al menos una decena de ellos en condición de desaparición forzada. 

Este año, el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera no podrá visitar la tumba de su madre, como solía hacerlo todos los años, ya que desde el 29 de septiembre de 2023 se encuentra en situación de desaparición forzada luego de desafiar a la dictadura que le había prohibido ingresar a su propio país, tras haber participado en una actividad de pueblos indígenas en el extranjero. 

Tininiska Rivera, su hija, recuerda que cada año, durante las festividades de diciembre su padre organizaba una comida con las personas de algunas comunidades del norte de la Costa Caribe de Nicaragua. “Si estuviera libre mi padre haría reuniones con las comunidades para avisarles sobre toda su gestión del año y con ellos compartiríamos una comida tradicional”. 

A finales de noviembre, el régimen realizó redadas que culminaron con la captura de más de 38 personas, aunque la mayoría fueron enviadas a sus casas el 11 de diciembre, periodistas, líderes políticos y médicos continúan detenidos. 

La situación es similar para los familiares de Steadman Fagot, otro líder indígena miskito quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 14 de septiembre de 2024. Su familia lo recuerda por preparar paquetes de comida durante las fiestas de fin de año. 

“Él elaboraba pequeñas canastas básicas para compartir con ancianos, viudas, madres solteras y comunidades aledañas, y organizaba cultos con pastores de esas comunidades como agradecimiento a Dios por tenerlo con nosotros. Quisiera recuperar el tiempo perdido con mi papá, es triste que hasta el momento no sepamos nada de él”, lamenta Ingni Fagot, hija de Steadman Fagot. 

Más represión 

En Cuba, por su parte, el régimen autoritario de este país no para de reprimir y hostigar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y artistas, quienes sufren detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. 

Lizandra Góngora es parte de las 554 personas (de acuerdo con Justicia 11J) que están presas en Cuba por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las cuales exigían el respeto a los derechos humanos, y fueron reprimidas con violencia por el régimen cubano. Su esposo Ángel Delgado afirma que el regalo más grande que pudiera darle en esta época del año, es que ella “recuperara su libertad”.

Desde La Habana, Norma Pérez, madre de la activista Sulmira Martínez, quien permanece en prisión desde el 10 de enero de 2023 tras haber sido acusada falsamente de incitar a la violencia, afirma:  “Extraño mucho verla entusiasmada por las fiestecitas que armaba con sus amistades de la danza”. 

En Cuba, la crisis social, política y económica ha empeorado en los últimos cuatro años, debido a los extensos cortes de energía eléctrica, a la falta de agua potable, y a la escasez de alimentos y medicamentos, que sumado a la represión que sufren las voces críticas al régimen autoritario de este país, forman un ‘cóctel’ nocivo para la población cubana. 

Ángel Cuza Alfonso, de 36 años, es un activista y periodista independiente cubano, que permanece privado de libertad por motivos políticos en la Isla. A él lo detuvieron el 1 de diciembre de 2022, cuando intentaba comprar alimentos en una tienda de La Habana; y fue condenado el 6 de noviembre de 2023 a un año y seis meses de prisión, por el supuesto delito de “desórdenes públicos”.

Su esposa Ana Castillo afirma que lo extraña mucho, principalmente en esta época del año. “Lo que más quisiera, y le pido a Dios, es que pueda estar en libertad porque sé que lo que está pasando ahí es algo que no puede ni explicar”, agrega. 

Las personas presas políticas de Cuba y Nicaragua sufren torturas, aislamiento, incomunicación y, en ocasiones, se les impide recibir visitas familiares por períodos prolongados de tiempo. Además, se les niega el acceso a médicos y medicinas para tratar sus padecimientos oportunamente, y en el caso de las mujeres su condición es más grave porque se les limita el acceso a productos higiénicos de primera necesidad. Incluso, respecto de algunos, el Estado ni siquiera informa a las familias donde están detenidos y cuál es su situación.

Por todo esto, desde Raza e Igualdad y #NicasLibresYa, exigimos que los regímenes de ambos países liberen a todas las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, se brinde información de quiénes se encuentran en desaparición forzada, y se permita que sus familiares puedan tenerles en casa durante estas fiestas de fin de año.



11 líderes y lideresas de América Latina fortalecen sus capacidades en Ecuador

Imágenes de una jornada que se realizó a finales de octubre en Quito, Ecuador, y reunió a 11 líderes y lideresas de Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, quienes compartieron sus experiencias y fortalecieron sus capacidades durante una serie de sesiones de formación facilitadas por FLACSO Ecuador, en la que se abordaron temas como los derechos humanos en la región, y los principales desafíos que se registran en América Latina. 

Este encuentro, que se realizó en el marco del proyecto ‘Empoderamiento de líderes y lideresas emergentes’ llevado a cabo por Raza e Igualdad, agrupó en total a 10 organizaciones de la sociedad civil independiente, como la Asociación Panameña de Debate (ASPADE), la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación Mujer, la Fundación Convive Panamá, la Organización Social Salvador, la  Unión Trans, el Centro de Promoción Social (CERPROS), el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, Mujeres Rímenses, y Fraternidad Trans Masculina Perú. 

 



Los derechos humanos y el litigio estratégico: Hacia una transformación de los estándares internacionales

  • En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Raza e Igualdad ofrece una mirada comprensiva de cuatro casos que litiga actualmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Washington, DC; 10 de diciembre, 2024.– En el proceso de promover y defender derechos humanos, el litigio estratégico representa una frente de lucha clave. Por ello, para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es uno de sus cuatro pilares de trabajo.

Con la visión de que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar y proteger los derechos humanos, Raza e Igualdad litiga al lado de víctimas y organizaciones aliadas, ante mecanismos de derechos humanos a nivel interamericano y universal, llevando a cabo esta labor en dos vías.

Por un lado, está la respuesta legal de emergencia, la cual se activa cuando contrapartes se enfrentan a riesgos de violación de sus derechos humanos y el Equipo Legal de Raza e Igualdad les apoya en la documentación y presentación oportuna de solicitudes de protección e intervención ante el Sistema Interamericano y/o el Sistema Universal.

Litigando ante el SIDH

Por otro lado, con miras a lograr justicia integral para las víctimas y a impulsar cambios a largo plazo, sostenibles y estructurales para una mayor protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad realiza litigio estratégico por medio de una coordinación constante con contrapartes de la sociedad civil.

Es sobre ese segundo punto que, en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Raza e Igualdad presenta cuatro casos que actualmente litiga ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), ofreciendo una mirada comprensiva sobre los hechos que abarca cada uno, su estado procesal y, en colaboración con víctimas, familiares y organizaciones aliadas, qué busca en términos de jurisprudencia y transformación de estándares internacionales.

Cabe destacar que en la actualidad Raza e Igualdad litiga ante el SIDH 10 asuntos en total (3 vs. Nicaragua, 2 vs. Colombia, 3 vs. Cuba, 1 vs. Perú y 1 vs. México), por violación de derechos humanos de 157 víctimas individuales y tres víctimas colectivas), cada uno en diferentes estados procesales, y en 31 asuntos busca protección ante el Sistema Universal y el SIDH (13 de Nicaragua, 3 de Colombia, 14 de Cuba y 1 de Brasil), a favor de 401 beneficiarias  individuales y dos colectivas. Las personas y colectivos representados pertenecen a las poblaciones con quienes la organización trabaja desde sus inicios: Afrodescendientes, indígenas, personas LGBTI+, mujeres lideresas comunitarias, personas defensoras de derechos humanos y víctimas de represión política.

Además, en cumplimiento de la visión institucional de Raza e Igualdad, los casos se abordan desde una perspectiva interseccional.

Es importante mencionar que el trabajo de litigio estratégico se entrelaza y es reforzado por los otros pilares de trabajo de Raza e Igualdad, que son la incidencia, la documentación y el fortalecimiento de capacidades de contrapartes. Conoce más aquí.

  • Petición de Damas de Blanco (Cuba): Protección integral al derecho a defender derechos humanos

Por sus labores de defensa y promoción de los derechos humanos en Cuba, las Damas de Blanco están continuamente amenazadas, hostigadas, perseguidas y reprimidas por agentes estatales y son detenidas cada semana durante horas o días, encontrándose algunas de ellas en prisión arbitraria de libertad por motivos políticos. Durante las últimas semanas su Presidenta, la señora Berta Soler, ha sido detenida y desaparecida forzadamente en tres ocasiones hasta por casi 3 días.  En 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de todas las integrantes de la organización, las cuales se encuentran vigentes; y en 2022 Raza e Igualdad presentó una petición por las violaciones de derechos humanos ocasionadas a las mujeres que integran Damas de Blanco y a la propia organización.

Actualmente, se encuentra corriendo el plazo para que el Estado presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, y posteriormente la CIDH se encontrará en facultad de pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado en este caso.

A través de las medidas cautelares, una carta de alegación ante los Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y acciones ante otros órganos de Naciones Unidas, Raza e Igualdad busca garantizar la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de pensamiento y expresión, y a asociarse para ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.

En la petición se alega que el Estado de Cuba es internacionalmente responsable de la violación de los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona, la igualdad ante la ley, la protección de la honra, la constitución y a la protección de la familia, la preservación de la salud y al bienestar, y la protección contra la detención arbitraria por motivos políticos en perjuicio de las víctimas.

  • Petición de Kevin Solís (Nicaragua): Protección de personas defensoras de derechos humanos como actores clave para el fortalecimiento de la democracia

El caso de Kevin Solís es muestra del patrón de la represión sufrida por estudiantes que denunciaron las violaciones de derechos humanos en medio del estallido social de 2018 en Nicaragua. Entre 2018 y 2020 fue privado de su libertad en dos ocasiones, siendo víctima de tortura y régimen de castigo en prisión, además que fueron cancelados sus expedientes académicos de la universidad pública. El 9 de febrero de 2023 Kevin Solís fue excarcelado y desterrado a Estados Unidos, y fue despojado de su nacionalidad.

Ante la situación de riesgo que enfrentó el Solís, la CIDH le otorgó medidas cautelares y después fue beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En agosto de 2023 Raza e Igualdad presentó una petición ante la CIDH denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en su contra. Las medidas provisionales se encuentran vigentes, mientras que la petición se encuentra en espera de apertura a trámite por parte de la CIDH.

Con la estrategia empleada en este caso, buscamos proteger a personas defensoras de derechos humanos, como actoras clave para el fortalecimiento de la democracia, así como denunciar las detenciones arbitrarias mediante la utilización de legislación contraria a estándares internacionales para criminalizar la libertad de expresión. Este caso contribuirá también a la documentación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el inicio de la crisis para a) presión de la comunidad internacional y b) posterior rendición de cuentas, reparación y establecimiento de garantías de no repetición.

  • Medidas Cautelares de Benny Briolly (Brasil): Garantía para la participación política de las personas negras con identidades de género diversas

Benny Briolly Rosa da Silva Santos es una concejala negra travesti elegida en la Ciudad de Niterói, cuyo mandato fue renovado en 2024 y que, desde el año 2017 hasta la fecha, enfrenta un contexto grave de ataques direccionados a su identidad de género y raza, afectando también a su equipo asesor. Tales ataques, que se manifiestan por medio de contenidos discriminatorios y amenazas de muerte en su contra, fueron frecuentemente utilizados para provocar miedo e inseguridad en su actuación política de defensa de los derechos humanos. Ante esa situación las organizaciones Criola, Terra de Direitos, Justiça Global, Instituto Marielle Franco, Instituto de Defesa da População Negra y Raza e Igualdad, solicitaron medidas cautelares ante la CIDH, las cuales fueron otorgadas el 11 de junio de 2022.

Las organizaciones representantes de la beneficiaria han buscado de manera permanente la implementación de las medidas cautelares y poner alto a los hechos de riesgo, sin conseguirlo totalmente hasta el momento, ya que el Estado no ha llevado a cabo las acciones idóneas y oportunas para ello.

Con las demás organizaciones representantes buscamos la protección eficaz de la Concejala y que el Estado de Brasil garantice la participación política de las personas negras con identidades de género diversas.

  • La COMADRE (Colombia): Derecho a la reparación colectiva a mujeres lideresas étnicas

Lideresas comunitarias de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), una organización autónoma de mujeres víctimas del conflicto armado que han sido víctimas de violencia sexual y desplazamiento forzado, continúan enfrentando múltiples formas de violencia debido a su liderazgo. Se trata principalmente de personas que pertenecen a comunidades étnicas rurales, las cuales se han desplazado forzadamente en contextos urbanos ante el conflicto armado y la violencia que persiste en los territorios ancestrales.

En ese contexto, La COMADRE reclamó al Estado de Colombia ser reconocidas como sujeto colectivo étnico con derecho a reparación colectiva mediante consulta libre, previa e informada. A pesar de haber logrado el reconocimiento de tal carácter, no le ha sido otorgada dicha reparación, por lo que en conjunto la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, presentamos en el año 2022 una petición ante la CIDH por las violaciones perpetradas en su contra por el Estado y las violencias y riesgos que continúan enfrentado las mujeres lideresas que integran la organización. La petición fue abierta a trámite y se encuentra en espera de que la CIDH avance en las etapas de admisibilidad y fondo.

Con este caso se busca en primer lugar que se otorgue la reparación colectiva a La COMADRE como sujeto colectivo étnico, previo ejercicio del derecho a la consulta para determinar dicha reparación; garantías para el cese de la violencia y riesgos que enfrentan las mujeres lideresas afrocolombianas víctimas del conflicto armado, así como identificación y sanción de los responsables y cambios estructurales para garantizar que las mujeres afrocolombianas puedan defender los derechos humanos ejerciendo sus liderazgos étnicos en condiciones de seguridad para sí mismas, sus familias y su organización.

Cuatro años del 27N: El día en que artistas de Cuba hicieron un plantón

Washington D.C., 27 de noviembre de 2024 – Hoy hace cuatro años, un grupo de artistas se tomó desde muy temprano las afueras del Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana, y animaron a cerca de 300 personas, entre jóvenes, periodistas independientes y activistas, a unirse a esta manifestación pública, que fue la primera gran protesta pacífica que se realizó en la Isla, tras la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel en 2019.

Las personas que se unieron a este plantón rechazaron el desalojo y la violencia que sufrieron el día anterior un grupo de integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), que se habían acuartelado en la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, para exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien se encontraba detenido desde el 9 de noviembre de 2020.

Otero Alcántara, quien cumple actualmente una condena de cinco años en prisión, llevaba a cabo en aquel entonces una huelga de hambre, mientras un grupo de artistas del MSI recitaba poemas en señal de protesta, cuando las autoridades cubanas irrumpieron la manifestación pacífica.

A raíz de esto, se realizó el plantón en frente del Ministerio de Cultura, que posteriormente se convirtió en un movimiento conocido como 27N. “(Ese día) Se generó una sinergia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, porque todo el mundo en Cuba, que sea oposición y disidencia, se sentía aislado, se sentía rechazado, se sentía apestado porque la represión y la narrativa del régimen está enfocada a presentarnos como mercenarios, como personas que no les importa Cuba”, afirma Luz Escobar, periodista independiente cubana que participó en la manifestación e hizo parte del 27N.

El plantón, que inició a las 11 de la mañana y terminó pasada la medianoche, permitió que un grupo de 30 artistas se reuniera con el exviceministro de Cultura, Fernando Rojas, y llegaran a una serie de acuerdos, entre los que se encontraba abrir un canal de diálogo, en el que participarían las autoridades cubanas y las personas integrantes del 27N. Sin embargo, dichas negociaciones solo se mantuvieron escasamente por una semana. Para el 4 de diciembre de 2020 ya las autoridades habían cancelado el diálogo.

“Esta manifestación ha terminado en que Luis Manuel y Maykel Osorbo (rapero cubano ganador de dos premios Grammy Latinos) están en la cárcel, y prácticamente más de esas 30 personas que estuvieron ahí, artistas visuales, gente de teatro, gente de cine, periodistas independientes y activistas, hemos acabado saliendo de Cuba porque la presión, con más o con menos violencia, acaba quebrándonos psicológicamente y terminamos en el exilio”, dice Julio Llópiz, artista visual que participó en la reunión con el exviceministro, quien sostiene además que Denis Solís tuvo que exiliarse en Serbia en noviembre de 2021, luego ser constantemente acosado por las autoridades cubanas.

Hoy, cuando se cumplen cuatro años del plantón del 27N, en Cuba se celebra la 15ª Bienal de La Habana, que ha recibido críticas por llevarse a cabo en medio de la grave crisis social, política y económica que se registra en la Isla. De hecho, una de sus instalaciones, la del escultor alemán Martin Steinert, llamada ‘Nube de madera’, ha sido utilizada por los y las habitantes de la capital cubana, para escribir mensajes y denunciar el hambre, la represión y la falta de libertades que viven a diario.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos conmemoramos esta fecha, para denunciar la represión y el hostigamiento que sufren constantemente artistas independientes en Cuba, y para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. También solicitamos que se derogue el Decreto 349, que reprime la producción artística de quienes se dedican al arte en este país.

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