Sociedad civil independiente de Cuba denuncia ante la CIDH más de 2,700 ataques estatales entre 2022 y 2023

Sociedad civil independiente de Cuba denuncia ante la CIDH más de 2,700 ataques estatales entre 2022 y 2023

Washington D.C., 29 de febrero de 2024 – En el marco de una audiencia temática celebrada el 29 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentaron el informe “Derecho a la libertad de asociación” en el que denunciaron el recrudecimiento de la represión estatal contra las organizaciones de derechos humanos dentro de la Isla durante 2022 y 2023. 

En la audiencia se informó que durante el periodo de estudio se presentaron 5.685 actos de represión estatal contra la población. De estos, 2.713 afectaron a uno o varios miembros asociados o que forman parte de organizaciones de la sociedad civil independiente, y representaron el 47.72% de las agresiones. Las acciones contra las organizaciones de derechos humanos dejaron, según se indicó, 3.732 víctimas. 

Además, el informe presentado ante CIDH determinó que, en los 24 meses analizados, en una sola persona defensora de derechos humanos en Cuba recayeron al menos 6 agresiones estatales.   

Estos ataques fueron direccionados contra varias organizaciones específicas. El documento presentado también revela que, durante 2022 y 2023, 102 organizaciones fueron blanco de la represión, y que las más afectadas fueron movimientos de activistas y opositores como “la Unión Patriótica de Cuba, con 100 eventos represivos; el Movimiento Opositores por una Nueva República, con 63; las Damas de Blanco, con 50”, entre otras. 

Con especial preocupación, se evidenció la situación de las mujeres que forman parte de organizaciones o participaron en protestas y manifestaciones sociales, y que el Estado las reprimió. La organización Justicia 11J, parte de la coalición, documentó 289 protestas públicas entre el inicio de 2022 y finales de 2023, y la detención de al menos 311 mujeres en relación con protestas, desde el 11 de julio de 2021. De ellas, 72 permanecen detenidas en condiciones deplorables y con sus derechos vulnerados.

La audiencia también llamó la atención sobre el hecho de que los patrones de violencia no son nuevos, y que se convierten cada vez más en una marca registrada del Estado cubano para reprimir a sus ciudadanos y ciudadanas. Dentro de estas modalidades están las detenciones arbitrarias y citaciones a interrogatorios, la vigilancia, las amenazas y el acoso, la negación de derechos básicos y atención médica en prisión; el maltrato físico, la manipulación del sistema judicial, las restricciones a la comunicación y la censura; y la represión de la libertad religiosa y de movimiento. 

La dramática situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en Cuba tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, varias organizaciones se han visto disminuidas radicalmente por la persecución estatal. Por ejemplo, la membresía de las Damas de Blanco se ha reducido de 243 mujeres en 2013 a 50 en la actualidad. En segundo lugar, el acoso constante por parte de la seguridad del Estado ha obligado a decenas de activistas a sufrir  exilio forzado; y finalmente, ha existido un aumento drástico de los feminicidios en la Isla. Solo en 2023 se han verificado 89 feminicidios, el doble de los 36 casos contabilizados en 2022, según datos del Observatorio de Género Alas Tensas y de la organización Yo Sí te Creo en Cuba. 

Durante la audiencia las organizaciones solicitaron a la CIDH que se pronuncie a favor del derecho a la libertad de asociación en Cuba y exija al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo. 

La Coalición de organizaciones hace, además, un llamado urgente al Estado para que cese de manera inmediata la represión y persecución contra la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y las mujeres en la Isla. También a que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en Cuba, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión; y a que investigue de manera imparcial y efectiva todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos, para sancionar a los responsables.    

Organizaciones autoras del informe: 

  • Cubalex
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Damas de Blanco
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • Movimiento San Isidro
  • Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V)
  • Museo de la Disidencia
  • Observatorio de Género de Alas Tensas
  • Robert F. Kennedy Human Rights
  • Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

La defensa de derechos humanos en Cuba sigue bajo asedio

Washington D.C., 11 de diciembre de 2023 – En el marco del Día de los Derechos Humanos y de la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación porque en Cuba se siga deteniendo arbitrariamente, se hostigue y se intimiden a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas. 

Pese a que el Estado cubano niega ante instancias internacionales que en el país haya personas privadas de libertad por motivos políticos o por su labor de defensa de derechos humanos, seguimos documentando detenciones arbitrarias, intimidación e incluso, tortura y malos tratos en contra de personas defensoras de derechos humanos quienes se encuentran en prisión.  

En particular, nos encontramos profundamente indignadas porque el pasado 19 de noviembre, Luis Barrios Díaz de 37 años de edad, falleció en la prisión 1580 de La Habana a causa de falta de atención médica, mientras cumplía una condena de seis años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021. 

El caso de Luis es un reflejo de las muertes en custodia que no son investigadas por el Estado y que, por el contrario, son encubiertas. Tan solo durante el 2023, se han documentado 12 muertes de personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Ante esta grave situación, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal, ha llamado al Estado cubano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el cual tiene por objeto establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos. 

Asimismo, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura y del Mecanismo del Examen Periódico Universal, llamamos al Estado cubano a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias, contra las amenazas, el hostigamiento y las injerencias indebidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión, expresión, defensa de derechos humanos y de asociación. El Estado cubano debe además velar porque dichos delitos sean investigados de forma expedita, independiente y exhaustiva y en particular las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos perpetrados por agentes del Estado en el marco de las protestas del 11 de julio de 2021. 

 Es urgente que Cuba cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, erradique y prohíba la tortura, y garantice a la población un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Organizaciones firmantes: 

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Cubalex
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Justicia 11J
  • Organización Mundial Contra la Tortura
  • Centre for Civil and Political Rights (CCPR)
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un instrumento vivo que guía la defensa y protección de los derechos humanos en las Américas

Washington DC, 10 de diciembre de 2023.– ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo gozar de los derechos humanos de forma plena? ¿Quién tiene la obligación de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos? Las respuestas a estas preguntas son tan obvias como complejas. Y es que, a pesar de que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, el disfrute de estos está determinado por una diversidad de factores que cada día, en cada rincón del mundo, acercan o alejan a las personas del objetivo de vivir en libertad, justicia y paz.

Al conmemorar 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quiere reivindicar la relevancia de la DUDH para el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos que día a día realizan organizaciones de la sociedad civil y activistas en las Américas. Aunque en la región persisten y se agudizan escenarios de violaciones de derechos humanos, creemos que la Declaración es la herramienta que empuja y fortalece la lucha por los derechos humanos.

“En estos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante mirar atrás y reconocer todo lo que se ha logrado a partir de su adopción. Gracias a la Declaración, el mundo, y la región latinoamericana en particular, cuenta hoy en día con un sólido engranaje para la protección de los derechos de todas las personas. Desde la sociedad civil sabemos que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar una plena garantía, sobre todo a nivel de las obligaciones de los Estados, pero vemos a la Declaración como un instrumento vivo que guía nuestra labor”, afirma Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Un poco de historia

Tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se propuso crear una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Fue así como, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero ¿Cómo llegaron hasta ahí? La Asamblea General de la ONU examinó un primer documento en el primer periodo de sesiones de 1946, y posteriormente lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos, encargándole a esta la tarea de redactar lo que en un primer momento llamaron “carta internacional de derechos humanos”.

En su primer periodo de sesiones, llevada a cabo a principios de 1947, la Comisión de Derechos Humanos orientó a sus integrantes formular un anteproyecto de dicha carta, labor que después fue asumida por un Comité de Redacción conformado por representantes de ocho países, que fueron elegidos teniendo en cuenta la distribución geográfica. Eleanor Roosevelt, la viuda del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, presidió el Comité de Redacción de la DUDH.

El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en la redacción final. En su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra.

¿Sabías que…?

Las delegadas de varios países desempeñaron un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyan en la Declaración. Hansa Mehta, de India, es ampliamente reconocida por cambiar la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales» en el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Conoce más.

75 años después

Ese documento que se formuló bajo el ideal común de que todas las personas vivan en libertad, justicia y paz, ha allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Raza e Igualdad, en su trabajo de defender y proteger los derechos de poblaciones afrodescendientes e indígenas, personas LGBTI+ y otros colectivos vulnerables, reconoce y reivindica el derecho internacional de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una base permanente en nuestra labor de documentación, fortalecimiento de capacidades, incidencia y litigio estratégico. Por mencionar un ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta clave para fortalecer a organizaciones aliadas en sus procesos de incidencia ante los Estados y los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, en materia de derechos de las personas afrodescendientes.

En tanto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha sido pieza fundamental en procesos de documentación e incidencia de la mano de organizaciones aliadas en la defensa y protección de mujeres afrodescendientes, indígenas y LGBT+. En 2022, Raza e Igualdad apoyó y acompañó a un colectivo de organizaciones feministas peruanas en su participación en la revisión del Comité CEDAW al Perú, logrando que incluyera por primera vez recomendaciones al Estado basadas en las demandas de mujeres lesbianas.

En estos 75 años de la DUDH, Raza e Igualdad quiere recordar que la aplicación de los derechos humanos debe regirse por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Creemos que es imperativo el reconocimiento y respeto de: a) que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, b) que los derechos humanos se encuentra ligados entre y, por tanto, el reconocimiento y ejercicio de uno de ellos implica el respeto y protección de muchos otros; c) que los derechos humanos deben ser reconocidos, protegidos y garantizados en su totalidad, que no pueden ser fragmentados, y d) que es obligación de los Estados asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, siendo completamente prohibido cualquier tipo de retroceso.

Además, como una forma de homenajear estos 75 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaboramos una ilustración que reconoce la diversidad de personas en las Américas—y, por tanto, la diversidad de circunstancias que les atraviesan—y pone en el centro de forma simbólica la Declaración que, en los días de su redacción, Eleanor Roosevelt lo visionó como un documento de apoyo, guía e inspiración, señalando: “este es el primer paso de un proceso evolutivo”.

Asimismo, recordamos y ponemos nuevamente como punto de reflexión un extracto del discurso “¿Dónde comienzan los derechos humanos?” que Eleanor Roosevelt dio en 1958 en ocasión del décimo aniversario de la DUDH:

«¿Dónde, después de todo, comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden localizarse en ningún mapamundi: el entorno de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste; la granja, la fábrica o la oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que todo hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminaciones. Si estos derechos no significan nada allí, no significan nada en ningún sitio. Sin una acción ciudadana concertada para hacer valer estos derechos cerca de casa, en vano buscamos el progreso a mayor escala«.

Cuba ante el EPU: Organizaciones internacionales piden recomendaciones contundentes frente a las violaciones de DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 14 de noviembre de 2023 – En el marco de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado de Cuba será evaluado este 15 de noviembre en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el Estado de Cuba profiere en detrimento de la vida digna, la integridad,  la libertad y la justicia de las y los cubanos.

En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se han observado al menos tres tendencias que operan en contra de estos derechos. La primera es el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión por la reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas que tienen como objetivo silenciarlos. Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción.

La segunda tendencia es la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión  y a la libertad de expresión. Justicia 11J ha documentado la detención de, al menos, 1878 personas en relación con protestas públicas desde julio de 2021. Hasta la más reciente actualización de la organización, 787 continuaban detenidas. Las tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención son una constante.

La tercera tendencia es el reforzamiento del marco normativo restrictivo del ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal. Lo anterior, no es excepcional del derecho a la libertad de expresión, cuya limitación se ha complejizado con las medidas tomadas por el Estado y la vigilancia sobre ciberespacio, con mayor énfasis desde el 2018.

A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, encontramos el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de indentidad de genero y orientación sexual.

Una de las caras más visibles de la discriminación y violencia de género es  la falta de la tipificación del feminicidio como delito penal en un contexto de aumento de feminicidios. Hasta el 13 de noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil independiente han documentado al menos 76 feminicidios en lo que va de este año.[1]

Por ello, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba, las organizaciones abajo firmantes, mismas que presentaron informes sombra en diversas temáticas, solicitamos a los Estados que emitan recomendaciones tendientes al Estado de Cuba a:

  • Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar se retorno seguro.
  • Evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa.
  • Derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.
  • Modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los “crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público” y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143.
  • Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes.
  • Extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba.
  • Garantizar la independencia del Poder Judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso.
  • Asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad.
  • Reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente.
  • Hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas.
  • Transparentar el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en sus principales medios y asegurar la rendición de cuentas públicas sobre su implementación, trabajo y estrategias.
  • Implementar medidas dirigidas a entrenar a los agentes del Estado para eliminar el uso excesivo de la fuerza y prevenir la muerte de personas afrodescendientes.
  • Ejecutar un plan real en honor al Decenio Internacional para las personas afrodescendientes que promueva el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrocubanas al final de 2024.
  • Elaborar una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
  • Implementar programas de entrenamiento para autoridades involucradas con la atención de casos de víctimas de violencia de género y así evitar la revictimización que sufren las personas que denuncian.
  • Crear centros de cuidado integral y de protección a las víctimas de violencia de género.
  • Implementar programas dirigidos a prevenir actos de discriminación basados en la orientación sexual y las diversas identidades de género.
  • Ejecutar campañas de sensibilización sobre la violencia de género e identidad sexual para eliminar el machismo y el pensamiento patriarcal de la idiosincrasia nacional.
  • Entrenar al personal de los centros de salud para sensibilizar y promover el respeto a la población LGBTIQ+ y de personas que padecen alguna enfermedad de trasmisión sexual.
  • Tomar acciones concretas a través del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEX) que favorezcan el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTIQ+.

Organizaciones firmantes

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR)

PEN Internacional

CUBALEX

Justicia 11J

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

 

***

[1] Información publicada por Yo Sí Te Creo en Cuba. Disponible en https://x.com/YoSiTeCreoCuba/status/1724141130592198661?s=20

Pedimos a la OEA una visita in loco para verificar situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba

Washington D.C., 7 de noviembre de 2023 – Luego de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de ese país ha desarrollado una campaña sistemática de represión contra la ciudadanía que se materializa, entre muchas otras formas, en la detención arbitraria de personas cuyo único delito ha sido levantar la voz y salir a la calle a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica..

Según la organización internacional Prisoners Defenders, 1052 personas se encuentran inmersas en procesos judiciales con sentencias u otro tipo de medidas de privación de la libertad, parcial o total, impartidas por jueces y fiscales. De este número cerca de 812 personas son presas de conciencia que se encuentran tras la rejas y 210 son condenadas de conciencia sometidas a diversas medidas sin internamiento, ambas por motivos políticos. Adicionalmente, afrontan distintas clases de tortura que van desde vejámenes, incomunicación, persecución y amenazas contra sus familiares, malos tratos al interior de las cárceles o impedimento para que puedan ser atendidas por médicos y profesionales de la salud.

Tras las protestas del 11J más de 1400 personas han sido procesadas y más de 700 se mantienen en prisión con penas desproporcionadas por delitos como sedición. La situación es tan grave que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido dar un espacio  a la sociedad civil independiente y a las organizaciones internacionales que acompañan a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos en la Isla para conocer, de primera mano, la situación de las y los presos políticos en ese país.

En el marco de esta audiencia, que también pretende revisar medidas cautelares en favor de al menos una decena de personas privadas de libertad por motivos políticos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión y a la Organización de Estados Americanos las siguientes peticiones:

  1. Emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia en Cuba; y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación por motivos políticos.
  2. Emitir resoluciones de seguimiento, reconociendo que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones a sus derechos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares[1].
  3. Exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías y protección judiciales de la ciudadanía, y en particular de las personas protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
  4. Incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo IV.B de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, así como de sus familias.
  5. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco, con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. Además, emitir un informe exhaustivo al término de esa visita.
  6. Instar al Estado cubano a aplicar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la salud y las visitas y comunicación con familiares.
  7. Monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad protegidas por las medidas cautelares acá analizadas y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad.
  8. Solicitar la realización de una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del estado cubano, documentadas por esta Comisión.

Organizaciones firmantes:

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Article 19.
  • Cubalex.
  • Civil Rights Defenders.
  • Fundación para la Democracia Panamericana.
  • Prisoners Defenders.
  • Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Las estrategias que emplea el régimen autoritario de Cuba para restringir la movilidad y silenciar a las voces disidentes

Washington D.C., 10 de octubre de 2023 – En 2019, a cinco activistas de los seis entrevistados para escribir este artículo, el régimen autoritario de Cuba les prohibió salir de la Isla. A la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero, le impidieron subirse a un avión bajo el argumento de que estaba regulada. Al vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, le ocurrió lo mismo cuando ese mismo año intentó viajar a Bélgica. A Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), le informaron, antes de su fecha de vuelo, que estaba regulado. A Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, no le permitieron abordar afirmando que había sido multada y tenía que ponerse al día antes de viajar al extranjero. Y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo, tampoco le permitieron salir de Cuba en aquel entonces, por ser parte de las personas reguladas. Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años.

Pero esa no ha sido la única vez que María Elena, Manuel, Osvaldo, Marthadela y Juan Antonio, han intentado viajar fuera de la Isla para participar en espacios académicos, asambleas y diálogos, donde se abordan las violaciones a los derechos humanos registradas en este país. Posterior al 2019 lo han intentado nuevamente, y han sido detenidos dentro de sus casas o al llegar al aeropuerto. Todo con el objetivo de impedirles tomar sus vuelos. También les han reiterado que están regulados y tienen prohibido viajar a otro país, a menos que quieran salir y nunca más volver a la Isla.

En julio de este año, el coordinador del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (Celide), Fernando Palacio, intentó viajar a Trinidad y Tobago, y estando dentro del aeropuerto las autoridades cubanas le informaron que no estaba regulado, pero no podía salir del país porque se acercaba la conmemoración del Asalto al cuartel Moncada, una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro, para derrocar a Fulgencio Batista. Fernando es la otra persona defensora de los derechos humanos entrevistada para este artículo.

“El término de regulación es un eufemismo que el régimen usa para impedir que activistas salgan del país”, afirma Marthadela, quien sostiene además que es una medida arbitraria. “Como ser humano te sientes impotente, te sientes frágil ante un Estado que tiene todo el poder para decidir cuándo sales, cuándo entras, cuándo te meten preso, cuándo te sacan de prisión…”, reflexiona Osvaldo. Eso, afirma, es lo que ha sentido cada vez que le notifican que está regulado.

En un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el que se revela que más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas, se mencionan las violaciones a los derechos humanos que han padecido Juan Antonio y Marthadela. El documento señala que en el último año las autoridades cubanas impidieron que ambos salieran del país, y esto ha obstaculizado su compromiso con la ONU, “incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de 2023″, indica el reporte.

De una provincia a otra

Las seis personas defensoras de los derechos humanos que fueron consultadas afirman también que las autoridades estatales les han prohibido movilizarse de una provincia a otra. En 2008, a Fernando le prohibieron durante dos años visitar Holguín. La medida le fue notificada luego de estar casi una semana detenido e incomunicado. A esa misma región no puede ir Marthadela, ni siquiera al ser oriunda de esa zona del país. María Elena y Juan Antonio, por su parte, han sido detenidos de forma arbitraria cada vez que se dirigen a Santiago de Cuba, mientras que a Manuel las autoridades no le permiten movilizarse hacia Villa Clara.

El Estado cubano ha restringido la movilidad de este grupo de activistas, que en su momento también fueron expulsados de sus trabajos por ser voces disidentes al sistema político de Cuba. Todo con el fin de silenciarlos y prohibirles que continúen su lucha por un “país libre”.

“Yo sueño con una Cuba real, donde nosotras como madres podamos criar a nuestros hijos, verlos crecer y desarrollarse. Sueño con una Cuba llena de libertades, donde no se oprima a la población, donde se cumpla cada y una de las leyes que el mismo país regula. Sueño con una Cuba libre”, dice María Elena, quien no ve a su hijo hace más de un año, ni tampoco a su nieto ni a su nuera. Los tres salieron del país a raíz de la grave situación que se vive en la Isla.   

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos las estrategias de restricciones injustificadas a la movilidad implementadas por el Estado cubano, cuyo único fin es silenciar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes, juristas, y, en general, a todas las voces disidentes. También exhortamos a la comunidad internacional para que haga seguimiento a las denuncias de cubanos y cubanas que han sufrido la represión y el hostigamiento en la Isla, y condenen estas tácticas ejecutadas por el régimen autoritario de Cuba.

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; «Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional», realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Raza e Igualdad renueva su sitio web ampliando la mirada a su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe

Washington DC, 24 de agosto de 2023.– Con información actualizada, un nuevo diseño y la integración de una herramienta de búsqueda avanzada de contenido, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) relanza esta semana su sitio web www.raceandequality.org, el cual se encuentra completamente disponible en español, inglés y portugués. De esta forma, la organización refuerza su compromiso de documentación, capacitación e incidencia en la defensa y protección de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas y perseguidas en diferentes países de América Latina y el Caribe. 

“Para Raza e Igualdad es de suma importancia contar con un sitio web moderno y actualizado que muestre el trabajo que hacemos, porque así reforzamos nuestra labor de incidencia; además, queremos que toda la información que tenemos disponible en nuestro sitio web sea un recurso para activistas y personas defensoras de derechos humanos de toda la región”, comenta el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. 

Sobre el nuevo centro de recursos

Una de las principales novedades es la sección “Centro de recursos”, donde una herramienta de búsqueda avanzada permite acceder de forma más organizada y efectiva a todo el contenido que se encuentra en el sitio web, tales como informes, pronunciamientos y notas de prensa. La búsqueda puede realizarse a través de palabras clave, temas, país y año.

Otro cambio importante es que ahora todo el contenido está disponible en portugués, es decir que las personas pueden navegar y encontrar la información en la versión portugués a como lo hacen en las versiones español e inglés. “Cuando se decidió renovar el sitio web, esta fue una tarea prioritaria porque estábamos conscientes del sesgo que había en la información en portugués en el sitio anterior y porque nuestro trabajo en Brasil ha venido crecido exponencialmente”, señala el coordinador de Raza e Igualdad en Brasil, Rodnei Jericó da Silva.

Navegando en el nuevo espacio virtual de Raza e Igualdad

El nuevo sitio web ofrece una mirada más amplia y detallada al trabajo que realiza Raza e Igualdad en ocho países de Latinoamérica, así como ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE); todo ello en alianza con organizaciones de la sociedad civil. Para ahondar en el propósito y alcance de nuestra labor, la sección “Dónde trabajamos” ofrece un resumen de contexto, acciones y logros por cada país y organismo. 

En esa misma línea, la sección “Quiénes somos” mantiene las páginas sobre la misión y visión de Raza e Igualdad, su equipo y sus contrapartes, pero contiene nuevas páginas sobre el enfoque del trabajo de la organización, el impacto alcanzado y plazas laborales disponibles. Mientras, en la sección “Qué hacemos”, se describen con mayor precisión las líneas de trabajo de litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades y documentación. 

Al ser la población afrodescendiente, LGBTI+, pueblos indígenas y las mujeres el foco de las acciones de Raza e Igualdad, se creó la sección “Por quiénes luchamos”, donde hay información clave sobre la situación de estas poblaciones y cuál es el trabajo que desempeña la organización para la defensa y protección de sus derechos humanos. 

Este sitio web es un paso más para reforzar el trabajo de Raza e Igualdad en la documentación, capacitación e incidencia para la defensa y protección de los derechos humanos. Invitamos especialmente a activistas, periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos y personas en cargos de toma de decisión a visitar su sitio web www.raceandequality.org, para mantenerse al tanto de sus acciones de incidencia, sus informes, el monitoreo de situaciones de derechos humanos y la producción de contenido pedagógico. 

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.