En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

En los tres años del 11J, diez activistas de Cuba denuncian violaciones de DDHH en este país

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – En Cuba, este jueves se conmemoran tres años de las históricas y multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J. Miles de personas se tomaron las calles y más de 1400 habitantes de este país, fueron detenidos de forma arbitraria, de acuerdo con cifras de Justicia 11J, organización que ha documentado que actualmente hay más de 600 personas condenadas por haber participado en estas manifestaciones.

Marcharon para denunciar la crisis social, política y económica que se registra en la Isla, donde escasean alimentos y medicamentos. Como resultado de esto, existe una cifra superior a 340 mil personas, que migraron fuera de Cuba en 2022, según el informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A raíz de los tres años de estas manifestaciones, dialogamos con 10 activistas de la Isla, dos residiendo en este país, una desterrada y siete viviendo en el exilio, quienes denunciaron que las violaciones de derechos humanos registradas en 2021 continúan ocurriendo, y han empeorado. 

Los apagones, las detenciones de forma arbitraria, las condenas injustas, la violencia de género, y la imposibilidad de expresarse libremente y cuestionar las acciones del régimen autoritario de este país, son parte de las denuncias que hizo el grupo de personas que, desde Cuba, España, Estados Unidos, México y Panamá, confirmaron la grave crisis social, política y económica en este país.

Dunia Medina, Dairon Hernández, Anamely Ramos, Manuel Cuesta, Yanelys Núñez, Raúl Soublett, Camila Rodríguez, Mario Luis Reyes, Alicia Fernández y Carolina Barrero, son los nombres de las 10 personas activistas que, a punta de un papel y marcadores, hicieron estas denuncias en forma de protesta pacífica a través de las redes sociales.

Con esta iniciativa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda el estallido social de 2021 en Cuba, condena la represión, y exige que sean liberadas las más de 600 personas que todavía permanecen privadas de libertad por haber participado en las marchas del 11J. También recuerda que continúan vigentes los reclamos que hizo la sociedad civil independiente en aquel entonces, los cuales han ocasionado nuevas protestas, como las ocurridas en agosto de 2022 en Nuevitas (provincia de Camagüey), en mayo de 2023 en La Caimanera (Guantánamo), y en marzo de este año en Santiago de Cuba, Granma y Matanzas.

Audiencia ante la CIDH

Este jueves 11 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (hora Washington D.C.), se realizará la audiencia temática ‘Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba’. Este espacio, que se hará en el marco del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo el mismo día en que se conmemoran tres años de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Para ver y escuchar la audiencia, es necesario registrarse en este enlace.

Durante este espacio que otorga la CIDH a la sociedad civil independiente, se abordarán varios temas como las muertes en custodia, la represión de las protestas pacíficas, y la violencia contra personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI+.

En esta audiencia intervendrán La Coalición que está compuesta por las organizaciones Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V) y el Museo de la Disidencia en Cuba, en conjunto con Raza e Igualdad, el Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE), el Observatorio de Género de Alas Tensas y las Damas de Blanco.

Tres años del 11J: Más de 600 personas permanecen privadas de libertad por protestar pacíficamente en Cuba

Washington D.C., 10 de julio de 2024 – Las organizaciones firmantes realizan la siguiente declaración en conmemoración del tercer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 (11J -en adelante) y los días siguientes en Cuba, y demandan al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

Las protestas del 11J surgieron como una respuesta de la población a la crisis social, económica y de derechos en Cuba. Pese a que han transcurrido tres años de estas históricas manifestaciones, la situación en la isla no ha mejorado, resultando, por el contrario, en el incremento de violaciones de derechos. Tan solo entre enero y febrero de 2024, las organizaciones de la sociedad civil independiente reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Estos hechos surgen en medio del incremento de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, de reunión, asociación y de otros derechos humanos. En palabras de la CIDH, en Cuba existe un patrón de “violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos”, lo que se corrobora en datos documentados por organizaciones de la sociedad civil independiente como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cubalex.

En este contexto, los y las cubanas continúan alzando sus voces. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2024 se registraron al menos 671 protestas. A la par, el gobierno cubano continúa reprimiendo y asediando a quienes deciden manifestarse pacíficamente. La organización Justicia 11J ha documentado que más de 650 personas permanecen privadas de libertad por su participación en diferentes protestas que se han realizado desde julio de 2021. A esto se suma la cifra de personas exiliadas forzosamente quienes se vieron obligadas a abandonar la isla en búsqueda de protección. El informe 2024 sobre Migración Mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que más de 340 mil personas cubanas salieron de su país en 2022, uno de los mayores éxodos que se hayan registrado en la historia de la Isla.

Los hechos descritos evidencian un panorama preocupante en materia de derechos humanos en Cuba. Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas. Además, el gobierno cubano ha amenazado con aplicar severas sanciones, e incluso la pena de muerte, a las personas manifestantes. La política estatal, basada en la represión y el amedrentamiento constante a la población, requiere acciones urgentes para cesar estas violaciones a sus derechos humanos. Por ello, con motivo del tercer aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo; además, exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos.

 

Firmamos,

  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Artists at Risk Connection (ARC)
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Cubalex
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • PEN Internacional
  • PEN de Escritores cubanos en el exilio

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

***

La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

***

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Raza e Igualdad y 23 organizaciones instan a los Estados a crear una Convención para la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad

Washington DC, 5 de junio de 2024.– En un documento informativo titulado “Hacia una Convención para la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad: Recomendaciones a los Estados relacionadas con amnistías y otras medidas de impunidad similares”, Raza e Igualdad y 23 organizaciones asociadas instan a los Estados a apoyar la apertura de negociaciones para un tratado internacional sobre crímenes de lesa humanidad y a garantizar que la futura Convención prohíba explícitamente las amnistías y otras medidas similares de impunidad, que pueden exonerar a los autores o presuntos autores de crímenes de lesa humanidad de cualquier procedimiento o sanción penal.

En 2019, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) adoptó el Proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad (Proyecto de artículos) y lo transmitió a la Asamblea General de la ONU, recomendando la elaboración de una convención sobre la base del Proyecto de Artículos de la CDI. Está previsto que la Sexta Comisión de la Asamblea General tome una decisión sobre la recomendación de la CDI en otoño de 2024.

El documento informativo está disponible en español aquí 👉 https://bit.ly/3V3gOri y en inglés aquí 👉 https://bit.ly/3VueUle

Cuba y Nicaragua: países donde el periodismo independiente es un crimen

Washington D.C., 3 de mayo de 2024.- En los regímenes autoritarios  de Cuba y Nicaragua el periodismo independiente es castigado con cárcel, exilio, despojo arbitrario de la nacionalidad, confiscaciones de propiedades personales y medios de comunicación. A propósito del Día de la Libertad de Prensa, que se conmemora hoy en todo el mundo, y reconociendo que la libertad es un pilar esencial para la rendición de cuentas y el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) destaca la labor de las y los periodistas cubanos y nicaragüenses, que trabajan incansablemente por visibilizar las crisis democráticas y de derechos humanos de sus países, y luchan por el derecho de sus pueblos a acceder a información veraz y diversa.

Cuba: detenciones arbitrarias y represión

En Cuba “los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico”, de acuerdo con el Capítulo IV.B del informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1].

Según el informe ‘Cuba: la resistencia frente a la censura’, elaborado por la organización Artículo 19, el año pasado se registraron un total de 274 agresiones contra periodistas y activistas en la Isla[2]. Al menos cinco comunicadores y reporteros permanecen privados de libertad por motivos políticos, enfrentando cargos injustos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estas personas son: Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Armando Bello, José Antonio López Piña, Jorge Fernández Era y Luis Ángel Cuza[3].

El régimen autoritario cubano también ha incrementado las restricciones y obstáculos para el ingreso y salida del territorio de periodistas independientes. Hasta abril de 2024, las y los periodistas Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Anais Remón y Henry Constantín tenían prohibición para salir del país[4].

Además, las autoridades cubanas han impuesto una serie de regulaciones que coartan severamente el ejercicio de la libertad de prensa y la labor periodística en Cuba. Entre estas medidas se encuentran el servicio militar obligatorio para las mujeres que deseen estudiar periodismo, el Decreto 370 que reprime la libre expresión en Internet[5]; y la Ley de Comunicación Social[6], que regula los contenidos de los medios en la Isla y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Este panorama sombrío de Cuba obliga a que las y los periodistas independientes trabajen en condiciones precarias, enfrentando constantes amenazas y represalias; sin embargo, su determinación por visibilizar las injusticias y defender los derechos humanos de este país, es inquebrantable.

Nicaragua: entre la clandestinidad, el exilio  y la autocensura

En el Informe Anual 2023 de la CIDH, este organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también advirtieron que “la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes” en Nicaragua[7].

Desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril del año 2018, más de 250 periodistas han sido obligados al exilio[8], 56 medios de comunicación han sido cerrados y sus edificios confiscados, 22 periodistas han sido despojados de su nacionalidad y sus propiedades confiscadas; y el asesinato del periodista Angel Gahona, quien hace 6 años cubría el inicio de las manifestaciones pacíficas, sigue en la impunidad.

En el último año, el régimen Ortega Murillo ha extendido la detención arbitraria por motivos políticos a periodistas que ni siquiera realizaban coberturas de temas políticos. Tal es el caso de Víctor Ticay[9], arrestado mientras cubría una procesión religiosa y condenado a 8 años de cárcel por los delitos no probados de “propagación de noticias falsas y conspiración y menoscabo a la integridad nacional”.

También se conoce de los casos de cinco personas periodistas que fueron  acusadas por los mismos falsos delitos y apresadas durante unas horas; además de los casos de 22 mujeres periodistas víctimas de acoso sexual por parte de las fuerzas policiales.

Cabe destacar que agentes de la Policía Nacional, uniformados y vestidos de civil, son los principales agresores de la libertad de prensa en el país. Además, el régimen utiliza la Dirección de Migración y Extranjería, y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones con fines coercitivos. La aprobación de leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, ha exacerbado la situación al otorgar al régimen poderes para perseguir y castigar a cualquier persona que critique al gobierno.

Todo este contexto represivo ha causado que en 5 de los 17 departamentos de Nicaragua, el periodismo independiente haya sido completamente silenciado[10]. Sin embargo, las y los periodistas nicaragüenses trabajan desde la clandestinidad y el exilio, venciendo la censura y divulgando la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.

Para Raza e Igualdad, el Día de la Libertad de Prensa recuerda la importancia de los derechos  a la libertad de prensa y expresión en el funcionamiento de una sociedad democrática. Aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a  la comunidad internacional a defender estos derechos, y trabajar coordinadamente  para garantizar que las voces de periodistas independientes no sean más silenciadas por los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua. Exigimos que las autoridades de ambos Estados garanticen este derecho, y permitan el desarrollo del ejercicio periodístico independiente, sin violentar y reprimir a quienes ejercen esta profesión.

 

***

 

[1] Capítulo IV.B Cuba. Informe anual 2023 de la CIDH. Publicado el 25 de abril de 2024. Disponible: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Cuba_SPA.PDF

[2] Informe Cuba: la resistencia frente a la censura. Publicado el 19 de marzo de 2024. Disponible en: https://articulo19.org/cuba-la-resistencia-frente-a-la-censura/

[3] Balance parcial 2023. Hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, recopilados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Disponible en: https://iclep.org/informes-por-indicador/6/2023/

[4] Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[5]  Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[6] La RELE manifiesta su preocupación por nueva ley de Comunicación Social en Cuba. Publicado el 16 de junio de 2023. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1278

[7] Capítulo IV.B Nicaragua. Informe anual 2023 de la CIDH. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Nicaragua_SPA.PDF

[8] Al menos 253 periodistas dejaron Nicaragua por persecución de Daniel Ortega. Publicado el 21 de abril de 2024. Disponible en: https://efectococuyo.com/internacionales/al-menos-253-periodistas-dejaron-nicaragua-por-persecucion-de-daniel-ortega/

[9] Víctor Ticay: detenido por transmitir un evento religioso durante Semana Santa. Disponible en: https://nicaslibresya.org/perfiles_pp/victor-ticay/

[10] Represión y problemas financieros provocan el abandono del periodismo en Nicaragua. Publicado el 10 de abril de 2024. Disponible en: https://fled.ong/represion-y-problemas-financieros-provocan-el-abandono-del-periodismo-en-nicaragua/

Seis años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: ¡La justicia no debe demorar más!

Washington D.C, 18 de abril 2024.– En el sexto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, quienes merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Raza e Igualdad llama urgentemente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales del dictador Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios perpetradores de crímenes de lesa humanidad, así como a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“En esta fecha no podemos dejar de pensar en las madres de abril, las y los familiares de las personas presas políticas y el resto del pueblo nicaragüense que tiene seis años clamando paz.  La paz solo puede llegar con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes atroces. Entre más tiempo pase, más difícil será reconstruir a la Nicaragua, Nicaragüita; por eso, países amigos del pueblo nicaragüense: ¡La justicia no debe demorar más, actuemos, busquemos mecanismos para la rendición de cuentas!”, instó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Las atrocidades cometidas por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo han dejado miles de víctimas: Al menos 355 personas asesinadas y más de 2000 personas manifestantes heridas por agentes estatales o paraestatales en el contexto de las protestas del año 2018; 317 personas arbitrariamente despojadas de su  nacionalidad y derechos ciudadanos, 200 periodistas exiliados; más de 240 personas desterradas, incluyendo religiosos católicos; aproximadamente 6.5% de la población en el exilio, en búsqueda de asilo o refugio; más de 3625 organizaciones de sociedad civil canceladas; y 121 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales se encuentran mujeres, personas adultas mayores, artistas, liderazgos políticos y guardabosques indígenas.

“Ortega y Murillo, con sus cómplices intelectuales y autores directos, han logrado sembrar terror más allá de las fronteras de Nicaragua con la aplicación de la apatridia; sin embargo, vemos madres de víctimas letales, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas venciendo la censura, monitoreando y haciendo incidencia pese a los riesgos y las represalias. ¡Su resiliencia es impresionante, no les dejemos solos y solas en la lucha!”, dijo Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad.

En el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua se identificaron a altos funcionarios del Estado como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Entre estos figuran: Fidel Moreno; Secretario Público (FSLN), Alcaldía de Managua; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Maria Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Horacio Rocha, Ministro asesor para asuntos de seguridad de la Presidencia de Nicaragua; Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema; Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacimiento; y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad e inteligencia. El Grupo recomendó a los Estados reforzar sanciones contra instituciones y personas identificadas por su involucramiento en los crímenes.

Asimismo, un grupo de parlamentarios británicos, tras su reciente investigación “The Nicaraguan Inquiry: The Silencing of Democracy in Nicaragua”, sugirieron a los Estados acudir a la CIJ para demandar a la dictadura por las violaciones a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia, y aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

“Este año la justicia debe ser una prioridad en las agendas de los Estados aliados del pueblo nicaragüense. Desde Raza e Igualdad continuamos acompañando a víctimas a denunciar ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y proveyendo información al Grupo de Expertos para sus investigaciones. A las víctimas les reafirmamos que estamos aquí para escucharles y dar eco a  sus clamores. A la comunidad internacional y Estados les decimos: aquí tienen una organización aliada, ponemos nuestros esfuerzos a la orden. ¡Justicia para Nicaragua! ” Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Campaña

Este abril, Raza e Igualdad te invita a seguir nuestras actividades a través de nuestras cuentas de X, Facebook e Instagram y el sitio web, y a compartir el contenido usando los hashtags #SOSNicaragua y #JusticiaParaNicaragua.

Si estás en Miami, Florida oen San José, Costa Rica, te invitamos a tomar fotos a nuestras vallas (o billboards) exigiendo libertad y justicia para las personas presas políticas nicaragüenses. Súbelas a tus redes con los hashtags de la campaña. ¡Etiquétanos!

Dirección de valla en Costa Rica: Los Yoses, del Automercado 300 mts al oeste, o de KFC 400 mts al este. San Pedro hacia San José, Costa Rica.

Dirección de valla en Miami: SW 17 Ave 50.00 ft South of SW 1st Street West Side Facing North

Tuitazo #JusticiaParaNicaragua

Este 19 de abril a partir de las 10 de la mañana (hora Centroamérica), llamemos a los Estados a unir esfuerzos para que Ortega y Murillo rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2018.

¡Usa  #JusticiaParaNicaragua, y etiqueta a estos Estados aliados de Nicaragua!

Cuba viola derechos humanos. ¡Exigimos el cese de la represión!

Washington D.C., 26 de marzo de 2024. – El 17 y 18 de marzo de 2024, las redes sociales de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil que monitorean la crisis social, política y económica en Cuba, se inundaron de imágenes de la Isla, en las que se mostraban personas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas, gritando: “Corriente y comida”, “patria y vida”, “libertad”, “no a la violencia”, “abajo Díaz-Canel”, entre otras frases.

Las manifestaciones se originaron en respuesta a los apagones, la falta de alimentos y, en general, a la compleja situación que se registra en este país. A raíz de estos hechos, más de 10 personas fueron detenidas de forma arbitraria, de acuerdo con la organización Justicia 11J[1], que también documentó cortes de internet, y casos de violencia y represión ejercidas por las autoridades cubanas contra las personas que salieron a protestar.

Una semana después de que se hayan realizado estas protestas pacíficas, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que el gobierno cubano viola de forma sistemática los derechos humanos de quienes residen en la Isla.

Luego de las multitudinarias manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles y fueron detenidas de forma arbitraria (y más de 700 continúan privadas de libertad, de acuerdo con Justicia 11J), se han realizado otras protestas, como la ocurrida en agosto de 2022 en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que dejó 14 hombres y mujeres en prisión[2]; o la que se registró en Caimanera, en Guantánamo, que dejó un saldo de seis personas en la cárcel[3].

“En las protestas del 11J, en las de Nuevitas, Caimanera, y ahora en las del 17 y 18 de marzo de 2024, los habitantes de Cuba exigen lo mismo: que haya pleno respeto por los derechos civiles, se restablezca el servicio de energía, que haya alimentos y que, en general, mejore la situación política, social y económica de Cuba. Sin embargo, las autoridades de este país castigan con prisión a los y las manifestantes, reprimen a activistas, artistas y periodistas independientes, y limitan el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación. Exigimos que cese la violencia contra quienes claman un cambio en Cuba”, afirma Christina Fetterhoff, directora de Programas de Raza e Igualdad.

Desde el Instituto hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que reconozcan los derechos humanos de quienes participan en las protestas pacíficas. Exigimos que cese la represión, y solicitamos a la comunidad internacional que dé seguimiento y continúe denunciando las violaciones a los derechos que se registran a diario en este país.

***

[1] Nuevas detenciones por protestas pacíficas en marzo. Publicado el 25 de marzo de 2024. Disponible en: https://justicia11j.org/nuevas-detenciones-por-protestas-pacificas-en-marzo/

[2] Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los protestantes de Nuevitas. Publicado el 26 de septiembre de 2023. Disponible en: https://eltoque.com/fiscalia-pide-hasta-3-lustros-de-prision-para-protestantes-de-nuevitas

[3] La fiscalía cubana pidió hasta nueve años de cárcel contra seis personas que manifestaron en contra del régimen. Publicado el 29 de enero de 2024. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/01/30/la-fiscalia-cubana-pidio-hasta-9-anos-de-carcel-contra-seis-personas-que-manifestaron-en-contra-del-regimen/

Sociedad civil independiente de Cuba denuncia ante la CIDH más de 2,700 ataques estatales entre 2022 y 2023

Washington D.C., 29 de febrero de 2024 – En el marco de una audiencia temática celebrada el 29 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentaron el informe “Derecho a la libertad de asociación” en el que denunciaron el recrudecimiento de la represión estatal contra las organizaciones de derechos humanos dentro de la Isla durante 2022 y 2023. 

En la audiencia se informó que durante el periodo de estudio se presentaron 5.685 actos de represión estatal contra la población. De estos, 2.713 afectaron a uno o varios miembros asociados o que forman parte de organizaciones de la sociedad civil independiente, y representaron el 47.72% de las agresiones. Las acciones contra las organizaciones de derechos humanos dejaron, según se indicó, 3.732 víctimas. 

Además, el informe presentado ante CIDH determinó que, en los 24 meses analizados, en una sola persona defensora de derechos humanos en Cuba recayeron al menos 6 agresiones estatales.   

Estos ataques fueron direccionados contra varias organizaciones específicas. El documento presentado también revela que, durante 2022 y 2023, 102 organizaciones fueron blanco de la represión, y que las más afectadas fueron movimientos de activistas y opositores como “la Unión Patriótica de Cuba, con 100 eventos represivos; el Movimiento Opositores por una Nueva República, con 63; las Damas de Blanco, con 50”, entre otras. 

Con especial preocupación, se evidenció la situación de las mujeres que forman parte de organizaciones o participaron en protestas y manifestaciones sociales, y que el Estado las reprimió. La organización Justicia 11J, parte de la coalición, documentó 289 protestas públicas entre el inicio de 2022 y finales de 2023, y la detención de al menos 311 mujeres en relación con protestas, desde el 11 de julio de 2021. De ellas, 72 permanecen detenidas en condiciones deplorables y con sus derechos vulnerados.

La audiencia también llamó la atención sobre el hecho de que los patrones de violencia no son nuevos, y que se convierten cada vez más en una marca registrada del Estado cubano para reprimir a sus ciudadanos y ciudadanas. Dentro de estas modalidades están las detenciones arbitrarias y citaciones a interrogatorios, la vigilancia, las amenazas y el acoso, la negación de derechos básicos y atención médica en prisión; el maltrato físico, la manipulación del sistema judicial, las restricciones a la comunicación y la censura; y la represión de la libertad religiosa y de movimiento. 

La dramática situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en Cuba tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, varias organizaciones se han visto disminuidas radicalmente por la persecución estatal. Por ejemplo, la membresía de las Damas de Blanco se ha reducido de 243 mujeres en 2013 a 50 en la actualidad. En segundo lugar, el acoso constante por parte de la seguridad del Estado ha obligado a decenas de activistas a sufrir  exilio forzado; y finalmente, ha existido un aumento drástico de los feminicidios en la Isla. Solo en 2023 se han verificado 89 feminicidios, el doble de los 36 casos contabilizados en 2022, según datos del Observatorio de Género Alas Tensas y de la organización Yo Sí te Creo en Cuba. 

Durante la audiencia las organizaciones solicitaron a la CIDH que se pronuncie a favor del derecho a la libertad de asociación en Cuba y exija al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo. 

La Coalición de organizaciones hace, además, un llamado urgente al Estado para que cese de manera inmediata la represión y persecución contra la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y las mujeres en la Isla. También a que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en Cuba, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión; y a que investigue de manera imparcial y efectiva todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos, para sancionar a los responsables.    

Organizaciones autoras del informe: 

  • Cubalex
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Damas de Blanco
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • Movimiento San Isidro
  • Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V)
  • Museo de la Disidencia
  • Observatorio de Género de Alas Tensas
  • Robert F. Kennedy Human Rights
  • Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

La defensa de derechos humanos en Cuba sigue bajo asedio

Washington D.C., 11 de diciembre de 2023 – En el marco del Día de los Derechos Humanos y de la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación porque en Cuba se siga deteniendo arbitrariamente, se hostigue y se intimiden a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas. 

Pese a que el Estado cubano niega ante instancias internacionales que en el país haya personas privadas de libertad por motivos políticos o por su labor de defensa de derechos humanos, seguimos documentando detenciones arbitrarias, intimidación e incluso, tortura y malos tratos en contra de personas defensoras de derechos humanos quienes se encuentran en prisión.  

En particular, nos encontramos profundamente indignadas porque el pasado 19 de noviembre, Luis Barrios Díaz de 37 años de edad, falleció en la prisión 1580 de La Habana a causa de falta de atención médica, mientras cumplía una condena de seis años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021. 

El caso de Luis es un reflejo de las muertes en custodia que no son investigadas por el Estado y que, por el contrario, son encubiertas. Tan solo durante el 2023, se han documentado 12 muertes de personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Ante esta grave situación, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal, ha llamado al Estado cubano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el cual tiene por objeto establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos. 

Asimismo, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura y del Mecanismo del Examen Periódico Universal, llamamos al Estado cubano a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias, contra las amenazas, el hostigamiento y las injerencias indebidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión, expresión, defensa de derechos humanos y de asociación. El Estado cubano debe además velar porque dichos delitos sean investigados de forma expedita, independiente y exhaustiva y en particular las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos perpetrados por agentes del Estado en el marco de las protestas del 11 de julio de 2021. 

 Es urgente que Cuba cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, erradique y prohíba la tortura, y garantice a la población un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Organizaciones firmantes: 

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Cubalex
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Justicia 11J
  • Organización Mundial Contra la Tortura
  • Centre for Civil and Political Rights (CCPR)
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un instrumento vivo que guía la defensa y protección de los derechos humanos en las Américas

Washington DC, 10 de diciembre de 2023.– ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo gozar de los derechos humanos de forma plena? ¿Quién tiene la obligación de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos? Las respuestas a estas preguntas son tan obvias como complejas. Y es que, a pesar de que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, el disfrute de estos está determinado por una diversidad de factores que cada día, en cada rincón del mundo, acercan o alejan a las personas del objetivo de vivir en libertad, justicia y paz.

Al conmemorar 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quiere reivindicar la relevancia de la DUDH para el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos que día a día realizan organizaciones de la sociedad civil y activistas en las Américas. Aunque en la región persisten y se agudizan escenarios de violaciones de derechos humanos, creemos que la Declaración es la herramienta que empuja y fortalece la lucha por los derechos humanos.

“En estos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante mirar atrás y reconocer todo lo que se ha logrado a partir de su adopción. Gracias a la Declaración, el mundo, y la región latinoamericana en particular, cuenta hoy en día con un sólido engranaje para la protección de los derechos de todas las personas. Desde la sociedad civil sabemos que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar una plena garantía, sobre todo a nivel de las obligaciones de los Estados, pero vemos a la Declaración como un instrumento vivo que guía nuestra labor”, afirma Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Un poco de historia

Tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se propuso crear una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Fue así como, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero ¿Cómo llegaron hasta ahí? La Asamblea General de la ONU examinó un primer documento en el primer periodo de sesiones de 1946, y posteriormente lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos, encargándole a esta la tarea de redactar lo que en un primer momento llamaron “carta internacional de derechos humanos”.

En su primer periodo de sesiones, llevada a cabo a principios de 1947, la Comisión de Derechos Humanos orientó a sus integrantes formular un anteproyecto de dicha carta, labor que después fue asumida por un Comité de Redacción conformado por representantes de ocho países, que fueron elegidos teniendo en cuenta la distribución geográfica. Eleanor Roosevelt, la viuda del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, presidió el Comité de Redacción de la DUDH.

El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en la redacción final. En su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra.

¿Sabías que…?

Las delegadas de varios países desempeñaron un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyan en la Declaración. Hansa Mehta, de India, es ampliamente reconocida por cambiar la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales» en el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Conoce más.

75 años después

Ese documento que se formuló bajo el ideal común de que todas las personas vivan en libertad, justicia y paz, ha allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Raza e Igualdad, en su trabajo de defender y proteger los derechos de poblaciones afrodescendientes e indígenas, personas LGBTI+ y otros colectivos vulnerables, reconoce y reivindica el derecho internacional de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una base permanente en nuestra labor de documentación, fortalecimiento de capacidades, incidencia y litigio estratégico. Por mencionar un ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta clave para fortalecer a organizaciones aliadas en sus procesos de incidencia ante los Estados y los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, en materia de derechos de las personas afrodescendientes.

En tanto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha sido pieza fundamental en procesos de documentación e incidencia de la mano de organizaciones aliadas en la defensa y protección de mujeres afrodescendientes, indígenas y LGBT+. En 2022, Raza e Igualdad apoyó y acompañó a un colectivo de organizaciones feministas peruanas en su participación en la revisión del Comité CEDAW al Perú, logrando que incluyera por primera vez recomendaciones al Estado basadas en las demandas de mujeres lesbianas.

En estos 75 años de la DUDH, Raza e Igualdad quiere recordar que la aplicación de los derechos humanos debe regirse por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Creemos que es imperativo el reconocimiento y respeto de: a) que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, b) que los derechos humanos se encuentra ligados entre y, por tanto, el reconocimiento y ejercicio de uno de ellos implica el respeto y protección de muchos otros; c) que los derechos humanos deben ser reconocidos, protegidos y garantizados en su totalidad, que no pueden ser fragmentados, y d) que es obligación de los Estados asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, siendo completamente prohibido cualquier tipo de retroceso.

Además, como una forma de homenajear estos 75 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaboramos una ilustración que reconoce la diversidad de personas en las Américas—y, por tanto, la diversidad de circunstancias que les atraviesan—y pone en el centro de forma simbólica la Declaración que, en los días de su redacción, Eleanor Roosevelt lo visionó como un documento de apoyo, guía e inspiración, señalando: “este es el primer paso de un proceso evolutivo”.

Asimismo, recordamos y ponemos nuevamente como punto de reflexión un extracto del discurso “¿Dónde comienzan los derechos humanos?” que Eleanor Roosevelt dio en 1958 en ocasión del décimo aniversario de la DUDH:

«¿Dónde, después de todo, comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden localizarse en ningún mapamundi: el entorno de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste; la granja, la fábrica o la oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que todo hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminaciones. Si estos derechos no significan nada allí, no significan nada en ningún sitio. Sin una acción ciudadana concertada para hacer valer estos derechos cerca de casa, en vano buscamos el progreso a mayor escala«.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos