Cuba y Nicaragua: países donde el periodismo independiente es un crimen

Cuba y Nicaragua: países donde el periodismo independiente es un crimen

Washington D.C., 3 de mayo de 2024.- En los regímenes autoritarios  de Cuba y Nicaragua el periodismo independiente es castigado con cárcel, exilio, despojo arbitrario de la nacionalidad, confiscaciones de propiedades personales y medios de comunicación. A propósito del Día de la Libertad de Prensa, que se conmemora hoy en todo el mundo, y reconociendo que la libertad es un pilar esencial para la rendición de cuentas y el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) destaca la labor de las y los periodistas cubanos y nicaragüenses, que trabajan incansablemente por visibilizar las crisis democráticas y de derechos humanos de sus países, y luchan por el derecho de sus pueblos a acceder a información veraz y diversa.

Cuba: detenciones arbitrarias y represión

En Cuba “los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico”, de acuerdo con el Capítulo IV.B del informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1].

Según el informe ‘Cuba: la resistencia frente a la censura’, elaborado por la organización Artículo 19, el año pasado se registraron un total de 274 agresiones contra periodistas y activistas en la Isla[2]. Al menos cinco comunicadores y reporteros permanecen privados de libertad por motivos políticos, enfrentando cargos injustos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estas personas son: Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Armando Bello, José Antonio López Piña, Jorge Fernández Era y Luis Ángel Cuza[3].

El régimen autoritario cubano también ha incrementado las restricciones y obstáculos para el ingreso y salida del territorio de periodistas independientes. Hasta abril de 2024, las y los periodistas Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Anais Remón y Henry Constantín tenían prohibición para salir del país[4].

Además, las autoridades cubanas han impuesto una serie de regulaciones que coartan severamente el ejercicio de la libertad de prensa y la labor periodística en Cuba. Entre estas medidas se encuentran el servicio militar obligatorio para las mujeres que deseen estudiar periodismo, el Decreto 370 que reprime la libre expresión en Internet[5]; y la Ley de Comunicación Social[6], que regula los contenidos de los medios en la Isla y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Este panorama sombrío de Cuba obliga a que las y los periodistas independientes trabajen en condiciones precarias, enfrentando constantes amenazas y represalias; sin embargo, su determinación por visibilizar las injusticias y defender los derechos humanos de este país, es inquebrantable.

Nicaragua: entre la clandestinidad, el exilio  y la autocensura

En el Informe Anual 2023 de la CIDH, este organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también advirtieron que “la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes” en Nicaragua[7].

Desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril del año 2018, más de 250 periodistas han sido obligados al exilio[8], 56 medios de comunicación han sido cerrados y sus edificios confiscados, 22 periodistas han sido despojados de su nacionalidad y sus propiedades confiscadas; y el asesinato del periodista Angel Gahona, quien hace 6 años cubría el inicio de las manifestaciones pacíficas, sigue en la impunidad.

En el último año, el régimen Ortega Murillo ha extendido la detención arbitraria por motivos políticos a periodistas que ni siquiera realizaban coberturas de temas políticos. Tal es el caso de Víctor Ticay[9], arrestado mientras cubría una procesión religiosa y condenado a 8 años de cárcel por los delitos no probados de “propagación de noticias falsas y conspiración y menoscabo a la integridad nacional”.

También se conoce de los casos de cinco personas periodistas que fueron  acusadas por los mismos falsos delitos y apresadas durante unas horas; además de los casos de 22 mujeres periodistas víctimas de acoso sexual por parte de las fuerzas policiales.

Cabe destacar que agentes de la Policía Nacional, uniformados y vestidos de civil, son los principales agresores de la libertad de prensa en el país. Además, el régimen utiliza la Dirección de Migración y Extranjería, y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones con fines coercitivos. La aprobación de leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, ha exacerbado la situación al otorgar al régimen poderes para perseguir y castigar a cualquier persona que critique al gobierno.

Todo este contexto represivo ha causado que en 5 de los 17 departamentos de Nicaragua, el periodismo independiente haya sido completamente silenciado[10]. Sin embargo, las y los periodistas nicaragüenses trabajan desde la clandestinidad y el exilio, venciendo la censura y divulgando la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.

Para Raza e Igualdad, el Día de la Libertad de Prensa recuerda la importancia de los derechos  a la libertad de prensa y expresión en el funcionamiento de una sociedad democrática. Aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a  la comunidad internacional a defender estos derechos, y trabajar coordinadamente  para garantizar que las voces de periodistas independientes no sean más silenciadas por los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua. Exigimos que las autoridades de ambos Estados garanticen este derecho, y permitan el desarrollo del ejercicio periodístico independiente, sin violentar y reprimir a quienes ejercen esta profesión.

 

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[1] Capítulo IV.B Cuba. Informe anual 2023 de la CIDH. Publicado el 25 de abril de 2024. Disponible: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Cuba_SPA.PDF

[2] Informe Cuba: la resistencia frente a la censura. Publicado el 19 de marzo de 2024. Disponible en: https://articulo19.org/cuba-la-resistencia-frente-a-la-censura/

[3] Balance parcial 2023. Hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, recopilados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Disponible en: https://iclep.org/informes-por-indicador/6/2023/

[4] Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[5]  Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[6] La RELE manifiesta su preocupación por nueva ley de Comunicación Social en Cuba. Publicado el 16 de junio de 2023. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1278

[7] Capítulo IV.B Nicaragua. Informe anual 2023 de la CIDH. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Nicaragua_SPA.PDF

[8] Al menos 253 periodistas dejaron Nicaragua por persecución de Daniel Ortega. Publicado el 21 de abril de 2024. Disponible en: https://efectococuyo.com/internacionales/al-menos-253-periodistas-dejaron-nicaragua-por-persecucion-de-daniel-ortega/

[9] Víctor Ticay: detenido por transmitir un evento religioso durante Semana Santa. Disponible en: https://nicaslibresya.org/perfiles_pp/victor-ticay/

[10] Represión y problemas financieros provocan el abandono del periodismo en Nicaragua. Publicado el 10 de abril de 2024. Disponible en: https://fled.ong/represion-y-problemas-financieros-provocan-el-abandono-del-periodismo-en-nicaragua/

Seis años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: ¡La justicia no debe demorar más!

Washington D.C, 18 de abril 2024.– En el sexto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, quienes merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Raza e Igualdad llama urgentemente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales del dictador Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios perpetradores de crímenes de lesa humanidad, así como a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“En esta fecha no podemos dejar de pensar en las madres de abril, las y los familiares de las personas presas políticas y el resto del pueblo nicaragüense que tiene seis años clamando paz.  La paz solo puede llegar con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes atroces. Entre más tiempo pase, más difícil será reconstruir a la Nicaragua, Nicaragüita; por eso, países amigos del pueblo nicaragüense: ¡La justicia no debe demorar más, actuemos, busquemos mecanismos para la rendición de cuentas!”, instó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Las atrocidades cometidas por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo han dejado miles de víctimas: Al menos 355 personas asesinadas y más de 2000 personas manifestantes heridas por agentes estatales o paraestatales en el contexto de las protestas del año 2018; 317 personas arbitrariamente despojadas de su  nacionalidad y derechos ciudadanos, 200 periodistas exiliados; más de 240 personas desterradas, incluyendo religiosos católicos; aproximadamente 6.5% de la población en el exilio, en búsqueda de asilo o refugio; más de 3625 organizaciones de sociedad civil canceladas; y 121 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales se encuentran mujeres, personas adultas mayores, artistas, liderazgos políticos y guardabosques indígenas.

“Ortega y Murillo, con sus cómplices intelectuales y autores directos, han logrado sembrar terror más allá de las fronteras de Nicaragua con la aplicación de la apatridia; sin embargo, vemos madres de víctimas letales, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas venciendo la censura, monitoreando y haciendo incidencia pese a los riesgos y las represalias. ¡Su resiliencia es impresionante, no les dejemos solos y solas en la lucha!”, dijo Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad.

En el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua se identificaron a altos funcionarios del Estado como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Entre estos figuran: Fidel Moreno; Secretario Público (FSLN), Alcaldía de Managua; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Maria Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Horacio Rocha, Ministro asesor para asuntos de seguridad de la Presidencia de Nicaragua; Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema; Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacimiento; y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad e inteligencia. El Grupo recomendó a los Estados reforzar sanciones contra instituciones y personas identificadas por su involucramiento en los crímenes.

Asimismo, un grupo de parlamentarios británicos, tras su reciente investigación “The Nicaraguan Inquiry: The Silencing of Democracy in Nicaragua”, sugirieron a los Estados acudir a la CIJ para demandar a la dictadura por las violaciones a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia, y aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

“Este año la justicia debe ser una prioridad en las agendas de los Estados aliados del pueblo nicaragüense. Desde Raza e Igualdad continuamos acompañando a víctimas a denunciar ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y proveyendo información al Grupo de Expertos para sus investigaciones. A las víctimas les reafirmamos que estamos aquí para escucharles y dar eco a  sus clamores. A la comunidad internacional y Estados les decimos: aquí tienen una organización aliada, ponemos nuestros esfuerzos a la orden. ¡Justicia para Nicaragua! ” Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Campaña

Este abril, Raza e Igualdad te invita a seguir nuestras actividades a través de nuestras cuentas de X, Facebook e Instagram y el sitio web, y a compartir el contenido usando los hashtags #SOSNicaragua y #JusticiaParaNicaragua.

Si estás en Miami, Florida oen San José, Costa Rica, te invitamos a tomar fotos a nuestras vallas (o billboards) exigiendo libertad y justicia para las personas presas políticas nicaragüenses. Súbelas a tus redes con los hashtags de la campaña. ¡Etiquétanos!

Dirección de valla en Costa Rica: Los Yoses, del Automercado 300 mts al oeste, o de KFC 400 mts al este. San Pedro hacia San José, Costa Rica.

Dirección de valla en Miami: SW 17 Ave 50.00 ft South of SW 1st Street West Side Facing North

Tuitazo #JusticiaParaNicaragua

Este 19 de abril a partir de las 10 de la mañana (hora Centroamérica), llamemos a los Estados a unir esfuerzos para que Ortega y Murillo rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2018.

¡Usa  #JusticiaParaNicaragua, y etiqueta a estos Estados aliados de Nicaragua!

Cuba viola derechos humanos. ¡Exigimos el cese de la represión!

Washington D.C., 26 de marzo de 2024. – El 17 y 18 de marzo de 2024, las redes sociales de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil que monitorean la crisis social, política y económica en Cuba, se inundaron de imágenes de la Isla, en las que se mostraban personas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas, gritando: “Corriente y comida”, “patria y vida”, “libertad”, “no a la violencia”, “abajo Díaz-Canel”, entre otras frases.

Las manifestaciones se originaron en respuesta a los apagones, la falta de alimentos y, en general, a la compleja situación que se registra en este país. A raíz de estos hechos, más de 10 personas fueron detenidas de forma arbitraria, de acuerdo con la organización Justicia 11J[1], que también documentó cortes de internet, y casos de violencia y represión ejercidas por las autoridades cubanas contra las personas que salieron a protestar.

Una semana después de que se hayan realizado estas protestas pacíficas, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que el gobierno cubano viola de forma sistemática los derechos humanos de quienes residen en la Isla.

Luego de las multitudinarias manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J, en las que miles de personas salieron a las calles y fueron detenidas de forma arbitraria (y más de 700 continúan privadas de libertad, de acuerdo con Justicia 11J), se han realizado otras protestas, como la ocurrida en agosto de 2022 en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que dejó 14 hombres y mujeres en prisión[2]; o la que se registró en Caimanera, en Guantánamo, que dejó un saldo de seis personas en la cárcel[3].

“En las protestas del 11J, en las de Nuevitas, Caimanera, y ahora en las del 17 y 18 de marzo de 2024, los habitantes de Cuba exigen lo mismo: que haya pleno respeto por los derechos civiles, se restablezca el servicio de energía, que haya alimentos y que, en general, mejore la situación política, social y económica de Cuba. Sin embargo, las autoridades de este país castigan con prisión a los y las manifestantes, reprimen a activistas, artistas y periodistas independientes, y limitan el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y asociación. Exigimos que cese la violencia contra quienes claman un cambio en Cuba”, afirma Christina Fetterhoff, directora de Programas de Raza e Igualdad.

Desde el Instituto hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que reconozcan los derechos humanos de quienes participan en las protestas pacíficas. Exigimos que cese la represión, y solicitamos a la comunidad internacional que dé seguimiento y continúe denunciando las violaciones a los derechos que se registran a diario en este país.

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[1] Nuevas detenciones por protestas pacíficas en marzo. Publicado el 25 de marzo de 2024. Disponible en: https://justicia11j.org/nuevas-detenciones-por-protestas-pacificas-en-marzo/

[2] Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los protestantes de Nuevitas. Publicado el 26 de septiembre de 2023. Disponible en: https://eltoque.com/fiscalia-pide-hasta-3-lustros-de-prision-para-protestantes-de-nuevitas

[3] La fiscalía cubana pidió hasta nueve años de cárcel contra seis personas que manifestaron en contra del régimen. Publicado el 29 de enero de 2024. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/01/30/la-fiscalia-cubana-pidio-hasta-9-anos-de-carcel-contra-seis-personas-que-manifestaron-en-contra-del-regimen/

Sociedad civil independiente de Cuba denuncia ante la CIDH más de 2,700 ataques estatales entre 2022 y 2023

Washington D.C., 29 de febrero de 2024 – En el marco de una audiencia temática celebrada el 29 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentaron el informe “Derecho a la libertad de asociación” en el que denunciaron el recrudecimiento de la represión estatal contra las organizaciones de derechos humanos dentro de la Isla durante 2022 y 2023. 

En la audiencia se informó que durante el periodo de estudio se presentaron 5.685 actos de represión estatal contra la población. De estos, 2.713 afectaron a uno o varios miembros asociados o que forman parte de organizaciones de la sociedad civil independiente, y representaron el 47.72% de las agresiones. Las acciones contra las organizaciones de derechos humanos dejaron, según se indicó, 3.732 víctimas. 

Además, el informe presentado ante CIDH determinó que, en los 24 meses analizados, en una sola persona defensora de derechos humanos en Cuba recayeron al menos 6 agresiones estatales.   

Estos ataques fueron direccionados contra varias organizaciones específicas. El documento presentado también revela que, durante 2022 y 2023, 102 organizaciones fueron blanco de la represión, y que las más afectadas fueron movimientos de activistas y opositores como “la Unión Patriótica de Cuba, con 100 eventos represivos; el Movimiento Opositores por una Nueva República, con 63; las Damas de Blanco, con 50”, entre otras. 

Con especial preocupación, se evidenció la situación de las mujeres que forman parte de organizaciones o participaron en protestas y manifestaciones sociales, y que el Estado las reprimió. La organización Justicia 11J, parte de la coalición, documentó 289 protestas públicas entre el inicio de 2022 y finales de 2023, y la detención de al menos 311 mujeres en relación con protestas, desde el 11 de julio de 2021. De ellas, 72 permanecen detenidas en condiciones deplorables y con sus derechos vulnerados.

La audiencia también llamó la atención sobre el hecho de que los patrones de violencia no son nuevos, y que se convierten cada vez más en una marca registrada del Estado cubano para reprimir a sus ciudadanos y ciudadanas. Dentro de estas modalidades están las detenciones arbitrarias y citaciones a interrogatorios, la vigilancia, las amenazas y el acoso, la negación de derechos básicos y atención médica en prisión; el maltrato físico, la manipulación del sistema judicial, las restricciones a la comunicación y la censura; y la represión de la libertad religiosa y de movimiento. 

La dramática situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en Cuba tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, varias organizaciones se han visto disminuidas radicalmente por la persecución estatal. Por ejemplo, la membresía de las Damas de Blanco se ha reducido de 243 mujeres en 2013 a 50 en la actualidad. En segundo lugar, el acoso constante por parte de la seguridad del Estado ha obligado a decenas de activistas a sufrir  exilio forzado; y finalmente, ha existido un aumento drástico de los feminicidios en la Isla. Solo en 2023 se han verificado 89 feminicidios, el doble de los 36 casos contabilizados en 2022, según datos del Observatorio de Género Alas Tensas y de la organización Yo Sí te Creo en Cuba. 

Durante la audiencia las organizaciones solicitaron a la CIDH que se pronuncie a favor del derecho a la libertad de asociación en Cuba y exija al Estado cubano el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes sin discriminación de ningún tipo. 

La Coalición de organizaciones hace, además, un llamado urgente al Estado para que cese de manera inmediata la represión y persecución contra la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y las mujeres en la Isla. También a que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en Cuba, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión; y a que investigue de manera imparcial y efectiva todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos, para sancionar a los responsables.    

Organizaciones autoras del informe: 

  • Cubalex
  • Civil Rights Defenders
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Damas de Blanco
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Justicia 11J
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
  • Movimiento San Isidro
  • Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género (Museo V)
  • Museo de la Disidencia
  • Observatorio de Género de Alas Tensas
  • Robert F. Kennedy Human Rights
  • Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

La defensa de derechos humanos en Cuba sigue bajo asedio

Washington D.C., 11 de diciembre de 2023 – En el marco del Día de los Derechos Humanos y de la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación porque en Cuba se siga deteniendo arbitrariamente, se hostigue y se intimiden a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas. 

Pese a que el Estado cubano niega ante instancias internacionales que en el país haya personas privadas de libertad por motivos políticos o por su labor de defensa de derechos humanos, seguimos documentando detenciones arbitrarias, intimidación e incluso, tortura y malos tratos en contra de personas defensoras de derechos humanos quienes se encuentran en prisión.  

En particular, nos encontramos profundamente indignadas porque el pasado 19 de noviembre, Luis Barrios Díaz de 37 años de edad, falleció en la prisión 1580 de La Habana a causa de falta de atención médica, mientras cumplía una condena de seis años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021. 

El caso de Luis es un reflejo de las muertes en custodia que no son investigadas por el Estado y que, por el contrario, son encubiertas. Tan solo durante el 2023, se han documentado 12 muertes de personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Ante esta grave situación, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal, ha llamado al Estado cubano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el cual tiene por objeto establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos. 

Asimismo, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura y del Mecanismo del Examen Periódico Universal, llamamos al Estado cubano a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias, contra las amenazas, el hostigamiento y las injerencias indebidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión, expresión, defensa de derechos humanos y de asociación. El Estado cubano debe además velar porque dichos delitos sean investigados de forma expedita, independiente y exhaustiva y en particular las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos perpetrados por agentes del Estado en el marco de las protestas del 11 de julio de 2021. 

 Es urgente que Cuba cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, erradique y prohíba la tortura, y garantice a la población un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Organizaciones firmantes: 

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Cubalex
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Justicia 11J
  • Organización Mundial Contra la Tortura
  • Centre for Civil and Political Rights (CCPR)
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un instrumento vivo que guía la defensa y protección de los derechos humanos en las Américas

Washington DC, 10 de diciembre de 2023.– ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo gozar de los derechos humanos de forma plena? ¿Quién tiene la obligación de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos? Las respuestas a estas preguntas son tan obvias como complejas. Y es que, a pesar de que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, el disfrute de estos está determinado por una diversidad de factores que cada día, en cada rincón del mundo, acercan o alejan a las personas del objetivo de vivir en libertad, justicia y paz.

Al conmemorar 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quiere reivindicar la relevancia de la DUDH para el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos que día a día realizan organizaciones de la sociedad civil y activistas en las Américas. Aunque en la región persisten y se agudizan escenarios de violaciones de derechos humanos, creemos que la Declaración es la herramienta que empuja y fortalece la lucha por los derechos humanos.

“En estos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante mirar atrás y reconocer todo lo que se ha logrado a partir de su adopción. Gracias a la Declaración, el mundo, y la región latinoamericana en particular, cuenta hoy en día con un sólido engranaje para la protección de los derechos de todas las personas. Desde la sociedad civil sabemos que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar una plena garantía, sobre todo a nivel de las obligaciones de los Estados, pero vemos a la Declaración como un instrumento vivo que guía nuestra labor”, afirma Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Un poco de historia

Tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se propuso crear una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Fue así como, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero ¿Cómo llegaron hasta ahí? La Asamblea General de la ONU examinó un primer documento en el primer periodo de sesiones de 1946, y posteriormente lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos, encargándole a esta la tarea de redactar lo que en un primer momento llamaron “carta internacional de derechos humanos”.

En su primer periodo de sesiones, llevada a cabo a principios de 1947, la Comisión de Derechos Humanos orientó a sus integrantes formular un anteproyecto de dicha carta, labor que después fue asumida por un Comité de Redacción conformado por representantes de ocho países, que fueron elegidos teniendo en cuenta la distribución geográfica. Eleanor Roosevelt, la viuda del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, presidió el Comité de Redacción de la DUDH.

El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en la redacción final. En su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra.

¿Sabías que…?

Las delegadas de varios países desempeñaron un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyan en la Declaración. Hansa Mehta, de India, es ampliamente reconocida por cambiar la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales» en el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Conoce más.

75 años después

Ese documento que se formuló bajo el ideal común de que todas las personas vivan en libertad, justicia y paz, ha allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Raza e Igualdad, en su trabajo de defender y proteger los derechos de poblaciones afrodescendientes e indígenas, personas LGBTI+ y otros colectivos vulnerables, reconoce y reivindica el derecho internacional de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una base permanente en nuestra labor de documentación, fortalecimiento de capacidades, incidencia y litigio estratégico. Por mencionar un ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta clave para fortalecer a organizaciones aliadas en sus procesos de incidencia ante los Estados y los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, en materia de derechos de las personas afrodescendientes.

En tanto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha sido pieza fundamental en procesos de documentación e incidencia de la mano de organizaciones aliadas en la defensa y protección de mujeres afrodescendientes, indígenas y LGBT+. En 2022, Raza e Igualdad apoyó y acompañó a un colectivo de organizaciones feministas peruanas en su participación en la revisión del Comité CEDAW al Perú, logrando que incluyera por primera vez recomendaciones al Estado basadas en las demandas de mujeres lesbianas.

En estos 75 años de la DUDH, Raza e Igualdad quiere recordar que la aplicación de los derechos humanos debe regirse por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Creemos que es imperativo el reconocimiento y respeto de: a) que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, b) que los derechos humanos se encuentra ligados entre y, por tanto, el reconocimiento y ejercicio de uno de ellos implica el respeto y protección de muchos otros; c) que los derechos humanos deben ser reconocidos, protegidos y garantizados en su totalidad, que no pueden ser fragmentados, y d) que es obligación de los Estados asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, siendo completamente prohibido cualquier tipo de retroceso.

Además, como una forma de homenajear estos 75 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaboramos una ilustración que reconoce la diversidad de personas en las Américas—y, por tanto, la diversidad de circunstancias que les atraviesan—y pone en el centro de forma simbólica la Declaración que, en los días de su redacción, Eleanor Roosevelt lo visionó como un documento de apoyo, guía e inspiración, señalando: “este es el primer paso de un proceso evolutivo”.

Asimismo, recordamos y ponemos nuevamente como punto de reflexión un extracto del discurso “¿Dónde comienzan los derechos humanos?” que Eleanor Roosevelt dio en 1958 en ocasión del décimo aniversario de la DUDH:

«¿Dónde, después de todo, comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden localizarse en ningún mapamundi: el entorno de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste; la granja, la fábrica o la oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que todo hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminaciones. Si estos derechos no significan nada allí, no significan nada en ningún sitio. Sin una acción ciudadana concertada para hacer valer estos derechos cerca de casa, en vano buscamos el progreso a mayor escala«.

Cuba ante el EPU: Organizaciones internacionales piden recomendaciones contundentes frente a las violaciones de DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 14 de noviembre de 2023 – En el marco de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado de Cuba será evaluado este 15 de noviembre en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el Estado de Cuba profiere en detrimento de la vida digna, la integridad,  la libertad y la justicia de las y los cubanos.

En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se han observado al menos tres tendencias que operan en contra de estos derechos. La primera es el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión por la reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas que tienen como objetivo silenciarlos. Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción.

La segunda tendencia es la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión  y a la libertad de expresión. Justicia 11J ha documentado la detención de, al menos, 1878 personas en relación con protestas públicas desde julio de 2021. Hasta la más reciente actualización de la organización, 787 continuaban detenidas. Las tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención son una constante.

La tercera tendencia es el reforzamiento del marco normativo restrictivo del ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal. Lo anterior, no es excepcional del derecho a la libertad de expresión, cuya limitación se ha complejizado con las medidas tomadas por el Estado y la vigilancia sobre ciberespacio, con mayor énfasis desde el 2018.

A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, encontramos el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de indentidad de genero y orientación sexual.

Una de las caras más visibles de la discriminación y violencia de género es  la falta de la tipificación del feminicidio como delito penal en un contexto de aumento de feminicidios. Hasta el 13 de noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil independiente han documentado al menos 76 feminicidios en lo que va de este año.[1]

Por ello, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba, las organizaciones abajo firmantes, mismas que presentaron informes sombra en diversas temáticas, solicitamos a los Estados que emitan recomendaciones tendientes al Estado de Cuba a:

  • Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar se retorno seguro.
  • Evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa.
  • Derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.
  • Modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los “crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público” y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143.
  • Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes.
  • Extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba.
  • Garantizar la independencia del Poder Judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso.
  • Asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad.
  • Reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente.
  • Hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas.
  • Transparentar el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en sus principales medios y asegurar la rendición de cuentas públicas sobre su implementación, trabajo y estrategias.
  • Implementar medidas dirigidas a entrenar a los agentes del Estado para eliminar el uso excesivo de la fuerza y prevenir la muerte de personas afrodescendientes.
  • Ejecutar un plan real en honor al Decenio Internacional para las personas afrodescendientes que promueva el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrocubanas al final de 2024.
  • Elaborar una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
  • Implementar programas de entrenamiento para autoridades involucradas con la atención de casos de víctimas de violencia de género y así evitar la revictimización que sufren las personas que denuncian.
  • Crear centros de cuidado integral y de protección a las víctimas de violencia de género.
  • Implementar programas dirigidos a prevenir actos de discriminación basados en la orientación sexual y las diversas identidades de género.
  • Ejecutar campañas de sensibilización sobre la violencia de género e identidad sexual para eliminar el machismo y el pensamiento patriarcal de la idiosincrasia nacional.
  • Entrenar al personal de los centros de salud para sensibilizar y promover el respeto a la población LGBTIQ+ y de personas que padecen alguna enfermedad de trasmisión sexual.
  • Tomar acciones concretas a través del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEX) que favorezcan el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTIQ+.

Organizaciones firmantes

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR)

PEN Internacional

CUBALEX

Justicia 11J

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

 

***

[1] Información publicada por Yo Sí Te Creo en Cuba. Disponible en https://x.com/YoSiTeCreoCuba/status/1724141130592198661?s=20

Pedimos a la OEA una visita in loco para verificar situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba

Washington D.C., 7 de noviembre de 2023 – Luego de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de ese país ha desarrollado una campaña sistemática de represión contra la ciudadanía que se materializa, entre muchas otras formas, en la detención arbitraria de personas cuyo único delito ha sido levantar la voz y salir a la calle a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica..

Según la organización internacional Prisoners Defenders, 1052 personas se encuentran inmersas en procesos judiciales con sentencias u otro tipo de medidas de privación de la libertad, parcial o total, impartidas por jueces y fiscales. De este número cerca de 812 personas son presas de conciencia que se encuentran tras la rejas y 210 son condenadas de conciencia sometidas a diversas medidas sin internamiento, ambas por motivos políticos. Adicionalmente, afrontan distintas clases de tortura que van desde vejámenes, incomunicación, persecución y amenazas contra sus familiares, malos tratos al interior de las cárceles o impedimento para que puedan ser atendidas por médicos y profesionales de la salud.

Tras las protestas del 11J más de 1400 personas han sido procesadas y más de 700 se mantienen en prisión con penas desproporcionadas por delitos como sedición. La situación es tan grave que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido dar un espacio  a la sociedad civil independiente y a las organizaciones internacionales que acompañan a activistas y personas defensoras de Derechos Humanos en la Isla para conocer, de primera mano, la situación de las y los presos políticos en ese país.

En el marco de esta audiencia, que también pretende revisar medidas cautelares en favor de al menos una decena de personas privadas de libertad por motivos políticos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión y a la Organización de Estados Americanos las siguientes peticiones:

  1. Emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia en Cuba; y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación por motivos políticos.
  2. Emitir resoluciones de seguimiento, reconociendo que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones a sus derechos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares[1].
  3. Exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías y protección judiciales de la ciudadanía, y en particular de las personas protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
  4. Incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo IV.B de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, así como de sus familias.
  5. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco, con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. Además, emitir un informe exhaustivo al término de esa visita.
  6. Instar al Estado cubano a aplicar los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la salud y las visitas y comunicación con familiares.
  7. Monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad protegidas por las medidas cautelares acá analizadas y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad.
  8. Solicitar la realización de una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del estado cubano, documentadas por esta Comisión.

Organizaciones firmantes:

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Article 19.
  • Cubalex.
  • Civil Rights Defenders.
  • Fundación para la Democracia Panamericana.
  • Prisoners Defenders.
  • Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Las estrategias que emplea el régimen autoritario de Cuba para restringir la movilidad y silenciar a las voces disidentes

Washington D.C., 10 de octubre de 2023 – En 2019, a cinco activistas de los seis entrevistados para escribir este artículo, el régimen autoritario de Cuba les prohibió salir de la Isla. A la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero, le impidieron subirse a un avión bajo el argumento de que estaba regulada. Al vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, le ocurrió lo mismo cuando ese mismo año intentó viajar a Bélgica. A Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), le informaron, antes de su fecha de vuelo, que estaba regulado. A Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, no le permitieron abordar afirmando que había sido multada y tenía que ponerse al día antes de viajar al extranjero. Y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo, tampoco le permitieron salir de Cuba en aquel entonces, por ser parte de las personas reguladas. Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años.

Pero esa no ha sido la única vez que María Elena, Manuel, Osvaldo, Marthadela y Juan Antonio, han intentado viajar fuera de la Isla para participar en espacios académicos, asambleas y diálogos, donde se abordan las violaciones a los derechos humanos registradas en este país. Posterior al 2019 lo han intentado nuevamente, y han sido detenidos dentro de sus casas o al llegar al aeropuerto. Todo con el objetivo de impedirles tomar sus vuelos. También les han reiterado que están regulados y tienen prohibido viajar a otro país, a menos que quieran salir y nunca más volver a la Isla.

En julio de este año, el coordinador del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (Celide), Fernando Palacio, intentó viajar a Trinidad y Tobago, y estando dentro del aeropuerto las autoridades cubanas le informaron que no estaba regulado, pero no podía salir del país porque se acercaba la conmemoración del Asalto al cuartel Moncada, una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro, para derrocar a Fulgencio Batista. Fernando es la otra persona defensora de los derechos humanos entrevistada para este artículo.

“El término de regulación es un eufemismo que el régimen usa para impedir que activistas salgan del país”, afirma Marthadela, quien sostiene además que es una medida arbitraria. “Como ser humano te sientes impotente, te sientes frágil ante un Estado que tiene todo el poder para decidir cuándo sales, cuándo entras, cuándo te meten preso, cuándo te sacan de prisión…”, reflexiona Osvaldo. Eso, afirma, es lo que ha sentido cada vez que le notifican que está regulado.

En un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el que se revela que más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas, se mencionan las violaciones a los derechos humanos que han padecido Juan Antonio y Marthadela. El documento señala que en el último año las autoridades cubanas impidieron que ambos salieran del país, y esto ha obstaculizado su compromiso con la ONU, “incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de 2023″, indica el reporte.

De una provincia a otra

Las seis personas defensoras de los derechos humanos que fueron consultadas afirman también que las autoridades estatales les han prohibido movilizarse de una provincia a otra. En 2008, a Fernando le prohibieron durante dos años visitar Holguín. La medida le fue notificada luego de estar casi una semana detenido e incomunicado. A esa misma región no puede ir Marthadela, ni siquiera al ser oriunda de esa zona del país. María Elena y Juan Antonio, por su parte, han sido detenidos de forma arbitraria cada vez que se dirigen a Santiago de Cuba, mientras que a Manuel las autoridades no le permiten movilizarse hacia Villa Clara.

El Estado cubano ha restringido la movilidad de este grupo de activistas, que en su momento también fueron expulsados de sus trabajos por ser voces disidentes al sistema político de Cuba. Todo con el fin de silenciarlos y prohibirles que continúen su lucha por un “país libre”.

“Yo sueño con una Cuba real, donde nosotras como madres podamos criar a nuestros hijos, verlos crecer y desarrollarse. Sueño con una Cuba llena de libertades, donde no se oprima a la población, donde se cumpla cada y una de las leyes que el mismo país regula. Sueño con una Cuba libre”, dice María Elena, quien no ve a su hijo hace más de un año, ni tampoco a su nieto ni a su nuera. Los tres salieron del país a raíz de la grave situación que se vive en la Isla.   

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos las estrategias de restricciones injustificadas a la movilidad implementadas por el Estado cubano, cuyo único fin es silenciar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes, juristas, y, en general, a todas las voces disidentes. También exhortamos a la comunidad internacional para que haga seguimiento a las denuncias de cubanos y cubanas que han sufrido la represión y el hostigamiento en la Isla, y condenen estas tácticas ejecutadas por el régimen autoritario de Cuba.

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