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Colectivo 46/2 y GHREN analizaron vías de rendición de cuentas para Nicaragua ante la ONU

Colectivo 46/2 y GHREN analizaron vías de rendición de cuentas para Nicaragua ante la ONU

  • Denunciaron las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia estatal, la persecución de personas defensoras y el cierre del espacio cívico en Nicaragua.

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2026. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU su informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que documenta la intensificación de la persecución contra personas opositoras o percibidas como tales.

Durante el diálogo interactivo, delegaciones de Costa Rica, Chile, Georgia, Polonia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Panamá y la Orden Soberana de Malta, junto con la Unión Europea, expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y la represión transnacional, incluida la persecución de personas exiliadas y la privación arbitraria de nacionalidad. También reconocieron la labor del GHREN y reiteraron llamados a la liberación de las personas presas políticas, la protección de las víctimas y la rendición de cuentas.

El GHREN y el Colectivo 46/2 celebraron también el evento paralelo “Derechos Humanos en Nicaragua: avanzando hacia la rendición de cuentas”, co-patrocinado por la Misión Permanente de Chile ante la ONU. En la apertura, el embajador Roberto Ampuero enfatizó la necesidad de orientar los esfuerzos internacionales hacia el restablecimiento de las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Cierre del espacio cívico y profundización de la represión

Las organizaciones del Colectivo 46/2 denunciaron que, desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 5.660 organizaciones de la sociedad civil, clausurado o confiscado 61 medios independientes, forzado al exilio a más de 300 periodistas y privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 personas. A ello se suma un número indeterminado de personas en situación de apatridia de facto por la negativa a emitirles pasaportes u otros documentos de identificación, así como la represión transnacional en países de acogida como Costa Rica, donde persisten amenazas y riesgos para las personas nicaragüenses exiliadas.

A octubre de 2026, al menos 72 personas permanecían detenidas por motivos políticos, de las cuales 33 se encontraban en situación de desaparición forzada. De ellas, 16 son mujeres y 16 personas adultas mayores. Estas cifras representan un subregistro debido al temor de las familias a denunciar.

Las organizaciones también alertaron sobre los impactos diferenciados de la represión contra las mujeres defensoras y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde 2018, más de 300 defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente o judicializadas.

En los territorios indígenas y afrodescendientes, los ataques de colonos armados, la imposición de estructuras paralelas de gobierno, la falta de saneamiento territorial y las concesiones mineras profundizan la vulneración de la autonomía indígena. Se han identificado 75 lotes mineros que afectan a 19 áreas protegidas, dos reservas de la biosfera y 18 de los 21 territorios titulados en la Costa Caribe. Además, las concesiones mineras en manos de empresas chinas abarcan el 12,5% del territorio nacional.

Por su parte, Rosa María Payá, comisionada de la CIDH y relatora para Nicaragua, destacó por videoconferencia la perseverancia de las víctimas en su búsqueda de justicia y advirtió que la falta de cooperación del régimen no debe obstaculizar la rendición de cuentas. Subrayó la necesidad de traducir la documentación de las violaciones en medidas concretas de protección, preservación de pruebas y justicia.

Ataques a la independencia judicial y al ejercicio de la abogacía

Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, advirtió sobre la exclusión arbitraria de aproximadamente 2.000 profesionales de la abogacía del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2026, sin notificación, justificación ni garantías de debido proceso.

Señaló que estas medidas se suman a amenazas, vigilancia, hostigamiento, exilio forzado y desapariciones contra quienes han defendido a personas presas políticas o denunciado abusos estatales, debilitando la independencia de la profesión jurídica, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.

Cuatro vías para la rendición de cuentas

Ante la falta de cooperación del régimen, Reed Brody, experto del GHREN, recordó que el Grupo ha identificado a 56 personas respecto de las cuales existen motivos razonables para creer que son responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, entre ellas altos funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores de justicia. En este contexto, destacó cuatro vías internacionales para avanzar hacia la rendición de cuentas.

Estas incluyen demandas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia por la privación arbitraria de nacionalidad; la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional por crímenes transfronterizos, como la deportación forzada hacia Estados parte del Estatuto de Roma; el ejercicio de la jurisdicción universal para investigar y juzgar crímenes internacionales en terceros países, como ya ocurre en Argentina; y la adopción de sanciones selectivas contra responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas personas identificadas por el GHREN que aún no han sido sancionadas.

Finalmente, las organizaciones reiteraron que la documentación de las violaciones debe traducirse en acciones concretas de justicia y protección, indispensables para combatir la impunidad y avanzar hacia el restablecimiento del Estado de derecho en Nicaragua.

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 23 organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, regionales e internacionales que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Prisión política en Cuba y Nicaragua: detrás de las cifras, vidas y derechos vulnerados

Washington, D. C., 30 de octubre de 2026. Cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y Nicaragua, en contextos donde la persecución puede alcanzar no solo a quienes se identifican como opositores, sino también a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas y cualquier persona que exprese públicamente una crítica al poder.

En el Día de las Personas Presas Políticas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llama la atención sobre la persistencia de este crimen, las vulneraciones que enfrentan las personas detenidas y las formas de control que pueden prolongarse incluso después de su excarcelación. La desaparición forzada y las muertes bajo custodia estatal representan algunas de las expresiones más graves de esta realidad.

Cuba y Nicaragua: las cifras detrás de la prisión política

En Cuba, la organización Justicia 11J, proyecto de la organización Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C. que registra y denuncia la represión política en Cuba desde las históricas protestas de julio de 2021, registra 832 personas privadas de libertad por motivos políticos. Esta cifra refleja la persistencia de la prisión por motivos políticos y la necesidad de mantener la atención sobre quienes continúan encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales.

En Nicaragua, desde 2018, la prisión política se ha convertido en una de las principales herramientas de represión. Según el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han registrado 4.796 detenciones arbitrarias, en general por motivos políticos.

A octubre de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabiliza 72 personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos. Además, de estas, 33 permanecen en situación de desaparición forzada. Los registros también identifican a 16 mujeres —incluidas dos menores de edad—, 16 personas adultas mayores y 20 personas indígenas como personas presas políticas.

Estas cifras deben leerse teniendo en cuenta el subregistro derivado del temor a denunciar, así como el hecho que organizaciones de sociedad civil denuncian como una dinámica de “puerta giratoria”, donde nuevas detenciones coinciden con excarcelaciones, de modo que la reducción temporal del número de personas encarceladas no refleja una menor represión.

¿A quiénes afecta la prisión política?

La prisión política puede alcanzar a personas que se identifican como opositoras o que son percibidas como tales por las autoridades. En contextos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, esta percepción puede extenderse mucho más allá de la militancia en un partido político considerado de oposición. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas y ciudadanos que expresan críticas pueden convertirse en blanco de persecución y encarcelamiento.

En Nicaragua, se han registrado detenciones arbitrarias de personas cuyas acciones o pronunciamientos críticos contra las autoridades no son conocidos públicamente, mientras que las razones de su detención permanecen sin esclarecer y solo dan lugar a especulaciones.

En Cuba, el caso de la joven Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente Laffita, ilustra cómo una acción vinculada al ejercicio de la libertad de expresión puede derivar en una sanción penal: en octubre de 2026, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las condenó a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar en redes sociales un video de un agente policial que acudió a su domicilio.

La excarcelación no siempre significa libertad

Comprender quiénes son afectadas por la prisión política también exige reconocer que la persecución no termina necesariamente con la salida de la cárcel. Las restricciones posteriores, el destierro y otras formas de control pueden prolongar sus consecuencias sobre la vida de las personas y sus familias.

Algunas personas liberadas han sido desterradas, mientras que otras permanecen en el país bajo vigilancia policial y restricciones severas, como la obligación de presentarse diariamente en estaciones policiales o informar sobre sus desplazamientos. En Nicaragua, personas excarceladas a partir de noviembre 2025 son mantenidas en un régimen similar al arresto domiciliar y se encuentran silenciadas por temor a mayores represalias.

En Cuba, el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ilustra las consecuencias de esta práctica. Tras permanecer cinco años en prisión por una condena relacionada con el ejercicio de sus derechos fundamentales en el marco de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, su salida de la cárcel estuvo condicionada a abandonar el país.

Desaparición forzada y muertes bajo custodia: las consecuencias más graves

La desaparición forzada constituye una de las expresiones más extremas de la prisión política en Nicaragua. Personas permanecen incomunicadas durante períodos prolongados, mientras sus familias desconocen su paradero, su estado de salud y las condiciones en las que se encuentran.

Otra consecuencia extrema es la muerte bajo custodia estatal. Desde 2018, al menos nueve personas presas políticas han fallecido bajo custodia del Estado en Nicaragua, según los registros de organizaciones de derechos humanos. Entre ellas se encuentra el líder indígena miskitu Brooklyn Rivera quien  tras su participacion en abril del  2023 el Foro de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indigenas falleció el 30 de mayo del presente año,  bajo custodia del Estado tras 971 días en los que se le mantuvo en situación de desaparición forzada, incomunicado, sin que su familia conociera el sitio de detención ni se le permitieran visitas.

Durante ese período, las autoridades nicaragüenses mantuvieron oculto su paradero y no proporcionaron información sobre su estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua  y otros mecanismos de protección expresaron consternación y condenaron su muerte bajo custodia del Estado y destacaron el impacto colectivo de este caso para el pueblo miskitu y la defensa de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas.

En Cuba también se han denunciado graves vulneraciones de derechos durante la privación de libertad, incluidas afectaciones a la integridad personal y a la salud de las personas detenidas. Las denuncias de falta de atención médica, torturas y deterioro físico en prisión evidencian la importancia de garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y de investigar de manera efectiva las posibles responsabilidades estatales cuando una persona muere bajo custodia del Estado.

¡Basta de prisión por motivos políticos!

En este 30 de octubre, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de documentar, visibilizar y denunciar la prisión política en Cuba y Nicaragua y sus graves consecuencias para las víctimas, sus familias y la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Exigimos a las autoridades de ambos países que cesen la persecución y el encarcelamiento por motivos políticos, que liberen inmediatamente a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad, que informen donde están las personas desaparecidas por motivos políticos, les liberen de inmediato  y que garanticen la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

La activista cubana Aymara Nieto, un año después de comenzar una nueva vida en República Dominicana

El año transcurrido desde que Aymara Nieto aterrizara en Santo Domingo, República Dominicana, procedente de La Habana representa el tiempo de libertad reconquistada, pero también de distancias e incertidumbres varias. Muchos acontecimientos sucedieron a nivel mundial desde entonces: la geopolítica se ha reconfigurado, los cambios han sobrevenido y la vida de quien fuera una reconocida integrante de las Damas de Blanco, el movimiento ciudadano de oposición pacífica fundado en 2003 por familiares de disidentes encarcelados, también se ha transformado. Hoy, luego de un intenso período de adaptación a su nueva realidad y tras lo que describe como un profundo encuentro con la fe, nos concede esta entrevista.

En agosto de 2025, tras más de seis años de prisión política y acoso, fuiste obligada a exiliarte en República Dominicana, ¿cómo ha sido el proceso de reconstruir tu vida lejos de tu patria y cuáles han sido los mayores desafíos de adaptación durante este periodo?

“Ha sido una experiencia muy fuerte para mí, para mi familia, ya que se me obligó a salir de mi país por defender, en mi patria, los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. 

Cuando llegué a RD, fui acogida por hermanos de lucha de la ‘Fundación Cubano Americana’. Y tengo una relación muy especial con quienes me recibieron, que desde el encuentro en el aeropuerto nos brindaron su casa sin ningún tipo de interés. Me apoyaron, y todavía son mis padres adoptivos aquí, pues todos los días mantenemos esa comunión de que yo soy su hija. Con ellos celebramos el cumpleaños de la niña, los aniversarios de nosotros. La verdad es que ha sido algo muy bueno en mi vida: contar con personas con valores, que al enterarse de que hemos pasado por cosas tan malas como familia, nos han dado ese soporte cual allegados cercanos.

A pesar de que todavía no tengo papeles aquí y no he podido realizar trabajos formales, me dedico a limpiar casas y hay que estirar ingresos mínimos pues aún no se me permite laborar legalmente, sobrevivo porque tengo la fuerza y tengo algo mayor: hemos encontrado a Dios. 

Somos cristianos pentecostales. Mi hija más pequeña se está adoctrinando ahora; dentro de poco se bautiza, yo ya me bauticé. Y el visitar la iglesia, estar en comunión con el Señor, ponerlo en primer lugar de nuestras vidas, conocerlo, todo esto ha sido muy positivo. Han sanado las heridas, hemos sabido perdonar todo el daño que nos hicieron”.

Durante tu prisión sufriste traslados punitivos a cientos de kilómetros de tu familia, celdas de castigo y falta de atención médica. ¿Cuál es tu estado de salud actual y cómo evoluciona la recuperación física y psicológica de esas secuelas?

“Sufrí mucho: retaliaciones, traslados, castigos. Yo estaba en la prisión de La Habana, en El Guatao, llamada Prisión de Mujeres del Occidente, y fui trasladada para la prisión provincial de Las Tunas, la Prisión Provincial Típico Nuevo, a más de 700 kilómetros de distancia de los míos.

Allí me sometieron a celdas de aislamiento sin haber cometido delito alguno. Solo porque mi esposo hacía denuncias en los medios, me mantenían castigada, me retiraban el acceso al teléfono y me humillaban verbal y físicamente. Además, la atención médica en la prisión era deficiente: faltaban medicamentos y asistencia sanitaria básica.

Debido a mi firmeza, mi resistencia en la lucha, al apoyo internacional y a mi pertenencia a organizaciones opositoras, la represión en mi contra se intensificó al máximo.

Era muy difícil. Estuve dos años sin ver prácticamente a nadie. Como atravesábamos la pandemia del COVID y la cuarentena, mi familia no podía trasladarse a Las Tunas pues se había suspendido el transporte. Yo duré dos años y ocho meses allí y solo tuve una visita. Fue duro. Y el saber que había una epidemia mortal, que estaban muriendo muchas personas mientras yo estaba en una celda, hacía mayor la angustia.

Yo clamé a Dios por mi gente, que me la librara de aquello y que todo lo malo del mundo me pasara a mí y los salvara de la enfermedad y de las tantas cosas que estaban sucediendo en esos momentos. Fue muy fuerte para mí, para nosotros.

Hoy la fe ha transformado por completo mi vida y la de mi entorno. Gracias a eso puedo decir que estoy curada de las afecciones de salud que padecí en prisión; por ejemplo, sufría de hipertensión, pero desde que puse mi vida en manos del Señor no he vuelto a tener episodios ni secuelas. Perdoné todo lo que me hicieron, para que Dios tome el control sobre los abusos cometidos contra mí, contra los presos políticos y contra el pueblo cubano.

Mi familia también ha encontrado el sendero de la espiritualidad y eso nos ha permitido reconstruirnos. A pesar de estar aún separados, mi hija mayor vive en Cuba con mi mamá y mis cuatro nietas, la creencia ha restaurado nuestras vidas. Quisiera ser un testimonio para los presos políticos y sus familiares: les exhorto a buscar a Dios y ponerlo en primer lugar para superar los obstáculos frente a la dictadura”.

Es conocido lo doloroso que fue separarte de tus tres hijas, dos de ellas menores al momento de tu arresto y el papel crucial de tu madre apoyándote. ¿Cómo se encuentra tu núcleo familiar y de qué manera han afrontado las secuelas emocionales de la cárcel, el distanciamiento prolongado y el exilio?

Yo no quería abandonar Cuba; en todas las entrevistas lo decía: que tendrían que matarme en mi tierra. 

Sin embargo, cuando me plantean el ultimátum de que o me iba del país o no saldría de prisión, tuve que pensar en mis hijas, que ya eran adolescentes (cuando me arrestaron las menores tenían solo cinco y nueve años). Ahí me detuve a reflexionar. Si no fuera por mis niñas, yo todavía estaría en prisión. Por ellas finalmente acepté. 

Al llegar al exilio necesité volver a conocerlas. No sabía sobre sus nuevos gustos ni sus personalidades, y ellas apenas tenían memoria de la convivencia conmigo ni del trato maternal. Nos tocó rehacer nuestra relación familiar desde cero.

Al principio tuve una crisis. Cuando pasan todas esas cosas, la coraza que uno tiene ante cualquier situación para que nadie te vea flaquear, se quiebra. Pasé por una depresión muy grande, de unos dos meses. No tenía ánimos de bañarme, de peinarme, ni de comer, ni de nada. Y de ahí me levantó la oración, porque fue algo muy terrible.

Pero ya estoy bien. Estoy como que, no lo vas a creer, hermano, pero como que yo no pasé por nada de eso. Me siento así pues Dios me ha quitado toda la angustia, toda la tristeza, toda la tensión que tuve que enfrentar; porque cuando uno es preso político en una dictadura, también tiene que lidiar con los presos comunes, con los guardias, con la Seguridad del Estado, y debes mantener tu mente muy alerta porque te pueden hasta matar.

Hoy estamos en armonía y con mucho amor; en mi casa no se discute, todo se habla bajo la paz y el gozo del espíritu. Hemos dejado el dolor atrás. 

Mi madre sí sufre todavía. Ella no ha tenido este proceso de fe, carga con el peso de los siete años que estuve encarcelada y la lejanía actual. Hemos completado un año más separadas donde solo nos comunicamos por videollamadas cuando la red lo permite, pues los constantes apagones en Cuba hacen imposible la comunicación. 

También quiero reflejar que mi hija mayor está embarazada, ya casi al parir, ingresada en el Hospital Nacional, y yo… es el cuarto nieto con el que no voy a poder ayudarla, con el que no voy a poder estar”.

Están documentadas las detenciones arbitrarias y la persecución constante contra tu esposo, Ismael Boris Reñí. ¿Cuál es su situación actual y la de tus compañeros de causa que permanecen en Cuba?

“Mi esposo, Ismael Boris Reñí, sufrió persecución constante en la Isla. Afortunadamente, ya se encuentra conmigo aquí en República Dominicana, donde podemos vivir sin el acoso diario del régimen.

Pero no ocurre lo mismo con muchos de nuestros compañeros. Activistas como Roberto Ferrer, aunque han salido de la cárcel, se hallan en ‘libertad condicional’, lo que equivale a estar recluidos en sus propios hogares bajo la vigilancia de la Seguridad del Estado.

Otros casos son aún más graves, como el de Yunaykis Linares, presa política del 11J, a quien le revocaron la libertad condicional concedida tras la mediación del Vaticano y la reingresaron en prisión para cumplir los tres años restantes de su condena. Muchos otros manifestantes del 11J continúan encarcelados. La represión no para.”

Desde 2013 contabas con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el acompañamiento de Raza e Igualdad. ¿Qué eficacia tuvieron estas herramientas?

“Conté con el respaldo fundamental de muchas organizaciones. He sido parte de las Damas de Blanco, la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), Cuba Decide y el Foro por los Derechos y Libertades. Durante mi encarcelamiento recibí el apoyo constante de líderes como Berta Soler, Claudio Fuentes, Rosa María Payá y José Daniel Ferrer, así como de redes internacionales en Europa y Estados Unidos.

El acompañamiento de la CIDH y de Raza e Igualdad fue decisivo. La presión que ejercieron las medidas cautelares e informes de estas instituciones fue determinante para que el régimen prefiriera mandarme al destierro antes que mantenerme en prisión, dada la visibilidad que había alcanzado mi caso.”

Tu excarcelación no representó la libertad plena, sino una nueva condena: la del exilio forzado. ¿Cómo evalúas el uso sistemático de la expulsión del país para desarticular el liderazgo opositor?

“El exilio forzado sigue siendo la herramienta principal del régimen para neutralizar el liderazgo opositor. En mi caso, tras haber cumplido una condena previa de un año, salí a las calles con el mismo compromiso activista. Por ello, en esta última ocasión, los oficiales de la Seguridad del Estado me notificaron explícitamente que las calles de Cuba estaban prohibidas para mí y que la única vía para salir de la cárcel era abandonar el país. Sí, es un mecanismo sistemático para vaciar a la oposición interna.”

 

Siempre reiteraste tu compromiso de exigir la liberación de los presos políticos, ¿cómo mantienes la articulación con los movimientos de derechos humanos desde el exterior?

“Me mantengo totalmente activa en el exilio. Sigo colaborando de cerca con las Damas de Blanco, UNPACU y Cuba Decide. Participo activamente en las manifestaciones y actividades organizadas por la Asociación Cubano Dominicana y otros grupos de exiliados para visibilizar la causa cubana. Hago un llamado constante a la unidad de todos los hermanos en el exilio para exigir la liberación de los prisioneros políticos y elaborar mecanismos de presión contra el régimen. Yo firmo cada petición que me envían a favor de un cambio para Cuba y de la libertad de los prisioneros; mi firma siempre estará ahí.

Siento profundamente el sufrimiento de los presos políticos. Si la situación en las cárceles era grave durante mi reclusión, hoy es más crítica debido al colapso del sistema eléctrico nacional: la falta de energía impide la conservación de los pocos alimentos que hay y no permite el bombeo de agua potable, por ejemplo. Los familiares a menudo no pueden hacer las visitas porque no tienen nada de comida para llevar o no hay transporte para trasladarse. La crisis en las prisiones y en la sociedad cubana es absoluta.”

Como mencionas, en la Cuba actual, la honda crisis socioeconómica y la represión continuada agravan el escenario, ¿cuál es tu lectura de la situación de los derechos humanos en las cárceles y en la sociedad cubana?

“La situación en Cuba es insostenible. La escasez de agua, alimentos y electricidad ya ha alcanzado niveles extremos. Esta debacle trae consigo, además, el aumento de la violencia social, de los robos y la desesperación entre la población.

El deterioro en las prisiones va paralelo al del país. La mayoría de los cubanos sobrevive en condiciones francamente deplorables, mientras que una minoría que tiene acceso a remesas del extranjero, algunos pequeños negocios o empresas vinculadas a la cúpula gubernamental mantienen un nivel de vida muy distante del resto. El colapso económico está desencadenando, además, consecuencias sociales severas, como el incremento en los homicidios, feminicidios y suicidios. Sin un cambio político drástico, el escenario solo puede continuar empeorando.”

Para concluir, ¿qué mensaje envías a las defensoras de derechos humanos que permanecen encarceladas y qué llamado haces a la comunidad internacional?

“Les digo por experiencia propia que aun en el punto más oscuro hay esperanza. Pido a los presos políticos y a sus familias mantener la fe y no cesar en las denuncias, las protestas y las demandas de liberación. La comunidad internacional, la ONU y los movimientos en el exilio deben también intensificar la presión sobre el régimen hasta lograr la libertad de todos los prisioneros de conciencia.

A quienes nos han apoyado y a las organizaciones que defienden nuestra causa, les expreso una vez más mi sincero agradecimiento. 

Los cubanos dentro y fuera de la Isla tenemos que mantenernos unidos. No están solos; desde el exilio continuaremos alzando la voz por la libertad. Sigo pidiendo a Dios que traiga un cambio a mi país, para que quienes sufrimos el destierro forzoso podamos regresar a Cuba, nuestra casa.

Que así sea. Gracias, Aymara.



Proteger sin silenciar: Acción de Raza e Igualdad ante la CIDH abre nuevas vías de protección para nicaragüenses exiliados en Costa Rica

  • La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger a diez personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica ante riesgos vinculados con la represión transnacional. La decisión plantea un desafío clave para los Estados que reciben a personas perseguidas: garantizar su seguridad sin impedir que continúen defendiendo los derechos humanos, ejerciendo el periodismo o participando en la vida pública.

Washington, D.C., 21 de octubre de 2026.– Las medidas cautelares otorgadas recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, a solicitud del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconocen la gravedad de los riesgos que estas enfrentan ante la represión transnacional ejercida por el régimen Ortega-Murillo. Asimismo, la decisión abre una oportunidad para fortalecer los mecanismos de protección en Costa Rica, de modo que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan continuar su labor en condiciones de seguridad, sin que su protección implique renunciar al ejercicio de sus derechos.

El pasado 24 de septiembre, la Comisión dio a conocer su Resolución 73/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio del Director de Dario Medios Internacional, Aníbal Toruño, y otras nueve personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica, “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable Costa Rica”.

En su decisión, la CIDH solicita a Costa Rica que, “con miras a proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, realice una evaluación integral e individualizada del riesgo que tome en consideración las circunstancias particulares de cada persona beneficiaria, las causas generadoras y las labores que desempeñan”, y que adopte “las medidas necesarias para garantizar que las personas beneficiarias puedan seguir desempeñando sus labores en condiciones de seguridad en el país”.

Desde Raza e Igualdad, consideramos que la decisión representa un avance relevante en la búsqueda de protección para quienes, desde el exilio, continúan denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, a la vez que pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿cómo garantizar la seguridad de las personas perseguidas sin obligarlas a renunciar a las actividades de defensa de los derechos humanos  por las que han sido objeto de represalias?

La represión cruza fronteras

Desde la represión de las protestas sociales de abril de 2018, Costa Rica se ha convertido en uno de los principales destinos de las personas nicaragüenses que han tenido que abandonar su país. Se estima que cerca de 300.000 nicaragüenses se encuentran en el exilio en territorio costarricense.

Sin embargo, las amenazas contra personas que denuncian al régimen nicaragüense no necesariamente terminan al salir de Nicaragua. La CIDH han expresado su preocupación ante reportes de organizaciones de derechos humanos sobre amenazas y atentados sufridos por nicaragüenses en dicho país, siendo uno de los casos más relevantes el asesinato de Roberto Samcam, Mayor del Ejército retirado y opositor nicaragüense, así como los ataques armados contra el opositor Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, y los atentados contra el opositor Reinaldo Picado, entre otros.

Proteger sin silenciar

Uno de los aspectos más importantes de esta decisión es el reconocimiento de que las medidas de protección deben permitir que las personas beneficiarias continúen con sus labores de defensa de los derechos humanos, activismo político, periodismo e incidencia, en condiciones de seguridad.

Este planteamiento responde a una dificultad concreta del sistema de protección existente en Costa Rica. Raza e Igualdad planteó en su solicitud que el país no cuenta con un protocolo específico para proteger a personas defensoras de derechos humanos. En su lugar, se recurre a mecanismos diseñados para víctimas o testigos de procesos penales, que pueden implicar aislamiento, incomunicación, suspensión de actividades habituales, abandono de la vivienda y permanencia en lugares determinados por las autoridades.

Aunque estas medidas pueden responder a necesidades específicas de otros contextos, su aplicación a personas defensoras, periodistas y activistas puede afectar directamente su capacidad para continuar su trabajo. En situaciones de represión transnacional, esto plantea un riesgo adicional: que quienes buscan protección terminen apartados de los espacios comunitarios, profesionales y públicos desde los que ejercen sus derechos.

Por eso, el enfoque recogido por la CIDH resulta esencial: La protección debe reducir los riesgos, no trasladar a las personas afectadas la carga de renunciar a su labor para mantenerse a salvo.

Para Raza e Igualdad, este principio es fundamental al acompañar a personas que, incluso desde el exilio, siguen denunciando las violaciones de derechos humanos y defendiendo las libertades fundamentales.

Una oportunidad para fortalecer la protección en Costa Rica

El otorgamiento de estas medidas cautelares constituye un resultado importante del trabajo de Raza e Igualdad, pues la resolución reconoce la gravedad y urgencia de los riesgos denunciados y abre nuevas posibilidades de protección para las personas beneficiarias, en concertación con ellas.

Al mismo tiempo, la decisión plantea un desafío que trasciende los casos individuales. Costa Rica, como país de acogida de miles de personas nicaragüenses que huyeron de la represión, necesita fortalecer sus respuestas ante los riesgos que plantea la represión transnacional.

Esto implica avanzar hacia mecanismos de protección adecuados para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas; asegurar que las medidas adoptadas sean efectivas frente a los riesgos identificados, y garantizar que las personas protegidas puedan continuar ejerciendo sus derechos y desarrollando su labor.

También exige investigar los atentados y avanzar en la rendición de cuentas para evitar que la impunidad favorezca nuevos ataques. En ese sentido, Raza e Igualdad ha expresado preocupación por el archivo, el 5 de octubre de 2026, de la investigación dirigida a identificar a la persona que habría ordenado el asesinato de Roberto Samcam, una decisión que, a juicio de la organización, no contribuye a generar el entorno de protección que necesitan las personas nicaragüenses en riesgo.

La seguridad y la defensa de derechos deben ir de la mano

La decisión de la CIDH envía un mensaje importante a Costa Rica y a los demás Estados que solidariamente han ofrecido refugio a los nicaragüenses víctimas de la represión: ofrecer refugio es un paso esencial, pero también es necesario garantizar condiciones reales de seguridad para que las personas perseguidas puedan reconstruir sus vidas y continuar ejerciendo sus derechos.

Para Raza e Igualdad, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de 10 nicaragüenses exiliados en Costa Rica reafirma la importancia de utilizar los mecanismos del Sistema Interamericano para responder a riesgos urgentes y promover medidas de protección que atiendan las necesidades concretas de las personas afectadas.

Raza e Igualdad seguirá acompañando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la denuncia de las violaciones que enfrentan por parte del régimen dictatorial nicaragüense, y abogando para que los países de acogida les garanticen la protección integral que merecen, sin que ello implique renunciar a su labor de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión.

Colectivo 46/2 llama a esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam y fortalecer la respuesta frente a la represión transnacional

El Colectivo 46/2 expresa su preocupación ante la decisión del Ministerio Público de Costa Rica de archivar la investigación dirigida a identificar a quienes habrían ordenado el asesinato del nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Según la Fiscalía, esta línea de investigación podrá reabrirse si surgen nuevos elementos, mientras continúa el proceso penal contra las personas acusadas por su presunta participación en el crimen.

El Colectivo reconoce las diligencias desarrolladas por las autoridades costarricenses, particularmente las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el asesinato. No obstante, preocupa que la autoría intelectual permanezca sin esclarecer, especialmente ante la posibilidad de que el crimen esté vinculado con patrones de represión transnacional contra personas nicaragüenses exiliadas.

El asesinato de Roberto Samcam debe analizarse en un contexto más amplio de riesgos enfrentados por personas nicaragüenses en el exilio. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), cuyo mandato ha contado con el respaldo de Costa Rica, ha documentado un patrón acumulativo e interconectado de violaciones transnacionales de derechos humanos. En su informe de septiembre de 2025, identificó una red de vigilancia e inteligencia que permite al Estado de Nicaragua localizar y vigilar a personas consideradas opositoras o percibidas como tales en el exterior. Asimismo, incluyó el asesinato de Samcam en su análisis sobre violencia física contra personas exiliadas, señalando información significativa que apuntaba a una posible motivación política.

El GHREN ha advertido que, mientras no existan investigaciones exhaustivas e independientes, no puede descartarse que estos asesinatos e intentos de asesinato formen parte de un patrón más amplio de represión transnacional. En este contexto, tanto el asesinato de Samcam como los atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica evidencian la importancia de esclarecer no solo la responsabilidad de quienes ejecutan materialmente estos crímenes, sino también sus posibles móviles y la participación de quienes pudieran haberlos ordenado, planificado o coordinado, respetando las garantías del debido proceso y la independencia judicial.

La investigación adquiere especial relevancia ante los riesgos que enfrentan otras personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses ante amenazas y hechos de violencia vinculados con alegaciones de represión transnacional. La CIDH reconoció los esfuerzos del Estado costarricense y la existencia de mecanismos institucionales de protección, pero consideró que los riesgos identificados no habían sido efectivamente mitigados. Asimismo, hizo referencia al asesinato de Samcam como un hecho que refleja la materialización de un patrón de riesgo similar al enfrentado por las personas beneficiarias.

El esclarecimiento integral del asesinato de Roberto Samcam trasciende, por tanto, la determinación de responsabilidades en un caso individual. Investigar las posibles redes de coordinación y los distintos niveles de responsabilidad constituye también un componente fundamental de la prevención y de las garantías de no repetición.

En este sentido, una declaración conjunta de expertos y expertas de las Naciones Unidas sobre represión transnacional, publicada en septiembre de 2026, recordó las obligaciones de los Estados de prevenir, investigar y responder a estos actos mediante investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y efectivas, que procuren establecer las responsabilidades tanto de sus autores materiales como intelectuales.

En virtud de lo anterior, el Colectivo 46/2:

  • Al Ministerio Público de Costa Rica, solicita valorar, conforme al ordenamiento jurídico costarricense, las vías disponibles para revisar la decisión de archivo y asegurar que se hayan agotado las diligencias razonables para esclarecer la posible autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam, incluida, cuando resulte pertinente, la cooperación judicial internacional.
  • Al Estado de Costa Rica, llama a continuar fortaleciendo las medidas de prevención y protección de las personas nicaragüenses exiliadas que enfrentan riesgos de represión transnacional, incluyendo a Claudia Vargas y su familia, garantizando su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
  • Al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y a los procedimientos especiales pertinentes de Naciones Unidas, solicita continuar dando seguimiento a las investigaciones sobre hechos de violencia contra personas nicaragüenses exiliadas y a los obstáculos para esclarecer sus posibles dimensiones transnacionales, incorporando estos elementos en sus próximos informes y pronunciamientos.
  • A los Estados que acogen a población nicaragüense exiliada, recuerda la importancia de investigar de manera pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva las amenazas, actos de vigilancia, hostigamiento y ataques que puedan constituir formas de represión transnacional, incluyendo sus posibles cadenas de responsabilidad.
  • A la comunidad internacional, llama a acompañar los esfuerzos de los Estados de acogida y a ofrecer, cuando resulte necesario, cooperación técnica y judicial para contribuir al esclarecimiento de estos hechos y fortalecer los mecanismos de protección.

El Colectivo 46/2 reconoce el papel fundamental de Costa Rica como país de acogida de miles de personas nicaragüenses y la importancia de sus instituciones democráticas para su protección. Este llamado responde precisamente a la necesidad de fortalecer la independencia, las capacidades y los recursos de las instituciones costarricenses encargadas de investigar, prevenir y sancionar estos hechos, frente a fenómenos de criminalidad y represión que trascienden las fronteras nacionales. Garantizar investigaciones exhaustivas y acceso efectivo a la justicia resulta indispensable para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.

 

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 23 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones integrantes del Colectivo que han decidido hacer pública su adhesión a este pronunciamiento:

 

  • Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Fundación del Río
  • Fundación Sin Límites
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Peace Brigades International- PBI
  • Urnas Abiertas

“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

Miami, 7 de octubre de 2026 – Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que desde el pasado 18 de julio reside en Miami, Estados Unidos, responde claro y contundente las preguntas a esta entrevista. En la habitación donde llegó luego de cumplir cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el oeste de Cuba, y tras ser beneficiario del programa Parole humanitario del gobierno estadounidense, él habla sobre la Isla, su familia, el Movimiento San Isidro (MSI), la migración, el arte, y las obras con las que denuncia a la dictadura que por años se ha tomado Cuba.

A continuación la entrevista del Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos al artista cubano, recortada para mayor claridad.

Ahora que estás en libertad, ¿en qué piensas frecuentemente? 

Siempre pienso en Cuba, siempre pienso en el arte, en cómo el arte va a seguir funcionando como una herramienta viva que aporta a la sociedad, tanto cubana como fuera de Cuba. Pienso en Cuba, en los que se quedaron atrás, en esa gente que ahora mismo no puede tomar agua potable porque no hay condiciones; que no hay corriente, que no hay vida en Cuba. Pienso en eso.

¿Piensas desde la ansiedad o desde un lugar de reflexión que te lleva a preguntarte: “¿qué más puedes hacer”?

Yo creo que un poco de ambas, yo creo que un poco de ansiedad porque el lugar donde estoy ahora mismo es un lugar desconocido, es un lugar que muestra retos gigantes. Estás desprovisto de un hogar ahora mismo… Tienes que tener una renta, tienes que tener un lugar donde existir. Después has hecho un montón de trabajo que te antecede, pero indiscutiblemente el mundo que viene ahora es mucho más; tienes que volver a conquistar como un nuevo espacio ahí dentro del imaginario popular fuera de Cuba. También quieres que tu trabajo, el arte, tenga esos lugares, esos nichos de reconocimiento occidental, de reconocimiento mundial, porque a partir de ahí es que puedes también seguir trabajando en pro de Cuba. Y después, ¿qué falta por hacer por Cuba? ¿Cuáles son las nuevas ideas que tienen que venir a tu cabeza para salir a trabajar por Cuba? Sufro esa realidad todos los días aún en la distancia, aún desde el exilio.

¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de salir al exilio?

La decisión de salir al exilio tuvo varias etapas. Al año y seis meses de estar preso, yo decidí irme porque me di cuenta del impacto, de lo gigante que habíamos hecho, y que la dictadura cubana no se iba a permitir que Luis Manuel Otero Alcántara caminara por la calle. Después sigo pasando el tiempo y seguía aceptando y hubo un momento donde ya se me está acercando la salida. Tenía la posibilidad de decidir: no me voy de Cuba, si ya pasó los cinco años. Pero ahí sí reafirmé, sobre todo cuando me llevan a la casa cerca de la playa, la casa de la Seguridad del Estado. Cuando me llevan a esa casa, me di cuenta de que no había posibilidad de caminar por las calles. Inclusive, el tratamiento de la Seguridad del Estado en ese entonces ya era de que te vas porque te vas. Vamos a ceder todo lo que podamos pero es para que te vayas, no es para que tú vivas en Cuba, porque no vas a caminar por Cuba. Cuando ves todo ese aparato construido en función de que tú te vas es porque tú eres importante. Inclusive, hubo un momento donde me sacaron, entonces era como la cabeza, no podía mencionar mi nombre. Mi nombre era como algo prohibido mencionarlo. Yo decía: ‘Bueno, parece que sí, tú tienes un impacto en la sociedad y por supuesto que la dictadura no va a permitir su muerte, su propia muerte’, ¿entiendes? Y ahí es cuando me doy cuenta de que dentro de Cuba iba a ser imposible seguir trabajando. Yo podía montarme una tabla radical de quedarme en la casa, pero me iba a quedar en la casa sin internet, sin herramientas para poder seguir aportando; y es cuando decidí salir del exilio.

¿Qué se siente estar andando por la calle sin que te estén vigilando?

Todavía estoy traumado con la vigilancia. Cuando entro aquí al espacio, que voy a entrar por la calle, y pasa un carro, siento como que ese carro viene para mí. Los otros días estaba parado afuera, había una patrulla de policía en la esquina y al momento mi cuerpo regresó a aquel sitio de La Habana. Yo siento que todavía estoy vigilado, siento que donde quiera que me mueva hay un ojo de la Seguridad del Estado y del régimen cubano como pendiente de mí.

De las obras y los performances que has realizado, ¿cuál ha sido el más simbólico y más fuerte a la hora de retratar al régimen cubano?

Yo creo que mi obra en general es un testimonio vivo de esa relación dictadura tratando de descarchar el arte que le es incómodo, tratando de descarchar el arte que es comprometido con la gente… En mi trabajo siempre me comprometí con que llegara a la gente, con que hiciera pensar al individuo que camina por las calles, al individuo que hace las colas, al individuo que sufre la dictadura desde lo más primario… Y no creo que haya una obra específica, sino en mi conjunto, en mi propio cuerpo performático, mi propio cuerpo cultural, activista, artista, es la gran obra.

¿Qué ha sido lo más gratificante de haber creado el Movimiento San Isidro?

Yo creo que lo más gratificante de haber generado o de haber formado parte del Movimiento San Isidro es, primero que todo, haber demostrado que el arte era una herramienta de cambio real; no solamente un comentario político, no solamente la expresión de un artista, sino demostrar que una herramienta poderosa como el arte sirve para cambiar las cosas de primera mano, no a través de terceros ni a través de cuartos… Yo creo que para mí fue lo más importante y, por supuesto, ver en el terreno cómo una sociedad cambia de estado de terror, estado de miedo a volverse una sociedad cívica, a volverse una sociedad que podía ser capaz de tomar las riendas de su futuro inmediato y a largo plazo. Y partió de un proyecto cultural, un proyecto artístico como se llamó el MSI. Para mí la historia de Cuba está en San Isidro, pues como están muchos otros proyectos como el proyecto Varela,  y otros tantos proyectos como las Damas de Blanco, UNPACU, yo creo que San Isidro también forma parte de ese sitio de la historia reciente y forma parte también de la memoria colectiva y de esos cubanos que se sacrificaron porque Cuba fuera un sitio mejor, y eso me encantaría que así se recogiera en la historia.

Ahora que estás en el exilio, ¿cómo ves Cuba? ¿En qué cambia la mirada? 

Me cuesta trabajo responder esa pregunta porque todavía no creo que haya aterrizado. Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión, esa especie de limbo que fue después estar en esta casa, esa especie de limbo que es montarte en un avión así y aterrizar en un sitio con toda una cantidad de información que tu cerebro está procesando. 

¿Qué fue lo más difícil de estar en prisión?

Brother, lo más difícil de estar en prisión es la prisión. La prisión es un sitio horrible. La prisión es un sitio que si pudiera como describírtelo con palabras, no se puede describir con palabras. De hecho, traje una serie de obras. Mis pinturas van a hacer un aporte a entender. Por ejemplo, hay una serie que hice que eran como unos agujeros negros, que tú sientes que estás como en una especie de limbo, como esas pesadillas que tú te caes al vacío y nunca llegas al fondo y siempre estás con esa ansiedad. Yo recuerdo la última vez que estuve en un parque de diversiones, que me montaron un aparato: eso que era como un barco y yo estuve como en la punta esa que subía para arriba, y esa sensación de bajar para abajo, que tú sientes como eso que te vas a morir. Esa adrenalina que es tóxica, es lo que tú sientes en la prisión a diario. Tú sientes que estás en un vacío que no llegas al fin. Inclusive ya después que sales, sigue estando ese vacío como muy perenne en ti durante mucho tiempo. Literalmente, tú lo que sientes en la prisión es que estás asfixiado. Esa sensación de ahogo que no te entra aire. 

Si pudieras explicar lo que pasa en Cuba a personas que no son de la Isla, ¿qué les dirías? ¿Por qué no se puede ‘romantizar’ lo que está ocurriendo?

Primero, no se puede romantizar, no se puede, es imposible romantizarlo; es imposible inclusive banalizar lo que la gente pasa en Cuba, es imposible tenerle cariño a una dictadura. Cuando alguien venga a decirme a mí algo sobre Cuba, que me estén hablando de la utopía o me estén hablando del bloqueo, del embargo, que los americanos; les diré que en Cuba lo que hay es una dictadura. En Cuba hay más de mil presos políticos. Y los presos políticos que hay ahora mismo no son ni siquiera activistas, ni son opositores. Son niños, jóvenes, mujeres que salieron a la calle a exigir un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. Entonces, si alguien romantiza eso es cómplice de la dictadura, es cómplice de las malas personas que están dirigiendo ahora mismo ese país. Estamos hablando de que hoy, a lo mejor hace 50 años atrás, 40 años atrás no había internet, nadie podía ver lo que pasaba en Cuba y tenías que guiarte por la propaganda del régimen. Pero ahora mismo que el día 11 de julio está ahí, que hay más de mil presos políticos, que hay más de no sé cuántas mil denuncias, si tú ahora mismo vives en una burbuja ese romanticismo, tu eres una mala persona. Tú eres una mala persona porque eres cómplice de una dictadura y yo con dictadores no quiero negocio, ni con sus cómplices menos les voy a aguantar la justificación del romanticismo. No son románticos, son asesinos.

***

Desde el instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las denuncias hechas por Luis Manuel Otero Alcántara. También condenamos el exilio forzado del que han sido víctimas este artista cubano y otras personas activistas, periodistas independientes y defensoras de los derechos humanos. Instamos al régimen autoritario de Cuba que cese la represión, libere a las personas privadas de libertad por motivos políticos e inicie una transición democrática que proteja los derechos fundamentales de las personas cubanas, dentro y fuera de la Isla.



Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Bogotá, 2 de octubre de 2026 – Luego de visitar las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó (en Colombia), del 4 al 14 de mayo de este año, el EMLER presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que concluyó que existe un racismo sistémico contra las personas afrocolombianas, que se reproduce en las instituciones encargadas de proteger y de hacer justicia. Sus hallazgos centrales sobre la labor policial y el sistema de justicia, son los siguientes:

 

  • Racismo sistémico, “normalizado e invisibilizado”, arraigado en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia.
  • Perfilamiento racial de uso “sistemático y generalizado”.
  • Uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la letal: jóvenes afrodescendientes perseguidos y baleados por la espalda; familias que llevan años sin avances en la investigación.
  • Expresiones policiales deshumanizantes y presencia policial excesiva en espacios de encuentro comunitario afrodescendiente.
  • Comparendos y multas arbitrarios, “comparendos fantasma”, cuotas policiales informales y uso discriminatorio del traslado para protección.
  • Impunidad, falta de acceso a la justicia y temor a denunciar.
  • Invisibilidad estadística: ausencia de datos desagregados por raza y caída del 31% de la población afrocolombiana en el censo de 2018.

El Mecanismo también advirtió que el perfilamiento racial escala hacia el uso innecesario de la fuerza. Los encuentros originados en detenciones, requisas o controles de identidad basados en estereotipos “pueden escalar innecesariamente hacia formas de violencia física”, incluida la fuerza letal. El informe sostiene que la impunidad transmite a las familias el mensaje de que sus vidas tienen menor valor ante las autoridades. 

“Nos permitimos indicar que la violencia policial racista no termina con el cuerpo de la víctima. Sus efectos se extienden a todo el Pueblo Negro, y ese daño colectivo es parte esencial de la violación”, señala el documento. 

El EMLER documentó afectaciones psicosociales, socioeconómicas, familiares y comunitarias: miedo, ansiedad, estrés, desconfianza hacia la policía y una sensación de desprotección colectiva. 

Esto tiene consecuencias en la relación entre las comunidades y las instituciones, cuando el Estado presume criminalidad por el color de la piel, el cuerpo, el cabello, la ropa, la música o el barrio, se rompe la relación básica de confianza entre ciudadanía e institucionalidad. Las personas dejan de denunciar y de acudir a la justicia, y el subregistro protege a quienes ejercen la violencia. El Mecanismo constató una “desconfianza generalizada” de la población afrodescendiente hacia las instituciones de seguridad y de justicia.

A esto se suman consecuencias que muchas veces permanecen; las multas acumuladas actúan como antecedentes que cierran el acceso al empleo y empujan a jóvenes a vivir en la informalidad o, en su defecto, el desempleo. El EMLER las describió como una forma de “criminalización administrativa de la negritud, la pobreza, la juventud y la disidencia sexual y de género”. 

El informe del EMLER se dio a conocer mientras en Colombia se denunciaba el caso de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre en el suroccidente de Bogotá, luego de que lo golpeara un grupo de agentes de la Policía Nacional. Este hecho se suma al de Luis Alfredo Echeverry, otro joven afrocolombiano que murió el pasado 27 de septiembre en el departamento del Cauca, dos casos que reproducen con inquietante precisión los patrones de violencia que ha documentado el Mecanismo de Naciones Unidas: Un encuentro policial en un barrio popular con presencia mayoritaria de población afrodescendiente, el uso de la fuerza contra una persona reducida y bajo control estatal, denuncias públicas de que el procedimiento habría comenzado con expresiones discriminatorias, y una comunidad que debe movilizarse para que las pruebas se preserven y la investigación avance.

Los hallazgos del EMLER son generales y no constituyen una conclusión sobre ambos casos. Sin embargo, el componente racial debe integrar la investigación desde el primer día. “Se debe  analizar el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Una investigación que ignore esa dimensión será una investigación incompleta”, señala el informe.

A raíz de la publicación de este documento y de los recientes casos de violencia en los que dos hombres afrocolombianos han resultado fallecidos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas concretas frente a estos hechos y atiendan las recomendaciones formuladas por el mecanismo internacional.

En primer lugar, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad, independencia e imparcialidad las muertes de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, garantizando de inmediato la preservación de todas las pruebas, incluidas las grabaciones de cámaras públicas y privadas. Asimismo, consideramos fundamental incorporar el componente racial en ambas investigaciones y evaluar la calificación penal que corresponda, de acuerdo con los estándares internacionales sobre tortura y uso ilegítimo de la fuerza.

A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa les solicitamos colaborar plenamente con la justicia, garantizar que ningún agente sospechoso permanezca en funciones que puedan permitirle afectar el desarrollo de las investigaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda estigmatizar a las víctimas o a sus comunidades. Al Ministerio Público le corresponde ejercer una vigilancia activa sobre los procesos disciplinarios y penales, así como garantizar el acompañamiento a las familias con un enfoque étnico-racial y diferencial.

De igual manera, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proporcione garantías a las familias y a las comunidades frente a posibles represalias, asegure su participación efectiva en los procesos y garantice una reparación integral, incluida la garantía de no repetición. También solicitamos la adopción de un plan público para implementar las recomendaciones del EMLER, con responsables definidos, cronograma, presupuesto y mecanismos de seguimiento que cuenten con la participación de las organizaciones afrodescendientes. Este plan debe incluir la prohibición expresa del perfilamiento racial, el inicio del proceso para trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil y la publicación de datos desagregados por raza y origen étnico sobre uso de la fuerza, detenciones, comparendos y muertes bajo custodia.

Al Congreso de la República le solicitamos avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y en la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), así como legislar para prevenir y sancionar el perfilamiento racial.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento público tanto de estos casos como de la implementación de las recomendaciones formuladas por el EMLER, con el fin de contribuir a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas y comunidades afrodescendientes afectadas.



Colectivo 46/2: informe de la OACNUDH documenta la concentración del poder y la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua 

21 de septiembre de 2026.- El Colectivo 46/2 participó en el diálogo interactivo sobre el último informe del Alto Comisionado relativo a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, celebrado en el marco del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El informe de la OACNUDH, que abarca el período entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, advierte sobre la profundización del desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, la creciente concentración del poder y el cierre del espacio cívico. En los últimos ocho años, 5.539 organizaciones han sido disueltas arbitrariamente y al menos 56 medios de comunicación han sido clausurados. La Oficina también documentó desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal y graves condiciones de detención, y advirtió que la magnitud real de las violaciones podría ser mayor debido al temor a represalias, la falta de acceso al país y la ausencia de cooperación de las autoridades. 

El informe alerta además sobre la expansión de la violencia transnacional mediante amenazas, vigilancia, asesinatos, atentados, desplazamiento a un tercer país por razones de seguridad, denegaciones arbitrarias de ingreso,represalias económicas contra periodistas, personas defensoras, personas percibidas como opositoras y sus familiares. 

Durante el diálogo, una declaración conjunta interregional de 47 Estados expresó preocupación por la concentración del poder y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, y reiteró su respaldo a elecciones libres, plurales y transparentes. También manifestó alarma por la persecución de opositores dentro y fuera del país y por la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera, y llamó a Nicaragua a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. 

Asimismo, Chile, Paraguay, Brasil, Nueva Zelanda, Georgia, Uruguay, Rumania, República Checa, Alemania y Reino Unido, entre otros, se refirieron a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia y otras formas de persecución. Por su parte, Costa Rica, España, Chile, Nueva Zelanda, República Checa, Austria, entre otras, alertaron sobre la dimensión transnacional de la represión y sus impactos sobre las personas nicaragüenses en el exilio. Asimismo, delegaciones como España, Chile, Uruguay, Rumania, Francia, Suiza y Reino Unido destacaron las restricciones a las libertades fundamentales y a la participación política.

Las organizaciones del Colectivo 46/2 destacaron los graves riesgos que conllevan para la vida y la integridad personal las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, un patrón que ha adquirido un carácter predominante en los últimos años para las nuevas detenciones. Recordaron que a la fecha al menos 60 personas están en prisión por motivos políticos, de las cuales 23 están desaparecidas, entre ellas dos menores de edad, y subrayaron la dimensión de género de la represión y persecución por motivos de género: desde 2018 se han documentado 290 detenciones arbitrarias, 98 judicializaciones y 58 desapariciones forzadas de defensoras, además de cientos de desplazamientos y al menos 559 situaciones de represión migratoria. 

Las organizaciones también llamaron la atención sobre la situación en los territorios indígenas y afrodescendientes. Advirtieron sobre la expansión de concesiones mineras y la escalada de violencia en territorios mayangnas, en un contexto de ocupación de tierras por los colonos, asedio a las comunidades y falta de garantías para la  consulta y consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, denunciaron que 8 guardabosques mayangnas y 4 lse encuentran en  

El Colectivo 46/2 llama a la comunidad internacional a mantener un escrutinio sostenido sobre Nicaragua, respaldar los mecanismos internacionales de derechos humanos, exigir al Estado poner fin a la represión en todas sus formas, liberar a las personas detenidas arbitrariamente, informar de inmediato sobre el paradero de  las personas desaparecidas, garantizar su liberación inmediata y adoptar las medidas necesarias para asegurar el derecho a la verdad, justicia, reparación y protección para las víctimas.

 

El Colectivo 46/2 reúne a 23 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales que informan periódicamente a la comunidad internacional sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones que hacen pública su adhesión a este pronunciamiento: 

  • Asociación Memoria y Justicia (AMJ)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
  • Fundación Sin Límites (FSL)
  • Fundación del Río
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos  (IM-Defensoras) 
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Peace Brigades International (PBI)
  • Right Livelihood

En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

Washington D. C., 8 de septiembre de 2026 – El pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha para visibilizar la lucha contra el racismo y reafirmar la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias. En Cuba, informes de organizaciones de la sociedad civil y las observaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advierten sobre la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente.

Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado la Revolución de 1959 como el momento en que la discriminación racial quedó atrás. Sin embargo, más de seis décadas después, persisten brechas en ámbitos como el empleo, la vivienda, los servicios básicos, las oportunidades económicas e, incluso, en la proporción de personas privadas de libertad. En el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos documentado cómo estas desigualdades tienen un carácter estructural y reproducen condiciones históricas de exclusión.

Estas brechas, planteadas durante la revisión de Cuba ante el CERD en abril de este año, se evidenciaron en las observaciones finales de este órgano independiente divulgadas en mayo pasado.

Las mujeres y niñas afrodescendientes cubanas, por ejemplo, “enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política… y se ven afectadas de manera desproporcionada por embarazos adolescentes y mortalidad materna. Además, preocupa la prevalencia de la violencia de género, incluidos los feminicidios”, señala uno de los apartados del informe del CERD. 

Desigualdad y falta de información

Por otra parte, en Raza e Igualdad hemos cuestionado las metodologías utilizadas para identificar a la población afrodescendiente y hemos señalado la necesidad de contar con información que permita visibilizar las desigualdades raciales. En su reciente revisión, el CERD consideró insuficientes las estadísticas disponibles para evaluar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas afrodescendientes. Por ello, recomendó revisar la metodología estadística a partir de la autoidentificación, realizar un nuevo censo y publicar datos desagregados.

La desigualdad también se manifiesta en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Según la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH), durante 2025 se registraron 3.511 acciones represivas que afectaron a 3.310 personas, de las cuales 1.842 eran afrodescendientes, equivalentes al 55,6 %. Esta organización también documentó una presencia significativa de personas afrodescendientes entre las víctimas de acciones represivas dentro de las prisiones.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, también evidenciaron estas dinámicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la desigualdad racial estuvo entre los factores asociados a las manifestaciones y que la represión afectó de manera desproporcionada a personas afrodescendientes.

El CERD, por su parte, expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas. También manifestó preocupación por el acoso, las amenazas, la vigilancia, las restricciones de movimiento y la criminalización de activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos de las personas afrodescendientes.

Una igualdad que todavía no es suficiente

Las conclusiones del CERD cuestionan la idea de que el racismo sea un problema superado en Cuba. El Comité reconoció que la población afrodescendiente continúa enfrentando racismo y discriminación estructural, vinculados al legado histórico de la esclavitud, que se expresan en la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, la sobrerrepresentación en la población penitenciaria y las brechas en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.

El Comité también manifestó preocupación por la falta de información suficiente sobre la implementación, los resultados y el impacto del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, adoptado en 2019, así como por la necesidad de garantizar una participación amplia e inclusiva de las personas afrodescendientes y de sus organizaciones en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), en Raza e Igualdad manifestamos que combatir el racismo exige más que reconocer la igualdad ante la ley. Como ha señalado el CERD, Cuba debe adoptar medidas concretas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación de la población afrodescendiente, fortalecer la igualdad en el ámbito laboral, investigar las denuncias de perfilamiento racial y garantizar un espacio cívico seguro para quienes defienden sus derechos.



Organizaciones de derechos humanos instan a la reunión de cancilleres de la OEA a adoptar medidas enérgicas ante la crisis nicaragüense

Washington D.C. y San José, Costa Rica; 1 de septiembre de 2026.- Organizaciones de derechos humanos  enviaron el día de hoy a las delegaciones diplomáticas de la Organización de Estados Americanos una carta en la que reconocieron la labor del Consejo Permanente de la OEA, que recientemente adoptó la resolución CP/RES. 1317 (2601/26) titulada: “Convocatoria de una reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación de Nicaragua”.

Las organizaciones celebran que la resolución haya sido adoptada por una amplia mayoría de 29 votos, lo que demuestra el apoyo casi unánime de los estados americanos al pueblo nicaragüense, que demanda vivir en democracia y ha asumido durante estos ocho años de crisis el alto precio de defender la democracia con sus vidas, su libertad, su integridad personal, y sufrido cárcel, destierro y exilio forzado.

Las organizaciones afirman haber sentido la solidaridad de todos los países que promovieron y aprobaron dicha resolución y de todos aquellos que se pronunciaron rechazando que una dictadura en el hemisferio americano condene a su pueblo a no poder elegir a sus gobernantes libremente como lo establecen la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos de la Organización.

Las organizaciones consideran que están ampliamente documentados los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril 2018, como lo confirmó el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto del periodo comprendido entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018, el hecho que Nicaragua haya sido incluida en el Cap. IV B del Informe Anual de la CIDH en ocho informes consecutivos y todos los informes publicados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Por ello, las organizaciones expresan que no deja de asombrar y decepcionar la indiferencia o la falta de determinación que aún persiste en algunas delegaciones para tomar con la urgencia del caso, acciones que puedan conducir a superar la crisis, luego de que se ha constatado durante años la renuencia del régimen Ortega Murillo para escuchar a la OEA y sus órganos que han demandado reiteradamente se libere a los presos políticos, el cese de la represión y que se respeten los derechos humanos reconocidos en todo gobierno que se precie de democrático.

Las organizaciones estiman que la convocatoria a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es motivo de esperanza y confían en que se reunirá con la prontitud que la crisis amerita. Afirman que el tiempo que se le ha dado a la dictadura nicaragüense solo sirvió para que consolidar su modelo represivo y que las víctimas aumentaran exponencialmente quedando expuestas incluso a la represión transnacional en los países que han encontrado refugio.

Para las organizaciones, una construcción dinástica como la que se empeñan en imponer Ortega y Murillo a perpetuidad para Nicaragua tras un proceso de “consultas” llevado a cabo bajo la dirección de la familia Ortega es claramente incompatible con las obligaciones internacionales de Nicaragua ante la OEA y con el compromiso de la OEA frente al pueblo nicaragüense, único y verdadero depositario de la soberanía y por lo tanto, sujeto del derecho internacional. Por ello, las organizaciones consideran que está más que justificado que la OEA se valga de todos los medios a su alcance para restablecer la democracia con la urgencia que el caso amerita.

Las organizaciones expresaron su confianza en que la Reunión de Cancilleres adoptará acciones concretas que conduzcan al restablecimiento de la democracia y el pleno goce de los derechos humanos.

Entre estas acciones, se sugieren las siguientes:

1.Sentar las bases para la salida del poder de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante un llamado enérgico y acciones concretas que conduzcan al cumplimiento del derecho regional americano y la Carta Democrática Interamericana.

2.Exigir a los Co-dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus proyectados sucesores su salida del poder.

  1. Adoptar sanciones políticas y diplomáticas que incluyan el llamado de embajadores a consulta y eventualmente, la ruptura diplomática, la suspensión de cualquier forma de cooperación o relación comercial e imponer limitaciones para que el Estado de Nicaragua participe en foros regionales en cualquier país que suscribió la resolución CP/RES. 1317 (2601/26).
  2. Impedir que Nicaragua se beneficie de la labor de organismos especializados de la organización regional, como la OPS, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otros.
  3. Interrumpir las relaciones económicas e imponer restricciones en transacciones financieras con Nicaragua.

La comunicación fue suscrita por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS CR), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

Contactos para entrevistas: Carlos Quesada, Raza e Igualdad

Ana Quirós Víquez, CISAS CR.

Azahalea Solís, MAM

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