A ocho años del inicio de la crisis en Nicaragua: una realidad que persiste y exige acción sostenida

A ocho años del inicio de la crisis en Nicaragua: una realidad que persiste y exige acción sostenida

Washington, D.C., 17 de abril de 2026.– A ocho años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que esta no es un recuerdo que pueda borrar el tiempo: es una realidad que se ha transformado, profundizado y que continúa afectando la vida de miles de personas dentro y fuera del país.

Desde abril de 2018, el país ha atravesado un proceso sostenido de represión que ha evolucionado con el tiempo. Lo que inició como una respuesta violenta a las protestas sociales se ha consolidado en un sistema de control que restringe las libertades fundamentales, castiga la disidencia y ha cerrado por completo el espacio cívico.

En Raza e Igualdad hemos dado seguimiento a esta crisis desde sus inicios, realizando acciones de documentación orientada al litigio estratégico ante los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, así como incidencia ante delegaciones diplomáticas y mecanismos internacionales de derechos humanos. Y hoy, nos preguntamos: ¿Qué significan estos ocho años?.

Significan ocho años de persecución política y represión continua, en los que la violencia visible ha sido reemplazada por mecanismos más sofisticados de vigilancia y control.
Ocho años de silencio impuesto, donde ejercer la libertad de expresión implica riesgos reales de criminalización y cárcel.
Ocho años de destierros y exilio forzado, que han fracturado familias y comunidades enteras.
Ocho años de impunidad, en los que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos continúan esperando verdad, reparación y garantías de no repetición.

En este periodo, la persecución política de la dictadura se ha expandido más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en el exilio mediante actos de represión transnacional. A ello se suman los ataques continuos contra Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las restricciones a la libertad religiosa y el cierre sistemático de organizaciones de la sociedad civil y restricciones incompatibles con la libertad de asociación.

La situación en Nicaragua continúa siendo abordada en distintos espacios internacionales; sin embargo, persiste el desafío de sostener una atención y una respuesta acordes a la gravedad y prolongación de la crisis. El riesgo, en este contexto, es que su continuidad contribuya a una peligrosa normalización si no se consolidan los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas frente a un régimen que ha cometido —y continúa cometiendo— crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.

Creemos que a pesar de estos desafíos, la persistencia de la sociedad civil nicaragüense, dentro y fuera del país, así como el trabajo sostenido de mecanismos internacionales de derechos humanos, demuestran que esta crisis sigue siendo documentada, denunciada y acompañada. Estos esfuerzos son fundamentales y deben continuar.

En este contexto, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado urgente a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas, así como a otros actores de la comunidad internacional, a mantener y fortalecer la atención sobre Nicaragua y a adoptar acciones concretas y sostenidas que contribuyan a la rendición de cuentas, en aplicación de la garantía colectiva de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En particular, instamos a:

  • Impulsar resoluciones firmes en el marco de la OEA que reconozcan la persistencia de graves violaciones de derechos humanos y demanden acciones concretas del Estado nicaragüense.
  • Fortalecer y respaldar los mecanismos internacionales de monitoreo e investigación, incluyendo el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos independientes, garantizando los recursos necesarios para su continuidad.
  • Adoptar medidas de presión diplomática y sanciones individuales específicas, dirigidas a quienes sean responsables de violaciones graves de derechos humanos, en conformidad con el derecho internacional.
  • Reforzar la protección a personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo garantías de no devolución, acceso a mecanismos específicos de protección internacional y reconocimiento de su condición de riesgo.
  • Avanzar en acciones de responsabilidad internacional, incluyendo la remisión de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
  • Mantener a Nicaragua como una prioridad en la agenda internacional, evitando su desplazamiento por otras crisis globales que también requieren atención.
  • Reconocer, investigar, juzgar y sancionar los actos de represión transnacional cometidos contra personas nicaragüenses en el exilio, garantizando su protección y el acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, instamos a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a mantener y fortalecer el monitoreo activo de la situación, así como a continuar generando espacios que permitan visibilizar las voces de las víctimas y de la sociedad civil nicaragüense.

A ocho años del inicio de la crisis, Nicaragua no puede ser tratada como un caso más. La persistencia de violaciones graves y sistemáticas exige respuestas proporcionales, coordinadas y efectivas por parte de la comunidad internacional.

En este  aniversario recordamos a todas las víctimas de la represión, denunciamos que la crisis continúa y expresamos nuestra firme convicción de que las acciones sostenidas pueden hacer la diferencia.

Ocho años después, el silencio no es una opción.
Porque la crisis prolongada que vive Nicaragua y un sector de la población perseguido localmente e incluso más allá de sus fronteras sigue cobrando víctimas,  y por ello, debe enfrentarse con acciones decididas y sostenidas que conduzcan a Nicaragua a recobrar su libertad.

Cuba y la noche, documental sobre la represión en la Isla, se estrena el sábado 11 de abril en el Festival de Cine de Miami

Washington D.C., 7 de abril de 2026 – Cuba y la noche (2026, 100 min.), primer largometraje documental del director y sonidista cubano Sergio Fernández Borrás, tendrá su estreno mundial en el 43° Festival de Cine de Miami (MFF, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 9 al 19 de abril. La proyección está programada para el sábado 11 a las 5:45 p.m. en Silverspot Cinema, Room 13, donde además competirá por el Documentary Achievement Award.

La película llega en un momento clave para Cuba, marcado por el recrudecimiento de la represión estatal y el deterioro de las condiciones de vida en la Isla. En este contexto, Raza e Igualdad apoyó parte de la producción de este documental, reafirmando su compromiso con la promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión. A través de una propuesta estética contundente y profundamente inmersiva, la obra construye una narrativa que sitúa en el centro la vigilancia, el hostigamiento y la criminalización de la disidencia.

Coproducida entre España (Free Media), Cuba (Uranio Films) y Colombia (Casatarantula), y distribuida por Habanero Films, la película está construida íntegramente con material de archivo compuesto por transmisiones en vivo de internet, grabaciones con teléfonos celulares y emisiones televisivas. Realizada a lo largo de cuatro años y concebida completamente en formato vertical, la obra apuesta por una estética coherente con los dispositivos desde los cuales se capturaron los hechos, lo que refuerza su carácter inmediato y testimonial. Este enfoque permite reconstruir, desde dentro y sin mediaciones, algunos de los episodios más significativos de la represión reciente en Cuba.

Entre ellos, el acoso y encarcelamiento del rapero Denis Solís en 2020; las acciones lideradas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro en demanda de su liberación; así como el cerco policial contra este espacio de creación independiente. El documental también recoge los acontecimientos que se desencadenaron a partir de estos hechos, como la protesta del 27 de noviembre, las manifestaciones del 27 de enero y el estallido social del 11 de julio de 2021, además de los arrestos de figuras como Otero Alcántara y el músico Maykel Osorbo.

Lejos de adoptar un tono expositivo o didáctico, Fernández Borrás construye una experiencia sensorial que evita la cronología tradicional o el repaso historicista. El documental se articula como una sucesión de fragmentos que, en su conjunto, revelan la intensidad de la vigilancia estatal y la fragilidad de los espacios de libertad en la Isla.

“A través de ese archivo vivo, el filme retrata a una comunidad de artistas, activistas y ciudadanos que decidió decir basta frente al abuso del poder. Más que registrar un conflicto, Cuba y la noche aborda uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Cuba: el inicio de un despertar cívico marcado por la dignidad, la fuerza de lo colectivo y la necesidad urgente de libertad”, afirma Sergio.

Uno de los aspectos más relevantes de Cuba y la noche es su capacidad para capturar la dimensión cotidiana de la represión. No se trata únicamente de grandes acontecimientos, sino de la persistente sensación de vigilancia, del miedo que atraviesa la vida diaria y de la resistencia que emerge en medio de ese contexto. La película se sitúa así en un cruce entre el cine político y el archivo vivo, donde las imágenes no solo documentan, sino que también interpelan.

El estreno de Cuba y la noche en el Festival de Cine de Miami no solo representa un hito para el cine documental latinoamericano, sino también una oportunidad para amplificar las voces de quienes han sido silenciados dentro de la Isla. En un contexto en el que la censura y la persecución limitan gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales, el cine se convierte en una herramienta poderosa para la memoria, la denuncia y la justicia.

Raza e Igualdad celebra la proyección de este documental, que retrata la represión en la Isla, la cual ha empeorado considerablemente en los últimos meses a raíz de los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y el creciente descontento social. Desde Raza e Igualdad continuamos monitoreando la situación en la Isla y denunciando la profunda crisis que atraviesa el país, reiterando nuestro llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre Cuba y exija el respeto pleno de los derechos humanos.



El Colectivo 46/2 reconoce el trabajo del GHREN y celebra la presentación del Nuevo Informe que reafirma las denuncias de las organizaciones de sociedad civil durante los últimos 8 años

17 de marzo, 2026.– El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó este lunes, ante la 61ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Informe Anual donde se examina la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, aportando nuevos elementos para analizar la continuidad, la dimensión de género y el agravamiento de la represión política, que cada vez más tiene un carácter transnacional.

A pocos días de que se cumpla un aniversario más de la violenta represión de las protestas de abril de 2018, las organizaciones que integramos el Colectivo 46/2 reconocemos la importante labor de documentación que el Grupo de Expertos ha realizado durante estos años. Sus informes, producto del trabajo riguroso y sistemático, reafirman y le otorgan mayor legitimidad a las denuncias que las organizaciones defensoras de derechos humanos han realizado durante todo este tiempo, a la vez que permite visibilizar las voces silenciadas durante estos 8 años de crisis sostenida.

El nuevo Informe profundiza en los principales patrones de violaciones transnacionales de los derechos humanos como son la vigilancia, amenazas, acoso y violencia física; el abuso de los mecanismos internacionales de control y cooperación; la privación arbitraria de la nacionalidad; la confiscación de bienes y las represalias contra familiares que se encuentran en el país. Así mismo, se analiza la dimensión de género de la represión transnacional y la arquitectura transnacional de inteligencia y vigilancia que permite al Estado vigilar y perseguir a las personas nicaragüenses en el exilio.

Un aspecto novedoso del Informe son los avances investigativos respecto a la financiación del aparato represivo del Estado y su vinculación con prácticas de corrupción. En el Informe se explican distintos métodos utilizados desde 2018 que implican el uso indebido y el desvío de fondos públicos para financiar la represión y las violaciones a los derechos humanos y lograr un mayor control social. Al mismo tiempo, se identifican responsables directos individuales e institucionales de estos hechos de corrupción.

En sus conclusiones, el GHREN hace un nuevo llamado a la comunidad internacional, respecto de su responsabilidad de actuar ante el empeoramiento de la situación y la negativa del Estado de Nicaragua de cooperar con las Naciones Unidas. En este sentido, advierte que dada la magnitud y duración de las violaciones, mientras más se retrase la acción, más dura será la carga para restablecer los derechos, la institucionalidad democrática y el estado de derecho.

El Grupo también insta al Estado de Nicaragua a que adopte medidas efectivas e incondicionales para lograr una transición pacífica y concertada en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el Informe se recomiendan al Estado tomar una serie de medidas que conllevan el cese de las violaciones a los derechos humanos, el fin de la represión política y de la impunidad.

El GRHEN también recordó recomendaciones generales dirigidas a la comunidad internacional que ha planteado con anterioridad, destacando entre otras, las siguientes recomendaciones clave: Llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales sobre la base de la jurisdicción extraterritorial, incluida la jurisdicción universal; imponer sanciones selectivas y otras medidas legales a las personas, entidades e instituciones identificadas por el Grupo como responsables o cómplices de las violaciones, abusos y delitos y exigir que Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.

Durante el diálogo interactivo, más de una decena de delegaciones diplomáticas se pronunciaron ante el Consejo respecto del Informe del GHREN y la crisis nicaragüense. La delegación de la Unión Europea en Ginebra agradeció al GHREN por su reporte y reiteró total apoyo a su mandato, expresando su alarma por los hallazgos en relación a la dimensión de género y el carácter transnacional de la represión, condenando además la abusiva instrumentalización de las alertas de INTERPOL. La delegación reiteró su llamado a que se reestablezca el estado de derecho en Nicaragua y el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Por su parte, la delegación de Reino Unido también expresó su profunda preocupación por el continuo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, recordando que el hecho que tales violaciones puedan ser crímenes de lesa humanidad refuerza la necesidad del escrutinio internacional. Canadá, en representación de los países que integran el Core Group el cual da seguimiento a la resolución que creó el mandato del GHREN, hizo un llamado al Consejo a dar seguimiento a la situación y apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas, mientras Uruguay rechazó la política de privación arbitraria de la nacionalidad como herramienta de represión.

Las organizaciones de sociedad civil también participaron en el diálogo interactivo que siguió a la presentación del informe. En dichas participaciones se acogió con satisfacción el informe presentado, se denunció el cierre de 83 organizaciones más durante 2025, la persecución hacia mujeres defensoras que incluye destierro y desnacionalización, se denunció la violencia estatal que trasciende fronteras, así como el despojo y usurpación de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes a quienes se les ha violado el derecho al consentimiento libre, previo e informado con la entrega de concesiones mineras a empresas extranjeras. Se demandó prueba de vida de Brooklyn Rivera y de todas las personas en situación de desaparición forzada, como el militar retirado Carlos Brenes, cuya hija también participó en el diálogo y recordó al régimen que el mundo los está observando y documentando evidencias de sus abusos.

En varias declaraciones de la sociedad civil se exigió la liberación de todas las personas en prisión por motivos políticos, que son al menos 46, entre quienes se encuentran mujeres, personas adultas mayores y 8 guardabosques indígenas.

Desde el Colectivo 46/2 reafirmamos nuestra apuesta por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional. Por lo que nos sumamos al llamado del Grupo para que la comunidad internacional sostenga el trabajo de escrutinio, vigilancia y se involucre en los procesos de rendición de cuentas, a partir de la información aportada por el Grupo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables. Así mismo, instamos a todos los Estados miembros del Consejo a proteger a las personas exiliadas, en particular a quienes sostienen el trabajo de defensa de los Derechos Humanos enfrentando los riesgos de la Represión Transnacional.

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones integrantes del Colectivo que han decidido hacer pública su adhesión a este pronunciamiento:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

Fundación Sin Límites

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

International Service for Human Rights (ISHR)

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

Peace Brigades International (PBI)

Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)

Urnas Abiertas (UA)

Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 2025. La represión transnacional ejercida por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela es una realidad. Así quedó evidenciado durante la audiencia regional ‘Situación de represión transnacional’, celebrada el pasado jueves 12 de marzo en el Hotel Intercontinental de Ciudad de Guatemala, en el marco del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Cubalex, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, la Organización Mundial contra la Tortura y el Museo Virtual contra la Violencia de Género en Cuba, participaron en este espacio de diálogo acompañando a tres activistas de estos países que han enfrentado actos de represión transnacional en el exilio: la cubana Kirenia Yalit Núñez, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana; la nicaragüense Claudia Vargas, viuda del activista Roberto Samcam e integrante de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; y el venezolano Luis Peche, director de la organización Sala 58. Durante la audiencia denunciaron asesinatos, intentos de homicidio, persecución y asedio en los países de acogida, donde se han exiliado tras ser víctimas de represión por parte de los regímenes autoritarios de sus países de origen.

Claudia Vargas advirtió que el régimen nicaragüense continúa persiguiendo a personas opositoras incluso fuera de su territorio. “La persecución del régimen no termina cuando cruzamos la frontera. Al contrario, se transforma, se extiende y nos alcanza hasta donde buscamos refugio”, señaló. También denunció la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 450 personas, lo que ha implicado la anulación de documentos, registros académicos, pensiones y propiedades.

Asimismo, recordó que ya se han documentado al menos cinco asesinatos de opositores nicaragüenses en el exilio, entre ellos el del campesino Jaime Luis Ortega en Costa Rica en 2024 y el de su esposo, Roberto Samcam, exmayor del Ejército de Nicaragua y analista político asesinado en San José en junio de 2025. “Su asesinato representó un mensaje dirigido al exilio: un intento de silenciamiento y una demostración de poder más allá de las fronteras”, afirmó.

“Frente a este grave problema, es urgente que los Estados de la región, especialmente los receptores, reconozcan la lucha contra esta forma de persecución como parte de sus obligaciones internacionales de protección”, agregó Vargas.

Por su parte, Luis Peche explicó que debió salir de Venezuela en 2025 tras el aumento de la persecución política posterior al proceso electoral. El activista denunció que fue víctima de un intento de asesinato en Bogotá en octubre del año pasado, cuando hombres armados dispararon contra él y contra el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. Ambos sobrevivieron al ataque y actualmente se encuentran fuera de peligro. “Este temor no es abstracto; es concreto y persistente. Forma parte de un patrón regional de represión transnacional que busca silenciar a quienes denunciamos”, afirmó.

Desde Cuba, Kirenia Yalit Núñez denunció que el régimen cubano ha desarrollado mecanismos de persecución extraterritorial contra activistas y periodistas en el exilio. La activista relató que ha enfrentado numerosos incidentes de hostigamiento en distintos países, incluidos actos de intimidación, vigilancia y obstáculos migratorios. “El régimen cubano proyecta su intimidación más allá de sus fronteras para silenciar a quienes continuamos denunciando violaciones de derechos humanos desde el exilio”, señaló.

Durante la audiencia también participó la abogada cubana Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, quien advirtió que la represión transnacional busca silenciar a las voces críticas incluso fuera de sus países de origen. Diversent instó a la CIDH a reconocer y monitorear este fenómeno de manera sistemática, fortalecer los mecanismos de protección para personas exiliadas, especialmente en países de acogida como Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, y promover respuestas regionales coordinadas frente a la expansión extraterritorial de la persecución política. Asimismo, pidió que la Comisión, como ya lo ha hecho en otros países de la región, establezca un mecanismo específico para monitorear la crisis humanitaria y las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, con el fin de documentar estos patrones y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Durante la audiencia participaron por primera vez de manera conjunta el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Estos organismos señalaron que la represión transnacional es un fenómeno real que afecta a personas opositoras y defensoras de derechos humanos provenientes de Nicaragua y Venezuela, y subrayaron la importancia de continuar investigando y documentando estos patrones de persecución más allá de las fronteras nacionales.

Desde Raza e Igualdad continuaremos monitoreando y denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren activistas y personas defensoras provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Reiteramos la necesidad de que los Estados de la región fortalezcan las medidas de protección para personas exiliadas y garanticen investigaciones efectivas frente a los actos de persecución transnacional, así como respuestas regionales coordinadas frente a este fenómeno.

 

Organizaciones denuncian invisibilidad y discriminación estructural contra pueblos Roma en la región en histórica audiencia ante la CIDH

Ciudad de Guatemala, 12 de marzo de 2026.– Organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población Roma en las Américas, especialmente en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 195 Período de Sesiones, realizado del 9 al 12 de marzo en Ciudad de Guatemala, para exponer la situación de derechos humanos que enfrenta esta población en la región.

La audiencia —que fue convocada de oficio y contó con la participación de 13 organizaciones de la sociedad civil, incluido el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)— fue histórica por ser la primera en toda la historia de la CIDH dedicada exclusivamente a abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades Roma, también conocidos como gitanos, romaníes o Rom.

Durante la sesión, representantes de organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos alertaron sobre la persistente invisibilidad, el racismo estructural, la violencia y las barreras que enfrentan las personas Roma para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia. Asimismo, denunciaron la ausencia de datos oficiales, de políticas públicas específicas y de medidas estatales para combatir el antigitanismo en la región.

Entre las intervenciones destacadas estuvo la de Elisa Costa, de la Asociación Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK) de Brasil, quien advirtió sobre el impacto desproporcionado de la discriminación y la violencia en las mujeres romaníes.

“Parto de un principio innegociable: los derechos humanos son indivisibles. La violencia afecta de manera desproporcionada al pueblo romaní, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores”, señaló Costa.

La activista explicó que, ante la falta de estadísticas oficiales completas, su organización ha trabajado con microdatos provenientes de políticas públicas para dimensionar la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades. Según indicó, hasta 2025 se han registrado al menos 3,417 niños romaníes de entre 0 y 4 años en situación de extrema vulnerabilidad social en Brasil, una situación que también refleja la precariedad que enfrentan sus madres y familias.

Costa explicó que los datos disponibles revelan una concentración crítica de esta población en condiciones de vulnerabilidad en pocos estados del país y advirtió que las mujeres romaníes resultan particularmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Asimismo, señaló que muchas denuncias de violencia ocurren en contextos familiares ampliados, lo que requiere respuestas estatales culturalmente adecuadas que actualmente no existen.

En ese contexto, subrayó que la romafobia y el antigitanismo deben ser reconocidos como expresiones del racismo estructural en Brasil y en la región, e instó a los Estados a adoptar medidas para combatir estas formas de discriminación.

Entre sus recomendaciones ante la CIDH, Costa llamó a reconocer el 2 de agosto como el Día del Holocausto Rom, promover campañas de acción afirmativa contra el antigitanismo y apoyar iniciativas de memoria histórica como el Mapa de la Memoria Romani en las Américas.

Por su parte, Damián Cristo, de la Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano/Romaní (ZOR) de Argentina, alertó sobre los múltiples obstáculos que enfrenta esta población para ejercer plenamente sus derechos. “El acceso a la salud para nuestras familias es casi imposible”, afirmó durante su intervención.

Cristo explicó que la situación de las comunidades romaníes en Argentina está marcada por la invisibilización estadística, las dificultades para acceder a servicios de salud, barreras en la justicia, deserción escolar y falta de políticas públicas con enfoque específico.

En materia educativa, advirtió que el sistema escolar argentino no ha logrado integrar plenamente a niñas, niños y jóvenes gitanos, quienes enfrentan altos niveles de abandono escolar, en muchos casos vinculados a la falta de contenidos que respeten su identidad cultural y a situaciones de acoso basadas en su origen étnico.

Asimismo, subrayó la importancia del derecho a la memoria y tambén llamó al Estado argentino a reconocer oficialmente el 2 de agosto como el Día de la Memoria del Holocausto Gitano, así como a promover el reconocimiento del 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Durante la audiencia también intervinieron representantes de diversas organizaciones de la región. Rogério Ribeiro, de la Rede Brasileira de Povos Ciganos, se refirió a casos recientes de violencia que han afectado a comunidades romaníes en el nordeste de Brasil. Por su parte, Daiane Rocha, de la Associação Nacional das Etnias Ciganas do Brasil (ANEC), agradeció la realización de este espacio de diálogo para visibilizar las dificultades que enfrentan estas comunidades en América Latina y el Caribe.

Desde Colombia, Ana Dalila Gómez Baos, de la organización Kumpania Rrom de Bogotá, destacó algunos avances en el reconocimiento de los derechos del pueblo Rrom en el país, aunque señaló que todavía son necesarias más acciones para combatir la discriminación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, Deny Dobobrov, Director de Relaciones Internacionales de la World Roma Federation, advirtió que las comunidades romaníes también enfrentan discriminación estructural en Estados Unidos, la cual suele permanecer oculta debido a que muchas personas romaníes optan por ocultar su identidad para evitar el estigma y los estereotipos. Según explicó, el limitado reconocimiento público de los romaníes como minoría étnica en ese país contribuye a perpetuar narrativas antirromaníes que influyen en la percepción social y en las instituciones.

Dobrov también expresó preocupación por la persistencia de estereotipos antirromaníes en algunos materiales de formación de las fuerzas del orden y en contextos de investigación, lo que podría favorecer prácticas de perfilamiento étnico. En ese contexto, instó a los Estados a reconocer explícitamente a las comunidades romaníes en las políticas contra el racismo, fortalecer la colaboración con organizaciones lideradas por romaníes y promover mecanismos seguros de autoidentificación que permitan diseñar políticas públicas más efectivas.

Durante la sesión también participaron representantes del sistema internacional de derechos humanos. Claude Cahn, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se refirió a las dificultades existentes para documentar adecuadamente las violencias que afectan a esta población.

Al cierre de la audiencia, las comisionadas de la CIDH reconocieron la importancia histórica de este espacio. La comisionada Gloria de Mees, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, señaló que el pueblo romaní ha permanecido invisibilizado a pesar de sus aportes a la sociedad, mientras que la comisionada Marion Bethel, relatora sobre los derechos de las mujeres, manifestó preocupación por las formas de violencia de género que afectan particularmente a las mujeres romaníes.

Tras la audiencia, la CIDH agradeció la participación de las organizaciones y reafirmó su compromiso de escuchar y visibilizar las voces de los pueblos Roma en la región, destacando que estas comunidades han enfrentado discriminación histórica e intergeneracional. Asimismo, subrayó la importancia de que los Estados incluyan a esta población en los censos nacionales y utilicen los datos recopilados para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades y garanticen sus derechos.

La audiencia marcó un paso significativo para visibilizar la situación de los pueblos Roma en las Américas y avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos en el sistema interamericano de derechos humanos. Desde Raza e Igualdad destacamos la importancia de este espacio histórico y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades y organizaciones Roma en la región en sus esfuerzos por visibilizar la discriminación estructural que enfrentan y promover el reconocimiento y la protección efectiva de sus derechos humanos.

El manifiesto colectivo de seis mujeres activistas de América Latina y el Caribe

Washington D.C., 6 de marzo de 2026 – El pasado 19 de febrero, seis mujeres activistas de Brasil, Colombia, Cuba, México y República Dominicana se reunieron en un encuentro virtual que, desde Raza e Igualdad, llamamos ‘Cuando las mujeres crean, la memoria resiste’. Durante una hora y treinta minutos compartieron quiénes eran, desde dónde luchan y qué realidades atraviesan sus territorios. De ese intercambio nació un manifiesto colectivo que hoy cobra especial sentido en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En este espacio participaron Eva Rafaela Calça, de la Rede Trans Assis de Sao Paulo, Brasil; Andrea Ceballos, de la Organización Indígena del Territorio Pasto, en Colombia; María Camila Zúñiga, del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (Mude), también de Colombia; Lourdes Esquivel, integrante de la organización Damas de Blanco de Cuba; Daniela Islas, del colectivo Afrocaracolas de México; y Estefany Feliz Pérez, del movimiento de jóvenes Reconoci.Do de República Dominicana. Para muchas de ellas, fue la primera vez que compartían un espacio común entre luchas tan diversas, pero atravesadas por una misma urgencia: la dignidad.

El ejercicio culminó con la escritura de un manifiesto que recoge su voz colectiva y sus principales demandas:

“Nosotras las mujeres de América Latina y el Caribe nos unimos en un grito poderoso para exigir igualdad y justicia. El amor y la fuerza es lo que nos sostiene en esta lucha diaria.
Desde el ayer y el hoy reconocemos la fuerza y determinación de nuestra historia. Somos motor. Somos tesoros del mundo.
Luchamos por sentirnos seguras y en igualdad, siendo reconocidas y tratadas con dignidad, desde una mirada antirracista y decolonial.
¡Hoy y siempre exigimos respeto y libertad en todos los espacios!”

Ese llamado no surge en el vacío. América Latina y el Caribe continúa marcada por una violencia estructural contra las mujeres. En los últimos cinco años, al menos 19.254 feminicidios han sido registrados en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En la mayoría de los casos, las muertes violentas son perpetradas por parejas o exparejas, lo que demuestra que la violencia de género sigue instalada en los espacios más cotidianos.

Violencia feminicida en la región

Brasil encabeza las cifras más alarmantes. En 2025 registró 1.470 feminicidios, el número más alto de la última década, un promedio de cuatro mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia. En ese contexto, Eva Rafaela Calça insistió en que la violencia no se limita al asesinato: también se expresa en la exclusión y la sobrecarga. Para ella, es urgente “un espacio público que valore a la niñez como una responsabilidad de toda la sociedad, y no solo de la madre”, porque muchas veces “la madre queda sobrecargada”, y también políticas que amplíen oportunidades de trabajo para mujeres trans “más allá de la informalidad y la prostitución”. Su reflexión conecta la violencia feminicida con la falta de políticas de cuidado y con la marginación estructural de las mujeres trans.

En Colombia, donde el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 973 casos en 2025, la impunidad sigue siendo una herida abierta. María Camila Zúñiga recordó que, además de exigir justicia frente a los asesinatos, es fundamental que “reconozcan el trabajo que hacen las mujeres con las infancias, desde los territorios”, y que se dignifiquen sus vidas. “Sabemos que, cuando una mujer es asesinada, la justicia no siempre llega”, agregó.

En México, donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025, la violencia se entrelaza con el racismo estructural. Daniela Islas advirtió que para las mujeres afromexicanas la urgencia pasa también por el reconocimiento: “lo que más nos urge es el reconocimiento de nuestros derechos, que haya más políticas públicas para las mujeres afromexicanas, donde se nos garantice la atención médica”. Ella también se refirió a lo que más anhela: “Imaginamos un mundo sin racismo, sin discriminación, donde nuestros derechos como mujeres afromexicanas se reconozcan y se protejan”. La violencia de género, en su territorio, no puede separarse de la discriminación racial.

En Cuba, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) registraron 48 feminicidios en 2025 y advierten que estos crímenes son el desenlace de violencias prolongadas. Lourdes Esquivel lo expresó desde la crudeza de su realidad: “En Cuba a las mujeres nos violan todos los derechos. Nos encarcelan a los hijos, nos los matan, nos golpean. Pasamos hambre. Hay niños que no tienen nada que comer”. Su testimonio recordó que la violencia también se manifiesta en el hambre, la represión y el dolor cotidiano.

En República Dominicana, donde se registraron 59 asesinatos de mujeres el año pasado (de acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia), las cifras conviven con políticas y prácticas que afectan especialmente a mujeres migrantes y de ascendencia haitiana. Estefany Feliz Pérez denunció que, si no cuentan con documentos de identidad, “no reciben asistencia a la salud, y tampoco pueden estudiar”, y que existe “una persecución contra las mujeres haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana” que incluso implica detenciones arbitrarias y pagos indebidos. 

A nivel global, las mujeres tienen solo el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. De mantenerse el ritmo actual, cerrar las brechas podría tomar siglos. Frente a este panorama, el encuentro virtual del 19 de febrero fue más que un espacio simbólico: fue una apuesta por la articulación regional.

Este manifiesto también es la prueba de que es posible construir acuerdos en la diversidad. Seis mujeres de contextos distintos, con historias y luchas propias, lograron encontrarse sin haberse conocido antes, escucharse con atención y reconocerse en sus diferencias. En este ejercicio de diálogo honesto y respetuoso identificaron necesidades comunes y tejieron una voz colectiva. Este espacio virtual no solo permitió compartir denuncias, sino también demostrar que la articulación regional es una herramienta poderosa cuando se basa en la escucha, el respeto y la conciencia de que ninguna lucha está aislada.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de dar voz a quienes resisten desde los territorios y de acompañar sus demandas. Porque cuando las mujeres crean juntas, la memoria resiste; y cuando la memoria resiste, también se construye futuro.



La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

  • Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí. 

A 19 años de la agresión a doña Ernestina Ascencio, familia y organizaciones exigen cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano sigue sin proponer una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo. 

México, 25 de febrero de 2026.– A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones que les representamos exigimos al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.

Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitamos formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.

Fallo histórico

Este aniversario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.

Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».

El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos. 

A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.

Firman:

  • Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)
  • Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)
  • Kalli Luz Marina A.C. 
  • Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​
  • Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
  • Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

Régimen autoritario de Cuba destierra a la activista cubana Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco

Washington D.C., 10 de febrero de 2025 – Este lunes 9 de febrero, el régimen autoritario de Cuba impidió el ingreso al país de la activista cubana Leticia Ramos, integrante del movimiento Damas de Blanco, forzándola al destierro. Ramos viajó desde Estados Unidos a Cuba, pero una vez en el país las autoridades le negaron reunirse con su familia, retuvieron su equipaje y le ordenaron regresar, viéndose obligada a volver a Miami.

El pasado mes de enero, durante una entrevista concedida a Raza e Igualdad, Ramos expresó su temor de que el régimen cubano le negara el retorno a la Isla tras viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, una práctica sistemática utilizada para silenciar, castigar y forzar al exilio a personas activistas. Ese temor se hizo realidad el día de ayer. Desde el Instituto la acompañamos y asumimos su representación en este proceso, del mismo modo que hemos brindado acompañamiento a las integrantes de las Damas de Blanco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde octubre de 2013 otorgó medidas cautelares “para preservar la vida y la integridad personal” de las mujeres que conforman el colectivo.

Entre la resistencia y la represión

Leticia Ramos forma parte de las Damas de Blanco desde 2004, cuando se incorporó como Dama de apoyo, acompañando a mujeres cuyos familiares fueron encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. Desde entonces, ha participado de manera sostenida en acciones pacíficas, como la asistencia a misa vestidas de blanco y con flores, para exigir la liberación de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba.

Tras la muerte en “extrañas condiciones” de Laura Pollán, fundadora del movimiento, en 2011, Leticia fue elegida coordinadora del grupo de Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. A partir de ese momento, el hostigamiento estatal se intensificó, incluyendo golpizas, amenazas, vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y restricciones a su derecho a la libre circulación. Durante casi nueve años permaneció regulada, sin poder salir del país.

Las represalias también alcanzaron a su entorno familiar. Ramos es madre de dos hijos: uno que reside en Estados Unidos y otro, Randy Montes de Oca Ramos, que vive en Cuba y ha sido víctima de persecución, detenciones y procesos penales basados en acusaciones falsas, como mecanismo de presión para forzar a su madre a abandonar el activismo. En 2018, Randy cumplió una condena de seis meses de prisión domiciliaria tras protestas públicas realizadas por Leticia.

Entre 2013 y 2018, Ramos fue detenida en múltiples ocasiones, llegando a ser privada de la libertad hasta cuatro veces en una misma semana. Intentó documentar estos hechos, pero la información se perdió tras allanamientos a su vivienda en 2016, 2018 y 2019, durante los cuales agentes estatales confiscaron materiales de trabajo, dispositivos electrónicos y objetos vinculados a su activismo.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Leticia decidió manifestarse en Cárdenas pese a atravesar, junto a su familia, un grave cuadro de COVID-19. En ese contexto, recordó que fue posible percibir “el miedo del régimen frente a un pueblo desarmado, pero decidido a alcanzar su libertad”.

El destierro de Leticia Ramos se inscribe en un patrón de prácticas represivas utilizadas por el régimen cubano para castigar a quienes defienden los derechos humanos, mediante el exilio forzado, la separación familiar y la intimidación constante.

Desde Raza e Igualdad reconocemos la trayectoria, la valentía y la resistencia de Leticia Ramos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañarla y denunciar esta grave violación a sus derechos humanos, así como la estrategia de silenciamiento ejercida contra activistas en Cuba.



Condenamos violencia contra Danne Belmont, lideresa trans y directora ejecutiva de la Fundación GAAT en Colombia

Bogotá, 2 de febrero de 2026 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad con Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), y su pareja, quienes fueron víctimas de actos de violencia transfóbica el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Desde Raza e Igualdad rechazamos de manera contundente toda forma de violencia basada en prejuicios, en particular aquella dirigida contra personas por su identidad de género u orientación sexual. Este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos, además se suscribe a un contexto amplio de violencias estructurales que enfrentan de manera persistente las personas trans en la región. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe país, indicó que Colombia es uno de los Estados de la región que registra más muertes violentas de personas LGBTI. Solo entre 2022 y 2023 hubo 302 asesinatos. Colombia se posiciona como el tercero en Latinoamérica con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, lo que evidencia una situación de riesgo extremo. A su vez, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2024 fueron atendidos por esta institución cerca de 290 hechos de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, entre los cuales se encuentran violencias físicas.  

En sus observaciones derivadas de la visita in loco de 2024, la CIDH advirtió sobre la persistencia de la violencia en contra de esta población y obstáculos que las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia, en especial, en los territorios afectados por el conflicto armado. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un agravamiento de las violencias extremas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto en espacios privados como en el ámbito público, e insistió en que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible si el Estado actúa de manera oportuna.  

Reconocemos y valoramos profundamente la labor que Danne Belmont ha desarrollado como lideresa trans y defensora de derechos humanos, así como el trabajo histórico de la Fundación GAAT en la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas trans, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Los ataques contra liderazgos sociales y defensores de derechos humanos buscan silenciar voces fundamentales para la construcción de sociedades más justas e inclusivas, y no pueden ser tolerados. 

Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones prontas, exhaustivas y con enfoque basado en género, garantizando el acceso efectivo a la justicia, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de protección adecuadas para Danne Belmont, y su pareja. 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la transfobia, la discriminación y la violencia, y reafirmamos que la dignidad, la vida y la integridad de las personas trans deben ser plenamente garantizadas. 

A Danne, su pareja y a la Fundación GAAT: decirles que no están solas. Les acompañamos con solidaridad y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de caminar a su lado, sostener sus luchas y alzar la voz, de manera firme y constante. 



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