Nicaragua: organizaciones y víctimas denuncian ante la CIDH nuevos patrones de represión
Washington D.C., 28 de julio de 2025.– En el marco del 193 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, organizaciones internacionales y familiares de víctimas participaron el 25 de julio en una audiencia pública para denunciar la continuidad de la represión estatal en Nicaragua y la adopción de nuevos patrones que agravan la crisis de derechos humanos en el país, los cuales podrían afectar la seguridad y población de otros Estados.
En la audiencia participaron representantes de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua (AUDJUDRNIC), Urnas Abiertas, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quienes expusieron, en conjunto con Claudia Vargas, viuda del analista político Roberto Samcam; Sadie Rivas, hija del prisionero político Aníbal Martín Rivas y Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera, cómo el régimen Ortega-Murillo ha sofisticado su sistema represivo, aplicando mecanismos de persecución más selectivos, transfronterizos y con efectos ejemplificadores tanto dentro como fuera del país.
“Constatamos con profunda preocupación que, a más de siete años del inicio de la crisis, se mantienen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La represión no ha cesado: se ha transformado y ampliado, cruzando fronteras y afectando a quienes buscan refugio en el exilio”, afirmó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.
En ese sentido, dijo que, entre los nuevos patrones de represión identificados, están la persecución transfronteriza o represión transnacional, la represión migratoria, el encarcelamiento selectivo y el aumento de casos de desaparición forzada.
Respecto a la persecución transfronteriza o represión transnacional, Azahalea Solís, del MAM, mencionó la aprobación de leyes con las que el régimen nicaragüense busca legitimar su accionar en contra de los derechos humanos de nicaragüenses en el extranjero, tales como la Ley N.º. 1145, que establece arbitrariamente la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a nacionales, y la Ley N.º 1216, que reforma el Código Penal y extiende la jurisdicción penal de Nicaragua a acciones realizadas por nicaragüenses o extranjeros fuera del territorio nacional, con el fin de perseguir reiteradamente a personas opositoras o percibidas como tal.
Denunció que el gobierno también realiza acciones de control e intimidación contra nicaragüenses en el exilio, a través de amenazas y agresiones a familiares que permanecen en Nicaragua, así como el asesinato de personas en el extranjero a manos de agentes nicaragüenses, detallando que se han documentado seis casos, de los cuales tres ocurrieron en Honduras , y tres en Costa Rica, siendo el último caso el del analista político Roberto Samcam, asesinado en San José el pasado 19 de junio.
Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, compartió que la Fiscalía de Costa Rica ha señalado que el asesinato de su esposo no es un crimen común, y ha reconocido la complejidad del caso, incluyendo elementos que apuntan a una posible planificación. «Esa afirmación exige ir más allá: investigar no solo a los autores materiales, sino también quiénes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución», subrayó.
Natalia Yaya, de la FIDH, aseguró que una de las más severas formas de represión del régimen Ortega-Murillo en los últimos años e inédita a nivel regional es la privación arbitraria de la nacionalidad, la cual hoy tiene graves impactos en el goce de derechos humanos de las personas afectadas. Precisó que desde 2023, al menos 450 personas han sido afectadas con esta medida y las han dejado en una situación de “muerte civil”: «Las autoridades les anularon de todos los registros nicaragüenses y decretaron la pérdida de sus derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, así como la imposibilidad de volver a su país», apuntó.
Olga Valle, de Urnas Abiertas, añadió información referente a la apatridia de facto, señalando que el régimen ha institucionalizado mecanismos de privación arbitraria de la nacionalidad, no sólo mediante resoluciones judiciales, sino también a través de prácticas administrativas como la negativa a emitir o renovar pasaportes y documentos de identidad, tanto dentro como fuera del país. La falta de documentación, dijo, coloca a las personas en una situación de desprotección.
También se refirió al incremento exponencial en las negativas de ingreso a Nicaragua, incluso contra personas que no estaban vinculadas a redes u organizaciones opositoras. Valle señaló que hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos de la ONU documentó 259 casos de personas nicaragüenses a quienes se les prohibió el ingreso al país y que por el temor de las personas afectadas existe un sub registro importante.
“Las detenciones se concentran en pocas personas con perfiles específicos: líderes y comunitarios indígenas, periodistas, personas de fe, activistas, miembros de partidos políticos, y se ha incrementado la presencia de ex militares, [además] hay 10 personas encarceladas desde antes de 2018”, denunció Claudia Pineda, de la AUDJUDRNIC, quien puso sobre la mesa la problemática de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, precisando que «se reportan 54 personas detenidas, incluyendo 7 mujeres, 18 adultos mayores, 14 desaparecidos y 19 sin condena», según el registro del Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas.
A ello sumó que desde septiembre de 2023, las desapariciones forzadas de larga duración se han agravado, y que actualmente al menos 14 personas de la lista oficial del Mecanismo siguen desaparecidas, entre ellas 5 mujeres, 7 adultos mayores, 2 periodistas, 3 ex militares y dirigentes y activistas políticos, destacando los casos de Brooklyn Rivera, Víctor Boitano, Angélica Chavarría, Eveling Matus, Fabiola Tercero y Eddy Gonzalez, desaparecidos desde hace un año y más.
Sadie Rivas, hija de Aníbal Rivas Reed, denunció que desde el 17 de mayo, su papá fue sometido a desaparición forzada por 42 días, tiempo durante el cual permaneció totalmente incomunicado. Dijo que aun cuando ya han permitido una única visita -donde se enteraron de que fue condenado a 50 años de prisión por “traición a la patria”- la familia sigue temiendo por su vida, por sus padecimientos y enfermedades crónicas.
En tanto, Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera denunció que la desaparición forzada de su padre es parte de una estrategia sistemática del régimen para acallar a líderes indígenas que defienden la tierra, la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Adolfo Lara, de Raza e Igualdad, intervino destacando que, ante los nuevos patrones de represión, la persistencia de otros ampliamente documentados y la impunidad en la que los crímenes de lesa humanidad permanecen, es fundamental que la comunidad internacional exija cuentas al régimen y le obligue a respetar las obligaciones internacionales que ratificó.
Asimismo, solicitó a la CIDH reforzar el monitoreo, denunciar la represión transnacional por parte del régimen nicaragüense y brindar acompañamiento a los Estados que acogen a personas exiliadas para asegurar su protección y acceso a derechos, reconocer el patrón sistemático de apatridia exigir la libertad de todas las personas presas políticas y el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada.
Durante la audiencia, se contó con la participación especial de Ariela Peralta, parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN). La experta evocó las constataciones presentadas en su último Informe[1] en el que también alertaban sobre la escalada de la represión transnacional y sus graves impactos para las personas afectadas, sobre el cual presentarán un informe en septiembre ante Naciones Unidas.
El presidente de la CIDH, el comisionado José Luis Caballero, agradeció a las víctimas por sus testimonios, señalando que la situación se ha agravado con la reforma de 2025. El Comisionado Arif Bulkan, Relator para Nicaragua, lamentó la hipocresía de quienes continúan haciendo negocios con el Estado de Nicaragua y al mismo tiempo condenan a ese tipo de regímenes. Alentó a la sociedad civil a continuar su trabajo de documentación y denuncia. Los demás comisionados, luego de solidarizarse y agradecer los testimonios de las tres familiares presentes, condenaron las graves actuaciones del régimen nicaragüense, la agravación de la situación de derechos humanos monitoreada por ellos igualmente y su disposición para buscar soluciones junto con otros Estados, para la grave situación de los nicaragüenses en el exterior. Anunciaron que próximamente publicarán un Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Las organizaciones participantes en esta audiencia reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión estatal y continuaremos denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega-Murillo ante los mecanismos internacionales de protección.
[1] GHREN. Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018. 3 de abril 2025. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/a-hrc-58-crp-8-s.pdf
