México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

Washington, D.C., 12 de diciembre de 2023.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el lanzamiento del Informe sobre Racismo Y Discriminación Racial en el Sistema de Justicia de México. Experiencia Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual es ejecutado con apoyo de la Fundación W.K Kellogg, México. El informe fue realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) con el aporte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL). El lanzamiento del informe se realizó el 30 de noviembre en Ciudad de México, el 1 de diciembre en Mérida, Yucatán, y el 4 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En estos tres espacios se contó con la participación virtual de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales, quien en sus palabras destacó que “es central conocer en dónde están las debilidades del sistema judicial y hacer todo lo posible para que desde todos los frentes se aseguren procesos de procuración de justicia libre de discriminación”. En tanto, Abel Villanueva, Subdirector de Vinculación Social de CONAPRED, señaló como uno de los principales desafíos la globalización de soluciones desconociendo las diferentes contextos que existe entre la población indígena y afrodescendiente. En ese sentido, puso como ejemplo lo que llamó “la Oaxacacización de la problemática y soluciones a la realidad indígena en México”; por lo tanto, celebró que el estudio incluya a Yucatán, espacio del cual poco se discute al momento de generar diálogos respecto a temas étnicos y discriminación racial.

De parte de CEPIADET, participaron Judith Bautista en Ciudad de México, Tomas López en Mérida, y Monivet López en San Cristóbal de las Casas. En sus intervenciones, resaltaron cómo el discurso del mestizaje y la no existencia del racismo en México está fuertemente arraigado en las instancias gubernamentales, por lo que el sistema de justicia no es ajeno a esta realidad. Como organización encargada de elaborar el informe, se refirieron a los principales desafíos que enfrentaron al momento de realizar este trabajo, especialmente: 1) la falta de datos respecto a estas poblaciones, especialmente sobre la población afrodescendiente en el área de justicia, y 2) la falta de acceso a servicios de interpretación para personas indígenas durante los procesos judiciales, siendo esta una de las principales quejas identificadas por parte de las organizaciones, activistas y personas indígenas.

José Luis Gutiérrez, de ASILEGAL, se refirió que actualmente—según datos oficiales—existen más de 7,000 personas privadas de la libertad que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas, de las cuales más de 3,000 se encuentran en prisión preventiva, destacando que su organización ha acompañado casos de personas que han estado hasta por 20 años esperando por una sentencia, “lo cual evidencia el uso y abuso de la prisión preventiva, especialmente con poblaciones étnicas”, dijo Gutiérrez. El especialista también apuntó que las personas indígenas que se encuentra en prisión también ven violentados sus derechos desconocen porque no les permiten hablar su lengua materna y no les garantizan el acceso a medicina tradicional de acuerdo a su cosmovisión.

Miguel Alanis, de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien al momento de realizarse este informe participó como consultor de Raza e Igualdad, resaltó la importancia de hacer uso de las instancias regionales, tales como la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), aportando a los estándares normativos antirracistas y al accionar dentro del sistema judicial. Asimismo, destacó la importancia de las recomendaciones que se hacen en el informe, especialmente la referida a promover una agenda antirracista de manera transversal en todas las instituciones estatales, con énfasis en el sistema judicial.

La Dirección de Justicia Intercultural es un departamento nuevo en la SCJ, con apenas tres meses de haberse creado. Su Directora, Elizabeth Olvera, dijo en Chiapas que tienen grandes expectativas de trabajar con los diferentes operadores de justicia, no solamente haciendo uso de las herramientas que se han creado recientemente al interior de la misma instancia, sino haciendo uso de los conocimientos y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y activistas étnicos en el área de justicia.

Además, las panelistas Flor May, de la Red Nacional de Juventudes Afromexicana y de Afropoderosas de Yucatán, y la académica María Guadalupe Ruiz, de Chiapas, señalaron que el Estado ha dejado por fuera de diálogos a estas zonas por considerarlas no afrodescendientes, lo cual refuerza estereotipos e invisibiliza a esta población. El activista Freddy Castillo, quien se identificó en el espacio realizado en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) como AfroChiapaneco, afirmó que existe una gran falencia de auto-reconocimiento como afrodescendiente en sus comunidades, por lo que es necesario apoyar el trabajo que él y otros activistas hacen en ese sentido y acercar a estas poblaciones a programas y políticas públicas que contribuyan al ejercicio y protección de sus derechos.

Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, expresó que confía en que este informe sea un primer paso que permitirá generar un diálogo y monitoreo de las entidades y actores claves para alcanzar cambios en beneficio de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Apuntó que es necesario continuar con este tipo de estudios y trabajar directamente con los operadores de justicia y de los sistemas penitenciarios para mejorar su formación y la recolección de datos, ya que actualmente se realizan sin tener en cuenta la auto-inscripción sino con base a estereotipos respecto de lo que es ser una persona indígena o afrodescendiente.

Raza e Igualdad agradece a todos los participantes de este lanzamiento en las diversas comunidades, también al Centro Prodh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, especialmente a su presidente Miguel Sabido, y al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas por abrirnos sus puertas. Raza e Igualdad continuará trabajando para generar acciones que permitan avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y negros, afromexicanos y afrodescendientes en el área de justicia en México.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia unen esfuerzos para promover la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo

Colombia 15 de noviembre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un desayuno de socialización para discutir la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana y la Vicepresidencia de la República. Durante la actividad la Comisión Legal Afrocolombiana se comprometió a agotar todos los esfuerzos necesarios para impulsar la ratificación de la Convención en el país; por su parte Raza e Igualdad se comprometió a brindar asistencia técnica para promover la ratificación del instrumento internacional por parte del Estado colombiano.

Durante el espacio de discusión se abordó el contexto político actual de Colombia, destacando especialmente la representatividad significativa de personas afrodescendientes en el Congreso de la República. Además, se mencionó el hito histórico de tener a la primera vicepresidenta afrodescendiente en el país; lo cual subraya la necesidad de adquirir consensos relacionados con la adopción de instrumentos normativos para erradicar la discriminación racial y todas las formas de intolerancia.

Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo sobre la presencia del racismo en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en el Congreso de la República y las comunidades racializadas. Se hizo hincapié en la necesidad de emprender esfuerzos que conduzcan a la erradicación del racismo sistémico y estructural.

Dentro de los puntos identificados para promover la ratificación e implementación de la CIRDI, se destaca la necesidad de que la Comisión Legal Afrocolombiana se una para impulsar conjuntamente esta iniciativa. Es importante invitar a todos los actores competentes en la materia, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a participar en la discusión.

El espacio contó con la participación de Cristóbal Caicedo Ángulo, presidente de la Comisión Legal Afro, James Hermenegildo Mosquera Torres, representante a la Cámara Chocó-Antioquia, Dorina Hernández Palomino, representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Gerson Lisimaco Montaño Arizala, representante a la cámara por el departamento de Nariño, etc.

La ratificación de la CIRDI es un paso fundamental para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia se reúnen para impulsar la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 14 de noviembre del 2023. En un esfuerzo más para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará este miércoles 15 de noviembre un desayuno de socialización de la  CIRDI con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana, la Vicepresidencia de Colombia y el Ministerio del Interior. La actividad tendrá lugar en el Hotel de la Opera (Cl. 10 #5-72, La Candelaria, Bogotá) y en ella se buscará generar acciones afirmativas para aumentar el conocimiento sobre esta Convención, y promover su ratificación e implementación por parte del Estado colombiano.

Esta acción forma parte de la campaña CIRDI 2024: «Hacia una región libre de discriminación racial» de Raza e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la firma, ratificación e implementación de la CIRDI por parte de los Estados miembros de la OEA, en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes promovido por Naciones Unidas. Uno de sus propósitos es brindar apoyo a los gobiernos para superar los obstáculos específicos que dificultan la ratificación y la implementación efectiva de la CIRDI, como son las limitaciones en cuanto a recursos, capacidad humana y experiencia técnica.

La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo es fundamental para visibilizar y reconocer las opresiones que sufren las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales en el hemisferio. Esta Convención es clave para que los Estados promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la discriminación racial en todas sus formas. A pesar de su potencial, la falta de conocimiento y ratificación de la Convención ha impedido su efectividad, lo cual es preocupante ante el aumento de los crímenes de odio motivados por la raza. Es necesario que se reconozca y aborde el racismo para adoptar las leyes y políticas necesarias para combatir la discriminación racial y étnica. El diálogo sobre esta problemática es fundamental para proteger los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas del continente.

El objetivo de Raza e Igualdad es fomentar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte de todos los Estados miembros de la OEA durante el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Con este fin, lanzamos la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, que busca lograr la ratificación y aplicación universal de la Convención para finales del año 2024. el Objetivo de esta campaña es ayudar a los gobiernos a superar los desafíos que surjan en el camino hacia la ratificación y aplicación, como la falta de recursos, capacidad institucional y experiencia técnica.

Con el fin de lograr este propósito en Colombia, Raza e Igualdad ha llevado a cabo diversas actividades[1] con el objetivo de aumentar el conocimiento dentro de la sociedad civil sobre la CIRDI, con el fin de fortalecer su capacidad para monitorear el proceso de ratificación de la Convención.

En el año 2013, la OEA adoptó la CIRDI[2] con el objetivo de proteger y fomentar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia u origen étnico. Un año más tarde, en el 2014, el Gobierno colombiano firmó dos convenios interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estos acuerdos fortalecen la legislación nacional en la lucha contra cualquier forma de discriminación y reconocen que Colombia es un país diverso y respetuoso; no obstante, aún no se han ratificado.

En el año 2021, se presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de lograr la ratificación de la CIRDI[3]. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso colectivo que involucró a diversos actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y fue liderado por activistas afrocolombianos a través de la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, impulsada por Raza e Igualdad.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial son prácticas comunes que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de muchas personas; por ello es fundamental que el Estado se comprometa a garantizar la igualdad y a prevenir la discriminación en todos los ámbitos sociales. La ratificación de la CIRDI es un paso crucial para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

 

 

 

[1] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/71-cirdi-colombia

[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[3] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/74-radicacion-proyecto-de-ley-cirdi-colombia

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; «Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional», realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Raza e Igualdad rechaza el asesinato de Mariana, una niña afrodescendiente de 3 años en medio de un procedimiento policial y urge al Estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 2 de octubre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza el asesinato de Mariana Hurtado, una niña afrodescendiente de 3 años, durante un tiroteo que se registró en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera, en el departamento Valle del Cauca.[1]

Durante una entrevista en la emisora W Radio, José Hurtado, padre de Mariana, relató que se dirigía a su casa cuando la Policía estaba llevando a cabo un procedimiento en una vivienda cercana y comenzaron a disparar. Según su relato, en ese momento salió la madre de Mariana con ella para enseñarle a montar bicicleta y una bala atravesó la mano de la madre e impactó a Mariana, causándole la muerte. El padre también asegura que fueron los integrantes de la Policía quienes accionaron las armas y provocaron el cruce de disparos.[2]

Es importante que el Estado reconozca que la violencia policial afecta de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes y a las comunidades donde residen principalmente estas personas. Esto se manifiesta en prácticas como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden, la falta de consideración de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública, el perfilamiento racial y la discriminación racial por parte de los miembros de la Policía del Estado

Desde Raza e Igualdad, instamos a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas con una debida diligencia de las investigaciones. Es fundamental que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, es importante tener en cuenta los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, adoptados por las Naciones Unidas en 1990 [3]. Así mismo, los estándares internacionales contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, como lo son las resoluciones 43/1 y 47/21 de las Naciones Unidas.

Urgimos al Estado a desarrollar una reforma policial integral, que tenga en cuenta las afectaciones e impactos diferenciales que la violencia policial genera en las personas afrodescendientes; incorpore estándares internacionales en su diseño e implementación; y establezca medidas para reducir la impunidad estructural en los casos de violencia policial racista en Colombia.

 

 

[1] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[2] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

Tragedia anunciada: la articulación de los movimientos antidemocráticos debe ser investigada por el Estado brasileño

Brasil, 10 de enero de 2022 – La acción de los manifestantes bolsonaristas que culminó en el estrago del patrimonio público e histórico brasileño en la capital federal, en un vil intento de golpe antidemocrático, se consolidó como una tragedia anunciada. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Estado brasileño para que priorice en su plan de seguridad pública la investigación y contención de los actos antidemocráticos en aumento en el país. Por ello, instamos a la rendición de cuentas bajo el más estricto peso de la ley de todos los involucrados en actos de vandalismo en la sede de los Tres Poderes, así como la identificación de los financiadores de esta articulación criminal.

Tras el establecimiento del Estado Democrático de Derecho brasileño, por primera vez, este hecho insurgente amenaza la democracia brasileña a nivel nacional e internacional.  Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 son preocupantes no solo porque atentan contra la voluntad popular soberana establecida en el proceso electoral de 2022 y contra las instituciones democráticas nacionales, sino también porque buscan legitimar los crímenes de odio y la escalada de violencia bajo el manto de la libertad de expresión. Por lo tanto, nos sumamos al repudio internacional y llamamos a la celeridad y rigidez en las investigaciones con la observación del debido proceso.

La omisión de la Policía Militar y la conveniencia del Ejército resuenan como una advertencia a los gobernantes de que algo peor puede suceder.  En vista de esto, Brasil necesita priorizar, a nivel nacional, la agenda de seguridad democrática alineada para enfrentar este escenario de fuerte polarización desde el anuncio de la victoria del presidente Lula. Los casi 150 autobuses que llegaron a Brasilia con manifestantes bolsonaristas eran conocidos por el Estado y las fuerzas de seguridad. Luego, la omisión deliberada de la invasión de edificios públicos, además de representar una afrenta a la democracia brasileña, revela la certeza de la impunidad como símbolo político de un país sin memoria histórica, que favorece a sectores privilegiados. La caricatura del ‘Capitolio bolsonarista’ es elitista, racista, sexista y LGBTIfóbica.

Así, Raza e Igualdad, como organización de derechos humanos, repudia los ataques contra los Tres Poderes y espera que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda restablecer la defensa de la paz y la democracia. También es esencial promover una política de confrontación  y monitoreo de los movimientos antidemocráticos que, motivados por la agenda bolsonarista, no cesarán durante los próximos cuatro años de mandato. Por lo tanto, es urgente que cualquier posibilidad de amnistía esté fuera de discusión para que la República de Brasil avance hacia la equidad y la justicia social.

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes, publican actualización del informe «Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del Paro Nacional en Colombia»

Colombia, 8 septiembre de 2021. Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes en su reciente informe ‘Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia’, piden al Gobierno nacional y los organismos estatales realizar acciones contundentes en contra de la violencia policial racista, exacerbada en medio del Paro Nacional que se inició el pasado mes de abril y que ya completa más de cuatro meses. 

De acuerdo al informe de seguimiento al paro, la respuesta el Gobierno ha incluído la militarización de  los territorios y el uso desproporcionado de la Fuerza Pública, afectado de manera diferencial a la población afrodescendiente al estas acciones estar concentradas en ciudades como Cali, que tiene la mayor densidad de esta población en el país.

Entre las recomendaciones que las organizaciones le  hacen al Gobierno está la realización de la reforma policial, pero atendiendo a los criterios internacionales de respeto de los derechos humanos y las demandas sociales, que a la fecha se desconoce si están consignadas en su promocionado proyecto de reforma. 

Uno de los cambios  que las organizaciones consideran debe ser incluido es el traslado de  la institución como cuerpo de control civil armado al Ministerio del Interior, así como  adoptar la justicia procesal como guía de sus actuaciones internas y externas y apegarse estrictamente a los protocolos del uso legítimo de la fuerza en cumplimiento a los principios/criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

De igual forma, solicitan recolectar, almacenar y analizar datos demográficos desagregados por raza, etnia, sexo, género, de todas las detenciones, comparendos, registros y arrestos, pero también actualizar permanentemente la plataforma de consulta de procesos, establecer un mecanismo eficaz que permita a las personas consultar por el número de cédula si una persona se encuentra bajo custodia de la policía indicando el lugar exacto y el motivo, así como difundir masivamente el contenido de las normas sobre el uso de la fuerza, entrenamiento, investigaciones y enjuiciamientos. 

“La represión continuó (después de las grandes marchas), la persecución a lideresas y líderes. Tenemos ahora con mayor certeza de que hubo un ejercicio de inteligencia por parte de la Policía, del Ejército, de las autoridades militares, que está generando arrestos en diferentes zonas del país. Pero es muy complejo diferenciar quienes pertenecen a la población afrodescendiente porque el sistema estatal no hace esa diferenciación”, señala  Charo Mina-Rojas, coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras (PCN), frente a este aspecto. 

Y es que, de acuerdo al informe, el Gobierno aún no acata las recomendaciones de las entidades internacionales frente a la protección de personas indígenas y afrodescendientes contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como por cualquier persona, grupo u organización. 

En el texto se señala que el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y ha desconocido las recomendaciones formuladas, cuestionando  el contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas al no coincidir con las institucionales, condicionando con esto la calidad de víctima a la apertura de investigaciones, además,  de reprochar la legitimación de los cortes de ruta o bloqueos como mecanismo válido de protesta. 

Es así como se sugiere que el Gobierno debe propender por realizar diálogos amplios con representación plural y diversa en los  que participen personas  afrodescendientes, cesar todo acto de violencia policial y vulneración a los derechos humanos, reconocer la legitimidad de los bloqueos como mecanismo de protesta y desistir de su criminalización, así como realizar campañas pedagógicas sobre aspectos relevantes del derecho a la protesta y demás derecho humanos. 

Entre el 28 de abril y  el 8 de julio, las organizaciones reportaron 466 situaciones de violencia registradas en medio de las manifestaciones en Cali. Un 13,7% ha sido hacia personas afrodescendientes. Asimismo, registran 108 homicidios, de los cuales 39 se habían identificado contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%

En este sentido, Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, señala que el Gobierno colombiano prometió que iba a garantizar seguridad, desarrollo, libertades y está haciendo todo lo contrario, incluso se está quitando la vida a la población afro. 

“Deberíamos empezar por cumplir las leyes de la Constitución colombiana y todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El Estado debe empezar a cumplir, pero protegiendo y garantizando la vida. Que se pueda ver inversión que garantice vida, salud, seguridad de los jóvenes”, indica Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, frente a la posición del Gobierno”, agrega  Joseph.

Conozca el documento  «Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia»  en is.gd/sz7uIc 

 

Defensores de derechos humanos expondrán en Ginebra la evolución de la crisis en Nicaragua

Washington. D.C, noviembre 20, 2018 – La crisis actual de derechos humanos en Nicaragua,  que inició  desde hace siete meses producto de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, será expuesta en Ginebra el próximo 28 de noviembre en el marco del conversatorio “Crisis de derechos humanos en Nicaragua”con el objetivo de visibilizar sus consecuencias y permanencia, ahora con la prohibición de las manifestaciones cívicas y la judicialización de cientos de protestantes, estudiantes y activistas que han sido apresados por participar en protestas y están siendo sometidos a juicios en los que se irrespetan  las garantías del debido proceso.

En el conversatorio organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), participarán defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes desde su experiencia durante la crisis relatarán sus propias vivencias y los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo su labor.

Especial énfasis tendrá en el conversatorio la situación de injusticia e indefensión a la que se enfrentan poblaciones tradicionalmente discriminadas como son las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, quienes han sido reprimidos por defender la democracia y reclamar justicia y respeto a los derechos humanos.

También se referirán a la situación  que enfrentan  cientos de presos y presas políticas, quienes han denunciado torturas y malos tratos en las cárceles y centros de detención. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de los 602 ciudadanos apresados hasta el 14 de noviembre por participar en las protestas, 563 son hombres y 50 mujeres, de las cuales 4 son mujeres transgénero.

La imagen de la “normalidad” que intenta establecer el Gobierno nicaragüense tanto  a nivel nacional como internacional, contrasta diametralmente con la visión que proporcionarán los defensores de derechos humanos respecto a que realmente,  en Nicaragua, “nada está normal”, pues las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades son sistemáticas  y permanecen en la impunidad.

Nicaragua será evaluada por el Examen Periódico Universal en 2019. Dicha revisión ofrecerá a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional una importante oportunidad para incidir en resolver de forma pacífica, la crisis que hoy agobia a los y las nicaraguenses.

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