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“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

Miami, 7 de octubre de 2026 – Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que desde el pasado 18 de julio reside en Miami, Estados Unidos, responde claro y contundente las preguntas a esta entrevista. En la habitación donde llegó luego de cumplir cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el oeste de Cuba, y tras ser beneficiario del programa Parole humanitario del gobierno estadounidense, él habla sobre la Isla, su familia, el Movimiento San Isidro (MSI), la migración, el arte, y las obras con las que denuncia a la dictadura que por años se ha tomado Cuba.

A continuación la entrevista del Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos al artista cubano, recortada para mayor claridad.

Ahora que estás en libertad, ¿en qué piensas frecuentemente? 

Siempre pienso en Cuba, siempre pienso en el arte, en cómo el arte va a seguir funcionando como una herramienta viva que aporta a la sociedad, tanto cubana como fuera de Cuba. Pienso en Cuba, en los que se quedaron atrás, en esa gente que ahora mismo no puede tomar agua potable porque no hay condiciones; que no hay corriente, que no hay vida en Cuba. Pienso en eso.

¿Piensas desde la ansiedad o desde un lugar de reflexión que te lleva a preguntarte: “¿qué más puedes hacer”?

Yo creo que un poco de ambas, yo creo que un poco de ansiedad porque el lugar donde estoy ahora mismo es un lugar desconocido, es un lugar que muestra retos gigantes. Estás desprovisto de un hogar ahora mismo… Tienes que tener una renta, tienes que tener un lugar donde existir. Después has hecho un montón de trabajo que te antecede, pero indiscutiblemente el mundo que viene ahora es mucho más; tienes que volver a conquistar como un nuevo espacio ahí dentro del imaginario popular fuera de Cuba. También quieres que tu trabajo, el arte, tenga esos lugares, esos nichos de reconocimiento occidental, de reconocimiento mundial, porque a partir de ahí es que puedes también seguir trabajando en pro de Cuba. Y después, ¿qué falta por hacer por Cuba? ¿Cuáles son las nuevas ideas que tienen que venir a tu cabeza para salir a trabajar por Cuba? Sufro esa realidad todos los días aún en la distancia, aún desde el exilio.

¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de salir al exilio?

La decisión de salir al exilio tuvo varias etapas. Al año y seis meses de estar preso, yo decidí irme porque me di cuenta del impacto, de lo gigante que habíamos hecho, y que la dictadura cubana no se iba a permitir que Luis Manuel Otero Alcántara caminara por la calle. Después sigo pasando el tiempo y seguía aceptando y hubo un momento donde ya se me está acercando la salida. Tenía la posibilidad de decidir: no me voy de Cuba, si ya pasó los cinco años. Pero ahí sí reafirmé, sobre todo cuando me llevan a la casa cerca de la playa, la casa de la Seguridad del Estado. Cuando me llevan a esa casa, me di cuenta de que no había posibilidad de caminar por las calles. Inclusive, el tratamiento de la Seguridad del Estado en ese entonces ya era de que te vas porque te vas. Vamos a ceder todo lo que podamos pero es para que te vayas, no es para que tú vivas en Cuba, porque no vas a caminar por Cuba. Cuando ves todo ese aparato construido en función de que tú te vas es porque tú eres importante. Inclusive, hubo un momento donde me sacaron, entonces era como la cabeza, no podía mencionar mi nombre. Mi nombre era como algo prohibido mencionarlo. Yo decía: ‘Bueno, parece que sí, tú tienes un impacto en la sociedad y por supuesto que la dictadura no va a permitir su muerte, su propia muerte’, ¿entiendes? Y ahí es cuando me doy cuenta de que dentro de Cuba iba a ser imposible seguir trabajando. Yo podía montarme una tabla radical de quedarme en la casa, pero me iba a quedar en la casa sin internet, sin herramientas para poder seguir aportando; y es cuando decidí salir del exilio.

¿Qué se siente estar andando por la calle sin que te estén vigilando?

Todavía estoy traumado con la vigilancia. Cuando entro aquí al espacio, que voy a entrar por la calle, y pasa un carro, siento como que ese carro viene para mí. Los otros días estaba parado afuera, había una patrulla de policía en la esquina y al momento mi cuerpo regresó a aquel sitio de La Habana. Yo siento que todavía estoy vigilado, siento que donde quiera que me mueva hay un ojo de la Seguridad del Estado y del régimen cubano como pendiente de mí.

De las obras y los performances que has realizado, ¿cuál ha sido el más simbólico y más fuerte a la hora de retratar al régimen cubano?

Yo creo que mi obra en general es un testimonio vivo de esa relación dictadura tratando de descarchar el arte que le es incómodo, tratando de descarchar el arte que es comprometido con la gente… En mi trabajo siempre me comprometí con que llegara a la gente, con que hiciera pensar al individuo que camina por las calles, al individuo que hace las colas, al individuo que sufre la dictadura desde lo más primario… Y no creo que haya una obra específica, sino en mi conjunto, en mi propio cuerpo performático, mi propio cuerpo cultural, activista, artista, es la gran obra.

¿Qué ha sido lo más gratificante de haber creado el Movimiento San Isidro?

Yo creo que lo más gratificante de haber generado o de haber formado parte del Movimiento San Isidro es, primero que todo, haber demostrado que el arte era una herramienta de cambio real; no solamente un comentario político, no solamente la expresión de un artista, sino demostrar que una herramienta poderosa como el arte sirve para cambiar las cosas de primera mano, no a través de terceros ni a través de cuartos… Yo creo que para mí fue lo más importante y, por supuesto, ver en el terreno cómo una sociedad cambia de estado de terror, estado de miedo a volverse una sociedad cívica, a volverse una sociedad que podía ser capaz de tomar las riendas de su futuro inmediato y a largo plazo. Y partió de un proyecto cultural, un proyecto artístico como se llamó el MSI. Para mí la historia de Cuba está en San Isidro, pues como están muchos otros proyectos como el proyecto Varela,  y otros tantos proyectos como las Damas de Blanco, UNPACU, yo creo que San Isidro también forma parte de ese sitio de la historia reciente y forma parte también de la memoria colectiva y de esos cubanos que se sacrificaron porque Cuba fuera un sitio mejor, y eso me encantaría que así se recogiera en la historia.

Ahora que estás en el exilio, ¿cómo ves Cuba? ¿En qué cambia la mirada? 

Me cuesta trabajo responder esa pregunta porque todavía no creo que haya aterrizado. Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión, esa especie de limbo que fue después estar en esta casa, esa especie de limbo que es montarte en un avión así y aterrizar en un sitio con toda una cantidad de información que tu cerebro está procesando. 

¿Qué fue lo más difícil de estar en prisión?

Brother, lo más difícil de estar en prisión es la prisión. La prisión es un sitio horrible. La prisión es un sitio que si pudiera como describírtelo con palabras, no se puede describir con palabras. De hecho, traje una serie de obras. Mis pinturas van a hacer un aporte a entender. Por ejemplo, hay una serie que hice que eran como unos agujeros negros, que tú sientes que estás como en una especie de limbo, como esas pesadillas que tú te caes al vacío y nunca llegas al fondo y siempre estás con esa ansiedad. Yo recuerdo la última vez que estuve en un parque de diversiones, que me montaron un aparato: eso que era como un barco y yo estuve como en la punta esa que subía para arriba, y esa sensación de bajar para abajo, que tú sientes como eso que te vas a morir. Esa adrenalina que es tóxica, es lo que tú sientes en la prisión a diario. Tú sientes que estás en un vacío que no llegas al fin. Inclusive ya después que sales, sigue estando ese vacío como muy perenne en ti durante mucho tiempo. Literalmente, tú lo que sientes en la prisión es que estás asfixiado. Esa sensación de ahogo que no te entra aire. 

Si pudieras explicar lo que pasa en Cuba a personas que no son de la Isla, ¿qué les dirías? ¿Por qué no se puede ‘romantizar’ lo que está ocurriendo?

Primero, no se puede romantizar, no se puede, es imposible romantizarlo; es imposible inclusive banalizar lo que la gente pasa en Cuba, es imposible tenerle cariño a una dictadura. Cuando alguien venga a decirme a mí algo sobre Cuba, que me estén hablando de la utopía o me estén hablando del bloqueo, del embargo, que los americanos; les diré que en Cuba lo que hay es una dictadura. En Cuba hay más de mil presos políticos. Y los presos políticos que hay ahora mismo no son ni siquiera activistas, ni son opositores. Son niños, jóvenes, mujeres que salieron a la calle a exigir un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. Entonces, si alguien romantiza eso es cómplice de la dictadura, es cómplice de las malas personas que están dirigiendo ahora mismo ese país. Estamos hablando de que hoy, a lo mejor hace 50 años atrás, 40 años atrás no había internet, nadie podía ver lo que pasaba en Cuba y tenías que guiarte por la propaganda del régimen. Pero ahora mismo que el día 11 de julio está ahí, que hay más de mil presos políticos, que hay más de no sé cuántas mil denuncias, si tú ahora mismo vives en una burbuja ese romanticismo, tu eres una mala persona. Tú eres una mala persona porque eres cómplice de una dictadura y yo con dictadores no quiero negocio, ni con sus cómplices menos les voy a aguantar la justificación del romanticismo. No son románticos, son asesinos.

***

Desde el instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las denuncias hechas por Luis Manuel Otero Alcántara. También condenamos el exilio forzado del que han sido víctimas este artista cubano y otras personas activistas, periodistas independientes y defensoras de los derechos humanos. Instamos al régimen autoritario de Cuba que cese la represión, libere a las personas privadas de libertad por motivos políticos e inicie una transición democrática que proteja los derechos fundamentales de las personas cubanas, dentro y fuera de la Isla.



Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Bogotá, 2 de octubre de 2026 – Luego de visitar las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó (en Colombia), del 4 al 14 de mayo de este año, el EMLER presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que concluyó que existe un racismo sistémico contra las personas afrocolombianas, que se reproduce en las instituciones encargadas de proteger y de hacer justicia. Sus hallazgos centrales sobre la labor policial y el sistema de justicia, son los siguientes:

 

  • Racismo sistémico, “normalizado e invisibilizado”, arraigado en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia.
  • Perfilamiento racial de uso “sistemático y generalizado”.
  • Uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la letal: jóvenes afrodescendientes perseguidos y baleados por la espalda; familias que llevan años sin avances en la investigación.
  • Expresiones policiales deshumanizantes y presencia policial excesiva en espacios de encuentro comunitario afrodescendiente.
  • Comparendos y multas arbitrarios, “comparendos fantasma”, cuotas policiales informales y uso discriminatorio del traslado para protección.
  • Impunidad, falta de acceso a la justicia y temor a denunciar.
  • Invisibilidad estadística: ausencia de datos desagregados por raza y caída del 31% de la población afrocolombiana en el censo de 2018.

El Mecanismo también advirtió que el perfilamiento racial escala hacia el uso innecesario de la fuerza. Los encuentros originados en detenciones, requisas o controles de identidad basados en estereotipos “pueden escalar innecesariamente hacia formas de violencia física”, incluida la fuerza letal. El informe sostiene que la impunidad transmite a las familias el mensaje de que sus vidas tienen menor valor ante las autoridades. 

“Nos permitimos indicar que la violencia policial racista no termina con el cuerpo de la víctima. Sus efectos se extienden a todo el Pueblo Negro, y ese daño colectivo es parte esencial de la violación”, señala el documento. 

El EMLER documentó afectaciones psicosociales, socioeconómicas, familiares y comunitarias: miedo, ansiedad, estrés, desconfianza hacia la policía y una sensación de desprotección colectiva. 

Esto tiene consecuencias en la relación entre las comunidades y las instituciones, cuando el Estado presume criminalidad por el color de la piel, el cuerpo, el cabello, la ropa, la música o el barrio, se rompe la relación básica de confianza entre ciudadanía e institucionalidad. Las personas dejan de denunciar y de acudir a la justicia, y el subregistro protege a quienes ejercen la violencia. El Mecanismo constató una “desconfianza generalizada” de la población afrodescendiente hacia las instituciones de seguridad y de justicia.

A esto se suman consecuencias que muchas veces permanecen; las multas acumuladas actúan como antecedentes que cierran el acceso al empleo y empujan a jóvenes a vivir en la informalidad o, en su defecto, el desempleo. El EMLER las describió como una forma de “criminalización administrativa de la negritud, la pobreza, la juventud y la disidencia sexual y de género”. 

El informe del EMLER se dio a conocer mientras en Colombia se denunciaba el caso de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre en el suroccidente de Bogotá, luego de que lo golpeara un grupo de agentes de la Policía Nacional. Este hecho se suma al de Luis Alfredo Echeverry, otro joven afrocolombiano que murió el pasado 27 de septiembre en el departamento del Cauca, dos casos que reproducen con inquietante precisión los patrones de violencia que ha documentado el Mecanismo de Naciones Unidas: Un encuentro policial en un barrio popular con presencia mayoritaria de población afrodescendiente, el uso de la fuerza contra una persona reducida y bajo control estatal, denuncias públicas de que el procedimiento habría comenzado con expresiones discriminatorias, y una comunidad que debe movilizarse para que las pruebas se preserven y la investigación avance.

Los hallazgos del EMLER son generales y no constituyen una conclusión sobre ambos casos. Sin embargo, el componente racial debe integrar la investigación desde el primer día. “Se debe  analizar el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Una investigación que ignore esa dimensión será una investigación incompleta”, señala el informe.

A raíz de la publicación de este documento y de los recientes casos de violencia en los que dos hombres afrocolombianos han resultado fallecidos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas concretas frente a estos hechos y atiendan las recomendaciones formuladas por el mecanismo internacional.

En primer lugar, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad, independencia e imparcialidad las muertes de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, garantizando de inmediato la preservación de todas las pruebas, incluidas las grabaciones de cámaras públicas y privadas. Asimismo, consideramos fundamental incorporar el componente racial en ambas investigaciones y evaluar la calificación penal que corresponda, de acuerdo con los estándares internacionales sobre tortura y uso ilegítimo de la fuerza.

A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa les solicitamos colaborar plenamente con la justicia, garantizar que ningún agente sospechoso permanezca en funciones que puedan permitirle afectar el desarrollo de las investigaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda estigmatizar a las víctimas o a sus comunidades. Al Ministerio Público le corresponde ejercer una vigilancia activa sobre los procesos disciplinarios y penales, así como garantizar el acompañamiento a las familias con un enfoque étnico-racial y diferencial.

De igual manera, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proporcione garantías a las familias y a las comunidades frente a posibles represalias, asegure su participación efectiva en los procesos y garantice una reparación integral, incluida la garantía de no repetición. También solicitamos la adopción de un plan público para implementar las recomendaciones del EMLER, con responsables definidos, cronograma, presupuesto y mecanismos de seguimiento que cuenten con la participación de las organizaciones afrodescendientes. Este plan debe incluir la prohibición expresa del perfilamiento racial, el inicio del proceso para trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil y la publicación de datos desagregados por raza y origen étnico sobre uso de la fuerza, detenciones, comparendos y muertes bajo custodia.

Al Congreso de la República le solicitamos avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y en la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), así como legislar para prevenir y sancionar el perfilamiento racial.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento público tanto de estos casos como de la implementación de las recomendaciones formuladas por el EMLER, con el fin de contribuir a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas y comunidades afrodescendientes afectadas.



En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

Washington D. C., 8 de septiembre de 2026 – El pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha para visibilizar la lucha contra el racismo y reafirmar la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias. En Cuba, informes de organizaciones de la sociedad civil y las observaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advierten sobre la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente.

Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado la Revolución de 1959 como el momento en que la discriminación racial quedó atrás. Sin embargo, más de seis décadas después, persisten brechas en ámbitos como el empleo, la vivienda, los servicios básicos, las oportunidades económicas e, incluso, en la proporción de personas privadas de libertad. En el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos documentado cómo estas desigualdades tienen un carácter estructural y reproducen condiciones históricas de exclusión.

Estas brechas, planteadas durante la revisión de Cuba ante el CERD en abril de este año, se evidenciaron en las observaciones finales de este órgano independiente divulgadas en mayo pasado.

Las mujeres y niñas afrodescendientes cubanas, por ejemplo, “enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política… y se ven afectadas de manera desproporcionada por embarazos adolescentes y mortalidad materna. Además, preocupa la prevalencia de la violencia de género, incluidos los feminicidios”, señala uno de los apartados del informe del CERD. 

Desigualdad y falta de información

Por otra parte, en Raza e Igualdad hemos cuestionado las metodologías utilizadas para identificar a la población afrodescendiente y hemos señalado la necesidad de contar con información que permita visibilizar las desigualdades raciales. En su reciente revisión, el CERD consideró insuficientes las estadísticas disponibles para evaluar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas afrodescendientes. Por ello, recomendó revisar la metodología estadística a partir de la autoidentificación, realizar un nuevo censo y publicar datos desagregados.

La desigualdad también se manifiesta en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Según la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH), durante 2025 se registraron 3.511 acciones represivas que afectaron a 3.310 personas, de las cuales 1.842 eran afrodescendientes, equivalentes al 55,6 %. Esta organización también documentó una presencia significativa de personas afrodescendientes entre las víctimas de acciones represivas dentro de las prisiones.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, también evidenciaron estas dinámicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la desigualdad racial estuvo entre los factores asociados a las manifestaciones y que la represión afectó de manera desproporcionada a personas afrodescendientes.

El CERD, por su parte, expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas. También manifestó preocupación por el acoso, las amenazas, la vigilancia, las restricciones de movimiento y la criminalización de activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos de las personas afrodescendientes.

Una igualdad que todavía no es suficiente

Las conclusiones del CERD cuestionan la idea de que el racismo sea un problema superado en Cuba. El Comité reconoció que la población afrodescendiente continúa enfrentando racismo y discriminación estructural, vinculados al legado histórico de la esclavitud, que se expresan en la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, la sobrerrepresentación en la población penitenciaria y las brechas en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.

El Comité también manifestó preocupación por la falta de información suficiente sobre la implementación, los resultados y el impacto del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, adoptado en 2019, así como por la necesidad de garantizar una participación amplia e inclusiva de las personas afrodescendientes y de sus organizaciones en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), en Raza e Igualdad manifestamos que combatir el racismo exige más que reconocer la igualdad ante la ley. Como ha señalado el CERD, Cuba debe adoptar medidas concretas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación de la población afrodescendiente, fortalecer la igualdad en el ámbito laboral, investigar las denuncias de perfilamiento racial y garantizar un espacio cívico seguro para quienes defienden sus derechos.



El Día de la Afrocolombianidad no es solo una conmemoración, es un llamado al reconocimiento de derechos

Bogotá, 21 de mayo de 2026 – Hay una forma de estar en el mundo que no se aprende en un aula ni se decreta desde una institución. Se aprende viviendo en comunidad, cuidando. 

En Colombia, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han vivido así desde siempre; no porque no tuvieran otra opción, sino porque entendieron algo que a otros les ha costado siglos comprender: que la vida sola no alcanza, que el territorio se cuida entre todes y que la dignidad no es un logro individual, es una construcción colectiva.

Hoy 21 de mayo las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras conmemoran la Afrocolombianidad desde ese lugar: desde los procesos organizativos que llevan décadas construyendo agenda; desde los consejos comunitarios que gobiernan el territorio con sus saberes; desde las organizaciones de mujeres que han sostenido la vida cotidiana en los momentos en que todo lo demás se desmoronaba. Desde las juventudes que recibieron un legado enorme y lo están cargando hacia adelante con compromiso y orgullo. 

Ese legado viene de muy atrás. Y para entender lo que hoy se conmemora, hay que comprender contra qué se ha resistido para llegar hasta aquí. Porque la lucha del pueblo negro en este país no empezó en 1851, cuando se abolió la esclavitud. Inició cuando los primeros africanos fueron traídos a estas tierras, arrancados de sus familias, de sus lenguas, de sus nombres, de su identidad. Y desde ese momento, la lucha fue por recuperar la humanidad que les fue arrebatada. 

Los palenques fueron la expresión más visible de esa decisión; comunidades enteras que dijeron que no, que construyeron su propio territorio. San Basilio de Palenque, un corregimiento del Caribe colombiano, sobrevivió. Defendió su autonomía, preservó su lengua, mantuvo su memoria. Y hoy sigue en pie.

La libertad llegó en 1851 sin tierra, sin recursos, sin las condiciones reales para ejercerla. Y las comunidades tuvieron que seguir. Por el territorio. Por la educación. Por el derecho a participar, a decidir, a ser reconocidas. 

Esa lucha llegó a la Constitución de 1991. Las organizaciones de comunidades negras no esperaron que les dieran un espacio, lo construyeron. Llegaron con agenda propia y lograron que la diversidad étnica y cultural quedara reconocida. Lograron la Ley 70 de 1993, que reconoció los territorios colectivos y el derecho a la consulta previa. Eso no fue un regalo. Fue el resultado de décadas de organización, de personas que dedicaron su vida a hacer posible lo que parecía imposible.

Y, sin embargo, la brecha entre lo que la ley dice y lo que la realidad muestra sigue siendo enorme. Entre el 4 y el 14 de mayo de este año, por ejemplo, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) de Naciones Unidas, escuchó a las comunidades, a las organizaciones y a las instituciones del Estado. Y al terminar dijo lo que las comunidades llevan décadas nombrando: que el racismo en Colombia no es una colección de incidentes aislados, sino un sistema estructural, histórico y sostenido. Uno que se expresa en los indicadores de salud, en los mapas de violencia, en los territorios sin protección, en los cuerpos que no generan la misma urgencia cuando desaparecen.

Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han demostrado, a lo largo de siglos, que la identidad no se decreta ni se concede. Se construye, se defiende y se transmite. Y eso es precisamente lo que este país tiene entre sus manos: un patrimonio vivo, organizativo, cultural y político que sigue creciendo, que sigue formando líderes, que sigue cuidando territorios, y que sigue siendo, después de todo lo que se le ha puesto enfrente, una fuerza transformadora.

Por eso este día no es solo conmemoración; es también un llamado a que este país honre con hechos lo que ha reconocido con palabras, y a que los derechos que costaron siglos de lucha se ejerzan sin que nadie tenga que pagar con su vida por defenderlos.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las palabras de Alomía, y nos unimos a la conmemoración de esta fecha, para recordar que el racismo afecta a millones de personas afro en Colombia; y, al mismo tiempo, exigimos al Estado colombiano que brinde garantías para el reconocimiento de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de este país.

Dayana Alomía, consultora Legal de Raza e Igualdad en Colombia.



Organizaciones afrodescendientes exponen ante expertas de la ONU los desafíos estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en México

Washington, D.C., 20 de mayo de 2026. – Durante la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos comunitarios y representantes afrodescendientes de distintos territorios del país compartieron con las expertas internacionales sus principales preocupaciones, desafíos y demandas en materia de derechos humanos, reconocimiento, participación política, justicia racial y desarrollo sostenible.

La visita oficial, que inició el 11 de mayo y concluirá el 20 de mayo, es encabezada por Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo, y Catherine Namakula, miembra del mecanismo. Durante su estancia en el país, las expertas han examinado la situación de los derechos humanos de les afrodescendientes en México, recabando información sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como promoviendo la implementación del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

La delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como con personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que trabajan en temas de discriminación racial y derechos humanos.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) tuvo el honor de apoyar la coordinación de espacios de diálogo y encuentros entre las expertas y activistas afrodescendientes en los distintos territorios visitados. Estos espacios fueron posibles gracias al compromiso, liderazgo y capacidad de movilización de liderazgos comunitarios afrodescendientes que convocaron a organizaciones, autoridades comunitarias, juventudes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y representantes de diversos sectores de sus comunidades para dialogar con las expertas de Naciones Unidas. Raza e Igualdad expresa un especial agradecimiento a Rosa María Hernández Fitta en Córdoba y Yanga (Veracruz); Teresa Mojica y las integrantes de Afrocaracolas en Puerto Marqués (Guerrero); Sergio Peñaloza en Cuajinicuilapa (Guerrero); y Yolanda Camacho en El Azufre (Oaxaca), cuyo trabajo de articulación territorial hizo posible una amplia y diversa participación de la población afrodescendiente. Sin su compromiso y liderazgo, estos encuentros no hubieran sido posibles.

Las actividades iniciaron el 13 de mayo de 2026 con un encuentro realizado en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representado en esta ocasión por la Dra. Gema Tabares.

Durante los encuentros, las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones y comunidades afrodescendientes destacaron que aunque existen avances institucionales dirigidos a la población afromexicana, estos continúan siendo insuficientes debido a limitaciones presupuestarias, falta de voluntad política y una visión predominantemente indigenista que no responde plenamente a las realidades, identidades y necesidades específicas de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

En este sentido, se reiteró la necesidad de crear una institucionalidad especializada exclusivamente en la población afrodescendiente, con recursos adecuados, personal capacitado y capacidad para implementar políticas públicas integrales y sostenibles.

Asimismo, las organizaciones insistieron en la urgencia de fortalecer las acciones afirmativas y garantizar una representación política real de las personas afrodescendientes en espacios de toma de decisiones. Expresaron preocupación por los constantes intentos de usurpación de candidaturas destinadas a personas afromexicanas y por la utilización del censo como único mecanismo para acreditar pertenencia afrodescendiente, pese al bajo nivel de autorreconocimiento derivado de siglos de invisibilización histórica y discriminación racial.

Las organizaciones también destacaron la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades afrodescendientes, así como de sus sistemas normativos propios, formas de organización y autogobierno.

Igualmente, manifestaron preocupación por la falta de protocolos específicos de consulta para pueblos afromexicanos, la ausencia de numerosas comunidades en el Catálogo Nacional de Comunidades Afromexicanas y el abandono de la discusión sobre una ley reglamentaria afromexicana que permita traducir los derechos constitucionalmente reconocidos en políticas públicas, mecanismos de protección y garantías concretas.

Las organizaciones denunciaron que la población afromexicana continúa enfrentando importantes barreras para acceder a una educación inclusiva y libre de discriminación. Entre las principales preocupaciones se destacó la ausencia de contenidos y currículos afromexicanos en las aulas, situación que contribuye a la invisibilización histórica de los aportes de la población afrodescendiente y perpetúa estereotipos raciales.

Asimismo, se señaló la falta de acceso efectivo a educación técnica y universitaria para muchas comunidades afrodescendientes. Incluso cuando las familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijas e hijos continúen estudios superiores, persisten obstáculos para acceder a empleos dignos debido a prácticas discriminatorias y al racismo estructural presente en el mercado laboral.

Las organizaciones también denunciaron que el perfilamiento racial continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas afrodescendientes, particularmente cuando salen de sus comunidades ancestrales. Con frecuencia son percibidas como personas extranjeras o migrantes debido a sus características físicas, enfrentando actos de discriminación, cuestionamientos sobre su nacionalidad y tratos diferenciados por parte de autoridades y particulares.

Las organizaciones subrayaron la importancia de incorporar un enfoque interseccional en el análisis de la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente en México. Destacaron que las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando múltiples formas de discriminación derivadas de la interacción entre racismo y sexismo, así como mayores niveles de exclusión económica, violencia y barreras para acceder a espacios de participación y liderazgo.

Por su parte, las juventudes afrodescendientes enfrentan obstáculos específicos relacionados con el acceso a educación de calidad, empleo, oportunidades de movilidad social y participación política, además de ser frecuentemente afectadas por la criminalización, la estigmatización y la violencia.

Asimismo, se resaltó la situación de las personas afrodescendientes migrantes, quienes enfrentan formas agravadas de discriminación y vulnerabilidad debido a la convergencia de factores como raza, nacionalidad, situación migratoria y exclusión socioeconómica.

Otro de los temas abordados fue la protección del patrimonio cultural afrodescendiente, particularmente del afroseminol, lengua criolla de base inglesa hablada por la comunidad mascoga en Coahuila y actualmente en peligro de extinción.

Las organizaciones también resaltaron la necesidad de fortalecer y apoyar las iniciativas comunitarias orientadas a preservar la memoria histórica afrodescendiente, incluyendo museos comunitarios como el Museo Afromexicano de Huehuetán, espacios culturales y proyectos artísticos que desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidad, autoestima colectiva y lucha contra la invisibilización. Sin embargo, señalaron que estas iniciativas continúan recibiendo escaso apoyo institucional y financiero.

Las comunidades afrodescendientes de zonas costeras alertaron igualmente sobre los impactos del cambio climático, el abandono estatal y proyectos económicos que afectan sus territorios y medios de vida, especialmente en lugares como Puerto Marqués, en Acapulco, y El Azufre, en Oaxaca.

Además, se denunciaron afectaciones derivadas de la violencia y el crimen organizado, incluyendo desapariciones, asesinatos, intimidación y falta de acceso a la justicia.

Las y los activistas señalaron también la necesidad urgente de contar con centros de salud adecuadamente equipados y con personal permanente. Actualmente, muchas personas afrodescendientes deben trasladarse largas distancias para acceder a atención médica o recurrir a servicios privados de alto costo, situación que limita seriamente el ejercicio del derecho a la salud.

Igualmente, manifestaron preocupación porque muchos programas y apoyos gubernamentales establecen requisitos que resultan inaccesibles para comunidades, organizaciones y activistas afrodescendientes, excluyendo precisamente a quienes más necesitan acceder a estos recursos.

Las organizaciones participantes subrayaron la importancia de que las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo contribuyan a fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía efectiva de los derechos de las personas afrodescendientes en México, desde una perspectiva de reparación histórica, justicia racial, igualdad sustantiva y participación efectiva de las comunidades.

Hoy, 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes dará a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares durante una rueda de prensa al cierre de su visita oficial a México. Posteriormente, se espera que el informe final sobre la misión sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas posiblemente en septiembre de 2026.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de continuar acompañando y apoyando a la población afrodescendiente en México, como lo ha hecho durante muchos años, promoviendo espacios de diálogo, fortaleciendo las capacidades de organizaciones y liderazgos afrodescendientes, impulsando procesos de incidencia nacional e internacional y contribuyendo a la defensa de sus derechos humanos.

Confiamos en que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta visita contribuirán a visibilizar los desafíos que continúan enfrentando las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes en México, así como a fortalecer las acciones necesarias para avanzar hacia la igualdad racial, la reparación histórica, el reconocimiento pleno de sus derechos y una participación efectiva en la vida política, económica, social y cultural del país.

La lucha por la igualdad racial a la luz de los mecanismos internacionales: Raza e Igualdad y su compromiso con pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en las Américas

Washington D.C., 20 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo estructural y la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas en las Américas.

Desde Raza e Igualdad trabajamos de manera articulada con personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma, quienes continúan enfrentando formas históricas y contemporáneas de discriminación que no solo limitan el ejercicio de sus derechos, sino que impactan directamente sus condiciones de vida, su acceso a oportunidades y su participación en la sociedad.

Lejos de ser meras declaraciones, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen obligaciones concretas para los Estados: garantizar igualdad real, eliminar prácticas discriminatorias, reconocer identidades y culturas, y adoptar medidas específicas para cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías aún no se traducen plenamente en cambios estructurales.

En el ámbito internacional, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido fundamentales para visibilizar estas desigualdades. Instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no solo reconocen derechos colectivos, sino que exigen a los Estados respetar la autodeterminación, proteger los territorios y asegurar la participación efectiva en decisiones que afectan sus vidas.

De igual forma, el proceso hacia una futura Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes representa una oportunidad histórica para consolidar estándares que obliguen a los Estados a enfrentar el racismo estructural heredado del colonialismo y la esclavitud. Esto implica, por ejemplo, adoptar políticas públicas que garanticen acceso equitativo a educación, salud, empleo y justicia, así como reconocer y reparar los impactos históricos de la discriminación racial.

No obstante, los pueblos Roma continúan enfrentando importantes vacíos de reconocimiento en el sistema internacional, lo que se traduce en una persistente invisibilidad en las Américas. Esta falta de reconocimiento limita la adopción de políticas públicas específicas y perpetúa barreras en el acceso a derechos básicos.

En el sistema interamericano, instrumentos como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) refuerzan estas obligaciones, al establecer que los Estados deben no solo prohibir la discriminación, sino también prevenirla, sancionarla y erradicarla mediante acciones concretas. Esto incluye recopilar datos desagregados, reconocer a las comunidades afectadas y diseñar políticas públicas con su participación.

Un ejemplo reciente de estas deudas estructurales se evidenció en la histórica primera audiencia sobre el pueblo Roma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 9 de marzo de 2026 y acompañada por Raza e Igualdad. En este espacio, activistas Roma denunciaron cómo la invisibilidad, el racismo estructural y la falta de reconocimiento estatal continúan traduciéndose en exclusión del sistema educativo, barreras en el acceso a servicios de salud y obstáculos para acceder a la justicia.

Este tipo de espacios no solo visibilizan las problemáticas, sino que reafirman que los Estados deben pasar del reconocimiento formal a la acción efectiva.

Frente a estos desafíos, en Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso de:

  • Fortalecer la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes, indígenas y Roma en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en espacios internacionales.
  • Impulsar procesos de memoria, verdad, justicia y reparación frente a los legados del colonialismo, la esclavitud y el racismo estructural.
  • Visibilizar y documentar las desigualdades persistentes, apoyando a organizaciones y activistas en la defensa de sus derechos.
  • Incorporar un enfoque interseccional en todas nuestras acciones, reconociendo las múltiples formas de discriminación que enfrentan estas poblaciones.
  • Impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), reconociendo que este instrumento proporciona herramientas concretas para que los Estados adopten marcos normativos en esa vía.

En este 21 de marzo, hacemos un llamado a los Estados, organismos internacionales y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo en todas sus formas. La igualdad no puede seguir siendo una promesa: debe traducirse en políticas, recursos y acciones concretas que garanticen dignidad y justicia para todas las personas.

A 19 años de la agresión a doña Ernestina Ascencio, familia y organizaciones exigen cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano sigue sin proponer una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo. 

México, 25 de febrero de 2026.– A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones que les representamos exigimos al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.

Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitamos formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.

Fallo histórico

Este aniversario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.

Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».

El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos. 

A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.

Firman:

  • Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)
  • Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)
  • Kalli Luz Marina A.C. 
  • Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​
  • Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
  • Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos

MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



La ONU hizo pública una carta en la que exige información al Estado brasileño sobre la situación de Sônia Maria de Jesus 

  • Sônia Maria de Jesus, una mujer negra con múltiples discapacidades, fue sometida durante décadas a condiciones de esclavitud doméstica por una familia con vínculos en el Poder Judicial. 
  • Cuatro relatorías especiales y un grupo de trabajo de la ONU enviaron una comunicación al Estado brasileño expresando profunda preocupación por el caso, exigiendo información y medidas urgentes para evitar su revictimización y garantizar sus derechos.
  • En 2024, representantes de la familia de Sônia, CPT, CEJIL y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos denunciaron el caso ante la ONU, exigiendo justicia y garantías de no repetición. 

Río de Janeiro, Brasil. XX de abril de 2025. — Cuatro Relatorías Especiales de la ONU exigieron aclaraciones y una postura del gobierno brasileño respecto al caso de Sônia Maria de Jesus, una mujer negra, con múltiples discapacidades y analfabeta, que fue sometida desde su infancia a condiciones análogas a la esclavitud doméstica por una familia en el estado de Santa Catarina, de la cual un juez de alto rango forma parte. 

La ONU, a través de las relatorías sobre tráfico de personas; derechos de las personas con discapacidad; formas contemporáneas de racismo y discriminación racial; y formas contemporáneas de esclavitud —junto con el grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas— hizo pública la carta enviada al gobierno brasileño, expresando preocupación por el caso, por las violaciones denunciadas, la revictimización de Sônia y la perpetuación de dichas violaciones, así como por el precedente negativo que este caso podría establecer. 

Las relatorías también subrayaron que los hechos informados evidencian la violación de diversos derechos contemplados en tratados internacionales, y manifestaron su inquietud ante la decisión judicial que determinó el retorno de Sônia a la residencia donde presuntamente fue sometida a esclavitud contemporánea, en contradicción con los protocolos nacionales e internacionales de protección a víctimas de esclavitud y violencia, lo que podría agravar su revictimización. 

Además de solicitar información, la ONU exigió al Estado brasileño detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos de Sônia y su familia, para investigar las violaciones denunciadas, así como sobre las políticas públicas para enfrentar la esclavitud contemporánea y el tráfico de personas, especialmente en el contexto del trabajo doméstico y en relación con personas en situación de vulnerabilidad agravada, como las mujeres negras y las personas con discapacidad. 

“Para nosotras, las hermanas de Sônia, es reconfortante y un alivio ver que alguna institución se ha sensibilizado y ha manifestado su preocupación por el caso. El Poder Judicial brasileño no está respondiendo adecuadamente ni a la situación de Sônia ni a la nuestra. No nos garantiza el derecho a la convivencia familiar ni reconoce que ella podría estar siendo acogida y reconstruyendo su vida junto a nosotras”, dijo Marta de Jesus, hermana de Sônia. 

En 1982, Sônia fue entregada a la casa de un juez de Santa Catarina para su protección, pero fue llevada a otro estado sin el conocimiento de su familia biológica. Fue explotada durante décadas, sin registro formal de trabajo, sin acceso a educación ni a cuidados médicos adecuados, y su desarrollo comunicacional fue bloqueado debido a la falta de estímulos apropiados. En 2023, Sônia fue rescatada tras una denuncia anónima, pero su libertad fue breve: una decisión del Superior Tribunal de Justicia autorizó su retorno a la casa donde había sido explotada. Sus hermanos solo supieron de su paradero tras el rescate, pero han sido privados del pleno contacto con ella. 

A fines de 2024, representantes de la familia de Sônia y las organizaciones Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), CEJIL, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Movimiento Vidas Negras Con Discapacidad Importan, enviaron una comunicación a la Organización de las Naciones Unidas denunciando las violaciones sufridas por Sônia y su familia y solicitando que se exigieran respuestas y medidas al Estado brasileño. 

Mientras se espera una respuesta por parte del Estado, las relatorías y el grupo de trabajo de la ONU reiteraron la necesidad de que Brasil adopte todas las medidas necesarias para cesar las violaciones, evitar su repetición y asegurar la rendición de cuentas. También indicaron la posibilidad de expresar públicamente su preocupación, ya que consideran que se trata de un asunto que requiere atención inmediata y sobre el cual la sociedad debe estar alerta por sus posibles implicaciones. 

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