Raza e Igualdad rechaza el asesinato de Mariana, una niña afrodescendiente de 3 años en medio de un procedimiento policial y urge al Estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Raza e Igualdad rechaza el asesinato de Mariana, una niña afrodescendiente de 3 años en medio de un procedimiento policial y urge al Estado colombiano a implementar una reforma policial integral

Colombia, 2 de octubre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza el asesinato de Mariana Hurtado, una niña afrodescendiente de 3 años, durante un tiroteo que se registró en medio de un procedimiento policial en el municipio de Pradera, en el departamento Valle del Cauca.[1]

Durante una entrevista en la emisora W Radio, José Hurtado, padre de Mariana, relató que se dirigía a su casa cuando la Policía estaba llevando a cabo un procedimiento en una vivienda cercana y comenzaron a disparar. Según su relato, en ese momento salió la madre de Mariana con ella para enseñarle a montar bicicleta y una bala atravesó la mano de la madre e impactó a Mariana, causándole la muerte. El padre también asegura que fueron los integrantes de la Policía quienes accionaron las armas y provocaron el cruce de disparos.[2]

Es importante que el Estado reconozca que la violencia policial afecta de manera desproporcionada a las personas afrodescendientes y a las comunidades donde residen principalmente estas personas. Esto se manifiesta en prácticas como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden, la falta de consideración de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública, el perfilamiento racial y la discriminación racial por parte de los miembros de la Policía del Estado

Desde Raza e Igualdad, instamos a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas con una debida diligencia de las investigaciones. Es fundamental que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, es importante tener en cuenta los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, adoptados por las Naciones Unidas en 1990 [3]. Así mismo, los estándares internacionales contra el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, como lo son las resoluciones 43/1 y 47/21 de las Naciones Unidas.

Urgimos al Estado a desarrollar una reforma policial integral, que tenga en cuenta las afectaciones e impactos diferenciales que la violencia policial genera en las personas afrodescendientes; incorpore estándares internacionales en su diseño e implementación; y establezca medidas para reducir la impunidad estructural en los casos de violencia policial racista en Colombia.

 

 

[1] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[2] https://www.wradio.com.co/2023/09/29/mariana-la-nina-que-murio-por-presunto-disparo-de-la-policia-en-pradera-valle-del-cauca/

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (S.f). Tema tres: Los principios generales que rigen el uso de la fuerza en la aplicación de la ley. Consultado en: https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3–the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html

Tragedia anunciada: la articulación de los movimientos antidemocráticos debe ser investigada por el Estado brasileño

Brasil, 10 de enero de 2022 – La acción de los manifestantes bolsonaristas que culminó en el estrago del patrimonio público e histórico brasileño en la capital federal, en un vil intento de golpe antidemocrático, se consolidó como una tragedia anunciada. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Estado brasileño para que priorice en su plan de seguridad pública la investigación y contención de los actos antidemocráticos en aumento en el país. Por ello, instamos a la rendición de cuentas bajo el más estricto peso de la ley de todos los involucrados en actos de vandalismo en la sede de los Tres Poderes, así como la identificación de los financiadores de esta articulación criminal.

Tras el establecimiento del Estado Democrático de Derecho brasileño, por primera vez, este hecho insurgente amenaza la democracia brasileña a nivel nacional e internacional.  Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 son preocupantes no solo porque atentan contra la voluntad popular soberana establecida en el proceso electoral de 2022 y contra las instituciones democráticas nacionales, sino también porque buscan legitimar los crímenes de odio y la escalada de violencia bajo el manto de la libertad de expresión. Por lo tanto, nos sumamos al repudio internacional y llamamos a la celeridad y rigidez en las investigaciones con la observación del debido proceso.

La omisión de la Policía Militar y la conveniencia del Ejército resuenan como una advertencia a los gobernantes de que algo peor puede suceder.  En vista de esto, Brasil necesita priorizar, a nivel nacional, la agenda de seguridad democrática alineada para enfrentar este escenario de fuerte polarización desde el anuncio de la victoria del presidente Lula. Los casi 150 autobuses que llegaron a Brasilia con manifestantes bolsonaristas eran conocidos por el Estado y las fuerzas de seguridad. Luego, la omisión deliberada de la invasión de edificios públicos, además de representar una afrenta a la democracia brasileña, revela la certeza de la impunidad como símbolo político de un país sin memoria histórica, que favorece a sectores privilegiados. La caricatura del ‘Capitolio bolsonarista’ es elitista, racista, sexista y LGBTIfóbica.

Así, Raza e Igualdad, como organización de derechos humanos, repudia los ataques contra los Tres Poderes y espera que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda restablecer la defensa de la paz y la democracia. También es esencial promover una política de confrontación  y monitoreo de los movimientos antidemocráticos que, motivados por la agenda bolsonarista, no cesarán durante los próximos cuatro años de mandato. Por lo tanto, es urgente que cualquier posibilidad de amnistía esté fuera de discusión para que la República de Brasil avance hacia la equidad y la justicia social.

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes, publican actualización del informe «Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del Paro Nacional en Colombia»

Colombia, 8 septiembre de 2021. Raza e Igualdad, Ilex Acción Jurídica y Codhes en su reciente informe ‘Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia’, piden al Gobierno nacional y los organismos estatales realizar acciones contundentes en contra de la violencia policial racista, exacerbada en medio del Paro Nacional que se inició el pasado mes de abril y que ya completa más de cuatro meses. 

De acuerdo al informe de seguimiento al paro, la respuesta el Gobierno ha incluído la militarización de  los territorios y el uso desproporcionado de la Fuerza Pública, afectado de manera diferencial a la población afrodescendiente al estas acciones estar concentradas en ciudades como Cali, que tiene la mayor densidad de esta población en el país.

Entre las recomendaciones que las organizaciones le  hacen al Gobierno está la realización de la reforma policial, pero atendiendo a los criterios internacionales de respeto de los derechos humanos y las demandas sociales, que a la fecha se desconoce si están consignadas en su promocionado proyecto de reforma. 

Uno de los cambios  que las organizaciones consideran debe ser incluido es el traslado de  la institución como cuerpo de control civil armado al Ministerio del Interior, así como  adoptar la justicia procesal como guía de sus actuaciones internas y externas y apegarse estrictamente a los protocolos del uso legítimo de la fuerza en cumplimiento a los principios/criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 

De igual forma, solicitan recolectar, almacenar y analizar datos demográficos desagregados por raza, etnia, sexo, género, de todas las detenciones, comparendos, registros y arrestos, pero también actualizar permanentemente la plataforma de consulta de procesos, establecer un mecanismo eficaz que permita a las personas consultar por el número de cédula si una persona se encuentra bajo custodia de la policía indicando el lugar exacto y el motivo, así como difundir masivamente el contenido de las normas sobre el uso de la fuerza, entrenamiento, investigaciones y enjuiciamientos. 

“La represión continuó (después de las grandes marchas), la persecución a lideresas y líderes. Tenemos ahora con mayor certeza de que hubo un ejercicio de inteligencia por parte de la Policía, del Ejército, de las autoridades militares, que está generando arrestos en diferentes zonas del país. Pero es muy complejo diferenciar quienes pertenecen a la población afrodescendiente porque el sistema estatal no hace esa diferenciación”, señala  Charo Mina-Rojas, coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras (PCN), frente a este aspecto. 

Y es que, de acuerdo al informe, el Gobierno aún no acata las recomendaciones de las entidades internacionales frente a la protección de personas indígenas y afrodescendientes contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como por cualquier persona, grupo u organización. 

En el texto se señala que el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y ha desconocido las recomendaciones formuladas, cuestionando  el contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas al no coincidir con las institucionales, condicionando con esto la calidad de víctima a la apertura de investigaciones, además,  de reprochar la legitimación de los cortes de ruta o bloqueos como mecanismo válido de protesta. 

Es así como se sugiere que el Gobierno debe propender por realizar diálogos amplios con representación plural y diversa en los  que participen personas  afrodescendientes, cesar todo acto de violencia policial y vulneración a los derechos humanos, reconocer la legitimidad de los bloqueos como mecanismo de protesta y desistir de su criminalización, así como realizar campañas pedagógicas sobre aspectos relevantes del derecho a la protesta y demás derecho humanos. 

Entre el 28 de abril y  el 8 de julio, las organizaciones reportaron 466 situaciones de violencia registradas en medio de las manifestaciones en Cali. Un 13,7% ha sido hacia personas afrodescendientes. Asimismo, registran 108 homicidios, de los cuales 39 se habían identificado contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%

En este sentido, Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, señala que el Gobierno colombiano prometió que iba a garantizar seguridad, desarrollo, libertades y está haciendo todo lo contrario, incluso se está quitando la vida a la población afro. 

“Deberíamos empezar por cumplir las leyes de la Constitución colombiana y todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El Estado debe empezar a cumplir, pero protegiendo y garantizando la vida. Que se pueda ver inversión que garantice vida, salud, seguridad de los jóvenes”, indica Altagracia Jean Joseph,  directora de la Fundación Código Humano de República Dominicana, frente a la posición del Gobierno”, agrega  Joseph.

Conozca el documento  «Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia»  en is.gd/sz7uIc 

 

Defensores de derechos humanos expondrán en Ginebra la evolución de la crisis en Nicaragua

Washington. D.C, noviembre 20, 2018 – La crisis actual de derechos humanos en Nicaragua,  que inició  desde hace siete meses producto de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, será expuesta en Ginebra el próximo 28 de noviembre en el marco del conversatorio “Crisis de derechos humanos en Nicaragua”con el objetivo de visibilizar sus consecuencias y permanencia, ahora con la prohibición de las manifestaciones cívicas y la judicialización de cientos de protestantes, estudiantes y activistas que han sido apresados por participar en protestas y están siendo sometidos a juicios en los que se irrespetan  las garantías del debido proceso.

En el conversatorio organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), participarán defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes desde su experiencia durante la crisis relatarán sus propias vivencias y los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo su labor.

Especial énfasis tendrá en el conversatorio la situación de injusticia e indefensión a la que se enfrentan poblaciones tradicionalmente discriminadas como son las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, quienes han sido reprimidos por defender la democracia y reclamar justicia y respeto a los derechos humanos.

También se referirán a la situación  que enfrentan  cientos de presos y presas políticas, quienes han denunciado torturas y malos tratos en las cárceles y centros de detención. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de los 602 ciudadanos apresados hasta el 14 de noviembre por participar en las protestas, 563 son hombres y 50 mujeres, de las cuales 4 son mujeres transgénero.

La imagen de la “normalidad” que intenta establecer el Gobierno nicaragüense tanto  a nivel nacional como internacional, contrasta diametralmente con la visión que proporcionarán los defensores de derechos humanos respecto a que realmente,  en Nicaragua, “nada está normal”, pues las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades son sistemáticas  y permanecen en la impunidad.

Nicaragua será evaluada por el Examen Periódico Universal en 2019. Dicha revisión ofrecerá a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional una importante oportunidad para incidir en resolver de forma pacífica, la crisis que hoy agobia a los y las nicaraguenses.

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