La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

  • Conozca más sobre nuestro trabajo en Cuba durante más de una década aquí. 

La condena por el asesinato de Marielle Franco debe traducirse en garantías estructurales contra la violencia política de género en Brasil

Río de Janeiro, 4 de marzo de 2026.– La condena histórica de los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por el asesinato de la concejala Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes representa no solo el fin de un largo ciclo de impunidad, sino también un hito en el reconocimiento jurídico de la gravedad de la violencia política de género en Brasil.

Para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), este fallo constituye un precedente relevante, pero también una prueba para el Estado brasileño: la justicia en un caso emblemático debe ir acompañada de transformaciones estructurales que garanticen la no repetición y la protección efectiva de las mujeres en la vida pública, especialmente aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples e interseccionales.

Según lo definido por la Ley nº 14.192/2021, la violencia política de género es toda acción que tiene como objetivo impedir, dificultar o anular los derechos políticos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de Marielle, mujer negra, criada en la favela da Maré y defensora de los derechos humanos, esta violencia fue llevada a las últimas consecuencias. Como destacó el ministro Alexandre de Moraes en su voto, el crimen reunió “cuestión política con misoginia, con racismo, con discriminación”, señalando que la concejala “era una mujer negra, pobre, que estaba enfrentándose a los intereses de los milicianos”. La ministra Cármen Lúcia también se hizo eco de este sentimiento al reflexionar sobre la fragilización histórica de las mujeres como sujetos de derecho: “Matar a una de nosotras es mucho más fácil […] Porque ‘no va a pasar nada’”.

Esta vulnerabilidad denunciada por la ministra alcanza niveles aún más críticos cuando se trata de mujeres LBTI (lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales). Datos oficiales revelan un escenario alarmante: entre 2015 y 2022, las notificaciones de violencia contra mujeres lesbianas crecieron un 50%, y Brasil figura entre los países con los índices más altos de asesinato de personas trans. Estas cifras evidencian que, para las mujeres LBTI, la violencia política se agrava por la LBTIfobia estructural, que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad en los espacios de poder y decisión.

Es en este contexto que el gobierno federal lanzó, en septiembre de 2025, el Procedimiento Operativo Estándar (POE) para la acogida humanizada de mujeres LBTI en situación de violencia. El protocolo establece directrices fundamentales para que la red de atención respete la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas, evitando la revictimización y garantizando una escucha calificada y el acceso a la justicia.

No obstante, es importante resaltar que la adopción de protocolos de esta naturaleza debe ir acompañada de asignación presupuestaria suficiente, capacitación obligatoria a funcionarios públicos, mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de monitoreo independientes que permitan evaluar su impacto real. La debida diligencia reforzada que exige el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Estado brasileño no solo a investigar y sancionar, sino también a prevenir, proteger y reparar integralmente.

En este sentido, Raza e Igualdad llama la atención de los mecanismos de las Naciones Unidas (en particular a la Relatoría sobre la violencia contra las mujeres y niñas y al Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Brasil, para que mantengan una vigilancia activa sobre la implementación de medidas estructurales que garanticen la seguridad y una vida libre de violencia para mujeres negras, mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.

La condena de los hermanos Brazão y sus cómplices no puede ser vista solo como el desenlace de una investigación criminal. Debe representar un punto de inflexión en el enfrentamiento a la violencia política de género en Brasil. La memoria de Marielle Franco exige que el Estado brasileño avance en reformas estructurales que desmantelen las redes de violencia y discriminación que buscan excluir a determinadas mujeres del poder político, y que garantice que ningún crimen con motivación política y de género vuelva a quedar en la impunidad.

¡Marielle vive!

Condenamos violencia contra Danne Belmont, lideresa trans y directora ejecutiva de la Fundación GAAT en Colombia

Bogotá, 2 de febrero de 2026 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad con Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), y su pareja, quienes fueron víctimas de actos de violencia transfóbica el 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Desde Raza e Igualdad rechazamos de manera contundente toda forma de violencia basada en prejuicios, en particular aquella dirigida contra personas por su identidad de género u orientación sexual. Este hecho constituye una grave vulneración a los derechos humanos, además se suscribe a un contexto amplio de violencias estructurales que enfrentan de manera persistente las personas trans en la región. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe país, indicó que Colombia es uno de los Estados de la región que registra más muertes violentas de personas LGBTI. Solo entre 2022 y 2023 hubo 302 asesinatos. Colombia se posiciona como el tercero en Latinoamérica con la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, lo que evidencia una situación de riesgo extremo. A su vez, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2024 fueron atendidos por esta institución cerca de 290 hechos de violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, entre los cuales se encuentran violencias físicas.  

En sus observaciones derivadas de la visita in loco de 2024, la CIDH advirtió sobre la persistencia de la violencia en contra de esta población y obstáculos que las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia, en especial, en los territorios afectados por el conflicto armado. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un agravamiento de las violencias extremas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto en espacios privados como en el ámbito público, e insistió en que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible si el Estado actúa de manera oportuna.  

Reconocemos y valoramos profundamente la labor que Danne Belmont ha desarrollado como lideresa trans y defensora de derechos humanos, así como el trabajo histórico de la Fundación GAAT en la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas trans, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Los ataques contra liderazgos sociales y defensores de derechos humanos buscan silenciar voces fundamentales para la construcción de sociedades más justas e inclusivas, y no pueden ser tolerados. 

Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades competentes para que se adelanten investigaciones prontas, exhaustivas y con enfoque basado en género, garantizando el acceso efectivo a la justicia, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de protección adecuadas para Danne Belmont, y su pareja. 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de la transfobia, la discriminación y la violencia, y reafirmamos que la dignidad, la vida y la integridad de las personas trans deben ser plenamente garantizadas. 

A Danne, su pareja y a la Fundación GAAT: decirles que no están solas. Les acompañamos con solidaridad y respeto, y reafirmamos nuestro compromiso de caminar a su lado, sostener sus luchas y alzar la voz, de manera firme y constante. 



MUDE, un refugio amenazado por defender los derechos de mujeres e infancias negras en Palmira, Colombia

Bogotá, 20 de octubre de 2025 – El 15 de julio de 2024, las integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas (MUDE) denunciaron que, en horas de la  madrugada, varias personas ingresaron violentamente a la casa donde funcionaba la sede de la organización, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, hicieron público cómo fueron destruidos los computadores, y en general, el refugio de más de 300 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres negras y diversas de esta región de Colombia, beneficiarias de MUDE. 

Ese día, las mujeres de esta organización sintieron que se ‘rebosó la copa’, tras años de amenazas, hostigamiento, actos de racismo, transfobia y campañas de odio difundidas a través de redes sociales. Les dejaron un mensaje claro: si siguen realizando esta labor, sus vidas están en peligro.

Después de un año del allanamiento, los hechos siguen en la impunidad y las integrantes de MUDE continúan denunciando lo ocurrido y exigiendo el reconocimiento y garantía de sus derechos en esta zona del Pacífico colombiano. “Seguimos haciendo un llamado a las autoridades y a las otras organizaciones, para que se nos escuche y se nos atienda. Queremos saber que tenemos un respaldo, que nuestras vidas importan, que a la gente le importa lo que pase con MUDE, con las infancias y con la diversidad”, dice María Camilia Saa, integrante de la organización. 

El Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Emancipadas nació en 2019 y, desde entonces, ha acompañado y transformado la vida de más de seis mil niños, niñas, adolescentes, mujeres afrodescendientes y diversas, junto a sus familias, en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Sady Carreazo, otra de sus integrantes, afirma que MUDE es un espacio para “colectivizar”. 

“Juntarnos garantiza la vida de la gente negra; es otra forma en la que podemos ser y habitar en libertad. Es otra oportunidad para estudiar, trabajar, ser y expresarse”, agrega Carreazo. La organización impulsa estrategias de incidencia, formación y visibilización con enfoque étnico y diverso, a través del arte y la música. Un ejemplo de ello es la agrupación Agojie de MUDE, que en sus canciones aborda temas como el cabello afro, el feminismo y las disidencias sexuales y de género.

Tras el ataque, MUDE se vio obligado a reubicar su sede en otro sector de Palmira, mientras sus integrantes siguen denunciando la continuidad de las amenazas y el hostigamiento que reciben, derivados de sus identidades diversas y de la labor en defensa de los derechos de sus comunidades.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestro acompañamiento a MUDE y reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con diligencia, garanticen la protección de sus integrantes, y aseguren que hechos como estos no queden en la impunidad. Defender la vida, la diversidad y el liderazgo de las mujeres negras y diversas es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano.



Rechazamos atentado contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, muestra de represión transnacional

Bogotá, 14 de octubre de 2025 – Este lunes 13 de octubre de 2025, los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche fueron víctimas de un atentado a tiros en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos en las piernas y se recuperan fuera de peligro. Según información oficial, tres hombres armados los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su enérgico rechazo ante este ataque, que representa un nuevo caso de represión transnacional, una forma de persecución política que busca silenciar a quienes defienden derechos humanos incluso más allá de sus fronteras. 

“Nos alarma el crecimiento de la represión transnacional en América Latina: una práctica que pretende castigar el activismo y callar las voces críticas, aun en el exilio. Este atentado contra Yendri y Luis vulnera no solo sus vidas, sino también el derecho colectivo a defender los derechos humanos”, señaló Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad. 

Yendri Omar Velásquez Rodríguez es un reconocido defensor LGBTIQ+ venezolano y fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. En 2024 recibió el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho otorgado por las embajadas de Francia y Alemania; pero ese mismo año, en agosto, fue víctima de persecución estatal cuando se disponía a viajar a Ginebra para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía y su pasaporte fue anulado. Semanas después fue obligado a exiliarse en Colombia.

Luis Alejandro Peche Arteaga, de 34 años, es internacionalista y consultor político. Fue asesor en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018, durante la presidencia parlamentaria de la oposición, y colaboró con organizaciones de participación ciudadana como Voto Joven. En 2025 abandonó Caracas tras recibir amenazas. 

Este atentado se inscribe en un patrón de violencia transnacional cada vez más visible en la región. En junio de 2025, Raza e Igualdad condenó el asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en San José, Costa Rica, un hecho que evidenció que la persecución contra voces críticas y opositoras trasciende las fronteras nacionales. 

Llamado urgente al Estado colombiano 

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado urgente y respetuoso al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas y efectivas de protección, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de Yendri Velásquez, Luis Peche y sus familias. Asimismo, insta a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta, exhaustiva y con la debida celeridad que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, y garantizar que no haya impunidad. 

De igual forma, exhorta a las autoridades a coordinar acciones con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y brindar acompañamiento especializado. 

Raza e Igualdad también llama al Estado a reforzar las políticas nacionales de protección para personas defensoras, periodistas y líderes sociales, incorporando un enfoque interseccional, diferencial y de género que reconozca las múltiples vulnerabilidades que enfrentan los defensores migrantes y LGBTIQ+. 

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a no guardar silencio frente a estos hechos. Condenamos enérgicamente las expresiones de represión transnacional en América Latina y el Caribe, y reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento y solidaridad con las víctimas de estos actos de violencia. 

Proteger la vida de quienes defienden derechos humanos es un compromiso colectivo y una obligación ética universal. Defender derechos no puede seguir siendo un riesgo que se pague con la vida. Colombia y toda la región deben ser territorios de refugio y esperanza, no espacios donde se prolonguen el miedo y la persecución. 

Escuela Kátia Tapety en Colombia: dos encuentros para fortalecer liderazgos LGBTI+

Bogotá, 2 de octubre de 2025 — La Escuela de Formación Política Kátia Tapety, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), llegó a Colombia con dos encuentros realizados en alianza con el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), y con la Fundación Somos Identidad. Las jornadas se llevaron a cabo el 23 de septiembre en el Centro de Atención para la Población LGBTIQ+ del programa CaliDiversidad, en el barrio Miraflores de Cali; y el 26 en la Casa LGBTI Sebastián Romero de Teusaquillo, en Bogotá, donde se reunieron más de 50 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, para dialogar sobre participación política, violencia, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y las luchas compartidas entre Brasil y Colombia.

La escuela, creada en Brasil en 2022 y que ya ha tenido dos promociones (llegando a más de 60 alumnas), lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera mujer trans elegida por voto directo en el país brasileño. Para Maria Paula Custódio, coordinadora del proyecto en Raza e Igualdad, el nombre es un homenaje a su legado político: “Ella es honrada en este proyecto que ahora se expande a Colombia”.

Los dos encuentros contaron con la participación de dos exalumnas de la escuela en Brasil: Isis Carneiro, integrante de la Articulación Brasileña de Lesbianas (ABL); y Dayanna Louise, secretaria de Educación de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), quienes compartieron sus experiencias con las y los asistentes.

Isis Carneiro destacó que la escuela le permitió ampliar sus conocimientos: “Aunque soy abogada y ya he estudiado muchas cosas que vimos en la escuela, la visión que tuvimos fue completamente diferente. Logramos tener una perspectiva completamente diferente de la población LGBT y de las cosas que nos importan; no lo que vemos en la academia, que se nos olvida”.

Para Dayanna Louise, la llegada del proyecto a Colombia será un paso importante en la construcción colectiva de la región: “La escuela Kátia Tapety nos permite un proceso de incidencia política en la colectividad, pero también respetando las particularidades de cada persona. Entonces, traer la experiencia brasileña de la escuela Kátia Tapety a Colombia, es invertir en la construcción política de América Latina”.

Con estos dos encuentros, la Escuela Kátia Tapety consolidó un espacio de intercambio entre liderazgos LGBTI+ de Colombia y Brasil, reafirmando su objetivo de fortalecer la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas en América Latina. En esa misma línea, desde Raza e Igualdad renovamos nuestro compromiso de acompañar a las y los activistas de la región, impulsando espacios de formación e intercambio que contribuyan a la defensa y al reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI+.



Raza e Igualdad realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela Kátia Tapety

Bogotá, 16 de septiembre de 2025 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asocio con el Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT) y la Fundación Somos Identidad, realizará en Colombia dos encuentros de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, que tendrán lugar el 23 de septiembre en Cali y el 26 en Bogotá.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety es un proyecto del Instituto creado en Brasil en 2022, con el propósito de capacitar a mujeres LBTI, negras e indígenas para que puedan participar de manera plena en espacios de poder y toma de decisiones. Desde su creación, más de 60 lideresas en Brasil han participado en estas jornadas de capacitación.

El programa lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera travesti elegida por voto directo en Brasil en 1992, cuyo legado político constituye un referente en Latinoamérica para la defensa de los derechos humanos y la ampliación de la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas.

Durante los encuentros que se llevarán a cabo en Colombia, se desarrollarán sesiones sobre los siguientes temas:

  • Conceptos y alcances de la participación política.
  • Manifestaciones y consecuencias de la violencia política.
  • Mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
  • Intercambio de experiencias y aprendizajes de la Escuela en Brasil.

Si eres una persona LBTI, negra o indígena y quieres participar en este espacio, inscríbete en el siguiente enlace. Los cupos son limitados: https://forms.cloud.microsoft/r/sckf9qMPXt

La próxima semana, cuatro documentales sobre el exilio y la resistencia cubana se presentan en Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2025. Cuatro documentales independientes cubanos se presentarán en la capital española los días 10 y 11 de septiembre, en la sala Artistic Metropol (calle Cigarrera, 6, Arganzuela, 28005), como parte de un ciclo de cine organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Las producciones, que han sido apoyadas por la organización en los últimos años, exploran desde diferentes perspectivas la realidad política y social de Cuba, su cultura y el exilio; y buscan visibilizar y defender los derechos humanos en este país. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace. Todas las proyecciones iniciarán a partir de las 20:00 horas (de Madrid).

10 de septiembre

Dos Patrias – Dir. Hilda Hidalgo

El ciclo de cine comenzará con Dos patrias, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de tres activistas de Cuba que han enfrentado la represión política en la Isla. A través de los testimonios de Xiomara Cruz (integrante de las Damas de Blanco), Eduardo Cardet (líder del Movimiento Cristiano de Liberación) y Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, quien obtuvo la libertad bajo la condición de abandonar el país y hoy vive exiliada en República Dominicana, la obra indaga en las causas y consecuencias del estallido social del 11 de julio de 2021, y retrata la compleja realidad que atraviesa Cuba.

11 de septiembre

Recopilación de 5MIN – Dir. Katherine T. Gavilán

Este corto documental reflexiona sobre una deuda pendiente en la sociedad cubana: el ejercicio pleno de la palabra y la escucha. A través de una serie de discursos breves, esta producción propone un espacio donde emisor y receptor se encuentran, fomentando tanto el derecho a expresarse como la responsabilidad de escuchar. En ese diálogo necesario se plantea la posibilidad de una comunicación más abierta y democrática.

Otra ola – Dir. Mauricio Mendoza, Mario Luis Reyes y Alfredo Herrera

Centrada en el rap cubano y su historia de censura y marginación, Otra ola rescata la memoria de un movimiento cultural nacido en barrios afrodescendientes y empobrecidos. Este corto documental se erige como una plataforma para dar voz a artistas y comunidades que luchan por sus derechos humanos.

Sobrevivir. Historia de piel y silencio – Dir. Raúl Soublett

Este corto documental aborda la discriminación racial en Cuba y sus repercusiones en las oportunidades de desarrollo económico y social. Al recoger las experiencias de personas negras en contextos tanto urbanos como rurales, esta producción revela las múltiples formas de exclusión y reivindica la necesidad de garantizar empleo, educación y servicios básicos.



Orgullo en resistencia: Desafíos persistentes para los derechos LGBTI+ en América Latina y el Caribe

Washington, D.C., 28 de junio de 2025.– El Día del Orgullo LGBTI+ nació de un acto de protesta y resistencia ante la discriminación y la violencia, y aunque fue un importante punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, lo cierto es que 56 años después de las protestas de Stonewall aquel 28 de junio de 1969 en Nueva York, la resistencia no es pasado, es presente, sobre todo en una región que margina y violenta a las personas LGBTI+.

En conmemoración del Día del Orgullo LGBTI+, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconocemos que América Latina y el Caribe ha experimentado importantes avances en términos legislativos, como la protección contra la discriminación y la violencia basada en orientación sexual e identidad de género, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género para personas trans y no binarias.

Sin embargo, destacamos que la región continúa enfrentando serios desafíos para la efectiva aplicación de dicha legislación, además que registra preocupantes cifras de violencia y asesinatos contra personas LGBTI+. Este escenario se ve agravado por el aumento de los discursos de odio por parte de grupos anti-derechos, la instauración de gobiernos autoritarios en varios países y la drástica reducción de la cooperación internacional.

El asesinato de personas por su orientación sexual o identidad de género es una realidad en Latinoamérica, al punto que la región se ubica como la más peligrosa en el mundo para personas trans, especialmente para mujeres trans. En ese contexto, Brasil, México y Colombia son los países con mayor número de casos: Según el Trans Murder Monitoring, entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, en Brasil hubo 106 asesinatos, en México 71 y en Colombia 25.

En Colombia, el brutal asesinato en abril de 2025 de la activista trans y defensora de derechos humanos Sara Millerey, ha inspirado la lucha por la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, que en días recientes fue introducido formalmente a debate al Congreso de la República, marcando un hito en la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas trans y no binarias en el país.

Por otro lado, la restricción del espacio cívico en países como Cuba y Nicaragua, y la aprobación de leyes que limitan y condicionan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, como ocurrió recientemente en El Salvador y Perú, supone un grave revés en la lucha por los derechos de las personas LGBTI+.

A ello se suma la repentina y drástica reducción de la cooperación internacional a partir de la suspensión de fondos por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual pone en riesgo años de trabajo comunitario, redes de protección, servicios básicos (como salud, refugio, atención legal) y participación política. Sin este apoyo, muchas organizaciones no pueden sostenerse, especialmente en contextos donde no hay políticas públicas reales de inclusión.

En medio de esta realidad, reafirmamos nuestro compromiso en promover y defender los derechos de las personas LGBTI+, principalmente ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Pero también hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos y a la sociedad civil para proteger a esta población y garantizar sus derechos.

Hoy más que nunca, el orgullo debe traducirse en acción, porque para las personas LGBTI+, resistir no es un acto simbólico: es una forma de sobrevivir.

Colombia: Raza e Igualdad celebra avance en el Congreso del Proyecto de Ley Integral Trans

Bogotá, junio de 2025.– El día 3 de junio de 2025 constituye un hito en la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas trans y no binarias en Colombia. En esta fecha, la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes del Congreso de la República dio apertura formal al primer debate del Proyecto de Ley Integral Trans, una iniciativa legislativa que propone una transformación estructural del ordenamiento jurídico colombiano en materia de identidad de género, derechos fundamentales, y no discriminación.

Este proyecto de ley, también conocido como “Ley Sara Millerey”, en memoria de la defensora de derechos humanos y activista trans asesinada en abril de 2025, busca establecer un marco jurídico integral que regule de manera específica los derechos de las personas trans, desde una perspectiva de interseccionalidad, enfoque diferencial y progresividad de derechos. La iniciativa ha sido construida a través de un proceso participativo amplio, con insumos de más de 1.300 personas trans y no binarias de distintas regiones del país, así como organizaciones sociales, académicas. Es considerada por expertos como una de las propuestas legislativas más robustas del mundo en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las personas con identidades de género diversas.

¿Qué contempla la Ley Integral Trans?

Este proyecto legislativo propone, entre otros puntos esenciales:

  • El reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida en todos los documentos oficiales, sin requisitos patógenos o judiciales.
  • La tipificación de actos de discriminación institucional hacia personas trans como conductas sancionables administrativamente.
  • El acceso equitativo, libre de barreras y adaptado a necesidades diferenciales en salud, educación, empleo, seguridad social y justicia.
  • La creación de un sistema de información oficial, confiable y desagregado, sobre la población trans y no binaria, que permita el diseño de políticas públicas con enfoque interseccional.

El proyecto de Ley Integral Trans se debate en un contexto en el que, a pesar de avances en materia de reconocimiento estatal y desarrollo de normas de protección para personas LGBTI, se hace necesario que el país redoble esfuerzos para combatir de manera efectiva la discriminación y la violencia motivadas por la orientación sexual y la identidad de género, tal como lo señaló en su reciente visita al país Graeme Reid, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Según el registro de la organización Caribe Afirmativo, hasta el pasado mes de mayo se contabilizaban 43 personas LGBTI+ asesinadas en el país. El último asesinato registrado fue el de Nawar Jiménez, mujer trans, lideresa social y defensora de derechos humanos, en el municipio El Carmen de Bolívar.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las y los congresistas de todas las bancadas para que continúen con la discusión y aprobación del proyecto, en cumplimiento de los principios de igualdad material, dignidad humana y no discriminación.

Desde los sectores sociales, jurídicos y académicos seguiremos acompañando este proceso, velando por la consolidación de un Estado Social de Derecho pluralista y garante de derechos para todas las personas.

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