Memoria Trans: TGEU registra una de las cifras más altas de asesinatos a personas trans en el mundo

Memoria Trans: TGEU registra una de las cifras más altas de asesinatos a personas trans en el mundo

Observatorio de Personas Trans Asesinadas de TGEU alerta que dicho aumento se da en un contexto de avance de movimientos antidemocráticos y transfóbicos.

Washington DC, 20 de noviembre de 2024.– Hoy, en el Día de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace hincapié en la urgencia de impulsar medidas concretas para erradicar los crímenes de odio a nivel global. Este año, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM por sus siglas en inglés) de Transgender Europe and Central Asia (TGEU), ha documentado el número más alto de asesinatos a personas trans y de género diverso en su historia.

Entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, se registró 350 asesinatos en todo el mundo, siendo Latinoamérica y el Caribe[1] la región más crítica ya que concentra el 70% de los asesinatos ocurridos. Lamentablemente, por decimoséptimo año consecutivo, Brasil tiene el mayor porcentaje de asesinatos en la región (30%).

Además, TGEU reporta que, del total, el 94% de las víctimas fueron mujeres trans negras o marrones y la mayoría eran trabajadoras sexuales trans (46%).

Avance antidemocrático y transfóbico

Como lo han venido denunciando organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil de la región, este incremento responde al contexto global de afianzamiento de movimientos antigénero y antiderechos que impulsan agendas políticas antidemocráticas y transfóbicas, cuyos mensajes se basan en información falsa y estigmatizante. La desinformación, la impunidad con que se propagan los discursos de odio y la falta de legislación sólida que prevenga, sancione e implemente medidas de no repetición son algunas de las causas.

En ese sentido, Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales y, en consecuencia, a adoptar medidas urgentes y concretas que garanticen la integridad de las personas trans. A continuación, algunas recomendaciones en línea con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas son:

  • Adoptar leyes y políticas que faciliten la modificación del componente “nombre”, “sexo” o “género” en los documentos oficiales de identificación de las personas trans y de género diverso, a fin de garantizar el reconocimiento legal en línea con lo que dictan los estándares de la Opinión Consultiva 24/17.
  • Recolectar datos de forma sistemática sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, desagregados por identidad de género, orientación sexual, identidad étnico-racial y edad.
  • Contar con una política pública de enfoque de género en las investigaciones sobre violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, el respeto el nombre social, la identidad de la persona, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos reproducidos en las instituciones públicas, privadas y en medios de comunicación que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans y de género diverso.
  • Promover, a través de la institucionalidad y canales oficiales, una campaña para educar y sensibilizar sobre la orientación sexual e identidad de género a la población en general, funcionarios públicos y personal de servicios públicos, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas trans y de género diverso.

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo y defendiendo los derechos humanos de las personas trans y de género diverso, apoyando sus acciones de incidencia nacional e internacional, de investigación y divulgación y de modificación de componentes en sus documentos de identidad. Es urgente y necesario que trabajemos juntes para que las voces de las personas trans y de género diverso se escuchen fuerte.

[1] Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) 2023 de Transgender Europe (TGEU). Disponible en https://tgeu.org/files/uploads/2024/11/TGEU-TMM-TDoR2024-Table-2.pdf

Perú: Exigen que Tribunal Constitucional emita sentencia justa e inmediata en caso de niño y sus madres lesbianas

Lima, 19 de noviembre de 2024.-  Ayer, 18 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia del caso Tengo Dos Mamás ante el Tribunal Constitucional (TC), donde se expuso que Dakarai D.T., un niño de 10 años, viene enfrentando discriminación y violencia debido a la negación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de consignar expresamente los datos de sus dos madres Darling Delfín  y Jenny Trujillo en el Documento Nacional de Identificación (DNI) del menor.

El principio de Interés Superior del Niño debe primar

Ante la sala plena del TC, la defensa de Dakarai, Darling y Jenny, la familia Delfín Trujillo, expuso que la negativa del RENIEC a registrar correcta y legalmente los datos expresos de sus dos madres lesbianas causa discriminación, violencia y daños que si continúan pueden volverse irreparables.

El RENIEC afirmó equivocadamente que no existe ley que le dé esa potestad y que reconozca la doble maternidad. La defensa replicó que RENIEC se equivoca cuando alega que no cuenta con el marco legal para realizar esta inscripción. Conforme el artículo 2083 del Código Civil peruano, en el caso de los hijos de peruanos nacidos en el extranjero, las instituciones deben aplicar la ley del país donde se realizó el matrimonio y el nacimiento del menor a fin de garantizar su identidad filiatoria.

Para Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad, co-litigantes en sede nacional e internacional, quedó demostrado que debe primar el principio del Interés Superior del Niño, el cual obliga a optar por la norma que mejor garantice su identidad, lo proteja de cualquier vulnerabilidad y garantice su derecho al cuidado.

Prejuicios en el Tribunal Constitucional

Durante la audiencia, los magistrados del TC intervinieron con prejuicios. Uno de ellos, Gustavo Gutiérrez Ticse, expresó una posición contraria a los derechos de las personas LGBTIQ+ y a los organismos de derechos humanos internacionales señalando: “¿El interés superior del niño a título de qué se protege mejor teniendo dos madres?” y “… si la familia es un modelo cultural, ¿cuál es la justificación de que nosotros como Tribunal Constitucional terminemos siendo una colonia de los tribunales internacionales de derechos humanos?”

En tanto, el magistrado Francisco Morales intentó desvirtuar el tema señalando, sin mayor sustento, que se podría luego pedir registrar “dos, tres, cuatro madres”, lo que demuestra un gran desconocimiento del magistrado sobre lo que es orientación sexual y que los prejuicios y los estigmas hacia la población LGBTIQ+ guían sus alegatos.

“Recordamos que los prejuicios contra las personas LGBTIQ+ contraviene el deber de la imparcialidad judicial, por lo que rechazamos las expresiones de los magistrados del TC en esta audiencia, quienes en esta ocasión tienen en sus manos los derechos de un niño y sus dos mamás”, señala Cynthia Silva, directora de Demus.

El caso

Darling y Jenny son dos ciudadanas peruanas que contrajeron matrimonio en México. Ambas son madres de Dakarai, quien desde que nació ha sufrido la vulneración de sus derechos a la identidad, personalidad jurídica y a tener una familia, al acceso a la salud y el libre tránsito con igualdad y no discriminación por causa de la negativa de RENIEC de cumplir con la ley.

Todo ello, pese a contar con documentos oficiales como la partida de nacimiento mexicana de la Superintendencia Nacional de Migraciones, una decisión favorable del Poder Judicial e informes de la Comisión Nacional contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo que reconocen que tiene dos madres. El RENIEC ha persistido en negar este derecho a Dakarai y sus madres, incluso apelando la sentencia judicial que originalmente le exigía realizar este reconocimiento. Ante el TC, RENIEC sustenta que está atado de manos cuando en realidad lo que hace es cruzarlas.

 

El dato

La audiencia completa se puede ver en https://www.facebook.com/tribunalconstitucionalperu/videos/3388833658087996?locale=es

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

Resistencia lésbica en la vejez

Washington DC, 13 de octubre de 2024.- En el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, Raza e Igualdad desea poner especial énfasis en los derechos humanos de las personas mayores lesbianas y los desafíos complejos que enfrentan en la región. Históricamente, han sido invisibilizadas en las políticas públicas y los sistemas de apoyo social, lo que agrava su vulnerabilidad en la vejez.

Según el informe temático Derechos Humanos de las Personas Mayores y Sistemas Nacionales de Protección en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muchas lesbianas envejecen en la precariedad económica y social, sin acceso a pensiones o seguridad social adecuada, producto de la discriminación en el empleo que enfrentaron a lo largo de su vida de debido a su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

Envejecimiento en soledad

En general, las personas lesbianas tienen el doble de probabilidad de envejecer solas y el cuádruple de no tener hijos, de acuerdo con una publicación de SAGE y el Centro Nacional de Recursos sobre el Envejecimiento LGBT, esto aumenta la situación de vulnerabilidad cuando llegan a la vejez. “Siendo lesbiana feminista de ancestralidad indígena, marrona y de izquierda que envejece me enfrento a nuevas formas de discriminaciones y violencias. Por ejemplo, el temor de no lograr tener una comunidad que me acompañe y cuide solidaria y recíprocamente ante la ausencia de una familia típica. Tengo miedo de no tener una vejez digna. De pagar caro el precio de vivir libremente mi identidad lésbica”, así lo expresa Maria Ysabel Cedano de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS Perú.

Además, SAGE también indica que temen revelar su orientación sexual en servicios de salud o residenciales, lo que reduce la calidad de atención que reciben y aumenta los riesgos de abuso y negligencia.

Otro obstáculo es el tema de las pensiones de salud, de vida o por fallecimiento. Sami Arizabaleta, de Somos Identidad, señala: “El tema pensional es difícil en Colombia, pues el reconocimiento de las uniones entre mujeres es extremadamente desconocido por Estado y la justicia. Cuando se tiene legalizada la unión existen trabas que se aumentan sin legalización de la unión”.

Recomendaciones a los Estados

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) fue el primer tratado internacional que reconoció los derechos específicos de las personas mayores, subrayando la importancia de un envejecimiento digno, sin discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. En línea con la Convención, la CIDH ha enfatizado que los Estados deben implementar políticas públicas inclusivas que atiendan las necesidades de las lesbianas mayores, protegiéndolas de la violencia y garantizando su acceso a servicios de salud y seguridad social. Entre estas están:

  • Acceso a servicios de salud: las lesbianas mayores requieren acceso a servicios de salud que respeten su identidad y orientación sexual, donde les proveedores de salud estén debidamente en la capacidad de atender sus necesidades específicas.
  • Reconocimiento legal de las familias escogidas: acceder a derechos relacionados con la toma de decisiones médicas, herencia y pensiones es crucial para superar la precariedad de las lesbianas mayores, quienes no pueden contar con el respaldo de sus seres queridos en situaciones críticas por falta de reconocimiento legal.
  • Protección contra la violencia y la discriminación: los Estados deben supervisar los diversos servicios de cuidado para personas mayores donde haya usuarias lesbianas y establecer mecanismos adecuados que garantice protocolos de denuncias de violencia, abuso o negligencia y que garantice el respeto de sus derechos.
  • Reducción del aislamiento social: los Estados deben promover el bienestar emocional, mental y físico de lesbianas mayores con redes de apoyo y espacios de encuentro seguros que combatan el aislamiento.

Los Estados tienen la obligación internacional de garantizar los derechos humanos de todas las personas incluidas las lesbianas mayores, quienes en América Latina y el Caribe enfrentan múltiples formas de discriminación y vulnerabilidad. En ese sentido, Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados para que ratifiquen la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores y contemplen dichos estándares en la implementación políticas públicas y planes para garantizar el envejecimiento digno.

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – “El racismo sistémico exige respuestas sistémicas”. Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

“La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo”; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática”, dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

“Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso”, dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es “Unión y Reconstrucción” debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Organizaciones LGBTI que hacen posible el Orgullo en Latinoamérica

Washington DC., 28 de junio de 2024.- En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, Raza e Igualdad reconoce que la lucha por los derechos de las personas LGBTI+ ha sido una batalla larga y continua, marcada por el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los avances significativos en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+ que han contribuido a su visibilidad y protección.

Asimismo, reconoce que, sin el arduo trabajo de larga data de organizaciones de la sociedad civil, no hubiera sido posible ninguna celebración ni reivindicación del Día el Orgullo tal o como lo conocemos en la actualidad. Ahora mismo, en Latinoamérica y el Caribe, tras la ola antidemocrática y ultraconservadora que ha destruido los últimos progresos en materia de derechos humanos, el movimiento LGBTI+ sigue resistiendo y defendiéndose.

Por ello, Raza e Igualdad destaca la labor de las organizaciones y defensores LGBTI+ contrapartes de Brasil, Colombia, Perú y Cuba que, aún en los contextos adversos de sus países, hacen posible el Orgullo y contribuyen estratégicamente a los derechos humanos de la siguiente manera:

  1. Defendiendo el derecho a la identidad de género: Fraternidad Trans Masculina Perú, es una OSC, cuyo objetivo de trabajo es la defensa de derechos humanos de personas con experiencia de vida masculino. Actualmente, llevan procesos judiciales de cambio de nombre y de la categoría “sexo” en el documento de identidad nacional de personas trans masculinas en situaciones de vulnerabilidad. A la fecha, ha logrado litigar más de 60 casos de cambios de nombre.
  2. Promoviendo la participación política: La Articulación Brasilera de Lesbianas – ABL es una red de mujeres lesbianas y bisexuales que actúa en las cinco regiones de Brasil. Su principal actividad es la formación política, la participación en el control social y la incidencia política. Ha dialogado en los espacios más diversos como terreiros, iglesias, escuelas, comunidades tradicionales, en las periferias y favelas. Su papel en la lucha sapatão ha sido estar en los espacios de poder, principalmente discutiendo la lucha contra la lesbofobia, lesbocidio y lesbohate.
  3. Investigación y visibilidad: El Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género es una experiencia ciudadana que nació hace dos años. Este año logró lanzar con el apoyo de Raza e Igualdad el primer informe sobre lesbofobia en Cuba. De igual manera, la colectiva transfeminista y antirracista Rosa Rabiosa de Perú, durante los últimos años. han venido monitoreando el voto de las personas trans y no binarias durante el sufragio, a fin de promover su participación y evitar cualquier caso de discriminación. De esas experiencias, han elaborado el informe Vigilando Nuestro Voto, el cual estará disponible muy pronto.
  4. Luchando por la educación de personas LGBTI: Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales – Somos Identidad es una organización de base de comunidades negras, creadas desde la perspectiva interseccional que trabaja reconociendo, potencializando y visibilizando las intersecciones de raza, etnia, género y diversidad sexual. Realizan procesos pedagógicos antirracistas de acompañamiento para el ingreso de personas afroLGBTI+ a la educación superior en Colombia, específicamente en el Pacífico Sur y las periferias de las ciudades.

El tiempo y el esfuerzo que dedican les defensores y organizaciones LGBTI+ a la lucha por sociedades más justas en la región es invaluable. No solo han sido fundamentales en la promoción de cambios legales y sociales significativos, sino que también han desempeñado un papel crucial en la transformación cultural de los países. Con ese objetivo, Raza e Igualdad reafirma su compromiso para seguir trabajando de la mano con las contrapartes hasta lograr la dignidad plena, libre de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+.

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema “Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región”. Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: “El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región”; “Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros”; “Reparación en el contexto de género”; y, por último, la sección “La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA”.

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

***

La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

***

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento “Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas” el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la “protección de los seres humanos”.  

En su declaración, la OEA consideró que “la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio” y que es “responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables”. 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

IDAHOBIT: Celebrando los últimos avances de la lucha de las personas LGBTI+

Washington D.C., 17 de mayo de 2024 -. “Nadie se queda atrás: igualdad, libertad y justicia para todes” es el lema global para este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia + (IDAHOBIT por sus siglas en inglés). Hoy conmemoramos la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de la lista de patologías mentales del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y recordamos que no hay democracia sin la inclusión de las personas LGBTI+.

Exaltar que nadie debe quedarse atrás implica reflexionar sobre cuántas veces las personas LGBTI+ han sido excluidas de espacios públicos y privados debido a su orientación sexual, expresión de género e identidad de género; significa, por eso mismo, pensar en una inclusión real donde no haya lugar para el odio y el rechazo ya que matan, matan arrinconando hacia la marginalización, matan con el bullying y el suicidio, matan violentando sus cuerpos y torturando sus mentes, y matan asesinándoles.

Por ello, este día nos compromete a la tarea de erradicar la LGBTI+fobia en todas sus manifestaciones y de cualquier ámbito de la sociedad.  Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), apostamos por ello y creemos que en ese esfuerzo es importante el reconocimiento de cada logro conseguido con la fuerza y ardua incidencia de las organizaciones LGBTI+ contra el odio y a favor de los derechos humanos.

Cifras que visibilizan

En Nicaragua, por ejemplo, existe del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGTBIQ+, la única plataforma de denuncia social en el país creada por la organización feminista La Corriente desde hace más de dos décadas. Pese al cierre total del espacio cívico y del contexto de censura impuesto por el régimen Ortega-Murillo, la vigencia del Observatorio es una demostración del rechazo a la violencia y otras formas de discriminación por parte de sociedad.

Una situación similar es la de Cuba cuyo logro más reciente a través del referéndum ha sido la aprobación del Código de Las Familias, donde las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar. Sin embargo, en este país no hay una Ley de identidad de género ni registros oficiales que aborden estas violencias que sufren a diario esta población.

Voces firmes ante el avasallamiento

En Perú, hace poco, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos se pronunciaron firme y masivamente contra un Decreto Supremo del Ministerio de Salud que modifica el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), donde aplica la obsoleta CIE-10 e incorpora al travestismo, la identidad de género y a la orientación sexual egodistónica como trastornos mentales para poder acceder a procedimientos médicos y sanitarios a través del seguro de salud. Ante la reacción colectiva de la sociedad civil, el Ministerio de Salud emitió un comunicado señalando que la implementación de la CIE-11 se encuentra en proceso y afirmando su posición de que la identidad de género y la orientación sexual no constituían enfermedades. Otro ejemplo inspirador de persistencia es el hecho de que el caso “Tengo Dos Mamás” llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y están a la espera del pronunciamiento sobre admisibilidad del caso que busca el reconocimiento de las familias lesboparentales en el país.

Construyendo un marco legal contra la discriminación

En Brasil, además de la creación de la Secretaría Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQIA+ en 2023, hubo 21 proyectos de ley pro-LGBTQIA+ presentados en el Congreso Nacional, entre los cuales estaba la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión sexual”, la reserva de plazas para personas trans y travestis en universidades federales, la tipificación del delito de violencia política contra parlamentarios LGBTI+, entre otros. Ese mismo año, el Tribunal Supremo Federal reconoció que los delitos de homofobia y transfobia deberían equipararse a insultos raciales.

Un alto a los discursos y prácticas de odio

Por otro lado, en Colombia la Corte Constitucional de Colombia realizó dos importantes avances jurisprudenciales sobre los derechos de las personas LGBTI+. En primer lugar, la sentencia T-061 de 2024 declara la violación de los derechos fundamentales de personas LGBTI+ y manda a rectificar al influencer Luis Villa Westcol por la publicación de contenidos que promueven discursos de odio. Para el alto tribunal, la publicación excedió los límites de la libertad de expresión e incitó el odio contra las personas LGBTI+. En segundo lugar, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-033 de 2024, declaró la violación de los derechos fundamentales de dos madres que fueron interrogadas por un médico de la Clínica Noel porque, según él, sólo la madre biológica podía ser considerada la “real” madre. Esta instancia ordenó a la clínica pedir disculpas y reconocer el derecho de la pareja a la igualdad, rechazando la discriminación por orientación sexual.

Si bien falta mucho por avanzar y actualmente estamos viendo movimiento anti democráticos que tiene como blanco de ataque al movimiento LGBTI+, estos avances demuestran la resilencia del movimiento LGBTI+. Demuestran que avanzar es posible inclusive en contextos adversos como Nicaragua y Cuba y que la inclusión LGBTI+ es fundamental para garantizar nuestra democracia. Es necesario salir del papel y que el avance sea social y cale en la consciencia de la gente a fin de un cambio duradero y transformador. Los Estados y sociedad en general debemos comprometernos a tomar acción contra la discriminación y violencia en todas las esferas de la sociedad. Por ello, Raza e Igualdad recomienda a los Estados, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos:

  1. Derogar las leyes que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y asegurar con marcos legales el respeto por la diversidad sexual y de género.
  2. Elaborar normas y leyes que garanticen la igualdad y no discriminación en los espacios públicos y privados.
  3. Sancionar los delitos de odio cometidos contra personas LGBTI+ y elaborar protocolos de atención para su correcta investigación. Asimismo, establecer, cumplir y monitorear las medidas de reparación correspondientes.
  4. Reconocer la identidad de género de las personas trans y de género diverso a fin de que puedan obtener documentos de identidad que les representen, así como acceder y ejercer sus derechos básicos.
  5. Poner en marcha programas de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, diversidad sexual y de género para agentes de la policía, personal de salud, de establecimientos penitenciarios, docentes, trabajadores y funcionarios públicos en general a fin de que cumplan sus funciones sin humillar, maltratar, discriminar o violentar a personas LGBTI+.

Cinco años del 11M en Cuba: Activismo LGBTI+, historias de represión, cárcel y exilio forzado

Washington D.C., 10 de mayo de 2024 – Este sábado 11 de mayo se cumplen cinco años de una manifestación pública en La Habana, Cuba, que terminó con decenas de personas LGBTI+ detenidas y violentadas. 

Aquel día de 2019, también conocido como 11M, decenas de personas con orientación sexual e identidad de género diversas se alistaba para participar en una conga (baile cubano que se acompaña con tambores) por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora en todo el mundo cada 17 de mayo; pero este evento se canceló a última hora, generando indignación en esta población, que espontáneamente continuó con el plan de salir a las calles a exigir sus derechos, aunque para ello no tuvieran la aprobación del órgano oficial que coordina esta actividad, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias se reunieron en el Parque Central de La Habana, y a partir de las 4 de la tarde empezaron a marchar sin un rumbo establecido. Se movilizaron de forma pacífica y realizaron una besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta), hasta que las autoridades cubanas, incluidos miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la manifestación, agredieron y detuvieron de forma arbitraria a decenas de manifestantes que habían asistido gracias a una convocatoria realizada a través de las redes sociales.

A propósito de esta fecha, dialogamos con activistas de este país sobre los retos que trae aparejado el  activismo y la lucha por los derechos LGBTI+.

“Lavar y guardar la ropa”

Esta frase la menciona Yennys Hernández, activista lesbiana y reportera del medio independiente Periodismo de Barrio, para explicar cómo el activismo de las personas LGBTI+ transcurre “entre la espada y la pared”. 

Ella ha sido víctima del hostigamiento ejercido por las autoridades cubanas. Hace más de un año, vio asombrada cómo la Seguridad del Estado apareció en la celebración de su matrimonio, para anotar los nombres de las personas defensoras de derechos humanos que asistieron a la boda, y así ejercer presión a los voces disidentes que se habían reunido en ese evento. 

Hernández dice que, como lo hicieron ella y su esposa, en Cuba las parejas del mismo sexo pueden casarse, y adoptar; también es legal la reproducción asistida, está prohibida la discriminación en espacios laborales y de educación, y las personas con identidades de género diversas pueden cambiar su nombre en los documentos. Sin embargo, en este país no hay una Ley de identidad de género, y la violencia machista que existe en todas las esferas públicas y privadas, castiga, reprime y violenta a lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias. 

Las personas LGBTI+ que luchan por los derechos de esta población también son víctimas de la represión y el hostigamiento ejercido por las autoridades cubanas, así como ocurre con artistas, periodistas independientes y, en general, las voces disidentes al gobierno de Cuba. La mayoría de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de acuerdo con Hernández, evitan denunciar que han sido citadas a interrogatorios para evitar ser excluidas de los diálogos y de los procesos que buscan avanzar en el reconocimiento de los derechos de esta población en Cuba. 

Las personas LGBTI+ “lavan y guardan la ropa”, es decir, se autocensuran para sobrevivir en este país, donde no hay registros oficiales que aborden la violencia de género que sufren a diario lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias.

Tras las rejas 

La historia de Brenda Díaz García, una mujer trans que permanece en un centro penitenciario masculino por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 (conocidas como 11J) en el municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, evidencia la discriminación y, en general, la violencia que sufren las personas trans en Cuba. 

A ella la detuvieron porque, según las autoridades de la Isla, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones. Y apenas llegó a la cárcel, le cortaron su cabello y no le reconocieron su nombre identitario, dos agresiones simbólicas que anularon sus derechos. 

Brenda Díaz fue condenada inicialmente a más de 14 años de prisión, pero hace ocho meses le rebajaron la pena a 7 años y nueve meses de cárcel, de acuerdo con Ana María García, su mamá, quien ha denunciado en repetidas ocasiones que su hija ha sido golpeada y víctima violencia sexual dentro del centro penitenciario, donde permanece por exigir cambios en Cuba. 

Vivir con miedo

“Hacer activismo en Cuba y ser una persona LGBTI+ es complicado porque se sabe muy bien lo que pasa dentro de la Isla, y el miedo que hay es un miedo que te meten dentro del cuerpo; entonces, desde aquí es más fácil hacerlo porque te sientes en libertad de poder hacerlo, porque no estás vigilado”, dice Nornardo Perea, un artivista cubano exiliado en España desde 2019. 

El escritor, fotógrafo y documentalista participó en la 00 Bienal de La Habana en mayo de 2018, que fue organizada por el Movimiento San Isidro (del que aún forma parte). A raíz de este evento donde expuso abiertamente su posición política y orientación sexual, Perea fue amenazado e interrogado tres veces por las autoridades cubanas.

“En la tercera entrevista me hicieron firmar un papel con varias consignas. Al final, ellos (las autoridades) hacen contigo lo que quieran. Fueron cinco horas de interrogatorio en Marianao (municipio de La Habana). Me forzaron a colaborar con ellos”, cuenta el artivista, quien luego de participar en marzo de 2019 en un taller de periodismo en Praga, República Checa, se exilió en Madrid, España, y aún, cuenta, sigue adaptándose a esa ciudad y a ese país.  

Las historias que revelan Hernández, García y Perea muestran lo complejo que es hacer activismo y luchar por los derechos LGBTI+ en Cuba, un país donde han ocurrido avances como el matrimonio igualitario o la adopción entre parejas del mismo sexo, y al mismo tiempo se prohíbe que lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias, participen en marchas de forma independiente y exijan sus derechos sin participar en las acciones organizadas por el Cenesex. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el 11M reconociendo la labor que desempeñan activistas que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, e identidades de género diversas en este país. También hacemos un llamado al Estado de Cuba para que impulsen las leyes de identidad de género y contra la violencia de género, y se abstenga de reprimir y hostigar a las personas defensoras de los derechos de esta población.

Visibilidad Lésbica: una mirada a la fuerza y presencia pública lésbica

Washington D.C., 26 de abril de 2024.– Abril trae mucha fuerza lésbica. Esta fecha nos recuerda lo fundamental que es el papel político de las lesbianas en la historia, el coraje y la determinación de muchas mujeres lesbianas para enfrentar a una sociedad machista, violenta y discriminadora. Esta fuerza ha generado un impacto innegable en cada país de la región; por ello, en el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) destaca y reconoce la lucha de miles de lesbianas visibles para vivir con dignidad y para que más lesbianas puedan estar presentes en espacios públicos ejerciendo sus derechos humanos.

Como señala el informe regional de LESLAC[1] sobre la Situación de Lesbianas, Mujeres Bisexuales y Queer/Cuir en el Abya Yala, a lo largo del tiempo, las sociedades han calificado el lesbianismo únicamente como práctica sexual individual y privada. Sin embargo, las lesbianas han demostrado muchas veces su esencia política y colectiva dentro de las luchas sociales. Muestra de ello es el primer Encuentro de Lesbianas Feministas de Latinoamericana y Caribe (ELFLC) en 1987 en México, un espacio que surgió de la reflexión de las lesbianas feministas de tener encuentros propios que representaran sus apuestas políticas[2]. Asimismo, se logró que en la IV Conferencia de Mujeres de Bejing, en 1995, se discutiera —por primera vez en una conferencia de las Naciones Unidas— la descriminalización de parejas del mismo sexo y la discriminación por orientación sexual como vulneración de derechos humanos y que, por ello, se reconociera en el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas[3].

Además de su determinación para garantizar su participación en la discusión y acción política, las mujeres lesbianas apuestan a la documentación y visibilización de sus realidades. Con el apoyo de Raza e Igualdad, este mes se lanzará el primer informe sobre la situación de las mujeres lesbianas en Cuba “Si no nos mencionan, no existimos: la lesbofobia en Cuba”, el cual da cuenta de la invisibilización de las mujeres lesbianas en la Isla. “Todavía hay violencia sobre las mujeres lesbianas, no aparecemos en ninguna estadística de feminicidio ni de violencia de género. No aparecemos mencionadas en ninguna de las propuestas que se hacen para una Ley integral [contra la violencia basada en género]. No aparecemos ni siquiera en las anécdotas de las mujeres víctimas de violencia que se publican en redes sociales”, menciona María Matienzo, periodista independiente y activista cubana, investigadora responsable del informe.

Olguita Acuña, cantautora e intérprete nicaragüense, artivista feminista, lesbiana y miembra del Colectivo de Productores Audiovisuales y Artistas Latinoamericanos (COPAL), tiene una forma muy bella de contribuir a la visibilidad lésbica desde las artes. “El país sostiene una deuda histórica con las mujeres y población LGBTI+. En Nicaragua, se celebra Miss Gay, Miss Trans, pero no el matrimonio igualitario y no las familias homoparentales. Personalmente, yo canto en femenino. Escribo mis canciones y poemas de manera evidente y descarada a las mujeres que amo o he amado, desde la sensualidad y la ternura. No niego, no escondo quien soy o a quien tengo la dicha de amar, ante Dios y la sociedad”, expresa.

En esa línea, Pamela Almendra, música peruana, señala: “Nosotras como artistas o personas medianamente públicas tenemos una labor [pedagógica] con la sociedad porque no somos extraterrestres, somos personas como cualquier otra”. Pamela es una reconocida guitarrista profesional en Perú, quien a través de su talento y fama ha contribuido a visibilizar y sensibilizar sobre su identidad como trans lesbiana.

El aporte de las mujeres lesbianas para la visibilización, la ocupación de espacios públicos y la discusión sobre la mejor manera de vivir se ha realizado desde diversos ámbitos, de forma colectiva e individual y con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa.

En ese sentido, es responsabilidad de los Estados implementar medidas concretas para garantizar una vida digna para las lesbianas y con ejercicio pleno de sus derechos humanos:

  • Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género.
  • Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención.
  • Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas. Asimismo, elaborar mecanismos para evitar la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencia de sus hijos/as.
  • Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.

Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.

[1] Red de Organizaciones de Lesbianas y Mujeres Bisexuales en América Latina y El Caribe – LESLAC

[2] Triple Jornada (2004). Más allá de la opción sexual. Disponible en https://www.jornada.com.mx/2004/09/06/informacion/73_encuentro_lesbi.htm

[3] Comunidad de Madrid (2019). Estudio sobre las causas de la invisibilidad y la doble discriminación que sufre el colectivo de lesbianas en la Comunidad de Madrid. Disponible en https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/estudio_lebianas.pdf

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos