Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con personas expertas en la materia, tales como Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial; y Ashwini K.P., relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

IDAHOBIT: Celebrando los últimos avances de la lucha de las personas LGBTI+

Washington D.C., 17 de mayo de 2024 -. “Nadie se queda atrás: igualdad, libertad y justicia para todes” es el lema global para este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia + (IDAHOBIT por sus siglas en inglés). Hoy conmemoramos la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de la lista de patologías mentales del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y recordamos que no hay democracia sin la inclusión de las personas LGBTI+.

Exaltar que nadie debe quedarse atrás implica reflexionar sobre cuántas veces las personas LGBTI+ han sido excluidas de espacios públicos y privados debido a su orientación sexual, expresión de género e identidad de género; significa, por eso mismo, pensar en una inclusión real donde no haya lugar para el odio y el rechazo ya que matan, matan arrinconando hacia la marginalización, matan con el bullying y el suicidio, matan violentando sus cuerpos y torturando sus mentes, y matan asesinándoles.

Por ello, este día nos compromete a la tarea de erradicar la LGBTI+fobia en todas sus manifestaciones y de cualquier ámbito de la sociedad.  Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), apostamos por ello y creemos que en ese esfuerzo es importante el reconocimiento de cada logro conseguido con la fuerza y ardua incidencia de las organizaciones LGBTI+ contra el odio y a favor de los derechos humanos.

Cifras que visibilizan

En Nicaragua, por ejemplo, existe del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGTBIQ+, la única plataforma de denuncia social en el país creada por la organización feminista La Corriente desde hace más de dos décadas. Pese al cierre total del espacio cívico y del contexto de censura impuesto por el régimen Ortega-Murillo, la vigencia del Observatorio es una demostración del rechazo a la violencia y otras formas de discriminación por parte de sociedad.

Una situación similar es la de Cuba cuyo logro más reciente a través del referéndum ha sido la aprobación del Código de Las Familias, donde las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar. Sin embargo, en este país no hay una Ley de identidad de género ni registros oficiales que aborden estas violencias que sufren a diario esta población.

Voces firmes ante el avasallamiento

En Perú, hace poco, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos se pronunciaron firme y masivamente contra un Decreto Supremo del Ministerio de Salud que modifica el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), donde aplica la obsoleta CIE-10 e incorpora al travestismo, la identidad de género y a la orientación sexual egodistónica como trastornos mentales para poder acceder a procedimientos médicos y sanitarios a través del seguro de salud. Ante la reacción colectiva de la sociedad civil, el Ministerio de Salud emitió un comunicado señalando que la implementación de la CIE-11 se encuentra en proceso y afirmando su posición de que la identidad de género y la orientación sexual no constituían enfermedades. Otro ejemplo inspirador de persistencia es el hecho de que el caso “Tengo Dos Mamás” llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y están a la espera del pronunciamiento sobre admisibilidad del caso que busca el reconocimiento de las familias lesboparentales en el país.

Construyendo un marco legal contra la discriminación

En Brasil, además de la creación de la Secretaría Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQIA+ en 2023, hubo 21 proyectos de ley pro-LGBTQIA+ presentados en el Congreso Nacional, entre los cuales estaba la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión sexual”, la reserva de plazas para personas trans y travestis en universidades federales, la tipificación del delito de violencia política contra parlamentarios LGBTI+, entre otros. Ese mismo año, el Tribunal Supremo Federal reconoció que los delitos de homofobia y transfobia deberían equipararse a insultos raciales.

Un alto a los discursos y prácticas de odio

Por otro lado, en Colombia la Corte Constitucional de Colombia realizó dos importantes avances jurisprudenciales sobre los derechos de las personas LGBTI+. En primer lugar, la sentencia T-061 de 2024 declara la violación de los derechos fundamentales de personas LGBTI+ y manda a rectificar al influencer Luis Villa Westcol por la publicación de contenidos que promueven discursos de odio. Para el alto tribunal, la publicación excedió los límites de la libertad de expresión e incitó el odio contra las personas LGBTI+. En segundo lugar, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-033 de 2024, declaró la violación de los derechos fundamentales de dos madres que fueron interrogadas por un médico de la Clínica Noel porque, según él, sólo la madre biológica podía ser considerada la «real» madre. Esta instancia ordenó a la clínica pedir disculpas y reconocer el derecho de la pareja a la igualdad, rechazando la discriminación por orientación sexual.

Si bien falta mucho por avanzar y actualmente estamos viendo movimiento anti democráticos que tiene como blanco de ataque al movimiento LGBTI+, estos avances demuestran la resilencia del movimiento LGBTI+. Demuestran que avanzar es posible inclusive en contextos adversos como Nicaragua y Cuba y que la inclusión LGBTI+ es fundamental para garantizar nuestra democracia. Es necesario salir del papel y que el avance sea social y cale en la consciencia de la gente a fin de un cambio duradero y transformador. Los Estados y sociedad en general debemos comprometernos a tomar acción contra la discriminación y violencia en todas las esferas de la sociedad. Por ello, Raza e Igualdad recomienda a los Estados, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos:

  1. Derogar las leyes que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y asegurar con marcos legales el respeto por la diversidad sexual y de género.
  2. Elaborar normas y leyes que garanticen la igualdad y no discriminación en los espacios públicos y privados.
  3. Sancionar los delitos de odio cometidos contra personas LGBTI+ y elaborar protocolos de atención para su correcta investigación. Asimismo, establecer, cumplir y monitorear las medidas de reparación correspondientes.
  4. Reconocer la identidad de género de las personas trans y de género diverso a fin de que puedan obtener documentos de identidad que les representen, así como acceder y ejercer sus derechos básicos.
  5. Poner en marcha programas de capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, diversidad sexual y de género para agentes de la policía, personal de salud, de establecimientos penitenciarios, docentes, trabajadores y funcionarios públicos en general a fin de que cumplan sus funciones sin humillar, maltratar, discriminar o violentar a personas LGBTI+.

Cinco años del 11M en Cuba: Activismo LGBTI+, historias de represión, cárcel y exilio forzado

Washington D.C., 10 de mayo de 2024 – Este sábado 11 de mayo se cumplen cinco años de una manifestación pública en La Habana, Cuba, que terminó con decenas de personas LGBTI+ detenidas y violentadas

Aquel día de 2019, también conocido como 11M, decenas de personas con orientación sexual e identidad de género diversas se alistaba para participar en una conga (baile cubano que se acompaña con tambores) por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora en todo el mundo cada 17 de mayo; pero este evento se canceló a última hora, generando indignación en esta población, que espontáneamente continuó con el plan de salir a las calles a exigir sus derechos, aunque para ello no tuvieran la aprobación del órgano oficial que coordina esta actividad, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias se reunieron en el Parque Central de La Habana, y a partir de las 4 de la tarde empezaron a marchar sin un rumbo establecido. Se movilizaron de forma pacífica y realizaron una besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta), hasta que las autoridades cubanas, incluidos miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la manifestación, agredieron y detuvieron de forma arbitraria a decenas de manifestantes que habían asistido gracias a una convocatoria realizada a través de las redes sociales.

A propósito de esta fecha, dialogamos con activistas de este país sobre los retos que trae aparejado el  activismo y la lucha por los derechos LGBTI+.

“Lavar y guardar la ropa”

Esta frase la menciona Yennys Hernández, activista lesbiana y reportera del medio independiente Periodismo de Barrio, para explicar cómo el activismo de las personas LGBTI+ transcurre “entre la espada y la pared”. 

Ella ha sido víctima del hostigamiento ejercido por las autoridades cubanas. Hace más de un año, vio asombrada cómo la Seguridad del Estado apareció en la celebración de su matrimonio, para anotar los nombres de las personas defensoras de derechos humanos que asistieron a la boda, y así ejercer presión a los voces disidentes que se habían reunido en ese evento. 

Hernández dice que, como lo hicieron ella y su esposa, en Cuba las parejas del mismo sexo pueden casarse, y adoptar; también es legal la reproducción asistida, está prohibida la discriminación en espacios laborales y de educación, y las personas con identidades de género diversas pueden cambiar su nombre en los documentos. Sin embargo, en este país no hay una Ley de identidad de género, y la violencia machista que existe en todas las esferas públicas y privadas, castiga, reprime y violenta a lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias. 

Las personas LGBTI+ que luchan por los derechos de esta población también son víctimas de la represión y el hostigamiento ejercido por las autoridades cubanas, así como ocurre con artistas, periodistas independientes y, en general, las voces disidentes al gobierno de Cuba. La mayoría de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de acuerdo con Hernández, evitan denunciar que han sido citadas a interrogatorios para evitar ser excluidas de los diálogos y de los procesos que buscan avanzar en el reconocimiento de los derechos de esta población en Cuba. 

Las personas LGBTI+ “lavan y guardan la ropa”, es decir, se autocensuran para sobrevivir en este país, donde no hay registros oficiales que aborden la violencia de género que sufren a diario lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias.

Tras las rejas 

La historia de Brenda Díaz García, una mujer trans que permanece en un centro penitenciario masculino por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 (conocidas como 11J) en el municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, evidencia la discriminación y, en general, la violencia que sufren las personas trans en Cuba. 

A ella la detuvieron porque, según las autoridades de la Isla, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones. Y apenas llegó a la cárcel, le cortaron su cabello y no le reconocieron su nombre identitario, dos agresiones simbólicas que anularon sus derechos. 

Brenda Díaz fue condenada inicialmente a más de 14 años de prisión, pero hace ocho meses le rebajaron la pena a 7 años y nueve meses de cárcel, de acuerdo con Ana María García, su mamá, quien ha denunciado en repetidas ocasiones que su hija ha sido golpeada y víctima violencia sexual dentro del centro penitenciario, donde permanece por exigir cambios en Cuba. 

Vivir con miedo

“Hacer activismo en Cuba y ser una persona LGBTI+ es complicado porque se sabe muy bien lo que pasa dentro de la Isla, y el miedo que hay es un miedo que te meten dentro del cuerpo; entonces, desde aquí es más fácil hacerlo porque te sientes en libertad de poder hacerlo, porque no estás vigilado”, dice Nornardo Perea, un artivista cubano exiliado en España desde 2019. 

El escritor, fotógrafo y documentalista participó en la 00 Bienal de La Habana en mayo de 2018, que fue organizada por el Movimiento San Isidro (del que aún forma parte). A raíz de este evento donde expuso abiertamente su posición política y orientación sexual, Perea fue amenazado e interrogado tres veces por las autoridades cubanas.

“En la tercera entrevista me hicieron firmar un papel con varias consignas. Al final, ellos (las autoridades) hacen contigo lo que quieran. Fueron cinco horas de interrogatorio en Marianao (municipio de La Habana). Me forzaron a colaborar con ellos”, cuenta el artivista, quien luego de participar en marzo de 2019 en un taller de periodismo en Praga, República Checa, se exilió en Madrid, España, y aún, cuenta, sigue adaptándose a esa ciudad y a ese país.  

Las historias que revelan Hernández, García y Perea muestran lo complejo que es hacer activismo y luchar por los derechos LGBTI+ en Cuba, un país donde han ocurrido avances como el matrimonio igualitario o la adopción entre parejas del mismo sexo, y al mismo tiempo se prohíbe que lesbianas, gais, bisexuales, trans y personas no binarias, participen en marchas de forma independiente y exijan sus derechos sin participar en las acciones organizadas por el Cenesex. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el 11M reconociendo la labor que desempeñan activistas que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, e identidades de género diversas en este país. También hacemos un llamado al Estado de Cuba para que impulsen las leyes de identidad de género y contra la violencia de género, y se abstenga de reprimir y hostigar a las personas defensoras de los derechos de esta población.

Visibilidad Lésbica: una mirada a la fuerza y presencia pública lésbica

Washington D.C., 26 de abril de 2024.– Abril trae mucha fuerza lésbica. Esta fecha nos recuerda lo fundamental que es el papel político de las lesbianas en la historia, el coraje y la determinación de muchas mujeres lesbianas para enfrentar a una sociedad machista, violenta y discriminadora. Esta fuerza ha generado un impacto innegable en cada país de la región; por ello, en el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) destaca y reconoce la lucha de miles de lesbianas visibles para vivir con dignidad y para que más lesbianas puedan estar presentes en espacios públicos ejerciendo sus derechos humanos.

Como señala el informe regional de LESLAC[1] sobre la Situación de Lesbianas, Mujeres Bisexuales y Queer/Cuir en el Abya Yala, a lo largo del tiempo, las sociedades han calificado el lesbianismo únicamente como práctica sexual individual y privada. Sin embargo, las lesbianas han demostrado muchas veces su esencia política y colectiva dentro de las luchas sociales. Muestra de ello es el primer Encuentro de Lesbianas Feministas de Latinoamericana y Caribe (ELFLC) en 1987 en México, un espacio que surgió de la reflexión de las lesbianas feministas de tener encuentros propios que representaran sus apuestas políticas[2]. Asimismo, se logró que en la IV Conferencia de Mujeres de Bejing, en 1995, se discutiera —por primera vez en una conferencia de las Naciones Unidas— la descriminalización de parejas del mismo sexo y la discriminación por orientación sexual como vulneración de derechos humanos y que, por ello, se reconociera en el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas[3].

Además de su determinación para garantizar su participación en la discusión y acción política, las mujeres lesbianas apuestan a la documentación y visibilización de sus realidades. Con el apoyo de Raza e Igualdad, este mes se lanzará el primer informe sobre la situación de las mujeres lesbianas en Cuba “Si no nos mencionan, no existimos: la lesbofobia en Cuba”, el cual da cuenta de la invisibilización de las mujeres lesbianas en la Isla. “Todavía hay violencia sobre las mujeres lesbianas, no aparecemos en ninguna estadística de feminicidio ni de violencia de género. No aparecemos mencionadas en ninguna de las propuestas que se hacen para una Ley integral [contra la violencia basada en género]. No aparecemos ni siquiera en las anécdotas de las mujeres víctimas de violencia que se publican en redes sociales”, menciona María Matienzo, periodista independiente y activista cubana, investigadora responsable del informe.

Olguita Acuña, cantautora e intérprete nicaragüense, artivista feminista, lesbiana y miembra del Colectivo de Productores Audiovisuales y Artistas Latinoamericanos (COPAL), tiene una forma muy bella de contribuir a la visibilidad lésbica desde las artes. “El país sostiene una deuda histórica con las mujeres y población LGBTI+. En Nicaragua, se celebra Miss Gay, Miss Trans, pero no el matrimonio igualitario y no las familias homoparentales. Personalmente, yo canto en femenino. Escribo mis canciones y poemas de manera evidente y descarada a las mujeres que amo o he amado, desde la sensualidad y la ternura. No niego, no escondo quien soy o a quien tengo la dicha de amar, ante Dios y la sociedad”, expresa.

En esa línea, Pamela Almendra, música peruana, señala: “Nosotras como artistas o personas medianamente públicas tenemos una labor [pedagógica] con la sociedad porque no somos extraterrestres, somos personas como cualquier otra”. Pamela es una reconocida guitarrista profesional en Perú, quien a través de su talento y fama ha contribuido a visibilizar y sensibilizar sobre su identidad como trans lesbiana.

El aporte de las mujeres lesbianas para la visibilización, la ocupación de espacios públicos y la discusión sobre la mejor manera de vivir se ha realizado desde diversos ámbitos, de forma colectiva e individual y con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa.

En ese sentido, es responsabilidad de los Estados implementar medidas concretas para garantizar una vida digna para las lesbianas y con ejercicio pleno de sus derechos humanos:

  • Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género.
  • Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención.
  • Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas. Asimismo, elaborar mecanismos para evitar la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencia de sus hijos/as.
  • Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.

Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.

[1] Red de Organizaciones de Lesbianas y Mujeres Bisexuales en América Latina y El Caribe – LESLAC

[2] Triple Jornada (2004). Más allá de la opción sexual. Disponible en https://www.jornada.com.mx/2004/09/06/informacion/73_encuentro_lesbi.htm

[3] Comunidad de Madrid (2019). Estudio sobre las causas de la invisibilidad y la doble discriminación que sufre el colectivo de lesbianas en la Comunidad de Madrid. Disponible en https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/estudio_lebianas.pdf

Visibilidad Trans: acceder a la salud es un derecho humano, no un privilegio

Washington D.C., 31 de marzo de 2024.- En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconoce que las personas trans, trans no binaries y personas de género diverso siguen enfrentando fuertes barreras institucionales, sociales y económicas para ejercer su derecho a la salud, aún más personas racializadas, empobrecidas, migrantes o que ejercen trabajo sexual.

De acuerdo al informe temático sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la falta de reconocimiento legal y social de la identidad de género de las personas trans, trans no binaries y personas de género diverso genera diversas vulneraciones de sus derechos humanos, muchas veces exponiéndolas a situaciones de riesgo.

Aún en los países de Latinoamérica que gozan de una legislación de reconocimiento de la identidad de género, la falta de implementación integral, inversión, sensibilización y capacitación de las autoridades y funcionarios de la salud siguen produciendo situaciones de discriminación y violencia. En Brasil, por ejemplo, “tenemos la Política Nacional Integral de Salud LGBTQIA+ que es un documento fundamental y tenemos el Proceso de Transexualización que es muy necesario para las demandas específicas de las personas trans. Sin embargo, es crucial que el gobierno asigne más inversiones para que el servicio llegue realmente a todas las personas que lo necesitan”, señala Yara Cavalcante, de ANTRA.

Algunos de los perjuicios contra el derecho a la salud de las personas trans, trans no binaries y de género diverso tiene que ver con la imposibilidad de acceder a servicios de salud debido su identidad de género y la exposición a métodos de modificación corporal inseguros, sin supervisión médica y hasta clandestinos (procesos hormonales, intervenciones quirúrgicas). “En el Perú, las personas transmasculinas no tenemos acceso a servicios especializados como terapia hormonal, seguimiento del tratamiento o cirugías de afirmación de género; y muchos deben optar por buscar alternativas en el sector privado que resulta costoso y no es accesible para todos, por lo que varios terminan en la automedicación con medicamentos no adecuados y poniendo en riesgo su salud”, narra Bruno Montenegro, hombre trans, fundador de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Asimismo, el desconocimiento de trabajadores de salud sobre las necesidades específicas de salud de las personas trans, los maltratos y la patologización en servicios de salud vinculados a prejuicios y estigmas —también relacionados a los casos de VIH— generan ansiedad, miedo y desmotivación para volver al centro de salud. Por otro lado, el personal médico que no está capacitado ni sensibilizado para atender las necesidades de las personas trans puede llevar a un mal diagnóstico y tratamiento. En el peor de los casos, puede incurrir en negligencias, muchas veces cometiendo tortura, como sucede con las mal llamadas “terapias de conversión” en centros de salud mental, así lo señalan los testimonios en el Informe Cuerpos y resistencias que transgreden la pandemia: transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú (2020).

Otro de los factores que perjudican el acceso de personas trans a servicios de salud es la falta de recursos. En países como Cuba, por ejemplo, la escasez de productos de modificación corporal es uno de los problemas que enfrentan.  “La testosterona a veces escasea. A veces pasamos un mes o hasta cinco meses sin el tratamiento”, enfatiza Carlos Hernández, hombre trans cubano que coordina el proyecto social e independiente Por Siempre Trans.  

A todo ello, que tiene origen en el modelo hegemónico cisgénero, se le suma que ningún avance médico importante ha considerado a las personas trans como población objetiva y específica. Como señala Mateo Rodrigo de Hombres Trans Diversos de Bolivia, “los tratamientos hormonales y otros procedimientos médicos a los que accedemos las personas trans no son originalmente creados para personas trans. Tampoco existe producción académica suficiente que estudie la repercusión a largo plazo de estos tratamientos en la salud de vejeces trans”.

Ante estas situaciones de vulneración y las preocupaciones de las contrapartes trans alrededor del derecho a la salud, nace Mi Salud Transmasculina Importa, un proyecto de alcance regional gestionado por Fraternidad Trans Masculina de Perú, Fraternidad Trans Masculina de Ecuador, Rosa Rabiosa de Perú, Hombres Trans Diversos de Bolivia y el Instituto Brasilero de Transmasculinidades – IBRAT de Brasil, con el apoyo de Raza e Igualdad. Este espacio tiene como objetivo aportar al bienestar integral de la población transmasculina de América Latina a través de la información y comunicación.

Por todo lo anterior, Raza e igualdad recuerda que los Estados tienen la obligación de asegurar el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación. En ese sentido, resalta las siguientes recomendaciones sobre el derecho al acceso a la salud de personas trans, trans no binaries y de género diverso, las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Promover la capacitación del personal médico sobre las necesidades de las personas trans.
  • Combatir los prejuicios y estereotipos binarios masculino y femenino en el acceso a los servicios de salud.
  • Instaurar directivas o protocolos de atención a pacientes trans.
  • Garantizar protocolos de salud para los tratamientos de afirmación de la identidad de género, incluyendo atención psicológica, endocrinológica, y quirúrgica.
  • Los tratamientos de afirmación de la identidad de género deben ser con base en el consentimiento libre, previo e informado avanzar hacia la gratuidad.
  • Prohibir y sancionar las actividades que ofrecen “terapias” para “modificar”, “re-orientar” o “curar” la identidad de género de las personas.

CIDH notificó al Estado peruano sobre la petición de mamás lesbianas

Lima, 8 de enero de 2024.- Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos de su hijo Daki y de ellas. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se negara a registrar a una de las madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados. sin embargo, en este caso, la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso. En ese sentido, tras haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo», declaró Cynthia Silva directora de DEMUS.

En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias DEMUS, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente, según informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recordó que, en el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informó que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y a la CIDH para recibir protección.

«El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024«, declaró Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

«En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia», concluyó Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.

Memoria Trans: el colonialismo y la resistencia trans

Washington D.C., 20 de noviembre de 2022.– Hoy, en el Día de la Memoria Trans, es importante reflexionar sobre la memoria de las personas trans y de género diverso, su proceso de construcción y la lucha por recuperar sus historias y memoria que fueron borradas por el colonialismo. Por ello, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma a la conmemoración de esta fecha y le preguntamos a varias personas trans y de género diverso de Latinoamérica sobre qué representa el colonialismo en la memoria trans y cómo rescata su historia.

El Experto Independiente, Victor Madrigal-Borloz, presentó hace poco el último informe de su mandato enfocado sobre sobre el impacto del colonialismo como una de las causas fundamentales de la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (A/78/227), y cómo ello ha llevado a generar una memoria estigmatizada y binaria de las poblaciones trans en Latinoamérica.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos de cómo en la región siempre rescata sus memorias y busca nuevas formas de hacer memoria. En los últimos años, también las personas trans y LGBTI+ en general luchan para recuperar, resignificar y recordar su historia. Aún más, después de los después de los conflictos armados y las dictaduras que produjeron el borramiento de las violaciones de derechos humanos contra la población LGBTI+. Sin embargo, cumplir con esta tarea de recuperar la memoria nos remonta al inicio de los procesos violentos que arrebataron las identidades a muchos pueblos durante la ocupación colonizadora.

Como el informe indica, la colonización fue un proceso de imposición de sistemas de diferenciación, jerarquización y dominación de parte de una potencia colonizadora hacia pueblos indígenas. Además, sugiere que, tras el proceso de descolonización, se mantiene una especie de continuación del proyecto colonial que sigue discriminando y violentando a personas trans, cuando antes de la colonización, muchos pueblos no utilizaban un enfoque binario del género ni correlacionaban la anatomía con la identidad de género, que las jerarquías sociales no dependían del género, en determinados pueblos las personas eran de género fluido y alternaban roles masculinos y femeninos, habían numerosas conductas sexuales y de la fluidez de la expresión de género, que abarcan desde las relaciones homosexuales hasta las identidades transgénero y el travestismo[1].

Como consecuencia del colonialismo que propagó estrictos estándares binarios, la violencia por razón de identidad de género plaga la región, hoy vemos cifras alarmantes del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) de TGEU, el cual indica que entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, hubo 320 asesinatos en todo el mundo, de los cuales 235 ocurrieron en Latinoamérica y el Caribe[2].

Bicky Bohórquez, desde su experiencia como mujer trans negra y activista de Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad menciona que la imposición de la religiosidad cisheteronormada es una de las manifestaciones coloniales que se mantienen hasta la fecha en Colombia.

“La conversión religiosa, la imposición de un binarismo de género rígido a los pueblos colonizados y la criminalización de la diversidad sexual y de género fueron estrategias de control de la opresión colonial”, como señala el informe en línea con lo dicho por Athiany Larios, mujer trans feminista y activista de derechos humanos de Nicaragua: “El colonialismo sigue tan vigente como en un principio. Mucho disque expertos y sicología descalifican el sentir y nos califican de locos aberrantes con ideas oscuras cuasi demoníacas. Se nos ha educado y enseñado bajo un esquema misógino machista patriarcal sobre lo que es ser hombre y mujer”, señala.

En el caso de Perú, aunque en las artesanías de las culturas mochica y chimú ya representaban comportamientos sexuales y afectivas homosexuales como parte de su cotidianidad, hoy en día en Perú las relaciones de personas con el mismo género son discriminadas.

Algo revelador es que parte de las repercusiones que dejó el colonialismo –como señala el informe del Experto Independiente- son las siglas LGBTI, las cuales no pueden captar por completo la diversidad de sexualidades y géneros que experimentan las personas de la diversidad sexual. Además, en algunos países siguen vigentes las leyes parecidas a las que potencias coloniales utilizaron para imponer normas binarias de género.

“No somos nada, siempre nos censuran y cuando vamos a buscar empleo nos dicen que no hay, y si nos aceptan hay que ir vestidos como dicen ellos que dios nos trajo al mundo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las leyes y las cosas que pasan en este país con respeto a las personas trans.  Nosotros como las demás personas, somos seres humanos, pensamos, tenemos sueños, y deseos de que se nos escuche”, Carlos Hernández, un hombre trans cubano que coordina el proyecto social e independiente Por siempre Trans.

En ese sentido, Raza e Igualdad realiza las siguientes recomendaciones a los Estados a fin de respetar y garantizar los derechos de todas las personas trans:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para modificar el nombre y género de los documentos oficiales de identificación a fin de garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas trans y de género diverso en línea a los estándares de la Opinión Consultiva 24/17.
  • Recolectar datos de forma sistemática sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, desagregados por identidad de género, orientación sexual, identidad étnico-racial y edad.
  • Contar con una política pública de enfoque de género en las investigaciones sobre violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, el respeto el nombre social, la identidad de la persona, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos reproducidos en las instituciones públicas, privadas y en medios de comunicación que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans y de género diverso.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar sobre la orientación sexual e identidad de género a la población en general, funcionarios públicos y personal de servicios públicos, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas trans y de género diverso.

[1] ONU (2023). Informe A/78/227. Disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/218/50/pdf/N2321850.pdf?OpenElement

[2] Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) 2023 de Transgender Europe (TGEU). Disponible en https://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring-2023/

Alerta por violencia contra personas LGTBI+ durante las elecciones regionales en Colombia

Colombia, 31 de octubre de 2023.– Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alertamos sobre algunos hechos registrados en la jornada electoral del 29 de octubre de 2023, que atentan contra el ejercicio, libre de violencias, de los derechos políticos de las personas LGBTI+ en Colombia. En este sentido, destacamos el reporte del desconocimiento y el incumplimiento de las disposiciones de la Resolución 3480 de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libres de discriminación.

Es importante mencionar que el citado protocolo establece una serie de medidas con el objetivo de promover espacios electorales libres de violencia y discriminación para personas con experiencia de vida trans. El mismo establece que podrán elegir qué fila quieren realizar de acuerdo con su identidad de género; también podrán elegir el género del personal que realice una requisa, procedimiento que debe hacerse con el lleno de requisitos legales y libre de prejuicios; se debe garantizar el derecho al voto de las personas sin incurrir en procedimientos de ‘prueba’ que violen y/o pongan en riesgo el derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas trans; entre otras medidas necesarias para eliminar barreras de ejercicio y situaciones de discriminación.

Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil que ha realizado un seguimiento exhaustivo de los comicios y el desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo[1], reportó fallas en la actualización de los datos biométricos de personas trans; casos en los que, personas con experiencia de vida trans, fueron forzadas a hacer filas que no correspondían a su identidad de género; casos en los que se generaron daños psicosociales a las personas votantes, e inclusive se reportó un caso de violencia sexual contra una mujer con experiencia de vida trans derivado de una requisa que desatendió la protección contenida en el protocolo.

Tomando en cuenta estos hechos, manifestamos nuestra preocupación ante la gravedad de la situación y reiteramos la necesidad de intensificar las acciones de veeduría y pedagogía para el desarrollo de jornadas electorales. Instamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a darle continuidad a las acciones pedagógicas dirigidas a personas juradas de votación, sociedad civil, personal de la fuerza pública y demás autoridades públicas competentes. Resulta importante mencionar que la implementación de estas medidas es fundamental para la construcción de una sociedad democrática que brinde garantías suficientes para la participación política y la representatividad de las personas con identidades de género no hegemónicas. Lo anterior, en la medida en que es obligación de los Estados y deber de la sociedad civil, contrarrestar la violencia histórica contra las personas LGTBI+ en los escenarios de participación en las decisiones públicas de los Estados.

Adicionalmente, manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte que recibió la candidata a edila de la comuna 2 de Soacha, Sara Paola Caicedo, mujer con experiencia de vida trans que recibió panfletos que advierten sobre el perfilamiento de personas LGBTI+ en el marco de un plan de exterminio social y le dieron un plazo de 72 horas para salir del municipio[2].

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por los alcaldes electos de Bucaramanga y Cúcuta, quienes son públicamente reconocidos por promover prejuicios alrededor de la vida de las personas LGBTI+, estableciendo como banderas de sus campañas la ‘lucha’ contra la ideología de género y vulnerando así los derechos de las personas LGBTI+. Esperamos que la sociedad civil y el Ministerio Público realice una veeduría constante de las acciones de estos gobiernos locales para evitar la vulneración masiva de los derechos de las personas LGBTI+

 

[1] Caribe Afirmativo (2023) Reporte final sobre la jornada electoral en elecciones territoriales.  Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/reporte-final-sobre-la-jornada-electoral-en-elecciones-territoriales-2023/

[2] Caribe Afirmativo (2023) Amenazan a candidata trans a horas de las Elecciones: Caribe Afirmativo advierte riesgos electorales y a la seguridad de las candidaturas LGBTIQ+. Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazan-a-candidata-trans-a-horas-de-las-elecciones-caribe-afirmativo-advierte-riesgos-electorales-y-a-la-seguridad-de-las-candidaturas-lgbtiq/

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Sociedad civil celebra el nombramiento de Graeme Reid como el trecer Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género y reconoce los logros de Victor Madrigal Borloz

Ginebra, el 13 de octubre de 2023. El Presidente del Consejo de Derechos Humanos del ONU ha nombrado Graeme Reid como el nuevo Experto Independiente encargado de combatir la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual e identidad de género (SOGI).

Este nombramiento se llevó a cabo hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras su nominación por el Presidente del órgano de gobierno de 47 miembros responsable de supervisar los derechos humanos en el mundo el mes pasado. Graeme Reid asumirá este papel en el 1 de noviembre de 2023.

Un antropólogo e investigador de Sudáfrica, Reid actualmente es el Director del Programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch. Él es el tercer individuo ejercer el mandato de las Naciones Unidas dirigido específicamente a combatir las violaciones contra los derechos humanos de personas LGTBQ+ y de género diverso, siguiente Vitit Muntarbhorn de Tailandia (2016-2017) y Víctor Madrigal-Borloz de Costa Rica (2017-2023).

Organizaciones de sociedad civil de todo el mundo acogieron con satisfacción esta decisión: “Miles de millones de personas continúan viviendo en sociedades con leyes y actitudes sociales que ponen en peligro a las personas LGBTI,” enfatizó XYZ. “Dada su amplia experiencia en la incidencia política y el mundo académico, junto con su compromiso inquebrantable de escuchar las voces de defensores de derechos humanos de base, confiamos en que Reid podrá fomentar más entendimiento y recordar a los estados de sus obligaciones hacia las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género de todo el mundo. Como sociedad civil, esperamos un compromiso constructivo con el nuevo mandatorio.”

Este nombramiento se produce tras un largo proceso de selección, que duró meses e incluyó la preselección de 23 candidatos, la conducción de entrevistas y, últimamente, haciendo el nombramiento con la supervisión de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A principios de este mes, organizaciones mundiales expresaron sus preocupaciones sobre la ausencia de las mujeres e las personas no binarios en la preselección de candidatos recomendado por el Grupo Consultativa, como se subrayó durante la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En el junio de 2022, el Consejo de Derechos Humanos renovó con éxito el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género. La renovación reconoció y reafirmó la importancia vital del mantenimiento de este mandato, como comunidades LGBT en todo del mundo continúan enfrentar violencia y discriminación basado en su orientación sexual y/o su identidad de género.

Víctor Madrigal-Borloz, el actual mandatario, permanecerá en el cargo hasta finales de mes. Organizaciones de sociedad civil tomó este momento a celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años, declarando. “Hoy queremos celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años.” Gracias a Víctor Madrigal-Borloz y sus esfuerzas, el mundo es ahora más consciente del impacto de la criminalización de las relaciones del mismo sexo consentidas, la necesidad de reconocimiento legal de identidad de género, la barrera a la inclusión social, la importancia de datos recogidos sobre las vidas LGBTI+, el daño infligido por la llamada «terapia de conversión» y más. Madrigal-Borloz también ha subrayado buenas prácticas para prevenir discriminación y realizó visitas a Georgia, Mozambique, Túnez, Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido, tender puentes entre la sociedad civil, los líderes políticos y las autoridades religiosas. En un momento en que los grupos antiderechos se hacen oír cada vez más y atacan a nuestras comunidades como parte de un ataque más amplio contra la igualdad de género, es crucial que el trabajo del mandato continúe y reciba el apoyo de ambos los Estados y la sociedad civil.

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