Conversatorio Virtual: “El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina”

Conversatorio Virtual: “El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina”

En compañía de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la participación de activistas LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua, el próximo jueves 21 de mayo llevaremos a cabo un espacio de diálogo sobre el rol de la Comisión IDH de cara a las amenazas, que con motivo de la crisis humanitaria por COVID, se han agudizado en la vida de las personas LGBTI de América Latina.

Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual

Les invitamos a participar de este espacio registrándose en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QAdn97gLQaiuT7sPQ0-UPg

El conversatorio también será transmitido a través de nuestra cuenta en Facebook – https://www.facebook.com/raceandequality/

Para más información siga nuestra cuenta en twitter: https://twitter.com/raceandequality

 

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para compartir los efectos del COVID-19 sobre la población LGBTI en América Latina con el Experto Independiente en asuntos SOGI de la ONU

El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con el Experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género de la ONU (EI en SOGI de la ONU), Víctor Madrigal y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de diferentes países de América Latina para discutir y comprender mejor las condiciones actuales en medio de la pandemia de coronavirus.

El evento, titulado “La realidad de las poblaciones afro-LGBI y Trans durante la actual crisis de salud causada por COVID-19 en América Latina“, que se llevó a cabo el jueves 23 de abril, comenzó con unas palabras de apertura del Sr. Madrigal, hablando sobre la declaración sobre COVID-19 publicada por el experto de la ONU el 26 de marzo y las motivaciones detrás de ella. “Debemos tener una comprensión clara de cuándo estas medidas tienen un impacto diferenciado en nuestras comunidades y poblaciones“, afirma, explicando la necesidad de comprender los impactos desproporcionados y desiguales de la pandemia, la importancia de compartir las experiencias de todas las comunidades para fortalecer el apoyo mutuo y la importancia de que los Estados incluyan a estas comunidades en el momento en que diseñen las medidas que deban tomarse.

El activista trans Santiago Balvín, de Perú, citó los numerosos casos de violencia contra las mujeres trans que surgieron debido a la medida “pico y género” que se implementó en este país, restringiendo la circulación de la población en función de su género. “Desde el comienzo de la cuarentena hasta el 10 de abril, cuando esta política finalizó, en el transcurso de unos 25 días, más de 15 casos de transfobia ocurrieron por parte de la policía y/o las fuerzas armadas“, dijo Balvín, y señaló que a pesar de que la política fuera derogada, en la comunicación oficial se decía que se debía a las altas aglomeraciones de mujeres y no a las denuncias de violencia y discriminación contra la población trans.

Colombia ha tomado también medidas basadas en género en diferentes ciudades, implementando el “pico y género” y dejando la circulación de las personas en manos de la policía. Como detalla la activista Victoria Daza de la Mesa de Trabajo LGBTI de Cartagena, esto ha puesto en riesgo su derecho a la alimentación y la salud, lo que dificulta que la población trans tenga acceso a servicios para cubrir estas necesidaes. El Ministerio del Interior prometió brindar ayuda a las organizaciones LGBTI en una campaña llamada “Colombia está contigo“, pero hasta ahora no se han recibido alimentos ni otros suministros.

En otras regiones del país, como el Pacífico Sur, las preocupaciones son aún mayores, ya que esta región se encuentra empobrecida y sin la infraestructura necesaria para enfrentar una crisis de esta escala. Sandra Arizabaleta de la organización Somos Identidad en Cali afirma que “la violencia y el abandono histórico del Estado han dejado su huella en esta parte del país”. Ella da el ejemplo de Tumaco donde “en este momento no tienen ningún servicio de salud para atender a las personas que contraen COVID-19“. La duración prevista de la pandemia y el retraso en la protección de las poblaciones más vulnerables, como las personas LGBTI, es extremadamente preocupante para los activistas en esta región.

Christian King, Director Ejecutivo de TRANSSA, una organización trans en la República Dominicana, también expresó su preocupación por la falta de información o acciones específicas que se están tomando en las condiciones actuales. “En nuestro país solo comparten los números. No comparten ninguna información sobre la población o sectores específicos de donde son estas personas”. La falta de conocimiento y legislación específica para proteger a las personas trans en la República Dominicana es aún más crítica en momentos como estos. No se han tomado medidas especiales para ayudar a la población trans, y políticas como los toques de queda ponen en peligro el acceso a los medios de vida.

Si bien la mayoría de los Estados han implementado diferentes planes para combatir la propagación de COVID-19, la política nacional inestable del Estado de Brasil ha dejado los esfuerzos de contención en manos de los gobiernos locales. “Brasil es uno de los 4 países del mundo que ignoró las recomendaciones de las agencias de salud para fortalecer las políticas neoliberales, aprovechando este momento de una crisis mundial para eliminar más derechos laborales e implementar medidas más negativas” dijo Bruna Benevides de la Asociación Nacional Brasileña de Travestis y Transexuales, ANTRA.

También destacó que los casos de subregistro han sido una política estatal utilizada como justificación para manipular a la población para que crea que todo está bien. “Dicha política afecta directamente a los pobres, los negros, los ancianos, las personas con discapacidades, las mujeres, las personas que viven con el VIH, los LGBTI +, los indígenas y otros que tienen más factores de riesgo debido a la naturaleza precaria de sus vidas. Los negros son la mayoría entre los muertos y tienen más probabilidades de tener complicaciones”, concluye.

El evento, que contó con más de 500 asistentes que siguieron el evento a través de Zoom y Facebook Live, puso de manifiesto la necesidad de más acciones para ayudar a les miembres de las comunidades afro y LGBTI durante la crisis de salud actual. El EI en SOGI finalizó el evento declarando que su mandato está al servicio de todas las organizaciones LGBTI, alentando a los grupos y activistas de la sociedad civil a presentar reportes e información sobre los efectos de COVID-19 en sus países de origen.

Con nuestras contrapartes, Raza e Igualdad insta a los Estados a incluir representantes LGBTI en la planificación de la salud pública para la emergencia y las acciones para combatir el COVID-19, teniendo en cuenta a las personas con identidades de género diversas y sus necesidades particulares durante estos tiempos. Los Estados deben proporcionar datos desagregados sobre estas poblaciones para servir mejor a les más vulnerables y marginades, como las poblaciones afro-LGBI y trans. Con esto, los Estados también deberían tomar medidas diferenciadas para atender las necesidades de las personas LGBTI en el mercado laboral informal que se encuentran en mayor riesgo de declive.

Agradecemos a les panelistas y participantes del conversatorio.  Nuestro compromiso por la construcción de un mundo diverso, inclusivo y con justicia social continuará por el reconocimiento de los derechos de todes las personas LGBTI.

La situación de emergencia por COVID 19 devela la preocupante realidad de las personas LGBTI en Colombia

El contexto de urgencia derivado de la Pandemia en Colombia ha dado paso a diversas reflexiones acerca de las formas de desigualdad que operan habitualmente sobre la población LGBTI y que se recrudecen ante los críticos episodios que hoy se viven.

Con más de 2.500 casos de contagio en Colombia[1], Laura Poveda, Consultora para Colombia del Programa LGBTI de Raza e Igualdad señala:  “Es claro que la discriminación estructural y sistemática en aspectos como salud, trabajo, educación, entre otros escenarios, supone de entrada condiciones desiguales para hacer frente a los efectos de la pandemia y las medidas para su contención”.

Ante la falta de cifras oficiales que den cuenta del nivel de acceso a derechos de las personas LGBTI en el país, la Fundación Arcoiris de Tumaco se ha dado a la tarea de adelantar un censo en el municipio de Tumaco, Nariño, para conocer las condiciones de empleo y acceso a servicios públicos con las que cuentan gays, lesbianas y transexuales en esta zona al suroriente del país[2].

La dificultad de acceder a un empleo, a causa de estructuras de discriminación social, obliga a la mayor parte de las personas LGBTI a recurrir a la informalidad como forma de obtener un ingreso, por tal razón, este se convierte en la mayor preocupación, dada la medida de aislamiento decretada para el territorio nacional.

Con especial preocupación se observa la situación de las personas trans que ejercen el trabajo sexual. Como lo han denunciado organizaciones como la Red Comunitaria Trans y Calle 7 Colombia, “las trabajadoras sexuales son directamente afectadas por la crisis sanitaria ya que muchas viven del día a día y no pueden salir a trabajar, por tanto, se han quedado sin un techo donde pasar la cuarentena y han tenido que verse forzadas a habitar la calle”[3]. Esta situación implica además que muches no se encuentren afiliades al sistema de salud, lo que aumenta la incertidumbre para acceder a servicios de atención urgente, añade la abogada para temas LGBTI de Raza e Igualdad.

En el ámbito educativo, la organización Somos Identidad de Cali señala que las opciones ofrecidas por las instituciones educativas para la continuación de las clases por medio de herramientas tecnológicas, afecta y desconoce gravemente las condiciones de pobreza y falta de acceso a computadores y servicios de internet de les estudiantes, en especial de aquelles que se identifican como afro LGBTI[4].

Las medidas para contrarrestar la emergencia pueden exacerbar la violencia y la discriminación

Las medidas de seguridad tomadas por el Gobierno Nacional, que incluyen la militarización de diferentes territorios y la implementación de toques de queda, pone en grave riesgo la integridad de las personas LGBTI. Muestra de esto,  son los ataques por parte de la policía nacional a dos mujeres migrantes, trans trabajadas sexuales registrados durante el mes de marzo en la ciudad de Bogotá, y el ataque de una mujer trans en la ciudad de Medellín[5].  Sumado a esto, el miércoles 25 de marzo, el activista social y LGBT, Jhon Restrepo, sufrió un brutal ataque en el marco de una actividad de asistencia social por la emergencia sanitaria en el barrio Esfuerzos de Paz de la Comuna 8 en Medellín[6].

Otro aspecto a tener en cuenta de cara a la crisis, es que, si bien la medida de aislamiento resulta ser la mejor opción para prevenir el contagio, el hogar puede convertirse en una amenaza para las personas LGBT”, precisa Poveda; quien además señala que  la situación de las mujeres LBT preocupa especialmente pues, como lo han denuncian la Corporación Caribe Afirmativo y la Fundación Triángulo:  “en este contexto de emergencia, los índices de violencia contra la mujer han aumentado, esto debido a las tensiones en el hogar[7] y los episodios de lgbtfobia de personas cercanas a este”.

Adicional a esto, se suma la preocupación en organizaciones LGBTI de todo el país por el Decreto expedido por la Alcaldía de la ciudad de Bogotá, replicado días después en la ciudad de Cartagena[8], mediante el cual se implementa la medida de “pico y género” para fiscalizar la salida de hombres y mujeres, permitiéndoles salir a los hombres los días impares y a las mujeres, los días pares[9].  “Si bien el documento es claro en señalar que las personas con identidades de género diversas podrán salir el día en que le esté permitida la circulación al género con el que más se identifiquen, las múltiples agresiones registradas por parte de la Policía Nacional hacia personas LGBT en estos contextos, ponen de manifiesto que no existen garantías reales para afirmar que las personas trans, no binaries y las mujeres en general, puedan circular con seguridad y garantías de respeto a sus derechos fundamentales”, señala Laura Poveda.

A pesar del extenso marco legal que obliga a las autoridades garantizar la integridad y derechos de las personas LGBTI la experiencia ha demostrado que aún existen violaciones a dicha reglamentación razón por la cual, muchos de los ataques a estas personas continúan en completa impunidad.

Recomendaciones al Gobierno Nacional

Debido a la preocupante situación que enfrentan las personas LGBTI en el contexto de emergencia por COVID 19, Raza e Igualdad urge al Estado colombiano a:

  1. Involucrar a las comunidades afectadas, incluyendo la población LGBT, en el diseño e implementación de todas las medidas de respuesta para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información.
  2. Agilizar el tiempo y mejorar los canales de respuesta para garantizar una atención oportuna frente a las necesidades y la vulneración de DDHH de personas LGBT de cara a la situación de emergencia. De acuerdo con algunos testimonios, algunas entidades estatales han solicitado información sobre casos de atención urgente para personas LGBT, prometiéndoles ayudas como alimentación, refugio, etc. Si bien estas organizaciones han entregado los datos, las ayudas estatales no llegan y no existe información oficial sobre los plazos y condiciones en que se entregarían.
  3. Es preciso que las medidas de atención y contingencia se piensen desde un enfoque de derechos humanos que respete la diversidad y el autoreconocimiento de las personas LGBT, sumado a la urgencia de analizar las medidas en clave interseccional, incluyendo un enfoque de raza, migratorio, etario, etc. En el caso de las medidas de segregación por género, como el “pico y género” implementados en Bogotá y Cartagena, urgimos a estos gobiernos locales a explorar otro tipo de medidas que eliminen el riesgo de agresión y de vulneración de derechos de las personas LGBT.
  4. Coordinar de la mano de los gobiernos locales, medidas para la garantía al acceso a la alimentación, vivienda, servicios de salud y salubridad y otras necesidades básicas de las personas LGBT.

[1]  https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

[2] Entrevista con Nixon Ortiz, Director de la Fundación Arcoiris de Tumaco.

[3]https://www.radionica.rocks/analisis/personas-vulnerables-coronavirus?fbclid=IwAR31fZ2ogdkABZAulJJZVEWjsLdyDlcuEC8nY4DF1xDdu0WbYGMv2-iJPqo

[4] Entrevista con Sandra Milena Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad.

[5] https://www.facebook.com/watch/?v=205516064072838

[6] https://www.elcolombiano.com/antioquia/atentado-en-contra-de-jhon-restrepo-lider-social-de-medellin-HM12694267

[7] https://caribeafirmativo.lgbt/situacion-las-mujeres-lesbianas-bisexuales-trans-lbt-frente-la-pandemia-del-covid-19/

[8]https://caribeafirmativo.lgbt/pico-genero-la-ciudad-cartagena-una-apuesta-aumenta-riesgo-violencias-hacia-las-personas-trans-reafirma-la-concepcion-binaria-del-genero/

[9] https://www.eltiempo.com/bogota/organizaciones-de-personas-trans-rechazan-medida-de-pico-y-genero-en-bogota-482746

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Conversatorio Virtual “Situación de la población Afro – LGBTI Y Trans durante la crisis sanitaria generada por COVID 19”

Con la participación de activistas LGBTI de Colombia, Brasil, República Dominicana y Perú; y en compañía de Victor Madrial, Experto Independiente sobre protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU; el próximo jueves 23 de abril de 2020, estaremos conversando sobre la situación que actualmente enfrentan las personas LGBI y Trans a causa del COVID19.

Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual

Les invitamos a participar de este espacio registrándose en el siguiente link: https://zoom.us/webinar/register/WN_qjuGjRjKQaamPxDSqoJqeQ

El conversatorio también será transmitido a través de nuestra cuenta en Facebook – https://www.facebook.com/raceandequality/

Para más información siga nuestra cuenta en twitter: https://twitter.com/raceandequality

 

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that “in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.


[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

Organizaciones Afro LGBTI colombianas se reúnen con representantes de la JEP

Leaders of Afro-LGBTI organizations from the municipalities of Cauca, Valle del Cauca, Nariño and the Colombian Caribbean explained and denounced the effects and violence Afro-descendants with diverse sexual orientations and gender identities suffered during the armed conflict before representatives of the Special Jurisdiction for Peace (JEP).

The event that took place on March 12 and 13 is part of a project led by the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) with the support of the Canadian government. “The project seeks to make Afro-LGBTI victims of the armed conflict, as well as the causes and differential impacts that these types of violence have on people with diverse sexual identities and expressions, more visible,” said Laura Poveda, lawyer for Race and Equality. In relation to this, Pedro Cortés, Colombian consultant at Race and Equality, highlighted the importance of this meeting as a space that strengthens and increases the participation of Afro-LGBTI civil society organizations before the Comprehensive System of Truth, Justice and Reparation.

Throughout the meeting, which included the participation of JEP magistrate Heydi Patricia Baldosea Perea, also a member of both the gender and ethnic commissions of the same institution, the participants, through a collective dialogue, delved into the violations and direct effects that Afro-LGBTI groups continue to face in the territories.

Joana Caicedo from the organization Somos Identidad in the city of Cali, pointed out that LGBTI people, especially from the most impoverished communities in the city, which are mostly composed of Afro-Colombians, have faced and continue to face situations of violence by armed actors in the territory. Armed groups during conflicts use strategies to correct of modify expressions that they consider “abnormal”, for example, the most common forms of violence against LGBTI people are forced recruitment and sexual violence.

“LGBTI people are usually forced to hide and try to act normal so as not to be harassed; now, living in different contexts as a black person is difficult, so being LGBTI in contexts of violence and armed conflict further exacerbates the situation,” indicates Caicedo from Somos Identidad.

Vivian Cuello from Caribe Afirmativo emphasized that structural racism still persists in all of society, which is why the armed conflict disproportionately affected Afro-descendant groups. “It is no coincidence that the armed conflict mostly affected a large part of the racialized territories. This is due to an imminent absence of the State in these territories, which allows armed groups to inhabit and take control of the territories,” she added.

According to Angelo Muñoz of the Afro-Colombian Foundation Arco Irís in Tumaco, the “objectification” and “social normalization” of violence against LGBTI people is another one of the main effects diverse groups suffered in the territories where there is and has been armed conflict.  He also emphasized the state of violation that represents for the LGBTI groups in Tumaco, not having judicial or social support when it comes to violence against various people.

“In a territory where there is armed conflict, the black and LGBTI are a vulnerable body in an indifferent territory,” added Muñoz.

Judge Baldosea referred to the 7 cases that have so far been opened in the Special Jurisdiction for Peace, thanking and encouraging civil society organizations to present reports that integrate data that may be related to already open cases in order to approach such investigations from an intersectional approach.

Additionally, the Magistrate carefully explained the processes and methods used by the Special Jurisdiction for Peace and the way in which these are being reviewed.

Magistrate Heidy Patricia Baldosea, JEP

“We do not have a clear idea or exact data on how many cases will be opened; to date civil society organizations have submitted an average of 284 reports and the call is open until March 2021. For our part, as body that has a clear mission of clarifying the truth, we will continue working to guarantee a comprehensive process for victims,” said Baldosea.

Likewise, representatives of Afro-LGBTI civil society recommended decentralizing the processes that are being carried out to date in the JEP, to approach communities in the territories through less institutional forms, and thus generate trust and bring the necessary information in the clearest and most concise way.

Through this project, Race and Equality, with the support of the Canadian government, seeks to join the initiatives undertaken by organizations such as Caribe Afirmativo who have already presented documented cases before the JEP of Afro LGBTI victims of the armed conflict in the region of Urabá (northwestern Colombia) and the municipality of Tumaco.

21 de marzo: Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Message from Carlos Quesada, executive director of Race and Equality

Washington DC, 2020, May 21st. Today we commemorate once again the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, a day that we at the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), take as an opportunity to remember our universal rights to equality and non-discrimination. This message must be echoed in a context of growing intolerance, hate, and superiority speech that do not contribute to the development and well-being of our society.

We have been commemorating this day since 1966, in memory of the 1960 Sharpeville massacre in South Africa, when police opened fire and killed 69 people who were protesting peacefully against the Apartheid Pass Laws. Since then, racial discrimination has subsided considerably in Africa and also in Latin America.

This year, Mexico ratified the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, thus joining Uruguay, Costa Rica, and Antigua and Barbuda; and also ratified the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, which entered into force with this ratification.

Also in Mexico, the inclusion of the Afro-descendant self-identification question was achieved for the first time in the 2020 Census. However, it was included late in the process, so Afro-Mexican organizations had to start their awareness campaigns just a few months before the census, which is being carried out this month. Currently, the campaign continues with great force led by the Collective to Eliminate Racism in Mexico (COPERA, for its initials in Spanish) along with Race and Equality and in alliance with some government agencies and Afro-Mexican organizations.

In Panama, we are concerned that the census scheduled for May 2020 was postponed until the first quarter of 2021, due to delays with the bidding process. This implied that all progress made on the 2020 Census was suspended, and adjustments to the next steps represent a great challenge. This is because there are several actions that must be carried out such as updating the budget, cartography, and identifying and hiring personnel, among many other duties. However, this period has allowed for the promotion of self-identification among Afro-descendants in both rural and urban communities.

In Colombia, the number of social leaders assassinated in 2019 was alarming: at least 253, of which 91 were Afro-descendant and indigenous leaders, according to the Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ, for its initials in Spanish). Patterns of structural racial discrimination continue to prevent Afro-Colombian and indigenous communities from having effective enjoyment of their economic, social, and cultural rights compared to the rest of the Colombian society. It is a matter of concern that given this situation, the Colombian government has not guaranteed an adequate statistical estimate of the Afro-Colombian population. This is reflected in the 2018 Census, where the black, palenquera and raizal population was reduced by 31% compared to the 2005 Census. The Government is also not offering the conditions needed for the implementation of the Peace Agreement with an ethnic-differential approach.

In Brazil, between January and February 2020, 38 trans women were killed, of whom 75% were Afro-Brazilian. This figure is particularly worrisome because it is 90% higher compared to last year’s figures. In general, most LGBT crimes are committed against Afro-descendants, according to data from the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA, for its initials in Portuguese).

In Cuba, there is still no implementation plan for the International Decade for People of African Descent. We have managed to document that the majority of the activists who are victims repression by the Cuban Government are Afro-descendants, such as Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo or Nancy Alfaya. From the State’s side, there is no opening to recognize the existence of racial discrimination on the island.

From Race and Equality, we will continue to make visible, fight, and denounce the marginalization and injustices that Afro-descendant populations face in the Americas. We will continue to work, especially in the company of our counterparts in the region, who, from their communities, contribute to tehe construction of a more equal society.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de América Latina y el Caribe a tener en cuenta a las personas LGBTI en tiempos de crisis por COVID – 19

In the face of the of the recent crisis, caused by the COVID-19 pandemic, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) reminds States of the importance of safeguarding the health of the entire population regardless of sexual orientation or gender identity; Public policies that encompass the crisis must be thought of from intersectional approaches that address gender and human rights perspectives.

Race and Equality warns about the differential impact on rights that crises like these can have on historically marginalized and socially vulnerable populations such as LGBTI people. “The social reality of LGBTI people in Latin America and the Caribbean is characterized by precarious access to health services, education, work and comprehensive well-being, realities that must be considered by the States when designing virus containment strategies,” says Zuleika Rivera, LGBTI Program Officer at Race and Equality.

“The state of alert starts precisely because, although these measures affect the entire social group, those who have always lived in a state of vulnerability, tend to be mostly affected. For example, trans women sex workers are very affected by the strategies that are being used so far, especially because in order to eat and pay rent in the place where they live, they must work, which not only puts them at risk, but a whole social group in imminent risk, ” she continues.

The situation in Latin America

LGBTI civil society organizations in Latin America and the Caribbean expressed to us their concern about the containment strategies used by States without taking into account differential and rights-based approaches.

In Peru, for example, they have expressed concern about the impacts of the measures taken so far by the State to prevent the spread of the virus.  These strategies impact LGBT people who mostly live from informal work, as is the case of the trans population. In addition, the self-financing of trans and LGBTI foster homes is in danger.  “If the LGBTI population has to continue working or needs treatment for HIV / AIDS, how are they going to mobilize? Or if someone gets sick who guarantees that they will not be discriminated against because of their sexual orientation or gender identity? ” added Santiago Balvín, an independent trans rights activist.

On the other hand, Peruvian LGBTI organizations have shown concern about the actions of Congress and what that may mean for LGBTI rights in the country, since it is a time when the rights of said population could be limited.

In the Dominican Republic, the trans organization TRANSSA has expressed uncertainty because the State has not declared a national emergency, which puts the lives of many people in the country at risk, including LGBTI people. Likewise, they pointed out that the LGBTI population with informal or independent work will be the most affected if a curfew or a national quarantine is decreed, then highlighting the state of collective panic over the disinformation in the networks about COVID-19. They also have shown concern about access to health for the population with HIV / AIDS.

In Brazil, many of the same worries were expressed by civil society organizations who explain that the State has not taken any serious action to prevent the spread of the virus and has not recommended or imposed any type of quarantine.

Given racial inequality within the country, the Afro-descendant population can suffer more serious impacts in relation to COVID-19, since they live in situations of great precariousness and are the most dependent on the health system. Many of these populations live in favelas, removed from their homes, without access to water or health, or are sex workers. Some communities have been without clean water or basic sanitation for weeks. “Mental health is another serious concern as many struggle with anxiety or depression or have a higher tendency to develop anxiety or depression, and given all the information on social media, it could lead to an increase in episodes of mental health, not to mention the detrimental effects of isolation and confinement ”pointed out, among other things, Bruna Benavides, secretary of the political coordination of the National Association of Transvestites and Transsexuals, ANTRA.

Some local organizations, such as ANTRA, have published recommendations for trans people who work in the informal labor market at the following link: https://antrabrasil.org/cartilhas/

In the case of Colombia, the exponential growth of the confirmed cases of people carrying COVID-19 is worrisome.[1] Although the National Government has enacted measures related to the closure of maritime and ground borders, and has promoted measures for education and work from homes to promote isolation, the lack of social and economic measures that take into account the conditions =of the most marginalized and vulnerable population is still troublesome.

In Cuba, uncertainty regarding the actions that the government may take continues.  To date, no state of emergency or quarantine has been declared. Citizens are concerned that the government is not taking drastic measures to prevent the spread of COVID-19, and that there is no focus on self-responsibility and self-care about preventive measures that citizens can take.

Recommendations to States

Race and Equality and our counterparts call on the States of the region, and in accordance with the curfew measures that have been declared in some areas of the region, request the surveillance and protection of the human rights of those who could be most affected by these events that could affect their lives and personal integrity.

Likewise, we urge states to include LGBTI populations in their national plans to combat COVID-19 taking into account the differential impact of the crisis and to continue informing the population about the progression of the virus, as well as the services available for this population’s particular needs.

We call on States to protect the economic income of the poorest households[2] and those unable to telework; measures that allow the flexibility of payments of bank and financial obligations; policies that guarantee adequate treatment and protection for people over 60 years of age, especially those belonging to the LGBTI[3] sectors, and measures that ensure access to sanitary conditions to prevent the spread of the virus, such as access to public toilets, especially for migrants, sex workers, the homeless, and imprisoned people[4].

Additionally, we call on States not to use the health crisis to implement legislation that limits or presents setbacks in the area of ​​human and LGBTI rights.

We call on the LGBTI population to follow the recommendations of the Ministry of Health and the WHO, remain calm, and apply preventive measures.


[1] As of March 19, 2020, at 12:00 noon, 93 cases of people carrying COVID-19 have been registered, according to figures from the Ministry of Health.

[2] LGBT people often face poverty, social exclusion, and lack of access to housing. LGBT people are often expelled from their families and schools, and in some cases they cannot even get jobs that pay the minimum wage. This situation could push them towards the informal economy or criminal activity.

[3] The lack of family support and social rejection accentuate the conditions of loneliness, isolation, poverty, and lack of access to housing and health services for LGBTI elders.

[4] “Inmates of La Picota protest against measures against the coronavirus (Covid-19)” https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/internos-de-la-picota-protestan-por-medidas-contra-el-coronavirus-covid19/20200318/nota/4023683.aspx

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.


[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.