15 personas transgénero de Brasil fueron asesinadas en el mes de septiembre

15 personas transgénero de Brasil fueron asesinadas en el mes de septiembre

El asesinato de personas transgénero en Brasil sigue siendo un problema extremadamente preocupante. Solo en septiembre, según la Asociacilón Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 15 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil, lo que resultó en un promedio de 1 persona transgénero asesinada cada 48h. Desde enero hasta el 30 de septiembre, 89 personas transgénero habían sido asesinadas en el país. La mayoría de los asesinatos muestran signos de gran violencia en el acto, como veremos a través de los siguientes tres ejemplos:

En el estado de São Paulo, el cuerpo de Bruna Torres, una travesti[1] de 26 años, fue encontrado en una carretera el 15 de septiembre. Tenía el cuello roto y las manos y los pies atados.

El 20 de septiembre, en un área forestal de la región metropolitana del estado de São Paulo, se encontró el cuerpo de la niña transexual Médely Razard, de solo 15 años. Médely estaba amordazada y en su cuerpo había signos de agresión física. La policía cree que fue estrangulada con un cordón alrededor de su cuello y que fue abusada sexualmente.

En Uberlândia, Minas Gerais, el cuerpo de la travesti Junia Bispo fue encontrado el 29 de septiembre, con varios signos de violencia y sin vida. La policía encontró trece perforaciones causadas por un instrumento punzante.

En agosto de este año, al entregar el dossier sobre “asesinatos y violencia contra travestis y transexuales en Brasil en 2018” a la comisionada Margarette May Macaulay, Bruna Benevides, secretaria de política de ANTRA, dijo:

“Este dossier está manchado de sangre y construido principalmente como un pedido de ayuda: ¿qué más podemos hacer como instituciones, como compañeros y compañeras, como organizaciones, como movimientos, para que otras travestis, mujeres transexuales, hombres trans y personas no binarias no sean asesinados por ser quienes son?”

Brasil es el país donde más personas trans son asesinadas en el mundo. Solo en 2018, hubo 163 casos. Está claro que las personas trans en Brasil viven en un contexto de gran violencia, y que el Estado brasileño no consigue, ni tiene el objetivo de proteger sus vidas.

En el momento político en que Brasil atraviesa una verdadera cruzada contra la población LGBTI, es esencial dar visibilidad al peligro para las personas trans, cuyo mayor desafío es la supervivencia.

Raza e igualdad continuará su lucha por la igualdad y convoca al Estado brasileño a investigar las muertes de las mujeres travestis y transgénero en el país y, sobre todo, a garantizar que todas las personas puedan expresar su orientación sexual y su identidad de género libremente en Brasil.

[1] Travesti es una identidad de género que existe en algunos países latinoamericanos como Brasil y que describe a las personas asignadas a hombres al nacer que asumen un rol de género femenino, a veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios o las inyecciones de silicona.

¡Dejen de matarnos!: Grupo Conexão G de la Favela da Maré en Brasil

Washington, DC. Septiembre 25 de 2019.  Del 6 al 8 de septiembre se realizó en la Favela de Maré de Brasil el 1er Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de las Favelas, espacio que estuvo marcado por un operativo policial que se extendió por aproximadamente 20 horas y que dejó dos personas muertas; razón por la cual hoy la comunidad de Maré reclaman: ¡Déjennos de matar!

Desde 2006, Grupo Conexão G lleva a cabo un trabajo importante dentro del “Complexo da Maré”, un conglomerado de 19 favelas ubicado en Río de Janeiro, entre las principales vías de acceso de la ciudad y cerca del aeropuerto internacional. En 2010, cuando el gobierno federal realizó el último censo, Maré tenía alrededor de 130,000 habitantes.

Maré es una de las favelas más peligrosas de Brasil. Bajo el mando de los narcotraficantes, Maré es constantemente un foco de guerra entre facciones rivales y la policía. La lógica de la guerra está autorizada por un discurso de lucha contra las drogas que realmente criminaliza a toda la población de  las favelas. En un escenario en el que se niegan sistemáticamente derechos como a la salud, la educación, el trabajo, el ocio, entre otros, la relación principal que el Estado mantiene con estas personas es a través de la violencia.

Conexão G fue la primera organización en Brasil que comenzó a trabajar directa y exclusivamente con la población LGBTI de la favela. Desde su nacimiento, esta organización ha llevado a cabo proyectos destinados a la seguridad pública, la empleabilidad, la salud, la educación y la cultura de la población LGBTI negra. La interseccionalidad es una de las características de la organización.

En una conversación con Raza e Igualdad, Gilmara Cunha, mujer transgénero, directora y fundadora de Conexão G, expresó que cuando surgió la organización, las personas LGBTI vivían en un contexto de gran violencia y opresión ejercida por otros habitantes de las favelas, un contexto que persiste para este día:

“En ese momento, e incluso hoy, estábamos experimentando mucha violencia y opresión por parte de otros habitantes. No pudimos participar en algunos espacios, porque fueron atacados física y verbalmente. Uno de los momentos más memorables fue cuando éramos un grupo de travestis en el lugar donde tocaban samba, cuando algunas personas comenzaron a arrojarnos cebollas y palos y tuvimos que retirarnos de ese entorno; a partir de ahí, pensamos: hay que hacer algo para transformar esta realidad y transformar la política del movimiento LGBT, que fue y sigue siendo un movimiento de clase media. Surgimos en este momento, pensando en una agenda que podría ayudar e incluir a la población de favelas, porque las políticas que se crean están diseñadas para la clase media y estas políticas no nos llegan”, dijo.

Como ejemplo, Gilmara cita la reciente aprobación del crimen de homofobia por parte de la Corte Suprema del país, que la equiparó con el crimen de racismo:

 “Mira, la homofobia ha sido criminalizada y equiparada con el crimen de racismo. Si estamos dentro de este territorio y hacemos ununa denuncia, la policía no vendrá aquí. Si viene la policía, pone en riesgo nuestras vidas, porque todos se conocen y sabrán quienes hicieron la denuncia” expresó Gilmara.

De hecho, en muchos casos, las personas que viven en las Favelas tienen prohibido por los traficantes ir a la policía cuando tienen algún tipo de problema que pueda derivarse en una investigación; especialmente porque los traficantes no quieren a la policía en su territorio.

1er Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de Favelas: marcado por la Truculencia de la Policía

Desde 2010, Conexão G ha celebrado el Desfile LGBTI Favela da Maré todos los años. Este año, además del Desfile, también celebraron el 1er Festival de Cultura y Ciudadanía LGBTI de Favelas, un evento con presentaciones artísticas, políticas y profesionales, pensando en el arte, la cultura, la moda, la sostenibilidad, la política y el emprendimiento. Las actividades se llevaron a cabo del 6 al 8 de septiembre, terminando con el Desfile LGBTI.

Sin embargo, el primer día del evento, se realizó una operación policial en Favela da Maré que duró aproximadamente 20 horas.  Durante este tiempo fueron asesinadas dos personas.

Uno de los mayores problemas que está experimentando la Favela da Maré en este momento es el de las operaciones policiales. El actual gobierno de Río de Janeiro ha adoptado una política de verdadera “masacre” dentro de las favelas, con policías disparando indiscriminadamente directamente desde helicópteros. Como resultado, de enero a junio de 2019, 881 personas fueron asesinadas en operaciones policiales en el Estado, el número más alto en los últimos 17 años, según lo reportado en el medio de comunicación digital Noticias UOL de Brasil.

La operación policial afectó la programación del evento realizado por Conexão G:

 

 

 

“Es una guerra que no es contra las drogas, sino contra la población pobre, negra y  de favela. Por ejemplo: ayer hubo 2 personas asesinadas, varias casas fueron destruidas. Esto afectó nuestro horario durante esta semana, especialmente el primer día. Estaba disparando todo el tiempo. Nos quedamos atrapados en el Centro de Artes Maré y no podíamos irnos. Esto hace preguntarme: ¿Qué Estado es este que no considera este espacio como parte de la ciudad? El sentimiento no es solo de miedo, sino de impotencia, de que aquí ya no se puede hacer nada. Pero estamos allí en la resistencia “, dijo Gilmara a Raza e Igualdad.

Mariah Rafaela, otra mujer trans que trabaja en Conexão G y con el Instituto Transformar de Brasil expresó que aunque la situación es bastante complicada por los múltiples obstáculos sociales la tarea consiste en persistir y no rendirse.

 

 

“Fue terrible. Cuando nos dimos cuenta, la policía estaba entrando a la favela y comenzamos a escuchar el sonido de disparos, lo que ciertamente nos preocupaba mucho por la integridad física de las personas que estaban en el evento. Hubo muchos disparos y tuvimos que cancelar las actividades. Cerramos la puerta y quedamos atrapados adentro, esperando que los disparos terminaran o que tuvieran un breve momento para salir de donde estábamos. Es muy difícil producir este trabajo en Maré, pero continuaremos persistiendo “.

Por esta razón, el Desfile LGBTI de Favela, celebrado el 8 de septiembre, estuvo marcado por la denuncia contra la violencia policial. Durante el espacio Gilmara Cunha pronunció públicamente:

 

“¡Este Estado nos mata todos los días! ¡Dejen de matarnos! ¡Estamos aquí reclamando vidas! ¡Vivimos, durante estos días, prácticamente en plena violencia, donde la policía entró a nuestras casas, asesinó a nuestros habitantes, y no podemos permitir que eso suceda! ¡Maré es parte de esta ciudad! ¡No podemos aceptar lo que acabamos de vivir como si fuera normal! ¡Suficiente! ¡Esto debe parar! ¡Dejen de matar a la población de las Favelas! ¡Estamos aquí para reclamar derechos! ¡Estar aquí hoy es un acto de resistencia!”

 

Gilmara Cunha también informó que, dado el escenario político brasileño, este será el último año en que se realiza el Desfile LGBTI de la Favela da Maré. “En principio este es el último desfile LGBTI.  Sólo Dios sabe cómo estarán las cosas el próximo año”.

Raza e Igualdad reconoce que la vida de la población de favelas LGBTI requiere atención y visibilidad especiales, y felicita a Conexão G por su valiente acción ante  la violencia que ocurre en las favelas de Brasil.  Así mismo, continuaremos trabajando por la documentación, visibilización y denuncia de la situación de derechos humanos de la población LGBTI negra y periférica de Brasil. Así como seguiremos exigiendo plenas garantías para el trabajo que viene haciendo Conexión G.

Deixem de nos matar!: Grupo Conexão G da Favela da Maré

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Foto:  Paulo Oliveira/ Revista CABINE /Vía Flickr

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación exhaustiva a las autoridades

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la organización Caribe Afirmativo de Colombia condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por Ludwika Vega, mujer trans y coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) y exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.

De acuerdo con la información recibida por Raza e Igualdad, el pasado martes 10 de septiembre, dos hombres que se trasladaban en una motocicleta ingresaron de forma violenta a las oficinas de ANIT en la ciudad de Managua a eso de las 8:00 p.m., cuando Ludwika se encontraba sola en el sitio.

Los hombres golpearon a Vega con una piedra, desprendiéndole piezas dentales y provocándole sangrado. Posteriormente, los desconocidos agredieron a la activista con un objeto cortopunzante, ocasionándole cinco heridas: una al lado del pecho, tres en la espalda y otra en uno de sus costados. Se conoce además que los sujetos robaron la computadora personal y la cartera de Ludwika Vega.

Después de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por el ataque sufrido.

ANIT es una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres transgéneras a través de la educación en derechos humanos y acciones de incidencia en distintos espacios.

Para Caribe Afirmativo, Ludwika ha sido una aliada clave en Nicaragua para la implementación del proyecto Enterezas II que se centra en la investigación de violencia por prejuicio y crímenes de odio contra mujeres lesbianas y bisexuales. Su labor ha consistido en la articulación con mujeres LBT de la sociedad civil, con el fin de generar espacios de formación como talleres, capacitaciones y socialización de mecanismos de exigibilidad de derechos.

Raza e Igualdad y Caribe Afirmativo consideran imprescindible que se realice una investigación exhaustiva que tenga como una de sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión y robo esté vinculado a la labor de defensa de los derechos humanos que Ludwika Vega y ANIT ejercen en favor de las mujeres trans.

La impunidad de las agresiones contra las mujeres trans alienta nuevos actos de violencia por lo que las autoridades deben informar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y sancionar a los responsables.

Puede descargar el pronunciamiento aquí.

Graves violencias contra personas LGBTI en Colombia motivo de alerta para el país

Amenazas a líder social en Bogotá

Durante la primera semana de Agosto, el líder social LGBTI Leonardo Fabio fue noticia a nivel nacional debido a su delicada situación de seguridad.

Leonardo Fabio es un hombre que hace 25 años trabaja con juntas de acción comunal por la defensa de los derechos personas LGBTI. El pasado 6 de junio recibió panfletos con firmas de las AUC y de las Águilas Negras, que amenazaban con desaparecerlo por ser “líder marica”, defensor “de los maricas” y de “personas que no merecen que los defiendan”.

Por esta razón, Fabio fue abordado y golpeado, y aunque solicitó medidas de protección a su seguridad, el proceso ante la Unidad Nacional de Protección puede durar como mínimo 3 meses en estado de valoración. Actualmente la Policía de su cuadrante lo visita para cerciorarse de su estado de seguridad. Sin embargo, por dicha acción emprendida por la policía, ha sido víctima de nuevos panfletos que llegan a su casa intimidándolo por haber acudido a las autoridades. En la semana del 8 de agosto, fue abordado nuevamente por las personas que lo habían golpeado en la primera ocasión, lo subieron a un carro, le quitaron todo y lo dejaron en tirado en un potrero en Suba.

Esta situación revela el preocupante estado de vulnerabilidad a la que están expuestas personas reconocidas como líderes y lideresas de personas LGBTI en todo el territorio colombiano. Esto es aún más grave atendiendo al hecho de que la noticia se desarrolla en la ciudad con mayor capacidad de respuesta por parte de las autoridades para la protección de seguridad de líderes sociales. Así, es preocupante que ni siquiera en Bogotá existan garantías para estas personas, quienes son constantemente amenazadas y violentadas por su actuar como defensoras de derechos humanos.

El Caribe Colombiano: entre violencia y resistencia

La inseguridad y la falta de medidas de protección adecuadas para las personas LGBTI se hace sentir de mayor forma en el Caribe colombiano, donde dos personas LGBTI fueron asesinadas durante el mes.

La primera víctima fue reportada en la tarde del primero de agosto. Ariel López Romero, un hombre gay de 43 años que fue encontrado  degollado en el interior de su casa en el municipio de Soledad, Atlántico. Ariel López era maestro de lenguas modernas, y dictaba talleres de formación para personas LGBT en la Casa de Paz de Soledad, a través de la corporación Caribe Afirmativo.

Según la corporación Caribe Afirmativo, el docente no había sufrido de amenazas. Sin embargo, resaltan con preocupación el incremento de homicidios contra hombres gay en sus residencias, así como el incremento de violencia en general contra personas LGBTI en el Caribe.

El homicidio de López es el octavo registrado contra una persona LGBTI desde 2018 según cifras del observatorio de dicha organización, que gracias a su presencia en la región ha permitido tener conocimiento de estos casos, que de otra forma quedarían invisibilizados ante la ausencia de organizaciones sociales y de acciones preventivas por parte del Estado.

Por otro lado, Daniela Martínez, una mujer trans de 53 años, fue asesinada el 21 de agosto en el municipio de Cicuco, al sur del departamento de Bolívar. Su homicidio generó la indignación de la comunidad, al haber sido abordada en la calle por tres sujetos con palos, piedras y otros objetos contundentes, con los que procedieron a agredirla y dejarla gravemente herida. La mujer murió ante la gravedad de dichas heridas en su cabeza y rostro.

De acuerdo con Caribe Afirmativo, organización que también hizo la denuncia de este hecho, la víctima ya había sido agredida en el espacio público durante el mes de mayo, cuando “la amarraron y le prendieron fuego en sus extremidades inferiores”. La corporación hizo el llamado a las autoridades para que se recaude toda la información para investigar este hecho como uno de violencia sistemática y sevicia.

¿Derechos en peligro? Proyecto de ley afectaría el matrimonio de parejas del mismo sexo

Como asunto que será debate de próximos meses, se destaca que la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley estatutaria que extiende el derecho a la objeción de conciencia para las personas en nombre de instituciones del orden público o personas jurídicas aduciendo razones de orden religioso, filosófico, ético o moral. Esto representa particular peligro en casos en que se permita que notarios puedan negarse a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo.

Esta propuesta generará un fuerte debate en el Congreso de la República, ya que este proyecto de ley no solo regulará la objeción de conciencia en esta materia, sino en otros temas relacionados al ejercicio de dicho derecho en casos de la práctica del aborto y la eutanasia.

SANKOFA “Volver al pasado para resignificar el presente”: Realidad de las mujeres negras trans y travestís en Brasil

En compañía de mujeres afrobrasileras, trans, travestis y defensoras públicas de Brasil se realizó durante el 15 y 16 de agosto el Foro SANKOFA, un espacio de intercambio y diálogo en lucha y reivindicación por la justicia racial y de género.  “Sankofa” palabra africana que simboliza un pájaro de dos cabezas, es el nombre del Foro, que, entre otras acepciones, significa “Volver al pasado para resignificar el presente”.

El espacio organizado por el Instituto Transformar, ANTRA, CEJIL, Criola, Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fórum Justiça, Fórum Estadual de Mulheres Negras, Defensoria Pública y Race and Equality, además contó, por invitación de esta última organización, con la especial participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.  

“El Foro SANKOFA un espacio de (des)construcción que se llevó a cabo dentro de la Oficina de la Defensoría Pública con el apoyo y la articulación de Race and Equality, que hizo posible el movimiento e inclusión de diversos agentes e instituciones, pero principalmente la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona de la Comisionada Margarete May Macaulay. Su presencia permite que no nos sintamos indefensos y que podamos construir colectivamente una narrativa que pueda cruzar barreras y fronteras territoriales y llevar al debate la importancia de la inserción internacional y la lucha de las personas que siempre han estado en resistencia” señaló Bruna Benavides de ANTRA, Brasil.

El foro estuvo nutrido por las voces e historias de activistas, académicas, defensoras de derechos humanos, comunidades Quilombolas y personas travestís, prostitutas y personas trans de dos Favelas en Brasíl, que a viva voz expusieron la situación actual de sus derechos humanos ante la ola de violencia que vive el país especialmente para estos grupos históricamente discriminados y marginados.

“Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Durante los días de encuentro las asistentes discutieron sobre las posibilidades que existen para el pleno ejercicio y garantía de sus derechos, resaltando que sigue siendo vigente un estado de racismo, discriminación y extrema violencia; en el que la política de “blanqueamiento” socialmente aceptada minimiza la vida de las personas negras y naturaliza un estado de privilegios de las personas blancas en el país; lo que imposibilita que la comunidad afrobrasilera y LGBTI participe en espacios de poder.  “La sociedad esta construida a partir de una política del blanqueamiento de la población que inferioriza a los cuerpos negros y permite que los blancos no discutan sus privilegios” Ana Carolina Mattoso- Docente de Derecho.

“El estado de excepción siempre ha existido en Brasil, porque siempre ha sido legítimo matar cuerpos negros, cuerpos trans” Fatima Lima, docente estudios étnico-raciales.

A lo largo del Foro, Bruna Benavides de la Asociación Nacional de Travestís y Transexuales, ANTRA hizo entrega oficial a la Comisionada Macaulay del último informe sobre asesinatos y violencias contra población trans y travestí de Brasil; documento que evidencia una preocupante cifra de asesinatos de esta población, invisibilizada por los medios de comunicación nacional, que continua ubicando al país en el primer lugar donde más asesinatos de personas trans se cometen al año a nivel mundial.

En relación al informe Mariah Rafaela miembra de las organizaciones Instituto Transformar e Conexão G señaló: “Existe un Sistema que permite la muerte de personas trans y negras. La noción de justicia debe surgir de la experiencia de las personas que no tienen una mínima dignidad para vivir.  Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Por su parte, Alessandra Ramos del Instituto Transformar planteó la necesidad de avanzar en una resignificación de lo que implica ser una mujer afro y “transgénero” basada en las experiencias y representaciones de las personas que habitan estos cuerpos, y superar la caracterización asignada por personas blancas, precisamente por unas afectaciones diferenciadas por raza e identidad que históricamente atraviesan a estás mujeres en el país.   Así mismo, la lideresa advirtió que no en vano, se estima que un 38% de las mujeres trans y travestís en Brasil vivan con VIH y que el mayor porcentaje esté ocurriendo entre esta población del país.

“¡Por favor, trabajen con nosotros! Margarette Macaulay, CIDH”

Así mismo, en el marco del Foro, Raza e Igualdad facilitó encuentros privados entre activistas y la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; espacio en el que participó, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada y el Consultor para Brasil de asunto LGBTI, Isaac Porto, quienes conocieron de primera mano múltiples casos de violencia que hoy enfrentan activistas de derechos humanos en los lugares de mayor marginación del país.

Entre los testimonios de los asistentes temas como mutilación en ninxs intersexuales, la situación de VIH entre jóvenes de Brasil, el aumento de asesinato de mujeres lesbianas, las dificultades de acceso de las personas LGBTI a salud, educación, trabajo digno y espacios de participación; fueron constantemente referenciados a lo largo de la socialización.

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“Yo no soy solo negra: soy travesti, soy pobre, vivo en Favela. Mi activismo empezó desde que nací, porque desde allá lucho para sobrevivir”. Gilmara Cunha, presidenta Conexao G.

La Comisionada Macaulay se refirió a la deuda histórica que el Estado brasilero tiene con el pueblo afrodescendiente víctima de la esclavitud, situación que aún persiste en la estructura social del país, por las jerarquías socioraciales que impiden el acceso y goce pleno de los derechos de las comunidades afrobrasileras.  Así mismo, la Comisionada de la CIDH señaló la responsabilidad y obligaciones que tiene el Estado como garante del pueblo sin importar condición.

Por otra parte, Macaulay señaló la importancia de que las organizaciones de sociedad civil ofrezcan información detallada a la Comisión sobre los casos de violencia que permitan dar cuenta de la situación de vulneración que vive la comunidad afro y LGBTI en el país, por lo que enfatizó en la importancia de trabajar conjuntamente para superar la grave crisis de derechos que enfrenta Brasil.

Así mismo, Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad reiteró durante los espacios de encuentro el compromiso que representa para el Instituto la denuncia, acompañamiento en la documentación de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento técnico de las organizaciones para incidencia en escenarios internacionales.

El foro SANKOFA como espacio creado para provocar el diálogo entre la Defensoría Pública de Brasil y las mujeres negras, trans y travestís líderes de movimientos y organizaciones sociales se propone como escenario para fortalecer las instituciones estatales comprometidas con la agenda del movimiento social del país; además como una forma de ampliar las oportunidades de capacitación y articulación de líderes y lideresas a nivel nacional; y finalmente como recurso que facilita información suficiente a las activistas sobre mecanismos de protección de derecho internacional.

Pronunciamiento:  Raza e Igualdad está comprometida con el acompañamiento de organizaciones sociales en Brasil, para la documentación, denuncia y visibilización ante el Sistema Intermericano y Universal de violaciones de derechos humanos especialmente de los pueblos afrobrasileros y personas con expresiones sexuales e identidades de género diversas, aún víctimas de discriminación, marginación y violencia a causa de estructuras sociales que imposibilitan el goce pleno de sus derechos.

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Refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México se reúnen en Costa Rica

San José, Costa Rica. Un grupo de refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica, entre el 29 y el 31 de julio de este año, para propiciar una discusión en torno a diferentes derechos que han sido vulnerados en esta población, entre ellos la discriminación por su orientación sexual e identidad de género en contextos laborales y de acceso a vivienda.

En el desarrollo del taller, organizado por la Mesa LGBTI de Nicaragua y apoyado por Raza e Igualdad, fue reiterativo que tanto los hechos iniciales que motivaron su salida de Nicaragua, en muchos casos asociadas a graves violaciones de derechos humanos, así como las situaciones forzosas de desapego familiar, la precariedad para sobrevivir en otro país, la discriminación, por mencionar solo algunos aspectos, tienen en su conjunto un grave impacto en la salud emocional y mental de los refugiados. Esta situación no ha sido identificada y atendida debidamente a pesar de que la depresión ha pasado a ser un denominador común entre los/as refugiadas, dándose en julio de 2019, incluso, el suicidio de un joven gay nicaragüense refugiado en Costa Rica.

La mayoría de estos refugiados nicaragüenses LGBTI se vieron forzados/as a salir de su país por motivos de asedio por redes sociales, persecución política, detención arbitraria y en varios casos, graves violaciones a sus derechos humanos que además de la libertad, incluyeron la integridad personal, sexual y psíquica.

Si bien los/as asistentes al taller evidenciaron la necesidad de judicialización de las violaciones a sus derechos que dieron origen a la salida de su país, el contexto actual durante su proceso de adaptación a los países receptores también es bastante preocupante y requiere acompañamiento e intervención urgente en los diversos países en que se encuentran ubicados, particularmente Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Derechos vulnerados

En primer lugar, los asistentes contaron su proceso inicial de salida de Nicaragua. En muchos casos esta decisión se tomó en cuestión de horas o días, lo cual tuvo repercusiones a nivel emocional, ya que no contaron con el tiempo para despedirse de amigos y familiares. A nivel financiero, algunos asistentes contaron que salieron con 40 dólares hacia Costa Rica; y en temas de seguridad, algunos lo hicieron por ruta terrestre de forma irregular, exponiéndose a riesgos que incluían la integridad sexual, como relataron algunas mujeres lesbianas.

Otro de los aspectos discutidos guarda relación con el contexto actual de los países receptores. Si bien, acorde a los principios internacionales la orientación sexual e identidad de género (OSIG) de los solicitantes de refugio son aspectos relevantes a tener en cuenta y que han sido reconocidos por gobiernos como el costarricense, hay otros países receptores como Honduras, Salvador o Guatemala, en los que el reconocimiento de la OSIG de los solicitantes no es tomado como relevante e incluso se convierte en un aspecto que problematiza la relación entre los funcionarios públicos y los solicitantes de refugio.

Sin embargo, ya sea en Costa Rica o cualquier otro país, en todos los casos, los asistentes evidenciaron que sus condiciones de vida se afectaban gravemente cuando mediaba la visibilidad de su OSIG.

Este impacto diferenciado se hace evidente en el ejercicio cotidiano de derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda. La ubicación de un lugar digno de vivienda ha sido particularmente problemático para mujeres trans y quienes tienen expresiones de género no binarias. Agresiones verbales cotidianas, vigilancia vecinal, denegación de contratos y cancelaciones anticipadas de arrendamiento hacen parte de la cotidianidad de los/as refugiadas nicaragüenses LGBTI en los países receptores. Esta situación se agrava cuando además se niegan contratos de arrendamiento por la xenofobia, es decir, por el hecho de ser nicaragüenses.

Algo similar ocurre con relación al derecho al trabajo. Además de las dificultades connaturales a estar fuera de su país y sus contextos locales para conseguir un trabajo, en algunos casos las mujeres trans se han visto obligadas a eliminar en su cotidianidad su expresión de género femenina como condición misma para obtener un empleo. Algunos de los migrantes son jóvenes que aún estudiaban y no han podido homologar y completar sus estudios. La suma de estas situaciones de precariedad ha llevado que en algunos casos se realice, como lo denominan ellos y ellas, “trabajo sexual por sobrevivencia”, lo que los y las ha expuesto además a una situación de riesgo sobre su salud sexual.

A pesar de este contexto tan adverso, todos/as los/as asistentes destacaron que el apoyo mutuo fue fundamental para su sobrevivencia, desde compartir espacios de vivienda solidarios, generación de fondos de apoyo financiero común y respaldo al respeto de sus identidades de género u orientación sexual frente a agresiones. Es por ello fundamental seguir trabajando en red con los y las refugiadas nicaragüenses LGBTI, para seguir articulando estrategias conjuntas de exigibilidad de sus derechos a nivel local, en los países receptores, a nivel regional como diáspora y para continuar exigiendo la garantía de sus derechos y su retorno seguro y con garantías a Nicaragua.

Acciones futuras

En este sentido, Raza e Igualdad se sumará a los esfuerzos de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua y su capítulo de trabajo en Costa Rica para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia regional sobre esta y otras poblaciones LGBTI solicitantes de refugio en la región. Por otra parte, esperamos seguir trabajando conjuntamente con nuestras contrapartes en Nicaragua y la diáspora en la región, para monitorear su situación y definir estrategias de documentación que nos permitan seguir avanzando en acciones que contribuyan a la plena garantía de sus derechos.

Contrastes: violencia y protección a población LGBTI en Colombia durante julio

Este pasado mes de julio, la situación de violencia y desprotección contra personas LGBTI presentó cifras alarmantes, incluyendo asesinatos, amenazas, acciones discriminatorias incluso desde el Estado. Esta situación se contrapone a otro cartapacio de noticias positivas recibidas este mes en apoyo a diferentes sectores de la población por parte del Estado.

Las cifras alarmantes de homicidios a personas LGBTI en julio

Durante el mes de julio, los medios de comunicación reportaron el homicidio de cuatro personas debido a su orientación sexual o identidad de género. El primer caso relatado a 10 de julio es el de Johny Jiménez Martínez, quien era vendedor de accesorios de celulares en el municipio de Montelíbano, Córdoba. El cuerpo de Johny fue encontrado en un pozo por un vecino del sector, con señales de desmembramiento causadas por un machete de acuerdo con el personal de Medicina Legal.

En Medellín, ese mismo día, se reportó el homicidio de Adriana, una mujer trans barranquillera de 35 años que falleció en el Hospital General luego de ser herida con un puñal. Era conocido que Adriana ejercía el trabajo sexual en Cali y se había trasladado a Medellín para continuar su trabajo allí. De acuerdo con reportes, el presunto victimario la persiguió en el centro de la ciudad y le propinó 4 heridas de arma blanca en el cuello. Cabe resaltar que los reportes de prensa propician la mala identificación Adriana, al enunciarla como una víctima masculina, desplegando el nombre de su documento de identidad como el oficial, y mencionando el nombre de “Adriana” como si fuera un alias, lo que desconoce plenamente su identidad de género.

El 13 de julio en Ipiales, Nariño, la actual virreina del reinado LGBTI del municipio, que es una mujer trans, fue abordada por tres hombres cisgénero que intentaron violarla. Sin embargo, al percatarse de que la víctima era una mujer trans, decidieron insultarla y apuñalarla. La víctima sobrevivió al ataque, aunque de acuerdo con el reporte de prensa presenta repercusiones psicológicas que no fueron atendidas inmediatamente, ya que los funcionarios que la atendieron no tenían la claridad suficiente para atenderla respetando su identidad de género.

Finalmente, el 25 de julio fue capturado Hardín Piedrahíta, quien aceptó cargos por el homicidio de un joven gay el pasado jueves 18 de julio en el norte de la capital. El acusado relató que conoció a la víctima por Internet meses antes. En la noche de los hechos, el acusado mencionó que se dirigió a la casa de la víctima para realizar una fiesta, pero al percatarse de que su amigo era gay, “se sintió engañado y decidió propinarle ocho puñaladas”.

Tres amenazas en territorio para líderes sociales y personas que se identifican como LGBTI

En el marco de la marcha del orgullo LGBTI en Quindío, el enlace en territorio mencionó que hay registradas más de 14.000 personas que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales con los cuales están construyendo la política de diversidad sexual. Sin embargo, reiteró que la actual situación de amenazas a los líderes de esta población se sigue presentando en la región en especial en municipios como Calarcá, Armenia, Génova, entre otros.

Ahora, la situación en Norte de Santander es similar. De acuerdo con la directora de la Fundación Libélula, colectivo lésbico de la capital del departamento, hay constantes amenazas por parte de grupos armados en diversos municipios del Catatumbo y la zona de frontera, que han desencadenado incluso su desplazamiento interno hasta la ciudad de Cúcuta. Adicionalmente, mencionó cómo hace varias semanas encontraron un joven trans en zona rural del municipio de El Zulia, que fue asesinado y cuya investigación no se ha adelantado de forma efectiva.

En Bolívar las amenazas contra líderes sociales LGBTI también es constante. Yirley Velasco fue amenazada previamente en el corregimiento de El Salado. En reportes recientes Claudia Casseres Lujano, quien actualmente trabaja por los derechos de la población LGBTI en el municipio de Turbaco en la mesa departamental LGBTI, recibió graves amenazas de muerte por parte de hombres encapuchados que llegaron hasta la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio El Talón. Allí, seis hombres la amenazaron a ella y a su pareja para que abandonaran el territorio, o iban a incendiar su casa.

Las acciones discriminatorias contra personas LGBTI no cesan

Durante finales del mes de junio e inicios del mes de julio, las noticias sobre el día del orgullo LGBTI inundaron las redes sociales. Sin embargo, en Colombia la práctica de atacar las banderas LGBTI izadas con el aval de autoridades municipales fue una noticia reiterada y que genera alta preocupación sobre la situación de discriminación social contra la población con orientación sexual e identidad de género diversa. Esta práctica fue por primera vez documentada en un ataque a la bandera que se encontraba izada en el Pueblito Paisa, y cuyo atacante decidió bajarla y romperla. Sin embargo, esta práctica se replicó en el ataque a la bandera que se encontraba izada en la Alcaldía de Pasto, y a su vez culminó en que la Gobernación de la Guajira decidiera bajar la bandera LGBTI que se encontraba izada debido a mensajes homofóbicos.

A episodios similares de discriminación se enfrentan también los extranjeros que viven en Ibagué, departamento de Tolima. A mediados de julio, la emisora Ondas de Ibagué reportaba que a los migrantes LGBTI que llegan de Venezuela se enfrentan a una doble discriminación: la xenofobia y la negación de derechos por su orientación sexual e identidad de género. De acuerdo con el reporte, los líderes comunitarios LGBTI de Ibagué se han movilizado para atender al menos a 30 personas en esa situación en busca de techo, comida y atención médica.

Otro hecho discriminatorio ocurrió en Bucaramanga, ciudad en la que el 20 de julio el periódico El Frente publicó una nota en la que aseguraba que la homosexualidad ha incrementado los casos de SIDA. De forma inmediata, la Plataforma LGBTIQ de Santander emitió su posicionamiento de rechazo, e incluso anunció que tomaría medidas legales ante dicha publicación, que fomenta la discriminación y los discursos de odio hacia la comunidad LGBTI.

Buenas noticias: apoyos de aliados estatales y sociales

 Pero no todas las noticias en que se visibiliza a personas LGBTI en los medios de comunicación son negativas. En julio, también hubo varios artículos que reflejan que la sociedad avanza en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI.

En Tumaco, a inicios de mes se realizó una feria de salud dirigida a la población LGBTI del municipio, misma que apoyaron la Secretaría de Salud y la Fundación Arcoíris, pero también otras instituciones como centros hospitalarios y la Cruz Roja.  Esto manifiesta el compromiso del sector público y de las organizaciones de sociedad civil por garantizar los derechos y el respeto a las personas LGBTI.

Más recientemente, una pareja homoparental cobró notoriedad en los medios porque logró bautizar en la iglesia católica a su hijo recién nacido. Manuela y Luisa revelaron que nunca se sintieron discriminadas y que si bien principio se les había dificultado la realización del bautizo, el trato por parte de la Iglesia siempre fue respetuoso.

Por otro lado, la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de una pareja de lesbianas que fue expulsada de un bar de Barranquilla por razón de orientación sexual. Según la noticia, publicada por RCN Radio, el alto tribunal “concluyó que los reproches del dueño del establecimiento por las demostraciones de afecto entre ellas fueron actos de discriminación que vulneraron los derechos de las mujeres”. El dueño del bar tendrá que disculparse con la pareja y deberá permitir su entrada al establecimiento.

A finales de mes, en Medellín se firmó un Plan de Reparación Colectiva que busca reparar a la Mesa LGBT que en 2011 sufrió violencia por parte de actores armados. El plan durará 3 años y contempla el desarrollo de una escuela de género para la comunidad y la ejecución de una escuela de profesionalización para las mujeres trans, según el diario El Espectador.

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Washington, DC. Julio 5 de 2019.  En el marco de las actividades realizadas durante la jornada concomitante con la 49ª Asamblea General de la OEA, el día 27 de junio los miembros de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe pertenecientes a Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, se reunieron en Medellín, Colombia, para realizar una serie de talleres de trabajo sobre el ejercicio de la incidencia política en los Estados y el refuerzo de conocimientos frente a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en el ámbito interamericano. De esta manera, se contó con la presencia de Manuel Canahui y Ernesto Zelayandia, becarios de la Relatoría de los Derechos de Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para la realización de una breve capacitación sobre el Sistema Interamericano y su importancia en el ámbito del activismo Afro LGBTI en cada uno de los países de los miembros de la Red. Durante esta jornada, los becarios recordaron a los asistentes la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo constituyen, a saber, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, así como las funciones de cada uno.

Dentro del trabajo e la CIDH, y específicamente de la Relatoría LGBTI, se expuso desde qué año existe dicha dependencia y cuáles han sido sus aportes investigativos más relevantes, a saber, el Informe sobre Violencia a Personas LGBTI lanzado en 2015, y el nuevo informe de Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI en las Américas, cuyo lanzamiento y discusión en Colombia se realizó durante la noche de ese mismo 27 de junio y contó con la participación de tres activistas Afro LGBTI como comentaristas. Con la presentación hecha por los becarios, se aprovechó la oportunidad para analizar cuáles son las diferentes funciones de promoción y protección de Derechos Humanos dentro de la CIDH, y cómo los miembros de nuestras organizaciones contrapartes pueden hacer uso estratégico de algunas de ellas. Así, se mencionaron, entre otras, la celebración de audiencias, las visitas in loco con sus respectivos informes de análisis, las visitas de trabajo y la solicitud de medidas cautelares.

Con este recuento de recursos a los que nuestras contrapartes pueden acceder, también se ahondó en cómo se puede hacer un llamado colectivo a diferentes Relatorías que se puedan interesar en temas interseccionales, poniendo como ejemplos los esfuerzos que ya han existido entre las Relatorías de Derechos de las Mujeres y de La Niñez. Así, se mencionó cómo se puede buscar un trabajo entre la relatoría para los Derechos de los Afrodescendientes y la Relatoría LGBTI. Finalmente, los becarios resaltaron la importante función de la Corte IDH en producir varias sentencias en materia de protección a personas LGBTI, y remitieron a nuestras contrapartes los estándares que establecen dichas sentencias en materia de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tengan en cuenta a la hora de realizar acciones de litigio estratégico en sus correspondientes países.

Desde Raza e Igualdad celebramos la realización de este tipo de jornadas en las que nuestras contrapartes pueden establecer relaciones cercanas con miembros de órganos internacionales como la CIDH. Para los avances Estatales en materia de igualdad de derechos, es imprescindible contar con estos espacios de cercanía y capacitación. Esto, no solo para que las contrapartes se informen cada vez más sobre los recursos disponibles en materia internacional para realizar incidencia jurídica en asuntos de derechos de personas Afro LGBTI. También, para que, desde los organismos internacionales, como la CIDH, sus funcionarios se enteren de qué otras necesidades se están haciendo visibles desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes en América Latina y el Caribe, y así empiecen a generar desde sus propias agendas esfuerzos de análisis interseccionales.

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Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

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