Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe sostuvo reunión privada con la Relatoría para personas LGBTI de la CIDH en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA

Washington, DC. Julio 5 de 2019.  En el marco de las actividades realizadas durante la jornada concomitante con la 49ª Asamblea General de la OEA, el día 27 de junio los miembros de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe pertenecientes a Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, se reunieron en Medellín, Colombia, para realizar una serie de talleres de trabajo sobre el ejercicio de la incidencia política en los Estados y el refuerzo de conocimientos frente a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en el ámbito interamericano. De esta manera, se contó con la presencia de Manuel Canahui y Ernesto Zelayandia, becarios de la Relatoría de los Derechos de Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para la realización de una breve capacitación sobre el Sistema Interamericano y su importancia en el ámbito del activismo Afro LGBTI en cada uno de los países de los miembros de la Red. Durante esta jornada, los becarios recordaron a los asistentes la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos que lo constituyen, a saber, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, así como las funciones de cada uno.

Dentro del trabajo e la CIDH, y específicamente de la Relatoría LGBTI, se expuso desde qué año existe dicha dependencia y cuáles han sido sus aportes investigativos más relevantes, a saber, el Informe sobre Violencia a Personas LGBTI lanzado en 2015, y el nuevo informe de Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTI en las Américas, cuyo lanzamiento y discusión en Colombia se realizó durante la noche de ese mismo 27 de junio y contó con la participación de tres activistas Afro LGBTI como comentaristas. Con la presentación hecha por los becarios, se aprovechó la oportunidad para analizar cuáles son las diferentes funciones de promoción y protección de Derechos Humanos dentro de la CIDH, y cómo los miembros de nuestras organizaciones contrapartes pueden hacer uso estratégico de algunas de ellas. Así, se mencionaron, entre otras, la celebración de audiencias, las visitas in loco con sus respectivos informes de análisis, las visitas de trabajo y la solicitud de medidas cautelares.

Con este recuento de recursos a los que nuestras contrapartes pueden acceder, también se ahondó en cómo se puede hacer un llamado colectivo a diferentes Relatorías que se puedan interesar en temas interseccionales, poniendo como ejemplos los esfuerzos que ya han existido entre las Relatorías de Derechos de las Mujeres y de La Niñez. Así, se mencionó cómo se puede buscar un trabajo entre la relatoría para los Derechos de los Afrodescendientes y la Relatoría LGBTI. Finalmente, los becarios resaltaron la importante función de la Corte IDH en producir varias sentencias en materia de protección a personas LGBTI, y remitieron a nuestras contrapartes los estándares que establecen dichas sentencias en materia de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para que tengan en cuenta a la hora de realizar acciones de litigio estratégico en sus correspondientes países.

Desde Raza e Igualdad celebramos la realización de este tipo de jornadas en las que nuestras contrapartes pueden establecer relaciones cercanas con miembros de órganos internacionales como la CIDH. Para los avances Estatales en materia de igualdad de derechos, es imprescindible contar con estos espacios de cercanía y capacitación. Esto, no solo para que las contrapartes se informen cada vez más sobre los recursos disponibles en materia internacional para realizar incidencia jurídica en asuntos de derechos de personas Afro LGBTI. También, para que, desde los organismos internacionales, como la CIDH, sus funcionarios se enteren de qué otras necesidades se están haciendo visibles desde las organizaciones de Derechos Humanos presentes en América Latina y el Caribe, y así empiecen a generar desde sus propias agendas esfuerzos de análisis interseccionales.

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Lea aquí Declaración de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe

Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

En el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conmemoran los 50 años de la Revuelta de Stonewall. Stonewall es considerado un evento histórico para el movimiento LGBTI organizado en el mundo, y lleva ese nombre por cuenta de un evento que ocurrió en un bar gay ubicado en Nueva York llamado Stonewall Inn.

En aquella época, muchos estados norteamericanos trataban las relaciones homosexuales como crímenes, y en Nueva York las personas estaban obligadas a usar ropa de acuerdo con su sexo biológico. Los bares ni siquiera podían vender bebidas para homosexuales o cualquier persona que desafiara la heterossexualidad cisgénero. Eran muy comunes las rondas policiales en que dueños, empleados y clientes eran criminalizados.

El 28 de junio de 1969, policías entraron en el bar Stonewall Inn y comenzaron a arrestar a empleados y clientes. Sin embargo, en vez de simplemente someterse a esa situación, ese día las personas decidieron resistir. Los clientes comenzaron a lanzar monedas a los policías, haciendo referencia a la propina que ellos pagaban para no molestar a los bares. Luego, la revuelta se intensificó e incluso cócteles molotov fueron arrojados a la puerta.

Esta reacción inesperada de personas cansadas de toda la represión de la época dio inicio a una serie de protestas en los días siguientes. Un año después, esas personas organizaron la primera Marcha del Orgullo. Sin embargo, al contar esta historia no se puede correr el riesgo de realizar una lectura que invisibilice a algunas figuras que lideraron esos episodios y que fueron extremadamente importantes para la historia del movimiento LGBTI. Es el caso de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Voces silenciadas: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera fue una de las figuras emblemáticas en las revueltas iniciadas en el Stonewall Inn, y es reconocida como una de las activistas que estuvieron en la línea de frente de la Revuelta, siendo esencial en la agitación y movilización de los manifestantes.

Nacida en 1951 en Nueva York, Sylvia era pobre, latina y prostituta, hija de dos inmigrantes de Puerto Rico y Venezuela, habiendo sufrido durante toda su vida abusos de la policía. Fue abandonada por su padre en los primeros años de su vida y su madre se suicidó cuando Sylvia tenía sólo 3 años de edad. Comenzó a vivir en la calle con 11 años de edad.

Sylvia era muy amiga de Marsha P. Johnson: negra, transgénero, pobre y trabajadora sexual. Nacida en Nueva Jersey en 1945, llegó a Nueva York a finales de los años 60. Aunque poco se sepa sobre su infancia, es conocido que Marsha fue una gran activista política: gritaba en las calles, movilizaba marchas, daba entrevistas y, al igual que Sylvia , era constantemente criminalizada.

Tanto Rivera como Johnson estuvieron en la línea de frente de los procesos de resistencia en Stonewall, pero fueron más que eso. Un año después de la Rebelión, Johnson y Rivera fundaron la organización Street Transvtestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), que daba techo, comida y ropa para unas 50 personas trans que vivían condiciones de pobreza y habitabilidad de calle. Marsha y Sylvia sostenían ese proyecto con el dinero fruto del propio trabajo sexual. Sin embargo, en una entrevista concedida en 1989, Rivera habla que cuando ella y Marsha pidieron ayuda a otras organizaciones de la comunidad, que contaban con profesores y abogados (blancos y de clase media alta) y que podrían ayudar con algunos recursos, esas personas les dieron la espalda. No había nadie para ayudarlas.

De hecho, mientras el movimiento LBGTI crecía, sobre todo hombres gays, en su mayoría blancos, asumieron el liderazgo y relegaron a personas trans como Johnson y Rivera a la periferia porque creían que figuras como ellas, con toda su vestimenta, por un lado, traían más la falta de respeto a la comunidad y, por otro, dificultaban el argumento de que no había ninguna diferencia entre gays, lesbianas y heterosexuales.

El ápice de la tensión fue en la Marcha de 1973, cuando Rivera fue abucheada al recordar que, si no fuera por las drag queens, no habría movimiento de liberación gay y que ellas eran la línea de frente de la resistencia.

Por un orgullo interseccional

La historia de la participación de personas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en la Revuelta de Stonewall resalta cómo la comunidad LGBTI no puede ser vista de una manera homogénea, como si todas las experiencias fueran las mismas y, sobre todo, como si los derechos conquistados fueran luchados de la misma forma por toda esa población. No sucede así. Más que eso, esta historia explora los límites de las alianzas dentro de la comunidad LGBTI, que no puede utilizar a las personas trans sólo como un puente para conquistar derechos o status.

Por otro lado, las dos encarnan en sus vidas la interseccionalidad, evidenciando la importancia de considerar varios marcadores sociales para pensar en los procesos de construcción de las identidades, como la raza, la clase, la nacionalidad, la etnia, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, entre otros ejes de opresión.

Johnson y Rivera nos dan la oportunidad de pensar que, más que solamente incluir, por ejemplo, referencias a género en los debates de raza y viceversa, la interseccionalidad debe constituir una herramienta para asumir un compromiso con las experiencias, conocimientos, luchas y las agendas políticas que emerjan a partir de la resistencia a los diversos ejes de dominación y opresión. Ello, sobre todo con aquellas que están en las esferas más bajas del reconocimiento de la humanidad – como fue el caso de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera-, y sigue siendo el caso de tantas personas trans negras y latinas, que siguen figurando como las víctimas de más violaciones a sus derechos humanos.

En estos 50 años de la Revuelta de Stonewall, Raza e Igualdad desea renovar nuestro compromiso con las resistencias de las personas que tienen sus vidas marcadas por opresiones a partir de su raza, identidad o expresión de género, orientación sexual, clase, nacionalidad y otras, y aprovechamos esa oportunidad para invitar a toda la comunidad LGBTI a comprometerse en una lucha por igualdad que no cierra los ojos para aquellos y aquellas que no gozan de los privilegios blancos, cisgénero, masculinos y de clase, o cualquier condición que les permita experimentar una humanidad que no es experimentada por todos/as. La lucha por la igualdad no puede dejar de lado a los que más la necesitan.

Os 50 anos da Rebelião de Stonewall

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Dieciocho personas LGBTI fueron asesinadas en Brasil durante el mes de mayo

El contexto de violencia contra las personas LGBTI en Brasil continúa siendo una amenaza contra la integridad y garantía de sus derechos, confirmando el grave escenario de prejuicio que durante el mes de mayo se evidenció en la sociedad brasileña.  En mayo, los medios de comunicación en Brasil informaron de al menos dieciocho muertes de personas LGBTI: catorce de ellas fueron de mujeres transgénero y travestis [1], tres de lesbianas, además de reportar el homicidio de un hombre gay.

En general, los asesinatos continúan caracterizándose por ser crímenes motivados por el prejuicio con un alto número de apuñalamientos, disparos, cuerpos quemados, entre otros indicios de violencia excesiva. Este tipo de saña en la violencia es similar a la descrita en el documento informativo sobre asesinatos y violencia contra transexuales y travestis en Brasil en 2018, preparado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Uno de los homicidios señalados se presentó en Belo Horizonte, Minas Gerais, el 12 de mayo, donde una travesti, no identificada, fue apuñalada 15 veces en la espalda, la cabeza, el hombro y el cuello, hasta causar su muerte.

En la ciudad de Bacabal, en Maranhão, la travesti Melissa, de 33 años, también fue apuñalada y le cortaron la mano. Cuando la encontraron, tenía la mano sobre la boca, para simbolizar que “estaba hablando demasiado”.

Así mismo, el 30 de mayo, el cuerpo de uno los travestis más antiguos de la ciudad de Seabra, en Bahía, fue encontrado quemado dentro de su casa, según los medios de comunicación tenía entre los 70 y 80 años.

En Salvador, Bahía, una pareja de mujeres lesbianas fue asesinada a cuchilladas por un vecino, que se quejaba de ellas. De acuerdo con el Dossier sobre asesinato de mujeres lesbianas en Brasil, el odio a las lesbianas existe como parte integrante del patriarcado, toda vez que son consideradas mujeres que no se someten a las normas heterosexuales que recurrentemente posibilitan la dominación masculina sobre las mujeres heterosexuales.

A pesar de este escenario de violencia, durante este mes, por primera vez la muerte de una mujer transgénero fue registrada como un feminicidio por la policía de São Paulo.  El caso ocurrió en febrero, cuando la mujer trans Raiane Marques, de 36 años, fue asesinada en la costa del estado después de una discusión con un hombre que conoció la noche anterior.

Para Bruna Benevides, secretaria de articulación política de ANTRA, el reconocimiento de este homicidio como feminicidio simboliza la razón por la cual las personas trasvestis y la población transgénero brasileña luchan diariamente, “por el reconocimiento de su identidad femenina”. La Sra. Benevides recuerda que cuando se negoció la ley del feminicidio en el Congreso Nacional, hubo gran tensión para eliminar la expresión «identidad de género» esto, como estrategia para evitar que la ley no protegiera a las personas trans.  “Hoy los activistas trans sentimos pena por este tardío reconocimiento especialmente por validarse después de un acto de violencia tan bárbaro” indicó Benavides.

«Años más tarde del debate de esa ley, vemos que los avances y las tensiones de nuestras discusiones están teniendo un efecto y transformando la visión de la sociedad sobre nuestra población. Es una pena que esto haya ocurrido tarde y en respuesta a la violencia mortal».

Raza e Igualdad continuará su lucha la justicia, reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI en Brasil.  Demandamos al Estado brasileño que investigue los asesinatos de personas LGBTI y garantice a esta población una vida digna.

[1] Es una identidad de género que existe en algunos países de América Latina, entre ellos Brasil, que describe a las personas asignadas como hombres al nacer y que asumen una identidad y expresión de género femenina. A veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios e inyecciones de silicona.

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Isaac Porto – Consultor LGBTI  para Raza e Igualdad en Brasil

Raza e Igualdad apoya diálogo entre Activistas Afropanameñas y LGBTI con la Comisionada Margarette Macaulay en la Cuidad de Panamá, Panamá.

Washington, D.C., 19 de mayo de 2019. El pasado 19 de mayo de la mano de la organización Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó una reunión privada en el Hotel El Panamá en la Ciudad de Panamá con la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.

La reunión privada que contó con la especial participación de activistas de diferentes regiones tales como Colón y Coclé, jóvenes miembros de la Red de Jóvenes Afropanameños, y representantes de la comunidad LGBTI, tuvo por objetivo presentar ante la Comisionada casos que evidenciaran la situación de vulneración de los derechos humanos de comunidades afrodescendientes presentes en las zonas ya mencionadas, que por invasión territorial de fuerzas económicas y el impacto de lógicas extractivistas que no dialogan con las métodos de preservación y conservación del territorio de las comunidades étnicas, hoy se enfrentan a situaciones de desplazamiento y despojo.

El espacio de diálogo e intercambio estuvo precedido por la Presidente de Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, Mireya Peart; la Oficial del Programa de América Latina del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Elvia Duque, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, quien es a su vez, la Relatora sobre los derechos de las Mujeres, Margarette Macaulay.

La Comisionada Macaulay inició la reunión manifestando su desconocimiento sobre la realidad de la población Afropanameña y mujeres parte de la comunidad LGBTI debido a la falta de acercamiento de los activistas para con ambas relatorias.

Durante el espacio, la Comisionada escuchó atentamente los testimonios ofrecidos por activistas presenten en el conversatorio, quienes a lo largo del evento expresaron extrema preocupación por temas relacionados con:  i) el desplazamiento de la población Afropanameña que sufren en las grandes ciudades como en todas las provincias donde están asentadas ancestralmente, ii) el abandono de sus comunidades, y iii) la fuerte discriminación racial que continúa afectando a esta población y, por ende, la falta de políticas públicas que den solución a sus principales problemáticas.

Miembros de la Red de Jóvenes Afropanameña, iniciaron su intervención con la participación de Lamar Bayle Karamañites, quien dio testimonio sobre la condición de vida en Bocas del Toro y su lugar de origen, la Isla Bastimentos.  La activista narró las precarias condiciones de vida por el abandono del gobierno.

"Contamos con un solo médico dos veces a la semana y quienes necesitan una atención medica más profunda deben de transportarse utilizando lanchas y transporte terrestre para llegar a la ciudad más cercana" señaló Bayle.

Por su parte, la presidenta de la Red de jóvenes, Stephani Murillo, enfatizó sobre la fuerte labor de los jóvenes para promover el auto-reconocimiento afrodescendiente y señaló la preocupante situación de desplazamiento urbano del cual están siendo víctimas los Afropanameños.

Otros activistas explicaron ante la Comisionada Macaulay como la realidad de despojo y desplazamiento se repite en casi todas las comunidades donde están asentadas ancestralmente la población Afropanameña, siendo las islas las más afectadas.

Entre tanto, la Sra. Shanon Pringel explicó que los monopolios familiares están comprando las islas y zonas con gran prospecto turístico, desplazando a quienes las han habitado y protegido ancestralmente. Ejemplo de esto, es el proyecto urbanístico en Colón denominado Renovación de la Ciudad de Colón, el cual está desplazando a la población Afropanameña.

Entre otros temas, las activistas afropanameñas informaron sobre la perdida de lenguas tradicionales como el Guari Guari,» o «Wari Wari” y de la necesidad de contar con una cátedra Afropanameña que se imparta en todos los niveles educativos.

Igualmente, la activista Bárbara Delgado de la Asociación Panameña de Personas Trans resaltó las fuertes violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población LGBTIQ especialmente la población Trans, y la necesidad de vincularlas en estos espacios de denuncia y formación.

El espacio concluyó con varias apreciaciones que la Comisionada Macaulay hizo al respecto de las situaciones descritas, donde invita especialmente a denunciar y visibilizar los casos ante organismos internacionales como la Comisión IDH.

Raza e Igualdad, continuará promoviendo estos diálogos y acercando a las Organizaciones de Sociedad Civil panameñas con instancias de protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

Líderes y lideresas Afro LGBTI participan de la 3ª jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en Perú

Washington, D.C. Mayo 12 de 2019 –

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), adelantó los días 7 al 11 de mayo la tercera jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, para hablar sobre la presentación de peticiones individuales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-.

La jornada contó con la participación de activistas afro-LGBTI de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. En esta ocasión, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, fue la organización anfitriona del evento y coordinó la participación de todo el grupo en dos importantes espacios para el intercambio de experiencias:  un espacio de diálogo con la Casa Trans Zuleymi y una sesión de dialogo con activistas afro y LGBTI  con el Regidor  de Lima Manuel Siccha.

Durante la visita a la Casa Trans Zuleymy, el grupo tuvo la oportunidad de conocer de forma directa el contexto local de la población trans peruana. La discriminación y violencia estuctural por razones de identidad de género son el común denominador de muchas de las usuarias de la casa. Así mismo, la denegación institucionalizada de la identidad de las personas trans por la falta de reconocimiento de la Identidad de Genero a nivel legal en el Perú, sigue siendo un problema que complejiza aún más, el contexto de vida de las personas trans. Sin embargo, la Casa Zuleymi  bajo la Dirección de Miluska Luzquiños, constituye una experiencia de trabajo comunitario que resiste a la violencia y fortalece los vínculos de solidaridad entre las mujeres trans, generando propuestas de cambio y transformación social.

De igual forma, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer directamente del Ponente el Regidor de Lima Manuel Sicchala , la ordenanza anti discriminación que promueve el respeto a la diversidad y sanciona prácticas discriminatorias por género, orientación sexual y raza en la ciudad. La Ordenaza continua un proceso de crecimiento en políticas locales en Lima que abren las puertas al respeto a las personas LGBTI y racializadas.

Paralelamente a estas actividades, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias con relación al proceso de investigación que adelantan acerca de violaciones a los derechos humanos de las personas Afro-LGBTI en sus respectivos países. Si bien todas las organizaciones compartieron sus experiencias y estrategias de trabajo en dicho proceso, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas compartió en profundidad su trabajo de investigación y sensibilización con las mingas (redes comunitarias) afro/negras en los diversos nodos que la integran en Colombia, propiciando en distintos espacios la reflexión sobre la intersección Afro-LGBTI.

De igual manera, en el curso del taller y en la discusión sobre las violaciones a Derechos Humanos susceptibles de ser conocidas como peticiones individuales por el SIDH, llamó la atención la situación actual de violencia contra la población afro y LGBTI en Brasil. La persistencia de trans-feminicidios ocurridos en Brasil a lo largo de varios años fue destacado por los reconocidos activistas Alessandra Ramos del Instituto Transformar y Washington Dias de la Red Negra LGBT de Brasil. Este taller será replicado por las organizaciones participantes, como parte del proceso que se adelanta para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los participantes a este encuentro.

RESISTENCIA COMUNITARIA: Violencia a personas LGBTI en Tumaco, Colombia

Tumaco volvió a revolcar las noticias este pasado mes por cuenta de una crisis humanitaria que no cesa. El tema Afro LGBTI no aparece en ningún lado de la agenda de urgencias, pero iniciativas comunitarias luchan por cambiar esta realidad.

UN LUGAR HISTÓRICAMENTE DISPUTADO

Tumaco es un municipio históricamente peleado por actores armados debido al comercio y exportación de drogas ilícitas, así como ser el municipio con la tasa más alta de presencia de cultivo de coca en el país, ascendiendo en 2018 a 19.000 hectáreas de plantación.

La población civil continúa siendo la receptora de estos ataques por la presencia de diferentes actores armados en la región. La violencia recrudece para las personas Afro LGBT, quienes viven la exclusión incluso desde sus círculos familiares y sociales más cercanos hasta las grandes instituciones estatales.

La zona enfrenta una crisis política que no resuena en medios nacionales. El alcalde electo de Tumaco se encuentra bajo medida de aseguramiento en la Cárcel regional por la presunta comisión de una serie de delitos asociados a una supuesta desviación de fondos millonaria. Esto es un ambiente propicio para que se recrudezca la violencia, porque no hay instituciones suficientemente fuertes desde lo local para garantizar derechos fundamentales a los habitantes.

LA PUNTA DEL ICEBERG: SITUACIÓN DE PERSONAS AFRO LGBTI

Es clave discutir la intersección entre la vulneración de derechos existente, con el hecho de hacer parte de un grupo históricamente discriminado como lo es el de las personas Afro LGBTI. Esto, entendiendo que las comunidades afrocolombianas han sido relegadas a ocupar espacios periféricos en el país y a vivir en condiciones de pobreza extrema de forma reiterada y debida a un racismo imperante del que no se habla.

La mera existencia de personas Afro LGBTI en la región incomoda a los sectores armados debido a prejuicios asociados a la delincuencia, la pobreza, la pandemia, entre otros. Para colmo de males, esta moral prejuiciosa es compartida por otros miembros de su misma comunidad. Así, la posibilidad de consenso social y empatía se rompe incluso desde espacios familiares

Desde el prejuicio se les somete a formas crudas de violencia en las que se pueden contar amenazas, tortura u homicidios, ya sea desde el hogar, la calle o incluso el espacio de la institucionalidad. Adicionalmente, no existe un reproche social en la comunidad que evidencie que estos actos de violencia se están cometiendo con una crudeza particular. Este problema estructural entonces queda en silencio colectivo en el que se necesita más trabajo para desbancarlo.

De acuerdo con Nixon Ortiz, director de la Fundación Afrocolombiana Arcoiris de Tumaco, la población Afro LGBT se enfrenta a violencia verbal y física. En el contexto del conflicto armado hay situaciones graves de desplazamiento forzado, y nada se denuncia en su totalidad por miedo, por lo que la población aún no ha podido contar toda su verdad. La zona vive aún una situación de violencia, pero la dinámica es diferente. Parece que se vive en una relativa calma, pero “antes había más ruido, ahora [la violencia] se hace de forma más silenciosa”, lo que le preocupa bastante. Y es entendible su preocupación. Ante casos “ruidosos”, la respuesta institucional y social no ha sido suficiente. Ahora, en el contexto de demostraciones más sutiles, los canales de ayuda pueden ser incluso más débiles.

La solución no se ve pronta. Incluso Nixon comenta que ese camino es difícil en un país colapsado y polarizado con un Estado que no está en capacidad de responder a las necesidades de las víctimas en acceso a derechos y condiciones dignas de vida, contando además con sectores del poder de tendencias radicales en el país que se nutren de esta situación de violencia.

Sin embargo, Nixon recuerda que desde la provincia es donde se vive la violencia, y desde la sociedad civil es donde se están construyendo alternativas de reconstrucción de tejido social, mencionando iniciativas que resaltan el patrimonio cultural legado de sus ancestros y que les fue arrebatado por la violencia al sacarles de sus territorios ancestrales y privarlos de su cultura afro, con factores como la música, la poesía, o los cantos. Así, reitera cómo es imperativo que “el Estado se siente a conversar con los locales”.

“HOY SOMOS MUCHOS MÁS”: RESPUESTAS DESDE LA REGIÓN

La actualidad política no promete por ahora proteger los derechos de las personas LGBTI en Tumaco. No obstante, las personas hacen frente a sus violencias desde lo comunitario. Es indispensable que estas acciones se visibilicen más, pues nos pueden dar luces para entender otro tipo de alternativas en la búsqueda de la reconciliación y verdadera construcción de paz. El hecho de poner un foco en ellas -y más importante aún, garantizando condiciones de seguridad para quienes participan-, puede ser una fuente muy importante de conocimientos que desde el centro del país y desde las altas esferas del poder no se están siquiera considerando.

Para Nixon las organizaciones de base aportan a la construcción social a partir de pedagogía desde lo regional con una mirada étnica. Así, propone que el Estado podría darle más atención a este tipo de proyectos, pensando más allá de la mera financiación.

Arcoiris también trabaja con el Gobierno Local por su presencia en territorio. Así, han trabajado con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Género de Tumaco, y el Departamento de Nariño. Como avances, Arcoiris ha visibilizado la población LGBTI de Tumaco, y ha logrado reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. Todo esto, sin olvidar cómo también ha generado mayor conciencia ciudadana a la misma población LGBTI de sus derechos. De esta manera, Nixon comenta: “en el pasado, cuando nosotros iniciamos éramos muy poquitos, hoy somos muchos más.”

Arcoiris demuestra cómo personas excluidas deciden reunirse, romper el silencio social de las violencias que se ejercen sobre sus cuerpos y proponer soluciones desde la acción comunitaria. Así, estas acciones ponen sobre la mesa una serie de asuntos que no se estaban discutiendo en la región. A su vez, se generan lazos de afecto y apoyo con estas personas que viven la violencia por prejuicio en el territorio.

LO LGBTI EN LA AGENDA TUMAQUEÑA

El proyecto comunitario de Arcoiris se realiza respetando las diferentes particularidades de las personas, pero busca que las acciones se realicen pensando en un proyecto que rechace las divisiones. Con ello, convoca a la unidad regional con un enfoque étnico. También reitera el compromiso comunitario como algo más allá a un evento, invitando a su vez a sus aliados para que sigan apoyando “de una manera concertada mirando la necesidad del territorio para poder avanzar.”

En Tumaco se vive una situación estructural de violación de derechos humanos que efectivamente azota de mayor forma a las personas Afro LGBTI. Se las despoja de su cultura, de sus redes de apoyo, y viven en situaciones de precariedad que en las grandes urbes del país no estamos imaginando. Por eso, la atención tiene que estar en la protección de estos proyectos, de estos liderazgos comunitarios como el de Arcoiris para generar espacios de equidad.

Esta equidad no solo debe pensarse desde la presencia de agencias del Estado. Es claro que dentro de un Estado Social de Derecho la presencia de instituciones que garanticen condiciones de vida dignas a la población es un deber, y en Tumaco hay una deuda histórica con la población por la garantía de estos servicios primordiales. Sin embargo, la equidad social empieza también por la generación de nuevas concepciones de comunidad desde la diversidad, desde lo étnico, desde un enfoque que incluya diferentes formas de concebir la sexualidad y el género. Todas estas apuestas construyen paz, deben ser visibilizadas por el Estado y protegidas para que reiteradamente reconstruyan una sociedad que ha sido azotada desmedidamente por una violencia que sí distingue entre raza, género, sexo, clase, y todo tipo de estructuras de opresión.

Sobre el Autor:

Cristina Annear
Abogada Junior para Colombia de Raza e Igualdad

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