“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida” Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia

“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida” Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia

Los hechos

Anyela Patricia era una mujer trans que se dedicaba a la peluquería en el Muncipio de Garzón en el departamento del Huila. A diferencia de la experiencia de vida de otras mujeres trans en Colombia marcadas por el estigma, ella era reconocida y querida por la comunidad, es por ello, que cuando Anyela fue asesinada en febrero de 2017, la comunidad de Garzón en su funeral salió a las calles a marchar con pancartas y banderas a pedir que se investigara la ocurrencia de este homicidio ( ver aquí la imagen y la noticia al respecto http://www.lanacion.com.co/2017/02/11/lo-mate-porque-me-hizo-dano-homicida-de-estilista/).

Los hechos ocurridos en febrero de 2017 se dieron de forma aparentemente rápida en la peluquería de Ányela en horas de la mañana al recibir varios disparos por parte del Sr. Davinson Estiven Erazo quien en una ocasión anterior, durante agosto del año 2016 intentó atacar a Anyela con un machete, pero este fue detenido por la intervención de amigos y familiares.  Aunque para esta ocasión el presunto agresor fue llevado a una estación de policía no hubo mayores consecuencias frente a este antecedente (especialmente grave porque el tema se limitó a un trámite policial de detención, sin investigación penal que ahondara en la gravedad, como ocurre en muchos casos en Colombia).

Cuando el Sr. Eraso finalmente logró su objetivo en 2017 fue atrapado por las autoridades frente a quienes declaró haber realizado una tarea pendiente, añadiendo, además, frente a medios de comunicación regionales del departamento del Huila que Ányela era una persona que debería morir.  “Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida.”.

La sentencia

El juzgado segundo penal del circuito, en cabeza de la Jueza Catalina María Manrique Calderón sentenció al  Sr. Eraso como autor del delito de feminicidio agravado por los delitos establecidos en el código penal arts. 104 A y 104 B y el delito de porte ilegal de arma. Sin embargo, fue declarado como inimputable, porque durante el proceso penal se demostró la existencia de una esquizofrenia, asociada, entre otras cosas, a la farmacodependencia y en todo caso, a “la existencia de un trastorno mental permanente”, por lo que se ordenó la reclusión del agresor por 20 años en establecimiento psiquiátrico o establecimiento adecuado para su atención.

Existen varios elementos que son fundamentales para entender esta sentencia y que implican un avance relevante frente a la aproximación a la violencia contra las mujeres trans; entre ellos podemos destacar:

Reconocimiento de la identidad de género; Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio; Uso del marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, otros temas deben ser revisados detenidamente en nombre de las garantías procesales penales.

Reconocimiento a la identidad de género

Uno de los primeros avances claros en los que esta sentencia marca un hito en Colombia, es el reconocimiento expreso de la identidad de género de la víctima. Pareciera una cosa menor, teniendo en cuenta que en Colombia existen sentencias y decretos que reconocen la identidad de género de las personas trans, sin embargo, en este caso, el alcance que tienen el reconocimiento de la identidad de género, se traduce también en la posibilidad de aplicar una norma penal que tradicionalmente ha sido utilizado exclusivamente para proteger la vida de las mujeres cisgénero, a pesar de que el artículo 104 A también reconoce las violencias fundadas en la identidad de género de las mujeres.

Este reconocimiento es importante porque aclara las inquietudes de fiscales y juristas en la materia, pues evidentemente la Fiscalía en este caso adoptó una interpretación sobre la identidad de género consecuente con la jurisprudencia colombiana y las recomendaciones y declaraciones internacionales en la materia. Esto tuvo efectos muy concretos, del cual, uno de los más interesantes es la aceptación de la Fiscalía en primera instancia, como elemento probatorio de la identidad de género femenina de la víctima, los testimonios de amigos y familiares que reconocían a Ányela como una mujer transgénero, así como su expresión de género femenina.  Secundariamente, si bien se menciona por parte de la Fiscalía la existencia de intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de la víctima (mamoplastia de aumento), se considera esta como parte complementaria de su propia construcción identitaria.

El reconocimiento a la identidad de la víctima es muy importante porque para algunos fiscales y juristas sobre el tema, la identidad de género solo se podía probar con el cambio documental de la identidad, en el documento de identificación personal, esto desde luego, sería una exigencia innecesaria y que contravendría la jurisprudencia constitucional colombiana, así como los estándares internacionales en la materia en el sentido de que la identidad de género se constituye en la experiencia de vida misma y no a partir del reconocimiento jurídico. Esta tesis de la Fiscalía, es secundada por la Jueza de conocimiento que, aunque ahonda en la descripción de la necropsia que describe la intervención quirúrgica, retoma la construcción social de Ányela como mujer, que era bien conocida por su comunidad.

En conclusión, no existe un estándar único de prueba de la identidad de género y por tanto exigir como prueba el cambio de sexo ante registro público desconocería los procesos personales y sociales de la construcción de la identidad de género.

Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio

A consecuencia del reconocimiento de la identidad de género de la víctima que hizo la fiscalía, no solamente es posible imputar el delito de feminicidio, si no que además de ello, la identidad de género misma de la víctima se volvería un elemento central para entender las motivaciones de la violencia.

Cuando se imputa el delito de feminicidio, en el caso de una mujer trans, no solamente se requiere que se trate de una mujer, se requiere además que la motivación de la violencia este relacionada con el hecho de ser una mujer o por su identidad de género.  En este caso, tanto la Fiscalía como la Jueza que estudia el caso, concuerdan con que el agresor por el hecho de seguir a la víctima y verla repetidamente en su peluquería, pudo establecer la identidad de género de la víctima, esto también se hizo evidente en situaciones de agresión verbal en los que se mencionaba despectivamente la identidad de género de Anyela.

El hecho de que el agresor hubiese seguido a Ányela, la agrediera verbalmente y que incluso llegara al punto de intentar agredirla con un arma blanca en 2016 (machete) previo al homicidio, da cuenta de un contexto de persecución y violencia fundadas en la identidad de género de la víctima.

Si bien la sentencia pudo ser más rica en detalles que permitieran evidenciar la conexión entre el prejuicio del agresor, la violencia y su relación con la identidad de género de la víctima, en el curso del proceso, la Fiscalía pudo demostrar que el hecho de que Ányela hubiese sido una mujer trans, jugó un papel fundamental en su homicidio. En declaraciones dadas por el agresor a algunos medios, se hizo evidente una serie de prejuicios e imaginarios sociales que iban ligados negativamente a la percepción del Sr. Eraso contra las personas trans, este tipo de declaraciones acorde a estándares de investigación como los utilizados en Estados Unidos en la recolección de datos de crímenes de odio, dan cuenta de un prejuicio por parte del agresor frente a las personas trans en este caso.

Uso del marco normativo nacional e internacional

Otro aspecto que, si bien ha sido mencionado, pero que en todo caso merece ser destacado, es la aplicación que ha hecho la jueza de conocimiento de estándares nacionales e internacionales para la comprensión de la identidad de género en este caso. Para la juez, la comprensión de su deber se enmarca en la protección y reconocimiento de la identidad de género, ya sea por vía de la jurisprudencia constitucional acorde a la sentencia C-584 de 2015 (entre otras) que reconocen la identidad de género o por vía de la interpretación del alcance de las responsabilidad del Estado Colombiano de investigar este tipo de violencias, acorde a declaraciones firmadas por el Estado ante la OEA, el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Karen Atala que explica la identidad de género como una categoría diferente de la orientación sexual y el uso como referente importante de los principios de Yogyakarta.

Si bien la Jueza no ahonda en todos estos referentes legales, si los utiliza como punto de referencia para situar jurídicamente la discusión sobre el reconocimiento de la identidad de género, la obligación de investigar y la adecuada aplicación de la justicia penal en el caso concreto.

Las discusiones que quedan pendientes 

Una primera observación que se puede hacer al cuerpo de la sentencia, sería el de dar preferencia tanto en el texto como a lo largo de todo el proceso penal, al reconocimiento identitario del nombre de la víctima. Si bien el nombre de Ányela es reconocido en el texto de la sentencia, a lo largo del texto se repite una y otra vez su nombre masculino ante la registraduría, cuando en la lógica de la sentencia, se debió dar preferencia al nombre identitario de Ányela.  Podría en el futuro ser utilizado a lo largo de la sentencia el nombre identitario, con la aclaración inicial de que la identidad de la víctima esta plenamente establecida ante el registro con un nombre masculino, pero que, como parte integral de la sentencia, se preferirá el nombre identitario de la víctima. Esta también debería ser una práctica estandarizada en todo el proceso judicial con cualquier persona trans ya sea víctima o indicada.

Un problema mayor reviste el uso de los agravantes. Por una parte, se aplica un agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima al momento en que fue agredida, pero adicionalmente se aplica un agravante relacionado con la identidad de género de la víctima. Esta discusión es importante y merece ser analizada con detenimiento para prevenir la violación de garantías procesales del imputado.

Como se ha mencionado, en este caso el reconocimiento de la identidad de género de la víctima permitió la aplicación del delito de feminicidio, en este caso, en razón a la identidad de género de la víctima que se reconocía y era reconocida socialmente como una mujer trans. Sin embargo, este mismo delito contempla como uno de sus agravantes, que la violencia sea cometida en razón a su orientación sexual (o identidad de género atendiendo a la jurisprudencia constitucional). Resulta extraño que a una persona a quien se le imputa responsabilidad penal por un hecho, en este caso asesinar a una persona por su identidad de género, además se le agrave la condena por que cometió el hecho por la identidad de género de la víctima.

Esta doble imputación de responsabilidad penal, resultaría en una clara violación a los derechos del procesado y en este caso, susceptible de ser apelada. Un ejemplo más claro o lógico de cuando se podría aplicar este agravante, sería en el caso en que una mujer cisgénero víctima de feminicidio, hubiese sido además violentada en razón a que era bisexual o lesbiana, en este caso operaría claramente el agravante por orientación sexual.

Estas aclaraciones teóricas en materia penal son indispensables para salvaguardar garantías procesales del imputado que en todo caso tiene derechos y garantías penales que deben ser protegidas.

En conclusión

Nos encontramos frente a una sentencia que avanza frente al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y resuelve algunas discusiones prácticas que se deben dar en el curso del proceso penal, tanto en el tramite de investigación e imputación por parte de la Fiscalía, como en el proceso judicial mismo.

Otros aspectos que podrían ser ampliados como estándares para establecer la conexión entre el prejuicio del agresor y la violencia que ejerce contra la víctima, deberán ser ampliados en el futuro, por lo pronto, el conocimiento expreso de la identidad de género, la existencia previa de violencias verbales y físicas son útiles para demostrar la existencia de una agresión feminicida en este tipo de casos.

Otros aspectos que merecen mayor discusión como evitar dobles imputaciones de responsabilidad penal sobre mismos hechos con el uso de agravantes que centren el análisis en la identidad de género en el caso de personas trans, merecen ser abordados con más detalle. Dar preferencia a otros agravantes como en este caso el del estado de indefensión de la víctima, parece más claro y garantista para el victimario. En todo caso, la defensa de los de las personas trans no riñe con las garantías procesales de los imputados.

 

Escrito por:  Mauricio Noguera
Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica

 

Comunidad LGBTI es más vulnerable tras el inicio de la crisis de Nicaragua, afirman defensores

Washington, DC. Noviembre 30 de 2018. Los derechos de la comunidad LGBTI han sido vulnerados reiteradamente durante la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril pasado. Según activistas y defensores que conversaron con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), esta comunidad ha sufrido en los últimos meses discriminación y asedio de forma más dirigida y sistemática.

“El ser gay o el ser lesbiana en Nicaragua, y aún en este contexto en que la violencia está más justificada socialmente, es una condición de vulnerabilidad más”, sostiene Alex, un joven gay de 25 años que vive en un municipio al norte de Nicaragua. Según el joven activista, están expuestos “no solamente porque no estás de acuerdo con un sistema político totalitario, sino porque sos disidente sexual”.

De tal forma, que “en la calle no solamente te van a atacar por ser Azul y Blanco sino porque van a decir ‘el cochón’ Azul y Blanco, ‘la lesbiana’ Azul y Blanco”, relata Alex.

Él es parte de los miles de ciudadanos que se unieron a las protestas pacíficas que en un primer momento exigían anular unas reformas del Instituto de Seguridad Social, pero que tras una brutal represión gubernamental que ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos y cientos de presos y presas políticas, se volcaron a las calles a reclamar justicia y respeto a los derechos humanos. Los llaman “Azul y Blanco” porque utilizan la bandera de Nicaragua como símbolo de protesta.

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“A partir de mi participación en las protestas he sufrido asedio, persecución”, relata, añadiendo que continuamente pasan frente a su casa grupos de motorizados afines al Gobierno que le gritan frases como “golpista” o lo amenazan con que lo van a matar “por cochón”. “Hacen bastante énfasis en el tema de mi identidad y de mi opción sexual y de vida”, asegura Alex.

Francisca, una mujer lesbiana que prefiere omitir su nombre real por temor, sostiene que antes de la crisis la comunidad LGBTI había avanzado significativamente en el campo del respeto y la igualdad. “Pero en estos tiempos de crisis, muchas cosas en las cuales habíamos avanzado, han retrocedido”, asegura.

Al igual que Alex, Francisca participó de las manifestaciones cívicas, tras lo cual empezó a recibir amenazas y una intensa campaña de descalificación en las redes sociales.

“Me amenazaban directamente, me decían ‘esta es la cochona’, o ‘mirá, ya sabemos dónde vivís, te vamos a caer, alístate’ o ‘te vamos a enseñar lo que es un hombre, talvez así te curás’. Hasta incluso, me sacaron en listas de Whatsapp y de Facebook en las que me ponían como la pro aborto, la feminista loca”.

Esta situación, más una llamada en la que le alertaban que su captura era inminente, obligó a Francisca a huir de su hogar. “Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”, relata la joven.

Ahora vive prácticamente escondida en otra ciudad, junto con su novia. Pero el miedo a que la apresen es constante. La situación de Alex es similar. Según el activista, los que decidieron quedarse en Nicaragua deben vivir “prácticamente en la clandestinidad”.

“Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”. Mujer lesbiana, 33 años.

Desde el 13 de octubre, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de cualquier tipo de movilización que no fuera autorizada por esa institución. Un día después, un grupo de 38 ciudadanos y activistas fueron detenidos por agentes policiales por realizar un plantón sin haber solicitado dichos permisos.

“Estamos en mayor peligro, porque como no hay marchas, no hay movilizaciones, el Estado y su aparato represor tiene más facilidad de encontrarte, buscarte y hacer cualquier acción con tu vida y con tu cuerpo. Ahora la represión, las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluso para los defensores y defensoras LGBT, son más focalizados”, explica Alex.

Más agresiones

Las mujeres transgénero también han sufrido distintos tipos de agresiones. “Hay casos de compañeras transgénero que han sido tomadas por la policía o fuerzas paramilitares, que han sido agredidas salvajemente, golpeadas y dejadas tiradas en las calles. Lo que dicen es que eso es una muestra de lo que les va a seguir pasando a los ‘Azul y Blanco’”, cuenta Dámaso Vargas, una mujer transgénero de 25 años y activista de Managua.

Una de las formas de protesta que encontró Dámaso fue abandonar el sistema educativo público. Este año cursaba el último año de bachillerato. “Estoy en desacuerdo con todo lo que está pasando y para mí también es un modo de decir que no estoy de acuerdo, que no voy a seguir dando validez a un Estado que en realidad no está haciendo el trabajo que debería hacer”, sostiene.

Además, hay cuatro mujeres trans que están actualmente apresadas en el sistema penitenciario varonil de La Modelo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El caso más mediático es el de Victoria Obando, una mujer trans de 27 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien se atrincheró en su centro de estudios y pertenecía a la Coordinadora Universitaria. Desde finales de agosto fue apresada y las autoridades la acusan de varios delitos como terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.

“La compañera Victoria dice que la desnudan delante del resto de reos, los abucheos de parte de los policías, frases como de que ‘aquí lo que hay son huevones, hombres, machos’, sabiendo que no queremos sentirnos así y no nos sentimos así”, comenta Dámaso, quien asegura sentir impotencia y tristeza ante tal situación.

Las violaciones sexuales también se han convertido en una forma de represión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado 12 casos de hombres y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante detenciones ilegales o secuestros cometidos por agentes policiales y parapoliciales.

“Son testimonios totalmente terribles que en la actualidad no pueden aspirar a justicia en este contexto precisamente por los miedos y los temores porque no hay instituciones que puedan investigar a las autoridades”, comentó Wendy Flores, abogada del Cenidh, durante el conversatorio “Mujeres en resistencia ante la represión”, organizado por DeHumo la semana pasada.

En el mismo conversatorio Tania Sánchez denunció que a su hermana, Kisha López, mujer trans apresada en La Modelo, un hombre la intentó abusar dentro de la cárcel para hombres en la que se encuentra. “Kisha se defendió y le dio con una escoba en las costillas, porque ella dice que independientemente de lo que ella sea, la tienen que respetar”, señaló Sánchez.

Indígenas

Para las comunidades indígenas, pertenecer a la población LGBTI es un doble factor de vulnerabilidad, indica un indígena miskitu gay, quien prefiere identificarse como Arturo.

Desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas en la Costa Caribe de Nicaragua.

En la opinión del activista y abogado, en la Costa Caribe de Nicaragua “la crisis no es de 7 meses, sino que es una situación que se ha mantenido en el conflicto por la misma exclusión y la discriminación que los poderes del Estado imponen a la sociedad en las comunidades”. Y esto lo ejemplifica con el siguiente dato: desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas. “El trasfondo también es una persecución a esta comunidad”, asegura.

El mismo Arturo afirma haber sido atacado y amenazado en las redes sociales, tanto por su orientación sexual como por “ser defensor de derechos humanos, y por promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos territoriales”.

Continuarán trabajando

Aunque las vulneraciones de derechos humanos en el contexto actual de crisis en Nicaragua no son exclusivas hacia la comunidad LGBTI, los activistas que conversaron con Raza e Igualdad insistieron en la necesidad de que se visibilicen sus problemáticas y desafíos.

Tal como mencionó Alex, “las acciones que hacemos día a día, las reuniones, las estrategias de movilización, los contenidos de redes, la defensa y denuncia de nuestras presas y presos políticos, con énfasis en los LGBTI, es lo que nos mueve”.

Defensores de derechos humanos expondrán en Ginebra la evolución de la crisis en Nicaragua

Washington. D.C, noviembre 20, 2018 – La crisis actual de derechos humanos en Nicaragua,  que inició  desde hace siete meses producto de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, será expuesta en Ginebra el próximo 28 de noviembre en el marco del conversatorio “Crisis de derechos humanos en Nicaragua”con el objetivo de visibilizar sus consecuencias y permanencia, ahora con la prohibición de las manifestaciones cívicas y la judicialización de cientos de protestantes, estudiantes y activistas que han sido apresados por participar en protestas y están siendo sometidos a juicios en los que se irrespetan  las garantías del debido proceso.

En el conversatorio organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), participarán defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes desde su experiencia durante la crisis relatarán sus propias vivencias y los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo su labor.

Especial énfasis tendrá en el conversatorio la situación de injusticia e indefensión a la que se enfrentan poblaciones tradicionalmente discriminadas como son las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, quienes han sido reprimidos por defender la democracia y reclamar justicia y respeto a los derechos humanos.

También se referirán a la situación  que enfrentan  cientos de presos y presas políticas, quienes han denunciado torturas y malos tratos en las cárceles y centros de detención. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de los 602 ciudadanos apresados hasta el 14 de noviembre por participar en las protestas, 563 son hombres y 50 mujeres, de las cuales 4 son mujeres transgénero.

La imagen de la “normalidad” que intenta establecer el Gobierno nicaragüense tanto  a nivel nacional como internacional, contrasta diametralmente con la visión que proporcionarán los defensores de derechos humanos respecto a que realmente,  en Nicaragua, “nada está normal”, pues las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades son sistemáticas  y permanecen en la impunidad.

Nicaragua será evaluada por el Examen Periódico Universal en 2019. Dicha revisión ofrecerá a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional una importante oportunidad para incidir en resolver de forma pacífica, la crisis que hoy agobia a los y las nicaraguenses.

“Enterezas” el informe de Caribe Afirmativo que reconoce las voces de mujeres trans, lesbianas y bisexuales

Washington, D.C. 24 de octubre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) saluda a Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil colombiana, por el lanzamiento de su informe, “Enterezas”. El informe es producto de un trabajo intensivo que refleja las voces de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Caribe Colombiano, La República Dominicana y Honduras y se proponen estrategias para mejorar la respuesta frente a la violencia que se gesta contra ellas.

El documento fue presentado durante un congreso en Barranquilla los días 22 al 24 de octubre donde participaron mujeres lesbianas, bisexuales y trans de los ocho departamentos del Caribe colombiano. Las mujeres, que representaban varias organizaciones de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y crear alianzas entre ellas. También, hubo un intercambio de saberes entre varios representantes de organizaciones colombianas e internacionales que abogan por los derechos de las personas LGBTI, entre ellos Raza e Igualdad, PROMSEX de Perú y Aireana de Paraguay. Así mismo, una representante de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participó en el Congreso, además de la activista mexicana Amaranta Gómez.

La violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales ha sido poco documentada y entendida, por tanto, los actos que atentan contra los derechos, vida e integridad, tanto de ellas, como las ejecutadas contra mujeres trans, queda con frecuencia en impunidad. El informe de Caribe Afirmativo es un paso significativo para ayudar a estas mujeres a acceder a la justicia y hacer público todo tipo de violencias que se gesten contra ellas.

Raza e Igualdad rechaza enfáticamente la violencia por perjuicio contra las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y reitera su compromiso para acompañar los procesos por la defensa y reconocimiento de sus derechos.

Más información sobre la publicación: http://caribeafirmativo.lgbt/2018/10/22/mujeres-lbt-del-caribe-se-reunen-encuentro-regional-enterezas/

COMUNICADO PÚBLICO: Raza e Igualdad, Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans solicita la pronta y efectiva investigación del trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez en República Dominicana

Washington, D.C. 17 de octubre de 2018 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), expresa su preocupación por los graves hechos denunciados por las organizaciones Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) con relación al trans-feminicidio de Marisa Félix Sánchez quien era conocida como “Haitianita” (en registro público como Richard Félix Sanchez), una mujer trans, afrodescendiente, trabajadora sexual de 30 años de nacionalidad haitiana.

Según las denuncias realizadas por las organizaciones locales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre del presente año en el municipio de Verón, Punta Cana, donde Marisa se desempeñaba como trabajadora sexual desde el año 2015 en la Avenida Barceló de Verón, lugar donde, al parecer, fue realizado el levantamiento del cadáver. Trabajadoras sexuales, compañeras de la víctima, aseguraron verla salir con un cliente de t-shirt color rojo, en motocicleta, y también señalaron haber visto a la misma persona regresar al área con el cadáver de Marisa. En imágenes que han circulado se puede ver el cuerpo de Marisa ensangrentado, con una profunda herida en el área craneal y con evidentes señales de violencia.

Asimismo, según información que ha circulado por redes sociales, se indica que las autoridades policiales que acudieron al área encontraron un preservativo (condón), lo que hace presumir que los hechos pudieron estar precedidos por violencia sexual.

Raza e Igualdad, en conjunto con TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans consideran que los hechos denunciados se relacionan con un crimen por prejuicio, específicamente un trans-feminicidio por motivos relacionados con la identidad de género femenina de la víctima. De igual forma, notamos con preocupación que este hecho se enmarca en un grave contexto de violencia física, sexual y asesinatos de mujeres trans que han sido denunciados por organizaciones como TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans.

Raza e Igualdad hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma pronta y efectiva la investigación de estos hechos, pues por el contexto de violencia física y sexual, puede tratarse de un trans-feminicidio, ello a pesar de las limitaciones legales de República Dominicana, que no ha reconocido el delito de feminicidio, ni la identidad de género de las mujeres trans como elementos de análisis jurídico penal.

Ante las mencionadas limitaciones legales y en aras de evitar la impunidad, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado para que en todo caso se valoren los factores diferenciales de identidad de género, raza, vulnerabilidad del trabajo sexual y la nacionalidad de la víctima para que se analice la mejor aplicación de los artículos sobre homicidio (art. 295 CP) o asesinato (art. 296 CP) a partir del contexto que se derive de los hechos y si en ellos pudo mediar premeditación (art. 297 CP) o acechanza (art. 298 CP). Así mismo, se tenga presente que de los hechos relatados se puede inferir que medió violencia sexual ya sea por el delito de violación (art. 331 CP) o agresión sexual (art. 333 CP) en los términos del Código Penal.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con la organización TRANSSA y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans extendemos un llamado a la Procuraduría General de la República, el Procurador General Jean Alain Rodríguez, la Unidad de Atención Integral de Violencia de Género, intrafamiliar y Delitos Sexuales de Verón, Punta Cana y a su Fiscal titular, a que investiguen los hechos señalados, atendiendo a  los múltiples elementos diferenciales que rodearon la muerte de la víctima. Asimismo, extendemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus Relatorías sobre los Derechos de las Personas LGBTI, Mujeres y Personas Afrodescendientes, y a la oficina de Naciones Unidas República Dominicana y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que monitoreen la situación y se sumen al seguimiento de este caso.

Finalmente, solicitamos se agoten todos los procedimientos para que su muerte no quede impune, pues es preciso que el Estado Dominicano envíe un mensaje claro de cero tolerancias a la violencia contra mujeres trans como parte del Plan Nacional Contra La Violencia de Género, el cual fue puesto en marcha el pasado 8 de noviembre del 2017.

#NIUNAMENOSRD

Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe

PRESENTACIÓN

El Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe es un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias entre lideresas y líderes lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) y  personas aliadas, que permitirá identificar avances, retos y buenas prácticas en los procesos de participación política de esta población en la región.   El objetivo último del Encuentro es promover y visibilizar la participación política de la población LGBTI dentro de las instituciones democráticas de sus Estados, en los escenarios de participación política de la región y en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.   El Encuentro se celebrará en Tegucigalpa (Honduras), los días 2 y 3 de octubre de 2015, en los que esperamos que más de 200 personas nos acompañen. Las personas participantes podrán disfrutar de dos días de discusiones, capacitación, desarrollo de habilidades, creación de redes en temas clave para el desempeño de sus funciones.

LUGAR, FECHAS y HORARIOS DEL ENCUENTRO

El encuentro será de dos días: del 02 al 03 de octubre de 2015, en Tegucigalpa (Honduras).

PERFIL DE PARTICIPANTES

Las y los participantes serán personas abiertamente LGBTI o aliadas que están impulsando desde una posición de liderazgo una mayor participación política de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en la región. Serán personas que ostenten un cargo electo, un cargo de confianza dentro del gobierno o administración pública, cargos de responsabilidad dentro de un partido político, personas que hayan sido candidatas y/o que vayan a ser candidatas en un futuro próximo, y líderes LGBTI que por su trabajo desde la sociedad civil o el mundo empresarial tengan interés en incrementar la diversidad en la representación política en la región.

El Encuentro contará con traducción simultánea español, inglés y portugués.

¿QUÉ ESPERAR DEL ENCUENTRO?

Hace apenas cinco años, el número de personas abiertamente LGBT en cargos electos y de gobierno en la región se podían contar con los dedos. Hoy, hay más de 70 en América Latina y el Caribe y el número está creciendo vertiginosamente. Estos liderazgos están en la primera línea en la lucha por la igualdad. Nuestra historia nos dice que cuando nos reunimos, grandes cosas son posibles. Las personas participantes dejarán el Encuentro con nuevas ideas sobre participación política y cómo trabajar para avanzar hacia la igualdad, compartirán y aprenderán de las experiencias de otras y otros líderes que están activamente participando en sus democracias, adquirirán nuevas habilidades que les servirán para ser mejores lideresas y líderes y construirán redes de apoyo mutuo con otras personas con las mismas aspiraciones: participar activamente en sus democracias para transformar nuestras comunidades y conseguir sociedades más justas e igualitarias.

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Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

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