Dieciocho personas LGBTI fueron asesinadas en Brasil durante el mes de mayo

Dieciocho personas LGBTI fueron asesinadas en Brasil durante el mes de mayo

El contexto de violencia contra las personas LGBTI en Brasil continúa siendo una amenaza contra la integridad y garantía de sus derechos, confirmando el grave escenario de prejuicio que durante el mes de mayo se evidenció en la sociedad brasileña.  En mayo, los medios de comunicación en Brasil informaron de al menos dieciocho muertes de personas LGBTI: catorce de ellas fueron de mujeres transgénero y travestis [1], tres de lesbianas, además de reportar el homicidio de un hombre gay.

En general, los asesinatos continúan caracterizándose por ser crímenes motivados por el prejuicio con un alto número de apuñalamientos, disparos, cuerpos quemados, entre otros indicios de violencia excesiva. Este tipo de saña en la violencia es similar a la descrita en el documento informativo sobre asesinatos y violencia contra transexuales y travestis en Brasil en 2018, preparado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Uno de los homicidios señalados se presentó en Belo Horizonte, Minas Gerais, el 12 de mayo, donde una travesti, no identificada, fue apuñalada 15 veces en la espalda, la cabeza, el hombro y el cuello, hasta causar su muerte.

En la ciudad de Bacabal, en Maranhão, la travesti Melissa, de 33 años, también fue apuñalada y le cortaron la mano. Cuando la encontraron, tenía la mano sobre la boca, para simbolizar que “estaba hablando demasiado”.

Así mismo, el 30 de mayo, el cuerpo de uno los travestis más antiguos de la ciudad de Seabra, en Bahía, fue encontrado quemado dentro de su casa, según los medios de comunicación tenía entre los 70 y 80 años.

En Salvador, Bahía, una pareja de mujeres lesbianas fue asesinada a cuchilladas por un vecino, que se quejaba de ellas. De acuerdo con el Dossier sobre asesinato de mujeres lesbianas en Brasil, el odio a las lesbianas existe como parte integrante del patriarcado, toda vez que son consideradas mujeres que no se someten a las normas heterosexuales que recurrentemente posibilitan la dominación masculina sobre las mujeres heterosexuales.

A pesar de este escenario de violencia, durante este mes, por primera vez la muerte de una mujer transgénero fue registrada como un feminicidio por la policía de São Paulo.  El caso ocurrió en febrero, cuando la mujer trans Raiane Marques, de 36 años, fue asesinada en la costa del estado después de una discusión con un hombre que conoció la noche anterior.

Para Bruna Benevides, secretaria de articulación política de ANTRA, el reconocimiento de este homicidio como feminicidio simboliza la razón por la cual las personas trasvestis y la población transgénero brasileña luchan diariamente, “por el reconocimiento de su identidad femenina”. La Sra. Benevides recuerda que cuando se negoció la ley del feminicidio en el Congreso Nacional, hubo gran tensión para eliminar la expresión «identidad de género» esto, como estrategia para evitar que la ley no protegiera a las personas trans.  “Hoy los activistas trans sentimos pena por este tardío reconocimiento especialmente por validarse después de un acto de violencia tan bárbaro” indicó Benavides.

«Años más tarde del debate de esa ley, vemos que los avances y las tensiones de nuestras discusiones están teniendo un efecto y transformando la visión de la sociedad sobre nuestra población. Es una pena que esto haya ocurrido tarde y en respuesta a la violencia mortal».

Raza e Igualdad continuará su lucha la justicia, reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI en Brasil.  Demandamos al Estado brasileño que investigue los asesinatos de personas LGBTI y garantice a esta población una vida digna.

[1] Es una identidad de género que existe en algunos países de América Latina, entre ellos Brasil, que describe a las personas asignadas como hombres al nacer y que asumen una identidad y expresión de género femenina. A veces mediante el uso de modificaciones corporales feminizantes como la terapia de reemplazo hormonal, implantes mamarios e inyecciones de silicona.

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Isaac Porto – Consultor LGBTI  para Raza e Igualdad en Brasil

Raza e Igualdad apoya diálogo entre Activistas Afropanameñas y LGBTI con la Comisionada Margarette Macaulay en la Cuidad de Panamá, Panamá.

Washington, D.C., 19 de mayo de 2019. El pasado 19 de mayo de la mano de la organización Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó una reunión privada en el Hotel El Panamá en la Ciudad de Panamá con la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.

La reunión privada que contó con la especial participación de activistas de diferentes regiones tales como Colón y Coclé, jóvenes miembros de la Red de Jóvenes Afropanameños, y representantes de la comunidad LGBTI, tuvo por objetivo presentar ante la Comisionada casos que evidenciaran la situación de vulneración de los derechos humanos de comunidades afrodescendientes presentes en las zonas ya mencionadas, que por invasión territorial de fuerzas económicas y el impacto de lógicas extractivistas que no dialogan con las métodos de preservación y conservación del territorio de las comunidades étnicas, hoy se enfrentan a situaciones de desplazamiento y despojo.

El espacio de diálogo e intercambio estuvo precedido por la Presidente de Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, Mireya Peart; la Oficial del Programa de América Latina del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Elvia Duque, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, quien es a su vez, la Relatora sobre los derechos de las Mujeres, Margarette Macaulay.

La Comisionada Macaulay inició la reunión manifestando su desconocimiento sobre la realidad de la población Afropanameña y mujeres parte de la comunidad LGBTI debido a la falta de acercamiento de los activistas para con ambas relatorias.

Durante el espacio, la Comisionada escuchó atentamente los testimonios ofrecidos por activistas presenten en el conversatorio, quienes a lo largo del evento expresaron extrema preocupación por temas relacionados con:  i) el desplazamiento de la población Afropanameña que sufren en las grandes ciudades como en todas las provincias donde están asentadas ancestralmente, ii) el abandono de sus comunidades, y iii) la fuerte discriminación racial que continúa afectando a esta población y, por ende, la falta de políticas públicas que den solución a sus principales problemáticas.

Miembros de la Red de Jóvenes Afropanameña, iniciaron su intervención con la participación de Lamar Bayle Karamañites, quien dio testimonio sobre la condición de vida en Bocas del Toro y su lugar de origen, la Isla Bastimentos.  La activista narró las precarias condiciones de vida por el abandono del gobierno.

"Contamos con un solo médico dos veces a la semana y quienes necesitan una atención medica más profunda deben de transportarse utilizando lanchas y transporte terrestre para llegar a la ciudad más cercana" señaló Bayle.

Por su parte, la presidenta de la Red de jóvenes, Stephani Murillo, enfatizó sobre la fuerte labor de los jóvenes para promover el auto-reconocimiento afrodescendiente y señaló la preocupante situación de desplazamiento urbano del cual están siendo víctimas los Afropanameños.

Otros activistas explicaron ante la Comisionada Macaulay como la realidad de despojo y desplazamiento se repite en casi todas las comunidades donde están asentadas ancestralmente la población Afropanameña, siendo las islas las más afectadas.

Entre tanto, la Sra. Shanon Pringel explicó que los monopolios familiares están comprando las islas y zonas con gran prospecto turístico, desplazando a quienes las han habitado y protegido ancestralmente. Ejemplo de esto, es el proyecto urbanístico en Colón denominado Renovación de la Ciudad de Colón, el cual está desplazando a la población Afropanameña.

Entre otros temas, las activistas afropanameñas informaron sobre la perdida de lenguas tradicionales como el Guari Guari,» o «Wari Wari” y de la necesidad de contar con una cátedra Afropanameña que se imparta en todos los niveles educativos.

Igualmente, la activista Bárbara Delgado de la Asociación Panameña de Personas Trans resaltó las fuertes violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población LGBTIQ especialmente la población Trans, y la necesidad de vincularlas en estos espacios de denuncia y formación.

El espacio concluyó con varias apreciaciones que la Comisionada Macaulay hizo al respecto de las situaciones descritas, donde invita especialmente a denunciar y visibilizar los casos ante organismos internacionales como la Comisión IDH.

Raza e Igualdad, continuará promoviendo estos diálogos y acercando a las Organizaciones de Sociedad Civil panameñas con instancias de protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

Líderes y lideresas Afro LGBTI participan de la 3ª jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en Perú

Washington, D.C. Mayo 12 de 2019 –

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), adelantó los días 7 al 11 de mayo la tercera jornada de trabajo para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI en la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad, para hablar sobre la presentación de peticiones individuales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -SIDH-.

La jornada contó con la participación de activistas afro-LGBTI de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú. En esta ocasión, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti, fue la organización anfitriona del evento y coordinó la participación de todo el grupo en dos importantes espacios para el intercambio de experiencias:  un espacio de diálogo con la Casa Trans Zuleymi y una sesión de dialogo con activistas afro y LGBTI  con el Regidor  de Lima Manuel Siccha.

Durante la visita a la Casa Trans Zuleymy, el grupo tuvo la oportunidad de conocer de forma directa el contexto local de la población trans peruana. La discriminación y violencia estuctural por razones de identidad de género son el común denominador de muchas de las usuarias de la casa. Así mismo, la denegación institucionalizada de la identidad de las personas trans por la falta de reconocimiento de la Identidad de Genero a nivel legal en el Perú, sigue siendo un problema que complejiza aún más, el contexto de vida de las personas trans. Sin embargo, la Casa Zuleymi  bajo la Dirección de Miluska Luzquiños, constituye una experiencia de trabajo comunitario que resiste a la violencia y fortalece los vínculos de solidaridad entre las mujeres trans, generando propuestas de cambio y transformación social.

De igual forma, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conocer directamente del Ponente el Regidor de Lima Manuel Sicchala , la ordenanza anti discriminación que promueve el respeto a la diversidad y sanciona prácticas discriminatorias por género, orientación sexual y raza en la ciudad. La Ordenaza continua un proceso de crecimiento en políticas locales en Lima que abren las puertas al respeto a las personas LGBTI y racializadas.

Paralelamente a estas actividades, el grupo de trabajo tuvo la oportunidad de compartir sus experiencias con relación al proceso de investigación que adelantan acerca de violaciones a los derechos humanos de las personas Afro-LGBTI en sus respectivos países. Si bien todas las organizaciones compartieron sus experiencias y estrategias de trabajo en dicho proceso, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas compartió en profundidad su trabajo de investigación y sensibilización con las mingas (redes comunitarias) afro/negras en los diversos nodos que la integran en Colombia, propiciando en distintos espacios la reflexión sobre la intersección Afro-LGBTI.

De igual manera, en el curso del taller y en la discusión sobre las violaciones a Derechos Humanos susceptibles de ser conocidas como peticiones individuales por el SIDH, llamó la atención la situación actual de violencia contra la población afro y LGBTI en Brasil. La persistencia de trans-feminicidios ocurridos en Brasil a lo largo de varios años fue destacado por los reconocidos activistas Alessandra Ramos del Instituto Transformar y Washington Dias de la Red Negra LGBT de Brasil. Este taller será replicado por las organizaciones participantes, como parte del proceso que se adelanta para el fortalecimiento y visibilidad de organizaciones Afro-LGBTI

Gracias al apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Raza e Igualdad logró patrocinar el evento y facilitar la asistencia de los participantes a este encuentro.

RESISTENCIA COMUNITARIA: Violencia a personas LGBTI en Tumaco, Colombia

Tumaco volvió a revolcar las noticias este pasado mes por cuenta de una crisis humanitaria que no cesa. El tema Afro LGBTI no aparece en ningún lado de la agenda de urgencias, pero iniciativas comunitarias luchan por cambiar esta realidad.

UN LUGAR HISTÓRICAMENTE DISPUTADO

Tumaco es un municipio históricamente peleado por actores armados debido al comercio y exportación de drogas ilícitas, así como ser el municipio con la tasa más alta de presencia de cultivo de coca en el país, ascendiendo en 2018 a 19.000 hectáreas de plantación.

La población civil continúa siendo la receptora de estos ataques por la presencia de diferentes actores armados en la región. La violencia recrudece para las personas Afro LGBT, quienes viven la exclusión incluso desde sus círculos familiares y sociales más cercanos hasta las grandes instituciones estatales.

La zona enfrenta una crisis política que no resuena en medios nacionales. El alcalde electo de Tumaco se encuentra bajo medida de aseguramiento en la Cárcel regional por la presunta comisión de una serie de delitos asociados a una supuesta desviación de fondos millonaria. Esto es un ambiente propicio para que se recrudezca la violencia, porque no hay instituciones suficientemente fuertes desde lo local para garantizar derechos fundamentales a los habitantes.

LA PUNTA DEL ICEBERG: SITUACIÓN DE PERSONAS AFRO LGBTI

Es clave discutir la intersección entre la vulneración de derechos existente, con el hecho de hacer parte de un grupo históricamente discriminado como lo es el de las personas Afro LGBTI. Esto, entendiendo que las comunidades afrocolombianas han sido relegadas a ocupar espacios periféricos en el país y a vivir en condiciones de pobreza extrema de forma reiterada y debida a un racismo imperante del que no se habla.

La mera existencia de personas Afro LGBTI en la región incomoda a los sectores armados debido a prejuicios asociados a la delincuencia, la pobreza, la pandemia, entre otros. Para colmo de males, esta moral prejuiciosa es compartida por otros miembros de su misma comunidad. Así, la posibilidad de consenso social y empatía se rompe incluso desde espacios familiares

Desde el prejuicio se les somete a formas crudas de violencia en las que se pueden contar amenazas, tortura u homicidios, ya sea desde el hogar, la calle o incluso el espacio de la institucionalidad. Adicionalmente, no existe un reproche social en la comunidad que evidencie que estos actos de violencia se están cometiendo con una crudeza particular. Este problema estructural entonces queda en silencio colectivo en el que se necesita más trabajo para desbancarlo.

De acuerdo con Nixon Ortiz, director de la Fundación Afrocolombiana Arcoiris de Tumaco, la población Afro LGBT se enfrenta a violencia verbal y física. En el contexto del conflicto armado hay situaciones graves de desplazamiento forzado, y nada se denuncia en su totalidad por miedo, por lo que la población aún no ha podido contar toda su verdad. La zona vive aún una situación de violencia, pero la dinámica es diferente. Parece que se vive en una relativa calma, pero “antes había más ruido, ahora [la violencia] se hace de forma más silenciosa”, lo que le preocupa bastante. Y es entendible su preocupación. Ante casos “ruidosos”, la respuesta institucional y social no ha sido suficiente. Ahora, en el contexto de demostraciones más sutiles, los canales de ayuda pueden ser incluso más débiles.

La solución no se ve pronta. Incluso Nixon comenta que ese camino es difícil en un país colapsado y polarizado con un Estado que no está en capacidad de responder a las necesidades de las víctimas en acceso a derechos y condiciones dignas de vida, contando además con sectores del poder de tendencias radicales en el país que se nutren de esta situación de violencia.

Sin embargo, Nixon recuerda que desde la provincia es donde se vive la violencia, y desde la sociedad civil es donde se están construyendo alternativas de reconstrucción de tejido social, mencionando iniciativas que resaltan el patrimonio cultural legado de sus ancestros y que les fue arrebatado por la violencia al sacarles de sus territorios ancestrales y privarlos de su cultura afro, con factores como la música, la poesía, o los cantos. Así, reitera cómo es imperativo que “el Estado se siente a conversar con los locales”.

“HOY SOMOS MUCHOS MÁS”: RESPUESTAS DESDE LA REGIÓN

La actualidad política no promete por ahora proteger los derechos de las personas LGBTI en Tumaco. No obstante, las personas hacen frente a sus violencias desde lo comunitario. Es indispensable que estas acciones se visibilicen más, pues nos pueden dar luces para entender otro tipo de alternativas en la búsqueda de la reconciliación y verdadera construcción de paz. El hecho de poner un foco en ellas -y más importante aún, garantizando condiciones de seguridad para quienes participan-, puede ser una fuente muy importante de conocimientos que desde el centro del país y desde las altas esferas del poder no se están siquiera considerando.

Para Nixon las organizaciones de base aportan a la construcción social a partir de pedagogía desde lo regional con una mirada étnica. Así, propone que el Estado podría darle más atención a este tipo de proyectos, pensando más allá de la mera financiación.

Arcoiris también trabaja con el Gobierno Local por su presencia en territorio. Así, han trabajado con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Género de Tumaco, y el Departamento de Nariño. Como avances, Arcoiris ha visibilizado la población LGBTI de Tumaco, y ha logrado reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. Todo esto, sin olvidar cómo también ha generado mayor conciencia ciudadana a la misma población LGBTI de sus derechos. De esta manera, Nixon comenta: “en el pasado, cuando nosotros iniciamos éramos muy poquitos, hoy somos muchos más.”

Arcoiris demuestra cómo personas excluidas deciden reunirse, romper el silencio social de las violencias que se ejercen sobre sus cuerpos y proponer soluciones desde la acción comunitaria. Así, estas acciones ponen sobre la mesa una serie de asuntos que no se estaban discutiendo en la región. A su vez, se generan lazos de afecto y apoyo con estas personas que viven la violencia por prejuicio en el territorio.

LO LGBTI EN LA AGENDA TUMAQUEÑA

El proyecto comunitario de Arcoiris se realiza respetando las diferentes particularidades de las personas, pero busca que las acciones se realicen pensando en un proyecto que rechace las divisiones. Con ello, convoca a la unidad regional con un enfoque étnico. También reitera el compromiso comunitario como algo más allá a un evento, invitando a su vez a sus aliados para que sigan apoyando “de una manera concertada mirando la necesidad del territorio para poder avanzar.”

En Tumaco se vive una situación estructural de violación de derechos humanos que efectivamente azota de mayor forma a las personas Afro LGBTI. Se las despoja de su cultura, de sus redes de apoyo, y viven en situaciones de precariedad que en las grandes urbes del país no estamos imaginando. Por eso, la atención tiene que estar en la protección de estos proyectos, de estos liderazgos comunitarios como el de Arcoiris para generar espacios de equidad.

Esta equidad no solo debe pensarse desde la presencia de agencias del Estado. Es claro que dentro de un Estado Social de Derecho la presencia de instituciones que garanticen condiciones de vida dignas a la población es un deber, y en Tumaco hay una deuda histórica con la población por la garantía de estos servicios primordiales. Sin embargo, la equidad social empieza también por la generación de nuevas concepciones de comunidad desde la diversidad, desde lo étnico, desde un enfoque que incluya diferentes formas de concebir la sexualidad y el género. Todas estas apuestas construyen paz, deben ser visibilizadas por el Estado y protegidas para que reiteradamente reconstruyan una sociedad que ha sido azotada desmedidamente por una violencia que sí distingue entre raza, género, sexo, clase, y todo tipo de estructuras de opresión.

Sobre el Autor:

Cristina Annear
Abogada Junior para Colombia de Raza e Igualdad

Siete casos de violencia contra personas LGBTI fueron reportados en Brasil la última semana de Abril

Brasil, mayo 3 de 2019. Las alarmantes cifras de homicidios, persecuciones, casos de acoso y discriminación contra las personas LGBTI en Brasil presentan una radiografía de la evidente crisis social y política que imposibilita la garantía y protección de los derechos fundamentales de los grupos sociales históricamente desfavorecidos y desconocidos.  Durante la semana del 18 al 25 de Abril se presentaron en Brasil al menos cinco (5) homicidios de personas LGBTI, además de dos (2) intentos de asesinato; todos ellos perpetrados con visible sevicia.

El primer caso se presentó el pasado 18 de abril, cuando se encontró el cuerpo de una mujer trans con marcas de violencia en Fortaleza, capital de Ceará. La policía no pudo identificar a la víctima.

 Así mismo, el 19 de abril, una mujer trans recibió un disparo en Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná. Hay un video que muestra que tuvo que caminar en una avenida para obtener ayuda en el Servicio de Respuesta de Emergencia Móvil (SAMU). Informó que dos hombres, que estaban en una motocicleta, le dispararon después de un acercamiento. Los hombres huyeron poco después.

El 21 de abril, la LGBTI Bruneide también fue víctima de un disparo en la ciudad de Porto Velho, a manos de dos hombres que se movilizaban en un motocicleta en Rondônia. Después del atentado ambos homicidas también huyeron.

Por su parte, el 21 de abril, una mujer trans llamada Rayssa fue víctima de un intento de asesinato en Caucaia, Ceará. Los disparos fueron descargados por dos hombres; uno de ellos golpeó la cabeza de Rayssa quien murió a causa del atentado.

 El mismo día, el cuerpo del homosexual Antonio Marcos Joventino da Silva fue encontrado en la ciudad de Camutanga, en Pernambuco. Había signos de apuñalamiento y tortura. Testigos afirmaron ante las autoridades que Antonio se había visto involucrado en una pelea en un bar la noche anterior.

Durante el 24 de abril, Ari Ribeiro da Silva, un activista LGBTI, fue apuñalado a muerte en la ciudad de Parauapebas, Pará. Según testigos, Ari fue vista en un bar acompañado por un hombre. Salieron del bar hacia el salón de belleza de la víctima, donde se encontró el cuerpo. El sospechoso fue arrestado.

El 25 de abril, el peluquero John Steven Serna fue encontrado muerto dentro de su casa en Manaus, Amazonas. La víctima posiblemente fue agredido por un cuchillo en el pecho y en el cuello. La policía informó que los objetos de la residencia fueron volcados y que el cuerpo estaba en una habitación cubierta con sábanas, con las manos atadas.

Durante la misma semana en que la comunidad LGBTI en Brasil se ve afectada por más de siete atentados identificados hasta la fecha, el presidente Jair Bolsonaro nuevamente deslegitimó a la comunidad LGBTI al señalar que Brasil no puede ser el país del “mundo gay” “el turismo gay”; así como incitó a turistas a visitar un país de “familias” por lo que dio la bienvenida a aquellos que estuvieran dispuesto a ingresar al país para tener sexo con una mujer “ Tenemos familias, y quien quiera, venir aquí para tener sexo con una mujer, siéntase libre ”.  Esta declaración sexista se suma a las declaraciones del presidente que alientan y aprueban las violaciones de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los negros y los negros y LGBTI.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hace que el Estado brasileño se comprometa a crear un ambiente saludable para las personas LGBTI, así como a realizar investigaciones para que esta comunidad pueda vivir sin amenazas constantes de violencia. Brasil está internacionalmente obligado a garantizar los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de las personas LGBTI.
 

Seis casos de violência a LGBTI+ foram reportados no Brasil na última semana

Leia aqui artigo em português

 Sobre el Autor:
Isaac Porto – Consultor LGBTI para Raza e Igualdad en Brasil

Día Internacional de la Visibilidad Trans 2019

Washington, DC. 31 de Marzo, 2019.  Hoy 31 de marzo con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordamos la deuda histórica que tenemos con las personas trans en el acceso a sus derechos fundamentales, y nos unimos para recalcar la inmensa tarea que todas y todos tenemos para eliminar los prejuicios que recaen sobre esta población, propendiendo por brindar sus debidas garantías y protecciones básicas.

Debemos hacer frente a la des-protección e inseguridad que viven las personas trans en la región, haciendo aún más visible cómo son sujetos de un tipo de violencia mucho más cruel, y que tienen una clara barrera de acceso a derechos humanos y garantías de dignidad humana debido al prejuicio generado por la sociedad.

Las personas trans continuamente ven vulnerados sus derechos a la identidad, a la vida e integridad personal, la salud integral, el trabajo, y a la vivienda, lo que genera mayor riesgo de morir a edades tempranas o hacer parte de círculos de pobreza y delincuencia común.

Es tarea de las instituciones estatales el garantizar que las personas trans no sean sometidas a tratos violentos, psiquiatrización forzada o intervenciones abusivas sobre sus cuerpos como requisito para reconocer su identidad. El reconocimiento social y jurídico de la identidad de género de las personas trans significa una garantía básica de sus derechos. Adicionalmente, deben promoverse las medidas necesarias para que estas personas tengan programas especiales de acceso al trabajo y a la salud en condiciones libres de discriminación. De la misma forma,  la sociedad civil en general juega un papel fundamental en la eliminación de prejuicios y estereotipos negativos que existen sobre las personas trans.

Es imprescindible considerar las múltiples intersecciones que pueden coexistir con la experiencia de vida trans, y cómo suponen barreras y fuentes de violencia y discriminación más fuertes. Así, debemos recordar cómo el racismo, las situaciones de movilidad humana por el conflicto internos o crisis económicas que generan migraciones, la pobreza y las condiciones de privación de la libertad, impactan de forma más brutal la vida de personas trans y las privan cada vez más

Insistimos en la necesidad por parte de los Estados de no dar la espalda al problema estructural al que se enfrenta la población trans, y donde el apoyo de organizaciones de la sociedad civil juega un papel supremamente importante desde su rol.  Así mismo, es de suma importancia que prontamente se realicen reformas legislativas y proyectos de política pública que impactan aspectos de las experiencias de vida trans en los que existen aún muchas barreras. El reconocer la identidad de género de las personas trans, brindar garantías para su autodeterminación como elemento constitutivo de su identidad y ligado a su dignidad humana, es una tarea primordial que los Estados deben tomar en sus manos. Adicionalmente, debe ser un imperativo el buscar derogar todas las leyes que condenen la plena existencia de las personas con identidad sexual o expresiones de género diverso, o que impongan barreras de reconocimiento de su identidad de género a través de la vulneración de otros derechos fundamentales.

La región actualmente vive un ambiente político tenso de retroceso en materia de protección de los derechos de personas LGBTI y especialmente de la población trans; tales como la eliminación del capítulo de diversidad sexual y de género en el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia; las demostraciones públicas por parte de miembros del gobierno de Brasil; y la resiente propuesta impulsada por miembros del Partido Nacional de Uruguay en aras de convocar a un referendum que derogue la “Ley Trans” que con mucho esfuerzo fue aprobada por el Senado el año pasado.  Para Raza e Igualdad es claro que el acceso a los derechos de una población especialmente vulnerable no puede quedar en manos del voto de las mayorías, vulnerando así las garantías básicas de igualdad material para esta población. Estamos convencidos que la meta dentro de una sociedad democrática que considere como base de sus cimientos el pluralismo y la diversidad, debe ser la de eliminar toda forma de discriminación e intolerancia.

«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«No existe una sola manera de ser mujer, existen multiplicidad de maneras»

El Día Internacional de la Mujer se presente como una oportunidad de continuar reivindicando la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres; pero también, es el espacio para hacer un llamado a la sociedad y el Estado Colombiano a reconocer la diversidad y multiplicidad de las mujeres que componen el constructo social.  Raza e Igualdad habló con Laura Weinstein, defensora de los derechos de las personas trans en Colombia y directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT); quien asegura que para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y en paz, se requiere reconocer a aquellas mujeres diversas que han sido hasta la fecha invisibilizadas y doblemente violentadas.

 ¿Cuál es la situación de derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia?

Aunque hemos tenido importantes avances en materia de derechos para las mujeres, incluyendo a las mujeres diversas en Colombia, creo que no son suficientes, especialmente porque falta avanzar mucho en lo relacionado al reconocimiento de la existencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), no sólo porque aun socialmente no se entiende la experiencia de vida e identidad de las mujeres LBT, sino porque pareciera que los derechos que nosotras reivindicamos fueran diferentes al del resto de la sociedad, de personas que acceden a derechos distintos, y esto no es así, lo que justamente nos pone en un lugar diferente de lucha.

Yo diría que lo primero que debemos hacer es hacerle entender a nuestra sociedad que no estamos exigiendo derechos diferentes a los existentes, a los que todas y todos debemos gozar, no hablamos de derechos de otro tipo, hablamos de los mismos derechos que justamente por nuestra por nuestra identidad u orientación sexual se nos son negados o en la mayoría de veces muy limitados; como es el caso de las mujeres trans para acceder a su identidad, las complicaciones para recibir una atenciones médicas que no nos vulneren, el trabajo, la educación y muchos otros espacios sociales de participación que nos limitan. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales sus derechos son aún más desconocidos, porque socialmente ha imperado una idea de “confusión” por parte de estas mujeres que al final “tarde o temprano” se resolverá; situación que no sólo vulnera la libertad de estas mujeres, sino que las pone en un plano de absoluta invisibilización.  Por otra parte, hay que decirlo, se cuestiona el ser mujer de las mujeres trans, por eso nos ponen en un plano distinto, ya hay unas dificultades por el hecho de ser mujer, pero es una mujer que tiene otras particularidades, que atraviesa otras necesidades, pues te pone en unos lugares muchos más complejos.

Todavía es muy evidente la falta de reconocimiento de las afectaciones propias de las mujeres con identidades sexuales y de género diversas por parte del movimiento de mujeres en toda la región ¿Llamar la atención sobre la importancia de tratar de manera diferenciada estas afectaciones de las mujeres LBTI dentro de la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres se puede consideración como discriminatorio o excluyente, o considera es necesario abordarlo de manera diferenciada?

Yo sí creo que es importa hablar de ellas, hablar de sus afectaciones y la manera cómo se deben garantizar sus derechos, porque lo que no se nombra, no existe. Entonces, al no hacerlas visible simplemente estamos ocultando una realidad que necesita ser contada, estamos además diciendo que no pasa nada, que todas estamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar y no es así.  A una mujer cisgénero heterosexual, por ejemplo, la matan por ser mujer, cosa que es muy grave; pero en el caso de las mujeres lesbianas o una mujer trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber llegado decidir serlo, el llegar a ser mujer nos da un lugar diferente de esa construcción del ser mujer, porque recordemos que el ser mujer no es algo con lo que naces, sino que es una construcción que a partir del relacionamiento del otro y otra te configura a ti misma.  Entonces, yo creo que sí es importante decir y hablar de las necesidades, que se tienen en este caso, de las mujeres LBT, pero reconociendo que en sí el decidir ser mujer ya te pone en un lugar diferente a lo que implica socialmente ser hombre o ser mujer.

¿Cuáles son las principales violencias hacía las mujeres LBT en Colombia?

El trabajo de GAAT se concentra en población trans, pero si tenemos que entender que tenemos una conexión directa de lucha con las mujeres lesbianas y bisexuales. Por ejemplo, en el caso de estas últimas, las afectaciones están completamente invisibilizadas porque son socialmente desconocidas, es como que no existieran, son mujeres comúnmente catalogadas como “confundidas” o “indecisas” y esto claramente las lleva a cuestionarse quienes son, como si algo estuviera mal en ellas, y pues esto no debería ser así.   En el caso de las mujeres lesbianas las sistemáticas violaciones correctivas de “lo que a usted le hace falta es un hombre” para que supuestamente haya un “enderezamiento” de su orientación sexual y sepa lo que le ha faltado en la vida.

En el caso de las mujeres transexuales, hay también una idea relacionada a la negación del privilegio con el que se nace, por esta , pero cuando una persona dice “es que esto no es lo mío” “esto no es lo que yo quiero experimentar o vivenciar” tiene una muerte que se asume como una traición, y la traición se paga con la perdida de la vida, pero no es solamente que te maten, sino la perdida de acceso a todos los derechos que podría tener cualquier otra persona.  Esos son el tipo de violencias que vivimos y sentimos; pero seguramente hay muchas más cosas, por ejemplo, el sometimiento en el marco de la guerra de mujeres trans, porque son utilizadas como armas de guerra y sexuales; es decir, lucen como mujeres y por eso son llamativas, pero también tienen la fuerza de un hombre y esto se aprovecha para la guerra.

¿Cuál es el llamado que GAAT y Laura Weinstein hacen al Estado colombiano y la sociedad en general al respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT?

El llamado es a reconocer las identidades y la multiplicidad de mujeres que existimos, no solamente limitarlo a las orientaciones e identidades de género, sino que no existe una sola manera de ser mujer, existe multiplicidad formas de configurarnos como mujeres, las mujeres afros, mujeres campesinas, las mujeres que son cabeza de familia, son ejemplo de esto; entonces creo que es importante que la sociedad y el estado colombiano reconozcan el papel tan importante de todas estas mujeres diversas para el progreso de este país, que el Estado muchas veces ha invisibilizado.

Lo mismo para el caso de la sociedad, que de un lugar realmente a las mujeres porque las mujeres son las que han dado mucha fuerza en este país, y que han logrado demostrar que aquí existimos y que aquí podemos vivir, y que ese papel de la mujer ha sido fundamental.

¿Cuáles podrían ser las estrategias o mecanismos que el Estado o la sociedad colombiana debería emprender para el reconocimiento de los derechos de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans?

Es importante el reconocimiento de la existencia, ahí es donde empieza todo, reconocer que el otro y la otra existe, que el otro tiene un lugar en la sociedad, que sin importar quien sea o como sea, merece la vida, creo que ahí es donde debemos empezar, hacer campañas de reconocer que existen otras identidades, otras formas del ser, no como muchos otros las pintan, esas “otras mujeres”, entonces es como estas mujeres acá “normales” y estás otras mujeres “diferentes” no, sino que nos podamos encontrar en la multiplicidad de ser mujeres, porque somos precisamente diversas y diferentes.

“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida» Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia

Los hechos

Anyela Patricia era una mujer trans que se dedicaba a la peluquería en el Muncipio de Garzón en el departamento del Huila. A diferencia de la experiencia de vida de otras mujeres trans en Colombia marcadas por el estigma, ella era reconocida y querida por la comunidad, es por ello, que cuando Anyela fue asesinada en febrero de 2017, la comunidad de Garzón en su funeral salió a las calles a marchar con pancartas y banderas a pedir que se investigara la ocurrencia de este homicidio ( ver aquí la imagen y la noticia al respecto http://www.lanacion.com.co/2017/02/11/lo-mate-porque-me-hizo-dano-homicida-de-estilista/).

Los hechos ocurridos en febrero de 2017 se dieron de forma aparentemente rápida en la peluquería de Ányela en horas de la mañana al recibir varios disparos por parte del Sr. Davinson Estiven Erazo quien en una ocasión anterior, durante agosto del año 2016 intentó atacar a Anyela con un machete, pero este fue detenido por la intervención de amigos y familiares.  Aunque para esta ocasión el presunto agresor fue llevado a una estación de policía no hubo mayores consecuencias frente a este antecedente (especialmente grave porque el tema se limitó a un trámite policial de detención, sin investigación penal que ahondara en la gravedad, como ocurre en muchos casos en Colombia).

Cuando el Sr. Eraso finalmente logró su objetivo en 2017 fue atrapado por las autoridades frente a quienes declaró haber realizado una tarea pendiente, añadiendo, además, frente a medios de comunicación regionales del departamento del Huila que Ányela era una persona que debería morir.  “Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida.”.

La sentencia

El juzgado segundo penal del circuito, en cabeza de la Jueza Catalina María Manrique Calderón sentenció al  Sr. Eraso como autor del delito de feminicidio agravado por los delitos establecidos en el código penal arts. 104 A y 104 B y el delito de porte ilegal de arma. Sin embargo, fue declarado como inimputable, porque durante el proceso penal se demostró la existencia de una esquizofrenia, asociada, entre otras cosas, a la farmacodependencia y en todo caso, a “la existencia de un trastorno mental permanente”, por lo que se ordenó la reclusión del agresor por 20 años en establecimiento psiquiátrico o establecimiento adecuado para su atención.

Existen varios elementos que son fundamentales para entender esta sentencia y que implican un avance relevante frente a la aproximación a la violencia contra las mujeres trans; entre ellos podemos destacar:

Reconocimiento de la identidad de género; Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio; Uso del marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, otros temas deben ser revisados detenidamente en nombre de las garantías procesales penales.

Reconocimiento a la identidad de género

Uno de los primeros avances claros en los que esta sentencia marca un hito en Colombia, es el reconocimiento expreso de la identidad de género de la víctima. Pareciera una cosa menor, teniendo en cuenta que en Colombia existen sentencias y decretos que reconocen la identidad de género de las personas trans, sin embargo, en este caso, el alcance que tienen el reconocimiento de la identidad de género, se traduce también en la posibilidad de aplicar una norma penal que tradicionalmente ha sido utilizado exclusivamente para proteger la vida de las mujeres cisgénero, a pesar de que el artículo 104 A también reconoce las violencias fundadas en la identidad de género de las mujeres.

Este reconocimiento es importante porque aclara las inquietudes de fiscales y juristas en la materia, pues evidentemente la Fiscalía en este caso adoptó una interpretación sobre la identidad de género consecuente con la jurisprudencia colombiana y las recomendaciones y declaraciones internacionales en la materia. Esto tuvo efectos muy concretos, del cual, uno de los más interesantes es la aceptación de la Fiscalía en primera instancia, como elemento probatorio de la identidad de género femenina de la víctima, los testimonios de amigos y familiares que reconocían a Ányela como una mujer transgénero, así como su expresión de género femenina.  Secundariamente, si bien se menciona por parte de la Fiscalía la existencia de intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de la víctima (mamoplastia de aumento), se considera esta como parte complementaria de su propia construcción identitaria.

El reconocimiento a la identidad de la víctima es muy importante porque para algunos fiscales y juristas sobre el tema, la identidad de género solo se podía probar con el cambio documental de la identidad, en el documento de identificación personal, esto desde luego, sería una exigencia innecesaria y que contravendría la jurisprudencia constitucional colombiana, así como los estándares internacionales en la materia en el sentido de que la identidad de género se constituye en la experiencia de vida misma y no a partir del reconocimiento jurídico. Esta tesis de la Fiscalía, es secundada por la Jueza de conocimiento que, aunque ahonda en la descripción de la necropsia que describe la intervención quirúrgica, retoma la construcción social de Ányela como mujer, que era bien conocida por su comunidad.

En conclusión, no existe un estándar único de prueba de la identidad de género y por tanto exigir como prueba el cambio de sexo ante registro público desconocería los procesos personales y sociales de la construcción de la identidad de género.

Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio

A consecuencia del reconocimiento de la identidad de género de la víctima que hizo la fiscalía, no solamente es posible imputar el delito de feminicidio, si no que además de ello, la identidad de género misma de la víctima se volvería un elemento central para entender las motivaciones de la violencia.

Cuando se imputa el delito de feminicidio, en el caso de una mujer trans, no solamente se requiere que se trate de una mujer, se requiere además que la motivación de la violencia este relacionada con el hecho de ser una mujer o por su identidad de género.  En este caso, tanto la Fiscalía como la Jueza que estudia el caso, concuerdan con que el agresor por el hecho de seguir a la víctima y verla repetidamente en su peluquería, pudo establecer la identidad de género de la víctima, esto también se hizo evidente en situaciones de agresión verbal en los que se mencionaba despectivamente la identidad de género de Anyela.

El hecho de que el agresor hubiese seguido a Ányela, la agrediera verbalmente y que incluso llegara al punto de intentar agredirla con un arma blanca en 2016 (machete) previo al homicidio, da cuenta de un contexto de persecución y violencia fundadas en la identidad de género de la víctima.

Si bien la sentencia pudo ser más rica en detalles que permitieran evidenciar la conexión entre el prejuicio del agresor, la violencia y su relación con la identidad de género de la víctima, en el curso del proceso, la Fiscalía pudo demostrar que el hecho de que Ányela hubiese sido una mujer trans, jugó un papel fundamental en su homicidio. En declaraciones dadas por el agresor a algunos medios, se hizo evidente una serie de prejuicios e imaginarios sociales que iban ligados negativamente a la percepción del Sr. Eraso contra las personas trans, este tipo de declaraciones acorde a estándares de investigación como los utilizados en Estados Unidos en la recolección de datos de crímenes de odio, dan cuenta de un prejuicio por parte del agresor frente a las personas trans en este caso.

Uso del marco normativo nacional e internacional

Otro aspecto que, si bien ha sido mencionado, pero que en todo caso merece ser destacado, es la aplicación que ha hecho la jueza de conocimiento de estándares nacionales e internacionales para la comprensión de la identidad de género en este caso. Para la juez, la comprensión de su deber se enmarca en la protección y reconocimiento de la identidad de género, ya sea por vía de la jurisprudencia constitucional acorde a la sentencia C-584 de 2015 (entre otras) que reconocen la identidad de género o por vía de la interpretación del alcance de las responsabilidad del Estado Colombiano de investigar este tipo de violencias, acorde a declaraciones firmadas por el Estado ante la OEA, el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Karen Atala que explica la identidad de género como una categoría diferente de la orientación sexual y el uso como referente importante de los principios de Yogyakarta.

Si bien la Jueza no ahonda en todos estos referentes legales, si los utiliza como punto de referencia para situar jurídicamente la discusión sobre el reconocimiento de la identidad de género, la obligación de investigar y la adecuada aplicación de la justicia penal en el caso concreto.

Las discusiones que quedan pendientes 

Una primera observación que se puede hacer al cuerpo de la sentencia, sería el de dar preferencia tanto en el texto como a lo largo de todo el proceso penal, al reconocimiento identitario del nombre de la víctima. Si bien el nombre de Ányela es reconocido en el texto de la sentencia, a lo largo del texto se repite una y otra vez su nombre masculino ante la registraduría, cuando en la lógica de la sentencia, se debió dar preferencia al nombre identitario de Ányela.  Podría en el futuro ser utilizado a lo largo de la sentencia el nombre identitario, con la aclaración inicial de que la identidad de la víctima esta plenamente establecida ante el registro con un nombre masculino, pero que, como parte integral de la sentencia, se preferirá el nombre identitario de la víctima. Esta también debería ser una práctica estandarizada en todo el proceso judicial con cualquier persona trans ya sea víctima o indicada.

Un problema mayor reviste el uso de los agravantes. Por una parte, se aplica un agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima al momento en que fue agredida, pero adicionalmente se aplica un agravante relacionado con la identidad de género de la víctima. Esta discusión es importante y merece ser analizada con detenimiento para prevenir la violación de garantías procesales del imputado.

Como se ha mencionado, en este caso el reconocimiento de la identidad de género de la víctima permitió la aplicación del delito de feminicidio, en este caso, en razón a la identidad de género de la víctima que se reconocía y era reconocida socialmente como una mujer trans. Sin embargo, este mismo delito contempla como uno de sus agravantes, que la violencia sea cometida en razón a su orientación sexual (o identidad de género atendiendo a la jurisprudencia constitucional). Resulta extraño que a una persona a quien se le imputa responsabilidad penal por un hecho, en este caso asesinar a una persona por su identidad de género, además se le agrave la condena por que cometió el hecho por la identidad de género de la víctima.

Esta doble imputación de responsabilidad penal, resultaría en una clara violación a los derechos del procesado y en este caso, susceptible de ser apelada. Un ejemplo más claro o lógico de cuando se podría aplicar este agravante, sería en el caso en que una mujer cisgénero víctima de feminicidio, hubiese sido además violentada en razón a que era bisexual o lesbiana, en este caso operaría claramente el agravante por orientación sexual.

Estas aclaraciones teóricas en materia penal son indispensables para salvaguardar garantías procesales del imputado que en todo caso tiene derechos y garantías penales que deben ser protegidas.

En conclusión

Nos encontramos frente a una sentencia que avanza frente al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y resuelve algunas discusiones prácticas que se deben dar en el curso del proceso penal, tanto en el tramite de investigación e imputación por parte de la Fiscalía, como en el proceso judicial mismo.

Otros aspectos que podrían ser ampliados como estándares para establecer la conexión entre el prejuicio del agresor y la violencia que ejerce contra la víctima, deberán ser ampliados en el futuro, por lo pronto, el conocimiento expreso de la identidad de género, la existencia previa de violencias verbales y físicas son útiles para demostrar la existencia de una agresión feminicida en este tipo de casos.

Otros aspectos que merecen mayor discusión como evitar dobles imputaciones de responsabilidad penal sobre mismos hechos con el uso de agravantes que centren el análisis en la identidad de género en el caso de personas trans, merecen ser abordados con más detalle. Dar preferencia a otros agravantes como en este caso el del estado de indefensión de la víctima, parece más claro y garantista para el victimario. En todo caso, la defensa de los de las personas trans no riñe con las garantías procesales de los imputados.

 

Escrito por:  Mauricio Noguera
Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica

 

Comunidad LGBTI es más vulnerable tras el inicio de la crisis de Nicaragua, afirman defensores

Washington, DC. Noviembre 30 de 2018. Los derechos de la comunidad LGBTI han sido vulnerados reiteradamente durante la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril pasado. Según activistas y defensores que conversaron con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), esta comunidad ha sufrido en los últimos meses discriminación y asedio de forma más dirigida y sistemática.

“El ser gay o el ser lesbiana en Nicaragua, y aún en este contexto en que la violencia está más justificada socialmente, es una condición de vulnerabilidad más”, sostiene Alex, un joven gay de 25 años que vive en un municipio al norte de Nicaragua. Según el joven activista, están expuestos “no solamente porque no estás de acuerdo con un sistema político totalitario, sino porque sos disidente sexual”.

De tal forma, que “en la calle no solamente te van a atacar por ser Azul y Blanco sino porque van a decir ‘el cochón’ Azul y Blanco, ‘la lesbiana’ Azul y Blanco”, relata Alex.

Él es parte de los miles de ciudadanos que se unieron a las protestas pacíficas que en un primer momento exigían anular unas reformas del Instituto de Seguridad Social, pero que tras una brutal represión gubernamental que ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos y cientos de presos y presas políticas, se volcaron a las calles a reclamar justicia y respeto a los derechos humanos. Los llaman “Azul y Blanco” porque utilizan la bandera de Nicaragua como símbolo de protesta.

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“A partir de mi participación en las protestas he sufrido asedio, persecución”, relata, añadiendo que continuamente pasan frente a su casa grupos de motorizados afines al Gobierno que le gritan frases como “golpista” o lo amenazan con que lo van a matar “por cochón”. “Hacen bastante énfasis en el tema de mi identidad y de mi opción sexual y de vida”, asegura Alex.

Francisca, una mujer lesbiana que prefiere omitir su nombre real por temor, sostiene que antes de la crisis la comunidad LGBTI había avanzado significativamente en el campo del respeto y la igualdad. “Pero en estos tiempos de crisis, muchas cosas en las cuales habíamos avanzado, han retrocedido”, asegura.

Al igual que Alex, Francisca participó de las manifestaciones cívicas, tras lo cual empezó a recibir amenazas y una intensa campaña de descalificación en las redes sociales.

“Me amenazaban directamente, me decían ‘esta es la cochona’, o ‘mirá, ya sabemos dónde vivís, te vamos a caer, alístate’ o ‘te vamos a enseñar lo que es un hombre, talvez así te curás’. Hasta incluso, me sacaron en listas de Whatsapp y de Facebook en las que me ponían como la pro aborto, la feminista loca”.

Esta situación, más una llamada en la que le alertaban que su captura era inminente, obligó a Francisca a huir de su hogar. “Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”, relata la joven.

Ahora vive prácticamente escondida en otra ciudad, junto con su novia. Pero el miedo a que la apresen es constante. La situación de Alex es similar. Según el activista, los que decidieron quedarse en Nicaragua deben vivir “prácticamente en la clandestinidad”.

“Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”. Mujer lesbiana, 33 años.

Desde el 13 de octubre, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de cualquier tipo de movilización que no fuera autorizada por esa institución. Un día después, un grupo de 38 ciudadanos y activistas fueron detenidos por agentes policiales por realizar un plantón sin haber solicitado dichos permisos.

“Estamos en mayor peligro, porque como no hay marchas, no hay movilizaciones, el Estado y su aparato represor tiene más facilidad de encontrarte, buscarte y hacer cualquier acción con tu vida y con tu cuerpo. Ahora la represión, las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluso para los defensores y defensoras LGBT, son más focalizados”, explica Alex.

Más agresiones

Las mujeres transgénero también han sufrido distintos tipos de agresiones. “Hay casos de compañeras transgénero que han sido tomadas por la policía o fuerzas paramilitares, que han sido agredidas salvajemente, golpeadas y dejadas tiradas en las calles. Lo que dicen es que eso es una muestra de lo que les va a seguir pasando a los ‘Azul y Blanco’”, cuenta Dámaso Vargas, una mujer transgénero de 25 años y activista de Managua.

Una de las formas de protesta que encontró Dámaso fue abandonar el sistema educativo público. Este año cursaba el último año de bachillerato. “Estoy en desacuerdo con todo lo que está pasando y para mí también es un modo de decir que no estoy de acuerdo, que no voy a seguir dando validez a un Estado que en realidad no está haciendo el trabajo que debería hacer”, sostiene.

Además, hay cuatro mujeres trans que están actualmente apresadas en el sistema penitenciario varonil de La Modelo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El caso más mediático es el de Victoria Obando, una mujer trans de 27 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien se atrincheró en su centro de estudios y pertenecía a la Coordinadora Universitaria. Desde finales de agosto fue apresada y las autoridades la acusan de varios delitos como terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.

“La compañera Victoria dice que la desnudan delante del resto de reos, los abucheos de parte de los policías, frases como de que ‘aquí lo que hay son huevones, hombres, machos’, sabiendo que no queremos sentirnos así y no nos sentimos así”, comenta Dámaso, quien asegura sentir impotencia y tristeza ante tal situación.

Las violaciones sexuales también se han convertido en una forma de represión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado 12 casos de hombres y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante detenciones ilegales o secuestros cometidos por agentes policiales y parapoliciales.

“Son testimonios totalmente terribles que en la actualidad no pueden aspirar a justicia en este contexto precisamente por los miedos y los temores porque no hay instituciones que puedan investigar a las autoridades”, comentó Wendy Flores, abogada del Cenidh, durante el conversatorio “Mujeres en resistencia ante la represión”, organizado por DeHumo la semana pasada.

En el mismo conversatorio Tania Sánchez denunció que a su hermana, Kisha López, mujer trans apresada en La Modelo, un hombre la intentó abusar dentro de la cárcel para hombres en la que se encuentra. “Kisha se defendió y le dio con una escoba en las costillas, porque ella dice que independientemente de lo que ella sea, la tienen que respetar”, señaló Sánchez.

Indígenas

Para las comunidades indígenas, pertenecer a la población LGBTI es un doble factor de vulnerabilidad, indica un indígena miskitu gay, quien prefiere identificarse como Arturo.

Desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas en la Costa Caribe de Nicaragua.

En la opinión del activista y abogado, en la Costa Caribe de Nicaragua “la crisis no es de 7 meses, sino que es una situación que se ha mantenido en el conflicto por la misma exclusión y la discriminación que los poderes del Estado imponen a la sociedad en las comunidades”. Y esto lo ejemplifica con el siguiente dato: desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas. “El trasfondo también es una persecución a esta comunidad”, asegura.

El mismo Arturo afirma haber sido atacado y amenazado en las redes sociales, tanto por su orientación sexual como por “ser defensor de derechos humanos, y por promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos territoriales”.

Continuarán trabajando

Aunque las vulneraciones de derechos humanos en el contexto actual de crisis en Nicaragua no son exclusivas hacia la comunidad LGBTI, los activistas que conversaron con Raza e Igualdad insistieron en la necesidad de que se visibilicen sus problemáticas y desafíos.

Tal como mencionó Alex, “las acciones que hacemos día a día, las reuniones, las estrategias de movilización, los contenidos de redes, la defensa y denuncia de nuestras presas y presos políticos, con énfasis en los LGBTI, es lo que nos mueve”.

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