Visibilidad Trans: acceder a la salud es un derecho humano, no un privilegio

Visibilidad Trans: acceder a la salud es un derecho humano, no un privilegio

Washington D.C., 31 de marzo de 2024.- En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconoce que las personas trans, trans no binaries y personas de género diverso siguen enfrentando fuertes barreras institucionales, sociales y económicas para ejercer su derecho a la salud, aún más personas racializadas, empobrecidas, migrantes o que ejercen trabajo sexual.

De acuerdo al informe temático sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la falta de reconocimiento legal y social de la identidad de género de las personas trans, trans no binaries y personas de género diverso genera diversas vulneraciones de sus derechos humanos, muchas veces exponiéndolas a situaciones de riesgo.

Aún en los países de Latinoamérica que gozan de una legislación de reconocimiento de la identidad de género, la falta de implementación integral, inversión, sensibilización y capacitación de las autoridades y funcionarios de la salud siguen produciendo situaciones de discriminación y violencia. En Brasil, por ejemplo, “tenemos la Política Nacional Integral de Salud LGBTQIA+ que es un documento fundamental y tenemos el Proceso de Transexualización que es muy necesario para las demandas específicas de las personas trans. Sin embargo, es crucial que el gobierno asigne más inversiones para que el servicio llegue realmente a todas las personas que lo necesitan”, señala Yara Cavalcante, de ANTRA.

Algunos de los perjuicios contra el derecho a la salud de las personas trans, trans no binaries y de género diverso tiene que ver con la imposibilidad de acceder a servicios de salud debido su identidad de género y la exposición a métodos de modificación corporal inseguros, sin supervisión médica y hasta clandestinos (procesos hormonales, intervenciones quirúrgicas). “En el Perú, las personas transmasculinas no tenemos acceso a servicios especializados como terapia hormonal, seguimiento del tratamiento o cirugías de afirmación de género; y muchos deben optar por buscar alternativas en el sector privado que resulta costoso y no es accesible para todos, por lo que varios terminan en la automedicación con medicamentos no adecuados y poniendo en riesgo su salud”, narra Bruno Montenegro, hombre trans, fundador de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Asimismo, el desconocimiento de trabajadores de salud sobre las necesidades específicas de salud de las personas trans, los maltratos y la patologización en servicios de salud vinculados a prejuicios y estigmas —también relacionados a los casos de VIH— generan ansiedad, miedo y desmotivación para volver al centro de salud. Por otro lado, el personal médico que no está capacitado ni sensibilizado para atender las necesidades de las personas trans puede llevar a un mal diagnóstico y tratamiento. En el peor de los casos, puede incurrir en negligencias, muchas veces cometiendo tortura, como sucede con las mal llamadas “terapias de conversión” en centros de salud mental, así lo señalan los testimonios en el Informe Cuerpos y resistencias que transgreden la pandemia: transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú (2020).

Otro de los factores que perjudican el acceso de personas trans a servicios de salud es la falta de recursos. En países como Cuba, por ejemplo, la escasez de productos de modificación corporal es uno de los problemas que enfrentan.  “La testosterona a veces escasea. A veces pasamos un mes o hasta cinco meses sin el tratamiento”, enfatiza Carlos Hernández, hombre trans cubano que coordina el proyecto social e independiente Por Siempre Trans.  

A todo ello, que tiene origen en el modelo hegemónico cisgénero, se le suma que ningún avance médico importante ha considerado a las personas trans como población objetiva y específica. Como señala Mateo Rodrigo de Hombres Trans Diversos de Bolivia, “los tratamientos hormonales y otros procedimientos médicos a los que accedemos las personas trans no son originalmente creados para personas trans. Tampoco existe producción académica suficiente que estudie la repercusión a largo plazo de estos tratamientos en la salud de vejeces trans”.

Ante estas situaciones de vulneración y las preocupaciones de las contrapartes trans alrededor del derecho a la salud, nace Mi Salud Transmasculina Importa, un proyecto de alcance regional gestionado por Fraternidad Trans Masculina de Perú, Fraternidad Trans Masculina de Ecuador, Rosa Rabiosa de Perú, Hombres Trans Diversos de Bolivia y el Instituto Brasilero de Transmasculinidades – IBRAT de Brasil, con el apoyo de Raza e Igualdad. Este espacio tiene como objetivo aportar al bienestar integral de la población transmasculina de América Latina a través de la información y comunicación.

Por todo lo anterior, Raza e igualdad recuerda que los Estados tienen la obligación de asegurar el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación. En ese sentido, resalta las siguientes recomendaciones sobre el derecho al acceso a la salud de personas trans, trans no binaries y de género diverso, las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Promover la capacitación del personal médico sobre las necesidades de las personas trans.
  • Combatir los prejuicios y estereotipos binarios masculino y femenino en el acceso a los servicios de salud.
  • Instaurar directivas o protocolos de atención a pacientes trans.
  • Garantizar protocolos de salud para los tratamientos de afirmación de la identidad de género, incluyendo atención psicológica, endocrinológica, y quirúrgica.
  • Los tratamientos de afirmación de la identidad de género deben ser con base en el consentimiento libre, previo e informado avanzar hacia la gratuidad.
  • Prohibir y sancionar las actividades que ofrecen “terapias” para “modificar”, “re-orientar” o “curar” la identidad de género de las personas.

CIDH notificó al Estado peruano sobre la petición de mamás lesbianas

Lima, 8 de enero de 2024.- Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos de su hijo Daki y de ellas. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se negara a registrar a una de las madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados. sin embargo, en este caso, la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso. En ese sentido, tras haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo”, declaró Cynthia Silva directora de DEMUS.

En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias DEMUS, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente, según informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recordó que, en el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informó que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y a la CIDH para recibir protección.

“El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024“, declaró Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

“En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia”, concluyó Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.

Memoria Trans: el colonialismo y la resistencia trans

Washington D.C., 20 de noviembre de 2022.– Hoy, en el Día de la Memoria Trans, es importante reflexionar sobre la memoria de las personas trans y de género diverso, su proceso de construcción y la lucha por recuperar sus historias y memoria que fueron borradas por el colonialismo. Por ello, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma a la conmemoración de esta fecha y le preguntamos a varias personas trans y de género diverso de Latinoamérica sobre qué representa el colonialismo en la memoria trans y cómo rescata su historia.

El Experto Independiente, Victor Madrigal-Borloz, presentó hace poco el último informe de su mandato enfocado sobre sobre el impacto del colonialismo como una de las causas fundamentales de la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (A/78/227), y cómo ello ha llevado a generar una memoria estigmatizada y binaria de las poblaciones trans en Latinoamérica.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos de cómo en la región siempre rescata sus memorias y busca nuevas formas de hacer memoria. En los últimos años, también las personas trans y LGBTI+ en general luchan para recuperar, resignificar y recordar su historia. Aún más, después de los después de los conflictos armados y las dictaduras que produjeron el borramiento de las violaciones de derechos humanos contra la población LGBTI+. Sin embargo, cumplir con esta tarea de recuperar la memoria nos remonta al inicio de los procesos violentos que arrebataron las identidades a muchos pueblos durante la ocupación colonizadora.

Como el informe indica, la colonización fue un proceso de imposición de sistemas de diferenciación, jerarquización y dominación de parte de una potencia colonizadora hacia pueblos indígenas. Además, sugiere que, tras el proceso de descolonización, se mantiene una especie de continuación del proyecto colonial que sigue discriminando y violentando a personas trans, cuando antes de la colonización, muchos pueblos no utilizaban un enfoque binario del género ni correlacionaban la anatomía con la identidad de género, que las jerarquías sociales no dependían del género, en determinados pueblos las personas eran de género fluido y alternaban roles masculinos y femeninos, habían numerosas conductas sexuales y de la fluidez de la expresión de género, que abarcan desde las relaciones homosexuales hasta las identidades transgénero y el travestismo[1].

Como consecuencia del colonialismo que propagó estrictos estándares binarios, la violencia por razón de identidad de género plaga la región, hoy vemos cifras alarmantes del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) de TGEU, el cual indica que entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, hubo 320 asesinatos en todo el mundo, de los cuales 235 ocurrieron en Latinoamérica y el Caribe[2].

Bicky Bohórquez, desde su experiencia como mujer trans negra y activista de Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad menciona que la imposición de la religiosidad cisheteronormada es una de las manifestaciones coloniales que se mantienen hasta la fecha en Colombia.

“La conversión religiosa, la imposición de un binarismo de género rígido a los pueblos colonizados y la criminalización de la diversidad sexual y de género fueron estrategias de control de la opresión colonial”, como señala el informe en línea con lo dicho por Athiany Larios, mujer trans feminista y activista de derechos humanos de Nicaragua: “El colonialismo sigue tan vigente como en un principio. Mucho disque expertos y sicología descalifican el sentir y nos califican de locos aberrantes con ideas oscuras cuasi demoníacas. Se nos ha educado y enseñado bajo un esquema misógino machista patriarcal sobre lo que es ser hombre y mujer”, señala.

En el caso de Perú, aunque en las artesanías de las culturas mochica y chimú ya representaban comportamientos sexuales y afectivas homosexuales como parte de su cotidianidad, hoy en día en Perú las relaciones de personas con el mismo género son discriminadas.

Algo revelador es que parte de las repercusiones que dejó el colonialismo –como señala el informe del Experto Independiente- son las siglas LGBTI, las cuales no pueden captar por completo la diversidad de sexualidades y géneros que experimentan las personas de la diversidad sexual. Además, en algunos países siguen vigentes las leyes parecidas a las que potencias coloniales utilizaron para imponer normas binarias de género.

“No somos nada, siempre nos censuran y cuando vamos a buscar empleo nos dicen que no hay, y si nos aceptan hay que ir vestidos como dicen ellos que dios nos trajo al mundo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las leyes y las cosas que pasan en este país con respeto a las personas trans.  Nosotros como las demás personas, somos seres humanos, pensamos, tenemos sueños, y deseos de que se nos escuche”, Carlos Hernández, un hombre trans cubano que coordina el proyecto social e independiente Por siempre Trans.

En ese sentido, Raza e Igualdad realiza las siguientes recomendaciones a los Estados a fin de respetar y garantizar los derechos de todas las personas trans:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para modificar el nombre y género de los documentos oficiales de identificación a fin de garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas trans y de género diverso en línea a los estándares de la Opinión Consultiva 24/17.
  • Recolectar datos de forma sistemática sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, desagregados por identidad de género, orientación sexual, identidad étnico-racial y edad.
  • Contar con una política pública de enfoque de género en las investigaciones sobre violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, el respeto el nombre social, la identidad de la persona, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos reproducidos en las instituciones públicas, privadas y en medios de comunicación que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans y de género diverso.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar sobre la orientación sexual e identidad de género a la población en general, funcionarios públicos y personal de servicios públicos, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas trans y de género diverso.

[1] ONU (2023). Informe A/78/227. Disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/218/50/pdf/N2321850.pdf?OpenElement

[2] Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) 2023 de Transgender Europe (TGEU). Disponible en https://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring-2023/

Alerta por violencia contra personas LGTBI+ durante las elecciones regionales en Colombia

Colombia, 31 de octubre de 2023.– Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) alertamos sobre algunos hechos registrados en la jornada electoral del 29 de octubre de 2023, que atentan contra el ejercicio, libre de violencias, de los derechos políticos de las personas LGBTI+ en Colombia. En este sentido, destacamos el reporte del desconocimiento y el incumplimiento de las disposiciones de la Resolución 3480 de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libres de discriminación.

Es importante mencionar que el citado protocolo establece una serie de medidas con el objetivo de promover espacios electorales libres de violencia y discriminación para personas con experiencia de vida trans. El mismo establece que podrán elegir qué fila quieren realizar de acuerdo con su identidad de género; también podrán elegir el género del personal que realice una requisa, procedimiento que debe hacerse con el lleno de requisitos legales y libre de prejuicios; se debe garantizar el derecho al voto de las personas sin incurrir en procedimientos de ‘prueba’ que violen y/o pongan en riesgo el derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad de las personas trans; entre otras medidas necesarias para eliminar barreras de ejercicio y situaciones de discriminación.

Caribe Afirmativo, organización de la sociedad civil que ha realizado un seguimiento exhaustivo de los comicios y el desarrollo de la jornada electoral del pasado domingo[1], reportó fallas en la actualización de los datos biométricos de personas trans; casos en los que, personas con experiencia de vida trans, fueron forzadas a hacer filas que no correspondían a su identidad de género; casos en los que se generaron daños psicosociales a las personas votantes, e inclusive se reportó un caso de violencia sexual contra una mujer con experiencia de vida trans derivado de una requisa que desatendió la protección contenida en el protocolo.

Tomando en cuenta estos hechos, manifestamos nuestra preocupación ante la gravedad de la situación y reiteramos la necesidad de intensificar las acciones de veeduría y pedagogía para el desarrollo de jornadas electorales. Instamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) a darle continuidad a las acciones pedagógicas dirigidas a personas juradas de votación, sociedad civil, personal de la fuerza pública y demás autoridades públicas competentes. Resulta importante mencionar que la implementación de estas medidas es fundamental para la construcción de una sociedad democrática que brinde garantías suficientes para la participación política y la representatividad de las personas con identidades de género no hegemónicas. Lo anterior, en la medida en que es obligación de los Estados y deber de la sociedad civil, contrarrestar la violencia histórica contra las personas LGTBI+ en los escenarios de participación en las decisiones públicas de los Estados.

Adicionalmente, manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte que recibió la candidata a edila de la comuna 2 de Soacha, Sara Paola Caicedo, mujer con experiencia de vida trans que recibió panfletos que advierten sobre el perfilamiento de personas LGBTI+ en el marco de un plan de exterminio social y le dieron un plazo de 72 horas para salir del municipio[2].

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por los alcaldes electos de Bucaramanga y Cúcuta, quienes son públicamente reconocidos por promover prejuicios alrededor de la vida de las personas LGBTI+, estableciendo como banderas de sus campañas la ‘lucha’ contra la ideología de género y vulnerando así los derechos de las personas LGBTI+. Esperamos que la sociedad civil y el Ministerio Público realice una veeduría constante de las acciones de estos gobiernos locales para evitar la vulneración masiva de los derechos de las personas LGBTI+

 

[1] Caribe Afirmativo (2023) Reporte final sobre la jornada electoral en elecciones territoriales.  Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/reporte-final-sobre-la-jornada-electoral-en-elecciones-territoriales-2023/

[2] Caribe Afirmativo (2023) Amenazan a candidata trans a horas de las Elecciones: Caribe Afirmativo advierte riesgos electorales y a la seguridad de las candidaturas LGBTIQ+. Ver: https://caribeafirmativo.lgbt/amenazan-a-candidata-trans-a-horas-de-las-elecciones-caribe-afirmativo-advierte-riesgos-electorales-y-a-la-seguridad-de-las-candidaturas-lgbtiq/

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña “Voto por la Igualdad” de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Sociedad civil celebra el nombramiento de Graeme Reid como el trecer Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género y reconoce los logros de Victor Madrigal Borloz

Ginebra, el 13 de octubre de 2023.– El Presidente del Consejo de Derechos Humanos del ONU ha nombrado Graeme Reid como el nuevo Experto Independiente encargado de combatir la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual e identidad de género (SOGI).

Este nombramiento se llevó a cabo hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras su nominación por el Presidente del órgano de gobierno de 47 miembros responsable de supervisar los derechos humanos en el mundo el mes pasado. Graeme Reid asumirá este papel en el 1 de noviembre de 2023.

Un antropólogo e investigador de Sudáfrica, Reid actualmente es el Director del Programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch. Él es el tercer individuo ejercer el mandato de las Naciones Unidas dirigido específicamente a combatir las violaciones contra los derechos humanos de personas LGTBQ+ y de género diverso, siguiente Vitit Muntarbhorn de Tailandia (2016-2017) y Víctor Madrigal-Borloz de Costa Rica (2017-2023).

Organizaciones de sociedad civil de todo el mundo acogieron con satisfacción esta decisión: “Miles de millones de personas continúan viviendo en sociedades con leyes y actitudes sociales que ponen en peligro a las personas LGBTI,” enfatizó XYZ. “Dada su amplia experiencia en la incidencia política y el mundo académico, junto con su compromiso inquebrantable de escuchar las voces de defensores de derechos humanos de base, confiamos en que Reid podrá fomentar más entendimiento y recordar a los estados de sus obligaciones hacia las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género de todo el mundo. Como sociedad civil, esperamos un compromiso constructivo con el nuevo mandatorio.”

Este nombramiento se produce tras un largo proceso de selección, que duró meses e incluyó la preselección de 23 candidatos, la conducción de entrevistas y, últimamente, haciendo el nombramiento con la supervisión de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A principios de este mes, organizaciones mundiales expresaron sus preocupaciones sobre la ausencia de las mujeres e las personas no binarios en la preselección de candidatos recomendado por el Grupo Consultativa, como se subrayó durante la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En el junio de 2022, el Consejo de Derechos Humanos renovó con éxito el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género. La renovación reconoció y reafirmó la importancia vital del mantenimiento de este mandato, como comunidades LGBT en todo del mundo continúan enfrentar violencia y discriminación basado en su orientación sexual y/o su identidad de género.

Víctor Madrigal-Borloz, el actual mandatario, permanecerá en el cargo hasta finales de mes. Organizaciones de sociedad civil tomó este momento a celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años, declarando. “Hoy queremos celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años.” Gracias a Víctor Madrigal-Borloz y sus esfuerzas, el mundo es ahora más consciente del impacto de la criminalización de las relaciones del mismo sexo consentidas, la necesidad de reconocimiento legal de identidad de género, la barrera a la inclusión social, la importancia de datos recogidos sobre las vidas LGBTI+, el daño infligido por la llamada “terapia de conversión” y más. Madrigal-Borloz también ha subrayado buenas prácticas para prevenir discriminación y realizó visitas a Georgia, Mozambique, Túnez, Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido, tender puentes entre la sociedad civil, los líderes políticos y las autoridades religiosas. En un momento en que los grupos antiderechos se hacen oír cada vez más y atacan a nuestras comunidades como parte de un ataque más amplio contra la igualdad de género, es crucial que el trabajo del mandato continúe y reciba el apoyo de ambos los Estados y la sociedad civil.

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; “Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional”, realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Victor Madrigal se reunió con más de 30 personas LGBTI+ de México con apoyo de Raza e Igualdad

En México, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género, Victor Madrigal-Borloz, se reunió con autoridades locales, liderazgos y organizaciones LGBTI+ de dos estados del país para promocionar su mandato.

Del 17 al 22 de julio, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Víctor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a dos Estados de México —Oaxaca y Ciudad de México—, la cual se llevó a cabo en alianza estratégica con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), representado por la Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera. Asimismo, estuvo presente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de la representación de Niza Castañeda, Oficial de Derechos Humanos.

Durante su visita, se reunieron con más de 30 personas LGBTI+ de diversas organizaciones, liderazgos de la sociedad civil y autoridades locales dedicadas al trabajo de protección y promoción de los derechos LGBTI+, a fin de conocer la situación de las personas LGBTI+ de México y dotar de información a les participantes de las funciones del mandato y las formas de participación con la sociedad civil. Además, el Experto Independiente y Raza e Igualdad participaron del VI Encuentro de Liderazgos Políticos de las Américas y el Caribe, donde Madrigal-Borloz fue invitado a participar de un panel.

Diálogo con la comunidad muxhe

El 18 de julio, se llevó a cabo el “Diálogo de autoridades y la comunidad muxhe/trans de la región de Itsmo con el Experto Independiente” en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, convocada por el Instituto Tecnológico del Istmo, el Proyecto Transformándome, Mexfam y otras organizaciones de la sociedad civil organizada. “En Oaxaca existe una narrativa y un lenguaje de inclusión y respeto a las comunidades del Itsmo, lecciones que pueden beneficiar al mundo. Los pueblos indígenas, los pueblos africanos y civilizaciones asiáticas conocían la diversidad sexual y de género como fenómenos que son parte de la riqueza de la sociedad”, manifestó el Experto Independiente en la reunión.

El diálogo contó con la presencia de autoridades como Mariano Rosado López, secretario del Municipio de Juchitán de Zaragoza, y Juan José Rementeria Orozco, Director del Instituto Tecnológico del Istmo (TecNM), quien manifestó sus deseos de una educación inclusiva para la comunidad muxhe y las personas LGBTI+. Asimismo, participó la primera agenta municipal muxhe, Carisia Cabrera, quien describió el reto de llegar a la gobernación y la lucha constante para ser agenta, ya que siempre ha existido el machismo y el racismo.

A la reunión también asistieron liderazgos, agrupaciones locales y actores seculares, y tuvo la finalidad de establecer un vínculo con la comunidad muxhe y las diversidades sexuales, permitiendo la escucha y la articulación de necesidades en materia de salud, seguridad, justicias, trabajo e inclusión social. Al respecto, Jenni Natalia Santiago, de Ellas deciden, red de mujeres lesbianas, bisexuales y sexo disidente, señaló que los procesos coloniales hacen guardar silencios sobre las identidades de género ancestrales y que es necesario que el Estado mexicano reconozca sus existencias y las barreras que enfrentan para acceder a las oportunidades.

Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género, Víctor Madrigal-Borloz, reunido en el “Diálogo de autoridades y la comunidad muxhe/trans de la región de Itsmo” en Instituto Tecnológico del Istmo de México.

Reuniones con la sociedad civil

Durante dos días, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz, se reunió con organizaciones de la sociedad civil mexicana en tres mesas temáticas, donde abordaron asuntos como la migración, movilidad humana y el impacto a personas LGBTI+, las desapariciones, los discursos y crímenes de odio y los derechos de las personas LGBTI+ privadas de libertad, personas indígenas y afromexicanas LGBTI+ e infancias trans.

México tiene una de las fronteras con más flujos migratorios y, en el último año, el número de personas LGBTI+ en movilidad ha aumentado, incluyendo a juventudes y adolescencias. Además, las extremas violencias en el hogar y en la calle y falta de oportunidades relacionadas a orientación sexual e identidad de género son las principales causales de expulsión de sus lugares de origen. En el país, no hay política específica migratoria para personas LGBTI+ ni en ley de migración nacional ni en ley federal de asilo, por lo que tampoco existen mecanismos de atención; además, la hipersexualización e perfilamiento racial es muy común.

Por otro lado, las organizaciones civiles tienen una lucha constante por verdad, justicia, reparación y por la memoria de las víctimas de desaparición y crímenes de odio. El país no ha logrado construir un registro oficial de personas LGBTI+ y las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las Fiscalías en México no reconocen a las familias diversas ni a las familias sociales para iniciar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas LGBTI+. Además, existe una falta de capacitación desde la antropología forense para tratar correctamente a los cuerpos de las personas trans.

Asimismo, es necesario reconocer y respetar los derechos de las personas LGBTI+ en los centros de reclusión en México. Con frecuencia las personas LGBTI+ privadas de libertad son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos, de actos crueles e inhumanos, siendo las personas trans quienes enfrentan con mayor dureza estos actos. De igual forma, los discursos de odio y la presunción de criminalidad refuerzan la discriminación contra las poblaciones indígenas, afromexicanas LGBTI+ y juventudes e infancias trans.

Víctor Madrigal-Borloz en las reuniones temáticas con organizaciones civiles LGBTI+ de México.

Liderazgos Políticos LGBTI+

El Experto Independiente y Raza e Igualdad participaron del VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI+ de las Américas y el Caribe, el evento más grande que reúne a lideresas y líderes abiertamente LGBTI+, servidores públicos y aliados, donde Víctor Madrigal-Borloz fue invitado a participar del panel “Apostando por democracias, estallando de color”. Durante su intervención, el Experto Independiente reflexionó sobre cómo la creación del mandato es muestra de la disputa por los espacios políticos, ya que hace 30 años era impensable que en las Naciones Unidas se hablara de orientación sexual e identidad de género.

El objetivo principal de sexta edición que convocó a alrededor de 500 personas fue proporcionar un espacio de diálogo, fortalecimiento de capacidades y redes de conexión e intercambio de experiencias en el campo de la participación ciudadana y política a fin de avanzar hacia la igualdad. Algo importante a resaltar es que, durante el encuentro, se creó la primera bancada LGBTI+ de Brasil a fin de combatir el ataque sistemático a los derechos LGBT+ promovido por la extrema derecha. Esta delegación está compuesta por más de 23 autoridades políticas, integrantes del gobierno y organizaciones sociales, entre ellas la diputada federal Erika Hilton, Duda Salabert y la diputada estatal Linda Brasil.

Parte del trabajo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+.

Víctor Madrigal-Borloz participando del panel “Apostando por democracias, estallando de color”. En la segunda foto: Miguel Ángel Alanis (Raza e Igualdad), Niza Castañeda (OACONUDH), Duda Salabert (Diputada federal – Brasil), Alex Leal (Mandato del EI OSIG), Zuleika Rivera (Raza e Igualdad) en el VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI+ de las Américas y el Caribe.

Perú: Entregan firmas ante el TC exigiendo un DNI con dos mamás para Daki

Organizaciones y defensores de derechos humanos junto con la organización Change.org, entregaron firmas al Tribunal Constitucional (TC) exigiendo escucha y amparo para Daki y sus madres discriminadas por RENIEC

Este martes 1 de agosto, Dakarai, hijo de Jenny y Darling, cumple nueve años de edad y aún no cuenta con un Documento Nacional de Identificación (DNI) que lo identifique y le permita el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, libre desarrollo de la personalidad, debido a la discriminación que viven él y sus mamás.

Desde el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Demus, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Más Igualdad Perú y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaciones que acompañan su caso ante la justicia nacional e internacional junto con Change.org, han emprendido una recolección de firmas virtuales de personas que abogan para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emita un documento de identidad donde figuren sus dos mamás como un asunto de derechos humanos y democracia.

Las más de 700 firmas han sido entregadas ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que se le exige que pronto pueda dar fecha y hora de vista de la causa y emitir un fallo favorable que vele por el interés superior del niño, así como, por el derecho a la igualdad y no discriminación de Daki, Darling, Jenny y todes les integrantes de las familias diversas y niñeces del Perú.

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