#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

En todas las regiones del mundo persisten la violencia y la discriminación generalizadas, graves y sistemáticas, basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género real o percibida de las personas.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; torturas, violaciones y violencia sexual; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; criminalización; detenciones arbitrarias; chantaje y extorsión; violencia y acoso policial; intimidación; estigmatización; discursos de odio; campañas de desinformación; negación de la identidad de género definida por une misme; tratamiento médico forzado y/o esterilización forzada; represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, religión o creencias; ataques y restricciones a les defensores de los derechos humanos y periodistas; denegación de servicios y obstaculización del acceso a la justicia; discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y las tradiciones culturales; y otras múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación. Estas son algunas de las violaciones y abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas.

Esta grave situación de los derechos humanos ha motivado una importante acción en las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos humanos de estas personas y comunidades, la cual celebramos. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos tomó medidas definitivas para abordar sistemáticamente estos abusos, avanzar en reformas positivas y compartir las mejores prácticas -mediante la presentación de informes periódicos, el diálogo constructivo y el compromiso- y creó un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En 2019, la renovación de este mandato recibió el apoyo de más de 50 Estados de todas las regiones del mundo y de 1.314 organizaciones de 174 Estados y territorios. Este creciente apoyo es una prueba de la importancia crítica de este mandato y de su trabajo para apoyar a las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, y a quienes defienden sus derechos, tanto en los foros internacionales de derechos humanos como a nivel de base.

En los últimos 6 años, los dos titulares del mandato han documentado en profundidad la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de informes y declaraciones; han enviado más de 100 comunicaciones que documentan las denuncias de estas violaciones en todas las regiones; han realizado 5 visitas a países; han identificado las causas fundamentales y han abordado la violencia y la discriminación a las que se enfrentan grupos específicos, como las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género diverso.

El mandato también ha acogido con satisfacción los avances e identificado las mejores prácticas de todas las regiones del mundo, incluyendo la despenalización, el reconocimiento legal del género, las leyes contra la discriminación y las leyes sobre delitos de odio. Todo ello sin dejar de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los Estados a aplicar y seguir cumpliendo las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, así como de colaborar con los mecanismos, organismos, fondos y programas de la ONU y otros órganos del sistema internacional y los sistemas regionales.

A pesar de estos avances positivos, hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas, y persisten las violaciones de derechos humanos anteriormente mencionadas. Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Con muchos más casos sin denunciar, el 2021 ha sido el año más letal para las personas trans y de género diverso desde que comenzó la recopilación de datos. Está claro que este mandato sigue siendo esencial.

Una decisión de los miembros del Consejo de renovar este mandato enviaría un mensaje claro de que no se puede tolerar la violencia y la discriminación contra las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Reafirmaría que la atención específica, sostenida y sistemática sigue siendo crucial para hacer frente a estas violaciones de los derechos humanos y garantizar que las personas LGBT sean, de hecho, libres e iguales en dignidad y derechos.

Nosotres, las 1117 ONGs de 134 Estados y territorios de todo el mundo, instamos a este Consejo a garantizar que sigamos construyendo un mundo en el que todes puedan vivir libres de violencia y discriminación. Para permitir que este importante y aún pendiente trabajo continúe, les instamos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Tres años del 11M en Cuba: las demandas de las personas LGBTI+ y el Código de las Familias

Washington D.C., 11 de mayo de 2022 – Hoy se conmemoran tres años de la primera marcha que la población LGBTI+ de Cuba organizó con independencia del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). La conmemoración de esta fecha se da en medio de las sentencias que se han conocido en contra de las personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021, el proyecto del nuevo Código Penal, que podría afectar a varias personas activistas LGBTI+; y el Código de las Familias, en el que se habla por primera vez del matrimonio igualitario y de la adopción entre parejas del mismo sexo, dos demandas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en la Isla.

Esta última reforma que se está impulsando desde el gobierno cubano parece un gran paso en el reconocimiento de los derechos LGBTI+ de este país, sin embargo, esta iniciativa se someterá a una consulta popular para ser aprobada; es decir, dos personas del mismo sexo podrían formar una familia en Cuba solo si la mayoría de los habitantes del archipiélago lo aprueba en un referendo que están organizando las autoridades de la Isla.

¿Qué ocurrió el 11 de mayo de 2019 en Cuba?

Ese día, que también se conoce como 11M, se iba a realizar en La Habana una tradicional conga (baile cubano que se acompaña con tambores) contra la homofobia y la transfobia, como parte de una serie de actividades previas a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se lleva a cabo en el mundo cada 17 de mayo. Pero en aquel entonces, el órgano oficial que coordina estas actividades, el Cenesex, decidió cancelar a última hora la manifestación (como volvió a ocurrir hoy. Esta entidad del Estado canceló la conga que se realizaría esta tarde), argumentando que no se podía realizar porque había “nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”, lo que causó gran malestar entre el movimiento LGBTI+ de Cuba.

A raíz de esto, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas de la Isla, se convocaron a través de las redes sociales, y se reunieron, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque Central de La Habana. Allí llegaron de distintas partes y, de un momento a otro y sin un rumbo establecido, empezaron a marchar. Era la primera vez que el movimiento LGBTI+ de Cuba se manifestaba por cuenta propia, exigía sus derechos de forma pacífica sin ayuda del gobierno cubano, que continúa sin garantizar el reconocimiento pleno de esta población.

Aquel día miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la manifestación, que incluyó un besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta). Decenas de personas que participaron en la conga improvisada fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria por las autoridades.

“A pesar de la prohibición por parte del Estado y la represión a activistas y colectivos LGBTI, cerca de 300 personas se congregaron y marcharon por Prado, pidiendo una Cuba diversa y gritando ‘sí se pudo’, en alusión a la suspensión injustificada de la tradicional conga de la diversidad, único espacio físico y público que tenía la comunidad como parte de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que organiza el Cenesex”, cuenta Jancel Moreno, coordinador de Dame la Mano, organización LGBTI+ de la Isla.

De acuerdo con varios activistas y organizaciones, el 11 de mayo de 2019 marcó un antes y un después en la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBTI+. “Representa un grito, un acto de rebeldía que para algunos incluso pudo haber sido un momento de estallido, y para otros también significó un cambio en sus vidas por las detenciones. Sin duda, es una fecha para nunca olvidar, en donde las personas LGBTI+ decidieron reclamar sus derechos ante un Estado que hasta este momento siempre nos ha discriminado”, dice el activista Yoelkis Torres, coordinador de la organización AfroAtenas.

¿Qué ha pasado desde entonces?

“No se ha conseguido ningún derecho. Si bien el proyecto del Código de las Familias que está en espera del referéndum incluye varias de las principales demandas de la comunidad, todavía no es una realidad y puede no llegar a serlo. El Código será llevado a referéndum en un país con una historia machista y homofóbica que es incluso heredada por ‘la revolución’”, afirma Jancel, quien sostiene también que ser una persona LGBTI+ en Cuba significa cargar con estigmas y prejuicios, además de no tener respaldo ni garantías legales. “Si bien se ha avanzado desde la percepción de la sociedad en sí misma, todavía falta muchísimo por hacer”, agrega.

Después de tres años del 11M, las demandas de las personas LGBTI+ en Cuba, siguen siendo las mismas: que se les reconozcan sus derechos. “Hay un artículo en la Constitución cubana que habla sobre el principio de la no discriminación por la orientación sexual e identidad de género, pero esta es como si no existiera”, dice Yoelkis, quien afirma que el Código de las Familias representa una esperanza para esta población, que ha sido víctima de agresiones, amenazas y asesinatos, a pesar de que no se conozca un registro oficial que cuente la violencia que han sufrido por años.

Las personas LGBTI+ están a la espera de que se realice el referendo del Código de las Familias, que, de ser aprobado por la mayoría de los habitantes de la Isla, representaría un paso enorme en el reconocimiento de sus derechos. Pasarían de no tener una ley que los proteja, a poder formar una familia diversa con garantías para evitar cualquier tipo de discriminación y violencia.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestro compromiso para acompañar las demandas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Cuba y llamamos al gobierno a escuchar sus reclamos, en correspondencia con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Esto es particularmente relevante porque estamos a dos meses de conmemorar otro hito en la Isla, como son las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio, las cuales, al igual que la marcha del 11M de hace tres años, fueron fuertemente reprimidas por las autoridades cubanas, y resultaron en la detención masiva de cientos de manifestantes que hoy siguen siendo condenados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por ello también hacemos un llamado al Estado de Cuba para que observe los estándares internacionales de derechos humanos y sus actuaciones que afectan de sobremanera a las poblaciones más vulnerables, como las LGBTI+.

Raza e Igualdad lanza la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

Río de Janeiro, 06 de mayo de 2022.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este martes 10 de mayo el lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety, en honor a la primera concejala trans electa en Brasil.  El acto de inauguración se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderna (MAM), de Río de Janeiro, y contó con la de Tapety. Además, hubo un espacio de diálogo con mujeres parlamentarias y representantes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.  La Escuela de Formación Política Katia Tapety es el resultado de un proyecto apoyado por Open Society Foundations y la asociación con la Fundación Friedrich Ebert en Brasil.

El escenario político en Brasil se encuentra atravesado por discursos de odio, ataques y persecución a parlamentarios y defensores de derechos humanos, donde las mujeres negras  e indígenas—tanto cis como trans—son las principales víctimas; además, hay un creciente difusión de noticias falsas. Ante esa realidad, Raza e Igualdad construyó una Escuela de Formación Política que tiene como objetivo preparar a las mujeres (negras, LBTI, indígenas y quilombolas) para participar de manera segura y democrática en el proceso electoral vigente en 2022.  Para enfrentar la violencia política y electoral de género, las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), la Articulación Brasileña de Lésbicas (Red ABL) y la Red Nacional de Negras y Negros LGBT (Red Afro LGBT), serán responsables de la nominación de precandidatas de sus redes para participar en esta Escuela de Formación Política.

Así, a través de la formación técnica y pedagógica, las clases se llevarán a cabo de manera híbrida, de mayo a septiembre, para servir   a las mujeres líderes sociales de todo Brasil que eventualmente tengan interés en solicitar un puesto de elección popular en el país. El contenido programático también incluye capacitación práctica para que las candidatas cuenten con herramientas para enfrentar políticas autoritarias y reclamar sus derechos.  En este sentido, la Escuela de Formación Política Kátia Tapety surge como un instrumento de fortalecimiento y protección democrática para lograr la plena legitimidad y poder de decisión en sus agendas políticas.

«El aumento de la violencia política y electoral de género en Brasil se ha vuelto cada vez más alarmante.  En marzo de 2021, Raza e Igualdad junto a otras organizaciones, denunció casos de varias concejalas actualmente electas, en una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, lamentablemente, seguimos instando al Estado brasileño a la protección de estas mujeres. La Escuela de Formación Política Kátia Tapety nace de esta urgencia de fomentar la participación activa de las mujeres en la política de forma segura y democrática para que tengan plena autonomía para defenderse de la violencia y garantizar sus derechos», explicó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Acerca de Kátia Tapety

Kátia Tapety fue la primera concejala trans elegida de Brasil, en 1992, en la ciudad de Colonia de Piauí – PI.   Diversos datos indican que, de hecho, Kátia Tapety fue la primera mujer trans elegida para un cargo legislativo en Latinoamérica, en un momento en que todavía se rechazaba hablar de garantizar los derechos civiles, políticos y sociales para las personas trans. Nacida y criada en el inteior del país, Tapety vio y sintió los efectos de la dictadura militar, acompañó el proceso de redemocratización del país y, apenas cuatro años después de la promulgación de la Constitución Ciudadana de 1988, fue elegida concejala con el mayor número de votos en el municipio de Colonia do Piauí, en la zona rural de Piauí.  En su carrera política fue nombrada concejala en 1992, 1996 y 2000; fue alcalde de Colonia do Piauí en el bienio 2001-2002; y finalmente fue elegida teniente de alcalde en 2004.

Hoy, a la edad de 74 años, y con una increíble trayectoria de vida en el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, Tapety enfrentó el racismo y la transfobia, dejando un legado de derechos y un camino de apertura a los logros recientes para las mujeres negras, travestis y transexuales en todo Brasil.  Por lo tanto, para Raza e Igualdad, honrarla representa un proceso de rescate no solo de la memoria, sino principalmente de los lazos democráticos. Katia Tapety nos recuerda la esperanza postdictadura que floreció en Brasil en la década de 1990 y uno de los hitos de la constitución brasileña, como es promover el desarrollo y la igualdad social sin discriminación de ningún tipo, algo que hoy, más que nunca, es urgente.

La Escuela de Formación Política Kátia Tapety tiene como principio el deseo único de formar cada vez más Katias en todo Brasil y en todo el mundo, fortaleciendo la participación civil en los espacios de decisión colectiva, ampliando y mejorando las herramientas democráticas y contribuyendo a la reducción de las asimetrías de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

Programa:

 Lanzamiento de la Escuela de Formación Política Kátia Tapety

 Fecha y hora: 10 de mayo (martes), 5:00 pm a 7:30 pm (hora de Brasilia)

Lugar: Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM)

Panel 1: Trayectoria de colectivos de mujeres negras, indígenas y LBTI en la participación política

Participantes:

Rosângela Castro – Red Afro LGBT

Bruna Benevides – Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

Michele Seixas – Articulación Lésbica Brasileña (Red ABL)

Panel 2: Articulaciones y estrategias de mujeres negras, indígenas y LBTI para fortalecer la democracia en Brasil

Participantes:

Kátia Tapety – Homenageada y Primera Concejala Trans Afro de Brasil

Samara Pataxó – Asesora Legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y Responsable del Centro de Inclusión y Diversidad de la Secretaría General de la Presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Roberta Eugênio – Abogada e Investigadora en el Instituto Alziras

Keila Simpson – Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)

El evento será transmitido en vivo a través de Zoom y Facebook Live y contará con traducción simultánea en español e inglés (solo zoom)

Zoom Link: https://bit.ly/3s5FS3x 

*Se requerirán y llevarán a cabo todos los protocolos de seguridad para COVID-19

*El evento no está abierto al público en general

#26A Día de la Visibilidad Lésbica: desafiando al heteropatriarcado

Washington D.C., 26 de abril de 2022.- En varios países del mundo, cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Tal y como se concibe la fecha, es un acto político que reivindica la presencia y el papel de las personas lesbianas en los espacios públicos. Es también una oportunidad para continuar luchando por los derechos humanos y para visibilizar los múltiples desafíos que enfrentan desde la sociedad y el Estado. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+, da especial reconocimiento a las vidas lesbianas que se rebelan y enfrentan al mandado de la heteronormatividad, un sistema que normaliza e institucionaliza la violencia contra las diversidades sexuales e identitarias. A lo largo del tiempo, dicha contribución ha sido y es de suma importancia para la lucha por los derechos humanos y la vida digna. 

Esta también es una oportunidad para recordar las valerosas luchas del movimiento lésbico y las tareas pendientes que los diversos Estados de América Latina y el Caribe tienen con las lesbianas. En la historia de Perú, por ejemplo, este año por primera vez una pareja de madres y esposas lesbianas, Jenny Trujillo y Darling Delfín, demandaron al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres”, como indica el portal web de Demus, organización que litiga el caso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del país se niega a registrarlas a ambas en el documento de identidad de su hijo como sus madres, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo. Actualmente, el caso tiene una petición y solicitud de medida cautelar en curso dentro del Sistema Interamericano. En Perú, las familias homoparentales siguen siendo tabú y no gozan de los derechos que les corresponde por ley. A menudo, las madres lesbianas son criminalizadas por sus exparejas hombres y por la justicia peruana que durante los procesos de tenencia pretenden quitarles a sus hijos/as. Por ello, el caso de Jenny y Darling marcaría un gran precedente en el reconocimiento legal de familias diversas.  

En Colombia, el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo también llegó a la CIDH y tuvo un precedente importante. Ella estuvo privada de su libertad en el Centro de Reclusión Dosquebradas «La Badea», en Pereira, cuando demandó al Estado porque las autoridades penitenciarias se negaron a autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. Como resultado de un proceso legal de 9 años y una Solución Amistosa en el Sistema Interamericano, el Estado tuvo que pedir  disculpas por discriminarla e implementar una reforma al reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prohibir que se sancionen las manifestaciones de afecto entre integrantes de los sectores LGBTI+ al interior de las cárceles.  

Por otro lado, en República Dominicana, organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+ como TRANSSA, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y el Voluntariado GLBT se encargan de documentar y producir data sobre situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, una labor que en general los Estados de la región no desempeñan.  En su último informe titulado “Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominicana” señalan que entre 2020 y 2021, en este país asesinaron a dos mujeres lesbianas, una en cada año.  

La falta de un sistema de registro estatal que recopile datos sobre las violencias contra las personas LGBTI+ dificulta la formulación de políticas públicas de prevención y atención, e imposibilita producir datos estadísticos para visibilizar y abordar la violencia adecuadamente. 

Por su parte, Nicaragua vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos que agrava la situación de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, como las personas LGBTI+, y más aún si participan en espacios políticos y de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, más de 70 personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de campañas de odio, y más de 4 personas estuvieron encarceladas por motivos políticos y en condiciones discriminatorias por su orientación sexual e identidad de género. Dos lideresas lesbianas de la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua que se encuentran en el exilio aseguraron que, en los espacios políticos nicaragüenses, tanto oficialistas como de oposición, se invisibilizan las demandas de las mujeres lesbianas y no se priorizan medidas que garanticen sus derechos. Además, manifestaron que las mujeres lesbianas no tienen acceso real a los espacios de toma de decisiones y más si son jóvenes.  

En Cuba desde 2002, Las Isabelas -primer grupo de activismo formado por mujeres no heterosexuales de Cuba- vienen reclamando el reconocimiento de sus uniones y familias, sus derechos patrimoniales como pareja, a visitas conyugales para mujeres lesbianas en las cárceles, la Educación Integral de la Sexualidad y la perspectiva de género.  Actualmente, el gobierno de este país promueve una serie de reuniones para dar a conocer y debatir los alcances del proyecto de ley del Código de las Familias. Sin embargo, esta iniciativa que reconoce a las familias diversas se someterá a consulta popular, una situación insólita porque los derechos humanos no se supeditan a votación.  

Desde Raza e Igualdad seguimos trabajando a favor de los derechos de las personas LGBTI+ y de la mano con diversas organizaciones a fin de erradicar los estereotipos, prejuicios y normas sociales que discriminan y normalizan la violencia contra las lesbianas en espacios públicos y privados. Trabajaremos para derribar la heterosexualidad obligatoria que perpetúa el bullying lesbofóbico, las terapias de conversión, las violaciones correctivas entre otros crímenes de odio. ¡Los derechos LGBTI+ son derechos humanos! 

En ese sentido, recomendamos a los Estados: 

  • Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género. 
  • Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas y personas GBTI+ en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención. 
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas y personas GBTI+. Asimismo, elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as. 
  • Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas y personas LGBTI+ a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.  
  • Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.  

#31M: Reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans para la plena garantía de sus derechos humanos

Washington D.C., 31 de marzo de 2022.– Este Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea exaltar la importancia del reconocimiento y respeto de la identidad de género de las personas trans, como base para la plena garantía de sus derechos humanos, específicamente de sus derechos económicos y sociales. En Latinoamérica, las personas con expresión e identidad de género diversas se enfrentan a grandes desafíos para acceder a servicios básicos que, a su vez, constituyen derechos fundamentales de los cuales toda persona debe gozar sin sufrir ningún tipo de discriminación o violencia.

En al menos 11 países de América Latina y el Caribe existen procesos legales o administrativos para que las personas trans rectifiquen sus documentos de identificación según su identidad de género. Por ejemplo, en Brasil—país con la mayor cifra de personas trans asesinadas en el mundo—el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció en 2018 que las personas trans y travestis mayores de 18 años, independientemente de la cirugía de reasignación de sexo, tratamientos hormonales o la presentación de documentos médicos o psicológicos, tienen derecho a cambiar de nombre, género, o ambos, en cualquier oficina del Registro Civil del territorio nacional, sin la presencia de un abogado o defensor público.

En tanto, en México, 14 de los 32 Estados de este país reconocen en sus legislaciones el derecho a la identidad de género, por lo que las personas trans pueden acceder a la modificación de su sexo o género por medio de un trámite administrativo, sin tener que atravesar un proceso judicial. El Estado de México fue el último en incorporar este reconocimiento, en julio de 2021, con una votación en el Congreso que tuvo 59 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Los otros Estados son Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

En países como Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, no existe ningún marco jurídico o administrativo para que las personas trans realicen la rectificación de sus documentos de identidad, o bien no hay jurisprudencia en ese sentido y, por tanto, si una persona trans decide iniciar el proceso, este queda a discreción de los administradores de justicia y puede ser un camino largo y costoso económica y emocionalmente. Ese es el caso de Mística Guerrero, una mujer trans de Nicaragua que hasta mayo de 2021 no contaba con un documento de identidad porque en 2012 inició el trámite de cambio de nombre ante la Corte Suprema de Justicia y desde entonces no ha habido un fallo sobre su caso, según el reportaje de un medio local.

La falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans no solo está determinada por la existencia o no de procesos para realizar el cambio de nombre, sino también por la voluntad y capacidad de gestión en las instituciones del Estado que deben aplicar las normas en términos de registro civil. Y es que, pese a la existencia de estos procesos en muchos países, activistas y organizaciones LGBTI+ suelen registrar dificultades para que las personas trans accedan a los mismos, debido a factores como la falta de claridad y actitudes transfóbicas, lo que genera dilaciones y que las personas desistan de la gestión.

A ello debe sumarse el hecho que son muy pocas las personas trans que cuentan con el apoyo de sus familias en estos procesos, pues el hogar se configura como el primer espacio en el que las personas con expresión e identidad de género diversas experimentan actos de rechazo, violencia y discriminación, dinámica que se mantiene a lo largo de sus vidas.

“[…] Existe un sinnúmero de barreras que alejan a las personas trans y de género diverso de poder desarrollar su pleno potencial y de acceder a derechos básicos desde una temprana edad, que tienen que ver con el rechazo y la violencia que reciben desde que comienzan a exteriorizar su identidad de género. En ese orden, son numerosos los informes que dan cuenta de una alta prevalencia de adolescentes trans y de género diverso que sufren la expulsión de sus hogares a temprana edad”, apunta en ese sentido el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, publicado en agosto de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Identidad de género y derechos económicos y sociales

El no reconocimiento de la identidad de género tiene serias implicaciones en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales. Es importante señalar que los Estados tienen obligaciones de cumplimiento y garantía sobre estos derechos con base en el principio de igualdad y no discriminación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia el hecho de que las personas trans y de género diverso muchas veces porten documentos de identificación que no se condicen con su identidad de género”, señala la CIDH en el informe antes mencionado. De esta forma, el acceso a derechos como salud, educación, vivienda y empleo se ve limitado y sujeto a prejuicios; además que se aumentan las posibilidades de que las personas sufran situaciones de violencia y discriminación.

Agatha Brooks, mujer trans de República Dominicana e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), ha experimentado discriminación al intentar acceder a una vivienda. “No se nos alquila casa, porque creen que somos personas depravadas y que somos malos ejemplos para niños o familias alrededor”, indica.

Aparte del problema de acceso a estos derechos, las personas trans también enfrentan violencia y discriminación cuando los ejercen. Arturo Nicolás, hombre trans de Perú e integrante de Diversidad Transmasculina, refiere que se necesitan medidas urgentes en el ámbito educativo para garantizar el pleno acceso de las personas trans a este derecho. “Esto no significa solo abrir los espacios mediante cupos o medidas parecidas. Los protocolos de atención y de contención en caso de violencia son pilares para sostener a las personas trans o disidentes del género en los espacios educativos”, afirma.

Mientras que Bruno Pfeil, hombre trans de Brasil y coordinador de la Revista Estudios Transviades, comparte su experiencia en el acceso a la salud: “En el campo de la salud, el (des)acceso que más me pesa es la salud ginecológica. Ya sea para hacerme pruebas, o simplemente para hacerme el chequeo de rutina; siempre es un dolor de cabeza tener que explicar que tengo útero, que necesito cierta consulta, y que la mirada que debe darse en mi cuerpo no se puede construir bajo la prerrogativa cisgénera”.

En su Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH da cuenta de forma amplia de cómo la imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, por lo que considera urgente que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

Aunque reconocemos y celebramos la adopción de procesos judiciales y administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans en varios países de Latinoamérica, creemos que esto no solo depende de que se rectifique su nombre y/o género en sus respectivos documentos de identidad, sino que también está estrechamente relacionado a la implementación de procesos educativos y políticas públicas para eliminar la LGBTIfobia en la sociedad y garantizar servicios efectivos y apegados a sus necesidades, respectivamente.

También apreciamos y agradecemos el rol del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz, quien a través de informes—como el último titulado Ley de Inclusión y Prácticas de Exclusión—y de numerosas intervenciones ante la sociedad civil y Estados, ha posicionado el tema de la identidad de género como una experiencia determinante en la vida de las personas y, por tanto, sujeta a un marco de derechos que los Estados deben garantizar.

Junto a ello, elevamos algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el informe antes referido y que consideramos pasos clave para que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en la región:

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

Raza e Igualdad lanza cartillas pedagógicas para la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI migrante y refugiada de Venezuela en Colombia

Bogotá, 15 de marzo de 2022.- Colombia es el primer país receptor de personas retornadas, migrantes y solicitantes de refugio provenientes de Venezuela, por lo que enfrenta numerosos retos para responder a las necesidades en materia de acceso a derechos que tiene esta población, conformada por más de 5 millones de personas que se han visto obligadas a salir del territorio venezolano.

El riesgo de que las personas LGBTI+ sufran algún tipo de violencia y discriminación se intensifica tanto en Venezuela como en Colombia. Además de estar expuestas a los riesgos del contexto específico de movilidad humana, deben enfrentar numerosas situaciones en las que se niega su acceso a derechos como consecuencia de prejuicios, estigmas y violencias asociadas con las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

Es por eso que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó dos cartillas pedagógicas con el objetivo de brindar herramientas para la protección de los derechos de las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, dirigidas a organizaciones de la sociedad civil e instituciones y funcionariado público. El contenido de las cartillas fue diseñado a partir del desarrollo de espacios de diálogo con la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, organizaciones que cuentan con amplia trayectoria en la atención de casos de personas LGTBI+, migrantes, refugiadas y retornadas provenientes de Venezuela. 

Con esta iniciativa, tenemos el propósito de aportar elementos a la consolidación de estrategias de atención para la respuesta a la situación de vulneración de derechos humanos que suceden en el contexto de movilidad humana en la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta un enfoque interseccional que tome en consideración los riesgos e impactos diferenciales que pueden ocasionarse en dichos contextos.  

Estas cartillas se realizaron en el marco del proyecto “Litigio estratégico para incrementar el acceso a los servicios de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto migratorio”, del programa Conectando Caminos por los Derechos, el cual promueve la justicia y los derechos humanos para migrantes de Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia. Este es un programa financiado por USAID e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews.  

CARTILLA PEDAGÓGICA PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL “Litigio estratégico internacional para la defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada de Venezuela” 

 CARTILLA PEDAGÓGICA PARA INSTITUCIONES Y FUNCIONARIADO PÚBLICO “Litigio estratégico internacional para la defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada de Venezuela” 

Raza e Igualdad celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional de Colombia y hace un llamado a los demás Estados de la región a implementar políticas y programas con enfoque de diversidad, interseccionalidad y de género

Colombia, 9 de marzo de 2022.El pasado lunes 28 de febrero, a través de la sentencia T-033 de 2022, la Corte Constitucional de Colombia ordenó incluir el marcador no binario en los documentos de identidad. La decisión se dio a conocer luego de que la Corte Constitucional colombiana revisará una acción de tutela presentada por Dani García, una persona que no se reconoce en las categorías binarias tradicionales de hombre o mujer, quien solicitó al juez constitucional que se modificara el componente ‘sexo’ de sus documentos de identidad con la finalidad de que estos tuvieran en cuenta su identidad de género no binaria, y en esa medida se prescindiera del componente de ‘sexo’ o se registrara una categoría neutra o indeterminada representada en una X.     

Gracias a esta tutela, la Corte Constitucional le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Gobierno Nacional y al Ministerio de Justicia y Derecho adelantar los procesos necesarios para la inclusión efectiva de un marcador de género no binario en los documentos de identidad en los próximos 6 meses. No obstante, si la RNEC no diera cumplimiento a esta orden en el plazo establecido, las personas podrán exigir a la entidad que el componente de género en sus documentos de identidad sea corregido, aun sin la reglamentación correspondiente. 

Así mismo, la Corte exhortó al Congreso a que, en un plazo de 2 años, “regule todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en el género, un criterio de asignación”. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con Dani García, quien nos presentó algunos puntos relevantes en relación con su decisión de presentar la tutela y lo que podría implicar esta decisión histórica para el país.  

¿Qué situación te llevó a presentar la tutela? 

Diría que el detonante fue mi paso por la Maestría en Educación y Derechos Humanos aquí en la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín. Para el proceso de investigación había considerado inicialmente hacer un trabajo con varias travestis. Y bueno, por el tema de la pandemia no pude, y entonces, conversando con mi asesor, llegamos a la conclusión entonces de poder construir mi autobiografía, teniendo presente que no he sido como una de las primeras travestis de acá en Medellín, que empiezo como a movilizarme en términos de los derechos para las personas trans y travestis.  

¿Cuáles fueron los principales argumentos que señalaste? 

Dentro de los principales argumentos que señalo, todos están relacionados, y así lo conecto con el tema de la maestría, de la tesis. Específicamente mi autobiografía, porque allí recojo gran parte de lo que ha sido mi experiencia de vida y también relaciono muchas cosas que tienen que ver con el orden de lo teórico, sin argumentos de, por ejemplo, Fausto Sterling que tenía un trabajo llamado “Cuerpos Sexuados”, donde ella explica cómo en nuestra sociedad el sexo aparece como algo natural, pero en realidad ha sido una construcción social. En la construcción de mi tesis recojo esos elementos teóricos que aportan estas personas y los complemento con una historia de vida y, digamos, un desarrollo en la parte argumentativa, que es lo que se presentó a la Corte. Y argumentar, porque para mí ha sido violento no solamente la asignación de lo masculino, sino también la asignación de lo femenino.  

Otra de las cosas que menciono es, por ejemplo, la violencia policial cuando encuentran tus documentos de identidad y no coincide tal vez mi apariencia con lo que hay en el documento. Entonces, cómo se nos violenta y cómo muchas veces nos hacen pasar como si hubiésemos falsificado los documentos de identidad. Es como una serie de cosas que aparecen allí y que voy dejando plasmadas en la tutela. La tutela la elaboré yo misma. 

¿Qué opinas del fallo final de la Corte? 

La solicitud que hay en mi tutela es para que el componente sexo sea retirado de mi documento de identidad, argumentando que es un dato que solamente es importante para mí, que es irrelevante para cualquier persona y que, además, a partir de este dato que hay en mi cédula, se me habría limitado constantemente. Por eso pedía que lo retiraran y si no se podía retirar, que colocaran otra categoría como la X, la que siempre fue la opción para que fuese asignada en mi documento identidad. Entonces, en ese sentido, pues no estoy conforme con la respuesta, porque la Corte dice que en los documentos se debe colocar no binario. Ahí hay un reproche, porque se supone que parte de la libre autodeterminación y los argumentos que utiliza, que si bien son parte de la de la opinión que la Corte recoge a partir de las preguntas consultas que se les hace a instituciones y organizaciones en el país, no tiene en cuenta mi lugar, y como en esos argumentos las personas expresan que la X es una tachadura, que la X es una negación de derechos, que la X es una negación a la identidad. Con lo que no estoy de acuerdo, porque para mí la X era eso, una tercera posibilidad de marcación de género. Sin embargo, entiendo que esto que dice es algo mucho más grande que yo misma.  

Y bueno, por un lado, entonces diría que estaríamos conformes en que se haya dado este paso al reconocimiento primero de una ciudadanía no binaria en términos de las personas que nos podemos reconocer ahí e identificar con esto. Y segundo, había una fuerte necesidad, en mi tutela, de que el sistema se abriera a reconocer que no solamente somos hombres y mujeres, que no solamente estamos en el lugar de lo femenino, en el lugar de lo masculino. Para mí era importante como es apertura. Y bueno, esto se logró. 

¿Cómo crees que la sociedad civil podría apoyar la implementación de la sentencia? 

Simplemente, considerar que quienes se sientan acogidos en la idea reconocida es que consideren que esa pueda ser una opción para ellos, pues que lo hagan porque ya está. Pues como esa sentencia que nos da la posibilidad y se consideran que se acogen a ellas, pues está bien, pues porque también ha sido recurrente, como ha sido como con el tema del aborto y otras cosas. Entonces ya asumir que todas las personas lo tienen que hacer, obvio no lo van a hacer simplemente personas que se sientan identificados con mi caso. 

*** 

Esta histórica sentencia está en línea con los llamados de la CIDH y la ONU a los Estados para que reconozcan la diversidad de género basado en la autodeterminación [1], la Corte Constitucional de Colombia reconoció en esta sentencia que la identidad binaria de la sociedad obedece a construcciones sociales y jurídicas y que el Estado tiene el deber de abstenerse de crear escenarios que conlleven al desconocimiento los derechos de personas con orientación sexual y/o identidades de género diversas[2].   

El amparo de los derechos a la igualdad, a la dignidad humana, a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad en relación con la posibilidad de que las personas puedan hacer uso del marcador no binario (NB) en sus documentos de identificación, se constituye como un gran avance en el replanteamiento del binarismo institucionalizado y en la garantía de los derechos y la protección de las diversas identidades de género. 

Raza e Igualdad celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional de Colombia y extiende un reconocimiento tanto a Dani como a las organizaciones LGBTI+ y otras organizaciones aliadas que participaron del proceso. Hacemos, además, un llamado a los demás Estados de la región a implementar políticas y programas con enfoque de diversidad, interseccionalidad y de género para promover la garantía de los derechos de las personas no binarias, su aceptación e inclusión social. 

De igual manera, hacemos un llamado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y al Gobierno Nacional Colombiano, a acatar el fallo de la mano con la sociedad civil, las personas no binarias, grupos y personas expertas en el tema, a fin de buscar alternativas para la implementación concertada y efectiva de las medidas ordenadas por el Alto Tribunal. Al Congreso de la República y a las demás entidades administrativas competentes, recomendamos regular con celeridad los demás ámbitos en los que repercutirá la ampliación de las categorías de identificación, en especial, aquellos relacionados con el acceso a la pensión de vejez, de la prestación del servicio militar, el acceso a servicios médicos y de la asignación de cupos carcelarios, así como a regular el derecho de las infancias y adolescencias no binarias al reconocimiento de su identidad y expresión de género. 

Raza e Igualdad celebra el falló de La Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto y hace un llamado a implementar la medida con un enfoque interseccional

Colombia, 23 de Febrero de 2022.- Desde El Instituto Raza e Igualdad, celebramos la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), durante las primeras 24 semanas de gestación, manteniendo las tres causales determinadas en la sentencia C-355 de 2006 para las siguientes semanas. Lo anterior, representa una decisión sin precedentes en la región, pues convierte a Colombia en el país con el mayor número de semanas con la IVE despenalizada en Latinoamérica. Este es un triunfo del movimiento de mujeres, hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias asignadas femeninas al nacer (AFAN) en el país, quienes durante más de una década hicieron de forma reiterativa el llamado a la Corte para que tomara una decisión sobre el tema. El fallo fue conocido tras más de 500 días de que la demanda presentada por el movimiento Causa Justa llegara a la Sala Plena y fuera admitida por la Corte.

Esta decisión no ha estado exenta del debate y las críticas, principalmente por los grupos ultraconservadores que aseguraron oponerse a la IVE bajo cualquier causal, así como de integrantes del Gobierno Nacional, incluidos el Presidente de la República Iván Duque, quien rechazó la decisión de la Corte. En su fallo, la Corte señala que esta medida va dirigida principalmente a mujeres y personas gestantes que descubren de forma tardía que se encuentran en estado de gestación, así como para quienes viven en regiones apartadas y se les dificulta acceder a servicios de salud; quienes desconocen el procedimiento y/o aquellas que se encuentran con barreras económicas, sociales y culturales para acceder al procedimiento. 

 En el año 2020, Raza e Igualdad, Afrodes e ILEX, enviaron un Amicus a la Corte Constitucional dando su valoración jurídica sobre el tema e invitando a la Corte a incluir una perspectiva interseccional a la hora de contemplar medidas de acceso a la IVE. 

La discusión sobre el aborto y el acceso a derechos sexuales y reproductivos (DSR) en Colombia, evidencia un significativo vacío en el conocimiento y la comprensión de los impactos del racismo, el cisexismo, heterosexismo y otros sistemas de discriminación, en torno a la conceptualización y abordaje de estos temas. Este ejercicio castiga de manera desproporcionada a las personas más vulnerables y ayuda a la perpetuación de imaginarios normativos acerca de las capacidades y deseos reproductivos de personas trans y no binarias y de mujeres afro. 

Las metáforas del cuerpo equivocado, la disforia de género, la renuncia “voluntaria” a la capacidad de procrear para acceder a otros derechos y la “cisheterosexualidad”, reducen a las personas trans a una población estéril, sin la capacidad o la voluntad de reproducirse. Por otro lado, la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres afro, a quienes se les representa como fértiles, dotadas de sexo, vinculadas a la apropiación y al relacionamiento plenamente sexual para satisfacer los deseos del hombre, ha conllevado a que sean coartadas del control de sus cuerpos y a que la IVE y los DSR se conviertan en un tabú dentro de las comunidades afro.  

Estos vacíos en el análisis conllevan a que tanto personas trans y personas no binarias como las mujeres afro enfrenten barreras adicionales al momento de optar por un aborto o al hablar de DSR. En Buenaventura (Valle del Cauca), se encontró que entre 2017 y 2018, las mujeres afro se enfrentaron a: pensar que cometían un delito, rechazo social, barreras socio económicas, objeción de conciencia, estigma y desconocimiento por parte del personal médico. En un estudio de 2021, se concluyó que el desconocimiento que existe entre las personas trans y no binarias sobre las causales en las que se encuentra despenalizado el aborto, las rutas de acceso y los lugares en los que se prestan servicios de aborto seguro, les exponen a procedimientos inseguros para sus vidas. 

Adicionalmente, la falta de cifras oficiales y la desconfianza que existe hacia los servicios de salud profundizan este desconocimiento y generan dificultades en el acceso a la información para ambos grupos poblacionales. 

Por otro lado, la atención destinada de manera prioritaria a iniciativas por la despenalización del aborto, que entienden la identidad “mujer” como único factor relevante para la definición de los sujetos y sujetas de estos derechos, así como la falta de espacios para el intercambio de experiencias y reflexiones acerca de estas problemáticas, refuerza estas dificultades. 

Raza e Igualdad invita al Estado Colombiano y a la sociedad civil a pensarse en espacios de diálogo e implementación integral de la medida, con una perspectiva interseccional que tenga en cuenta las experiencias de vida de mujeres afro, hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias AFAN. De igual manera, invita a la sociedad civil a reforzar el monitoreo de la implementación de esta sentencia con el propósito de que se garantice el acceso oportuno y seguro a la IVE en todas las situaciones y territorios del Estado. 

REPROBADO: Estado peruano no responde a preguntas del Comité CEDAW

  • Tras examinación del Comité CEDAW, la coalición #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas califican de insuficientes y lamentables los avances reportados por el Estado peruano sobre derechos de mujeres en su diversidad y personas LGTBIQ+.
  • Ahora, el Comité evaluará información presentada para emitir recomendaciones específicas al Perú.

Lima, 17 de febrero de 2022.– En medio de la crisis política y con un gabinete aún sin el voto de confianza, el 15 y 16 de febrero, el Estado peruano fue examinado por el Comité CEDAW sobre el cumplimiento de sus deberes sobre los derechos humanos de las mujeres en su diversidad y personas LGTBIQ+. Durante las sesiones, la coalición, #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas se movilizaron de manera activa y vigilante a través de las redes sociales.

En el transcurso de la revisión, los esfuerzos del Estado estuvieron enfocados en enumerar las políticas de igualdad de género existentes en diferentes sectores del gobierno, sin precisar cómo se está combatiendo la discriminación y los discursos de odio contra personas LGTBIQ+ en los servicios de educación, salud y justicia. Así mismo, cuando se preguntó sobre el Plan de Igualdad de Género y el Plan de Derechos Humanos, que mencionan a personas lesbianas y BTIQ+, no se informó cuándo se actualizarán ni cómo se dará seguimiento. Cabe resaltar que, de los 52 servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género ninguno atiende de manera directa a personas LGTBIQ+, y en la práctica carecen de enfoque interseccional.

Con relación al matrimonio igualitario y el derecho a la maternidad lésbica, el Comité CEDAW otorgó 24 horas al Estado para que responda por escrito sobre las medidas que reconocen los matrimonios contraídos en el extranjero y el reconocimiento de los hijos/hijas/hijes de familias diversas.

Desde sociedad civil, la Coalición #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas se pronuncian ante las respuestas otorgadas por el Estado, las cuales califican como lamentables e insuficientes. No solo por los resultados relacionados a prevención y sensibilización a través de las campañas y servicios, también por la ausencia de autocrítica, invisibilización de mujeres en su diversidad, lesbianas y personas TBIQ+. Asimismo, saludan las preguntas específicas realizadas por las expertas CEDAW sobre la situación de las mujeres lesbianas, reconociéndolas como sujetas políticas y de derecho.

Reconocieron también la importancia de los múltiples avances normativos en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia de género; sin embargo, consideran que dichos progresos se quedan en papel y que poco o nada impactan en la vida real de las mujeres en su diversidad. El Estado carece de una adecuada implementación, monitoreo, evaluación y transversalización de la Política Nacional de Igualdad de Género.

Ahora, el Comité CEDAW evaluará la información presentada por el Estado y la sociedad civil y, en las próximas semanas, emitirá recomendaciones específicas al Estado peruano, que tiene la obligación de implementarlas y darle seguimiento a las políticas públicas que surjan de las mismas.

La Coalición #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas, esperan que el Comité CEDAW realice las siguientes recomendaciones al Estado peruano:

  • Defender, fortalecer e implementar la política de Educación Sexual Integral (ESI) y archivar el proyecto de ley 904/2021-CR, el cual limita el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI).
  • Dotar de presupuesto y recursos financieros suficientes al MIMP y MINJUSDH para la formulación e implementación de políticas, programas y protocolos dirigidos a la igualdad de género para las lesbianas.
  • Cumplir con la OC 24-17 de la Corte IDH, y ordenar al RENIEC aplicar el artículo 2050 del Código Civil que reconoce los matrimonios contraídos en el extranjero. Asimismo, modificar el artículo 234 del Código Civil sobre matrimonio igualitario. Así como ordenar a RENIEC reconocer la identidad de género de las personas trans mediante trámite administrativo y no mediante proceso judicial para obtener su documento de identidad.
  • Aprobar la “directiva de atención judicial frente a la discriminación y violencia por motivo de orientación sexual e identidad de género” del Consejo Directivo del Poder Judicial.
  • Asegurar la atención libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los servicios de salud integral.
  • Cumplir con registrar los crímenes de odio contra las lesbianas y personas BTIQ+ en las instancias policiales e incorporar la categoría lesbiana en todos las encuestas nacionales con datos desagregados y análisis estadísticos.
  • Disculparse públicamente con las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas, cumplir con la reparación integral de las víctimas de acuerdo a la Ley Plan de Reparaciones Integrales. El Poder Judicial debe crear una fiscalía y juzgado ad hoc para garantizar la debida diligencia y plazo razonable en la investigación judicial.

El Comité CEDAW es un órgano de expertas y expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados Parte de la Convención tienen la obligación de presentar informes periódicos relativos a la aplicación de la Convención en su territorio nacional. Durante sus sesiones, el Comité examina dichos informes y le hace llegar al Estado sus preocupaciones y recomendaciones para la aplicación de la Convención.

Coalición #LesbianasCEDAW:

LIFS

DEMUS

Race and Equality

Católicas por el Derecho a Decidir

Movimiento Manuela Ramos

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

No Peace without Justice

Colectivo Sonqo Warmi

Más Igualdad

Articulación Feminista Marcosur

Movimiento Lesbianas Feministas de Lima

Red Interdistrital de Mujeres de Lima Metropolitana contra la Violencia de Género

CLADEM PERÚ

 

Foto: La experta del Comité CEDAW, Ana Paláez, durante su intervención en la revisión al Perú.

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