Raza e Igualdad celebra el falló de La Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto y hace un llamado a implementar la medida con un enfoque interseccional

Raza e Igualdad celebra el falló de La Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto y hace un llamado a implementar la medida con un enfoque interseccional

Colombia, 23 de Febrero de 2022.- Desde El Instituto Raza e Igualdad, celebramos la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), durante las primeras 24 semanas de gestación, manteniendo las tres causales determinadas en la sentencia C-355 de 2006 para las siguientes semanas. Lo anterior, representa una decisión sin precedentes en la región, pues convierte a Colombia en el país con el mayor número de semanas con la IVE despenalizada en Latinoamérica. Este es un triunfo del movimiento de mujeres, hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias asignadas femeninas al nacer (AFAN) en el país, quienes durante más de una década hicieron de forma reiterativa el llamado a la Corte para que tomara una decisión sobre el tema. El fallo fue conocido tras más de 500 días de que la demanda presentada por el movimiento Causa Justa llegara a la Sala Plena y fuera admitida por la Corte.

Esta decisión no ha estado exenta del debate y las críticas, principalmente por los grupos ultraconservadores que aseguraron oponerse a la IVE bajo cualquier causal, así como de integrantes del Gobierno Nacional, incluidos el Presidente de la República Iván Duque, quien rechazó la decisión de la Corte. En su fallo, la Corte señala que esta medida va dirigida principalmente a mujeres y personas gestantes que descubren de forma tardía que se encuentran en estado de gestación, así como para quienes viven en regiones apartadas y se les dificulta acceder a servicios de salud; quienes desconocen el procedimiento y/o aquellas que se encuentran con barreras económicas, sociales y culturales para acceder al procedimiento. 

 En el año 2020, Raza e Igualdad, Afrodes e ILEX, enviaron un Amicus a la Corte Constitucional dando su valoración jurídica sobre el tema e invitando a la Corte a incluir una perspectiva interseccional a la hora de contemplar medidas de acceso a la IVE. 

La discusión sobre el aborto y el acceso a derechos sexuales y reproductivos (DSR) en Colombia, evidencia un significativo vacío en el conocimiento y la comprensión de los impactos del racismo, el cisexismo, heterosexismo y otros sistemas de discriminación, en torno a la conceptualización y abordaje de estos temas. Este ejercicio castiga de manera desproporcionada a las personas más vulnerables y ayuda a la perpetuación de imaginarios normativos acerca de las capacidades y deseos reproductivos de personas trans y no binarias y de mujeres afro. 

Las metáforas del cuerpo equivocado, la disforia de género, la renuncia “voluntaria” a la capacidad de procrear para acceder a otros derechos y la “cisheterosexualidad”, reducen a las personas trans a una población estéril, sin la capacidad o la voluntad de reproducirse. Por otro lado, la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres afro, a quienes se les representa como fértiles, dotadas de sexo, vinculadas a la apropiación y al relacionamiento plenamente sexual para satisfacer los deseos del hombre, ha conllevado a que sean coartadas del control de sus cuerpos y a que la IVE y los DSR se conviertan en un tabú dentro de las comunidades afro.  

Estos vacíos en el análisis conllevan a que tanto personas trans y personas no binarias como las mujeres afro enfrenten barreras adicionales al momento de optar por un aborto o al hablar de DSR. En Buenaventura (Valle del Cauca), se encontró que entre 2017 y 2018, las mujeres afro se enfrentaron a: pensar que cometían un delito, rechazo social, barreras socio económicas, objeción de conciencia, estigma y desconocimiento por parte del personal médico. En un estudio de 2021, se concluyó que el desconocimiento que existe entre las personas trans y no binarias sobre las causales en las que se encuentra despenalizado el aborto, las rutas de acceso y los lugares en los que se prestan servicios de aborto seguro, les exponen a procedimientos inseguros para sus vidas. 

Adicionalmente, la falta de cifras oficiales y la desconfianza que existe hacia los servicios de salud profundizan este desconocimiento y generan dificultades en el acceso a la información para ambos grupos poblacionales. 

Por otro lado, la atención destinada de manera prioritaria a iniciativas por la despenalización del aborto, que entienden la identidad “mujer” como único factor relevante para la definición de los sujetos y sujetas de estos derechos, así como la falta de espacios para el intercambio de experiencias y reflexiones acerca de estas problemáticas, refuerza estas dificultades. 

Raza e Igualdad invita al Estado Colombiano y a la sociedad civil a pensarse en espacios de diálogo e implementación integral de la medida, con una perspectiva interseccional que tenga en cuenta las experiencias de vida de mujeres afro, hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias AFAN. De igual manera, invita a la sociedad civil a reforzar el monitoreo de la implementación de esta sentencia con el propósito de que se garantice el acceso oportuno y seguro a la IVE en todas las situaciones y territorios del Estado. 

REPROBADO: Estado peruano no responde a preguntas del Comité CEDAW

  • Tras examinación del Comité CEDAW, la coalición #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas califican de insuficientes y lamentables los avances reportados por el Estado peruano sobre derechos de mujeres en su diversidad y personas LGTBIQ+.
  • Ahora, el Comité evaluará información presentada para emitir recomendaciones específicas al Perú.

Lima, 17 de febrero de 2022.– En medio de la crisis política y con un gabinete aún sin el voto de confianza, el 15 y 16 de febrero, el Estado peruano fue examinado por el Comité CEDAW sobre el cumplimiento de sus deberes sobre los derechos humanos de las mujeres en su diversidad y personas LGTBIQ+. Durante las sesiones, la coalición, #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas se movilizaron de manera activa y vigilante a través de las redes sociales.

En el transcurso de la revisión, los esfuerzos del Estado estuvieron enfocados en enumerar las políticas de igualdad de género existentes en diferentes sectores del gobierno, sin precisar cómo se está combatiendo la discriminación y los discursos de odio contra personas LGTBIQ+ en los servicios de educación, salud y justicia. Así mismo, cuando se preguntó sobre el Plan de Igualdad de Género y el Plan de Derechos Humanos, que mencionan a personas lesbianas y BTIQ+, no se informó cuándo se actualizarán ni cómo se dará seguimiento. Cabe resaltar que, de los 52 servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género ninguno atiende de manera directa a personas LGTBIQ+, y en la práctica carecen de enfoque interseccional.

Con relación al matrimonio igualitario y el derecho a la maternidad lésbica, el Comité CEDAW otorgó 24 horas al Estado para que responda por escrito sobre las medidas que reconocen los matrimonios contraídos en el extranjero y el reconocimiento de los hijos/hijas/hijes de familias diversas.

Desde sociedad civil, la Coalición #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas se pronuncian ante las respuestas otorgadas por el Estado, las cuales califican como lamentables e insuficientes. No solo por los resultados relacionados a prevención y sensibilización a través de las campañas y servicios, también por la ausencia de autocrítica, invisibilización de mujeres en su diversidad, lesbianas y personas TBIQ+. Asimismo, saludan las preguntas específicas realizadas por las expertas CEDAW sobre la situación de las mujeres lesbianas, reconociéndolas como sujetas políticas y de derecho.

Reconocieron también la importancia de los múltiples avances normativos en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia de género; sin embargo, consideran que dichos progresos se quedan en papel y que poco o nada impactan en la vida real de las mujeres en su diversidad. El Estado carece de una adecuada implementación, monitoreo, evaluación y transversalización de la Política Nacional de Igualdad de Género.

Ahora, el Comité CEDAW evaluará la información presentada por el Estado y la sociedad civil y, en las próximas semanas, emitirá recomendaciones específicas al Estado peruano, que tiene la obligación de implementarlas y darle seguimiento a las políticas públicas que surjan de las mismas.

La Coalición #LesbianasCEDAW y organizaciones aliadas, esperan que el Comité CEDAW realice las siguientes recomendaciones al Estado peruano:

  • Defender, fortalecer e implementar la política de Educación Sexual Integral (ESI) y archivar el proyecto de ley 904/2021-CR, el cual limita el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI).
  • Dotar de presupuesto y recursos financieros suficientes al MIMP y MINJUSDH para la formulación e implementación de políticas, programas y protocolos dirigidos a la igualdad de género para las lesbianas.
  • Cumplir con la OC 24-17 de la Corte IDH, y ordenar al RENIEC aplicar el artículo 2050 del Código Civil que reconoce los matrimonios contraídos en el extranjero. Asimismo, modificar el artículo 234 del Código Civil sobre matrimonio igualitario. Así como ordenar a RENIEC reconocer la identidad de género de las personas trans mediante trámite administrativo y no mediante proceso judicial para obtener su documento de identidad.
  • Aprobar la “directiva de atención judicial frente a la discriminación y violencia por motivo de orientación sexual e identidad de género” del Consejo Directivo del Poder Judicial.
  • Asegurar la atención libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los servicios de salud integral.
  • Cumplir con registrar los crímenes de odio contra las lesbianas y personas BTIQ+ en las instancias policiales e incorporar la categoría lesbiana en todos las encuestas nacionales con datos desagregados y análisis estadísticos.
  • Disculparse públicamente con las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas, cumplir con la reparación integral de las víctimas de acuerdo a la Ley Plan de Reparaciones Integrales. El Poder Judicial debe crear una fiscalía y juzgado ad hoc para garantizar la debida diligencia y plazo razonable en la investigación judicial.

El Comité CEDAW es un órgano de expertas y expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados Parte de la Convención tienen la obligación de presentar informes periódicos relativos a la aplicación de la Convención en su territorio nacional. Durante sus sesiones, el Comité examina dichos informes y le hace llegar al Estado sus preocupaciones y recomendaciones para la aplicación de la Convención.

Coalición #LesbianasCEDAW:

LIFS

DEMUS

Race and Equality

Católicas por el Derecho a Decidir

Movimiento Manuela Ramos

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

No Peace without Justice

Colectivo Sonqo Warmi

Más Igualdad

Articulación Feminista Marcosur

Movimiento Lesbianas Feministas de Lima

Red Interdistrital de Mujeres de Lima Metropolitana contra la Violencia de Género

CLADEM PERÚ

 

Foto: La experta del Comité CEDAW, Ana Paláez, durante su intervención en la revisión al Perú.

Ante la amenaza permanente a la igualdad y no discriminación contra las mujeres lesbianas, indígenas, afroperuanas y con discapacidad, agravada por la pandemia y las posiciones anti derechos, solicitan al Comité CEDAW que recomiende enfáticamente al Estado peruano a garantizar los derechos humanos de las mujeres en su diversidad

Lima, 14 de febrero de 2022.– Nos encontramos en momentos en que Perú atraviesa una profundización de su crisis política—un congreso que amenaza constantemente el enfoque de género en las políticas y la designación de un gabinete integrado mayoritariamente por misóginos y agresores y que, a pesar de que incluye a una feminista como Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no garantiza avances en los derechos humanos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas y con discapacidad. Frente a ello, nos unimos para solicitar al Comité CEDAW que recomiende enfáticamente al Estado peruano a adoptar políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación y vigile su cumplimiento.

Los días 15 y 16 de febrero el Comité CEDAW examinará el cumplimiento de los deberes del Estado peruano para garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación de las mujeres desde un enfoque interseccional e intercultural, tomando en cuenta, la colonialidad del poder, raza, género y clase. Estas reuniones serán públicas y pueden ser seguidas por medio de este enlace de 9am a 12pm respectivamente.

Previamente a la examinación, el 14 y 15 de febrero, el Comité CEDAW se reunirá con estas delegaciones de mujeres para escuchar sus voces sobre el contexto y la situación real de sus derechos humanos. Para ello, el 14 de febrero a las 9.30 am (hora peruana) el Comité escuchará a las voceras de las organizaciones de mujeres para considerar sus preocupaciones y problemáticas para la formulación de las recomendaciones al Estado peruano. Así empezaremos, en el marco de la sesión 81 del Comité CEDAW, la disputa por nuestros derechos ante un Estado, gobierno y gabinete, Congreso de la República e instituciones públicas como RENIEC y Procuraduría general del Estado que profundiza las desigualdades y brechas de género.

En 2019, CLADEM Perú y más de 40 organizaciones, entre indígenas, LGBITQ+, feministas, de derechos humanos, trabajadoras, enviaron un reporte con propuestas de recomendaciones para que el Comité adopte. En diciembre de 2021, una coalición de organizaciones de lesbianas y aliadas nacionales e internacionales también enviaron un informe sobre los derechos de las lesbianas. Igualmente, colectivos de mujeres con discapacidad y mujeres afroperuanas compartieron con la CEDAW sus reportes. Esta es una oportunidad histórica para el Comité CEDAW pueda dar recomendaciones que nombren específicamente a las lesbianas entre las mujeres históricamente discriminadas y pregunte al Estado cuál es el cumplimiento de las recomendaciones hechas en la examinación pasada a favor de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, con discapacidad, indígenas y afroperuanas.

El Estado ha incumplido varias recomendaciones producto del examen al Estado peruano en el 2014 en materia de reforzamiento del enfoque de género, erradicación de estereotipos, acceso a la educación sin discriminación, legalización del aborto entre otros que afectan gravemente a las mujeres en su diversidad. En particular, hasta la fecha, no se ha implementado la Política Nacional de igualdad de género por falta de presupuesto, el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables (MIMP), INEI y demás instituciones responsables no producen diagnósticos y data sobre denuncias y sanciones específicas, en casos de violencia y discriminación contra las lesbianas, subsumiéndolas en la categoría homosexual y mujer. Tampoco, el Consejo directivo del Poder judicial aprueba el proyecto de directiva que contribuiría al acceso a justicia sin discriminación de las lesbianas.

El Comité CEDAW es un órgano de expertos y expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados Parte de la Convención tienen la obligación de presentar informes periódicos relativos a la aplicación de la Convención en su territorio nacional. Durante sus sesiones, el Comité examina dichos informes y le hace llegar al Estado sus preocupaciones y recomendaciones para la aplicación de la Convención.

Raza e Igualdad y Organizaciones Aliadas entregaron a la JEP el informe “¡Contar para vivir!: Crímenes de persecución por prejuicio cometidos contra personas Afro-LGBT en el conflicto armado colombiano”

Colombia, 29 de diciembre de 2021. El Instituto  Raza e Igualdad, la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Afrocolombiana Arco Iris de Tumaco hicieron entrega presencial el pasado martes 14 de diciembre de 2021 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de su informe “¡Contar para vivir!: Crímenes de persecución por prejuicio cometidos contra personas Afro-LGBT en el conflicto armado colombiano” que recopila las experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano.

Este informe presenta casos graves y representativos de violencias contra personas que se autoidentifican como lesbianas, gais, bisexuales y trans y que se autoreconocen como afrodescendientes, negras, palenqueras y/o raizales víctimas del conflicto armado que ilustran un patrón de criminalidad que configura el crimen de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con la OSIGEG de las víctimas y su pertenencia étnico-racial afrodescendiente perpetrados por las FARC-EP y los paramilitares en el Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano.

Este informe plantea que el patrón de criminalidad, que integra conductas asociadas a violencia sexual, homicidios/feminicidios y amenazas/desplazamientos forzados, se deriva de la “transgresión” que representaban las personas Afro-LGBT a los roles de género asociados a una “feminidad” y una “masculinidad” afrodescendientes hipersexualizadas, la cual fue percibida por los grupos armados como una afrenta a los proyectos territoriales de orden social y moral que buscaban imponer sobre las poblaciones afrodescendientes, fundamentado en prejuicios racistas, misóginos y LGBTIfóbicos que eran compartidos socialmente y permitieron a los grupos armados fortalecer su control territorial y ganar legitimidad social.

Ante la continuidad de un escenario de impunidad y la imposibilidad de las víctimas Afro-LGBT de acceder a la justicia por la poca o nula presencia de instancias de atención y acompañamiento estatal, el miedo a los perpetradores, el miedo a la revictimización, la presencia de prejuicios relacionados con la OSIGEG en funcionarios/as públicos/as, la naturalización y legitimación de las violencias en su contra, la complicidad social frente a las violencias en su contra, y las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran, las organizaciones que conjuntamente trabajaron en este documento, solicitaron a la JEP continuar y redoblar sus esfuerzos por esclarecer los crímenes de persecución por prejuicios relacionados con las OSIGEG de las víctimas desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta también la clase social, la raza, etnia, entre otros factores.

Durante el evento, que contó con la participación de  Sandra “Sami” Arizabaleta, de Somos Identidad, Angie Hinestroza, abogada del equipo de Paz y Conflicto de Caribe Afirmativo, Johanna Calderón de Caribe Afirmativo y Laura Poveda, Consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, en entrega presencial, las organizaciones y las víctimas entregaron su informe en el que reconocieron la importancia de alzar su voz y reiteraron su compromiso con la paz de Colombia y la labor de la JEP.

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Día Internacional de la Memorias Trans: Llamado urgente a combatir la transfobia en Latinoamérica

Washington D.C., 20 de noviembre de 2021.– Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional hacia las escalofriantes cifras de asesinatos de personas trans en las Américas, una realidad que—una vez más—coloca a la región en las listas más desafortunadas sobre homicidios a nivel mundial. Al mismo tiempo, Raza e Igualdad quiere exhortar a los Gobiernos para que la situación de violencia y discriminación en contra de las personas género-diversas sea puesta entre sus prioridades y adopten acciones urgentes y efectivas para combatir la transfobia.

El pasado 11 de noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), de TGEU, publicó un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), el cual es dado a conocer cada año en vísperas del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 hubo 375 asesinatos de personas trans en todo el mundo, de los cuales 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. A nivel global, el total representa un incremento del 7% respecto al informe anterior (Octubre 2019 – Septiembre 2020).

Tragedia transfóbica

En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país donde se registran más asesinatos de personas trans, seguido por México (65), Honduras (53) y Colombia (25)*. Respecto a las cifras mundiales, el informe del TMM destaca que el 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o personas trans femeninas, y que el 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Este es un patrón muy fácil de corroborar en la región a través de las denuncias que hacen organizaciones LGBTI+.

“Los datos indican una tendencia preocupante en lo referente a las intersecciones entre misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales”, alerta el TMM, que además advierte que estos números son sólo una pequeña muestra de la realidad, puesto que muchos asesinatos siguen sin reportarse, o son erróneamente identificados.

Vidas arrebatadas

Brasil, que tiene el 41% de los asesinatos de personas trans en el mundo, conmemora junto al Día Internacional de la Memoria Trans el Día Nacional de la Conciencia Negra. Por tanto, el 20 de noviembre representa entre las organizaciones de derechos humanos en el país, especialmente las que trabajan en la defensa de la población trans y de la población negra, una fecha para homenajear y visibilizar a ambas poblaciones, que coinciden en la intersección de sus vulnerabilidades en medio de una sociedad transfóbica y racista.

El país inició el 2021 con el brutal asesinato de una adolescente trans. La madrugada del 4 de enero, Keron Ravach fue asesinada a cuchilladas y golpes por un joven de 17 años que fue identificado como el autor del crimen de odio y fue detenido. La joven, que atravesaba un proceso de transición de género, fue definida por sus amigos como una persona tímida, pero que al mismo tiempo soñaba con ser una influencer digital. De acuerdo con el informe del TMM, la edad promedio de las personas trans asesinadas en el último año es de 30 años, siendo Keron la más joven de todas las víctimas, con solo 13 años.

Indolencia e impunidad

En la mayoría de los casos de personas trans asesinadas existen antecedentes de violencia y amenazas, pero estos son ignorados por las autoridades o no son atendidos oportunamente; por tanto, cuando ocurre el asesinato, no se cuenta con insumos suficientes para identificar a la persona o personas responsables. Esta es una denuncia que frecuentemente realizan organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBTI+ y que se vio manifestada en el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri el pasado 21 de septiembre, en el Callao, Perú.

Gina, de 28 años, recibió varias puñaladas en una habitación que rentaba en un hotel de la ciudad, y aunque fue trasladada a un hospital, falleció 18 horas después. El sospechoso es un hombre que solicitaba regularmente servicios de trabajadoras sexuales trans y las contactaba a través de sus redes sociales haciendo uso de distintos nombres. Según sus compañeras, no era la primera vez que el hombre contactaba a Gina. Además, la Agencia Presentes—que se encarga de visibilizar la situación de la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe—recogió declaraciones de compañeras de Gina, en las que señalaron que en varias ocasiones se han acercado a la Policía Nacional del Perú para denunciar actos de violencia en contra de ellas, pero siempre las ignoran.

A la indolencia de las autoridades, se suma el hecho que Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que las personas trans no pueden realizar gestiones con su nombre identitario, y esto las expone a discriminación y burlas en varios sectores de la sociedad. “Nosotras denunciamos ante las autoridades y policías pero no nos hacen caso, y eso es lo que más frustración y cólera nos da. Nosotras tenemos familia, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Cada vez que hacemos una denuncia, al darnos la media vuelta, lo archivan. Lo peor es que se ríen y nos botan”, dijo en esa ocasión una compañera de Gina.

Morir en la invisibilidad

Aunque los asesinatos de personas trans son invisibilizados en general, al abordar esta problemática se suele hacer referencia solamente en mujeres trans, debido a que las estadísticas muestran que son las principales víctimas, lo cual, sin duda, es una realidad. Sin embargo, los hombres trans también están en el foco de la violencia y discriminación por transfobia y, al igual que en el caso de las mujeres trans, esta se puede tornar mortal para ellos. Un ejemplo de ello es el caso de Samuel Edmund Damian Valentin, un joven transgénero que fue asesinado a tiros el 9 de enero en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Samuel Edmund era estudiante en el Atlantic University College, en Guaynabo, y el primero de enero había escrito en su página de Facebook: “un nuevo año por venir, agradecido por todas las experiencias que [me enseñaron] lo fuertes que somos realmente, a la vida, al bien y al mal y por toda la justicia que está por venir”.

“Sobre los hombres trans y la invisibilización en la esfera pública, la verdad es que es la violencia que más sufrimos. La vida cotidiana está pensada para los hombres cis género; no se nos puede garantizar temas de salud pública de manera digna y eficiente para nosotros. Es importante que nombren nuestras identidades, que hombres trans o personas transmasculinas se embarazan. Lo que no se nombra no existe. Si existimos en los espacios, existamos en la palabra”, refiere al respecto Danilo Donato, activista transmasculino e integrante de la Fundación GAAT, de Colombia. Según el registro de esta organización sobre muerte de personas trans, en lo que va de este 2021 en el país han sido asesinadas 32 hasta la fecha, mientras que 8 han fallecido por complicaciones derivadas por cirugías e intervenciones artesanales y de barreras de acceso a derechos.

Odio en su máxima expresión

Kendra Contreras, conocida como “Lala”, era una mujer transgénero de 22 años que habitaba en la localidad de Somotillo, en el occidente de Nicaragua. Quienes conocían a Lala aseguran que era una joven soñadora, esforzada, con anhelos de superación y que deseaba que su identidad de género fuera respetada. Lamentablemente, el 3 de marzo de 2021, dos hombres acabaron con su vida de una forma atroz: la amarraron a un caballo dejando que la arrastrara en dos ocasiones por al menos 400 metros y luego la lapidaron. Esta es la máxima expresión del odio hacia las mujeres, cuerpos e identidades diversas en una sociedad altamente machista, como es la nicaragüense.

Desafortunadamente, esa no fue la única vez que mataron a Lala, pues lo hacen cada vez que irrespetan su identidad de género y la llaman por su “nombre de pila”, cuando se refieren a ella como “hombre” en reportes de espacios informativos. Muchos medios de comunicación siguen haciendo un mal abordaje de estos casos al centrarse en información y prejuicios que generan morbo y revictimizan a las víctimas de transfobia y violencia de género.

Llamado urgente

Como cada año, Raza e Igualdad aprovecha esta fecha para recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos que muchas veces se cuelan en medios de comunicación y que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusiónde las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Recolectar datos sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género específica e identidad étnico-racial.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI y trans.

*En el caso de Colombia, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) registra 32 asesinatos de personas trans en lo que va de 2021.

RAZA E IGUALDAD Y LA FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA ARCO IRIS CONVOCAN A UN DIÁLOGO INSTITUCIONAL SOBRE LOS DESAFÍOS PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS AFRO-LGBT DEL CONFLICTO ARMADO EN TUMACO, NARIÑO

La Fundación Afrocolombiana Arco Iris y diferentes instituciones estatales del municipio de Tumaco, Nariño, tuvieron un encuentro virtual el 01 de septiembre de 2021 cuyo objetivo fue un diálogo sobre la implementación y el fortalecimiento de las políticas de atención y reparación a las víctimas, a fin de que se integre un enfoque interseccional que permita la concepción de medidas integrales para las personas afrodescendientes que además se reconocen como gais, lesbianas, bisexuales o trans.

Este diálogo se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que estas violencias tienen en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas.

A través de la presentación de un contexto actual de la situación de derechos humanos de las personas Afro-LGBT en el municipio de Tumaco y sus alrededores, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género (OSIG) se entrecruzaron en el desarrollo del conflicto armado.

Posterior a ello, la Fundación Afrocolombiana Arco Iris, presentó ante las entidades los principales hallazgos y recomendaciones del informe  “Nos decían: Tras de negras, maricas” Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur colombiano”, presentado en marzo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) y que integra un análisis específico sobre la situación de derechos humanos de las víctimas Afro-LGBT en Tumaco.

Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Desde las instituciones locales, José Estancio, referente de diversidad sexual de la Alcaldía de Tumaco, señaló los esfuerzos de la administración municipal por implementar acciones encaminadas al reconocimiento de las personas Afro-LGBT. Para el 2021, se está trabajando en la realización de un diagnóstico LGBT en el municipio, iniciativa a la que invitó a la sociedad civil para articular esfuerzos en pro del reconocimiento de los derechos de esta población.

Por su parte, el patrullero Salazar, referente de derechos humanos de la Policía en Tumaco, destacó que esta institución viene formándose en temas de género y resaltó la

importancia del informe presentado para contextualizar a esta institución frente a las problemáticas de discriminación y violencia que las personas Afro-LGBT viven a diario.

Otras entidades, como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de la Mujer de Tumaco, señalaron que adelantan acciones tendientes a garantizar los derechos de las víctimas de manera diferencial, resaltando la inclusión de un enfoque de diversidad sexual en sus políticas.

“La construcción de estrategias de incidencia local y el trabajo articulado con las instancias locales resulta imprescindible para garantizar y fortalecer el reconocimiento de las personas Afro-LGBTI, en especial en los territorios más golpeados por el conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

Para cerrar el evento, la Fundación Afrocolombiana Arco Iris subrayó la necesidad de que cualquier plan para promover el acceso a derechos de las personas LGBT requiere necesariamente contemplar el factor de pertenencia étnica, en especial en territorios racializados como lo es el municipio de Tumaco. De igual manera, resaltó la importancia de que la Alcaldía de Tumaco reactivara la Mesa de Trabajo para asuntos LGBT y fortaleciera las acciones para la prevención y atención de casos de violencia a razón de la OSIG de las víctimas, así como para la implementación de rutas diferenciales de salud y de que la Gobernación implementara la Política Pública para la Diversidad Sexual y de Género del Departamento de Nariño.

LA IMPORTANCIA DE DAR VISIBILIDAD A LAS VÍCTIMAS AFRO-LGBT DEL CONFLICTO ARMADO EN EL SUR DE BOLÍVAR

Colombia, 21 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por Caribe Afirmativo, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en el Sur de Bolívar y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

 

Las personas Afro-LGBT en el Sur de Bolívar han sido una de las más afectadas por la violencia armada que se inscribió en los territorios y los cuerpos que lo habitan, en razón de la intersección de vulnerabilidades en lo étnico-racial, las orientaciones sexuales y las identidades y expresiones de género diversas de estas personas.

La violencia estatal y de grupos armados hacia esta población es histórica y se ha sabido mantener en el tiempo, conservando aún sus raíces en nuestros días a través de expresiones de prejuicio, discriminación y exclusión a costa de un Estado que muestra su presencia diferenciada en los territorios mayoritariamente habitados por personas afro.

El rezago del Estado y la competencia por los recursos naturales por parte de los diferentes actores armados que se disputan el poder en estas zonas a través de las armas ha dejado en un segundo plano la vida. Esto demuestra que los intereses económicos que carcomen las raíces de las plantas y contaminan los ríos importan más que preservar la diversidad. Su objetivo no es solamente acabar con lo que crece de la tierra, sino también con lo que transita sobre ella. Por tal razón, el conflicto armado fue el escenario que utilizaron estos actores como el ELN, FARC-EP, AUC y el Ejército para disparar contra aquellos que escapaban de sus proyectos de nación en el Sur de Bolívar. Su odio por la diferencia no sólo empobreció y marginalizó a las personas Afro-LGBT, sino que también los llevó a aniquilar la diferencia en esta subregión en un marco temporal que va desde 1998 hasta el año 2014.

A lo largo del tiempo, la condición interseccional de estas personas fue un factor de doble victimización para la memoria y el registro de sus muertes, pues el racismo estructural en el que se cimenta el proyecto de nación de Colombia se encargó de marginalizar sus muertes a las cifras y al olvido encarnado en la impunidad que caracteriza los procesos judiciales de nuestro país. Las condiciones de vulnerabilidad, violencia y abandono estatal de estas regiones han llevado a que su población constantemente se enfrente a las limitaciones de sus derechos individuales y colectivos, a su vez, tienen que enfrentar la ausencia de vías de comunicación con el resto del país.

Estas particularidades dejaron a estos territorios a merced del olvido de una sociedad que no tenía forma de ver ni saber lo que ahí pasaba. Ni los medios de comunicación, ni la academia se adentraban al espesor de la selva para ver entre las ramas cómo transcurría la cotidianidad de estas personas, y así, entre el silencio ruidoso de las armas las vidas desaparecían entre la maleza.

De tal modo, es imperante que a estos territorios les pueda llegar una luz de verdad entre tanto olvido para darle visibilidad a una realidad que por años nos fue ajena y que afectó a muchas personas que por razones de su etnia u orientación sexual fueron despojadas de todo lo que tenían, su vida. Parafraseando a José Saramago, tenemos la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Por tal razón, es importante que estos territorios sean parte del trabajo del SIVJRNR para que se mitiguen los factores de riesgo que históricamente han sufrido las personas y los procesos organizativos que ahí se desarrollan, y sus voces sean amplificadas y escuchadas por todo un país.

La violencia armada que golpeo el sur del departamento debe ser una invitación para que el Estado genere las garantías de vida, salud, dignidad y derechos humanos en la población, especialmente, en las personas Afro-LGBT que día a día se enfrentan a la violencia de una sociedad que los sigue condenando a la desigualdad y pobreza.

‘Nos decían: “tras de negras, maricas”’ es un informe que examina los contextos y las vivencias de estas víctimas, dando cuenta de las acciones sistemáticas que perpetraron los grupos armados legales e ilegales contra las personas Afro-LGBT en los territorios anteriormente mencionados. De ese modo, el informe reconoce que estas personas fueron violentadas por ser afros, negras, palanqueras, raizales y disidentes del sistema sexo/género hegemónico, y las violencias fueron motivadas por prejuicios estructurales que facilitaron que los grupos armados ejercieran formas diferenciadas de la violencia para eliminar sus cuerpos del territorio.

Es vital para la memoria histórica de este país que se repliquen más informes como este que le apuestan a la construcción de paz desde un enfoque interseccional en función de reconocer que el conflicto afectó de forma diferenciada a las personas Afro-LGBT, para así materializar realmente una paz estable y duradera donde todos los cuerpos y cuerpas históricamente marginalizados quepan.

Por último, invitamos a los gobiernos locales del Sur de Bolívar a velar por la seguridad de las personas Afro-LGBT en los territorios, para que a través de ejercicios de participación ciudadana se piense con las organizaciones de base múltiples formas de abordar la autoprotección y la seguridad como elementos fundamentales para salvaguardar la vida y los derechos de todas las personas Afro-LGBT en los territorios donde están más expuestas a episodios de violencia.

A su vez, la lejanía de esta subregión con el resto del departamento ha facilitado la instalación de un orden moral y social por parte de los actores armados ilegales presentes en el territorio, por lo que impelimos al gobierno nacional a hacer presencia en estos municipios a través de programas sociales que asistan con capital semilla a proyectos productivos de la población, además, acompañen los procesos organizativos a través de la articulación intersectorial con empresas, organizaciones y entidades del Estado con el fin de dar visibilidad a las acciones que las personas Afro-LGBT y la ciudadanía en general desarrollan en sus territorios.

Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género visita Honduras, El Salvador y Guatemala en misión de escucha coordinada por Raza e Igualdad

Washington D.C., 19 de octubre de 2021.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en conjunto con las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala, Honduras y Panamá, organizó una visita promocional del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal- Borloz, a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las visitas tuvieron lugar entre el 11 y 16 de octubre y en ellas el Experto Independiente (EI) tuvo la oportunidad de reunirse con activistas y grupos LGBTI+ de cada país. En cada Visita de Escucha—como las denominó el EI—este escuchó y dialogó con representantes e integrantes de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las personas LGBTI+ en esos países centroamericanos, lo que contribuyó a fortalecer el vínculo de la sociedad civil con su Mandato.

Las reuniones se llevaron a cabo en Tegucigalpa (Honduras), San Salvador (El Salvador) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). En todos los encuentros asistieron alrededor de 35 organizaciones y participaron más de 100 activistas de la comunidad LGBTI+, incluyendo a las personas que asistieron a un evento público en la capital hondureña, en la que el EI presentó su último informe sobre identidad de género, titulado en inglés The Law of Inclusion & Practices of Exclusion.

En Honduras, Madrigal-Borloz escuchó a organizaciones que mostraron su preocupación por la criminalización de personas LGBTI+, particularmente en el contexto electoral que vive el país ante las elecciones generales programas para el próximo 28 de noviembre. Señalaron que tanto los candidatos como el mismo presidente Juan Orlando Hernández han difundido discursos de odio y ello ha contribuido a un aumento de la violencia contra personas LGBTI+. Ello se ve agravado, dijeron, por las múltiples barraras que enfrenta esta comunidad para acceder a la justicia, comenzando por la discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

La sociedad civil hondureñas también expuso los diversos esfuerzos que se han realizado para introducir a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Identidad de Género, sin que hasta la fecha hayan alcanzado que el Parlamento lo reciba y lo discuta. En ese sentido, se refirieron a la falta de garantías para que las personas trans accedan al trabajo, a la educación y a la salud, y en casos en que sí han accedido a estos espacios, han sido víctimas de expulsión y malos tratos, especialmente en el área de salud donde el personal no está capacitado y, por tanto, incurre en estereotipos y prácticas discriminatorias.

Similar situación enfrenta la población LGBTI+ en El Salvador, donde en mayo—luego de que se instalara una nueva Asamblea Nacional con una rotunda mayoría del partido del presidente Nayib Bukele—este Poder del Estado archivara un proyecto de Ley de Identidad de Género que había sido presentado en marzo de 2018. Aunque las organizaciones señalaron que se ha registrado una disminución en las cifras oficiales sobre homicidios, mostraron su preocupación por el aumento en la cifra de personas desaparecidas. Asimismo, organizaciones de mujeres lesbianas resaltaron que entre esta comunidad prevalece el temor de identificarse como mujer lesbiana por la discriminación y violencia a la que se enfrentan.

Las organizaciones también plantearon la persecución contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, y la falta de atención y protección del Estado ante los crímenes de odio que sufren las personas LGBTI+ en El Salvador. Ello, dijeron, está incidiendo en el desplazamiento interno y la migración de esta población, para la cual se encuentran cada vez más cerrados los espacios de participación y de denuncia. El Experto Independiente tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones académicas e instituciones que se dedican a recopilar datos al respecto y a brindar asistencias jurídica y humanitaria. En ese sentido, se destacó la importancia de llevar a cabo estas labores desde una perspectiva diferencial e interseccional.

En Guatemala, las organizaciones expusieron su preocupación por la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, debido a que implica limitaciones y amenazas para las organizaciones que promueven y defienden derechos humanos, y por la iniciativa de Ley 5940 o Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, porque propone quitar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de les niñes y adolescentes trans. Esta iniciativa de ley se suma a la propuesta de Ley 5272 o Ley de protección a la vida y la familia, la cual también es de mucha preocupación para la sociedad civil porque criminalizar el aborto y recurre a ideas retrógradas y estigmatizantes para sostener el concepto de familia cis-heteronormativa.

Las, los y les activistas también pudieron compartir información sobre la discriminación en el ámbito del empleo y la educación. Resaltaron que las personas trans son expulsadas de los colegios por hacer visible su identidad de género y se enfrentan constantemente al bullying. Además, gran parte de la población de transmasculinidades no puede acceder a un empleo por su expresión de género.

Asimismo, se refirieron a que hay una invisibilización de mujeres lesbianas y bisexuales, lo cual se traduce a que los crímenes contra esta población no estén reflejados en las estadísticas oficiales o sean categorizados como crímenes contra mujeres heterosexuales. También indicaron que este grupo enfrenta muchas barreras para acceder a la salud porque muchas no se sienten cómodas yendo a un ginecólogo y exponiendo su vida sexual.

Raza e Igualdad acompañó cada uno de estos encuentros y continuará apoyando el trabajo del Experto Independiente. Además, se compromete a seguir trabajando con la sociedad civil en estos países para visibilizar sus luchas. Agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) y todas las personas que hicieron posible esta visita.

La importancia de dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca

Colombia, 15 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en Cali, Valle del Cauca y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

Las vidas y realidades de las personas Afro-LGBT, son valiosas e importantes, pero históricamente han sido invisibilizadas o silenciadas, obedeciendo a prácticas sociales racistas y homo/les/bi/transfóbicas, denunciadas muchas veces en múltiples escenarios.

Es por ello que llena de gratificación la realización, publicación y socialización del informe “Nos decían: tras de negras, maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano” pues permiten que sean escuchadas las voces que se han querido suprimir. Aquí encontramos retratados los dolores, luchas y angustias de personas Afro-LGBT víctimas del conflicto armado y quienes de manera reiterativa han dicho que es necesario escucharlas teniendo en cuenta la interseccional que atraviesa esas vidas.

Para la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD, esta es una labor necesaria, y la importancia del mismo radica en el reconocer no solo enfoques diferenciales, que sirven, claro que sí, pero que son insuficientes a la hora del reconocimiento pleno de la otredad.

Santiago de Cali, distrito capital del departamento del Valle del Cauca, es una ciudad con altísima presencia de población que se autoreconoce como afro, además es centro de acogida de la población desplazada desde el Pacifico Sur, gracias a su cercanía, promesa de desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida para la gente afro.

En Cali, existen algunas organizaciones afro que visibilizan realidades de población afro víctima, pero desde la mirada heteronormativa, dejando de lado a veces las violencias sexuales. Este es otro de los logros de este informe, denuncia las violencias sexuales que sufrieron también personas Afro-LGBT, y que se configuran como acciones reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Como parte del ejercicio de socialización, se recomendó a la institucionalidad en Cali plantear las estrategias de intervención en territorio teniendo en cuenta la interseccionalidad que atraviesa los cuerpos negros diversos. También visibilizar las voces de las victimas Afro-LGBT en los espacios creados, como por ejemplo la Casa de las Memorias, el Conflicto y la Reconciliación.

Implementar las políticas públicas ya promulgadas, CaliAfro y CaliDiversidad, fue otra de las recomendaciones para la institucionalidad. A la Academia, y a los liderazgos sociales, así como a organizaciones y expresiones organizativas se les recomendó también tener en cuenta la interseccionalidad como categoría de análisis, y a la hora de desarrollar trabajo comunitario.

La recomendación más importante y reiterativa fue la importancia de la búsqueda constante de la verdad para caminar hacia la reconciliación, pensado en la no repetición de los actos de violencia y las vulneraciones de derechos.

La institucionalidad, la academia, los liderazgos, organizaciones y expresiones organizativas de la ciudad recibieron de forma positiva la socialización del informe realizado y recomendaciones dadas.

Somos Identidad, agradece el importante papel jugado desde Raza e Igualdad como apoyo técnico, y a las organizaciones Fundación Caribe Afirmativo y Fundación Afrodescendiente Arco Iris.

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