Violencia política en Brasil: ¿cuánto vale la vida de las concelajas negras y transgénero?

Violencia política en Brasil: ¿cuánto vale la vida de las concelajas negras y transgénero?

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los mecanismos de protección de los derechos humanos internacionales, ante el aumento de la violencia política y electoral que está afectando la seguridad de las conselajas trans y negras en Brasil, ya sea en su vida diaria o en el ejercicio de sus funciones. El inminente riesgo de muerte por violencia política llevó a la concejala trans negra, Benny Briolli (PSOL/RJ), a abandonar el país este mes de mayo. La gravedad de las amenazas y ataques dirigidos a Benny hizo que su partido político buscara refugio en otro país por su seguridad.

La fragilidad actual de la democracia brasileña cuestiona a los políticos que defienden pautas para la garantía de los derechos humanos, siendo la violencia política el motor del discurso de odio y la difusión de noticias falsas. Notamos con gran preocupación que el Estado brasileño omite las denuncias y, cuando se ve obligado a responder ante la presión de la prensa o audiencias públicas, utiliza estadísticas dudosas, así como el nombramiento de mujeres, personas afros y LGBTI+ para aparentar la inclusión de la diversidad en su gobierno. Sin embargo, la falta de medidas de protección para estos grupos, en sí misma, demuestra que, para quienes están en el poder, no es relevante cesar la estructura que alimenta la violencia política.

Después del período dictatorial – que significó una violencia política extrema – el juego de poder que atraviesa el escenario político democrático brasileño continuó marcado por amenazas y ataques, culminando con el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Sin embargo, es importante señalar que la violencia política también fue estratégica para la elección del presidente Jair Bolsonaro, quien luego de supuestamente recibir una puñalada, logró movilizar a todo el país ante tal hecho. Por lo tanto, la violencia política es la nota clave necesaria de un gobierno negacionista para establecer una cultura de miedo y represión.

La política de miedo e inseguridad solo es efectiva cuando los representantes de la población más vulnerable no pueden ejercer sus mandatos porque cuestionan el status quo, ya sea por sus plataformas políticas, o por sus cuerpos negros que realizan el género femenino. Así, para un gobierno que se consolidó en las urnas por un hecho de violencia política, este efecto dominó que llevó a la concejala Benny Briolli a salir del país es la punta del iceberg de los ataques virtuales, la violencia de género y el silenciamiento de una nación.

En la era bolsonarista, las elecciones de 2020 se desarrollaron en medio de tensiones y amenazas políticas y electorales. Si bien en 2020 el movimiento negro logró pasar el criterio racial [1] para la división del tiempo y la propaganda política en radio y televisión, el discurso de odio en las redes sociales cobró fuerza y, según una investigación realizada por las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global [2], Brasil registró un acto de violencia política cada 72 horas en las últimas elecciones. La polarización del escenario político ha naturalizado la violencia como un ‘arma’ coercitiva para grupos antagónicos y subrepresentados.

El informe “Violencia política y electoral en Brasil: panorama de las violaciones de derechos humanos de 2016 a 2020”realizado por las instituciones mencionadas anteriormente, presenta datos impactantes, como un promedio de 27 casos de ataques a la vida de electos o candidatos por año. Concejales y alcaldes se encuentran entre los cargos políticos con más casos registrados y, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, el informe confirma que proporcionalmente las mujeres sufren más violencia. El Mapeo de la violencia política contra las mujeres negras [3] realizado por el Instituto Marielle Franco en alianza con Justiça Global y Terra de Direitos, trae el foco de la violencia política de género. Según el informe, aproximadamente ocho de cada diez mujeres negras en las elecciones de 2020 experimentaron violencia virtual, seis de cada diez experimentaron violencia moral y psicológica y cinco de cada diez experimentaron violencia institucional.

Según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) [4] con candidatas y candidatos transexuales en todo Brasil en las elecciones de 2020, alrededor del 50%  fueron víctimas directas de amenazas, incluidas amenazas de muerte, invasiones de su entorno privado, laboral y político. Además, el 38% enfrentó ataques virtuales y el 12% violencia física directa. Según la investigación, el entorno virtual estuvo marcado por “insultos transfóbicos, intimidación inferiorizadora de la condición trans como incapacitante para cargos políticos, racismo transfóbico, deslegitimación de la identidad de género de las víctimas, comentarios maliciosos sobre la transición y atributos físicos (…), difusión de fakenews degradantes de los candidatos e invasiones coordinadas de las actividades de la campaña virtual para obstaculizar su avance, creando un entorno inseguro y, en algunos casos, interrupción por problemas de seguridad virtual”.

Para contribuir a la difusión de las denuncias que están ocurriendo en Brasil en este momento, hablamos con Gisele Barbieri, Coordinadora de Incidencia Política de Terra de Direitos, y también una de las responsables de coordinar la investigación mencionada.

R&I- En el informe elaborado por Terra de Direitos, el cuadro de violencia política y electoral ya presentaba datos que apuntan a un crecimiento de 2016 a 2020. Los datos se vuelven más atemorizantes tras la elección del gobierno de Bolsonaro, a partir de 2018. En las elecciones del año pasado, vimos un aumento expansivo de los llamados delitos de odio, con amenazas y ataques en las redes, especialmente contra mujeres trans y negras. Ante la negativa del gobierno a ver y combatir estos crímenes, ¿cree que es posible vislumbrar el fin de la violencia política y electoral contra las mujeres en Brasil? ¿De qué forma?

Gisele Barbieri – La violencia política, como demostramos en la encuesta realizada por Terra de Direitos y Justiça Global en 2020, lleva muchos mensajes desde y hacia la sociedad. Contra las mujeres, este fenómeno expone el racismo, el machismo, la misoginia y otras violencias. Por tanto, vislumbrar el fin de esta violencia solo será posible cuando nos demos cuenta de que combatirla es fundamental para la consolidación de la democracia. Además, se trata de una grave violación de los derechos humanos, ya que estas mujeres que ya actúan en la defensa de los derechos humanos, cuando asumen sus mandatos, son blanco de violencia constante, con el objetivo de prevenir el debate y la defensa de estos derechos. Y la responsabilidad de combatir esta violencia no es solo del gobierno, sino de la sociedad en general. La investigación señala que esta violencia ocurre de manera sistemática y no solo en los períodos electorales, con todos los partidos políticos en todo Brasil, además de mostrar que con las mujeres esta violencia se utiliza como una forma de deslegitimarlas como agentes políticas. Con estos análisis, evaluamos que el fin de la violencia política solo ocurrirá cuando este fenómeno sea monitoreado, estudiado, combatido y sancionado, a través de acciones coordinadas entre diferentes sectores del Estado, como se señala en las recomendaciones de la investigación de Terra de Direitos y Justiça Global.

R&I – Las mujeres negras y trans están luchando por una mayor representación política y, en las últimas elecciones, tuvimos un récord de mujeres trans y negras elegidas para los ayuntamientos. Incluso con el apoyo de la sociedad, el ejercicio de los mandatos ha sido una ardua tarea. Según el informe de Terra de Direitos y Justiça Global, las mujeres representan el 31% de las víctimas de amenazas. ¿Podrías comentar el cuadro que cruza la violencia de género en la especificidad de la violencia política contra las mujeres negras y trans? ¿En qué se diferencia de la violencia política dirigida a otros grupos?

 GB – La investigación realizada por el Instituto Marielle Franco con el apoyo de Terra de Direitos y Justiça Global trajo elementos de cómo el racismo, que es estructural y estructurante en nuestra sociedad, también se plantea como vector de violencia contra las mujeres negras y trans agentes políticas. Este fenómeno para estas mujeres está presente antes, durante y después de la elección de estas candidatas. El mensaje para las mujeres negras y transexuales llega en forma de insultos y amenazas constantes, apuntando a la eliminación y deshumanización de estas mujeres a través de ataques que van desde la animalización de estas mujeres, comparadas con animales, insultos en su cabello y su apariencia hasta amenazas explícitas de muerte. El racismo es el hilo conductor de la violencia y el odio racial sistémicos que en cualquier momento puede acabar con la vida de estas mujeres. Todo ello con un discurso que justifica los ataques por la “hazaña histórica” lograda por estas mujeres y por verse representadas en el sistema político, a pesar de que son casi el 30% de la población brasileña.

R&I – En Brasil, tenemos el caso reciente de Carolina Iara, quien sufrió un ataque físico, e incluso entonces, le fue negado la protección de la Cámara porque es co-consejala y tuvo que contratar seguridad privada. La desprotección de Marielle Franco es también uno de los puntos que descuidaron el caso de la concejala. Además, la ineficiencia del Estado con el Programa de Defensores de Derechos Humanos no los protege. Incluso denunciando, no hay respuesta del Estado. Después de todo, ¿cómo ve que podemos protegerlos? [5]

 GB – El hecho de que esta violencia no sea monitoreada y acompañada por el Estado crea un vacío institucional en este tema. Es urgente desarrollar un plan integral de acomodación de denuncias y víctimas, en una política de protección específica para este tipo de violencia. El programa nacional de defensores y defensoras de derechos humanos es incapaz de responder a este fenómeno porque, aunque está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos, no cuenta con mecanismos para abordar este tipo específico de violencia. Un ejemplo es la acción de sacar a la víctima de su lugar de trabajo como forma de protegerla de amenazas. En casos de violencia política, sacar a los candidatos del lugar de ejercicio de su mandato es cumplir con la voluntad de los delincuentes que, con estos ataques, precisamente quieren impedirles el libre ejercicio de sus derechos políticos. Violencia que interfiere directamente en el proceso democrático y constituye una gravísima violación de los derechos humanos.

En vista de nuestro trabajo de incidencia en América Latina, Raza e Igualdad señala que la violencia política actual es uno de los principales factores de las violaciones de derechos humanos en la región. Brasil, siendo un país clave en términos políticos, debe tomar posición y presentar estrategias efectivas para respetar la vida de sus parlamentarios y combatir la violencia política. Por ello, presentamos las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Garantía de seguridad para parlamentarios cis y trans negros con la implementación de políticas para combatir la violencia política de género, empoderando instituiciones de la seguridad pública, Judicil y Legislativo para promover acciones a nivel nacional para combatir dicha violencia;

2 – Creación de legislación específica dirigida a prevenir, frenar y sancionar los delitos cibernéticos y la consecuente difusión de noticias falsas que ha sido uno de los pilares de los ataques de violencia política;

3 – Ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia con miras a sancionar y restringir el racismo y los derechos estructurales e institucionales LGBTI+;

4 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en la legislación brasileña para la formulación de políticas públicas antirracistas.

 

 

 

[1] https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/03/stf-divisao-verba-candidaturas-negras.htm

[2] http://terradedireitos.org.br/violencia-politica-e-eleitoral-no-brasil/

[3] https://www.violenciapolitica.org/

[4] https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf

[5] La entrevista ocurrió antes del reciente caso de la concejala Benny Briolli

Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia: la lucha por la igualdad y la no discriminación en medio de la COVID-19

Washington D.C., 17 de mayo de 2021.– La situación de discriminación y violencia que enfrentan las personas con orientación sexual e identidad de género diversas se vio agravada en el último año en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por eso, en este Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une al lema definido a nivel mundial para conmemorar esta fecha, que es “Juntes resistiendo, apoyando y sanando”, a la vez que reconoce la lucha que mantienen activistas y colectivos LGBTI+ de América Latina y el Caribe para el respeto y reconocimiento de sus derechos.

El Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia nació en el año 2004 con el objetivo de llamar la atención sobre la discriminación y la violencia que sufren las personas LGBTI+. Se escogió el 17 de mayo como una forma de conmemorar la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990, de descalificar la homosexualidad como un trastorno mental. Desde entonces, la comunidad LGBTI+ a nivel global ha experimentado avances en el respeto y reconocimiento de sus derechos; sin embargo, aún hay muchos retos para que esta población goce de todos sus derechos y deje de ser víctima de agresiones, exclusión y estigmatización, sobre todo en una región como Latinoamérica.

Reinvención ante la pandemia

Este día, Raza e Igualdad quiere extender un reconocimiento a todas las personas que a nivel individual o colectivo trabajan para eliminar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. Ese es el caso de Bruno Montenegro, un joven trans defensor de derechos humanos y miembro de Fraternidad Trans Masculina (FTM), de Perú, quien a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, se ha mantenido firme y comprometido en las acciones de apoyo para los hombres trans en su país.

Hasta 2019, todas esas acciones eran presenciales y consistían principalmente en talleres de autorreconocimiento, de autoestima e informativos sobre la terapia de reemplazo hormonal, pero con la emergencia sanitaria se vieron obligados a suspender todas esas actividades y, además, muchos perdieron sus empleos y se vieron obligados a regresar a la casa de sus familias, donde volvieron a enfrentar discriminación y violencia.

“No queríamos perder ese espacio, así que abrimos un espacio virtual que llamamos ´Los viernes chill; nos juntamos cada viernes y hablamos de lo que sentimos, de los procesos que estamos atravesando”, señala Montenegro, quien asegura que uno de los impactos de la pandemia en la población transmasculina es que se han visto imposibilitados de continuar con la terapia de reemplazo hormonal, lo cual implica que vuelvan a menstruar y eso les causa mucho malestar físico y emocional.

Para Montenegro, la resiliencia es una característica muy común entre las personas trans, por lo que la exalta como un arma poderosa para combatir y resistir ante la LGBTIfobia.

“La vida es un carnaval”

Si de resiliencia se trata, la activista trans y exprisionera política nicaragüense Celia Cruz es un ejemplo de ello. A 22 días de haber sido excarcelada, Celia muestra una actitud inquebrantable y llama a ver la vida como un carnaval. “Todos deberíamos decir que la vida es un carnaval, está llena de colores, alegría, carencias y diferentes ritmos y tenemos que aprender a adaptarnos al ritmo”, asegura.

Cruz estuvo en una cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 hasta el 25 de abril de 2021. Inició su activismo interpretando a la cantante Celia Cruz en eventos y participando en procesos de formación. Desde el estallido social de abril 2018, se involucró en las protestas ciudadanas y se convirtió en “la voz cantante” en manifestaciones en su natal Isla de Ometepe, departamento de Rivas, y en la capital Managua, además que participó en tranques y en la entrega de víveres a protestantes. Todo lo anterior fue utilizado por las autoridades nicaragüenses para arrestarla y condenarla a 13 años y 2 meses de prisión.

A pesar de haber sido excarcelada, Cruz es víctima de constante asedio policial e intimidación, razón por la cual no ha podido volver a organizar eventos y ha optado por usar las redes sociales para continuar combatiendo la transfobia. Asegura que hay que seguir trabajando por una Nicaragua más abierta y más inclusiva en todos los sectores porque “siempre hay discriminación por razones de género, religión, orientación sexual”.

Inclusión, empatía y formación

La mayoría de países de América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que protejan y promuevan los derechos de la población LGBTI+ desde una mirada amplia sobre la orientación sexual y la identidad de género como factores que caracterizan de una forma particular la experiencia de vida de las personas. Un total de 11 países de la región reconocen las agresiones contra personas LGBTI+ como crímenes de odio, mientras que 14 tienen algún tipo de protección contra la discriminación laboral.

A la falta de un marco legal, se suman el machismo y la heteronormatividad, dos determinantes que están fuertemente arraigados en las sociedades latinoamericanas. Ante este panorama, activistas de la región afirman que el combate y la resistencia ante la LGBTIfobia se origina en decisiones y procesos personales.

En ese sentido, la psicóloga cubana y defensora de derechos humanos, Kirenia Núñez, explica que para el desarrollo y difusión de la campaña Exprésate—lanzada a inicios de este 2021 para promover el derecho a la libertad de expresión en Cuba—se propusieron incluir a la mayor diversidad de participantes posible, como una forma de combatir la LGBTIfobia, y que a nivel personal lo hace exteriorizando sus experiencias y haciendo parte de ellas a aquellas que personas que aportan cosas buenas a su vida.

“En este último año lo que he hecho es expandir mi red de apoyo, sobre todo con personas diversas, personas que tienen experiencias y que han llegado a mi vida a aportar, no solo desde la conceptualidad, sino también de las vivencias, y eso me ha ayudado a crecer como mujer, como persona, como mujer que ama a otra mujer”, comparte.

La bióloga y rectora de la Universidad EAN, de Colombia, Brigitte Baptiste, opina que el humor es una buena forma de combatir y resistir ante la LGBTIfobia, pero también señala que es muy importante la sensibilidad. “La capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona”, indica Baptiste, quien como mujer trans ha sido objetivo de ataques por medio de las redes sociales.

En tanto, para Liken Lee, activista trans e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), de República Dominicana, ha sido fundamental su participación en procesos para conocer sus derechos, así como en organizaciones de apoyo a personas trans que velan por su bienestar y salud mental. Lee comparte que una forma de empoderarse fue terminar su carrera de Contabilidad, pero no ha podido ejercerla por la discriminación que existe en el mercado laboral contra las personas trans y porque este país caribeño no cuenta con una ley de identidad de género.

En este Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia también queremos unirnos a la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y personas expertas en derechos humanos, en la cual llaman a los Estados y otros actores involucrados a considerar el impacto negativo de las narrativas excluyentes o estigmatizantes en la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso (LGBT). La declaración también destaca la necesidad de garantizar que la religión y la tradición no se utilicen para promover la discriminación de las personas por su orientación sexual e identidad de género.

En Raza e Igualdad creemos que el combate a la LGBTIfobia debe partir de políticas de Estado como leyes que protejan y promuevan los derechos de las personas LGBTI+, capacitaciones a autoridades clave como operadores de justicia y personal de salud, campañas de sensibilización sobre la orientación sexual y la identidad de género, entre otras, así como la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Por tanto, hacemos un llamado a los Estados a conocer las realidades de la población LGBTI+, incluyendo la generación de datos desagregados sobre la violencia contra personas LGBTI+, y responder a sus demandas en materia de derechos humanos.

Cuba: Activistas y expertos internacionales reflexionan sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+

Washington D.C., 12 de mayo de 2021.– En conmemoración del segundo aniversario de la histórica manifestación del 11 de mayo de 2019 en La Habana, Cuba, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un evento virtual con activistas LGBTI+ de la Isla, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan.

El evento, denominado “Activismo LGBTI en Cuba: avances y desafíos a dos años del histórico 11M”, tuvo como objetivo recordar la marcha que realizó la comunidad LGBTI+ en la capital cubana hace dos años, la cual es considerada un hito, ya que fue la primera vez que dicha manifestación se realizó sin la autorización del Gobierno y, por tanto, desató una fuerte represión de parte de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria.

Asimismo, las y los activistas LGBTI+ de Cuba expusieron sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI+ en el país, mientras que Madrigal-Borloz y Piovesan se refirieron a la forma en que sus respectivos mandatos pueden influir para que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantice los derechos de la población LGBTI+.

En sus palabras de bienvenida, el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, destacó la situación de violación de derechos humanos que actualmente se registra en la Isla, especialmente en contra de integrantes del Movimiento San Isidro, que a diario ven restringidos y violentados sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. También mencionó que, a dos años de haberse aprobado la nueva Constitución, no se ha cumplido el calendario legislativo para implementarla, principalmente los puntos relacionados a derechos humanos.

Recordando el 11M

La conga contra la homofobia y la transfobia se había venido celebrando cada 11 de mayo y era organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), pero en 2019, dicha entidad anunció la cancelación de este evento bajo el argumento de que la coyuntura del país no era favorable. Ante tal decisión, la comunidad LGBTI+ se articuló para llevar a cabo una manifestación independiente que tuvo una nutrida concurrencia, pero también fue reprimida por las fuerzas públicas.

Isbel Díaz, activista LGBTI+ y coordinador de la plataforma AcciónLGBTIQba, señaló que a ello se sumó el hecho que los medios de comunicación oficiales, y el mismo CENESEX, establecieron una narrativa distorsionada sobre lo que había ocurrido en la marcha, provocando que algunas personas suspendieran su activismo dentro de la comunidad LGBTI+ o incluso salieran del país, como es su caso y el de su esposo Jimmy Roque.

Sin embargo, Díaz afirmó que “lo más significativo que tuvo esta marcha es que logró darle forma a esa comunidad LGBTI+ que previamente no existía como comunidad; nos hizo ser conscientes de la fuerza real que tenemos y nos hizo convertirnos en un actor importante”, en el sentido que el Estado comenzó a escuchar las demandas de esta población para la definición de políticas públicas.

Una mirada a la situación de derechos

Los también activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI+, Esteban Ajetes y Katia Hernández, presentaron el informe “Su amor no hace daño, tu odio sí”, en el cual documentaron 15 casos de personas LGBTI+ en Pinar del Río, que es una de las provincias con mayor incidencia de violaciones de derechos humanos en contra de dicha población.

Hernández explicó que escogieron los casos con el objetivo de identificar patrones de violaciones relacionados con tres derechos humanos: el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho al trabajo y el derecho a la participación en la vida pública y política. “Observamos que la histórica discriminación y el machismo han colocado a los integrantes de la comunidad LGBTI+ en una situación de exclusión trayendo consigo el desempoderamiento de sus miembros, a quienes no les interesa participar en las transformaciones que ocurren en la provincia”, dijo.

En el evento también se compartió el informe “Transitando en el silencio: Situación de derechos humanos de las mujeres trans en Cuba”, elaborado por la Alianza Cubana Manos, así como el “Informe sobre derechos humanos y movilización de la sociedad civil en Cuba durante 2017-2020”, que incluye el capítulo “Marcha del 11M: Repercusión para los derechos de la comunidad LGBTI+ y para toda la sociedad civil cubana”, escrito por Isbel Díaz.

En tanto, la activista LGBTI+ Lidia Romero se refirió a la falta de discusión y aprobación de leyes y decretos que se contemplaron en 2019 con la aprobación de la nueva Constitución. Refirió que 11 llegaron al cronograma legislativo y 14 no fueron incluidas bajo la excusa de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. “Es un hecho que las leyes y decretos-leyes aprobados han priorizado la organización y funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno”, apuntó.

Romero afirmó que la expectativa se centra en el ajuste realizado en el cronograma legislativo 2021-2022, el cual prevé al menos seis leyes en materia de derechos humanos, entre ellas el Código de la Familia, sobre el cual el movimiento LGBTI+ demanda la inclusión del matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas. La activista dijo que “la gran ausente” sigue siendo la Ley de Identidad de Género.

Seguimiento internacional

En su intervención, la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, Flávia Piovesan, mencionó que, aunque la Comisión tiene el mandato de proteger y promover los derechos humanos en los 35 países de la región, hay países más desafiantes y, en ese sentido, afirmó que “Cuba es un país muy difícil”, pues en términos de investigación in loco, el organismo no ha contado con la anuencia del Gobierno cubano para realizar una visita a la Isla.

Por su parte, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, aplaudió el esfuerzo de conocer y reflexionar sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+ en Cuba, pues explicó que “en un debate sobre la marginación y sobre la discriminación es de fundamental importancia que entendamos que la orientación sexual y la identidad de género de una persona se experimentan de una manera que interactúan con toda una serie de factores adicionales que dan forma a su identidad y a su experiencia de vida”.

En alusión a la histórica marcha del 11 de mayo de 2019, el experto señaló la ocupación del espacio público, como una manifestación, como la forma en que las comunidades, poblaciones y personas hacen valer sus derechos, “pero además adquieren visibilidad en la sociedad de una manera que permita asegurar cada vez más su recepción dentro del tejido social”. Madrigal-Borloz indicó que los informes presentados por la sociedad civil cubana serán tomados en cuenta en su mandato, con el fin de visibilizar cómo se manifiestan las violaciones de derechos contra personas LGBTI+, pero también para hacer efectiva su labor de exhortación al Estado.

“Mi mandato tiene una serie de herramientas a su disposición que van desde la consideración de comunicaciones individuales, es decir, de situaciones en las cuales se alegan violaciones específicas a los derechos humanos, hasta la solicitud de visita, (por lo que) he tomado nota de la solicitud para que mi mandato considere tal metodología en el contexto cubano”, agregó.

Raza e Igualdad continuará acompañando las demandas de la población LGBTI+ en Cuba para un pleno reconocimiento y garantía de sus derechos. Por tanto, seguimos con mucha atención el anteproyecto del Código de la Familia, previsto a presentarse el próximo mes de julio, con la expectativa de que incluya el reconocimiento del matrimonio igualitario y de las familias diversas.

Activismo LGBTI+ en Cuba: Dos años del histórico 11M en La Habana

Washington D.C., 11 de mayo de 2021.–   El 11 de mayo de 2019 en Cuba se registró un acontecimiento sin precedentes: ante la injustificada decisión del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de cancelar la tradicional conga contra la homofobia y la transfobia, activistas, personas LGBTI+, aliados y aliadas de la comunidad decidieron realizar una manifestación en La Habana que aunque desató la represión del Estado, marcó el afianzamiento del movimiento LGBTI+ en el país y, por tanto, provocó una mayor visibilidad de sus realidades y demandas.

A pesar de que los recuerdos sobre ese día están marcados por la violencia y detenciones arbitrarias ejecutadas por la Seguridad del Estado en contra de las, los y les manifestantes, para personas defensoras de derechos humanos, activistas independientes e integrantes del movimiento LGBTI+ en Cuba que conversaron con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para conmemorar los dos años de esa histórica fecha, la marcha fue una expresión auténtica y, ante todo, fue determinada por el deseo de visibilizar a la comunidad LGBTI+ y hacer escuchar sus exigencias en materia de derechos humanos.

“La marcha fue el resultado de tres elementos fundamentales: el extendido rechazo a la decisión del Gobierno de cancelar la conga anual contra la homofobia y la transfobia, la acumulación de demandas no resueltas dentro de la comunidad LGBTI+ cubana, y el trabajo de concertación y focalización de energías de un grupo de activistas independientes”, señala Isbel Díaz Torres, defensor de derechos humanos y promotor de la plataforma AcciónLGBTIQba.

¿Qué pasó el 11M de 2019 en Cuba?

Es importante mencionar que la conga contra la homofobia y la transfobia se había venido realizando en los últimos once años como evento de apertura de la Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, coordinada por el CENESEX. Sin embargo, ese año, dicho órgano oficial anunció la cancelación de la tradicional manifestación argumentando “nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”, lo cual causó gran malestar entre el movimiento LGBTI+ y la sociedad civil en general.

El rechazo a tal decisión fue casi instantáneo, asegura Díaz, quien recuerda que por medio de las redes sociales surgieron propuestas de acciones alternativas. “Si bien estas propuestas aparecieron de manera descentralizada y autónoma, el trabajo previo que varias personas veníamos realizando, fomentando el conocimiento mutuo de actores claves dentro del activismo LGBTI+, permitieron que emergiera una propuesta aceptable para la mayoría”, afirma.

Precisamente, el activista Afro-LGBTI+ Raúl Soublett, se enteró de la nueva convocatoria a través de las redes sociales, la cual citaba a las 4:00 pm en el Parque Central de La Habana. “Fui con varios amigos. Cuando llegamos no había nadie, incluso pensé que no se iba a desarrollar, pero llegada la hora que se había anunciado, sacamos nuestras banderas y de pronto se llenó el parque. Era una marcha algo desorganizada, no había líderes, no se sabía el punto hasta donde iba a llegar la marcha, pero surgió, se sumaron muchas personas, no fue tomada para propaganda política ni a favor ni en contra, solo estábamos bajo un reclamo legítimo que era el respeto y reconocimiento a nuestros derechos, y visibilizarnos”, cuenta.

Para el defensor de derechos humanos y opositor político, Boris González Arenas, el acceso a Internet desde los celulares—que en Cuba se materializó hasta diciembre de 2018—fue determinante para la organización y realización de dicha manifestación, así como para una mejor organización de la sociedad civil en general. Señala que así había quedado demostrado en enero de 2019, cuando tras el paso del potente tornado que causó graves daños, muertos y decenas de heridos en la capital cubana, la movilización de la sociedad civil en solidaridad con las víctimas desbordó la capacidad de respuesta del Estado, el cual se había mostrado indolente e ineficiente ante la tragedia, según González Arenas.

Soublett recuerda que la Seguridad del Estado se hizo presente desde el momento en que las personas comenzaron a concentrarse en el Parque Central y hubo un momento en que la marcha fue bloqueada por un grupo de agentes que intentaron disiparla. No obstante, las personas no cedieron y la Seguridad del Estado respondió con violencia y detenciones arbitrarias. “Ante ese momento lamentable, la comunidad LGBTI+ realizó una besada y sentada por varios minutos. La policía quería que las personas se retiraran, incluso trajeron guaguas (buses del transporte público) pero las personas se negaron y realizaron la besada y sentada”, dice.

El activista Isbel Díaz, por su parte, cuenta que él y su esposo Jimmy Roque Martínez ni siquiera pudieron llegar a la marcha. “El 11 de mayo, a las 8:30 am, al salir de nuestra casa, dos hombres vestidos de civil nos abordaron. Exigieron que les entregáramos los teléfonos móviles, que no nos resistiéramos, y que entráramos a las patrullas que esperaban. Nos llevaron para onceava Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, en Lawton, donde nos encarcelaron por el supuesto delito de “A/C-R” (actividad contrarrevolucionaria). El agente al mando de la operación me dijo que estábamos detenidos por ´organizar y convocar a una acción ilegal de desobediencia civil contra la revolución´”, relata.

El activismo LGBTI+, dos años después

González Arenas considera que la marcha del 11 de mayo de 2019 no solamente demostró la madurez del movimiento LGBTI+, sino de la sociedad civil en su conjunto, y asegura que después de esa fecha, dicho colectivo dejó de estar dividido en secciones ideológicas y pasó a estar más cohesionado. Además, afirma que ese día significó el eclipse del CENESEX y de su directora Mariela Castro. “El CENESEX iba declinando en su popularidad, que llegó a tenerla porque en su momento capitalizó al movimiento LGBTI+ y tuvo propuestas interesantes, pero con la cancelación de la marcha y las declaraciones que dio Mariela Castro al día siguiente en contra de la manifestación, se eclipsó el CENESEX”, sostiene.

La activista LGBTI+ e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Irina León, no tuvo la oportunidad de participar en la histórica marcha, ya que ella vive en Pinar del Río, a más de 160 kilómetros de La Habana. A su juicio, el activismo de la población LGBTI+ en Cuba se ha visto frenado a lo largo de los años por dos factores fundamentales: el Estado y las arraigadas características machistas y patriarcales que están presentes en el pueblo cubano.

“La población LGBTI+ en Cuba está compuesta por personas dispuestas a exigir, sin descanso, el respeto y reconocimiento de sus derechos. Tenemos que ser capaces de unirnos y establecer objetivos comunes para nuestro beneficio, con los cuales le mostremos al resto de la población que somos seres humanos como ellos, con la misma necesidad de ser escuchados”, afirma León.

En tanto, Isbel Díaz asegura: “a partir de ese momento ya pudimos hablar de una comunidad LGBTI+ cubana. Antes, los esfuerzos dispersos, los egos personales, la imposibilidad de una institucionalización legal de los colectivos activistas, impedían que nos concibiéramos como un todo con objetivos comunes. Ahora, incluso dentro de la diversidad política, ideológica, cultural, racial, etaria, es posible pensarnos como una comunidad”.

Lea: Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Al hablar sobre el activismo LGBTI+ en Cuba, Raúl Soublett considera que es importante mencionar el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en esta comunidad, tanto a nivel personal como a nivel de organización e incidencia. La emergencia sanitaria ha expuesto y agudizado las brechas de desigualdad existentes en la sociedad, especialmente cuando se trata de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“En medio de este escenario de aislamiento físico y de duras medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, el activismo LGBTI+ en Cuba se ha tenido que reinventar formas, escenarios y pensamientos. Surgieron emprendimientos, iniciativas, grupos de apoyo y demás. A pesar de eso Cuba sigue contando con un activismo LGBTI+ precario porque los que llevan años en ello no pudieron lograr el reconocimiento ni la implementación legal de sus derechos. Además, en un país donde no existe ningún tipo de libertad, no puede haber un movimiento bien articulado, más que una cuestión genuina de espontaneidad que fue lo que ocurrió el 11 de mayo de 2019”, reflexiona.

Las y los activistas consultados por Raza e Igualdad coinciden en que actualmente la comunidad LGBTI+ tiene una agenda común, en la que destaca la inclusión del matrimonio igualitario en un nuevo Código de las Familias, la garantía del derecho de asociación—que es transversal a toda la sociedad civil—, las  disculpas por parte del gobierno por la represión hacia los homosexuales en las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) y la no violencia y discriminación contra las personas trans, entre otras demandas.

Sobre este último punto, Donna Suárez, mujer trans y activista cubana, hace hincapié en la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan las personas trans en la Isla. Señala que muchas personas trans ejercen como trabajadoras sexuales, lo cual expone su integridad y vida. Por otro lado, reclama que se esté discutiendo sobre una ley contra la violencia de género sin incluir la perspectiva de las mujeres trans, lo cual se suma a la inexistencia de una ley de identidad de género.

Respecto a la situación del activismo LGBTI+ en Cuba tras la histórica marcha del 11 de mayo de 2019, Suárez asegura: “Nos ha hecho más visibles y nos ha dado la percepción de que si no luchamos por nuestros derechos ningún órgano del Estado lo hará”.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestro compromiso para acompañar las demandas de la comunidad LGBTI+ en Cuba y llamamos al Gobierno a escuchar sus demandas, en correspondencia con sus obligaciones internacionales para el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Instamos al Gobierno a que, en el anteproyecto de ley sobre el Código de Familia, se refleje la inclusión y se incorporen las grandes demandas del movimiento como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas.

Colombia: Raza e Igualdad y organizaciones aliadas presentan a la Comisión de la Verdad primer informe sobre impacto del conflicto armado en la población Afro-LGBT

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Arcoíris de Tumaco, con el apoyo del gobierno de Canadá, hicieron entrega formal a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) del informe Nos decían: Tras de Negras, Maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano“. El evento se realizó de manera virtual  el pasado 30 de marzo y se transmitió en vivo por las redes sociales y el canal de YouTube de la Comisión.

El informe fue motivado por la necesidad de aportar al reconocimiento por parte de la Comisión de la Verdad, de las instituciones estatales y la sociedad en general de las formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión que las personas Afro-LGBT afrontaron en razón de la intersección de vulnerabilidades asociadas a lo étnico-racial, a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a las condiciones de marginalidad socioeconómica en medio del conflicto armado colombiano en el Sur de Bolívar y en el Pacífico Sur Colombiano.

En el evento participaron Carlos Quesada, Director Ejecutivo; Zuleika Rivera, Oficial de Programa LGBTI, y Laura Poveda, consultora para temas LGBTI en Colombia. Por parte de organizaciones aliadas, participaron Cindy Paola Hawkins, abogada del Área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo; Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco; Sandra Milena Arizabaleta, representante legal de la Fundación Somos Identidad, y Andrés Quiñonez, abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco.

Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad; Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos, y Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género recibieron el informe por parte de la CEV.

Carlos Quesada comenzó el evento agradeciendo a los integrantes la entrega de este informe, en especial a las víctimas Afro-LGBT por su valentía al salir a la luz y contarnos sus historias. Resaltó el trabajo que se ha hecho desde Raza e Igualdad para servir de puente entre sus experiencias de vida y las instancias de justicia transicional creadas por el Acuerdo de Paz.

EL INFORME

El informe es el resultado de la labor de las tres organizaciones aliadas y está enfocado en las regiones de trabajo de cada organización: Sur de Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para el informe, las organizaciones se centraron en un periodo entre 1998 y 2014, lo cual permitió la construcción de una matriz de casos. Las organizaciones realizaron un monitoreo de noticias en medios de comunicación sobre el contexto del conflicto armado y la situación de derechos humanos de personas Afro-LGBT.

Cindy Paola Hawkins, de Caribe Afirmativo, hizo énfasis en la importancia del proceso de resistencia Afro en el sur del departamento de Bolívar, e indicó la conexión entre el desplazamiento que hicieron las comunidades Afro desde Cartagena al sur del departamento y el abandono Estatal, la pobreza y la mala gestión de recursos a la que se enfrentan, situación que posibilitó su victimización a mano de los grupos armados.

“Este contexto territorial sitúa a las personas afrodescendientes en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, las cuales se exacerbaron y profundizaron en el marco del conflicto armado, contexto que además se encontraba lleno de hostilidad a las personas LGBT. El ser Afro y lesbiana, gay, bisexual o trans, puso a las víctimas en mayor situación de riesgo, vulnerabilidad, marginalidad y exclusión ante una carga de prejuicios e imaginarios racistas, sexistas, machistas y cisgeneristas heteronormativos”, señaló Hawkings haciendo referencia a cómo los grupos paramilitares y el ELN utilizaron estrategias de intimidación y violencia como amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzado y feminicidios, para perseguir y atacar a personas Afro-LGBT.

LA NECESIDAD DE UNA MIRADA INTERSECCIONAL

“No se puede concebir una identidad dividida o fragmentada, se habita el territorio siendo Afro-LGBT en su conjunto”, señaló Laura Poveda, consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, haciendo alusión a la importancia del autorreconocimiento para entender la vida de las personas. Poveda destacó que el análisis de la intersección de discriminaciones múltiples y simultáneas permite el reconocimiento de la diversidad en los territorios, además, dijo que debe entenderse que las víctimas han forjado su identidad de maneras diferentes.

En su intervención, Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Sandra Milena Arizabaleta, de la Fundación Somos Identidad, hizo un análisis de las particularidades de la violencia en su territorio (Cauca y Valle del Cauca), resaltando la importancia de reconocer que todos los actores armados han violentado a la comunidad negra y que esta violencia, acompañada de un constante abandono Estatal, ha llevo a estas comunidades al desplazamiento y desalojo de sus territorios.

El abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco, Andrés Quiñonez, se refirió a cuál debe ser el enfoque del ejercicio de búsqueda de verdad y no-repetición de las vulneraciones a los derechos de las personas víctimas Afro-LGBT. “El ejercicio debe dirigirse a que el Estado y la sociedad colombiana reconozcan el prejuicio y la discriminación por la orientación sexual e identidad de género diversa, como el principal patrón en el que se asientan las vulneraciones de derechos de las víctimas LGBT- Afro”, dijo.

Al cierre del evento, la Comisión de la Verdad compartió sus impresiones. Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, destacó el aporte del informe al análisis de las violencias por prejuicio, así como la importancia de incluir un enfoque interseccional. Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos de la Comisión, señaló: “Este trabajo es fundamental para la Comisión, porque nos permite llenar de contenido el enfoque interseccional”. Mientras que Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género cerró diciendo que “invisibilizar las otras expresiones corporales, de género y de sexualidad es en sí mismo una acción colonial”, e he hizo un llamado a entender que las afectaciones del conflicto son sistemáticas y sistémicas y buscan aniquilar la diferencia.

Raza e Igualdad expresa su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron este informe, así como a la Comisión de la Verdad por permitir presentar el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT, y espera que este informe contribuya al esclarecimiento de la verdad, y la búsqueda de justicia y no repetición de estas vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, reiteramos las siguientes recomendaciones:

  1. Que en el informe final de la Comisión de la Verdad, se reconozca explícitamente a las personas Afro-LGBT como víctimas del conflicto armado.
  2. Que dicho reconocimiento indague cómo los prejuicios y la invisibilización de las personas Afro-LGBT exacerbaron las consecuencias del conflicto armado, destacando los impactos y afectaciones diferenciales.
  3. Que la Comisión integre recomendaciones específicas en su informe final para la superación de la invisibilidad de la población Afro-LGBT y para su debida atención.
  4. Que la Comisión integre un enfoque interseccional en los mecanismos de socialización del informe y en los mecanismos que se establezcan para dar seguimiento a sus recomendaciones.

Convocatoria de fotografía: “Retratando la Diversidad”

Washington D.C., 16 de abril de 2021.– La convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” es una iniciativa regional del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo) y del Día Internacional del Orgullo LGBTI (28 de junio), con el objetivo de visibilizar las identidades diversas en América Latina y el Caribe, y hacer un llamado al respeto y garantía de derechos para la población LGBTI.

“Cada año conmemoramos estas fechas con el fin de visibilizar a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y la situación que enfrentan en sus respectivos países. Este año, entre las acciones de conmemoración que nos hemos propuesto, incluimos esta convocatoria para retratar a la población LGBTI de una forma auténtica y artística, y qué mejor manera que a través de la fotografía y con la colaboración de personas que apoyan o se identifican con la causa”, explicó Zuleika Rivera, oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

Contexto

América Latina y el Caribe es una región adversa para personas LGBTI. El continente registra cifras récord sobre violencia y asesinatos contra esta comunidad. Solo en Brasil, durante el 2020 fueron asesinadas 175 personas trans, es decir, una cada dos días, según el Mapa de los Asesinatos de Travestis y Transexuales en Brasil, publicado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Ante la falta de leyes que protejan y promuevan sus derechos, la población LGBTI –incluyendo las parejas y familias diversas—sufre diariamente maltratos físicos y verbales, discriminación y exclusión, además que se enfrenta con serias dificultades para acceder a derechos y servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la justicia.

Convocatoria

Con la convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” esperamos contar con la colaboración de personas aficionadas o profesionales de la fotografía de todos los países de América Latina y el Caribe, que a través de su trabajo ayuden a visibilizar la diversidad y realidad de la comunidad LGBTI. A continuación, presentamos las bases de esta convocatoria.

Periodo de la convocatoria: Del 16 de abril al 21 de mayo

Información que debe acompañar a la fotografía enviada:

  • Nombre o seudónimo del autor/a
  • País
  • Nombre de la fotografía (idealmente dos palabras)
  • Breve descripción de la fotografía (Dónde fue tomada, quiénes son sus protagonistas y qué refleja)

Formato: JPEG. Resolución mínima de 1500 x 2000 pixeles. Full color y/o BN. Solo una fotografía por participante.

Estilo: Libre (Fotografía artística, periodística o autorretrato)

Envío: Al correo (igualdad.comunicaciones2021@gmail.com) bajo el asunto “Convocatoria de fotografía Retratando la Diversidad”

Las fotografías se divulgarán a través de las cuentas de Raza e Igualdad en Twitter, Facebook, Instagram, así como en su sitio web, junto con los créditos de su autor o autora y la información recibida sobre cada fotografía. Esta divulgación iniciará el 17 de mayo y finalizará el 28 de junio.

Esta convocatoria es completamente abierta, por lo que invitamos a compartirla y participar para visibilizar la diversidad en nuestra región y juntes contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades  a través  del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH. 

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: “¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la “ideología de género” impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

  • Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
  • Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados ​​por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
  • Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
  • Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
  • Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
  • Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
  • Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

 

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

Leyla Huerta – Féminas Perú: La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista

Washington D.C., 1 de abril de 2021.– La organización Féminas, de Perú, nació el 7 de junio del año 2015 con el objetivo de empoderar a las mujeres trans en sus acciones de activismo para lograr reconocimiento y respeto a sus derechos. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con su fundadora y directora, Leyla Huerta, quien además de explicar el contexto que impulsó la conformación de Féminas, se refirió a cuáles son sus proyecciones a futuro y a la situación que enfrentan las mujeres trans en el país.

El surgimiento de Féminas estuvo determinado por la visión de Leyla sobre el empoderamiento y activismo que deben tener las mujeres trans. Y es que, al participar en otras organizaciones que trabajan con esta población, la activista pudo identificar que en muchos casos la burocracia y la concentración de responsabilidades no permiten responder a las necesidades de las mujeres trans en cuanto a formación e incidencia.

“Comencé a cuestionar y vi que eso incomodaba a algunas personas. No era un panorama interesante hacer activismo comunitario. Entonces me mantuve al margen, sin participar en ninguna organización. Seguí creciendo profesionalmente y tuve la oportunidad de coordinar un proyecto grande de mujeres trans con el cual comencé a generar reuniones de empoderamiento dentro del espacio laboral y así se fue formando Féminas”, cuenta la lideresa.

Para Leyla, el activismo comunitario es fundamental para cambiar la realidad y, por tanto, esa es la base del trabajo de Féminas. “La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista. El solo hecho de existir sin decir nada, solo tu presencia en un barrio, comienza a cuestionar a las personas sobre la existencia de personas de género diversa”, dice al respecto.

Impacto del COVID-19 en sus planes

La pandemia de COVID-19 hizo del 2020 un año lleno de retos para Féminas, tanto en sus procesos organizativos como en sus acciones de incidencia. Además, la abrupta destitución del presidente Martín Vizcarra significó una ruptura en el discurso de apoyo a la población trans que se venía manejando desde la misma Presidencia y desde instituciones clave para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que el cambio de nombre es posible solamente a través de la vía judicial, un proceso que puede ser muy largo y costoso. Con la COVID-19, se abrió la posibilidad de realizar este proceso en línea, pero las personas trans se han encontrado con muchas limitantes, como la falta de un manual que explique claramente los pasos a seguir. Por tal razón, Leyla señala que la pandemia está retrasando su objetivo de acumular un elevado número de demandas de cambio de nombre y generar jurisprudencia sobre este proceso.

Un aspecto positivo es que la pandemia ha obligado al Estado a actualizar sus sistemas de información y registro. “Una chica cambia de nombre ahora y todo se actualiza, (porque) todo está en línea. Se ha hecho el trabajo que tenía que hacerse desde hace tiempo para que no tengamos que estar yendo a todas las instituciones para cambiar el nombre en todos los documentos. Es una gran ventaja para aquellas que hemos podido cambiar de nombre”, refiere.

Una doble carga

Ante la COVID-19, Féminas ha brindado ayuda humanitaria a mujeres trans, lo cual conlleva un proceso de planificación de la ayuda, identificación de las beneficiarias, difusión en redes sociales y producción de videos informativos, lo cual se suma a las reuniones periódicas de Féminas. Y aunque ello responde a la visión que tienen como organización, no pueden negar que implica un mayor esfuerzo y más trabajo, lo cual les hace reflexionar sobre la doble carga que enfrentan las personas trans por su expresión e identidad de género.

“Nos decíamos ‘con todo lo que las personas cis viven con la política, imagínate cómo es para las personas trans’. Porque eso también nos afecta, un gobierno, un panorama político donde comienza a haber esos discursos de odio y comienza a usarse la identidad de las personas para poder generar shows y la gente no se da cuenta de ello. La gente está tan invadida por el capitalismo que no se da cuenta de que está siguiendo esos discursos de odio”.

 Respecto a la destitución de Martín Vizcarra, el 10 de noviembre de 2020, Leyla afirma que significó una “batalla perdida” en la lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. “El gobierno de Vizcarra trató de tener una visión bien inclusiva. Lamentablemente también se evidenció que aún faltan muchas cosas más, pero se han hecho cosas interesantes. El tema de pico y género y que haya ministros que han hablado sobre la identidad de género y la expresión de género, creo que ha sido súper importante”, dijo.

 Féminas reconoce al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de la Inclusión Social y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entidades aliadas en la lucha. Leyla asegura que dentro de estos Ministerios hay personas que han ayudado a que se logren varios cambios, pero debido a la crisis política, este apoyo se ha visto interrumpido cuando hay cambio de funcionarios y funcionarias.

Lo que quieren en el futuro

En los últimos cinco años, Féminas logró estar en el Plan de violencia contra la mujer, tener una norma técnica que menciona por primera vez a las mujeres trans, agilizar el proceso de cambio de nombre para poder dar insumos que generen jurisprudencia y conseguir que la comunidad trans confié en un grupo. Este último, es un punto que Leyla considera como fundamental, especialmente por la historia que ha tenido la comunidad trans en Perú.

Leyla sabe que para seguir logrando estos y otros resultados, es necesario impulsar procesos de formación y profesionalización, algo en lo que pudieron trabajar durante la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19. “Quiero una estabilidad para Féminas, veo a Féminas de esa manera. Una institución donde se puedan brindar diferentes servicios, podamos tener una clínica de investigaciones, como una institución que pueda canalizar apoyo a mujeres trans y no perder ese tema del idealismo”, afirma.

La lideresa subraya que en ese proceso de crecimiento no quieren perder de vista el activismo comunitario y siempre brindar el protagonismo a las mujeres. “Seguir en el ámbito comunitario (…) poder profesionalizar y contribuir a mejorar el estatus de vida de mujeres trans, pero desde ellas mismas y no solo mejorar el espacio donde van a estar. Este cambio no lo vamos a lograr solas, una o dos personas, sino que lo hacemos todas y mejoramos la población”, expresa Leyla, quien también menciona el ámbito político, pues considera que es un espacio importante para lograr cambios sostenibles.

Raza e Igualdad reconoce la importancia del trabajo que realizan organizaciones como Féminas en favor de las personas trans. Vemos con particular atención que la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 durante el 2020, ha traído muchos retos, pero también grandes aprendizajes para la comunidad LGBTI, que ha resistido, sanado y se ha apoyado entre sí.

En ese contexto, Raza e Igualdad reconoce los diferentes tipos de violencia que atraviesan las cuerpas de las personas LGBTI y que las mismas están determinadas por las diferentes intersecciones y contextos de cada país. Por eso, reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a organizaciones que, como Féminas, lucha cada día para lograr el reconocimiento de las expresiones e identidades de género diversas.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo”. En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

  • Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
  • Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
  • Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
  • Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
  • Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
  • Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

 

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

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