Cuba: Activistas y expertos internacionales reflexionan sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+

Washington D.C., 12 de mayo de 2021.– En conmemoración del segundo aniversario de la histórica manifestación del 11 de mayo de 2019 en La Habana, Cuba, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un evento virtual con activistas LGBTI+ de la Isla, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan.

El evento, denominado “Activismo LGBTI en Cuba: avances y desafíos a dos años del histórico 11M”, tuvo como objetivo recordar la marcha que realizó la comunidad LGBTI+ en la capital cubana hace dos años, la cual es considerada un hito, ya que fue la primera vez que dicha manifestación se realizó sin la autorización del Gobierno y, por tanto, desató una fuerte represión de parte de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria.

Asimismo, las y los activistas LGBTI+ de Cuba expusieron sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI+ en el país, mientras que Madrigal-Borloz y Piovesan se refirieron a la forma en que sus respectivos mandatos pueden influir para que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantice los derechos de la población LGBTI+.

En sus palabras de bienvenida, el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, destacó la situación de violación de derechos humanos que actualmente se registra en la Isla, especialmente en contra de integrantes del Movimiento San Isidro, que a diario ven restringidos y violentados sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. También mencionó que, a dos años de haberse aprobado la nueva Constitución, no se ha cumplido el calendario legislativo para implementarla, principalmente los puntos relacionados a derechos humanos.

Recordando el 11M

La conga contra la homofobia y la transfobia se había venido celebrando cada 11 de mayo y era organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), pero en 2019, dicha entidad anunció la cancelación de este evento bajo el argumento de que la coyuntura del país no era favorable. Ante tal decisión, la comunidad LGBTI+ se articuló para llevar a cabo una manifestación independiente que tuvo una nutrida concurrencia, pero también fue reprimida por las fuerzas públicas.

Isbel Díaz, activista LGBTI+ y coordinador de la plataforma AcciónLGBTIQba, señaló que a ello se sumó el hecho que los medios de comunicación oficiales, y el mismo CENESEX, establecieron una narrativa distorsionada sobre lo que había ocurrido en la marcha, provocando que algunas personas suspendieran su activismo dentro de la comunidad LGBTI+ o incluso salieran del país, como es su caso y el de su esposo Jimmy Roque.

Sin embargo, Díaz afirmó que “lo más significativo que tuvo esta marcha es que logró darle forma a esa comunidad LGBTI+ que previamente no existía como comunidad; nos hizo ser conscientes de la fuerza real que tenemos y nos hizo convertirnos en un actor importante”, en el sentido que el Estado comenzó a escuchar las demandas de esta población para la definición de políticas públicas.

Una mirada a la situación de derechos

Los también activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI+, Esteban Ajetes y Katia Hernández, presentaron el informe “Su amor no hace daño, tu odio sí”, en el cual documentaron 15 casos de personas LGBTI+ en Pinar del Río, que es una de las provincias con mayor incidencia de violaciones de derechos humanos en contra de dicha población.

Hernández explicó que escogieron los casos con el objetivo de identificar patrones de violaciones relacionados con tres derechos humanos: el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho al trabajo y el derecho a la participación en la vida pública y política. “Observamos que la histórica discriminación y el machismo han colocado a los integrantes de la comunidad LGBTI+ en una situación de exclusión trayendo consigo el desempoderamiento de sus miembros, a quienes no les interesa participar en las transformaciones que ocurren en la provincia”, dijo.

En el evento también se compartió el informe “Transitando en el silencio: Situación de derechos humanos de las mujeres trans en Cuba”, elaborado por la Alianza Cubana Manos, así como el “Informe sobre derechos humanos y movilización de la sociedad civil en Cuba durante 2017-2020”, que incluye el capítulo «Marcha del 11M: Repercusión para los derechos de la comunidad LGBTI+ y para toda la sociedad civil cubana», escrito por Isbel Díaz.

En tanto, la activista LGBTI+ Lidia Romero se refirió a la falta de discusión y aprobación de leyes y decretos que se contemplaron en 2019 con la aprobación de la nueva Constitución. Refirió que 11 llegaron al cronograma legislativo y 14 no fueron incluidas bajo la excusa de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. “Es un hecho que las leyes y decretos-leyes aprobados han priorizado la organización y funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno”, apuntó.

Romero afirmó que la expectativa se centra en el ajuste realizado en el cronograma legislativo 2021-2022, el cual prevé al menos seis leyes en materia de derechos humanos, entre ellas el Código de la Familia, sobre el cual el movimiento LGBTI+ demanda la inclusión del matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas. La activista dijo que “la gran ausente” sigue siendo la Ley de Identidad de Género.

Seguimiento internacional

En su intervención, la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, Flávia Piovesan, mencionó que, aunque la Comisión tiene el mandato de proteger y promover los derechos humanos en los 35 países de la región, hay países más desafiantes y, en ese sentido, afirmó que “Cuba es un país muy difícil”, pues en términos de investigación in loco, el organismo no ha contado con la anuencia del Gobierno cubano para realizar una visita a la Isla.

Por su parte, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, aplaudió el esfuerzo de conocer y reflexionar sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+ en Cuba, pues explicó que “en un debate sobre la marginación y sobre la discriminación es de fundamental importancia que entendamos que la orientación sexual y la identidad de género de una persona se experimentan de una manera que interactúan con toda una serie de factores adicionales que dan forma a su identidad y a su experiencia de vida”.

En alusión a la histórica marcha del 11 de mayo de 2019, el experto señaló la ocupación del espacio público, como una manifestación, como la forma en que las comunidades, poblaciones y personas hacen valer sus derechos, “pero además adquieren visibilidad en la sociedad de una manera que permita asegurar cada vez más su recepción dentro del tejido social”. Madrigal-Borloz indicó que los informes presentados por la sociedad civil cubana serán tomados en cuenta en su mandato, con el fin de visibilizar cómo se manifiestan las violaciones de derechos contra personas LGBTI+, pero también para hacer efectiva su labor de exhortación al Estado.

“Mi mandato tiene una serie de herramientas a su disposición que van desde la consideración de comunicaciones individuales, es decir, de situaciones en las cuales se alegan violaciones específicas a los derechos humanos, hasta la solicitud de visita, (por lo que) he tomado nota de la solicitud para que mi mandato considere tal metodología en el contexto cubano”, agregó.

Raza e Igualdad continuará acompañando las demandas de la población LGBTI+ en Cuba para un pleno reconocimiento y garantía de sus derechos. Por tanto, seguimos con mucha atención el anteproyecto del Código de la Familia, previsto a presentarse el próximo mes de julio, con la expectativa de que incluya el reconocimiento del matrimonio igualitario y de las familias diversas.

Activismo LGBTI+ en Cuba: Dos años del histórico 11M en La Habana

Washington D.C., 11 de mayo de 2021.– El 11 de mayo de 2019 en Cuba se registró un acontecimiento sin precedentes: ante la injustificada decisión del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de cancelar la tradicional conga contra la homofobia y la transfobia, activistas, personas LGBTI+, aliados y aliadas de la comunidad decidieron realizar una manifestación en La Habana que aunque desató la represión del Estado, marcó el afianzamiento del movimiento LGBTI+ en el país y, por tanto, provocó una mayor visibilidad de sus realidades y demandas.

A pesar de que los recuerdos sobre ese día están marcados por la violencia y detenciones arbitrarias ejecutadas por la Seguridad del Estado en contra de las, los y les manifestantes, para personas defensoras de derechos humanos, activistas independientes e integrantes del movimiento LGBTI+ en Cuba que conversaron con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para conmemorar los dos años de esa histórica fecha, la marcha fue una expresión auténtica y, ante todo, fue determinada por el deseo de visibilizar a la comunidad LGBTI+ y hacer escuchar sus exigencias en materia de derechos humanos.

“La marcha fue el resultado de tres elementos fundamentales: el extendido rechazo a la decisión del Gobierno de cancelar la conga anual contra la homofobia y la transfobia, la acumulación de demandas no resueltas dentro de la comunidad LGBTI+ cubana, y el trabajo de concertación y focalización de energías de un grupo de activistas independientes”, señala Isbel Díaz Torres, defensor de derechos humanos y promotor de la plataforma AcciónLGBTIQba.

¿Qué pasó el 11M de 2019 en Cuba?

Es importante mencionar que la conga contra la homofobia y la transfobia se había venido realizando en los últimos once años como evento de apertura de la Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, coordinada por el CENESEX. Sin embargo, ese año, dicho órgano oficial anunció la cancelación de la tradicional manifestación argumentando “nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”, lo cual causó gran malestar entre el movimiento LGBTI+ y la sociedad civil en general.

El rechazo a tal decisión fue casi instantáneo, asegura Díaz, quien recuerda que por medio de las redes sociales surgieron propuestas de acciones alternativas. “Si bien estas propuestas aparecieron de manera descentralizada y autónoma, el trabajo previo que varias personas veníamos realizando, fomentando el conocimiento mutuo de actores claves dentro del activismo LGBTI+, permitieron que emergiera una propuesta aceptable para la mayoría”, afirma.

Precisamente, el activista Afro-LGBTI+ Raúl Soublett, se enteró de la nueva convocatoria a través de las redes sociales, la cual citaba a las 4:00 pm en el Parque Central de La Habana. “Fui con varios amigos. Cuando llegamos no había nadie, incluso pensé que no se iba a desarrollar, pero llegada la hora que se había anunciado, sacamos nuestras banderas y de pronto se llenó el parque. Era una marcha algo desorganizada, no había líderes, no se sabía el punto hasta donde iba a llegar la marcha, pero surgió, se sumaron muchas personas, no fue tomada para propaganda política ni a favor ni en contra, solo estábamos bajo un reclamo legítimo que era el respeto y reconocimiento a nuestros derechos, y visibilizarnos”, cuenta.

Para el defensor de derechos humanos y opositor político, Boris González Arenas, el acceso a Internet desde los celulares—que en Cuba se materializó hasta diciembre de 2018—fue determinante para la organización y realización de dicha manifestación, así como para una mejor organización de la sociedad civil en general. Señala que así había quedado demostrado en enero de 2019, cuando tras el paso del potente tornado que causó graves daños, muertos y decenas de heridos en la capital cubana, la movilización de la sociedad civil en solidaridad con las víctimas desbordó la capacidad de respuesta del Estado, el cual se había mostrado indolente e ineficiente ante la tragedia, según González Arenas.

Soublett recuerda que la Seguridad del Estado se hizo presente desde el momento en que las personas comenzaron a concentrarse en el Parque Central y hubo un momento en que la marcha fue bloqueada por un grupo de agentes que intentaron disiparla. No obstante, las personas no cedieron y la Seguridad del Estado respondió con violencia y detenciones arbitrarias. “Ante ese momento lamentable, la comunidad LGBTI+ realizó una besada y sentada por varios minutos. La policía quería que las personas se retiraran, incluso trajeron guaguas (buses del transporte público) pero las personas se negaron y realizaron la besada y sentada”, dice.

El activista Isbel Díaz, por su parte, cuenta que él y su esposo Jimmy Roque Martínez ni siquiera pudieron llegar a la marcha. “El 11 de mayo, a las 8:30 am, al salir de nuestra casa, dos hombres vestidos de civil nos abordaron. Exigieron que les entregáramos los teléfonos móviles, que no nos resistiéramos, y que entráramos a las patrullas que esperaban. Nos llevaron para onceava Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, en Lawton, donde nos encarcelaron por el supuesto delito de «A/C-R» (actividad contrarrevolucionaria). El agente al mando de la operación me dijo que estábamos detenidos por ´organizar y convocar a una acción ilegal de desobediencia civil contra la revolución´”, relata.

El activismo LGBTI+, dos años después

González Arenas considera que la marcha del 11 de mayo de 2019 no solamente demostró la madurez del movimiento LGBTI+, sino de la sociedad civil en su conjunto, y asegura que después de esa fecha, dicho colectivo dejó de estar dividido en secciones ideológicas y pasó a estar más cohesionado. Además, afirma que ese día significó el eclipse del CENESEX y de su directora Mariela Castro. “El CENESEX iba declinando en su popularidad, que llegó a tenerla porque en su momento capitalizó al movimiento LGBTI+ y tuvo propuestas interesantes, pero con la cancelación de la marcha y las declaraciones que dio Mariela Castro al día siguiente en contra de la manifestación, se eclipsó el CENESEX”, sostiene.

La activista LGBTI+ e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Irina León, no tuvo la oportunidad de participar en la histórica marcha, ya que ella vive en Pinar del Río, a más de 160 kilómetros de La Habana. A su juicio, el activismo de la población LGBTI+ en Cuba se ha visto frenado a lo largo de los años por dos factores fundamentales: el Estado y las arraigadas características machistas y patriarcales que están presentes en el pueblo cubano.

“La población LGBTI+ en Cuba está compuesta por personas dispuestas a exigir, sin descanso, el respeto y reconocimiento de sus derechos. Tenemos que ser capaces de unirnos y establecer objetivos comunes para nuestro beneficio, con los cuales le mostremos al resto de la población que somos seres humanos como ellos, con la misma necesidad de ser escuchados”, afirma León.

En tanto, Isbel Díaz asegura: “a partir de ese momento ya pudimos hablar de una comunidad LGBTI+ cubana. Antes, los esfuerzos dispersos, los egos personales, la imposibilidad de una institucionalización legal de los colectivos activistas, impedían que nos concibiéramos como un todo con objetivos comunes. Ahora, incluso dentro de la diversidad política, ideológica, cultural, racial, etaria, es posible pensarnos como una comunidad”.

Lea: Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Al hablar sobre el activismo LGBTI+ en Cuba, Raúl Soublett considera que es importante mencionar el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en esta comunidad, tanto a nivel personal como a nivel de organización e incidencia. La emergencia sanitaria ha expuesto y agudizado las brechas de desigualdad existentes en la sociedad, especialmente cuando se trata de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“En medio de este escenario de aislamiento físico y de duras medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, el activismo LGBTI+ en Cuba se ha tenido que reinventar formas, escenarios y pensamientos. Surgieron emprendimientos, iniciativas, grupos de apoyo y demás. A pesar de eso Cuba sigue contando con un activismo LGBTI+ precario porque los que llevan años en ello no pudieron lograr el reconocimiento ni la implementación legal de sus derechos. Además, en un país donde no existe ningún tipo de libertad, no puede haber un movimiento bien articulado, más que una cuestión genuina de espontaneidad que fue lo que ocurrió el 11 de mayo de 2019”, reflexiona.

Las y los activistas consultados por Raza e Igualdad coinciden en que actualmente la comunidad LGBTI+ tiene una agenda común, en la que destaca la inclusión del matrimonio igualitario en un nuevo Código de las Familias, la garantía del derecho de asociación—que es transversal a toda la sociedad civil—, las disculpas por parte del gobierno por la represión hacia los homosexuales en las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) y la no violencia y discriminación contra las personas trans, entre otras demandas.

Sobre este último punto, Donna Suárez, mujer trans y activista cubana, hace hincapié en la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan las personas trans en la Isla. Señala que muchas personas trans ejercen como trabajadoras sexuales, lo cual expone su integridad y vida. Por otro lado, reclama que se esté discutiendo sobre una ley contra la violencia de género sin incluir la perspectiva de las mujeres trans, lo cual se suma a la inexistencia de una ley de identidad de género.

Respecto a la situación del activismo LGBTI+ en Cuba tras la histórica marcha del 11 de mayo de 2019, Suárez asegura: “Nos ha hecho más visibles y nos ha dado la percepción de que si no luchamos por nuestros derechos ningún órgano del Estado lo hará”.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestro compromiso para acompañar las demandas de la comunidad LGBTI+ en Cuba y llamamos al Gobierno a escuchar sus demandas, en correspondencia con sus obligaciones internacionales para el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Instamos al Gobierno a que, en el anteproyecto de ley sobre el Código de Familia, se refleje la inclusión y se incorporen las grandes demandas del movimiento como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas.

Colombia: Raza e Igualdad y organizaciones aliadas presentan a la Comisión de la Verdad primer informe sobre impacto del conflicto armado en la población Afro-LGBT

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) y la Fundación Arcoíris de Tumaco, con el apoyo del gobierno de Canadá, hicieron entrega formal a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia (CEV) del informe «Nos decían: Tras de Negras, Maricas. Experiencias e impactos del conflicto armado en personas Afro-LGBT del Sur de Bolívar y el Pacífico Sur Colombiano«. El evento se realizó de manera virtual el pasado 30 de marzo y se transmitió en vivo por las redes sociales y el canal de YouTube de la Comisión.

El informe fue motivado por la necesidad de aportar al reconocimiento por parte de la Comisión de la Verdad, de las instituciones estatales y la sociedad en general de las formas agravadas de violencia, discriminación y exclusión que las personas Afro-LGBT afrontaron en razón de la intersección de vulnerabilidades asociadas a lo étnico-racial, a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a las condiciones de marginalidad socioeconómica en medio del conflicto armado colombiano en el Sur de Bolívar y en el Pacífico Sur Colombiano.

En el evento participaron Carlos Quesada, Director Ejecutivo; Zuleika Rivera, Oficial de Programa LGBTI, y Laura Poveda, consultora para temas LGBTI en Colombia. Por parte de organizaciones aliadas, participaron Cindy Paola Hawkins, abogada del Área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo; Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco; Sandra Milena Arizabaleta, representante legal de la Fundación Somos Identidad, y Andrés Quiñonez, abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco.

Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad; Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos, y Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género recibieron el informe por parte de la CEV.

Carlos Quesada comenzó el evento agradeciendo a los integrantes la entrega de este informe, en especial a las víctimas Afro-LGBT por su valentía al salir a la luz y contarnos sus historias. Resaltó el trabajo que se ha hecho desde Raza e Igualdad para servir de puente entre sus experiencias de vida y las instancias de justicia transicional creadas por el Acuerdo de Paz.

EL INFORME

El informe es el resultado de la labor de las tres organizaciones aliadas y está enfocado en las regiones de trabajo de cada organización: Sur de Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para el informe, las organizaciones se centraron en un periodo entre 1998 y 2014, lo cual permitió la construcción de una matriz de casos. Las organizaciones realizaron un monitoreo de noticias en medios de comunicación sobre el contexto del conflicto armado y la situación de derechos humanos de personas Afro-LGBT.

Cindy Paola Hawkins, de Caribe Afirmativo, hizo énfasis en la importancia del proceso de resistencia Afro en el sur del departamento de Bolívar, e indicó la conexión entre el desplazamiento que hicieron las comunidades Afro desde Cartagena al sur del departamento y el abandono Estatal, la pobreza y la mala gestión de recursos a la que se enfrentan, situación que posibilitó su victimización a mano de los grupos armados.

“Este contexto territorial sitúa a las personas afrodescendientes en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, las cuales se exacerbaron y profundizaron en el marco del conflicto armado, contexto que además se encontraba lleno de hostilidad a las personas LGBT. El ser Afro y lesbiana, gay, bisexual o trans, puso a las víctimas en mayor situación de riesgo, vulnerabilidad, marginalidad y exclusión ante una carga de prejuicios e imaginarios racistas, sexistas, machistas y cisgeneristas heteronormativos”, señaló Hawkings haciendo referencia a cómo los grupos paramilitares y el ELN utilizaron estrategias de intimidación y violencia como amenazas, violencia sexual, desplazamiento forzado y feminicidios, para perseguir y atacar a personas Afro-LGBT.

LA NECESIDAD DE UNA MIRADA INTERSECCIONAL

“No se puede concebir una identidad dividida o fragmentada, se habita el territorio siendo Afro-LGBT en su conjunto”, señaló Laura Poveda, consultora para temas LGBTI de Raza e Igualdad en Colombia, haciendo alusión a la importancia del autorreconocimiento para entender la vida de las personas. Poveda destacó que el análisis de la intersección de discriminaciones múltiples y simultáneas permite el reconocimiento de la diversidad en los territorios, además, dijo que debe entenderse que las víctimas han forjado su identidad de maneras diferentes.

En su intervención, Justo Arévalo, presidente de la Fundación Arcoíris de Tumaco, describió el contexto que se vive en su región, y denunció la naturalización de múltiples violencias hacia las personas Afro-LGBT en su territorio. “Ser gay, lesbiana, bisexual o trans y ser negros y negras sumado a ser rurales y en algunos casos discapacitados, pobres, con o sin poca educación y en un territorio sin acceso a derechos fundamentales, históricamente olvidado, es una realidad”, apuntó, y aseguró que solo hasta ahora y luego de superar el miedo, muchas personas alzaron la voz y compartieron su testimonio, pero que aún falta mucho por contar.

Sandra Milena Arizabaleta, de la Fundación Somos Identidad, hizo un análisis de las particularidades de la violencia en su territorio (Cauca y Valle del Cauca), resaltando la importancia de reconocer que todos los actores armados han violentado a la comunidad negra y que esta violencia, acompañada de un constante abandono Estatal, ha llevo a estas comunidades al desplazamiento y desalojo de sus territorios.

El abogado de la Fundación Arcoíris de Tumaco, Andrés Quiñonez, se refirió a cuál debe ser el enfoque del ejercicio de búsqueda de verdad y no-repetición de las vulneraciones a los derechos de las personas víctimas Afro-LGBT. “El ejercicio debe dirigirse a que el Estado y la sociedad colombiana reconozcan el prejuicio y la discriminación por la orientación sexual e identidad de género diversa, como el principal patrón en el que se asientan las vulneraciones de derechos de las víctimas LGBT- Afro”, dijo.

Al cierre del evento, la Comisión de la Verdad compartió sus impresiones. Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, destacó el aporte del informe al análisis de las violencias por prejuicio, así como la importancia de incluir un enfoque interseccional. Sonia Londoño, directora de Pueblos Étnicos de la Comisión, señaló: “Este trabajo es fundamental para la Comisión, porque nos permite llenar de contenido el enfoque interseccional”. Mientras que Nikita Simonne, analista del Grupo de Trabajo de Género cerró diciendo que “invisibilizar las otras expresiones corporales, de género y de sexualidad es en sí mismo una acción colonial”, e he hizo un llamado a entender que las afectaciones del conflicto son sistemáticas y sistémicas y buscan aniquilar la diferencia.

Raza e Igualdad expresa su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron este informe, así como a la Comisión de la Verdad por permitir presentar el impacto del conflicto armado colombiano en la población Afro-LGBT, y espera que este informe contribuya al esclarecimiento de la verdad, y la búsqueda de justicia y no repetición de estas vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, reiteramos las siguientes recomendaciones:

Que en el informe final de la Comisión de la Verdad, se reconozca explícitamente a las personas Afro-LGBT como víctimas del conflicto armado.
Que dicho reconocimiento indague cómo los prejuicios y la invisibilización de las personas Afro-LGBT exacerbaron las consecuencias del conflicto armado, destacando los impactos y afectaciones diferenciales.
Que la Comisión integre recomendaciones específicas en su informe final para la superación de la invisibilidad de la población Afro-LGBT y para su debida atención.
Que la Comisión integre un enfoque interseccional en los mecanismos de socialización del informe y en los mecanismos que se establezcan para dar seguimiento a sus recomendaciones.

Convocatoria de fotografía: “Retratando la Diversidad”

Washington D.C., 16 de abril de 2021.– La convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” es una iniciativa regional del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo) y del Día Internacional del Orgullo LGBTI (28 de junio), con el objetivo de visibilizar las identidades diversas en América Latina y el Caribe, y hacer un llamado al respeto y garantía de derechos para la población LGBTI.

“Cada año conmemoramos estas fechas con el fin de visibilizar a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y la situación que enfrentan en sus respectivos países. Este año, entre las acciones de conmemoración que nos hemos propuesto, incluimos esta convocatoria para retratar a la población LGBTI de una forma auténtica y artística, y qué mejor manera que a través de la fotografía y con la colaboración de personas que apoyan o se identifican con la causa”, explicó Zuleika Rivera, oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

Contexto

América Latina y el Caribe es una región adversa para personas LGBTI. El continente registra cifras récord sobre violencia y asesinatos contra esta comunidad. Solo en Brasil, durante el 2020 fueron asesinadas 175 personas trans, es decir, una cada dos días, según el Mapa de los Asesinatos de Travestis y Transexuales en Brasil, publicado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

Ante la falta de leyes que protejan y promuevan sus derechos, la población LGBTI –incluyendo las parejas y familias diversas—sufre diariamente maltratos físicos y verbales, discriminación y exclusión, además que se enfrenta con serias dificultades para acceder a derechos y servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y la justicia.

Convocatoria

Con la convocatoria de fotografía “Retratando la Diversidad” esperamos contar con la colaboración de personas aficionadas o profesionales de la fotografía de todos los países de América Latina y el Caribe, que a través de su trabajo ayuden a visibilizar la diversidad y realidad de la comunidad LGBTI. A continuación, presentamos las bases de esta convocatoria.

Periodo de la convocatoria: Del 16 de abril al 21 de mayo

Información que debe acompañar a la fotografía enviada:

Nombre o seudónimo del autor/a
País
Nombre de la fotografía (idealmente dos palabras)
Breve descripción de la fotografía (Dónde fue tomada, quiénes son sus protagonistas y qué refleja)

Formato: JPEG. Resolución mínima de 1500 x 2000 pixeles. Full color y/o BN. Solo una fotografía por participante.

Estilo: Libre (Fotografía artística, periodística o autorretrato)

Envío: Al correo (igualdad.comunicaciones2021@gmail.com) bajo el asunto “Convocatoria de fotografía Retratando la Diversidad”

Las fotografías se divulgarán a través de las cuentas de Raza e Igualdad en Twitter, Facebook, Instagram, así como en su sitio web, junto con los créditos de su autor o autora y la información recibida sobre cada fotografía. Esta divulgación iniciará el 17 de mayo y finalizará el 28 de junio.

Esta convocatoria es completamente abierta, por lo que invitamos a compartirla y participar para visibilizar la diversidad en nuestra región y juntes contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

Audiencia sobre violencia política en Brasil: concejalas afro (cis y trans) denuncian negligencia del Estado brasileño ante la CIDH y piden protección

Brasil, 06 de abril de 2021 – En una audiencia dedicada exclusivamente a denunciar la situación de los derechos políticos en Brasil, concejalas afro cis y trans, junto a organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el panorama actual de violaciones de derechos civiles y políticos que atenta contra la seguridad de parlamentarias del país. La audiencia se llevó a cabo el 23 de marzo, en el marco del 179 periodo de audiencias públicas de la CIDH, y fue presentada por las organizaciones: Associação Nacional de Travestis y Transexuais (ANTRA); Criola; Terra de Direitos; Instituto Marielle Franco; Justiça Global; Rede Nacional de Negras y Negros LBGT y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

En la audiencia participaron las concejalas Erika Hilton (PSOL/SP); Ana Lúcia Martins (PT/SC) y Carolina Iara (PSOL/SP); y las representantes de organizaciones de la sociedad civil Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco; y Bruna Benevides, Secretaria de Articulación Política de ANTRA. A pesar del contexto histórico discriminatorio y excluyente que estructura el escenario político brasileño, el avance de las agendas identitarias, antirracistas y anti-LGBTIfobicas promovió el crecimiento de la representatividad parlamentaria en las cámaras legislativas del país, colapsando el sistema y jerarquías de poder existentes. Sin embargo, la reacción de los sectores políticos y sociales conservadores basada en la cultura del odio, ha ido fomentando el fenómeno de la violencia política y electoral en el país.

Anielle Franco denunció que la violencia política ha sido utilizada como una herramienta para privar a las mujeres negras y trans del ejercicio de sus derechos políticos, evitando que debates sobre la desigualdad de género, la raza y la sexualidad ocurran en espacios de política institucional. Además, Anielle sacó a la luz datos sobre la violencia política durante las elecciones de 2020, una de las más violentas de los últimos años, que demuestran la intensificación de las tensiones políticas contra las y los parlamentarios negros y transgénero en el país.

Según una encuesta del Instituto Marielle Franco [1], el 98,5% de las y los candidatos negros informaron haber sufrido al menos un tipo de violencia política. La principal violencia fue virtual, representando el 80% del total de ataques sufridos. Además, solo el 32% de los candidatos denunciaron los episodios que sufrieron, y entre los motivos para no hacer la denuncia está el hecho de que no se sienten seguros o tienen miedo de denunciar la violencia. Entre quienes hicieron las denuncias, el 70% dijo que no les traía más seguridad, además de no contar con el apoyo del partido político ni de la policía.

“Es urgente llevar a otras instancias la necesidad de promover mecanismos para enfrentar todo tipo de violencia contra las mujeres negras, transexuales y travestis y reorientar las políticas que ya existen en Brasil, que hoy todavía son insuficientes para garantizar su protección y sus derechos políticos ”, concluyó Anielle.

La congresista Ana Lúcia Martins compartió que, ante la violencia política, buscó protección a través de la vía legal, y también realizó denuncias en redes sociales y en diferentes medios, sin embargo, no recibió ninguna asistencia del Estado ni del partido para su seguridad, por lo que tuvo que asumir sus propios gastos de defensa. Ante el descuido de las instituciones competentes, Ana Lúcia denunció que casi nada pasó con la investigación de las amenazas de muerte y el delito de racismo sufrido, y que sigue siendo víctima de violencia política a través de las redes sociales con mensajes que incitan al odio y la intolerancia.

“Sabemos que la omisión del Estado tiene un origen, el mismo que ignora la muerte diaria de la población afro de este país, ya sea por la violencia urbana, la falta de políticas públicas para eliminar las desigualdades y el racismo que estructura estas desigualdades a través del propio Estado (…) La pregunta de Anielle Franco aún no ha sido respondida: ¿Quién garantiza la seguridad de las mujeres afros electas? ”, argumentó Ana Lúcia a la CIDH.

La co-concejala Carolina Iara, quien fue atacada en su casa en enero de este año, fue directa en su cuestionamiento: «¿Cuál es la relación entre estas amenazas a parlamentarias trans y el número de 175 mujeres trans y travestis asesinados en Brasil en 2020? ¿Cuál es la conexión entre Brasil con un alto número de muertes de defensores de derechos humanos y las amenazas que estamos sufriendo? ¿Quién va a restaurar el trauma que tengo ahora? ¿Qué Estado es este que, además de callar, fomenta la LGBTfobia a través de innumerables declaraciones del Presidente? ”.

En referencia a la memoria de Marielle Franco, Carolina señaló que no se convertirá en una mártir de la violencia sistémica contra los cuerpos negros y trans en el marco de la necropolítica que banaliza la muerte en el país. Así, señaló que el Estado brasileño tiene la obligación de asegurar que ella y todos los líderes y lideresas afro y trans puedan mantenerse con vida para hacer política, y que la responsabilidad de su seguridad no puede ser exclusivamente de la sociedad civil o del partido.

En su intervención, la concejala Erika Hilton denunció la persecución a defensores de derechos humanos como una forma de silenciar sus voces, especialmente las de mujeres defensoras. Recordó que ya en posesión de su mandato, sufrió un intento de irrumpir en su oficina y que la universidad donde estudiaba tenía las paredes vandalizadas con amenazas. “Escribían las expresiones: mujer, negra, elegida, muerta. Comencé mi mandato teniendo que procesar a más de 50 personas por ataques racistas y transfóbicos. ¿Cómo poder ejercer funciones políticas sin tener garantizada la integridad física? ”, cuestionó.

Con la tarea de presentar las recomendaciones a la CIDH, Bruna Benevides también expuso la situación de violencia política, especialmente la negligencia del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que no hizo ningún pronunciamiento, acción o movilización en torno a la violencia política contra mujeres negras cis y trans. Como ejemplo, Bruna citó el proyecto de ley [2 ] que tiene como objetivo proteger a las víctimas de la violencia política, pero que movimientos de parlamentarios transfóbicos alineados con la falsa narrativa de la «ideología de género» impidieron que se extendiera a parlamentarias trans y travestis.

“También hemos observado varios intentos de institucionalizar la transfobia, asignando criterios biológicos de acceso y garantía de los derechos fundamentales, negando el derecho al reconocimiento de la autodeclaración e identidad de género de las personas trans en diversos proyectos a nivel federal, estatal y municipal. Este descuido se ve corroborado por la negligencia del Estado y la falta de reconocimiento de estas violencias políticas, o de pensar en formas de erradicarlas, especialmente contra aquellas que no forman parte de la base del gobierno y que son las más afectadas por la violencia política”, dijo Bruna.

Representantes del Estado brasileño buscaron escapar de las denuncias con insuficientes declaraciones a las demandas solicitadas durante la audiencia, reafirmando una posición negacionista frente a la violencia racial, transfóbica y política que atenta contra los derechos políticos y la vida de las parlamentarias. A través de argumentos evasivos, los representantes buscaron escapar y minimizar el fenómeno de violencia política en el país, atribuyendo el hecho a un contexto mundial.

Sin embargo, a la luz de las denuncias, los Comisionados de la CIDH solicitaron explicaciones al Estado. Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, argumentó a las representantes sobre cómo el Estado brasileño monitorea los casos de violencia que ocurren en el país, y exigió la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, ya aprobada por el Senado Federal. Además, Joel Hernández, Relator para Brasil, concluyó la audiencia subrayando la importancia de avanzar en la construcción de los derechos políticos de las mujeres y que hay un rechazo del Estado brasileño para escuchar denuncias sobre violencia política. Además, Hernández destacó que el monitoreo de las formas en que opera el acoso virtual es necesaria para comprender el ejercicio de los derechos políticos en Brasil.

En línea con las denuncias citadas durante la audiencia y encaminadas a garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del cuerpo político del país, se presentaron a la CIDH las siguientes recomendaciones, producto de la articulación entre las organizaciones:

Exhortar al Estado brasileño para que se desarrolle en las cámaras legislativas, en diálogo con las alcaldías y órganos del sistema de justicia, mecanismos de reenvío y agilización de denuncias de violencia política contra mujeres negras cis y trans / travestis, asegurando identificar y responsabilizar a los perpetradores de la violencia, y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, sus asesores y familiares;
Instar al Estado brasileño a promover acciones coordinadas e integradas con estaciones especializadas de investigación de delitos cibernéticos para responsabilizar a los autores e inhibir el uso de herramientas y plataformas en línea para ataques de violencia política, particularmente cuando son impulsados por estructuras profesionales, masivas y patrocinadas deliberadamente;
Llamar al Estado brasileño a garantizar la formación de funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría Pública, la Defensoría y la policía civil y federal para aumentar su conciencia sobre la Violencia Política contra las mujeres negras, trans y travestis, contra la discriminación sexual, racial o por género, así como sobre la incitación al odio, legislación antirracista, derechos de las víctimas, medidas de reparación, entre otros temas;
Promover audiencias públicas, debates y discusiones intersectoriales entre las agencias públicas y la sociedad sobre los impactos de la violencia política motivada por la transfobia y temas relacionados con la población trans;
Instar al Estado brasileño a que proceda a la aprobación de legislación específica sobre violencia política contra las mujeres con acciones que incluyan prevenir, perseguir y sancionar este tipo de violencia, con una mirada específica a las mujeres negras, travestis y transexuales;
Realizar misiones oficiales al país, escuchando a los movimientos sociales y sociedad civil local para conocer más profundamente el contexto actual de violaciones a los derechos de las mujeres negras, transexuales y travestis defensoras de derechos humanos que también ocupan o se postulan a cargos de elección popular. También para conocer conocer el agravamiento de las situaciones de conflicto que las hacen vulnerables, y presentar las perspectivas de los estándares internacionales que pueden contribuir al mejoramiento de las políticas nacionales de protección.
Presionar al Estado brasileño para ampliar la estructura y el presupuesto del Programa de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y la inclusión de candidatas y parlamentarias en este programa, a fin de garantizar la protección de estos defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de sus derechos políticos.

¿Perdiste la audiencia? Mira el video completo: youtu.be/Uu-U3OIoh2I

[1] https://www.violenciapolitica.org/

[2 ] https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contr-mulheres.ghtml

Leyla Huerta – Féminas Perú: La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista

Washington D.C., 1 de abril de 2021.– La organización Féminas, de Perú, nació el 7 de junio del año 2015 con el objetivo de empoderar a las mujeres trans en sus acciones de activismo para lograr reconocimiento y respeto a sus derechos. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con su fundadora y directora, Leyla Huerta, quien además de explicar el contexto que impulsó la conformación de Féminas, se refirió a cuáles son sus proyecciones a futuro y a la situación que enfrentan las mujeres trans en el país.

El surgimiento de Féminas estuvo determinado por la visión de Leyla sobre el empoderamiento y activismo que deben tener las mujeres trans. Y es que, al participar en otras organizaciones que trabajan con esta población, la activista pudo identificar que en muchos casos la burocracia y la concentración de responsabilidades no permiten responder a las necesidades de las mujeres trans en cuanto a formación e incidencia.

“Comencé a cuestionar y vi que eso incomodaba a algunas personas. No era un panorama interesante hacer activismo comunitario. Entonces me mantuve al margen, sin participar en ninguna organización. Seguí creciendo profesionalmente y tuve la oportunidad de coordinar un proyecto grande de mujeres trans con el cual comencé a generar reuniones de empoderamiento dentro del espacio laboral y así se fue formando Féminas”, cuenta la lideresa.

Para Leyla, el activismo comunitario es fundamental para cambiar la realidad y, por tanto, esa es la base del trabajo de Féminas. “La población trans se encuentra tan invisibilizada que el simple hecho de que existas en tu entorno ya te hace ser activista. El solo hecho de existir sin decir nada, solo tu presencia en un barrio, comienza a cuestionar a las personas sobre la existencia de personas de género diversa”, dice al respecto.

Impacto del COVID-19 en sus planes

La pandemia de COVID-19 hizo del 2020 un año lleno de retos para Féminas, tanto en sus procesos organizativos como en sus acciones de incidencia. Además, la abrupta destitución del presidente Martín Vizcarra significó una ruptura en el discurso de apoyo a la población trans que se venía manejando desde la misma Presidencia y desde instituciones clave para el reconocimiento y garantía de sus derechos.

Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que el cambio de nombre es posible solamente a través de la vía judicial, un proceso que puede ser muy largo y costoso. Con la COVID-19, se abrió la posibilidad de realizar este proceso en línea, pero las personas trans se han encontrado con muchas limitantes, como la falta de un manual que explique claramente los pasos a seguir. Por tal razón, Leyla señala que la pandemia está retrasando su objetivo de acumular un elevado número de demandas de cambio de nombre y generar jurisprudencia sobre este proceso.

Un aspecto positivo es que la pandemia ha obligado al Estado a actualizar sus sistemas de información y registro. “Una chica cambia de nombre ahora y todo se actualiza, (porque) todo está en línea. Se ha hecho el trabajo que tenía que hacerse desde hace tiempo para que no tengamos que estar yendo a todas las instituciones para cambiar el nombre en todos los documentos. Es una gran ventaja para aquellas que hemos podido cambiar de nombre”, refiere.

Una doble carga

Ante la COVID-19, Féminas ha brindado ayuda humanitaria a mujeres trans, lo cual conlleva un proceso de planificación de la ayuda, identificación de las beneficiarias, difusión en redes sociales y producción de videos informativos, lo cual se suma a las reuniones periódicas de Féminas. Y aunque ello responde a la visión que tienen como organización, no pueden negar que implica un mayor esfuerzo y más trabajo, lo cual les hace reflexionar sobre la doble carga que enfrentan las personas trans por su expresión e identidad de género.

“Nos decíamos ‘con todo lo que las personas cis viven con la política, imagínate cómo es para las personas trans’. Porque eso también nos afecta, un gobierno, un panorama político donde comienza a haber esos discursos de odio y comienza a usarse la identidad de las personas para poder generar shows y la gente no se da cuenta de ello. La gente está tan invadida por el capitalismo que no se da cuenta de que está siguiendo esos discursos de odio”.

Respecto a la destitución de Martín Vizcarra, el 10 de noviembre de 2020, Leyla afirma que significó una “batalla perdida” en la lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. “El gobierno de Vizcarra trató de tener una visión bien inclusiva. Lamentablemente también se evidenció que aún faltan muchas cosas más, pero se han hecho cosas interesantes. El tema de pico y género y que haya ministros que han hablado sobre la identidad de género y la expresión de género, creo que ha sido súper importante”, dijo.

Féminas reconoce al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de la Inclusión Social y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entidades aliadas en la lucha. Leyla asegura que dentro de estos Ministerios hay personas que han ayudado a que se logren varios cambios, pero debido a la crisis política, este apoyo se ha visto interrumpido cuando hay cambio de funcionarios y funcionarias.

Lo que quieren en el futuro

En los últimos cinco años, Féminas logró estar en el Plan de violencia contra la mujer, tener una norma técnica que menciona por primera vez a las mujeres trans, agilizar el proceso de cambio de nombre para poder dar insumos que generen jurisprudencia y conseguir que la comunidad trans confié en un grupo. Este último, es un punto que Leyla considera como fundamental, especialmente por la historia que ha tenido la comunidad trans en Perú.

Leyla sabe que para seguir logrando estos y otros resultados, es necesario impulsar procesos de formación y profesionalización, algo en lo que pudieron trabajar durante la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19. “Quiero una estabilidad para Féminas, veo a Féminas de esa manera. Una institución donde se puedan brindar diferentes servicios, podamos tener una clínica de investigaciones, como una institución que pueda canalizar apoyo a mujeres trans y no perder ese tema del idealismo”, afirma.

La lideresa subraya que en ese proceso de crecimiento no quieren perder de vista el activismo comunitario y siempre brindar el protagonismo a las mujeres. “Seguir en el ámbito comunitario (…) poder profesionalizar y contribuir a mejorar el estatus de vida de mujeres trans, pero desde ellas mismas y no solo mejorar el espacio donde van a estar. Este cambio no lo vamos a lograr solas, una o dos personas, sino que lo hacemos todas y mejoramos la población”, expresa Leyla, quien también menciona el ámbito político, pues considera que es un espacio importante para lograr cambios sostenibles.

Raza e Igualdad reconoce la importancia del trabajo que realizan organizaciones como Féminas en favor de las personas trans. Vemos con particular atención que la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 durante el 2020, ha traído muchos retos, pero también grandes aprendizajes para la comunidad LGBTI, que ha resistido, sanado y se ha apoyado entre sí.

En ese contexto, Raza e Igualdad reconoce los diferentes tipos de violencia que atraviesan las cuerpas de las personas LGBTI y que las mismas están determinadas por las diferentes intersecciones y contextos de cada país. Por eso, reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a organizaciones que, como Féminas, lucha cada día para lograr el reconocimiento de las expresiones e identidades de género diversas.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo». En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Lideresas afrodescendientes de la región llaman a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popular

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.– En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reunió en un evento virtual a seis lideresas de América Latina y el Caribe, para conversar sobre los retos y oportunidades de la participación política de las mujeres afrodescendientes en la región. Las panelistas coincidieron en que ha habido un aumento en la participación de mujeres en puestos de poder y/o elección popular, pero es necesario incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas sobre la participación de las mujeres en dichos espacios.

El webinar “Participación política de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Retos y Oportunidades” se llevó a cabo el martes 24 de noviembre y contó con la participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la diputada del Congreso de Honduras, Johana Bermúdez; la activista y precandidata a la Presidencia de Colombia, Francia Márquez; la secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, Yanaina Oliveira; la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Marthadela Tamayo González, y la coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yáñez, quien estuvo a cargo de moderar el evento.

La Vicepresidenta de Costa Rica señaló que la participación de mujeres en general en los Congresos de la región se ubica actualmente en un 30%, cuando antes era de entre 10% y 15%; sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos y mujeres afrodescendientes esa participación es mucho más limitada. En ese sentido, planteó la necesidad incluir el enfoque étnico-racial en las leyes sobre participación política de las mujeres, así como trabajar con los partidos políticos para que asuman dicha perspectiva. “Promover la participación y desconocer la diversidad de mujeres que hay en una sociedad genera más brechas de desigualdad”, expresó.

Violencia política

Francia Márquez, activista por los derechos humanos y precandidata a la Presidencia de Colombia, indicó que como potencial aspirante a dicho cargo se enfrenta a muchos retos, entre ellos el racismo estructural y el conflicto armado que persisten en el país. “Ya dije que quiero ser candidata a la Presidencia y ya comenzaron los ‘peros’, acusaciones, excusas, ‘no sabe’, ‘no puede’, ‘no conoce’; eso es una estrategia para que no ocupemos espacios de poder, y si no hay una decisión nuestra para participar y hacer entender a nuestra gente que el voto es importante, difícilmente vamos a cerrar esas brechas de igualdad e inequidad”, apuntó.

La congresista hondureña Johana Bermúdez señaló en ese sentido que la violencia contra las mujeres en cualquier escenario es terrible, pero cuando ocupan cargos en espacios públicos es peor. Refirió que actualmente la violencia digital es una de las principales expresiones de dicha violencia y que, por tanto, hay mujeres que no se animan a participar en la política, pues tienen miedo de ser víctimas del escarnio público. La congresista resaltó además que en medio de la pandemia de Covid-19 ha quedado demostrada la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres, ya que los países con mayor transparencia y mejor comunicación en el manejo de la emergencia sanitaria son aquellos que están liderados por mujeres.

Yanaina Oliveira, secretaria LGBTI del Partido de los Trabajadores de Brasil, agregó que las mujeres negras que corren como candidatas a puestos de elección popular, son víctimas de ofensas racistas y sexistas, un discurso que está principalmente promovido por el presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en que en el país no hay racismo y se caracteriza por hacer comentarios misóginos, dijo. “Nuestros cuerpos son víctima de violencia de parte de los representantes del Estado”, enfatizó. La lideresa afrobrasileña recordó sin embargo que, en las últimas elecciones de legisladores e intendentes, quedaron electas 25 personas trans, algo histórico es Brasil, donde la política ha estado dominada por personas blancas y hombres.

En tanto, la activista cubana e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, se refirió a la persecución y criminalización que enfrentan las personas que intentan promover prácticas electorales democráticas en Cuba, sobre todo si se trata de mujeres racializadas. Mencionó en particular la agresión que sufrieron ella y otros miembros del CIR, así como periodistas independientes, de parte de oficiales de la Seguridad del Estado, la Policía y simpatizantes del Gobierno, el domingo 22 de noviembre en el Parque Central de La Habana, a donde se habían congregado para manifestarse contra la detención del músico y activista Denis Solís.

Desde Raza e Igualdad acompañamos las demandas de las mujeres afrodescendientes para hacer efectiva su participación en espacios de poder, y hacemos eco del llamado a incluir el enfoque étnico-racial en las leyes y políticas que promueven su participación política.

Puede mirar nuevamente el evento virtual por medio de este enlace: https://fb.watch/20S-Qux7zv/

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