Escuela Kátia Tapety en Colombia: dos encuentros para fortalecer liderazgos LGBTI+

Escuela Kátia Tapety en Colombia: dos encuentros para fortalecer liderazgos LGBTI+

Bogotá, 2 de octubre de 2025 — La Escuela de Formación Política Kátia Tapety, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), llegó a Colombia con dos encuentros realizados en alianza con el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), y con la Fundación Somos Identidad. Las jornadas se llevaron a cabo el 23 de septiembre en el Centro de Atención para la Población LGBTIQ+ del programa CaliDiversidad, en el barrio Miraflores de Cali; y el 26 en la Casa LGBTI Sebastián Romero de Teusaquillo, en Bogotá, donde se reunieron más de 50 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, para dialogar sobre participación política, violencia, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y las luchas compartidas entre Brasil y Colombia.

La escuela, creada en Brasil en 2022 y que ya ha tenido dos promociones (llegando a más de 60 alumnas), lleva el nombre de Kátia Tapety, reconocida como la primera mujer trans elegida por voto directo en el país brasileño. Para Maria Paula Custódio, coordinadora del proyecto en Raza e Igualdad, el nombre es un homenaje a su legado político: “Ella es honrada en este proyecto que ahora se expande a Colombia”.

Los dos encuentros contaron con la participación de dos exalumnas de la escuela en Brasil: Isis Carneiro, integrante de la Articulación Brasileña de Lesbianas (ABL); y Dayanna Louise, secretaria de Educación de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), quienes compartieron sus experiencias con las y los asistentes.

Isis Carneiro destacó que la escuela le permitió ampliar sus conocimientos: “Aunque soy abogada y ya he estudiado muchas cosas que vimos en la escuela, la visión que tuvimos fue completamente diferente. Logramos tener una perspectiva completamente diferente de la población LGBT y de las cosas que nos importan; no lo que vemos en la academia, que se nos olvida”.

Para Dayanna Louise, la llegada del proyecto a Colombia será un paso importante en la construcción colectiva de la región: “La escuela Kátia Tapety nos permite un proceso de incidencia política en la colectividad, pero también respetando las particularidades de cada persona. Entonces, traer la experiencia brasileña de la escuela Kátia Tapety a Colombia, es invertir en la construcción política de América Latina”.

Con estos dos encuentros, la Escuela Kátia Tapety consolidó un espacio de intercambio entre liderazgos LGBTI+ de Colombia y Brasil, reafirmando su objetivo de fortalecer la participación política de mujeres trans, travestis, negras e indígenas en América Latina. En esa misma línea, desde Raza e Igualdad renovamos nuestro compromiso de acompañar a las y los activistas de la región, impulsando espacios de formación e intercambio que contribuyan a la defensa y al reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI+.



Activistas afro denuncian el impacto del racismo en las mujeres afrodescendientes de la región

  • Cinco lideresas de América Latina y el Caribe, junto con el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, participaron el pasado 18 de septiembre en Bogotá en el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global.

Bogotá, 22 de septiembre de 2025 – En el marco de la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que reunió a más de 60 activistas afro de América Latina y el Caribe; el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el conversatorio Voces de la diáspora: mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de septiembre en Bogotá.

El encuentro reunió a lideresas de distintos países de la región, quienes compartieron experiencias sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres afrodescendientes, así como las estrategias de resistencia y construcción comunitaria que han impulsado.

La presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), la afrohondureña Mirtha Colón, destacó la importancia de fortalecer la identidad cultural desde las nuevas generaciones. La coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la afroboliviana Paola Yañez, subrayó que “no se puede hablar de racismo sin hablar de sexismo, porque están muy entrelazados”. Por su parte, la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga, llamó a impulsar una agenda afrodescendiente, afrocentrada, interseccional y decolonial.

La afrodominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA, denunció la discriminación y xenofobia hacia la población haitiana, especialmente hacia las mujeres. Mientras tanto, la afrocolombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre), señaló que el conflicto armado en Colombia ha agudizado la vulnerabilidad de las mujeres afrocolombianas, muchas de las cuales callan por miedo.

Luego de escuchar a las lideresas, el profesor Justin Hansford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, destacó la situación de las mujeres afro en América Latina, y retomó algunas de las recomendaciones planteadas por las activistas durante el conversatorio.

Este diálogo fue un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde las voces de mujeres afrodescendientes de la región y la diáspora visibilizaron cómo el racismo y el sexismo impactan sus vidas, y reafirmaron su papel central en la defensa de derechos y en la transformación social. También sirvió como una antesala para las activistas, quienes igualmente participaron en la consulta regional del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, que se realizó el pasado 19 de septiembre en la Cancillería colombiana, y donde resaltaron la necesidad de visualizar la realidad de las mujeres afrodescendientes dentro del proyecto de borrador de la declaración, que se encuentra en construcción parte de las personas integrantes del Foro.

Desde Raza e Igualdad seguimos impulsando iniciativas y espacios que hagan posible este tipo de encuentros, con el fin de continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas afrodescendientes en la región, y de contribuir a un mundo donde se respete la dignidad de todas las personas, y cada quien pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

La próxima semana, cuatro documentales sobre el exilio y la resistencia cubana se presentan en Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2025. Cuatro documentales independientes cubanos se presentarán en la capital española los días 10 y 11 de septiembre, en la sala Artistic Metropol (calle Cigarrera, 6, Arganzuela, 28005), como parte de un ciclo de cine organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Las producciones, que han sido apoyadas por la organización en los últimos años, exploran desde diferentes perspectivas la realidad política y social de Cuba, su cultura y el exilio; y buscan visibilizar y defender los derechos humanos en este país. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en este enlace. Todas las proyecciones iniciarán a partir de las 20:00 horas (de Madrid).

10 de septiembre

Dos Patrias – Dir. Hilda Hidalgo

El ciclo de cine comenzará con Dos patrias, un documental que ofrece una mirada íntima a la vida de tres activistas de Cuba que han enfrentado la represión política en la Isla. A través de los testimonios de Xiomara Cruz (integrante de las Damas de Blanco), Eduardo Cardet (líder del Movimiento Cristiano de Liberación) y Aymara Nieto, también miembro de las Damas de Blanco, quien obtuvo la libertad bajo la condición de abandonar el país y hoy vive exiliada en República Dominicana, la obra indaga en las causas y consecuencias del estallido social del 11 de julio de 2021, y retrata la compleja realidad que atraviesa Cuba.

11 de septiembre

Recopilación de 5MIN – Dir. Katherine T. Gavilán

Este corto documental reflexiona sobre una deuda pendiente en la sociedad cubana: el ejercicio pleno de la palabra y la escucha. A través de una serie de discursos breves, esta producción propone un espacio donde emisor y receptor se encuentran, fomentando tanto el derecho a expresarse como la responsabilidad de escuchar. En ese diálogo necesario se plantea la posibilidad de una comunicación más abierta y democrática.

Otra ola – Dir. Mauricio Mendoza, Mario Luis Reyes y Alfredo Herrera

Centrada en el rap cubano y su historia de censura y marginación, Otra ola rescata la memoria de un movimiento cultural nacido en barrios afrodescendientes y empobrecidos. Este corto documental se erige como una plataforma para dar voz a artistas y comunidades que luchan por sus derechos humanos.

Sobrevivir. Historia de piel y silencio – Dir. Raúl Soublett

Este corto documental aborda la discriminación racial en Cuba y sus repercusiones en las oportunidades de desarrollo económico y social. Al recoger las experiencias de personas negras en contextos tanto urbanos como rurales, esta producción revela las múltiples formas de exclusión y reivindica la necesidad de garantizar empleo, educación y servicios básicos.



Raza e Igualdad acompaña a mujeres afrodescendiente, indígenas y diversas en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer

Washington, D.C., 18 de agosto de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañó a mujeres afrodescendientes, indígenas y diversas en su participación en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, que se realizó en la Ciudad de México del 12 al 15 de agosto, bajo el tema: “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”.

La Conferencia concluyó con un hito importante para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe, como fue la firma del Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción 2025-2035 en la región para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado mediante transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental.

Desde Raza e Igualdad reconocemos que esta Conferencia se da en un contexto internacional muy crítico por la reducción de fondos en áreas importantes para las mujeres, por lo que resaltamos la necesidad de seguir luchando con más fuerza que nunca por los derechos de las mujeres, con un enfoque interseccional porque son estas, las mujeres afrodescendientes, indígenas y diversas, quienes enfrentan la violencia más extrema en sus hogares, trabajos y comunidades.

Al ser órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región, desde la sociedad civil existía mucha expectativa para participar en los más de 35 foros y mesas paralelas que hubo en torno a la Conferencia; sin embargo, muchas organizaciones quedaron fuera de dichos espacios y no pudieron compartir sus preocupaciones y demandas.

Considerando que el tema central giró en torno en “los cuidados”, las mujeres afrodescendientes, indígenas y diversas alzaron sus voces porque históricamente esta labor ha pesado sobre ellas de forma particular, ya que no solo asumen cuidados en el hogar y sus comunidades, sino en espacios de terceros como medio de sobrevivencia, caracterizándose por sufrir abusos, racismo y discriminación, al punto que dicho trabajo ha sido denominado “esclavitud moderna”. Por tanto, las mujeres hicieron un llamado para que el movimiento feminista asuma la visión antirracista y anti-clasista.

Entre los demás llamados realizados, destacó el de la delegación de Republica Dominicana, la cual se pronunció sobre la reciente reforma al Código Penal y las medidas migratorias, calificándolas de “racista, machista, clasista, anti-negro, anti-haitiano, anti-LGBTIQ+ y anti-pueblo”. Esto contrastó con el hecho que, a lo largo de la Conferencia, se invisibilizó la realidad de las mujeres pobres, en condición de apátrida y migrantes y/o en situación de movilidad haitianas en dicho país.

Otro punto importante fue el relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, por lo que aprovechamos la ocasión para llamar a redoblar esfuerzos para incorporar y visibilizar el componente étnico-racial de las mujeres en sus datos e investigaciones.

En Raza e Igualdad, exaltamos particularmente la participación de las organizaciones contrapartes: Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) y Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), cuyas delegaciones realizaron una excelente labor de visibilización de sus realidades y demandas.

Imagen principal: Foto oficial CEPAL

La Comadre exige garantías para seguir caminando con dignidad

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Bogotá, 15 de julio de 2025.– Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), manifestamos nuestra consternación , indignación y solidaridad frente a los hechos que recientemente vulneraron el proceso organizativo del Sujeto de Reparación Colectiva LA COMADRE, conformado por mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado que, desde diversos territorios del país, lideran procesos de exigibilidad, verdad, memoria y reparación.

En el marco del encuentro de la Fase de Alistamiento de la Ruta de Reparación Colectiva liderada por la Unidad para las Víctimas, se presentó un hecho de intimidación hacia una de las lideresas de la organización, lo cual generó temor colectivo, alteró el desarrollo del evento y afectó la integridad emocional y física de las 60 participantes. Los espacios concebidos para avanzar en la reparación no pueden ser fuente de nuevas afectaciones, por tanto, es indispensable que las respuestas institucionales sean eficaces; este proceso de reparación debe ser un camino de cuidado, contención, reconocimiento y garantías reales.

El Estado debe garantizar las condiciones reales de participación y protección a quienes trabajan en defensa de los Derechos Humanos, y en el marco de la Sentencia SU 546 de 2023, en la cual la Honorable Corte Constitucional declara el Estado de Cosas Inconstitucional el Derecho a Defender los Derechos Humanos.

LA COMADRE es un proceso de construcción colectiva que representa la resistencia y dignidad colectiva de las mujeres negras; nació desde el dolor compartido de mujeres afrocolombianas que sobrevivieron al conflicto armado, pero se sostiene en la decisión firme de no ser silenciadas. Las mujeres que integran este sujeto de reparación han creado un camino colectivo para sanar, resistir y transformar, su labor ha estado orientada a la construcción de memoria, exigibilidad de derechos, fortalecimientos comunitarios, participación política y diálogos en procesos de verdad  reparación.

En consecuencia, desde Raza e Igualdad y CODHES solicitamos a las autoridades competentes la adopción inmediata de medidas tendientes a garantizar la verdad, la justicia, la protección y la no repetición en relación con los hechos denunciados.

En virtud de lo anterior:

  • Rechazamos cualquier manifestación de intimidación, hostigamiento o amenaza que atente contra la vida, integridad, autonomía y labor política de las mujeres afrocolombianas.
  • Exigimos al Estado colombiano adoptar urgentemente las medidas de protección colectiva, con enfoque interseccional étnico-racial de género y transformador, con responsabilidad, diligencia que reconozca y responda a las condiciones de riesgo específicas que enfrentan las lideresas afrocolombianas defensoras de Derechos Humanos
  • Instamos a las entidades responsables de la implementación de la política de reparación colectiva a fortalecer los canales de diálogo, coordinación interinstitucional y acciones preventivas que eviten la repetición de hechos de esta naturaleza y garanticen condiciones reales para la participación digna y segura.

A las mujeres de LA COMADRE, les reiteramos nuestro respaldo absoluto y nuestro reconocimiento por su lucha, resistencia y liderazgo. Y a la sociedad civil, la convocamos a rodear, visibilizar y reconocer este proceso organizativo como una de las expresiones necesarias y poderosas de una Colombia que aún se encuentra en deuda con una reparación integral y con justicia racial y de género.

CSW69: Un espacio clave para los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe

Washington, D.C., 7 de marzo de 2025.– En 2025, el mundo conmemora el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, un hito fundamental en la lucha por la igualdad de género. En este contexto, la 69ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) de Naciones Unidas, que se celebrará del 10 al 21 de marzo en Nueva York, representa una oportunidad crucial para evaluar avances, identificar desafíos persistentes y renovar compromisos hacia la plena realización de los derechos de las mujeres.

En el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconocemos la importancia de este espacio para impulsar avances para la promoción, protección y garantía de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres afrodescendientes, indígenas y LBT (lesbianas, bisexuales y trans), pues continúan marginadas en los espacios de toma de decisión y enfrentan violencias específicas que las invisibilizan aún más y limitan su acceso a derechos fundamentales.

En este escenario, la participación de la sociedad civil es fundamental para garantizar que las voces de las mujeres de la región sean escuchadas y tomadas en cuenta en la agenda global. Como Raza e Igualdad, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe, por lo que estaremos acompañando la participación en la CSW69 de representantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA).

Este es el segundo año consecutivo en el que acompañamos la participación del ECMIA. En 2024, en la 68ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW68), tuvimos presencia en un amplio cronograma de actividades oficiales y eventos paralelos. En ese entonces, los debates se centraron en la economía y el impacto de la pobreza en la vida de las mujeres indígenas, abordados desde una perspectiva intergeneracional, intercultural, de igualdad de género y de derechos individuales y colectivos. 

Un panorama desafiante

En América Latina y el Caribe, la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad sigue siendo profunda. A pesar de los avances normativos, las mujeres—especialmente aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación, como las afrodescendientes, indígenas, LBT y defensoras de derechos humanos—siguen sufriendo altos niveles de violencia, desigualdad económica y restricciones en su participación política. La región, además, sigue siendo una de las más peligrosas para las defensoras de derechos humanos, con asesinatos, criminalización y hostigamiento como respuesta a su activismo. 

A estos retos se suma el avance de grupos anti-derechos que buscan revertir los logros alcanzados en materia de igualdad de género. Desde campañas de desinformación hasta reformas legales regresivas, estos sectores promueven narrativas que deslegitiman la lucha feminista y amenazan derechos fundamentales. La creciente influencia de estos grupos en los espacios políticos y mediáticos representa un serio obstáculo para la construcción de sociedades más justas y equitativas.

Es urgente que los Estados refuercen sus compromisos con la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030, adoptando políticas efectivas que aborden las desigualdades estructurales y garanticen entornos seguros para todas las mujeres. La CSW69 no debe ser solo un espacio de evaluación, sino un punto de inflexión para lograr cambios concretos.

En un momento de retrocesos en derechos humanos en varios países de la región, levantamos nuestras voces para exigir que la igualdad de género sea una prioridad real y no solo un compromiso en el papel. La lucha por los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe no puede esperar.

11 líderes y lideresas de América Latina fortalecen sus capacidades en Ecuador

Imágenes de una jornada que se realizó a finales de octubre en Quito, Ecuador, y reunió a 11 líderes y lideresas de Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, quienes compartieron sus experiencias y fortalecieron sus capacidades durante una serie de sesiones de formación facilitadas por FLACSO Ecuador, en la que se abordaron temas como los derechos humanos en la región, y los principales desafíos que se registran en América Latina. 

Este encuentro, que se realizó en el marco del proyecto ‘Empoderamiento de líderes y lideresas emergentes’ llevado a cabo por Raza e Igualdad, agrupó en total a 10 organizaciones de la sociedad civil independiente, como la Asociación Panameña de Debate (ASPADE), la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación Mujer, la Fundación Convive Panamá, la Organización Social Salvador, la  Unión Trans, el Centro de Promoción Social (CERPROS), el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, Mujeres Rímenses, y Fraternidad Trans Masculina Perú. 

 



La violencia de género y la salud mental de las mujeres defensoras de derechos humanos: Reconociendo el impacto y proponiendo medidas de prevención, atención y reparación

Washington, DC; 25 de noviembre de 2024.– Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco (Cuba), inició su activismo cuando su hijo tenía cuatro años; hoy, él tiene 29. Durante ese tiempo, Soler ha sido blanco de diferentes formas de represión del Gobierno cubano, debido a su persistente lucha contra la situación de personas privadas de libertad por motivos políticas en la Isla.

“A veces se desatiende a los hijos y se asumen otros papeles, y eso choca”, comparte Soler, en alusión al doble y hasta triple rol que asumen las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en sociedades donde priva la violencia machista y, además, existen gobiernos autoritarios y contrarios al accionar de la sociedad civil independiente.

Solo en los últimos tres meses, la activista cubana ha sido detenida de forma arbitraria y sometida a desaparición forzada en dos ocasiones. La primera ocurrió el 22 de septiembre, cuando agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron y llevaron a una estación de policía, donde permaneció 67 horas; y la segunda vez fue el pasado 10 de noviembre, ocasión en la que estuvo desaparecida más de 76 horas.

“Aquí (en Damas de Blanca) tenemos mujeres que se han puesto en la puerta de su casa a vender dos termos de café, que lo único que le sacan es una bobería, y el régimen cubano llega y te dice ‘no puedes venderlo, porque si lo haces te meto presa’. Por ser defensora de los derechos humanos ya tienes trillada tu vida, la tienes marcada. Te excluyen de la sociedad”, agrega.

Reconociendo un problema con diferentes matices

Para conmemorar este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) nos hemos propuesto visibilizar los testimonios de mujeres activistas que, en el proceso de promover y defender derechos humanos, están expuestas a múltiples violencias que impactan en su salud mental, y formulamos una serie de recomendaciones para poner fin a este flagelo.

Naciones Unidas ha reconocido que las mujeres que trabajan en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género son frecuentemente blanco de violencia de género, discriminación y amenazas debido a que su labor desafía las normas tradicionales de género y expone las desigualdades estructurales en la sociedad, y además de enfrentarse a los riesgos habituales de las personas defensoras -donde hay que considerar que esta es una de las actividades más peligrosas en Latinoamérica– sufren ataques específicos debido a su identidad, la pertenencia a movimientos feministas o por el enfoque de su labor, como la promoción de derechos de las personas LGBTI+.

Para Maria Eduarda Aguiar, mujer trans, abogada, voluntaria del Grupo Pela Vida en Río de Janeiro y presidenta del Consejo Estatal LGBT para 2022-2024, la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político en Brasil está marcada por el asesinato de Marielle Franco, defensora de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro que fue brutalmente asesinada en marzo de 2018.

“De este modo, la salud mental de las mujeres se ve extremadamente afectada por las innumerables formas de violencia a las que estamos expuestas por defender una idea, ocupar un espacio o levantar una pancarta. Pero tenemos que seguir luchando por una educación inclusiva, antirracista, anti-LGBTIfóbica y feminista”, afirma.

La violencia que enfrentan las mujeres activistas se ve agravada por la estigmatización y la falta de mecanismos de protección efectivos, lo cual impacta en su salud mental y se manifiesta con altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y, en muchos casos, trastorno de estrés postraumático. Estas consecuencias están ligadas no solo a las agresiones físicas y psicológicas que enfrentan, sino también al aislamiento social, el desgaste emocional y la sobrecarga de responsabilidades en contextos hostiles.

Tal es el caso de Berta Soler y otras integrantes de la organización Damas de Blanco, en Cuba, cuyo caso motivó recientemente el envío de una comunicación conjunta al Gobierno de Cuba de parte de ocho Relatorías y especialistas de Naciones Unidas, entre ellas la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En la comunicación, expresan su preocupación por la situación de detenciones arbitrarias, criminalización, violencia, asedio, vigilancia y amenazas en contra de Berta Soler e integrantes de la organización Damas de Blanco, y solicitan al Gobierno una respuesta sobre los hechos alegados en un plazo de 60 días.

Azahalea Solís, defensora de derechos humanos nicaragüense, pone sobre la mesa el hecho que la violencia ejercida contra las mujeres también afecta a las personas de su entorno y que el temor, al ser una de las consecuencias, se traduce en falta de plenitud para vivir, para participar, para actuar y para expresarse. “La vida ciudadana de las mujeres que sufren violencia también se ve afectada y, por lo tanto, su participación política, así como su autonomía económica y su relacionamiento social”, subraya.

Desde Perú, Jimena Holguín, integrante de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), profundiza en los efectos que puede tener en la vida de las mujeres la violencia basada en género.

“Podemos experimentar estrés; es decir un estado de tensión, alerta; inseguridad, temor hasta llegar al terror o pánico. También puede causar ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento con el entorno, trastorno del sueño y de alimentación […]. La depresión puede llegar a ser muy alta, perdiendo sentido de la vida y hasta del ser, a tal extremo que, queriendo huir de su realidad de abuso, opresión, violencias, llegue a concretar el suicidio”, resalta.

Por su parte, María Camila Zúñiga Saa, integrante del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Empoderadas (MUDE), trae a colación que la vida de las mujeres está marcada por la violencia que sufren en el ámbito privado, especialmente de sus parejas. Al respecto, señala: “Unas de las primeras manifestaciones del agresor es atacarte psicológicamente, hacerte sentir fea, débil, incapaz, entre otras. Todo con la intención de tener el control sobre ti y volverte dependiente para abusarte a su gusto y necesidad”.

A ello agrega que, en el ámbito público, dicha violencia puede verse agravada porque “la sociedad reproduce patrones y estereotipos, y de hecho llegan a culparte de muchas de las situaciones que vives como víctima. Además, la negligencia de las instituciones acrecienta las crisis de salud mental al sentirte sola y desprotegida”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Guía Práctica sobre Lineamientos y Recomendaciones para la Elaboración de Planes de Mitigación de Riesgos de Personas Defensoras de Derechos Humanos, plantea que el impacto de la violencia se agrava cuando las mujeres activistas pertenecen a grupos vulnerabilizados. “Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, indígenas o LGBTQ+ enfrentan formas interseccionales de discriminación que añaden capas adicionales de violencia y exclusión”, sostiene.

Recomendaciones para una respuesta integral

La violencia de género no solo busca callar a las mujeres activistas, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en su salud mental y emocional. Al reconocer la magnitud de este problema, podemos avanzar hacia un sistema de apoyo integral que no solo les permita sanar, sino también continuar su invaluable labor en favor de la justicia y los derechos humanos.

Para Nedelka Lacayo, del Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUEH), es fundamental que los Estados diseñen e implementen programas de prevención, atención y reparación, y señala que el acceso a la justicia es una pieza clave en dicho proceso, pues los altos índices de impunidad generan desconfianza en las mujeres que sufren violencia y las inhibe para tomar la decisión de recurrir a las autoridades.

Es responsabilidad de los Estados garantizar la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y erradicar todas las formas de violencia que las afectan, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Por tanto, desde Raza e Igualdad hacemos las siguientes recomendaciones:

  1. A los Estados:
  • Adopción e implementación de un marco legal contra la violencia de género: aprobar y aplicar leyes que aborden todas las formas de violencia contra las mujeres, con mecanismos efectivos de monitoreo y cumplimiento. Estas leyes deben garantizar la protección integral de las mujeres, especialmente de las defensoras de derechos humanos, y abordar la violencia interseccional.
  • Fortalecimiento de sistemas de protección para mujeres defensoras: crear mecanismos específicos para proteger a las mujeres defensoras, diseñados en consulta con ellas, que prevengan agresiones, criminalización y estigmatización por su labor.
  • Creación de sistemas de respuesta efectiva: establecer unidades especializadas en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia para atender la violencia de género, garantizando investigaciones exhaustivas, imparciales y sanciones a los responsables.
  • Erradicación de restricciones a los derechos fundamentales: asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, eliminando cualquier medida que limite a las mujeres o sus organizaciones en su labor de defensa de derechos humanos.
  • Políticas públicas y diálogo con la sociedad civil: asignar recursos suficientes para implementar programas de prevención y atención a la violencia de género, y garantizar la participación de organizaciones de mujeres en su diseño, ejecución y evaluación.
  1. A las organizaciones internacionales:
  • Consolidación de mecanismos de monitoreo y denuncia: establecer o reforzar sistemas independientes de monitoreo y documentación sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y la violencia de género en los países, garantizando que los hallazgos sean utilizados para presionar a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales.
  • Asistencia técnica y capacitación: proveer asistencia técnica y programas de formación para organizaciones de la sociedad civil y Estados sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos, violencia de género y protección de defensoras, promoviendo el fortalecimiento de capacidades locales.
  • Incidencia política y diplomática: utilizar su influencia en foros internacionales y relaciones diplomáticas para exigir a los Estados la implementación de medidas efectivas para erradicar la violencia de género, proteger a las defensoras de derechos humanos y garantizar el respeto por las libertades fundamentales.
  • Financiamiento y apoyo sostenido a las defensoras y organizaciones locales: brindar recursos financieros a organizaciones lideradas por mujeres en contextos de alta vulnerabilidad, asegurando que puedan continuar su labor con independencia y resiliencia frente a las amenazas.
  1. A la sociedad civil:
  • Fortalecer redes de apoyo internas y externas: las organizaciones deben crear espacios seguros y confidenciales donde las activistas puedan compartir experiencias y buscar apoyo sin temor a represalias. Promover la construcción de redes colaborativas entre activistas y aliadas puede ayudar a fomentar la resiliencia colectiva y a combatir el aislamiento.
  • Desarrollar capacidades en salud mental con perspectiva de género: capacitar a profesionales de la salud mental aliados para que comprendan las dinámicas de violencia de género y los retos específicos de las defensoras de derechos humanos. Esto incluye facilitar acceso a terapias especializadas que atiendan tanto los efectos inmediatos como los impactos prolongados del trauma.
  • Incidir en políticas públicas inclusivas y protectoras: promover diálogos con instituciones gubernamentales para impulsar la adopción de protocolos específicos de protección para mujeres activistas.
  • Implementar campañas de sensibilización comunitaria: diseñar y ejecutar campañas que destaquen el papel fundamental de las mujeres defensoras de derechos humanos y los riesgos que enfrentan.

Ante los diferentes eventos de violencia que pueden enfrentar las personas defensoras de derechos humanos en su día a día, tanto a nivel físico como emocional, en Raza e Igualdad desarrollamos la Guía para el Autocuidado “Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás”, cuyo objetivo es que las personas adquieran conciencia sobre los riesgos a los que están expuestas -especialmente para su salud mental- y tomen acciones de autocuidado.

Nicaragua enfrenta crisis devastadora en derechos sexuales y reproductivos, alertan organizaciones previo al EPU 2024

Ginebra, 7 de noviembre.- Nicaragua enfrenta una crisis devastadora en términos de derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las niñas y mujeres adolescentes. En el marco de los preparativos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, el Centro de Derechos Reproductivos, el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizaron el evento paralelo «Desafíos actuales de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua» con el objetivo de sensibilizar sobre la grave situación de violencia sexual e injusticia reproductiva que afectan a las mujeres en este país.

El evento contó con los testimonios de defensoras nicaragüenses Winnye Bernard y Ana Quirós, y las intervenciones de Paulina Jimenez Fregoso s del Centro para los Derechos Reproductivos, la Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Ana Peláez Narváez, y Andrés Sánchez Thorin, Director la Oficina de Centroamerica y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Cada día cinco niñas menores de 14 años dan a luz

Jiménez abrió el evento señalando la alarmante falta de acceso a información y servicios de salud reproductiva en Nicaragua. «Se estima que al menos cinco niñas menores de 14 años dan a luz cada día, y la tasa de embarazos en adolescentes es una de las más altas de América Latina, con un 24.6% de madres menores de 18 años», dijo Jiménez.

Jiménez destacó dos casos presentados por el Movimiento Niñas No Madres ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: dos niñas nicaragüenses en situaciones de extrema vulnerabilidad, víctimas de violencia sexual y maternidades forzadas. Ambos casos reflejan la grave crisis que enfrenta Nicaragua en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, donde las leyes restrictivas y la falta de políticas públicas adecuadas perpetúan la violencia sexual y la impunidad.

En este sentido, la defensora nicaragüense y activista feminista Ana Quirós, relató cómo el código penal, vigente desde el año 2006, criminaliza el aborto  a pesar de los reiterados esfuerzos de adecuar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.

Quirós denunció que en lo que ha transcurrido del año 2024 han habido 64 femicidios y 158 intentos de femicidio, “y sobre esto nadie está hablando”. Según la defensora, esta es una de las consecuencias de las frecuentes amnistías con las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a más de ocho mil presos comunes en el año 2024, de los cuales muchos de esos que tienen cargo por violencia sexual y por agresión a mujeres. “Entonces, la restricción en el aborto no es más que una muestra más del poco interés que hay por parte del régimen (de Ortega y Murillo) en la vida de las mujeres, en la salud, y en los derechos sexuales y reproductivos”, concluyó.

Desmantelamiento del espacio cívico ha dejado a las mujeres en indefensión

Winnye Bernard Canales, defensora de los derechos de las mujeres y Deputy Head of Regional Office Latin America de la RIDHE, indicó que la represión estatal destada desde el año 2018, ha dejado a las mujeres desprotegidas, enfrentando embarazos de alto riesgo sin opciones seguras y viviendo en un ambiente hostil que normaliza la violencia sexual. «Las mujeres en Nicaragua no solo enfrentan un sistema legal y social que les niega sus derechos, sino que además carecen de programas de educación sexual integral, lo que las pone en riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual», expuso. 

Además, Bernard detalló que la persecución a las organizaciones feministas, el cierre de comisarías y la criminalización de las defensoras de derechos humanos ha incrementado la impunidad y desprotección para las mujeres víctimas de violencia. «La falta de apoyo institucional y el estigma social hacen que las mujeres enfrenten grandes barreras cuando intentan acceder a justicia en casos de violencia de género,» comentó.

Por su parte, Andrés Sánchez Thorin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó el impacto devastador del desmantelamiento del espacio cívico, que ha afectado gravemente a las mujeres al privarlas de redes de apoyo fundamentales. “El cierre progresivo de más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban apoyo esencial a las mujeres, ha dejado a numerosas mujeres sin acceso a servicios críticos y redes de apoyo, exacerbando desigualdades de género y situaciones de riesgo”, agregó Sánchez.

“Esta vulneración de derechos es aún más profunda para las mujeres detenidas, quienes se encuentran completamente desprovistas de cualquier acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, quedando en una situación de especial indefensión”, dijo el representante de la ONU.

Llaman al Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones  del Comité CEDAW

Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abordó las recomendaciones del Comité tras el examen del séptimo al décimo informe periódico combinado de Nicaragua, destacando la urgencia de reformas en varias áreas clave. 

Peláez subrayó que la legalización del aborto en casos específicos, como violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, es una de las principales recomendaciones del Comité. «Nicaragua debe garantizar acceso a un aborto seguro, confidencial y sin estigmatización, así como a la atención posterior al aborto,» enfatizó.

Según la Presidenta, el Comité CEDAW ha identificado la necesidad urgente de garantizar una educación sexual integral para todas las edades dentro del sistema educativo, lo cual es esencial para prevenir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo explicó que «es fundamental que el Estado garantice a las niñas y adolescentes el derecho a regresar a la escuela después de ser madres y que elimine las barreras legales que les impiden acceder a empleo y salud.»

Finalmente, Peláez instó al Estado de Nicaragua a restaurar la legislación que protege a las mujeres y abrir las puertas a las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de salud sexual y reproductiva.

Pronunciamiento

En un contexto de creciente represión y con el inminente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera urgente que la comunidad internacional se pronuncie de manera enérgica y demande compromisos firmes y acciones concretas por parte del Estado nicaragüense.

Exhortamos al Estado nicaragüense a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a implementar reformas que garanticen la igualdad. En particular, exigimos:

  1. La adecuación de la legislación penal a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
  2. Garantizar el acceso a una educación sexual integral y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y de calidad, en particular para mujeres y niñas de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
  3. Cesar la criminalización de la labor de defensoras de derechos humanos, permitiendo la reapertura y el funcionamiento pleno de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.
  4. Restaurar y fortalecer el espacio cívico, promoviendo un ambiente seguro y libre de represalias para quienes defienden y promueven los derechos humanos en el país.

Este viernes 18 de octubre, el Comité de la CEDAW evaluará al Estado de Cuba

Ginebra, 16 de octubre de 2024 – La última vez que el Estado de Cuba fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), fue en julio de 2013. En aquel entonces, este órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentó una serie de recomendaciones para hacerle frente a la violencia de género, a la ausencia de una legislación que proteja a las cubanas, y a la falta de documentación y de mecanismos que faciliten la denuncia de este tipo de agresiones.  

El Comité recomendó que se elaborara una Ley integral contra la violencia basada en género, se creara un plan de acción nacional para prevenir y mejorar la atención de estas violencias, se proporcionaran refugios, se mejorara la recopilación de datos, y se sensibilizara y capacitara a la población cubana. 

Sin embargo, el Estado de Cuba no ha cumplido con estas recomendaciones. Al contrario, su falta de compromiso con sus obligaciones internacionales se evidencia en la presentación tardía de su noveno informe periódico, el cual debió entregar en 2017. Ese documento solo se compartió al Comité en octubre de 2022, cinco años después de lo establecido, y sin que se hayan incorporado varias de las peticiones de este órgano de expertos independientes. 

“En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio, dos de las recomendaciones de 2013”, afirma Catalina Ledebur, consultora en Derechos de la Mujer del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). 

Este viernes 18 de octubre, tras 12 años de su última revisión, el Estado cubano volverá a ser evaluado por el Comité y deberá explicar qué ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres en la Isla, y para eliminar todo tipo de discriminación contra ellas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, etnia, edad, y posición política y socioeconómica. 

Como parte de este proceso de evaluación, un grupo de mujeres activistas y exiliadas de la Isla, participaron el pasado 14 de octubre en una reunión informal con el Comité, donde denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y lo que va de 2024, y cientos de defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas independientes han sido detenidas, reprimidas y violentadas, por cuestionar y criticar a las autoridades de este país. 

Desde Raza e Igualdad damos seguimiento a la evaluación del Estado de Cuba ante el Comité de la CEDAW y a los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, que revelan las violencias y la discriminación que sufren las mujeres de este país. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cumplan cada una de las recomendaciones, que surjan de esta nueva evaluación, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en Cuba.

 

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.