11 líderes y lideresas de América Latina fortalecen sus capacidades en Ecuador

11 líderes y lideresas de América Latina fortalecen sus capacidades en Ecuador

Imágenes de una jornada que se realizó a finales de octubre en Quito, Ecuador, y reunió a 11 líderes y lideresas de Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay, quienes compartieron sus experiencias y fortalecieron sus capacidades durante una serie de sesiones de formación facilitadas por FLACSO Ecuador, en la que se abordaron temas como los derechos humanos en la región, y los principales desafíos que se registran en América Latina. 

Este encuentro, que se realizó en el marco del proyecto ‘Empoderamiento de líderes y lideresas emergentes’ llevado a cabo por Raza e Igualdad, agrupó en total a 10 organizaciones de la sociedad civil independiente, como la Asociación Panameña de Debate (ASPADE), la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación Mujer, la Fundación Convive Panamá, la Organización Social Salvador, la  Unión Trans, el Centro de Promoción Social (CERPROS), el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, Mujeres Rímenses, y Fraternidad Trans Masculina Perú. 

 



La violencia de género y la salud mental de las mujeres defensoras de derechos humanos: Reconociendo el impacto y proponiendo medidas de prevención, atención y reparación

Washington, DC; 25 de noviembre de 2024.– Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco (Cuba), inició su activismo cuando su hijo tenía cuatro años; hoy, él tiene 29. Durante ese tiempo, Soler ha sido blanco de diferentes formas de represión del Gobierno cubano, debido a su persistente lucha contra la situación de personas privadas de libertad por motivos políticas en la Isla.

“A veces se desatiende a los hijos y se asumen otros papeles, y eso choca”, comparte Soler, en alusión al doble y hasta triple rol que asumen las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en sociedades donde priva la violencia machista y, además, existen gobiernos autoritarios y contrarios al accionar de la sociedad civil independiente.

Solo en los últimos tres meses, la activista cubana ha sido detenida de forma arbitraria y sometida a desaparición forzada en dos ocasiones. La primera ocurrió el 22 de septiembre, cuando agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron y llevaron a una estación de policía, donde permaneció 67 horas; y la segunda vez fue el pasado 10 de noviembre, ocasión en la que estuvo desaparecida más de 76 horas.

“Aquí (en Damas de Blanca) tenemos mujeres que se han puesto en la puerta de su casa a vender dos termos de café, que lo único que le sacan es una bobería, y el régimen cubano llega y te dice ‘no puedes venderlo, porque si lo haces te meto presa’. Por ser defensora de los derechos humanos ya tienes trillada tu vida, la tienes marcada. Te excluyen de la sociedad”, agrega.

Reconociendo un problema con diferentes matices

Para conmemorar este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) nos hemos propuesto visibilizar los testimonios de mujeres activistas que, en el proceso de promover y defender derechos humanos, están expuestas a múltiples violencias que impactan en su salud mental, y formulamos una serie de recomendaciones para poner fin a este flagelo.

Naciones Unidas ha reconocido que las mujeres que trabajan en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género son frecuentemente blanco de violencia de género, discriminación y amenazas debido a que su labor desafía las normas tradicionales de género y expone las desigualdades estructurales en la sociedad, y además de enfrentarse a los riesgos habituales de las personas defensoras -donde hay que considerar que esta es una de las actividades más peligrosas en Latinoamérica– sufren ataques específicos debido a su identidad, la pertenencia a movimientos feministas o por el enfoque de su labor, como la promoción de derechos de las personas LGBTI+.

Para Maria Eduarda Aguiar, mujer trans, abogada, voluntaria del Grupo Pela Vida en Río de Janeiro y presidenta del Consejo Estatal LGBT para 2022-2024, la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político en Brasil está marcada por el asesinato de Marielle Franco, defensora de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro que fue brutalmente asesinada en marzo de 2018.

“De este modo, la salud mental de las mujeres se ve extremadamente afectada por las innumerables formas de violencia a las que estamos expuestas por defender una idea, ocupar un espacio o levantar una pancarta. Pero tenemos que seguir luchando por una educación inclusiva, antirracista, anti-LGBTIfóbica y feminista”, afirma.

La violencia que enfrentan las mujeres activistas se ve agravada por la estigmatización y la falta de mecanismos de protección efectivos, lo cual impacta en su salud mental y se manifiesta con altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y, en muchos casos, trastorno de estrés postraumático. Estas consecuencias están ligadas no solo a las agresiones físicas y psicológicas que enfrentan, sino también al aislamiento social, el desgaste emocional y la sobrecarga de responsabilidades en contextos hostiles.

Tal es el caso de Berta Soler y otras integrantes de la organización Damas de Blanco, en Cuba, cuyo caso motivó recientemente el envío de una comunicación conjunta al Gobierno de Cuba de parte de ocho Relatorías y especialistas de Naciones Unidas, entre ellas la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En la comunicación, expresan su preocupación por la situación de detenciones arbitrarias, criminalización, violencia, asedio, vigilancia y amenazas en contra de Berta Soler e integrantes de la organización Damas de Blanco, y solicitan al Gobierno una respuesta sobre los hechos alegados en un plazo de 60 días.

Azahalea Solís, defensora de derechos humanos nicaragüense, pone sobre la mesa el hecho que la violencia ejercida contra las mujeres también afecta a las personas de su entorno y que el temor, al ser una de las consecuencias, se traduce en falta de plenitud para vivir, para participar, para actuar y para expresarse. “La vida ciudadana de las mujeres que sufren violencia también se ve afectada y, por lo tanto, su participación política, así como su autonomía económica y su relacionamiento social”, subraya.

Desde Perú, Jimena Holguín, integrante de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), profundiza en los efectos que puede tener en la vida de las mujeres la violencia basada en género.

“Podemos experimentar estrés; es decir un estado de tensión, alerta; inseguridad, temor hasta llegar al terror o pánico. También puede causar ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento con el entorno, trastorno del sueño y de alimentación […]. La depresión puede llegar a ser muy alta, perdiendo sentido de la vida y hasta del ser, a tal extremo que, queriendo huir de su realidad de abuso, opresión, violencias, llegue a concretar el suicidio”, resalta.

Por su parte, María Camila Zúñiga Saa, integrante del Movimiento de Mujeres Unidas, Diversas y Empoderadas (MUDE), trae a colación que la vida de las mujeres está marcada por la violencia que sufren en el ámbito privado, especialmente de sus parejas. Al respecto, señala: “Unas de las primeras manifestaciones del agresor es atacarte psicológicamente, hacerte sentir fea, débil, incapaz, entre otras. Todo con la intención de tener el control sobre ti y volverte dependiente para abusarte a su gusto y necesidad”.

A ello agrega que, en el ámbito público, dicha violencia puede verse agravada porque “la sociedad reproduce patrones y estereotipos, y de hecho llegan a culparte de muchas de las situaciones que vives como víctima. Además, la negligencia de las instituciones acrecienta las crisis de salud mental al sentirte sola y desprotegida”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Guía Práctica sobre Lineamientos y Recomendaciones para la Elaboración de Planes de Mitigación de Riesgos de Personas Defensoras de Derechos Humanos, plantea que el impacto de la violencia se agrava cuando las mujeres activistas pertenecen a grupos vulnerabilizados. “Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, indígenas o LGBTQ+ enfrentan formas interseccionales de discriminación que añaden capas adicionales de violencia y exclusión”, sostiene.

Recomendaciones para una respuesta integral

La violencia de género no solo busca callar a las mujeres activistas, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en su salud mental y emocional. Al reconocer la magnitud de este problema, podemos avanzar hacia un sistema de apoyo integral que no solo les permita sanar, sino también continuar su invaluable labor en favor de la justicia y los derechos humanos.

Para Nedelka Lacayo, del Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUEH), es fundamental que los Estados diseñen e implementen programas de prevención, atención y reparación, y señala que el acceso a la justicia es una pieza clave en dicho proceso, pues los altos índices de impunidad generan desconfianza en las mujeres que sufren violencia y las inhibe para tomar la decisión de recurrir a las autoridades.

Es responsabilidad de los Estados garantizar la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y erradicar todas las formas de violencia que las afectan, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

Por tanto, desde Raza e Igualdad hacemos las siguientes recomendaciones:

  1. A los Estados:
  • Adopción e implementación de un marco legal contra la violencia de género: aprobar y aplicar leyes que aborden todas las formas de violencia contra las mujeres, con mecanismos efectivos de monitoreo y cumplimiento. Estas leyes deben garantizar la protección integral de las mujeres, especialmente de las defensoras de derechos humanos, y abordar la violencia interseccional.
  • Fortalecimiento de sistemas de protección para mujeres defensoras: crear mecanismos específicos para proteger a las mujeres defensoras, diseñados en consulta con ellas, que prevengan agresiones, criminalización y estigmatización por su labor.
  • Creación de sistemas de respuesta efectiva: establecer unidades especializadas en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia para atender la violencia de género, garantizando investigaciones exhaustivas, imparciales y sanciones a los responsables.
  • Erradicación de restricciones a los derechos fundamentales: asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, eliminando cualquier medida que limite a las mujeres o sus organizaciones en su labor de defensa de derechos humanos.
  • Políticas públicas y diálogo con la sociedad civil: asignar recursos suficientes para implementar programas de prevención y atención a la violencia de género, y garantizar la participación de organizaciones de mujeres en su diseño, ejecución y evaluación.
  1. A las organizaciones internacionales:
  • Consolidación de mecanismos de monitoreo y denuncia: establecer o reforzar sistemas independientes de monitoreo y documentación sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y la violencia de género en los países, garantizando que los hallazgos sean utilizados para presionar a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales.
  • Asistencia técnica y capacitación: proveer asistencia técnica y programas de formación para organizaciones de la sociedad civil y Estados sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos, violencia de género y protección de defensoras, promoviendo el fortalecimiento de capacidades locales.
  • Incidencia política y diplomática: utilizar su influencia en foros internacionales y relaciones diplomáticas para exigir a los Estados la implementación de medidas efectivas para erradicar la violencia de género, proteger a las defensoras de derechos humanos y garantizar el respeto por las libertades fundamentales.
  • Financiamiento y apoyo sostenido a las defensoras y organizaciones locales: brindar recursos financieros a organizaciones lideradas por mujeres en contextos de alta vulnerabilidad, asegurando que puedan continuar su labor con independencia y resiliencia frente a las amenazas.
  1. A la sociedad civil:
  • Fortalecer redes de apoyo internas y externas: las organizaciones deben crear espacios seguros y confidenciales donde las activistas puedan compartir experiencias y buscar apoyo sin temor a represalias. Promover la construcción de redes colaborativas entre activistas y aliadas puede ayudar a fomentar la resiliencia colectiva y a combatir el aislamiento.
  • Desarrollar capacidades en salud mental con perspectiva de género: capacitar a profesionales de la salud mental aliados para que comprendan las dinámicas de violencia de género y los retos específicos de las defensoras de derechos humanos. Esto incluye facilitar acceso a terapias especializadas que atiendan tanto los efectos inmediatos como los impactos prolongados del trauma.
  • Incidir en políticas públicas inclusivas y protectoras: promover diálogos con instituciones gubernamentales para impulsar la adopción de protocolos específicos de protección para mujeres activistas.
  • Implementar campañas de sensibilización comunitaria: diseñar y ejecutar campañas que destaquen el papel fundamental de las mujeres defensoras de derechos humanos y los riesgos que enfrentan.

Ante los diferentes eventos de violencia que pueden enfrentar las personas defensoras de derechos humanos en su día a día, tanto a nivel físico como emocional, en Raza e Igualdad desarrollamos la Guía para el Autocuidado “Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás”, cuyo objetivo es que las personas adquieran conciencia sobre los riesgos a los que están expuestas -especialmente para su salud mental- y tomen acciones de autocuidado.

Nicaragua enfrenta crisis devastadora en derechos sexuales y reproductivos, alertan organizaciones previo al EPU 2024

Ginebra, 7 de noviembre.- Nicaragua enfrenta una crisis devastadora en términos de derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las niñas y mujeres adolescentes. En el marco de los preparativos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, el Centro de Derechos Reproductivos, el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizaron el evento paralelo “Desafíos actuales de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua” con el objetivo de sensibilizar sobre la grave situación de violencia sexual e injusticia reproductiva que afectan a las mujeres en este país.

El evento contó con los testimonios de defensoras nicaragüenses Winnye Bernard y Ana Quirós, y las intervenciones de Paulina Jimenez Fregoso s del Centro para los Derechos Reproductivos, la Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Ana Peláez Narváez, y Andrés Sánchez Thorin, Director la Oficina de Centroamerica y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Cada día cinco niñas menores de 14 años dan a luz

Jiménez abrió el evento señalando la alarmante falta de acceso a información y servicios de salud reproductiva en Nicaragua. “Se estima que al menos cinco niñas menores de 14 años dan a luz cada día, y la tasa de embarazos en adolescentes es una de las más altas de América Latina, con un 24.6% de madres menores de 18 años”, dijo Jiménez.

Jiménez destacó dos casos presentados por el Movimiento Niñas No Madres ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: dos niñas nicaragüenses en situaciones de extrema vulnerabilidad, víctimas de violencia sexual y maternidades forzadas. Ambos casos reflejan la grave crisis que enfrenta Nicaragua en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, donde las leyes restrictivas y la falta de políticas públicas adecuadas perpetúan la violencia sexual y la impunidad.

En este sentido, la defensora nicaragüense y activista feminista Ana Quirós, relató cómo el código penal, vigente desde el año 2006, criminaliza el aborto  a pesar de los reiterados esfuerzos de adecuar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.

Quirós denunció que en lo que ha transcurrido del año 2024 han habido 64 femicidios y 158 intentos de femicidio, “y sobre esto nadie está hablando”. Según la defensora, esta es una de las consecuencias de las frecuentes amnistías con las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a más de ocho mil presos comunes en el año 2024, de los cuales muchos de esos que tienen cargo por violencia sexual y por agresión a mujeres. “Entonces, la restricción en el aborto no es más que una muestra más del poco interés que hay por parte del régimen (de Ortega y Murillo) en la vida de las mujeres, en la salud, y en los derechos sexuales y reproductivos”, concluyó.

Desmantelamiento del espacio cívico ha dejado a las mujeres en indefensión

Winnye Bernard Canales, defensora de los derechos de las mujeres y Deputy Head of Regional Office Latin America de la RIDHE, indicó que la represión estatal destada desde el año 2018, ha dejado a las mujeres desprotegidas, enfrentando embarazos de alto riesgo sin opciones seguras y viviendo en un ambiente hostil que normaliza la violencia sexual. “Las mujeres en Nicaragua no solo enfrentan un sistema legal y social que les niega sus derechos, sino que además carecen de programas de educación sexual integral, lo que las pone en riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”, expuso. 

Además, Bernard detalló que la persecución a las organizaciones feministas, el cierre de comisarías y la criminalización de las defensoras de derechos humanos ha incrementado la impunidad y desprotección para las mujeres víctimas de violencia. “La falta de apoyo institucional y el estigma social hacen que las mujeres enfrenten grandes barreras cuando intentan acceder a justicia en casos de violencia de género,” comentó.

Por su parte, Andrés Sánchez Thorin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó el impacto devastador del desmantelamiento del espacio cívico, que ha afectado gravemente a las mujeres al privarlas de redes de apoyo fundamentales. “El cierre progresivo de más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban apoyo esencial a las mujeres, ha dejado a numerosas mujeres sin acceso a servicios críticos y redes de apoyo, exacerbando desigualdades de género y situaciones de riesgo”, agregó Sánchez.

“Esta vulneración de derechos es aún más profunda para las mujeres detenidas, quienes se encuentran completamente desprovistas de cualquier acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, quedando en una situación de especial indefensión”, dijo el representante de la ONU.

Llaman al Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones  del Comité CEDAW

Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abordó las recomendaciones del Comité tras el examen del séptimo al décimo informe periódico combinado de Nicaragua, destacando la urgencia de reformas en varias áreas clave. 

Peláez subrayó que la legalización del aborto en casos específicos, como violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, es una de las principales recomendaciones del Comité. “Nicaragua debe garantizar acceso a un aborto seguro, confidencial y sin estigmatización, así como a la atención posterior al aborto,” enfatizó.

Según la Presidenta, el Comité CEDAW ha identificado la necesidad urgente de garantizar una educación sexual integral para todas las edades dentro del sistema educativo, lo cual es esencial para prevenir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo explicó que “es fundamental que el Estado garantice a las niñas y adolescentes el derecho a regresar a la escuela después de ser madres y que elimine las barreras legales que les impiden acceder a empleo y salud.”

Finalmente, Peláez instó al Estado de Nicaragua a restaurar la legislación que protege a las mujeres y abrir las puertas a las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de salud sexual y reproductiva.

Pronunciamiento

En un contexto de creciente represión y con el inminente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera urgente que la comunidad internacional se pronuncie de manera enérgica y demande compromisos firmes y acciones concretas por parte del Estado nicaragüense.

Exhortamos al Estado nicaragüense a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a implementar reformas que garanticen la igualdad. En particular, exigimos:

  1. La adecuación de la legislación penal a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
  2. Garantizar el acceso a una educación sexual integral y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y de calidad, en particular para mujeres y niñas de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
  3. Cesar la criminalización de la labor de defensoras de derechos humanos, permitiendo la reapertura y el funcionamiento pleno de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.
  4. Restaurar y fortalecer el espacio cívico, promoviendo un ambiente seguro y libre de represalias para quienes defienden y promueven los derechos humanos en el país.

Este viernes 18 de octubre, el Comité de la CEDAW evaluará al Estado de Cuba

Ginebra, 16 de octubre de 2024 – La última vez que el Estado de Cuba fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), fue en julio de 2013. En aquel entonces, este órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentó una serie de recomendaciones para hacerle frente a la violencia de género, a la ausencia de una legislación que proteja a las cubanas, y a la falta de documentación y de mecanismos que faciliten la denuncia de este tipo de agresiones.  

El Comité recomendó que se elaborara una Ley integral contra la violencia basada en género, se creara un plan de acción nacional para prevenir y mejorar la atención de estas violencias, se proporcionaran refugios, se mejorara la recopilación de datos, y se sensibilizara y capacitara a la población cubana. 

Sin embargo, el Estado de Cuba no ha cumplido con estas recomendaciones. Al contrario, su falta de compromiso con sus obligaciones internacionales se evidencia en la presentación tardía de su noveno informe periódico, el cual debió entregar en 2017. Ese documento solo se compartió al Comité en octubre de 2022, cinco años después de lo establecido, y sin que se hayan incorporado varias de las peticiones de este órgano de expertos independientes. 

“En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio, dos de las recomendaciones de 2013”, afirma Catalina Ledebur, consultora en Derechos de la Mujer del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). 

Este viernes 18 de octubre, tras 12 años de su última revisión, el Estado cubano volverá a ser evaluado por el Comité y deberá explicar qué ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres en la Isla, y para eliminar todo tipo de discriminación contra ellas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, etnia, edad, y posición política y socioeconómica. 

Como parte de este proceso de evaluación, un grupo de mujeres activistas y exiliadas de la Isla, participaron el pasado 14 de octubre en una reunión informal con el Comité, donde denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y lo que va de 2024, y cientos de defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas independientes han sido detenidas, reprimidas y violentadas, por cuestionar y criticar a las autoridades de este país. 

Desde Raza e Igualdad damos seguimiento a la evaluación del Estado de Cuba ante el Comité de la CEDAW y a los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, que revelan las violencias y la discriminación que sufren las mujeres de este país. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cumplan cada una de las recomendaciones, que surjan de esta nueva evaluación, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en Cuba.

 

Mujeres afrodescendientes se reunieron en Lima para construir una agenda común hacia su empoderamiento y la justicia étnica racial – social

Lima, 6 de septiembre de 2024 – Del 29 de agosto al 1 de septiembre, se llevó a cabo el “Diálogo regional de mujeres afrodescendientes para promover nuestro empoderamiento y lograr una justicia étnica racial – social”, en Lima, Perú. Este evento fue organizado por el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), y contó con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) como coauspiciadoras.

El objetivo del diálogo fue crear un espacio para discutir los retos y desafíos que enfrentan las mujeres afroperuanas en su empoderamiento, participación en la toma de decisiones y en la agenda pendiente sobre reparaciones históricas. Además, se enfocó en construir estrategias para promover la justicia racial, social y de género.

El evento reunió a representantes de la sociedad civil organizada, lideresas y activistas afrodescendientes de toda la región, en su mayoría integrantes de la RMAAD, incluyendo activistas de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana y Panamá. Además, contó con la participación de representantes de gobierno, organismos y cooperación internacionales, con miras a crear una colaboración multidimensional para fortalecer los lazos de trabajo y promover propuestas viables para la inclusión de las mujeres afrodescendientes en los planes y programas gubernamentales.

En la jornada inaugural, celebrada en la Secretaría General de la Comunidad Andina, hubo palabras de bienvenida de parte de Paola Yáñez Inofuentes, Coordinadora General de la RMAAD; Linda Kolko, integrante de la Junta Directiva de Raza e Igualdad, y de Cecilia Ramírez Rivas, Directora Ejecutiva de CEDEMUNEP.

El primer día del evento incluyó mesas de trabajo sobre instituciones del Estado y cooperación internacional, con destacadas presentaciones de Linda Kolko y María Pía Molero, Coordinadora de Proyectos para Perú de ONU Mujeres. Kolko destacó el trabajo de Raza e Igualdad en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, así como su enfoque en documentación, denuncia e incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de derechos humanos. Enfatizó la importancia de integrar los enfoques de género e interseccional en todas las acciones de la organización.

A lo largo del diálogo, se abordaron temas cruciales como justicia racial y social, empoderamiento económico, participación política de las mujeres, democracia paritaria, liderazgo social, reparaciones históricas, salud sexual y reproductiva, educación, empleo y visibilidad estadística de la población afrodescendiente. Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, ofreció una presentación sobre “Mujeres Afrodescendientes camino a Beijing+30”.

Dicha presentación culminó en mesas de trabajo donde las participantes discutieron temas como la erradicación de la violencia de género, la participación social y política, el medio ambiente y la protección social, en preparación para el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 (Beijing+30). El trabajo grupal permitió avanzar en la sistematización de desafíos estructurales, como la falta de presupuesto, políticas públicas con perspectiva interseccional, visibilidad estadística y la inclusión de la variable étnico-racial en censos.

Este diálogo fue esencial para fortalecer la unidad y la cooperación entre las mujeres afrodescendientes de la región. A través del análisis y el intercambio de ideas, se elaboraron propuestas prácticas y alcanzables para mejorar las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes, reflejando las voces de los pueblos organizados. En los días del encuentro, se logró generar una plataforma que busca avanzar en el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes, compartir experiencias, enfrentar desafíos y desarrollar estrategias para abordar las injusticias históricas y actuales.

Desde Raza e Igualdad, nos comprometemos a continuar apoyando este tipo de encuentros, pues son una valiosa oportunidad para examinar los problemas desde múltiples perspectivas y avanzar hacia un horizonte común en beneficio de las mujeres afrodescendientes.

Para conocer más sobre el trabajo de las organizaciones que impulsaron este diálogo, visita sus sitios web:

CEDEMUNEP: https://www.cedemunep.com

RMAAAD: http://www.mujeresafro.org

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – “El racismo sistémico exige respuestas sistémicas”. Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

“La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo”; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática”, dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

“Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso”, dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es “Unión y Reconstrucción” debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

República Dominicana: Raza e Igualdad apoya participación de sociedad civil en la visita del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas

Washington DC, 14 de agosto, 2024.– Tras la visita a República Dominicana del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas—realizada del 22 al 31 de julio de 2024—, las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red Jacques Viau y la Coalición Dominicana por el Respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Racial (CODHAJUR) se mostraron satisfechas por la invitación y apertura del Gobierno, así como por su participación en la jornada pues pudieron compartir información sobre la situación de las niñas y mujeres diversas en el país y plantear recomendaciones al Estado.

Cabe destacar que se trató de la primera visita oficial de este Grupo de Trabajo a República Dominicana, cuya delegación incluyó a Dorothy Estrada Tanck y Claudia Flores, Presidenta y Miembra, respectivamente. La delegación estuvo en Santo Domingo, Dajabón, Boca Chica y Verón, donde se reunieron con autoridades nacionales y locales, mujeres y niñas, organizaciones de la sociedad civil, entidades de la ONU y otras partes interesadas.

Raza e Igualdad tuvo la oportunidad de apoyar a contrapartes locales para garantizar su participación y la de mujeres y niñas de comunidades empobrecidas. La Coalición Dominicana por el Respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Racial (CODHAJUR) tuvo una activa participación a lo largo de esta visita, donde sus organizaciones parte presentaron un informe que evidenció las necesidades de cada una de las poblaciones que representan.

Esta visita fue de gran importancia para mujeres y niñas migrantes, dominicanas de ascendencia haitiana, mujeres con discapacidad y personas LGBTIQ+. Las mismas expusieron situaciones vividas que fueron incluidas en el documento preliminar enviado a las expertas previo a esta visita, el cual también contiene recomendaciones concretas al Estado para fortalecer los derechos humanos en el país, y  consolidar acciones que garanticen el acceso igualitario a educación, empleo digno y a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad por su origen socioeconómico, raza o etnia, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorios.

En un comunicado oficial, el Grupo de Trabajo destacó los esfuerzos del Estado en la creación de una arquitectura normativa e institucional en materia de igualdad de género. A la vez, externó su preocupación por los niveles alarmantes de violencia contra las mujeres y niñas, el estado de pobreza, el desarrollo socioeconómico desigual, los estereotipos de género arraigados en la vida familiar, y los vacíos jurídicos en los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, destacó “las normas culturales refuerzan roles de género discriminatorios que limitan las oportunidades de las mujeres y las niñas en todos los sectores.”

Raza e Igualdad y sus contrapartes locales monitorearán el informe final que presentará este Grupo de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025, con el fin de dar seguimiento oportuno a sus recomendaciones al Gobierno, pues reconocemos que este es un paso determinante para avanzar a favor de los derechos de todas las mujeres y niñas en República Dominicana. Al mismo tiempo, invitamos al Gobierno a mantener una comunicación fluida con este y otros mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos para la promoción y protección de los derechos de todas las personas.

Recomendación General No. 5 del MESECVI: Un nuevo frente de lucha contra la violencia de género hacia mujeres afrodescendientes en las Américas

Washington DC, 25 de julio de 2024.– Este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a los esfuerzos para apoyar la difusión y promover la implementación de la Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes, reconociendo que se trata de un marco de acción novedoso e integral para la protección de las mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes de las Américas ante dicho flagelo.

Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente basándose en los enfoques étnico-racial y de género, celebramos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cuente con esta recomendación general que brinda una guía amplia y clara tanto para los Estados como para la sociedad civil en materia de prevención y atención de la violencia de género contra mujeres afrodescendientes.

Antecedentes

En el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2026, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) encomendó al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) incluir el enfoque afrodescendiente en la agenda de prevención de la violencia contra las mujeres como parte del objetivo de promover el acceso a la justicia de la población afrodescendiente del hemisferio.

A su vez, el MESECVI es un sistema de evaluación y seguimiento creado para asegurar la implementación efectiva de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará y que fue adoptada en 1994, siendo uno de los instrumentos jurídicos más importantes en la lucha contra la violencia de género en América Latina y el Caribe.

El MESECVI preparó esta recomendación general en alianza estratégica con la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) y el Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (UNFPA), de acuerdo con la coordinadora general de la RMAAD, Paola Yáñez, quien considera que este documento es un hito histórico, al mismo tiempo que reconoce que su difusión e implementación a nivel de países representa una tarea desafiante.

Racismo e interseccionalidad, dos puntos clave

La Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes se aprobó el 28 de abril y se presentó el 12 de junio en la IX Conferencia de Estados Parte del MESECVI, celebrada en Santiago de Chile.

Esta recomendación destaca porque hace un reconocimiento del racismo como un factor que profundiza y perpetúa las violencias que enfrentan las mujeres afrodescendientes, además que tiene una perspectiva interseccional que permite visibilizar la problemática y proponer respuestas teniendo en cuenta la diversidad de mujeres afrodescendientes y los diferentes tipos de violencia que sufren.

“Esta recomendación reconoce que el racismo es un determinante para que las mujeres enfrenten violencia. A lo largo de su vida, las mujeres afrodescendientes están más expuestas que otros grupos de mujeres a múltiples formas de violencia, incluyendo la violencia simbólica, derivada de los estereotipos negativos asociados a la racialización de sus cuerpos, color de piel, cabello, sexualidad, cultura y religión”, destacó Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), durante su participación en el Foro Interamericano contra la Discriminación, realizado por Raza e Igualdad en el marco de la 54 Asamblea General de la OEA.

En el apartado sobre interseccionalidad, la recomendación se refiere a mujeres afrodescendientes con diversidad sexual, que viven con algún tipo de discapacidad, migrantes o en situación de movilidad humana, privadas de libertad y bajo conflictos armados.

Sobre las recomendaciones

Las recomendaciones planteadas en el documento se dirigen en su mayoría a los Estados, pues reconoce que son estos los responsables de adoptar e implementar acciones para transformar el sistema patriarcal que legitima y tolera las violencias contra las mujeres. Otra particularidad es que propone la implementación de medidas diferenciadas y específicas para proteger a las mujeres afrodescendientes, incluyendo políticas públicas que respondan a sus necesidades particulares y que enfrenten directamente los estereotipos étnico-raciales.

En términos de prevención y atención de la violencia basada en género, las recomendaciones van desde la elaboración de programas de sensibilización en enfoque étnico-racial y de género hasta registrar datos estadísticos y administrativos de casos de violencia contra mujeres afrodescendientes en forma desagregada.

En las recomendaciones también se ve reflejada la importancia de prevenir y atender la problemática desde los sistemas educativos, con medidas como: preparar estudios sobre discriminación y el impacto de los estereotipos étnico-raciales y de género que viven las niñas, adolescentes y mujeres afro en todo el sistema educativo, establecer protocolos para el manejo de casos de violencia de género contra niñas y adolescentes en centros educativos, diseñar y ejecutar periódicamente programas de educación con enfoque étnico-racial y de género y derechos humanos dirigidos al personal directivo, docente y administrativo del sistema educativo, e impulsar reformas curriculares de programas, contenidos y textos educativos asegurando la recuperación e inclusión histórica de la cultura y las contribuciones a las sociedades actuales de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de las mujeres.

De la presentación, a la difusión e implementación

Para la sociedad civil, la Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes representa una nueva herramienta de incidencia para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes en la región, por eso celebramos su aprobación.

Raza e Igualdad asume el compromiso de apoyar la difusión y promover la implementación de la Recomendación No. 5 del MESECVI, con miras a contribuir a la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes en las Américas. Hacemos un llamado a los Estados a tomar acciones junto a la sociedad civil para hacer posible cada una de las medidas planteadas en este documento.

Accede, descarga y comparte el documento completo, AQUÍ.

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema “Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región”. Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: “El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región”; “Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros”; “Reparación en el contexto de género”; y, por último, la sección “La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA”.

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento “Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas” el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la “protección de los seres humanos”.  

En su declaración, la OEA consideró que “la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio” y que es “responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables”. 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

8M: La fuerza antirracista en la lucha por los derechos de todas las mujeres

Washington DC, 8 de marzo de 2024.– Desde sus inicios, el movimiento por los derechos de las mujeres se ha nutrido de diferentes perspectivas, ampliando así su visión y misión en las diferentes esferas de la sociedad. Una de ellas es la perspectiva antirracista que, a pesar de toparse con una serie de obstáculos para su incorporación integral, ha sido base de importantes aportes a la lucha.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos exaltar la perspectiva antirracista, teniendo en cuenta que el sexismo y el racismo son formas de opresión que están entrelazadas y afectan de manera única a las mujeres de diferentes orígenes étnicos y raciales, y en el caso de las Américas, a las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular.

Conversamos con lideresas y activistas de diferentes partes de Latinoamérica para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la importancia de la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, sus aportes al movimiento feminista, y los retos que persisten en diferentes niveles para incorporar plenamente esta visión al trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El racismo como detonador de múltiples violencias

“La perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres es algo necesario si concebimos al racismo como una violencia que permea el sistema, las estructuras del Estado y sociales, la familia, nuestros cuerpos, y que hace que las violencias se acrecienten; es decir, el racismo reconocido como violencia estructural a la vez también replica y reproduce múltiples violencias”, reflexiona Patricia Torres Sandoval, mujer indígena P’urhépecha integrante de la coordinación general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México.

“La perspectiva antirracista dentro de los feminismos es imprescindible porque entiende que la categoría de mujeres es mucho más amplia o compleja que solo identificarnos como mujeres, engloba todo lo que sería la visibilización de la situación y experiencias de las mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, trae el análisis interseccional que es pensar las múltiples formas de opresión como el racismo, el sexismo, la clase, los procesos migratorios, etc”, apunta por su parte Gilma Vieira da Silva, coordinadora regional de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (REDJUAFRO).

Vieira da Silva agrega que la interseccionalidad no puede ser pensada sin un contexto étnico-racial, y recuerda que dicho concepto fue formulado por una mujer afrodescendiente: la abogada y académica estadounidense Kimberly Crenshaw, quien dedicó gran parte de su trabajo a entender la inequidad estructural en materia de género.

La violencia de género no es individual

En tanto, Torres Sandoval señala que las mujeres indígenas han aportado al reconocimiento de la violencia colectiva. Explica que la frase “Mi cuerpo, mi territorio”—que ha sido apropiada como consigna por el movimiento feminista—surge de las mujeres indígenas como una forma de decir que al violentar sus cuerpos también se violenta la tierra y el territorio. “Como pueblos y mujeres indígenas nos reconocemos como parte integrante del territorio y de la Madre Tierra, al contrario de la perspectiva Occidental en donde somos propietarios de la tierra”, afirma.

Para Gahela Cari, feminista trans indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el feminismo es imprescindible para los procesos de cambio, sin embargo, señala que no es suficiente si no es antirracista. En sus palabras, el feminismo antirracista “toma posición en medio de una sociedad con tantas desigualdades” y evidencia que, además del género, otros sistemas de opresión imposibilitan vivir dignamente.

“Tenemos que abrir procesos de escucha, diálogo, construcción colectiva. Aun cuando no terminemos de entender lo que la otra persona pone sobre la mesa”, señala sobre una tarea necesaria en la lucha feminista para trabajar desde enfoque antirracista. En ese sentido, resalta la importancia de cerrarle el paso a los procesos autoritarios en el país, como lo que sucede con el actual régimen político de Perú.

Educar en la perspectiva antirracista, una doble tarea

En ese sentido, Fernanda Gomes, trabajadora social e integrante de Articulação Brasileira de Lésbica (ABL), de Brasil, cuestiona el hecho que deban hacer una constante labor de educación sobre la perspectiva antirracista ante personas y colectivos que no tienen apropiada esta visión o que, incluso, la excluyen.

“Es un gran desafío porque perdemos tiempo pensando en una política pública, escribiendo un manifiesto, para educar a estas personas. Tenemos que estar constantemente diciendo ‘oh fulano de tal, no soy tu maestro, búscalo en Google, pregúntale a un amigo blanco tuyo’. El movimiento de mujeres negras, lesbianas y feministas es también un movimiento de educación. Estamos educando a los blancos todo el tiempo y es agotador”, asegura.

Aportes y desafíos

Brisa Bucardo, periodista del pueblo miskito de Nicaragua, destaca el papel que han desempeñado los movimientos de mujeres en el contexto de la Costa Caribe del país, pues no solo han brindado apoyo fundamental a las mujeres víctimas de violencia, sino que también han liderado denuncias ciudadanas y han fortalecido las capacidades de las mujeres tanto de manera individual como colectiva. Además, han desmantelado conceptos arraigados de violencia históricamente justificados bajo la etiqueta de “cultura”.

En términos de aportes a la lucha por los derechos de las mujeres, Dunia Medina Moreno, mujer afrodescendiente e integrante de la Red Femenina de Cuba, resalta el rol que han desempeñado mujeres afrodescendientes en la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual ha resultado en una protección más integral de los derechos de todas las personas en su diversidad de identidades.

“Debemos crear un feminismo donde quepamos todas las mujeres, un feminismo interseccional donde quepamos todas las mujeres y podamos cubrir todas esas dimensiones de discriminación que vivimos”, apunta por su parte Leticia Dandre Pie, activista por los derechos humanos en República Dominicana e integrante del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA).

Pese a los avances en introducir la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, persisten retos para una integración real que se traduzca no solo en activismos más inclusivos, sino en la formulación de políticas públicas más integrales. “Sabemos que la militancia hoy tiene que ser reconocida como un trabajo, tiene que ser reconocido nuestro tiempo que ponemos en la lucha, pero muchas veces las mujeres afrodescendientes reciben muy pocos recursos, ahí también están incluidas las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas”, señala Gilma Vieira da Silva, de REDJUAFRO.

“Existen muchos retos para considerar la perspectiva antirracista tanto en el Estado, como en la academia, como en la sociedad en general, existe sobre todo un imaginario general que todavía coloca al eurocentrismo como la idea de lo mejor, de aspirar a ser este estereotipo blanco hegemónico encaminado a ciertos parámetros de belleza estética, pero no solamente existe en el imaginario general sino que alcanza a permear en las instituciones”, apunta Patricia Torres Sandoval, de la CONAMI México.

Del “feminismo blanco” a la interseccionalidad

Una de las grandes críticas que se realiza a los primeros feminismos, o lo que podemos llamar “feminismo blanco”, es que universalizó la experiencia de la mujer blanca[1]. Es decir, que en un principio la lucha del feminismo se reducía únicamente a las necesidades de mujeres que, de alguna manera u otra, se encontraban en una situación de privilegio.

La perspectiva antirracista en el feminismo es crucial porque desafía esa visión eurocéntrica y androcéntrica que ha permeado muchos ámbitos académicos y movimientos sociales a través del feminismo blanco[2]. Las mujeres racializadas que vinieron a controvertir estos estándares han proporcionado análisis críticos desde sus experiencias situadas, cuestionando las estructuras de poder y abogando por una comprensión más completa de las intersecciones entre raza, género y clase en la lucha contra la opresión.

Especialmente, han desafiado la homogeneización de la categoría “mujer” en los movimientos feministas, señalando que las experiencias de las mujeres varían significativamente según su raza, etnia, clase y orientación sexual[3]. Este enfoque interseccional ha enriquecido la comprensión de las interconexiones entre diferentes sistemas de opresión.

¿Sabías que…?

Existen instrumentos de protección y promoción de derechos con enfoque antirracista o con perspectiva género-raza. Algunos son:

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): se trata del documento de rango internacional establece los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por raza o género, entre otras.
  2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): es el instrumento internacional que aborda específicamente la discriminación de género y tiene en cuenta las dimensiones de raza y otros factores. Reconoce la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres.
  3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): este tratado de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación racial en todas sus formas y promueve la igualdad racial. Aunque no se centra exclusivamente en la perspectiva de género, reconoce la interseccionalidad de la discriminación.
  4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: esta convención, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, destaca la interseccionalidad y reconoce la importancia de abordar las discriminaciones basadas en género y raza.
  5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): es el tratado regional interamericano que se enfoca en la violencia de género y reconoce la interseccionalidad de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, incluyendo el racismo.
  6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: se trata del convenio que aborda los derechos de los pueblos indígenas y reconoce la importancia de abordar la discriminación basada en la raza.
  7. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: se reconoce el derecho de las mujeres indígenas al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, estableciendo el deber de los Estados de erradicar toda forma de violencia contra la mujer indígena.
Recomendaciones

A fin de lograr la integración efectiva de la perspectiva racial en las políticas y resoluciones relativas a los derechos de las mujeres, los Estados y órganos de DDHH deberían:

  • Formular políticas de igualdad de género que incluyan de manera explícita la perspectiva interseccional en la formulación de políticas de igualdad de género.
  • Promover la diversidad en todos los niveles de liderazgo para reflejar las diferentes experiencias.
  • Implementar programas educativos que destaquen la importancia de comprender las complejidades de la interseccionalidad. En particular, promover la concientización de la importancia de la interseccionalidad en todos los ámbitos de gobierno, así como en los órganos de toma de decisiones judiciales, a fin de que dicha perspectiva se replique en sus decisiones.
  • Apoyar y promover las organizaciones que trabajan en la intersección de género y raza.
  • Evaluar regularmente la efectividad de las políticas, asegurándose de abordar las múltiples capas de discriminación.

 

[1] Parra, Fabiana (2021). El feminismo será antirracista o no será. Joselito Bembé. Revista Político Cultural, nro. 2, p. 42, disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12875/pr.12875.pdf

[2] Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, No. 26, p. 93, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997720

[3] Boddenberg, Sophia (2018). Mujeres indígenas y afrodescendientes, interseccionalidad y feminismo decolonial en América Latina. Revista Búsquedas Políticas, Universidad Alberto Hurtado, disponible en: https://politicaygobierno.uahurtado.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/sophia_boddenberg_mujeres_indigenas.pdf

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