Reformas recientes intensifican la persecución política en Nicaragua y el exilio, alerta la OACNUDH

Reformas recientes intensifican la persecución política en Nicaragua y el exilio, alerta la OACNUDH

Ginebra, 9 de diciembre de 2024 – En Nicaragua “reina un clima severo y represivo”, expresó la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, durante su actualización oral sobre la situación de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este lunes 9 de diciembre. En su intervención, Al-Nashif advirtió que las reformas legales y constitucionales recientes consolidan el poder en la Presidencia y “allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos”, incluyendo a la población nicaragüense en el exilio.

La Alta Comisionada Adjunta señaló que las recientes reformas legales redefinen los delitos para abarcar publicaciones en redes sociales que “provoquen pánico” o amenacen la “estabilidad social”. Además, clasifican los delitos cibernéticos como organizados, autorizan la confiscación de bienes y permiten el acceso sin control policial a datos personales. 

Las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el mes pasado, permitirán una mayor injerencia del Ejecutivo en los poderes legislativo, judicial y electoral. Al-Nashif calificó como “particularmente atroz” la eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura.

Estos cambios buscan ampliar y fortalecer los poderes del Gobierno para despojar a las personas de su ciudadanía y confiscar bienes, una herramienta ya ampliamente utilizada para reprimir arbitrariamente a personas críticas y disidentes del Gobierno. Desde febrero de 2023, al menos 546 personas han sido despojadas de su nacionalidad, privadas de sus bienes y expuestas a la apatridia. Muchas de estas personas no pueden renovar su documentación, lo que dificulta su conexión con su país. También, la Corte Suprema despojó de su nacionalidad y bienes a 135 personas excarceladas políticas y desterradas a Guatemala en septiembre pasado.

Patrón constante de detenciones, torturas y desapariciones forzadas

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó un patrón constante de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Actualmente, 76 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo 20 integrantes de pueblos indígenas, y 30 personas detenidas arbitrariamente a finales de noviembre. En cuanto a las desapariciones forzadas, la OACNUDH destacó la desaparición forzada de Angélica Chavarría, compañera del fallecido general retirado Humberto Ortega, desde mayo de 2024; el paradero desconocido de Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA, desde septiembre de 2023; la desaparición de Steadman Fagoth Müller, asesor presidencial en temas indígenas, desde septiembre de 2024; y el ex coronel Victor Boitano (63 años), desaparecido desde abril de 2024.

“La desaparición forzada, la tortura y los malos tratos deben cesar de manera inequívoca”, urgió la Alta Comisionada.

Pueblos indígenas expuestos a violencias

La Alta Comisionada Adjunta expresó profunda preocupación por los continuos ataques contra pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, alimentados por la violencia de colonos o terceros no indígenas. El asesinato de dos Miskitos el 8 de noviembre, y los informes sobre casos de violencia sexual contra niños indígenas, presuntamente cometidos por colonos, reflejan la grave situación de inseguridad que enfrentan. 

La Alta Comisionada pidió la liberación inmediata de ocho guardabosques Mayangna, quienes han estado detenidos en condiciones extremas desde 2021. “Las autoridades deben adoptar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todos esos incidentes, exigiendo responsabilidades a los autores”.

Finalmente, la Alta Comisionada hizo un llamamiento “a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados comprometidos en la región y que tienen influencia para que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de estos objetivos”. La Oficina también reiteró su compromiso de brindar asistencia técnica a Nicaragua.

Estados miembros del Consejo preocupados por la “co presidencia” de Nicaragua

En el diálogo interactivo con la Alta Comisionada, Estados miembros del Consejo y organizaciones de la sociedad civil pidieron la liberación inmediata de las personas presas políticas, la anulación de sus procesos judiciales,  la restitución de los derechos de toda la ciudadanía, y el levantamiento de las restricciones a ONGs, medios de comunicación, grupos religiosos, entre otros. Varias delegaciones, como Perú, Canadá, Costa Rica, Canadá, Paraguay, Reino Unido, Suiza, entre otras, expresaron su profunda preocupación por las recientes reformas legales y constitucionales, particularmente por la instauración de una “co presidencia” en la que se centraliza el poder en una única familia. 

“Resulta inquietante la eliminación explícita a poderes, ahora simplemente son órganos, y que los nuevos copresidentes puedan coordinar con poder absoluto y sin límites… Es inevitable interpretar este nuevo ataque a la institucionalidad nicaragüense como una estocada casi final a la democracia”, expresó la delegación de Costa Rica.

 

Reino Unido calificó las recientes reformas constitucionales como “un capítulo trágico adicional en el deterioro de los derechos civiles políticos y otros derechos humanos de los nicaragüenses” y pidió a las autoridades nicaragüenses que acepten las recomendaciones que se hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU).

 

Canadá instó a que se renueve el mandato del Alto Comisionado y del Grupo de Expertos en marzo de 2025. La Unión Europea solicitó a Nicaragua ampliar su cooperación con ambos mandatos y otros mecanismos de derechos humanos “para que cumpla con sus obligaciones de presentación de informes dentro de los tratados que ha ratificado”.

Desde los micrófonos de las organizaciones de la sociedad civil, Tininiska Rivera, hija del diputado indígena Brooklyn Rivera, e Ingni Fagoth, hija del líder miskito Steadman Fagot, denunciaron las desapariciones forzadas de sus padres. 

Tininiska también denunció la cancelación de la personalidad jurídica del partido YATAMA y de la Iglesia Morava, y la ocupación ilegal de territorios indígenas por colonos armados. Además, señaló el incremento de la violencia contra las comunidades indígenas en 2024, incluyendo el asesinato de 4 guardabosques, la criminalización de 37, y la desaparición de líderes indígenas. 

Por su parte, Ingni alertó que la detención de su padre en manos del Ejército de Nicaragua es parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de los pueblos indígenas por motivos políticos. “Exigimos justicia…Nuestro pueblo está de pie, pero necesita el respaldo de la comunidad internacional. No abandonen a los indígenas de Nicaragua”, urgió.

Otras organizaciones hicieron énfasis en el cierre arbitrario de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, las 12 leyes represivas aprobadas en los últimos 4 meses, los 222 casos de tortura documentados , 452 casos de personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad, la situación de desempleo de al menos 1200 docentes y personal universitario, entre otros.

Pronunciamiento

La actualización oral de la Alta Comisionada Adjunta y las intervenciones posteriores de los Estados y la sociedad civil dejan claro que la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha alcanzado uno de sus momentos más críticos. En este grave contexto, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respalda el llamado de la Alta Comisionada Adjunta a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en apoyo a la población nicaragüense, con especial atención a las personas exiliadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y quienes permanecen privadas de libertad por razones políticas.

La impunidad no puede prevalecer frente a las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos que sufre el país. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a los Estados comprometidos con la democracia y los derechos humanos a reforzar los mecanismos de monitoreo y protección, y a votar a favor de la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en 2025. Este mandato es esencial para profundizar en la documentación de las violaciones de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la presión internacional en defensa de la población nicaragüense.

Ante el EPU: Nicaragua niega violaciones a los derechos humanos en nombre de la soberanía

Ginebra, 15 de noviembre.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la posición del Estado de Nicaragua ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado este miércoles 13 de noviembre. Su discurso, lejos de reflejar algún nivel de compromiso con los derechos humanos, omite las denuncias internacionales sobre el hostigamiento hacia personas consideradas opositoras políticas, activistas y periodistas. Raza e Igualdad llama al Estado nicaragüense a aceptar las recomendaciones de los Estados y a tomar medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el país.

En su presentación ante el EPU, la Procuradora General de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, afirmó que promueve y protege los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía nicaragüense, destacando “la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la igualdad de género y la ampliación del acceso a la educación y la salud”. Además, la delegación insistió en un supuesto compromiso del Estado de Nicaragua con el derecho internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando su apego a la “igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos”.

En contraste con la posición del Estado, de los 88 Estados que tomaron la palabra durante la 47a sesión del Grupo de Trabajo del EPU, al menos 51 Estados expresaron una amplia gama de preocupaciones por la grave situación de derechos humanos en el país, así como recomendaciones para abordarlas. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran: la reducción del espacio cívico, que ha sido ampliamente condenada por países como Alemania, España, Estados Unidos y Canadá; y las detenciones arbitrarias por motivos políticos y la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, prácticas contrarias al Derecho Internacional a las que ha recurrido el Estado, que fueron señaladas por varios países, como Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile.

En respuesta a estas preocupaciones planteadas, los Estados miembros del Consejo expresaron recomendaciones claras y urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la liberación inmediata y sin condiciones de las personas presos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias, el restablecimiento del espacio cívico y la cooperación con mecanismos internacionales de Derechos Humanos. Canadá por ejemplo, recomendó al Estado respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía, la libertad personal, y protección de la detención arbitraria y tortura “poniendo en libertad inmediatamente a todos los presos políticos dejando de detener arbitrariamente y respetando las normas de la ONU para el tratamiento de personas prisioneras”.

Chile recomendó “poner fin a la práctica de privación de nacionalidad como medida punitiva” y restituir la nacionalidad a las personas que han sido despojadas de ella. El Reino Unido recomendó a Nicaragua modificar la Ley Especial 1145, relacionada con la nacionalidad nicaragüense, y abordar las preocupaciones sobre la reciente reforma al Código Penal que permite la persecución y confiscación de los bienes de nicaragüenses exiliados o extranjeros acusados de “crímenes contra el Estado”.

Otros Estados expresaron recomendaciones específicas sobre el respeto de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Brasil, por ejemplo, destacó la “necesidad de investigar y sancionar a los responsables por todos los actos de violencia y atentados a la vida contra minorías, en particular, pueblos indígenas y afrodescendientes”. Noruega, entre otras cosas, recomendó adoptar medidas inmediatas para evitar la discriminación a los pueblos indígenas afrodescendientes y personas LGBTI, y prevenir la violencia de género.

Para Raza e Igualdad resulta especialmente alarmante la falta de información sobre los líderes indígenas Brooklyn Rivera, exdiputado en condición de desaparición forzada desde septiembre de 2023, y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez, detenida arbitrariamente en condiciones desconocidas. Cabe destacar que, esta es la primera ocasión que el Estado se pronuncia sobre estos casos afirmando que Rivera fue destituido “por su abandono de las labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada” y que ambos fueron despojados de sus inmunidades “para ser sometidos a investigación por la comisión de delitos graves…por los delitos de traición, menoscabo a la integridad nacional…Asimismo por la propagación de noticias falsas”

Desde Raza e Igualdad, observamos con preocupación la opacidad y falta de información sobre el paradero de Brooklyn Rivera, de quien no se ha presentado prueba de vida. Sus casos revelan un patrón de hostigamiento sistemático hacia personas defensoras de derechos humanos bajo una legislación que criminaliza la disidencia, particularmente aquellas que representan a comunidades vulnerabilizadas. 

También nos inquieta la declaración del Estado de Nicaragua de que no firmará el Estatuto de Roma, postura que fue expresada en respuesta a las preguntas de otros Estados. Nicaragua argumentó que esta decisión se debe a la amenaza que representa para su soberanía, señalando que la protección de los derechos humanos es un asunto de “jurisdicción exclusiva”, y que el fortalecimiento de su sistema judicial nacional es el mecanismo adecuado para asegurar la justicia y el respeto a los derechos de su ciudadanía. Este rechazo a la “imposición de jurisdicciones extranjeras en detrimento de su autonomía interna” refleja una postura que limita la cooperación con los sistemas internacionales de justicia y socava el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente en un sistema judicial local señalado por su falta de independencia.

Lamentamos, además, que el Estado también continúe su postura de rechazo hacia la labor del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), conformado por personas expertas independientes. En la sesión, el Estado expresó que sus reportes y actualizaciones “carecen de valor y credibilidad reflejando falsedades, hechos desvirtuados unilaterales, parcializados y sin ninguna base objetiva”, razones por las cuales no aceptan sus recomendaciones “con las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.

Finalmente, instamos al Estado de Nicaragua que, como muestra de buena voluntad, acepte e implemente las recomendaciones brindadas por los Estados durante el Examen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las recomendaciones. Urge que Nicaragua libere a todas las personas presas políticas, garantice el respeto a las libertades de expresión y asociación, y coopere con los organismos internacionales para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 2018 hasta la fecha, y que se tomen las medidas necesarias para restablecer la Democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.

EPU Nicaragua 2024: Raza e Igualdad solicita recomendaciones contundentes ante violaciones sistemáticas a derechos humanos en Nicaragua

Ginebra 12 de noviembre de 2024.-  El Estado de Nicaragua será evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mañana, el miércoles 13 de noviembre. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) urge a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones contundentes frente a las violaciones sistemáticas que el Estado de Nicaragua sigue cometiendo en detrimento a la justicia, la paz, el orden constitucional y los derechos humanos en el marco de la violenta represión que lleva a cabo tras las protestas de abril 2018.

Durante el último ciclo de cuatro años, Nicaragua ha mostrado un total desacato a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, así como a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo un entorno de represión y vulneración de derechos fundamentales, particularmente para las personas defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas y pueblos indígenas y afrodescendientes.

En Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos son blanco de la represión estatal, pese a que el Estado afirma que promueve, defiende y tutela las garantías constitucionales y los derechos humanos. Organismos internacionales han documentado al menos 2,000 detenciones arbitrarias, y casos de torturas y desapariciones forzadas contra personas consideradas opositoras, activistas y periodistas críticos. Según el  Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, actualmente 46 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, entre estas, tres líderes indígenas de la Costa Caribe: Nancy Henríquez, Brooklyn Rivera y Steadman Fagot. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) también ha destacado la expulsión y privación de la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas críticas del régimen, así como la confiscación de sus bienes y la restricción del acceso al territorio nicaragüense, además de hechos y circunstancias que constituyen crímenes de lesa humanidad, “particularmente, persecución por motivos políticos”. 

Los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan sufriendo invasiones de colonos (terceros no indígenas) sin una adecuada protección estatal. La falta de implementación del proceso de saneamiento para el desalojo de ocupantes ilegales ​​ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, la que ha traído como consecuencia conflictos violentos, desplazamientos forzados y asesinatos de integrantes de comunidades indígenas. Solo en los primeros seis meses de 2024, se registraron 643 casos de violaciones de derechos humanos en estos territorios.

Además, el Estado otorga concesiones para actividades mineras y agroindustriales sin realizar consultas previas, libres e informadas, lo que provoca graves daños ambientales y vulnera los derechos de las comunidades indígenas. Estas comunidades rara vez se benefician de las ganancias generadas por dichos proyectos, perpetuando así la pobreza y la exclusión.

La ausencia de una efectiva promoción y protección de los derechos de las mujeres sigue siendo una preocupación alarmante, especialmente ante el aumento de casos de violencia y femicidios en el país. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades a las denuncias de violencia de género desincentiva a las víctimas a buscar justicia. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año 2024 se han contabilizado 63 femicidios.

Cabe destacar que, las políticas gubernamentales sobre género son diseñadas de forma centralizada, sin consulta ni participación efectiva de las organizaciones feministas y defensoras de derechos, quienes en cambio enfrentan represión estatal, criminalización y hostigamiento. Esta restricción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones ha traído como consecuencia la falta de programas de educación sexual, de prevención efectiva de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

En el ámbito de los derechos a la libertad de expresión y asociación, el Estado nicaragüense ha aprobado normativas, como la Ley de Ciberdelitos y su reciente reforma y la Ley de Agentes Extranjeros, que limitan las libertades fundamentales al permitir la vigilancia estatal y la criminalización del activismo y el periodismo. En consecuencia, al menos 278 periodistas independientes han dejado el país por temor a represalias, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Asimismo, a través de estas leyes, el Estado ha anulado la personería jurídica de más de 5,000 organizaciones, entre ellas, organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindaban servicios de salud, educación y apoyo a comunidades vulnerabilizadas. Con la desaparición de estas organizaciones, comunidades enteras han quedado sin acceso a programas sociales y de salud que dependían del trabajo de las ONGs, generando un impacto directo en el bienestar de los sectores más vulnerables.

Finalmente, el Estado de Nicaragua tiene una postura confrontativa, no colaborativa y de forma reiterada desprecia los espacios de diálogo en nombre de “la soberanía nacional”, además de su rechazo a la rendición de cuentas en el ámbito internacional. El Estado ha ignorado recomendaciones de los órganos y mecanismos de protección internacional y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desacatando sus obligaciones internacionales.

También ha expulsado del país a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y se ha retirado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por último, en los últimos dos años Nicaragua tampoco se ha presentado a las revisiones de Órganos de Tratados de Naciones Unidas, como del Comité Contra la Tortura (CAT) o el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), y en otros casos, se ha retirado como ocurrió durante el diálogo interactivo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, haciendo acusaciones infundadas al órgano de dicho tratado y a sus miembras. 

Por todo lo anterior, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a emitir recomendaciones firmes y efectivas que obliguen al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Solo a través de una acción coordinada y decidida, será posible generar una verdadera rendición de cuentas y contribuir a restaurar la justicia, la paz y el respeto por los derechos fundamentales en el país. 

Exigimos al Estado de Nicaragua cesar la persecución política, liberar de inmediato a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, restaurar la independencia de los poderes del Estado, permitir el trabajo de organizaciones de derechos humanos y cumplir con sus compromisos internacionales. 

Este viernes 18 de octubre, el Comité de la CEDAW evaluará al Estado de Cuba

Ginebra, 16 de octubre de 2024 – La última vez que el Estado de Cuba fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), fue en julio de 2013. En aquel entonces, este órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentó una serie de recomendaciones para hacerle frente a la violencia de género, a la ausencia de una legislación que proteja a las cubanas, y a la falta de documentación y de mecanismos que faciliten la denuncia de este tipo de agresiones.  

El Comité recomendó que se elaborara una Ley integral contra la violencia basada en género, se creara un plan de acción nacional para prevenir y mejorar la atención de estas violencias, se proporcionaran refugios, se mejorara la recopilación de datos, y se sensibilizara y capacitara a la población cubana. 

Sin embargo, el Estado de Cuba no ha cumplido con estas recomendaciones. Al contrario, su falta de compromiso con sus obligaciones internacionales se evidencia en la presentación tardía de su noveno informe periódico, el cual debió entregar en 2017. Ese documento solo se compartió al Comité en octubre de 2022, cinco años después de lo establecido, y sin que se hayan incorporado varias de las peticiones de este órgano de expertos independientes. 

“En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio, dos de las recomendaciones de 2013”, afirma Catalina Ledebur, consultora en Derechos de la Mujer del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). 

Este viernes 18 de octubre, tras 12 años de su última revisión, el Estado cubano volverá a ser evaluado por el Comité y deberá explicar qué ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres en la Isla, y para eliminar todo tipo de discriminación contra ellas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, etnia, edad, y posición política y socioeconómica. 

Como parte de este proceso de evaluación, un grupo de mujeres activistas y exiliadas de la Isla, participaron el pasado 14 de octubre en una reunión informal con el Comité, donde denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y lo que va de 2024, y cientos de defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas independientes han sido detenidas, reprimidas y violentadas, por cuestionar y criticar a las autoridades de este país. 

Desde Raza e Igualdad damos seguimiento a la evaluación del Estado de Cuba ante el Comité de la CEDAW y a los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, que revelan las violencias y la discriminación que sufren las mujeres de este país. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cumplan cada una de las recomendaciones, que surjan de esta nueva evaluación, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en Cuba.

 

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – “El racismo sistémico exige respuestas sistémicas”. Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

“La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo”; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática”, dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

“Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso”, dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es “Unión y Reconstrucción” debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria solicita “libertad plena” para el activista cubano Yandier García Labrada

Washington D.C., 5 de abril de 2024 – “El día 27 de febrero (de 2024) fue la última vez que vi a mi hermano. Estaba muy delgadito”, dice Irán Almaguer Labrada, hermano del activista cubano Yandier García Labrada (39 años), quien aparece en la Opinión número 68/2023[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que se hizo pública a mediados del pasado mes de marzo. En el documento, este mecanismo de las Naciones Unidas solicita la “libertad plena” del defensor de derechos humanos, que también forma parte del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

En la Opinión, adoptada en el marco del 98 periodo de sesiones de este Grupo de Trabajo, también se le pide al Estado de Cuba que indemnice y repare a García Labrada; investigue y castigue a los responsables de su detención, y entregue información sobre el cumplimiento de esta “decisión” en un periodo de seis meses posterior a su publicación, el cual se cumple en octubre de 2024.

“El 6 de octubre de 2020 detuvieron a mi hermano por reclamar sus derechos en una cola (fila para obtener alimentos e insumos de primera necesidad). Un represor lo empujó y lo agredió, y luego llegaron más agentes de la Seguridad del Estado y llamaron a la policía. Él gritaba ‘Abajo la dictadura’”, cuenta Almaguer.

Yandier García Labrada cumple una pena de cinco años por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Desde el inicio de su encarcelamiento ha sido trasladado a diversos centros carcelarios y sufrido regímenes de aislamiento, traslados a celdas de castigo, denegación de la atención médica y restricciones a la comunicación con sus familiares. Desde el 19 de enero de 2023 se encuentra recluido en el centro de trabajo correccional Guabineyón 8, en la provincia Las Tunas. Las autoridades penitenciarias le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios.

Su hermano Irán Almaguer, quien sufre de una enfermedad llamada retinitis pigmentaria que lo ha llevado a la ceguera, cuenta que Yandier García vivía con su mamá en el municipio de Manatí, en Las Tunas; y desde que él permanece privado de la libertad, ella ha presentado graves quebrantos de salud. “Es hipertensa y tiene Alzheimer”.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organización que remitió el caso de García Labrada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, exigimos que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de las Naciones Unidas, en su Opinión número 68/2023. Pedimos la liberación inmediata de este activista cubano, quien injustamente lleva más de tres años privado de la libertad, así como de todas las personas que permanecen encarceladas por exigir sus derechos en este país. Exigimos que Cuba respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que dé seguimiento al cumplimiento de esta Opinión, y continúe condenando las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla.

[1] A/HRC/WGAD/2023/68

Cuba: Sociedad civil independiente exige al Estado acatar recomendaciones del EPU

Washington DC, 26 de marzo de 2024.– Después de que el Estado de Cuba fuera evaluado en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) el 15 de noviembre de 2023, el día de hoy se aprobó el informe final del Grupo de Trabajo de este mecanismo del Consejo de Derechos de Humanos, en el que se recopilan las principales conclusiones de este proceso. Según el documento, el Estado aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarán nota de 41.

Las organizaciones de la sociedad civil independiente, que hemos participado en las diferentes etapas de esta revisión, enviando informes alternativos que revelan las violaciones a los derechos humanos en este país, condenamos que el Estado de Cuba haya rechazado 28 recomendaciones, en las que se solicita la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones, y el desarrollo de elecciones “libres y limpias”.

Estos puntos que fueron rechazados adquieren especial relevancia considerando los recientes hechos en Cuba. El día 17 de marzo de 2024 habitantes de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas, salieron a las calles a exigir que se restableciera el servicio de energía eléctrica, y se pusiera fin a la crisis social, política y económica en la que está sumida la Isla. Aunque fueron menos mediáticas, días anteriores, también existieron protestas en distintas localidades del país. A raíz de las manifestaciones pacíficas, al menos 14 personas permanecen detenidas de forma arbitraria por exigir sus derechos[1].

Esta cifra se suma a las cerca de 700 personas que continúan privadas de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, de acuerdo con la organización Justicia 11J; y a las 3,830 acciones represivas ejercidas por las autoridades cubanas contra la población civil en 2023, que fueron documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos[2].

Rechazar 28 recomendaciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de asociación evidencia la falta de compromiso de las autoridades cubanas con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en un proceso como el EPU, donde los Estados examinados pueden elegir entre aceptar o tomar nota de las recomendaciones[3].

Las organizaciones abajo firmantes exigimos al Estado cubano que acate las recomendaciones del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las 292 recomendaciones que Cuba ha aceptado ante este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre ellas se incluyen adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, incorporar una perspectiva de género en todas sus políticas, aplicar leyes para la eliminación contra la discriminación racial, establecer “protocolos que regulen la actuación de los agentes del orden durante las protestas sociales”, entre otras.

Exigimos que el Estado cubano reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en este país, independientemente de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual e identidad de género.

Firmantes:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Artists at Risk Connection (ARC)

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

Cubalex

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Justicia 11J

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Museo V

PEN International

[1]  Nuevas detenciones por protestas pacíficas en marzo – Justicia 11J, Fecha de actualización: 25 de marzo de 2024.

[2] Cuba cerró el 2023 con miles de acciones represivas del régimen contra la población. Fecha de publicación: 4 de enero de 2024.

[3] Información básica sobre el EPU. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2024.

República Dominicana: Delegación de sociedad civil presente en la Pre-Sesión EPU

Ginebra, 6 de marzo de 2024.– Una delegación de sociedad civil dominicana participó en la Pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) realizada el viernes 16 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza, con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). La delegación estuvo compuesta por María Martínez (Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haiti, MOSCTHA), Manuel Dandre (Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas, COLESDOM), Roberto Acevedo (Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, ODH-GV) y Jenny Morón (Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, MUDHA), quienes contaron con el acompañamiento de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Durante una semana en la ciudad suiza, la delegación también tuvo la oportunidad de hacer incidencia al reunirse con representantes de organismos de Naciones Unidas y representantes de misiones diplomáticas, espacios donde compartieron información sobre la situación de discriminación que enfrentan algunos grupos poblacionales en República Dominicana y que resultan violatorias de sus derechos humanos.

Jenny Morón, de MUDHA, expuso la situación de apatridia que, según estimaciones de la sociedad civil, afecta a más de 209 mil personas y que se ha agravada a raíz de la Ley 169-14, al punto que actualmente existen cuatro grupos cuyos derechos humanos son afectados de una u otra forma: 1) quienes debido a su apellido y características fenotípicas no son asociados a la población haitiana y cuentan con todos sus derechos; 2) personas que inicialmente pertenecían al numeral 1 pero el Estado le quitó la nacionalidad en 2013 por identificar algún vínculo con la población haitiana; 3) quienes han sido inscritos en el llamado Libro Especial (Libro de registro para hijos e hijas de madres extranjeras no residentes); y 4) aquellos nacidos en territorio dominicano pero no cuentan con ningún tipo de documentación o designación de nacionalidad.

El activista Manuel Dandre, de la Red Jacques Viau, compartió su experiencia como persona afectada por la Sentencia TC 0168-13, pues a pesar de haber nacido en República Dominicana, a sus 55 años el Estado cambió sus documentos luego de identificar vínculos con población haitiana. “Aquellas personas que nos encontramos en el numeral 2 y 3 tenemos acceso parcial o nulo a derechos básicos como educación, empleo, tránsito, etc., y estamos temerosos a cambios legislativos que continúen mermando nuestros derechos”, expresó.

La defensora de derechos humanos María Martínez, de MOSCTHA, enfatizó la crisis que enfrenta el Estado dominicano en el área laboral, siendo las mujeres y la población en condición de apátrida las más afectadas. Según el mismo Ministerio de la Mujer, más del 95% de las mujeres en el país identifican sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso[1].

Así mismo, la activista Rosalba Diaz, de COLESDOM, resaltó que “la carencia de legislación que garantice protección a la población LGBTI+ ha generado una gran vulnerabilidad de esta población” enfatizando en su presentación “los constantes casos de mutilación, estigma y demás casos de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la población intersexual incluso desde muy temprana edad, así como les patrones judiciales que merman los derechos de custodia de las madres lesbianas en República Dominicana”.

En tanto, Roberto Acevedo, de ODH-GV, expuso la falta de acceso a trabajo y discriminación que sufren personas con VIH/SIDA, pues a pesar de la existencia de la Ley 135-11 -que contempla la privacidad de la información sobre el diagnóstico del VIH, las instituciones públicas realizan pruebas de laboratorios como parte del proceso de preselección de candidatos a puestos de trabajos, teniendo como consecuencia no emplear a las personas que resultan positivas aun poseyendo las habilidades necesarias.

La delegación hizo un balance positivo de la visita pues además de visibilizar la crisis que vive el país debido a políticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, así como de posicionar sus recomendaciones, sirvió para advertir sobre la Ley 1/2024, la cual crea un organismo centralizado del Estado, con el objetivo de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra este. La sociedad civil considera que esta ley genera las herramientas necesarias para avalar al Estado en su labor de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo tanto, la delegación hizo un fuerte llamado para demandar su derogación.

A ello se suma que, al regreso de la delegación a República Dominicana, se conoció la aprobación de la Resolución No. 13, del 17 de febrero de 2024, sobre tramitación de registro de nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. Después de algunos días de evaluación de esta Resolución, a primera vista esta resolución resulta ser una posible solución a varios de los temas abordados por esta delegación en Ginebra respecto a la situación de apatridia, pero al hacer un análisis de fondo genera preocupación porque no beneficia a la población en condición de apatridia en tanto establece la presentación de documentos que esta no posee.

A continuación, desatacamos algunas de las recomendaciones presentadas por esta delegación durante su gira de incidencia en la Pre-sesión del EPU en Ginebra:

  • Promover la creación de una mesa técnica de acompañamiento, revisión e implementación de las recomendaciones realizadas en el EPU, con la participación de la sociedad civil, un estado miembro del Consejo, organismos internacionales y el Estado Dominicano.
  • Promover una ley nacional de igualdad y no discriminación que persiga, tipifique y sancione el racismo y la discriminación en todas sus formas.
  • Motivar al Estado para que modifique y/o elimine cualquier legislación, sentencia o disposición que no esté alineada con los tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos.
  • Motivar al Estado a firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
  • Prevenir la apatridia creando mecanismos claros, gratuitos y expeditos para beneficiar a las personas víctimas de la Sentencia 168.13, dado que la Ley 169.14 no ha solucionado el problema causado por la Sentencia 168.13. Además, ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
  • Sensibilizar a las autoridades, para que eviten la criminalización de la migración y eliminar la política de arresto, deportación y expulsión basados en el perfil racial. Además, tomar las previsiones necesarias para que ninguna persona dominicana por su color de piel o descendencia sea expulsada del territorio nacional.
  • Promover la interculturalidad en la esfera de la educación y en los medios de comunicación.
  • Promover la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad.
  • Crear una legislación que integre los beneficios de los Convenios 156, 190, 189.
  • Promover e incentivar la integración social de grupos vulnerables (personas que viven con VIH-SIDA, usuarios de drogas) para que puedan aportar a su comunidad.
  • Motivar la elaboración y promulgación del reglamento de aplicación de la ley 135-11 de VIH/SIDA, que a 12 años aún no cuenta con ese importante instrumento jurídico.
  • Promover el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo, para que promueva y defienda los derechos humanos independientemente del género, nacionalidad y creencia.

Raza e Igualdad agradece a MUDHA, COLESDOM y ODH-GV por obtener sus recursos y sumarse a la delegación inicialmente compuesta por MOSCTHA y la Red Jacques Viau, y les invita a seguir construyendo en unión estrategias para contrarrestar la cruda realidad que viven algunas poblaciones en República Dominicana. También, reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las diferentes discriminaciones existentes en este país de la mano con las organizaciones miembros a la Red Jacques Viau y la coalición de ONGs CODHAJUR.

 

En la foto (de izquierda a derecha): Elvia Duque (Raza e Igualdad), María Martínez (MOSCTHA), Manuel Dandre (Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (COLESDOM), Roberto Acevedo (ODH-GV) y Jenny Morón (MUDHA), en Sala XXII, Edificio E de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

 

[1] Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer pone en marcha ruta para la ratificación del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral. 28 Junio, 2023. Disponible en https://mujer.gob.do/index.php/noticias/itemlist/tag/Convenio%20190#:~:text=M%C3%A1s%20del%2095%25%20de%20las,Convenio%20n%C3%BAmero%20190%20contra%20la

Régimen de Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad: La comunidad internacional debe colaborar en investigaciones judiciales

Ginebra, 29 de febrero de 2024- Ante el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que identifica al Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros  altos funcionarios estatales nicaragüenses como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exhorta a la comunidad internacional a colaborar en investigaciones judiciales y otras acciones ante los Sistemas Universal e Interamericano. Raza e Igualdad también llama a reforzar el apoyo al GHREN, a fin de que continúe profundizando sus investigaciones para propiciar una real rendición de cuentas y determinación de responsabilidades, tanto a nivel estatal como personal.

Para este segundo informe, el Grupo de Expertos realizó 642 entrevistas a víctimas de la represión estatal y profundizó sus investigaciones sobre las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos como pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes y académicos, integrantes de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino. El GHREN concluyó que el régimen “está cerca de acabar de forma permanente con las voces críticas organizadas” en Nicaragua.

El GHREN también identificó nombres de instituciones y funcionarios estatales, y otros individuos “identificados por las víctimas como responsables directos de las violaciones, abusos y delitos documentados”. Entre estas personas figuran Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado tras su renuncia en el año 2019, y privado de su nacionalidad nicaragüense; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema;  Ana Julia Guido, fiscal general de la República; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen años sino décadas cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense. Observamos como un gran avance que el Grupo haya identificado una estructura y cadenas de mando dentro del Estado, incluyendo asesores de confianza que llevan a cabo actos represivos contra voces disidentes al régimen. La comunidad internacional debe -urgentemente- tomar acciones legales y extender sanciones a las instituciones y personas identificadas como perpetradoras de crímenes de derecho internacional” dijo Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

Asimismo, a través de entrevistas a 72 personas excarceladas políticas, el Grupo corroboró patrones de torturas y maltratos, y modus operandis para la privación arbitraria de libertad por motivos políticos que ya habían sido detallados en su primer informe. Entre estos patrones destacan los allanamientos sin órdenes de detención y registro, la incomunicación con sus familias y abogados, y el desconocimiento de sus paraderos por periodos prolongados. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de la sociedad civil, hay 121 (102 hombres y 19 mujeres) privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 111 son del contexto de abril 2018, entre las cuales figuran 12 personas indígenas.

El GHREN también alertó que algunas de las nuevas estrategias de persecución del régimen “se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua”, como la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, el impedimento de la reunificación familiar, entre otras. El GHREN documentó 317 casos de personas privadas de su nacionalidad, 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país, 21 expulsiones de extranjeros, 263 expulsiones de personas nicaragüenses, entre otras violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, el GHREN abordó brevemente la necesidad de que los hallazgos de este informe se tomen en cuenta al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos de Instituciones Financieras Internacionales. El GHREN llamó a la comunidad internacional a “condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los objetivos de política no comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua”.

Al respecto, Marcelo Azambuja, Oficial Legal de Raza e Igualdad, argumentó que “el respeto a la democracia y a los derecho humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las Instituciones Financieras Internacionales en sus decisiones y actividades hacia el desarrollo sostenible en Nicaragua. Es imperativo que esas instituciones formulen e implementen -en colaboración con el Estado nicaragüense- políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos asociados a sus proyectos y/o recursos. Establecer condiciones es un mecanismo eficaz para incentivar el fin de la crisis y el regreso a la normalidad democrática y al respeto a los derechos humanos.”

Finalmente, el GHREN observó que el regreso a la democracia en Nicaragua y la recuperación de todo lo perdido bajo el gobierno de Ortega tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos. En este sentido, Carlos Quesada enfatizó en que “la justicia no puede demorar más. La comunidad internacional, particularmente los países aliados al pueblo de Nicaragua deben tomar acción con prontitud”.

Alta Comisionada Adjunta sobre Nicaragua: La impunidad es la norma 

Ginebra, 18 de diciembre 2023.- La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la que resaltó que en el país centroamericano “la impunidad es la norma” dada la falta de acción del gobierno nicaragüense para prevenir las violaciones a derechos humanos y los ataques sistemáticos que éste encabeza contra líderes indígenas y políticos, miembros de la iglesia católica, personas defensoras y periodistas. 

En el diálogo con la sociedad civil, representantes nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad de más de 90 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos y prueba de vida del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera; así como la suspensión de financiamientos que no garanticen que las autoridades respetarán los derechos humanos.

Control político en la Costa Caribe

Según la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), el gobierno ha ejercido control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua. “En este contexto, el 3 de octubre, las autoridades cancelaron arbitrariamente el estatus legal de Yatama, el principal partido político indígena y afrodescendiente en el país. Adicionalmente, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de su libertad por la policía, sin aviso de detención ni debido proceso”, declaró Al- Nashif.

El líder Miskito y diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, tiene 71 años y permanece en una situación que equivale a “desaparición forzada”, según la OACNUDH. Su suplente en la Asamblea, Nancy Henríquez, fue sentenciada a 8 años por los falsos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Tras sus detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron tomados por el partido de gobierno. Estas acciones son alarmantes, sobre todo por las próximas elecciones regionales programadas para marzo de 2024.

Presión indiscriminada a pueblos indígenas para aprobar el Proyecto BioClima

Al-Nashif expresó su preocupación por la falta de información suficiente sobre el proyecto BioClima financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sus riesgos y “sobre el ejercicio de presiones indiscriminadas a personas indígenas para que den su consentimiento al proyecto sin tiempo suficiente para la deliberación”. 

Según la Alta Comisionada Adjunta, desde agosto de 2023, el gobierno ha realizado consultas para obtener consentimiento para el proyecto bajo la presencia de oficiales armados. “Cualquier consulta debe realizarse respetando la legislación y las normas sobre derechos humanos, incluido el consentimiento libre, previo e informado”, dijo Al-Nashif.

Condiciones de detención y juicios no cumplen los estándares internacionales 

Se estima que al menos 17 mujeres y 74 hombres continuan privados de libertad por motivos políticos en situaciones que se consideran tortura, y bajo amenazas que se extienden a sus familiares para que no denuncien las condiciones. Según informaciones recibidas por la Alta Comisionada, los juicios de estas personas se están dando sin la presencia física de las personas acusadas, quienes sólo participan por videollamada y sin asistencia legal.

Al-Nashif enfatizó en los casos de Anielka García, joven activista y madre que fue detenida simplemente por serigrafiar una camiseta con el eslogan “Viva Nicaragua libre”, y estuvo privada de visitas familiares por dos meses y ahora tiene acceso limitado a  las visitas de sus hijos menores de edad. Asimismo, los casos de otros tres jóvenes que fueron detenidos por protestar pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y ahora están siendo acusados por falsos delitos relacionados a drogas.

Sobre la privación arbitraria de libertad del Obispo Rolando José Álvarez , la Alta Comisionada Al-Nashif dijo que, a pesar de la información publicada recientemente por el gobierno, las condiciones de detención del Obispo violan los estándares internacionales, “ya que sigue sometido a un prolongado régimen de aislamiento con esporádicas visitas familiares, privado de alimentos suficientes, de atención médica adecuada y de cualquier material de lectura”.

Finalmente, la Alta Comisionada dijo que “hay esperanza, las personas defensoras en Nicaragua y el exilio siguen trabajando incansablemente por un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional”. Una vez más, llamó al gobierno a que acepte la oferta de realizar un diálogo genuino y reciba asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos.

Nicaragua intenta abatir el escrutinio internacional

En las intervenciones de las delegaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la Unión Europea manifestó preocupación por “las restricciones al espacio cívico y la fragilidad del Estado de Derecho, el freno a la libertad académica y el derecho a la educación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y la privación de ciudadanías que resultan en apatridia”. Por su parte, el representante de Bélgica llamó a la libertad inmediata e  incondicional y rehabilitación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como a la restauración de la democracia e independencia del Sistema Judicial.

El Core Group (grupo núcleo), en voz de la delegación de Costa Rica, manifestó que la retirada de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro intento de abatir el escrutinio internacional. La delegación reiteró su compromiso con el Pueblo de Nicaragua.“No están siendo olvidados”, agregó.

Otros Estados como Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Turquía, Georgia, Argentina, Estados Unidos reiteraron su llamado a Nicaragua para que coopere plenamente con la OACNUDH.

Sociedad civil denuncia torturas a disidentes e irregularidades en proyecto BioClima

La defensora nicaragüense y abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar denunció el retorno de patrones de tortura física y criminalización bajo cargpos de delincuencia común para cubrir la persecución política, juicios exprés desde las cárceles y por videollamada sin la posibilidad de abogados. Salazar también denunció que persiste la desaparición forzada, entre las que se encuentran Freddy Quezada y Brooklyn Rivera; y el reciente envío de 7 presos políticos a celdas de máxima seguridad y aislamiento por cantar el himno nacional antes de una huelga de hambre.

Cristiana Huerta, defensora de derechos humanos y feminista, resaltó que más de 170 mujeres defensoras de derechos humanos se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 300 de organizaciones de derechos de las mujeres. En esta misma línea, Rommel Moncada, estudiante y activista LGBTI+, denunció vigilancia, amenazas, persecución y tocamientos sexuales por parte de las autoridades.

En una declaración conjunta del Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la defensora nicaragüense de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Winnye Bernard denunció que en la Costa Caribe persisten las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas por parte de colonos invasores y la inacción del Estado. “En seis años se registraron en los territorios 640 incidentes con 1164 víctimas”, dijo Bernard.

Según Bernard, la criminalización hacia los defensores, líderes y lideresas indígenas se agudiza en el contexto del proyecto BioClima, aprobado sin consulta previa, libre e informada. “Denunciamos los efectos negativos potencialmente irreversibles… así como la realización de la pantomima de elecciones regionales. Instamos a este Consejo a solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones que garanticen la vida e integridad colectiva de las comunidades y sobre todo de las mujeres, y prueba de vida del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera”, agregó.

“Los pueblos indígenas solicitan la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro a las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos”, enfatizó la defensora.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos