Organizaciones afrodescendientes exponen ante expertas de la ONU los desafíos estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en México

Organizaciones afrodescendientes exponen ante expertas de la ONU los desafíos estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en México

Washington, D.C., 20 de mayo de 2026. – Durante la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos comunitarios y representantes afrodescendientes de distintos territorios del país compartieron con las expertas internacionales sus principales preocupaciones, desafíos y demandas en materia de derechos humanos, reconocimiento, participación política, justicia racial y desarrollo sostenible.

La visita oficial, que inició el 11 de mayo y concluirá el 20 de mayo, es encabezada por Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo, y Catherine Namakula, miembra del mecanismo. Durante su estancia en el país, las expertas han examinado la situación de los derechos humanos de les afrodescendientes en México, recabando información sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como promoviendo la implementación del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

La delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como con personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que trabajan en temas de discriminación racial y derechos humanos.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) tuvo el honor de apoyar la coordinación de espacios de diálogo y encuentros entre las expertas y activistas afrodescendientes en los distintos territorios visitados. Estos espacios fueron posibles gracias al compromiso, liderazgo y capacidad de movilización de liderazgos comunitarios afrodescendientes que convocaron a organizaciones, autoridades comunitarias, juventudes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y representantes de diversos sectores de sus comunidades para dialogar con las expertas de Naciones Unidas. Raza e Igualdad expresa un especial agradecimiento a Rosa María Hernández Fitta en Córdoba y Yanga (Veracruz); Teresa Mojica y las integrantes de Afrocaracolas en Puerto Marqués (Guerrero); Sergio Peñaloza en Cuajinicuilapa (Guerrero); y Yolanda Camacho en El Azufre (Oaxaca), cuyo trabajo de articulación territorial hizo posible una amplia y diversa participación de la población afrodescendiente. Sin su compromiso y liderazgo, estos encuentros no hubieran sido posibles.

Las actividades iniciaron el 13 de mayo de 2026 con un encuentro realizado en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representado en esta ocasión por la Dra. Gema Tabares.

Durante los encuentros, las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones y comunidades afrodescendientes destacaron que aunque existen avances institucionales dirigidos a la población afromexicana, estos continúan siendo insuficientes debido a limitaciones presupuestarias, falta de voluntad política y una visión predominantemente indigenista que no responde plenamente a las realidades, identidades y necesidades específicas de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

En este sentido, se reiteró la necesidad de crear una institucionalidad especializada exclusivamente en la población afrodescendiente, con recursos adecuados, personal capacitado y capacidad para implementar políticas públicas integrales y sostenibles.

Asimismo, las organizaciones insistieron en la urgencia de fortalecer las acciones afirmativas y garantizar una representación política real de las personas afrodescendientes en espacios de toma de decisiones. Expresaron preocupación por los constantes intentos de usurpación de candidaturas destinadas a personas afromexicanas y por la utilización del censo como único mecanismo para acreditar pertenencia afrodescendiente, pese al bajo nivel de autorreconocimiento derivado de siglos de invisibilización histórica y discriminación racial.

Las organizaciones también destacaron la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades afrodescendientes, así como de sus sistemas normativos propios, formas de organización y autogobierno.

Igualmente, manifestaron preocupación por la falta de protocolos específicos de consulta para pueblos afromexicanos, la ausencia de numerosas comunidades en el Catálogo Nacional de Comunidades Afromexicanas y el abandono de la discusión sobre una ley reglamentaria afromexicana que permita traducir los derechos constitucionalmente reconocidos en políticas públicas, mecanismos de protección y garantías concretas.

Las organizaciones denunciaron que la población afromexicana continúa enfrentando importantes barreras para acceder a una educación inclusiva y libre de discriminación. Entre las principales preocupaciones se destacó la ausencia de contenidos y currículos afromexicanos en las aulas, situación que contribuye a la invisibilización histórica de los aportes de la población afrodescendiente y perpetúa estereotipos raciales.

Asimismo, se señaló la falta de acceso efectivo a educación técnica y universitaria para muchas comunidades afrodescendientes. Incluso cuando las familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijas e hijos continúen estudios superiores, persisten obstáculos para acceder a empleos dignos debido a prácticas discriminatorias y al racismo estructural presente en el mercado laboral.

Las organizaciones también denunciaron que el perfilamiento racial continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas afrodescendientes, particularmente cuando salen de sus comunidades ancestrales. Con frecuencia son percibidas como personas extranjeras o migrantes debido a sus características físicas, enfrentando actos de discriminación, cuestionamientos sobre su nacionalidad y tratos diferenciados por parte de autoridades y particulares.

Las organizaciones subrayaron la importancia de incorporar un enfoque interseccional en el análisis de la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente en México. Destacaron que las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando múltiples formas de discriminación derivadas de la interacción entre racismo y sexismo, así como mayores niveles de exclusión económica, violencia y barreras para acceder a espacios de participación y liderazgo.

Por su parte, las juventudes afrodescendientes enfrentan obstáculos específicos relacionados con el acceso a educación de calidad, empleo, oportunidades de movilidad social y participación política, además de ser frecuentemente afectadas por la criminalización, la estigmatización y la violencia.

Asimismo, se resaltó la situación de las personas afrodescendientes migrantes, quienes enfrentan formas agravadas de discriminación y vulnerabilidad debido a la convergencia de factores como raza, nacionalidad, situación migratoria y exclusión socioeconómica.

Otro de los temas abordados fue la protección del patrimonio cultural afrodescendiente, particularmente del afroseminol, lengua criolla de base inglesa hablada por la comunidad mascoga en Coahuila y actualmente en peligro de extinción.

Las organizaciones también resaltaron la necesidad de fortalecer y apoyar las iniciativas comunitarias orientadas a preservar la memoria histórica afrodescendiente, incluyendo museos comunitarios como el Museo Afromexicano de Huehuetán, espacios culturales y proyectos artísticos que desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidad, autoestima colectiva y lucha contra la invisibilización. Sin embargo, señalaron que estas iniciativas continúan recibiendo escaso apoyo institucional y financiero.

Las comunidades afrodescendientes de zonas costeras alertaron igualmente sobre los impactos del cambio climático, el abandono estatal y proyectos económicos que afectan sus territorios y medios de vida, especialmente en lugares como Puerto Marqués, en Acapulco, y El Azufre, en Oaxaca.

Además, se denunciaron afectaciones derivadas de la violencia y el crimen organizado, incluyendo desapariciones, asesinatos, intimidación y falta de acceso a la justicia.

Las y los activistas señalaron también la necesidad urgente de contar con centros de salud adecuadamente equipados y con personal permanente. Actualmente, muchas personas afrodescendientes deben trasladarse largas distancias para acceder a atención médica o recurrir a servicios privados de alto costo, situación que limita seriamente el ejercicio del derecho a la salud.

Igualmente, manifestaron preocupación porque muchos programas y apoyos gubernamentales establecen requisitos que resultan inaccesibles para comunidades, organizaciones y activistas afrodescendientes, excluyendo precisamente a quienes más necesitan acceder a estos recursos.

Las organizaciones participantes subrayaron la importancia de que las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo contribuyan a fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía efectiva de los derechos de las personas afrodescendientes en México, desde una perspectiva de reparación histórica, justicia racial, igualdad sustantiva y participación efectiva de las comunidades.

Hoy, 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes dará a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares durante una rueda de prensa al cierre de su visita oficial a México. Posteriormente, se espera que el informe final sobre la misión sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas posiblemente en septiembre de 2026.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de continuar acompañando y apoyando a la población afrodescendiente en México, como lo ha hecho durante muchos años, promoviendo espacios de diálogo, fortaleciendo las capacidades de organizaciones y liderazgos afrodescendientes, impulsando procesos de incidencia nacional e internacional y contribuyendo a la defensa de sus derechos humanos.

Confiamos en que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta visita contribuirán a visibilizar los desafíos que continúan enfrentando las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes en México, así como a fortalecer las acciones necesarias para avanzar hacia la igualdad racial, la reparación histórica, el reconocimiento pleno de sus derechos y una participación efectiva en la vida política, económica, social y cultural del país.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará consulta regional en Bogotá

Bogotá, 16 de septiembre de 2025. Este viernes 19 de septiembre, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes realizará la consulta regional para América Latina hispanohablante, un espacio que forma parte del proceso de construcción de la futura Declaración de las Naciones Unidas sobre el respeto, la protección y la efectividad de los derechos humanos de las personas afrodescendientes.

Este encuentro, que iniciará a partir de las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y reunirá a más de 60 líderes y lideresas, forma parte de las consultas regionales que adelanta el Foro Permanente en distintas partes del mundo, para recoger insumos y garantizar que las voces de las comunidades afrodescendientes sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Declaración. La jornada en Bogotá será la segunda consulta regional, luego de la realizada en diciembre de 2024 en Barbados, enfocada en el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región viven alrededor de 200 millones de afrodescendientes, equivalentes al 30% de la población total. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la participación política, la educación, la salud y el empleo digno. Dichas brechas se profundizan en el caso de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan de manera interseccional los efectos del racismo y el sexismo. La consulta regional en Bogotá, dirigida a las comunidades afrodescendientes de los países hispanohablantes de América Latina, busca generar un diagnóstico sobre las múltiples formas de discriminación y racismo estructural en la región, y al mismo tiempo consolidar propuestas que fortalezcan el proyecto de Declaración.

La jornada, que se desarrollará mediante un diálogo amplio y participativo, se centrará en temas prioritarios identificados por el Foro Permanente, entre ellos: el reconocimiento y abordaje del racismo sistémico y estructural; la justicia reparadora frente a los legados del colonialismo, la esclavización, el apartheid y el genocidio; los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes; el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades; así como cuestiones urgentes y emergentes en derechos humanos, como el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático, la injusticia ambiental y la necesidad de reformar el orden económico internacional.

 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) acompañamos la participación de destacadas lideresas de la región, quienes aportarán desde sus experiencias y trayectorias a la discusión. Entre ellas se encuentran: la boliviana Paola Yánez, coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; la hondureña Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA); la dominicana María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política de MOSCTHA; la colombiana Luz Marina Becerra Panesso, representante legal de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre); y la mexicana Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga. Su participación permitirá visibilizar las realidades específicas que enfrentan las mujeres afrodescendientes frente a las violencias raciales, el desplazamiento forzado y la exclusión.

Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global

Como antesala a la consulta, el jueves 18 de septiembre a las 4:00 p.m., en el Hotel Suite Jones (Chapinero, Bogotá), se llevará a cabo el diálogo Voces de la diáspora: Mujeres afrodescendientes en resistencia y liderazgo global. Este encuentro contará con la participación de las lideresas mencionadas y del profesor Justin Hasford, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes, cuya trayectoria en Estados Unidos y articulación con movimientos afrodescendientes de la diáspora, permitirá un análisis comparado entre América Latina y el Norte Global.

El evento, organizado por Raza e igualdad, tendrá interpretación simultánea inglés-español y busca consolidar un espacio de intercambio y construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo entre las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes en América Latina y aquellas que se desarrollan en otros contextos internacionales.



Declaración y el Programa de Acción de Durban: Expectativas de la sociedad civil sobre el proyecto de Declaración Internacional de protección, promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

El 15 de enero de 2025, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes (ALDA) organizaron una reunión en la sede de Raza e Igualdad en Ginebra, con el objetivo de avanzar en la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban. En esta reunión participaron las Misiones de Brasil -con representación del Ministerio de Igualdad Racial (MIR)-, de Colombia, de México y de Chile; así como representantes del Foro Permanente sobre los Afrodescendiente de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de países como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. 

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo Intergubernamental, reunido del 13 al 17 de enero de 2025 en Ginebra. Su principal objetivo fue visibilizar la implementación del Plan de Acción y la Declaración de Durban, así como resaltar la importancia de una alianza estratégica para la incidencia política en el proyecto de declaración internacional para la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. Es importante destacar que hubo poca participación directa de entidades de la sociedad civil en este espacio intergubernamental, ya que solo pudieron asistir organizaciones de la sociedad civil con «estatus consultivo ECOSOC de la ONU» [1] o que hubieran participado en la Conferencia de Durban en 2001. 

Por esta razón, Raza e Igualdad y ALDA [2] participaron en la 23ª Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Implementación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (IGWG, por sus siglas en inglés), para apoyar el proyecto de Declaración de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Como grupos de la sociedad civil, presentamos algunas consideraciones importantes que los gobiernos deben tener en cuenta en este proyecto de Declaración. Además de brindar apoyo esencial a las Misiones de Brasil y Colombia para que puedan liderar y amplificar las voces de casi 200 millones de afrodescendientes en las Américas, queremos destacar la necesidad de garantizar la participación y escucha de la sociedad civil y de los pueblos afrodescendientes, así como de la población latinoamericana y caribeña. En este sentido, destacamos algunas recomendaciones: 

Apoyamos al Gobierno de Colombia, que en esta sesión presentó una postura muy clara sobre el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo en el marco de la jurisprudencia internacional y de las naciones que lo han establecido por ley. Por lo tanto, el proyecto de Declaración debe considerar en su lenguaje a las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes. 

Consideramos necesario ampliar el concepto de afrodescendiente como una expresión civilizatoria que tiene su origen en la experiencia de la trata de esclavos africanos ocurrida entre los siglos XVI y XIX en las Américas. Los afrodescendientes deben ser reconocidos como grupos étnico-culturales que también habitan territorios rurales, preservan instituciones culturales tradicionales y se definen como tales. 

El concepto de pueblos afrodescendientes se está integrando en el sistema internacional de derechos humanos, salvaguardando el derecho de los miembros de estas comunidades a ser sujetos colectivos de derechos, más allá de las categorías tradicionales de “igualdad y no discriminación como principio fundamental de los derechos humanos» (Recomendación General 34 de 2011 del CERD). 

Desde la perspectiva del concepto de «diáspora africana» aplicado a los afrodescendientes en las Américas, el sistema de justicia interamericano reconoce a los afrodescendientes rurales como «pueblos tribales», ya que las comunidades rurales mantienen una relación con el territorio que va más allá de los aspectos físicos, transformándolo en un mecanismo de lucha, trascendencia política y reivindicación de su ancestralidad. 

El movimiento afro-latinoamericano ha tenido siempre una participación colectiva y activa en la agenda internacional de derechos, incluso antes de Durban. Por ello, subrayamos la importancia de este evento y la necesidad de fortalecer lazos, redes y articulaciones para garantizar la voz de nuestros pueblos. 

Las misiones presentes en la reunión cerrada destacaron la necesidad de una mayor aproximación con la sociedad civil, con el fin de proporcionar conceptos y datos actualizados para el combate al racismo en las Américas, y de esta manera contribuir al texto de la Declaración que está siendo debatido en este Grupo de Trabajo Intergubernamental. También se discutieron temas como reparación, el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y la importancia de la agenda climática. 

Al finalizar los trabajos, se concluyó la primera lectura del texto de la Declaración, y en las próximas reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental se podrán realizar nuevos aportes al documento. 

Raza e Igualdad y ALDA expresan su convicción de que este espacio debe ser plural y esperamos que, aunque sea de manera indirecta, podamos promover una mayor participación de las entidades de la sociedad civil en la construcción de la Declaración sobre la protección, promoción y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes. 

 

[1] https://ecosoc.un.org/en/ngo/consultative-status 

[2] La Articulación Latinoamericana para los Decenios Afrodescendientes ALDA y la Coalición de Organizaciones defensoras del Territorio ancestral, las tierras colectivas de los Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, somos parte del movimiento social afrodescendiente que promueve la causa del reconocimiento, la justicia y las reparaciones históricas de la diáspora africana en el mundo. ALDA y la COALICIÓN fuimos parte de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos y promovimos la propuesta de reconocimiento de pueblo afrodescendiente en el derecho internacional, especialmente en el marco de la pasada COP 16 que se celebró en la ciudad de Cali con el auspicio del gobierno de Colombia. 

 

Reformas recientes intensifican la persecución política en Nicaragua y el exilio, alerta la OACNUDH

Ginebra, 9 de diciembre de 2024 – En Nicaragua “reina un clima severo y represivo”, expresó la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, durante su actualización oral sobre la situación de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este lunes 9 de diciembre. En su intervención, Al-Nashif advirtió que las reformas legales y constitucionales recientes consolidan el poder en la Presidencia y “allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos”, incluyendo a la población nicaragüense en el exilio.

La Alta Comisionada Adjunta señaló que las recientes reformas legales redefinen los delitos para abarcar publicaciones en redes sociales que “provoquen pánico” o amenacen la “estabilidad social”. Además, clasifican los delitos cibernéticos como organizados, autorizan la confiscación de bienes y permiten el acceso sin control policial a datos personales. 

Las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el mes pasado, permitirán una mayor injerencia del Ejecutivo en los poderes legislativo, judicial y electoral. Al-Nashif calificó como “particularmente atroz” la eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura.

Estos cambios buscan ampliar y fortalecer los poderes del Gobierno para despojar a las personas de su ciudadanía y confiscar bienes, una herramienta ya ampliamente utilizada para reprimir arbitrariamente a personas críticas y disidentes del Gobierno. Desde febrero de 2023, al menos 546 personas han sido despojadas de su nacionalidad, privadas de sus bienes y expuestas a la apatridia. Muchas de estas personas no pueden renovar su documentación, lo que dificulta su conexión con su país. También, la Corte Suprema despojó de su nacionalidad y bienes a 135 personas excarceladas políticas y desterradas a Guatemala en septiembre pasado.

Patrón constante de detenciones, torturas y desapariciones forzadas

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó un patrón constante de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Actualmente, 76 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo 20 integrantes de pueblos indígenas, y 30 personas detenidas arbitrariamente a finales de noviembre. En cuanto a las desapariciones forzadas, la OACNUDH destacó la desaparición forzada de Angélica Chavarría, compañera del fallecido general retirado Humberto Ortega, desde mayo de 2024; el paradero desconocido de Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA, desde septiembre de 2023; la desaparición de Steadman Fagoth Müller, asesor presidencial en temas indígenas, desde septiembre de 2024; y el ex coronel Victor Boitano (63 años), desaparecido desde abril de 2024.

“La desaparición forzada, la tortura y los malos tratos deben cesar de manera inequívoca”, urgió la Alta Comisionada.

Pueblos indígenas expuestos a violencias

La Alta Comisionada Adjunta expresó profunda preocupación por los continuos ataques contra pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, alimentados por la violencia de colonos o terceros no indígenas. El asesinato de dos Miskitos el 8 de noviembre, y los informes sobre casos de violencia sexual contra niños indígenas, presuntamente cometidos por colonos, reflejan la grave situación de inseguridad que enfrentan. 

La Alta Comisionada pidió la liberación inmediata de ocho guardabosques Mayangna, quienes han estado detenidos en condiciones extremas desde 2021. “Las autoridades deben adoptar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todos esos incidentes, exigiendo responsabilidades a los autores”.

Finalmente, la Alta Comisionada hizo un llamamiento “a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados comprometidos en la región y que tienen influencia para que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de estos objetivos”. La Oficina también reiteró su compromiso de brindar asistencia técnica a Nicaragua.

Estados miembros del Consejo preocupados por la “co presidencia” de Nicaragua

En el diálogo interactivo con la Alta Comisionada, Estados miembros del Consejo y organizaciones de la sociedad civil pidieron la liberación inmediata de las personas presas políticas, la anulación de sus procesos judiciales,  la restitución de los derechos de toda la ciudadanía, y el levantamiento de las restricciones a ONGs, medios de comunicación, grupos religiosos, entre otros. Varias delegaciones, como Perú, Canadá, Costa Rica, Canadá, Paraguay, Reino Unido, Suiza, entre otras, expresaron su profunda preocupación por las recientes reformas legales y constitucionales, particularmente por la instauración de una “co presidencia” en la que se centraliza el poder en una única familia. 

“Resulta inquietante la eliminación explícita a poderes, ahora simplemente son órganos, y que los nuevos copresidentes puedan coordinar con poder absoluto y sin límites… Es inevitable interpretar este nuevo ataque a la institucionalidad nicaragüense como una estocada casi final a la democracia”, expresó la delegación de Costa Rica.

 

Reino Unido calificó las recientes reformas constitucionales como “un capítulo trágico adicional en el deterioro de los derechos civiles políticos y otros derechos humanos de los nicaragüenses” y pidió a las autoridades nicaragüenses que acepten las recomendaciones que se hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU).

 

Canadá instó a que se renueve el mandato del Alto Comisionado y del Grupo de Expertos en marzo de 2025. La Unión Europea solicitó a Nicaragua ampliar su cooperación con ambos mandatos y otros mecanismos de derechos humanos “para que cumpla con sus obligaciones de presentación de informes dentro de los tratados que ha ratificado”.

Desde los micrófonos de las organizaciones de la sociedad civil, Tininiska Rivera, hija del diputado indígena Brooklyn Rivera, e Ingni Fagoth, hija del líder miskito Steadman Fagot, denunciaron las desapariciones forzadas de sus padres. 

Tininiska también denunció la cancelación de la personalidad jurídica del partido YATAMA y de la Iglesia Morava, y la ocupación ilegal de territorios indígenas por colonos armados. Además, señaló el incremento de la violencia contra las comunidades indígenas en 2024, incluyendo el asesinato de 4 guardabosques, la criminalización de 37, y la desaparición de líderes indígenas. 

Por su parte, Ingni alertó que la detención de su padre en manos del Ejército de Nicaragua es parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de los pueblos indígenas por motivos políticos. “Exigimos justicia…Nuestro pueblo está de pie, pero necesita el respaldo de la comunidad internacional. No abandonen a los indígenas de Nicaragua”, urgió.

Otras organizaciones hicieron énfasis en el cierre arbitrario de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, las 12 leyes represivas aprobadas en los últimos 4 meses, los 222 casos de tortura documentados , 452 casos de personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad, la situación de desempleo de al menos 1200 docentes y personal universitario, entre otros.

Pronunciamiento

La actualización oral de la Alta Comisionada Adjunta y las intervenciones posteriores de los Estados y la sociedad civil dejan claro que la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha alcanzado uno de sus momentos más críticos. En este grave contexto, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respalda el llamado de la Alta Comisionada Adjunta a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en apoyo a la población nicaragüense, con especial atención a las personas exiliadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y quienes permanecen privadas de libertad por razones políticas.

La impunidad no puede prevalecer frente a las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos que sufre el país. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a los Estados comprometidos con la democracia y los derechos humanos a reforzar los mecanismos de monitoreo y protección, y a votar a favor de la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en 2025. Este mandato es esencial para profundizar en la documentación de las violaciones de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la presión internacional en defensa de la población nicaragüense.

Ante el EPU: Nicaragua niega violaciones a los derechos humanos en nombre de la soberanía

Ginebra, 15 de noviembre.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la posición del Estado de Nicaragua ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado este miércoles 13 de noviembre. Su discurso, lejos de reflejar algún nivel de compromiso con los derechos humanos, omite las denuncias internacionales sobre el hostigamiento hacia personas consideradas opositoras políticas, activistas y periodistas. Raza e Igualdad llama al Estado nicaragüense a aceptar las recomendaciones de los Estados y a tomar medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el país.

En su presentación ante el EPU, la Procuradora General de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, afirmó que promueve y protege los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía nicaragüense, destacando «la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la igualdad de género y la ampliación del acceso a la educación y la salud». Además, la delegación insistió en un supuesto compromiso del Estado de Nicaragua con el derecho internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando su apego a la «igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos».

En contraste con la posición del Estado, de los 88 Estados que tomaron la palabra durante la 47a sesión del Grupo de Trabajo del EPU, al menos 51 Estados expresaron una amplia gama de preocupaciones por la grave situación de derechos humanos en el país, así como recomendaciones para abordarlas. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran: la reducción del espacio cívico, que ha sido ampliamente condenada por países como Alemania, España, Estados Unidos y Canadá; y las detenciones arbitrarias por motivos políticos y la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, prácticas contrarias al Derecho Internacional a las que ha recurrido el Estado, que fueron señaladas por varios países, como Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile.

En respuesta a estas preocupaciones planteadas, los Estados miembros del Consejo expresaron recomendaciones claras y urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la liberación inmediata y sin condiciones de las personas presos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias, el restablecimiento del espacio cívico y la cooperación con mecanismos internacionales de Derechos Humanos. Canadá por ejemplo, recomendó al Estado respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía, la libertad personal, y protección de la detención arbitraria y tortura “poniendo en libertad inmediatamente a todos los presos políticos dejando de detener arbitrariamente y respetando las normas de la ONU para el tratamiento de personas prisioneras”.

Chile recomendó “poner fin a la práctica de privación de nacionalidad como medida punitiva” y restituir la nacionalidad a las personas que han sido despojadas de ella. El Reino Unido recomendó a Nicaragua modificar la Ley Especial 1145, relacionada con la nacionalidad nicaragüense, y abordar las preocupaciones sobre la reciente reforma al Código Penal que permite la persecución y confiscación de los bienes de nicaragüenses exiliados o extranjeros acusados de “crímenes contra el Estado”.

Otros Estados expresaron recomendaciones específicas sobre el respeto de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Brasil, por ejemplo, destacó la “necesidad de investigar y sancionar a los responsables por todos los actos de violencia y atentados a la vida contra minorías, en particular, pueblos indígenas y afrodescendientes”. Noruega, entre otras cosas, recomendó adoptar medidas inmediatas para evitar la discriminación a los pueblos indígenas afrodescendientes y personas LGBTI, y prevenir la violencia de género.

Para Raza e Igualdad resulta especialmente alarmante la falta de información sobre los líderes indígenas Brooklyn Rivera, exdiputado en condición de desaparición forzada desde septiembre de 2023, y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez, detenida arbitrariamente en condiciones desconocidas. Cabe destacar que, esta es la primera ocasión que el Estado se pronuncia sobre estos casos afirmando que Rivera fue destituido “por su abandono de las labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada” y que ambos fueron despojados de sus inmunidades “para ser sometidos a investigación por la comisión de delitos graves…por los delitos de traición, menoscabo a la integridad nacional…Asimismo por la propagación de noticias falsas”

Desde Raza e Igualdad, observamos con preocupación la opacidad y falta de información sobre el paradero de Brooklyn Rivera, de quien no se ha presentado prueba de vida. Sus casos revelan un patrón de hostigamiento sistemático hacia personas defensoras de derechos humanos bajo una legislación que criminaliza la disidencia, particularmente aquellas que representan a comunidades vulnerabilizadas. 

También nos inquieta la declaración del Estado de Nicaragua de que no firmará el Estatuto de Roma, postura que fue expresada en respuesta a las preguntas de otros Estados. Nicaragua argumentó que esta decisión se debe a la amenaza que representa para su soberanía, señalando que la protección de los derechos humanos es un asunto de “jurisdicción exclusiva”, y que el fortalecimiento de su sistema judicial nacional es el mecanismo adecuado para asegurar la justicia y el respeto a los derechos de su ciudadanía. Este rechazo a la “imposición de jurisdicciones extranjeras en detrimento de su autonomía interna” refleja una postura que limita la cooperación con los sistemas internacionales de justicia y socava el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente en un sistema judicial local señalado por su falta de independencia.

Lamentamos, además, que el Estado también continúe su postura de rechazo hacia la labor del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), conformado por personas expertas independientes. En la sesión, el Estado expresó que sus reportes y actualizaciones “carecen de valor y credibilidad reflejando falsedades, hechos desvirtuados unilaterales, parcializados y sin ninguna base objetiva”, razones por las cuales no aceptan sus recomendaciones “con las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.

Finalmente, instamos al Estado de Nicaragua que, como muestra de buena voluntad, acepte e implemente las recomendaciones brindadas por los Estados durante el Examen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las recomendaciones. Urge que Nicaragua libere a todas las personas presas políticas, garantice el respeto a las libertades de expresión y asociación, y coopere con los organismos internacionales para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 2018 hasta la fecha, y que se tomen las medidas necesarias para restablecer la Democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.

EPU Nicaragua 2024: Raza e Igualdad solicita recomendaciones contundentes ante violaciones sistemáticas a derechos humanos en Nicaragua

Ginebra 12 de noviembre de 2024.-  El Estado de Nicaragua será evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mañana, el miércoles 13 de noviembre. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) urge a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones contundentes frente a las violaciones sistemáticas que el Estado de Nicaragua sigue cometiendo en detrimento a la justicia, la paz, el orden constitucional y los derechos humanos en el marco de la violenta represión que lleva a cabo tras las protestas de abril 2018.

Durante el último ciclo de cuatro años, Nicaragua ha mostrado un total desacato a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, así como a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo un entorno de represión y vulneración de derechos fundamentales, particularmente para las personas defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas y pueblos indígenas y afrodescendientes.

En Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos son blanco de la represión estatal, pese a que el Estado afirma que promueve, defiende y tutela las garantías constitucionales y los derechos humanos. Organismos internacionales han documentado al menos 2,000 detenciones arbitrarias, y casos de torturas y desapariciones forzadas contra personas consideradas opositoras, activistas y periodistas críticos. Según el  Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, actualmente 46 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, entre estas, tres líderes indígenas de la Costa Caribe: Nancy Henríquez, Brooklyn Rivera y Steadman Fagot. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) también ha destacado la expulsión y privación de la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas críticas del régimen, así como la confiscación de sus bienes y la restricción del acceso al territorio nicaragüense, además de hechos y circunstancias que constituyen crímenes de lesa humanidad, “particularmente, persecución por motivos políticos”. 

Los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan sufriendo invasiones de colonos (terceros no indígenas) sin una adecuada protección estatal. La falta de implementación del proceso de saneamiento para el desalojo de ocupantes ilegales ​​ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, la que ha traído como consecuencia conflictos violentos, desplazamientos forzados y asesinatos de integrantes de comunidades indígenas. Solo en los primeros seis meses de 2024, se registraron 643 casos de violaciones de derechos humanos en estos territorios.

Además, el Estado otorga concesiones para actividades mineras y agroindustriales sin realizar consultas previas, libres e informadas, lo que provoca graves daños ambientales y vulnera los derechos de las comunidades indígenas. Estas comunidades rara vez se benefician de las ganancias generadas por dichos proyectos, perpetuando así la pobreza y la exclusión.

La ausencia de una efectiva promoción y protección de los derechos de las mujeres sigue siendo una preocupación alarmante, especialmente ante el aumento de casos de violencia y femicidios en el país. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades a las denuncias de violencia de género desincentiva a las víctimas a buscar justicia. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año 2024 se han contabilizado 63 femicidios.

Cabe destacar que, las políticas gubernamentales sobre género son diseñadas de forma centralizada, sin consulta ni participación efectiva de las organizaciones feministas y defensoras de derechos, quienes en cambio enfrentan represión estatal, criminalización y hostigamiento. Esta restricción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones ha traído como consecuencia la falta de programas de educación sexual, de prevención efectiva de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

En el ámbito de los derechos a la libertad de expresión y asociación, el Estado nicaragüense ha aprobado normativas, como la Ley de Ciberdelitos y su reciente reforma y la Ley de Agentes Extranjeros, que limitan las libertades fundamentales al permitir la vigilancia estatal y la criminalización del activismo y el periodismo. En consecuencia, al menos 278 periodistas independientes han dejado el país por temor a represalias, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Asimismo, a través de estas leyes, el Estado ha anulado la personería jurídica de más de 5,000 organizaciones, entre ellas, organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindaban servicios de salud, educación y apoyo a comunidades vulnerabilizadas. Con la desaparición de estas organizaciones, comunidades enteras han quedado sin acceso a programas sociales y de salud que dependían del trabajo de las ONGs, generando un impacto directo en el bienestar de los sectores más vulnerables.

Finalmente, el Estado de Nicaragua tiene una postura confrontativa, no colaborativa y de forma reiterada desprecia los espacios de diálogo en nombre de “la soberanía nacional”, además de su rechazo a la rendición de cuentas en el ámbito internacional. El Estado ha ignorado recomendaciones de los órganos y mecanismos de protección internacional y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desacatando sus obligaciones internacionales.

También ha expulsado del país a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y se ha retirado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por último, en los últimos dos años Nicaragua tampoco se ha presentado a las revisiones de Órganos de Tratados de Naciones Unidas, como del Comité Contra la Tortura (CAT) o el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), y en otros casos, se ha retirado como ocurrió durante el diálogo interactivo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, haciendo acusaciones infundadas al órgano de dicho tratado y a sus miembras. 

Por todo lo anterior, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a emitir recomendaciones firmes y efectivas que obliguen al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Solo a través de una acción coordinada y decidida, será posible generar una verdadera rendición de cuentas y contribuir a restaurar la justicia, la paz y el respeto por los derechos fundamentales en el país. 

Exigimos al Estado de Nicaragua cesar la persecución política, liberar de inmediato a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, restaurar la independencia de los poderes del Estado, permitir el trabajo de organizaciones de derechos humanos y cumplir con sus compromisos internacionales. 

Este viernes 18 de octubre, el Comité de la CEDAW evaluará al Estado de Cuba

Ginebra, 16 de octubre de 2024 – La última vez que el Estado de Cuba fue evaluado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), fue en julio de 2013. En aquel entonces, este órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), presentó una serie de recomendaciones para hacerle frente a la violencia de género, a la ausencia de una legislación que proteja a las cubanas, y a la falta de documentación y de mecanismos que faciliten la denuncia de este tipo de agresiones.  

El Comité recomendó que se elaborara una Ley integral contra la violencia basada en género, se creara un plan de acción nacional para prevenir y mejorar la atención de estas violencias, se proporcionaran refugios, se mejorara la recopilación de datos, y se sensibilizara y capacitara a la población cubana. 

Sin embargo, el Estado de Cuba no ha cumplido con estas recomendaciones. Al contrario, su falta de compromiso con sus obligaciones internacionales se evidencia en la presentación tardía de su noveno informe periódico, el cual debió entregar en 2017. Ese documento solo se compartió al Comité en octubre de 2022, cinco años después de lo establecido, y sin que se hayan incorporado varias de las peticiones de este órgano de expertos independientes. 

“En Cuba, por ejemplo, aún no se ha sancionado una Ley contra la violencia doméstica, ni se ha tipificado el feminicidio, dos de las recomendaciones de 2013”, afirma Catalina Ledebur, consultora en Derechos de la Mujer del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). 

Este viernes 18 de octubre, tras 12 años de su última revisión, el Estado cubano volverá a ser evaluado por el Comité y deberá explicar qué ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres en la Isla, y para eliminar todo tipo de discriminación contra ellas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creencia religiosa, etnia, edad, y posición política y socioeconómica. 

Como parte de este proceso de evaluación, un grupo de mujeres activistas y exiliadas de la Isla, participaron el pasado 14 de octubre en una reunión informal con el Comité, donde denunciaron que 247 cubanas han sido víctimas de feminicidio entre 2019 y lo que va de 2024, y cientos de defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas independientes han sido detenidas, reprimidas y violentadas, por cuestionar y criticar a las autoridades de este país. 

Desde Raza e Igualdad damos seguimiento a la evaluación del Estado de Cuba ante el Comité de la CEDAW y a los informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, que revelan las violencias y la discriminación que sufren las mujeres de este país. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cumplan cada una de las recomendaciones, que surjan de esta nueva evaluación, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer en Cuba.

 

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – «El racismo sistémico exige respuestas sistémicas». Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

«La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo»; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática», dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

«Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso», dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es «Unión y Reconstrucción» debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria solicita “libertad plena” para el activista cubano Yandier García Labrada

Washington D.C., 5 de abril de 2024 – “El día 27 de febrero (de 2024) fue la última vez que vi a mi hermano. Estaba muy delgadito”, dice Irán Almaguer Labrada, hermano del activista cubano Yandier García Labrada (39 años), quien aparece en la Opinión número 68/2023[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que se hizo pública a mediados del pasado mes de marzo. En el documento, este mecanismo de las Naciones Unidas solicita la “libertad plena” del defensor de derechos humanos, que también forma parte del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

En la Opinión, adoptada en el marco del 98 periodo de sesiones de este Grupo de Trabajo, también se le pide al Estado de Cuba que indemnice y repare a García Labrada; investigue y castigue a los responsables de su detención, y entregue información sobre el cumplimiento de esta “decisión” en un periodo de seis meses posterior a su publicación, el cual se cumple en octubre de 2024.

“El 6 de octubre de 2020 detuvieron a mi hermano por reclamar sus derechos en una cola (fila para obtener alimentos e insumos de primera necesidad). Un represor lo empujó y lo agredió, y luego llegaron más agentes de la Seguridad del Estado y llamaron a la policía. Él gritaba ‘Abajo la dictadura’”, cuenta Almaguer.

Yandier García Labrada cumple una pena de cinco años por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Desde el inicio de su encarcelamiento ha sido trasladado a diversos centros carcelarios y sufrido regímenes de aislamiento, traslados a celdas de castigo, denegación de la atención médica y restricciones a la comunicación con sus familiares. Desde el 19 de enero de 2023 se encuentra recluido en el centro de trabajo correccional Guabineyón 8, en la provincia Las Tunas. Las autoridades penitenciarias le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios.

Su hermano Irán Almaguer, quien sufre de una enfermedad llamada retinitis pigmentaria que lo ha llevado a la ceguera, cuenta que Yandier García vivía con su mamá en el municipio de Manatí, en Las Tunas; y desde que él permanece privado de la libertad, ella ha presentado graves quebrantos de salud. “Es hipertensa y tiene Alzheimer”.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organización que remitió el caso de García Labrada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, exigimos que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de las Naciones Unidas, en su Opinión número 68/2023. Pedimos la liberación inmediata de este activista cubano, quien injustamente lleva más de tres años privado de la libertad, así como de todas las personas que permanecen encarceladas por exigir sus derechos en este país. Exigimos que Cuba respete, proteja y garantice los derechos humanos de todos sus habitantes, sin discriminación de ningún tipo.

También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que dé seguimiento al cumplimiento de esta Opinión, y continúe condenando las violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla.

[1] A/HRC/WGAD/2023/68

Cuba: Sociedad civil independiente exige al Estado acatar recomendaciones del EPU

Washington DC, 26 de marzo de 2024.– Después de que el Estado de Cuba fuera evaluado en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) el 15 de noviembre de 2023, el día de hoy se aprobó el informe final del Grupo de Trabajo de este mecanismo del Consejo de Derechos de Humanos, en el que se recopilan las principales conclusiones de este proceso. Según el documento, el Estado aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarán nota de 41.

Las organizaciones de la sociedad civil independiente, que hemos participado en las diferentes etapas de esta revisión, enviando informes alternativos que revelan las violaciones a los derechos humanos en este país, condenamos que el Estado de Cuba haya rechazado 28 recomendaciones, en las que se solicita la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones, y el desarrollo de elecciones “libres y limpias”.

Estos puntos que fueron rechazados adquieren especial relevancia considerando los recientes hechos en Cuba. El día 17 de marzo de 2024 habitantes de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas, salieron a las calles a exigir que se restableciera el servicio de energía eléctrica, y se pusiera fin a la crisis social, política y económica en la que está sumida la Isla. Aunque fueron menos mediáticas, días anteriores, también existieron protestas en distintas localidades del país. A raíz de las manifestaciones pacíficas, al menos 14 personas permanecen detenidas de forma arbitraria por exigir sus derechos[1].

Esta cifra se suma a las cerca de 700 personas que continúan privadas de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, de acuerdo con la organización Justicia 11J; y a las 3,830 acciones represivas ejercidas por las autoridades cubanas contra la población civil en 2023, que fueron documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos[2].

Rechazar 28 recomendaciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de asociación evidencia la falta de compromiso de las autoridades cubanas con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en un proceso como el EPU, donde los Estados examinados pueden elegir entre aceptar o tomar nota de las recomendaciones[3].

Las organizaciones abajo firmantes exigimos al Estado cubano que acate las recomendaciones del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las 292 recomendaciones que Cuba ha aceptado ante este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre ellas se incluyen adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, incorporar una perspectiva de género en todas sus políticas, aplicar leyes para la eliminación contra la discriminación racial, establecer “protocolos que regulen la actuación de los agentes del orden durante las protestas sociales”, entre otras.

Exigimos que el Estado cubano reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en este país, independientemente de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual e identidad de género.

Firmantes:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Artists at Risk Connection (ARC)

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

Cubalex

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Justicia 11J

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

Museo V

PEN International

[1]  Nuevas detenciones por protestas pacíficas en marzo – Justicia 11J, Fecha de actualización: 25 de marzo de 2024.

[2] Cuba cerró el 2023 con miles de acciones represivas del régimen contra la población. Fecha de publicación: 4 de enero de 2024.

[3] Información básica sobre el EPU. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2024.

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos