Reformas recientes intensifican la persecución política en Nicaragua y el exilio, alerta la OACNUDH

Ginebra, 9 de diciembre de 2024 – En Nicaragua “reina un clima severo y represivo”, expresó la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, durante su actualización oral sobre la situación de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este lunes 9 de diciembre. En su intervención, Al-Nashif advirtió que las reformas legales y constitucionales recientes consolidan el poder en la Presidencia y “allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos”, incluyendo a la población nicaragüense en el exilio.

La Alta Comisionada Adjunta señaló que las recientes reformas legales redefinen los delitos para abarcar publicaciones en redes sociales que “provoquen pánico” o amenacen la “estabilidad social”. Además, clasifican los delitos cibernéticos como organizados, autorizan la confiscación de bienes y permiten el acceso sin control policial a datos personales. 

Las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el mes pasado, permitirán una mayor injerencia del Ejecutivo en los poderes legislativo, judicial y electoral. Al-Nashif calificó como “particularmente atroz” la eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura.

Estos cambios buscan ampliar y fortalecer los poderes del Gobierno para despojar a las personas de su ciudadanía y confiscar bienes, una herramienta ya ampliamente utilizada para reprimir arbitrariamente a personas críticas y disidentes del Gobierno. Desde febrero de 2023, al menos 546 personas han sido despojadas de su nacionalidad, privadas de sus bienes y expuestas a la apatridia. Muchas de estas personas no pueden renovar su documentación, lo que dificulta su conexión con su país. También, la Corte Suprema despojó de su nacionalidad y bienes a 135 personas excarceladas políticas y desterradas a Guatemala en septiembre pasado.

Patrón constante de detenciones, torturas y desapariciones forzadas

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó un patrón constante de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Actualmente, 76 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo 20 integrantes de pueblos indígenas, y 30 personas detenidas arbitrariamente a finales de noviembre. En cuanto a las desapariciones forzadas, la OACNUDH destacó la desaparición forzada de Angélica Chavarría, compañera del fallecido general retirado Humberto Ortega, desde mayo de 2024; el paradero desconocido de Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA, desde septiembre de 2023; la desaparición de Steadman Fagoth Müller, asesor presidencial en temas indígenas, desde septiembre de 2024; y el ex coronel Victor Boitano (63 años), desaparecido desde abril de 2024.

“La desaparición forzada, la tortura y los malos tratos deben cesar de manera inequívoca”, urgió la Alta Comisionada.

Pueblos indígenas expuestos a violencias

La Alta Comisionada Adjunta expresó profunda preocupación por los continuos ataques contra pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, alimentados por la violencia de colonos o terceros no indígenas. El asesinato de dos Miskitos el 8 de noviembre, y los informes sobre casos de violencia sexual contra niños indígenas, presuntamente cometidos por colonos, reflejan la grave situación de inseguridad que enfrentan. 

La Alta Comisionada pidió la liberación inmediata de ocho guardabosques Mayangna, quienes han estado detenidos en condiciones extremas desde 2021. “Las autoridades deben adoptar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todos esos incidentes, exigiendo responsabilidades a los autores”.

Finalmente, la Alta Comisionada hizo un llamamiento “a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados comprometidos en la región y que tienen influencia para que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de estos objetivos”. La Oficina también reiteró su compromiso de brindar asistencia técnica a Nicaragua.

Estados miembros del Consejo preocupados por la “co presidencia” de Nicaragua

En el diálogo interactivo con la Alta Comisionada, Estados miembros del Consejo y organizaciones de la sociedad civil pidieron la liberación inmediata de las personas presas políticas, la anulación de sus procesos judiciales,  la restitución de los derechos de toda la ciudadanía, y el levantamiento de las restricciones a ONGs, medios de comunicación, grupos religiosos, entre otros. Varias delegaciones, como Perú, Canadá, Costa Rica, Canadá, Paraguay, Reino Unido, Suiza, entre otras, expresaron su profunda preocupación por las recientes reformas legales y constitucionales, particularmente por la instauración de una “co presidencia” en la que se centraliza el poder en una única familia. 

“Resulta inquietante la eliminación explícita a poderes, ahora simplemente son órganos, y que los nuevos copresidentes puedan coordinar con poder absoluto y sin límites… Es inevitable interpretar este nuevo ataque a la institucionalidad nicaragüense como una estocada casi final a la democracia”, expresó la delegación de Costa Rica.

Reino Unido calificó las recientes reformas constitucionales como “un capítulo trágico adicional en el deterioro de los derechos civiles políticos y otros derechos humanos de los nicaragüenses” y pidió a las autoridades nicaragüenses que acepten las recomendaciones que se hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU).

Canadá instó a que se renueve el mandato del Alto Comisionado y del Grupo de Expertos en marzo de 2025. La Unión Europea solicitó a Nicaragua ampliar su cooperación con ambos mandatos y otros mecanismos de derechos humanos “para que cumpla con sus obligaciones de presentación de informes dentro de los tratados que ha ratificado”.

Desde los micrófonos de las organizaciones de la sociedad civil, Tininiska Rivera, hija del diputado indígena Brooklyn Rivera, e Ingni Fagoth, hija del líder miskito Steadman Fagot, denunciaron las desapariciones forzadas de sus padres. 

Tininiska también denunció la cancelación de la personalidad jurídica del partido YATAMA y de la Iglesia Morava, y la ocupación ilegal de territorios indígenas por colonos armados. Además, señaló el incremento de la violencia contra las comunidades indígenas en 2024, incluyendo el asesinato de 4 guardabosques, la criminalización de 37, y la desaparición de líderes indígenas. 

Por su parte, Ingni alertó que la detención de su padre en manos del Ejército de Nicaragua es parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de los pueblos indígenas por motivos políticos. “Exigimos justicia…Nuestro pueblo está de pie, pero necesita el respaldo de la comunidad internacional. No abandonen a los indígenas de Nicaragua”, urgió.

Otras organizaciones hicieron énfasis en el cierre arbitrario de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, las 12 leyes represivas aprobadas en los últimos 4 meses, los 222 casos de tortura documentados , 452 casos de personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad, la situación de desempleo de al menos 1200 docentes y personal universitario, entre otros.

Pronunciamiento

La actualización oral de la Alta Comisionada Adjunta y las intervenciones posteriores de los Estados y la sociedad civil dejan claro que la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha alcanzado uno de sus momentos más críticos. En este grave contexto, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respalda el llamado de la Alta Comisionada Adjunta a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en apoyo a la población nicaragüense, con especial atención a las personas exiliadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y quienes permanecen privadas de libertad por razones políticas.

La impunidad no puede prevalecer frente a las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos que sufre el país. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a los Estados comprometidos con la democracia y los derechos humanos a reforzar los mecanismos de monitoreo y protección, y a votar a favor de la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en 2025. Este mandato es esencial para profundizar en la documentación de las violaciones de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la presión internacional en defensa de la población nicaragüense.

Ante el EPU: Nicaragua niega violaciones a los derechos humanos en nombre de la soberanía

Ginebra, 15 de noviembre.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la posición del Estado de Nicaragua ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado este miércoles 13 de noviembre. Su discurso, lejos de reflejar algún nivel de compromiso con los derechos humanos, omite las denuncias internacionales sobre el hostigamiento hacia personas consideradas opositoras políticas, activistas y periodistas. Raza e Igualdad llama al Estado nicaragüense a aceptar las recomendaciones de los Estados y a tomar medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el país.

En su presentación ante el EPU, la Procuradora General de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, afirmó que promueve y protege los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía nicaragüense, destacando «la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la igualdad de género y la ampliación del acceso a la educación y la salud». Además, la delegación insistió en un supuesto compromiso del Estado de Nicaragua con el derecho internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando su apego a la «igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos».

En contraste con la posición del Estado, de los 88 Estados que tomaron la palabra durante la 47a sesión del Grupo de Trabajo del EPU, al menos 51 Estados expresaron una amplia gama de preocupaciones por la grave situación de derechos humanos en el país, así como recomendaciones para abordarlas. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran: la reducción del espacio cívico, que ha sido ampliamente condenada por países como Alemania, España, Estados Unidos y Canadá; y las detenciones arbitrarias por motivos políticos y la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, prácticas contrarias al Derecho Internacional a las que ha recurrido el Estado, que fueron señaladas por varios países, como Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile.

En respuesta a estas preocupaciones planteadas, los Estados miembros del Consejo expresaron recomendaciones claras y urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la liberación inmediata y sin condiciones de las personas presos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias, el restablecimiento del espacio cívico y la cooperación con mecanismos internacionales de Derechos Humanos. Canadá por ejemplo, recomendó al Estado respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía, la libertad personal, y protección de la detención arbitraria y tortura “poniendo en libertad inmediatamente a todos los presos políticos dejando de detener arbitrariamente y respetando las normas de la ONU para el tratamiento de personas prisioneras”.

Chile recomendó “poner fin a la práctica de privación de nacionalidad como medida punitiva” y restituir la nacionalidad a las personas que han sido despojadas de ella. El Reino Unido recomendó a Nicaragua modificar la Ley Especial 1145, relacionada con la nacionalidad nicaragüense, y abordar las preocupaciones sobre la reciente reforma al Código Penal que permite la persecución y confiscación de los bienes de nicaragüenses exiliados o extranjeros acusados de “crímenes contra el Estado”.

Otros Estados expresaron recomendaciones específicas sobre el respeto de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Brasil, por ejemplo, destacó la “necesidad de investigar y sancionar a los responsables por todos los actos de violencia y atentados a la vida contra minorías, en particular, pueblos indígenas y afrodescendientes”. Noruega, entre otras cosas, recomendó adoptar medidas inmediatas para evitar la discriminación a los pueblos indígenas afrodescendientes y personas LGBTI, y prevenir la violencia de género.

Para Raza e Igualdad resulta especialmente alarmante la falta de información sobre los líderes indígenas Brooklyn Rivera, exdiputado en condición de desaparición forzada desde septiembre de 2023, y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez, detenida arbitrariamente en condiciones desconocidas. Cabe destacar que, esta es la primera ocasión que el Estado se pronuncia sobre estos casos afirmando que Rivera fue destituido “por su abandono de las labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada” y que ambos fueron despojados de sus inmunidades “para ser sometidos a investigación por la comisión de delitos graves…por los delitos de traición, menoscabo a la integridad nacional…Asimismo por la propagación de noticias falsas”

Desde Raza e Igualdad, observamos con preocupación la opacidad y falta de información sobre el paradero de Brooklyn Rivera, de quien no se ha presentado prueba de vida. Sus casos revelan un patrón de hostigamiento sistemático hacia personas defensoras de derechos humanos bajo una legislación que criminaliza la disidencia, particularmente aquellas que representan a comunidades vulnerabilizadas. 

También nos inquieta la declaración del Estado de Nicaragua de que no firmará el Estatuto de Roma, postura que fue expresada en respuesta a las preguntas de otros Estados. Nicaragua argumentó que esta decisión se debe a la amenaza que representa para su soberanía, señalando que la protección de los derechos humanos es un asunto de “jurisdicción exclusiva”, y que el fortalecimiento de su sistema judicial nacional es el mecanismo adecuado para asegurar la justicia y el respeto a los derechos de su ciudadanía. Este rechazo a la “imposición de jurisdicciones extranjeras en detrimento de su autonomía interna” refleja una postura que limita la cooperación con los sistemas internacionales de justicia y socava el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente en un sistema judicial local señalado por su falta de independencia.

Lamentamos, además, que el Estado también continúe su postura de rechazo hacia la labor del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), conformado por personas expertas independientes. En la sesión, el Estado expresó que sus reportes y actualizaciones “carecen de valor y credibilidad reflejando falsedades, hechos desvirtuados unilaterales, parcializados y sin ninguna base objetiva”, razones por las cuales no aceptan sus recomendaciones “con las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.

Finalmente, instamos al Estado de Nicaragua que, como muestra de buena voluntad, acepte e implemente las recomendaciones brindadas por los Estados durante el Examen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las recomendaciones. Urge que Nicaragua libere a todas las personas presas políticas, garantice el respeto a las libertades de expresión y asociación, y coopere con los organismos internacionales para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 2018 hasta la fecha, y que se tomen las medidas necesarias para restablecer la Democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.