Régimen de Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad: La comunidad internacional debe colaborar en investigaciones judiciales

Régimen de Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad: La comunidad internacional debe colaborar en investigaciones judiciales

Ginebra, 29 de febrero de 2024- Ante el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que identifica al Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros  altos funcionarios estatales nicaragüenses como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exhorta a la comunidad internacional a colaborar en investigaciones judiciales y otras acciones ante los Sistemas Universal e Interamericano. Raza e Igualdad también llama a reforzar el apoyo al GHREN, a fin de que continúe profundizando sus investigaciones para propiciar una real rendición de cuentas y determinación de responsabilidades, tanto a nivel estatal como personal.

Para este segundo informe, el Grupo de Expertos realizó 642 entrevistas a víctimas de la represión estatal y profundizó sus investigaciones sobre las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos como pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes y académicos, integrantes de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino. El GHREN concluyó que el régimen “está cerca de acabar de forma permanente con las voces críticas organizadas” en Nicaragua.

El GHREN también identificó nombres de instituciones y funcionarios estatales, y otros individuos “identificados por las víctimas como responsables directos de las violaciones, abusos y delitos documentados”. Entre estas personas figuran Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado tras su renuncia en el año 2019, y privado de su nacionalidad nicaragüense; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema;  Ana Julia Guido, fiscal general de la República; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen años sino décadas cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense. Observamos como un gran avance que el Grupo haya identificado una estructura y cadenas de mando dentro del Estado, incluyendo asesores de confianza que llevan a cabo actos represivos contra voces disidentes al régimen. La comunidad internacional debe -urgentemente- tomar acciones legales y extender sanciones a las instituciones y personas identificadas como perpetradoras de crímenes de derecho internacional” dijo Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

Asimismo, a través de entrevistas a 72 personas excarceladas políticas, el Grupo corroboró patrones de torturas y maltratos, y modus operandis para la privación arbitraria de libertad por motivos políticos que ya habían sido detallados en su primer informe. Entre estos patrones destacan los allanamientos sin órdenes de detención y registro, la incomunicación con sus familias y abogados, y el desconocimiento de sus paraderos por periodos prolongados. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de la sociedad civil, hay 121 (102 hombres y 19 mujeres) privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 111 son del contexto de abril 2018, entre las cuales figuran 12 personas indígenas.

El GHREN también alertó que algunas de las nuevas estrategias de persecución del régimen “se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua”, como la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, el impedimento de la reunificación familiar, entre otras. El GHREN documentó 317 casos de personas privadas de su nacionalidad, 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país, 21 expulsiones de extranjeros, 263 expulsiones de personas nicaragüenses, entre otras violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, el GHREN abordó brevemente la necesidad de que los hallazgos de este informe se tomen en cuenta al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos de Instituciones Financieras Internacionales. El GHREN llamó a la comunidad internacional a “condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los objetivos de política no comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua”.

Al respecto, Marcelo Azambuja, Oficial Legal de Raza e Igualdad, argumentó que “el respeto a la democracia y a los derecho humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las Instituciones Financieras Internacionales en sus decisiones y actividades hacia el desarrollo sostenible en Nicaragua. Es imperativo que esas instituciones formulen e implementen -en colaboración con el Estado nicaragüense- políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos asociados a sus proyectos y/o recursos. Establecer condiciones es un mecanismo eficaz para incentivar el fin de la crisis y el regreso a la normalidad democrática y al respeto a los derechos humanos.”

Finalmente, el GHREN observó que el regreso a la democracia en Nicaragua y la recuperación de todo lo perdido bajo el gobierno de Ortega tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos. En este sentido, Carlos Quesada enfatizó en que “la justicia no puede demorar más. La comunidad internacional, particularmente los países aliados al pueblo de Nicaragua deben tomar acción con prontitud”.

Alta Comisionada Adjunta sobre Nicaragua: La impunidad es la norma 

Ginebra, 18 de diciembre 2023.- La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la que resaltó que en el país centroamericano “la impunidad es la norma” dada la falta de acción del gobierno nicaragüense para prevenir las violaciones a derechos humanos y los ataques sistemáticos que éste encabeza contra líderes indígenas y políticos, miembros de la iglesia católica, personas defensoras y periodistas. 

En el diálogo con la sociedad civil, representantes nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad de más de 90 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos y prueba de vida del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera; así como la suspensión de financiamientos que no garanticen que las autoridades respetarán los derechos humanos.

Control político en la Costa Caribe

Según la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), el gobierno ha ejercido control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua. “En este contexto, el 3 de octubre, las autoridades cancelaron arbitrariamente el estatus legal de Yatama, el principal partido político indígena y afrodescendiente en el país. Adicionalmente, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de su libertad por la policía, sin aviso de detención ni debido proceso”, declaró Al- Nashif.

El líder Miskito y diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, tiene 71 años y permanece en una situación que equivale a “desaparición forzada», según la OACNUDH. Su suplente en la Asamblea, Nancy Henríquez, fue sentenciada a 8 años por los falsos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Tras sus detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron tomados por el partido de gobierno. Estas acciones son alarmantes, sobre todo por las próximas elecciones regionales programadas para marzo de 2024.

Presión indiscriminada a pueblos indígenas para aprobar el Proyecto BioClima

Al-Nashif expresó su preocupación por la falta de información suficiente sobre el proyecto BioClima financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sus riesgos y “sobre el ejercicio de presiones indiscriminadas a personas indígenas para que den su consentimiento al proyecto sin tiempo suficiente para la deliberación”

Según la Alta Comisionada Adjunta, desde agosto de 2023, el gobierno ha realizado consultas para obtener consentimiento para el proyecto bajo la presencia de oficiales armados. “Cualquier consulta debe realizarse respetando la legislación y las normas sobre derechos humanos, incluido el consentimiento libre, previo e informado”, dijo Al-Nashif.

Condiciones de detención y juicios no cumplen los estándares internacionales 

Se estima que al menos 17 mujeres y 74 hombres continuan privados de libertad por motivos políticos en situaciones que se consideran tortura, y bajo amenazas que se extienden a sus familiares para que no denuncien las condiciones. Según informaciones recibidas por la Alta Comisionada, los juicios de estas personas se están dando sin la presencia física de las personas acusadas, quienes sólo participan por videollamada y sin asistencia legal.

Al-Nashif enfatizó en los casos de Anielka García, joven activista y madre que fue detenida simplemente por serigrafiar una camiseta con el eslogan “Viva Nicaragua libre”, y estuvo privada de visitas familiares por dos meses y ahora tiene acceso limitado a  las visitas de sus hijos menores de edad. Asimismo, los casos de otros tres jóvenes que fueron detenidos por protestar pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y ahora están siendo acusados por falsos delitos relacionados a drogas.

Sobre la privación arbitraria de libertad del Obispo Rolando José Álvarez , la Alta Comisionada Al-Nashif dijo que, a pesar de la información publicada recientemente por el gobierno, las condiciones de detención del Obispo violan los estándares internacionales, “ya que sigue sometido a un prolongado régimen de aislamiento con esporádicas visitas familiares, privado de alimentos suficientes, de atención médica adecuada y de cualquier material de lectura”.

Finalmente, la Alta Comisionada dijo que hay esperanza, las personas defensoras en Nicaragua y el exilio siguen trabajando incansablemente por un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional”. Una vez más, llamó al gobierno a que acepte la oferta de realizar un diálogo genuino y reciba asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos.

Nicaragua intenta abatir el escrutinio internacional

En las intervenciones de las delegaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la Unión Europea manifestó preocupación por “las restricciones al espacio cívico y la fragilidad del Estado de Derecho, el freno a la libertad académica y el derecho a la educación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y la privación de ciudadanías que resultan en apatridia”. Por su parte, el representante de Bélgica llamó a la libertad inmediata e  incondicional y rehabilitación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como a la restauración de la democracia e independencia del Sistema Judicial.

El Core Group (grupo núcleo), en voz de la delegación de Costa Rica, manifestó que la retirada de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro intento de abatir el escrutinio internacional. La delegación reiteró su compromiso con el Pueblo de Nicaragua.“No están siendo olvidados”, agregó.

Otros Estados como Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Turquía, Georgia, Argentina, Estados Unidos reiteraron su llamado a Nicaragua para que coopere plenamente con la OACNUDH.

Sociedad civil denuncia torturas a disidentes e irregularidades en proyecto BioClima

La defensora nicaragüense y abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar denunció el retorno de patrones de tortura física y criminalización bajo cargpos de delincuencia común para cubrir la persecución política, juicios exprés desde las cárceles y por videollamada sin la posibilidad de abogados. Salazar también denunció que persiste la desaparición forzada, entre las que se encuentran Freddy Quezada y Brooklyn Rivera; y el reciente envío de 7 presos políticos a celdas de máxima seguridad y aislamiento por cantar el himno nacional antes de una huelga de hambre.

Cristiana Huerta, defensora de derechos humanos y feminista, resaltó que más de 170 mujeres defensoras de derechos humanos se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 300 de organizaciones de derechos de las mujeres. En esta misma línea, Rommel Moncada, estudiante y activista LGBTI+, denunció vigilancia, amenazas, persecución y tocamientos sexuales por parte de las autoridades.

En una declaración conjunta del Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la defensora nicaragüense de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Winnye Bernard denunció que en la Costa Caribe persisten las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas por parte de colonos invasores y la inacción del Estado. “En seis años se registraron en los territorios 640 incidentes con 1164 víctimas”, dijo Bernard.

Según Bernard, la criminalización hacia los defensores, líderes y lideresas indígenas se agudiza en el contexto del proyecto BioClima, aprobado sin consulta previa, libre e informada. “Denunciamos los efectos negativos potencialmente irreversibles… así como la realización de la pantomima de elecciones regionales. Instamos a este Consejo a solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones que garanticen la vida e integridad colectiva de las comunidades y sobre todo de las mujeres, y prueba de vida del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera”, agregó.

Los pueblos indígenas solicitan la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro a las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos”, enfatizó la defensora.

La defensa de derechos humanos en Cuba sigue bajo asedio

Washington D.C., 11 de diciembre de 2023 – En el marco del Día de los Derechos Humanos y de la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación porque en Cuba se siga deteniendo arbitrariamente, se hostigue y se intimiden a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas. 

Pese a que el Estado cubano niega ante instancias internacionales que en el país haya personas privadas de libertad por motivos políticos o por su labor de defensa de derechos humanos, seguimos documentando detenciones arbitrarias, intimidación e incluso, tortura y malos tratos en contra de personas defensoras de derechos humanos quienes se encuentran en prisión.  

En particular, nos encontramos profundamente indignadas porque el pasado 19 de noviembre, Luis Barrios Díaz de 37 años de edad, falleció en la prisión 1580 de La Habana a causa de falta de atención médica, mientras cumplía una condena de seis años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021. 

El caso de Luis es un reflejo de las muertes en custodia que no son investigadas por el Estado y que, por el contrario, son encubiertas. Tan solo durante el 2023, se han documentado 12 muertes de personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Ante esta grave situación, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal, ha llamado al Estado cubano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el cual tiene por objeto establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos. 

Asimismo, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura y del Mecanismo del Examen Periódico Universal, llamamos al Estado cubano a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familias, contra las amenazas, el hostigamiento y las injerencias indebidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión, expresión, defensa de derechos humanos y de asociación. El Estado cubano debe además velar porque dichos delitos sean investigados de forma expedita, independiente y exhaustiva y en particular las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos perpetrados por agentes del Estado en el marco de las protestas del 11 de julio de 2021. 

 Es urgente que Cuba cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, erradique y prohíba la tortura, y garantice a la población un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Organizaciones firmantes: 

  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Cubalex
  • Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
  • Justicia 11J
  • Organización Mundial Contra la Tortura
  • Centre for Civil and Political Rights (CCPR)
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Un instrumento vivo que guía la defensa y protección de los derechos humanos en las Américas

Washington DC, 10 de diciembre de 2023.– ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo gozar de los derechos humanos de forma plena? ¿Quién tiene la obligación de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos? Las respuestas a estas preguntas son tan obvias como complejas. Y es que, a pesar de que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, el disfrute de estos está determinado por una diversidad de factores que cada día, en cada rincón del mundo, acercan o alejan a las personas del objetivo de vivir en libertad, justicia y paz.

Al conmemorar 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quiere reivindicar la relevancia de la DUDH para el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos que día a día realizan organizaciones de la sociedad civil y activistas en las Américas. Aunque en la región persisten y se agudizan escenarios de violaciones de derechos humanos, creemos que la Declaración es la herramienta que empuja y fortalece la lucha por los derechos humanos.

“En estos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante mirar atrás y reconocer todo lo que se ha logrado a partir de su adopción. Gracias a la Declaración, el mundo, y la región latinoamericana en particular, cuenta hoy en día con un sólido engranaje para la protección de los derechos de todas las personas. Desde la sociedad civil sabemos que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar una plena garantía, sobre todo a nivel de las obligaciones de los Estados, pero vemos a la Declaración como un instrumento vivo que guía nuestra labor”, afirma Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Un poco de historia

Tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se propuso crear una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Fue así como, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero ¿Cómo llegaron hasta ahí? La Asamblea General de la ONU examinó un primer documento en el primer periodo de sesiones de 1946, y posteriormente lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos, encargándole a esta la tarea de redactar lo que en un primer momento llamaron “carta internacional de derechos humanos”.

En su primer periodo de sesiones, llevada a cabo a principios de 1947, la Comisión de Derechos Humanos orientó a sus integrantes formular un anteproyecto de dicha carta, labor que después fue asumida por un Comité de Redacción conformado por representantes de ocho países, que fueron elegidos teniendo en cuenta la distribución geográfica. Eleanor Roosevelt, la viuda del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, presidió el Comité de Redacción de la DUDH.

El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en la redacción final. En su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra.

¿Sabías que…?

Las delegadas de varios países desempeñaron un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyan en la Declaración. Hansa Mehta, de India, es ampliamente reconocida por cambiar la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales» en el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Conoce más.

75 años después

Ese documento que se formuló bajo el ideal común de que todas las personas vivan en libertad, justicia y paz, ha allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Raza e Igualdad, en su trabajo de defender y proteger los derechos de poblaciones afrodescendientes e indígenas, personas LGBTI+ y otros colectivos vulnerables, reconoce y reivindica el derecho internacional de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una base permanente en nuestra labor de documentación, fortalecimiento de capacidades, incidencia y litigio estratégico. Por mencionar un ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta clave para fortalecer a organizaciones aliadas en sus procesos de incidencia ante los Estados y los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, en materia de derechos de las personas afrodescendientes.

En tanto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha sido pieza fundamental en procesos de documentación e incidencia de la mano de organizaciones aliadas en la defensa y protección de mujeres afrodescendientes, indígenas y LGBT+. En 2022, Raza e Igualdad apoyó y acompañó a un colectivo de organizaciones feministas peruanas en su participación en la revisión del Comité CEDAW al Perú, logrando que incluyera por primera vez recomendaciones al Estado basadas en las demandas de mujeres lesbianas.

En estos 75 años de la DUDH, Raza e Igualdad quiere recordar que la aplicación de los derechos humanos debe regirse por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Creemos que es imperativo el reconocimiento y respeto de: a) que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, b) que los derechos humanos se encuentra ligados entre y, por tanto, el reconocimiento y ejercicio de uno de ellos implica el respeto y protección de muchos otros; c) que los derechos humanos deben ser reconocidos, protegidos y garantizados en su totalidad, que no pueden ser fragmentados, y d) que es obligación de los Estados asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, siendo completamente prohibido cualquier tipo de retroceso.

Además, como una forma de homenajear estos 75 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaboramos una ilustración que reconoce la diversidad de personas en las Américas—y, por tanto, la diversidad de circunstancias que les atraviesan—y pone en el centro de forma simbólica la Declaración que, en los días de su redacción, Eleanor Roosevelt lo visionó como un documento de apoyo, guía e inspiración, señalando: “este es el primer paso de un proceso evolutivo”.

Asimismo, recordamos y ponemos nuevamente como punto de reflexión un extracto del discurso “¿Dónde comienzan los derechos humanos?” que Eleanor Roosevelt dio en 1958 en ocasión del décimo aniversario de la DUDH:

«¿Dónde, después de todo, comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden localizarse en ningún mapamundi: el entorno de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste; la granja, la fábrica o la oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que todo hombre, mujer y niño busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminaciones. Si estos derechos no significan nada allí, no significan nada en ningún sitio. Sin una acción ciudadana concertada para hacer valer estos derechos cerca de casa, en vano buscamos el progreso a mayor escala«.

Cuba ante el EPU: Organizaciones internacionales piden recomendaciones contundentes frente a las violaciones de DDHH registradas en la Isla

Washington D.C., 14 de noviembre de 2023 – En el marco de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado de Cuba será evaluado este 15 de noviembre en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el Estado de Cuba profiere en detrimento de la vida digna, la integridad,  la libertad y la justicia de las y los cubanos.

En el ámbito de la libertad de expresión artística y de prensa se han observado al menos tres tendencias que operan en contra de estos derechos. La primera es el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión por la reacción violenta de autoridades del Estado en contra de activistas, artistas y periodistas que tienen como objetivo silenciarlos. Las agresiones físicas y digitales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, maltratos y tortura, supresión del servicio de internet y exilio forzado son prácticas usualmente aplicadas en contra de quienes se oponen o critican al gobierno desde este marco de acción.

La segunda tendencia es la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión  y a la libertad de expresión. Justicia 11J ha documentado la detención de, al menos, 1878 personas en relación con protestas públicas desde julio de 2021. Hasta la más reciente actualización de la organización, 787 continuaban detenidas. Las tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención son una constante.

La tercera tendencia es el reforzamiento del marco normativo restrictivo del ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal. Lo anterior, no es excepcional del derecho a la libertad de expresión, cuya limitación se ha complejizado con las medidas tomadas por el Estado y la vigilancia sobre ciberespacio, con mayor énfasis desde el 2018.

A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, encontramos el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de indentidad de genero y orientación sexual.

Una de las caras más visibles de la discriminación y violencia de género es  la falta de la tipificación del feminicidio como delito penal en un contexto de aumento de feminicidios. Hasta el 13 de noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil independiente han documentado al menos 76 feminicidios en lo que va de este año.[1]

Por ello, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba, las organizaciones abajo firmantes, mismas que presentaron informes sombra en diversas temáticas, solicitamos a los Estados que emitan recomendaciones tendientes al Estado de Cuba a:

  • Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar se retorno seguro.
  • Evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa.
  • Derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.
  • Modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los “crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público” y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143.
  • Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes.
  • Extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba.
  • Garantizar la independencia del Poder Judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso.
  • Asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad.
  • Reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente.
  • Hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas.
  • Transparentar el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en sus principales medios y asegurar la rendición de cuentas públicas sobre su implementación, trabajo y estrategias.
  • Implementar medidas dirigidas a entrenar a los agentes del Estado para eliminar el uso excesivo de la fuerza y prevenir la muerte de personas afrodescendientes.
  • Ejecutar un plan real en honor al Decenio Internacional para las personas afrodescendientes que promueva el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrocubanas al final de 2024.
  • Elaborar una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
  • Implementar programas de entrenamiento para autoridades involucradas con la atención de casos de víctimas de violencia de género y así evitar la revictimización que sufren las personas que denuncian.
  • Crear centros de cuidado integral y de protección a las víctimas de violencia de género.
  • Implementar programas dirigidos a prevenir actos de discriminación basados en la orientación sexual y las diversas identidades de género.
  • Ejecutar campañas de sensibilización sobre la violencia de género e identidad sexual para eliminar el machismo y el pensamiento patriarcal de la idiosincrasia nacional.
  • Entrenar al personal de los centros de salud para sensibilizar y promover el respeto a la población LGBTIQ+ y de personas que padecen alguna enfermedad de trasmisión sexual.
  • Tomar acciones concretas a través del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEX) que favorezcan el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTIQ+.

Organizaciones firmantes

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR)

PEN Internacional

CUBALEX

Justicia 11J

Centro de Documentación de Prisiones Cubanas

 

***

[1] Información publicada por Yo Sí Te Creo en Cuba. Disponible en https://x.com/YoSiTeCreoCuba/status/1724141130592198661?s=20

Comité CEDAW llama a Nicaragua a retirar su denuncia de la Carta OEA y adoptar medidas para proteger a las mujeres y niñas

Washington D.C., 31 de octubre 2023.- A veinte días de que se concrete la salida del Estado Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus Observaciones Finales, urgió a las autoridades nicaragüenses a retirar su denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El Comité también llamó al Estado Parte a dialogar y adoptar medidas para cumplir con sus observaciones acerca de la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

En la revisión del día 23 de octubre, la Embajadora Rosalía Concepción Bohórquez Palacios hizo una declaración en la que tildó de “parcial” al Comité y abandonó el examen sin proporcionar información sobre las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de la Mujer, la adopción de una política nacional de igualdad de género, ni sobre medidas para asegurar que las mujeres -particularmente las que viven en las Regiones Autónomas del Caribe- se beneficien de los programas públicos para promover la igualdad de género y la no discriminación. El Estado de Nicaragua se ha retirado progresivamente de tratados internacionales y ha roto compromisos con los órganos de tratados internacionales de derechos humanos al no participar activamente en las revisiones de estos.

Derogación de leyes que discriminan a las mujeres

Ante los alarmantes reportes de los últimos cuatro años, en los que se registran 7000 casos de agresiones contra defensoras de los derechos humanos que han sido consideradas “traidoras” y «golpistas”, y la falta de aplicación de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con 38 casos de defensoras de los derechos humanos víctimas de intimidación y represalias; el Comité pidió al Estado de Nicaragua que derogue toda la legislación que discrimine a las mujeres por sus opiniones políticas y su participación en la vida política y pública. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).

Asimismo, el Comité urgió al Estado a poner inmediatamente en libertad a las mujeres detenidas por sus opiniones políticas disidentes y garantizar la salvaguarda de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psicológica durante la detención y después de la puesta en libertad. Al 31 de agosto, 16 mujeres se encontraban privadas de libertad por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas

Según el Comité, el Estado debe adoptar un plan de acción para la reparación, la rehabilitación y la indemnización de estas mujeres; e investigar, enjuiciar y condenar adecuadamente a los autores de los actos de represalias y agresiones contra las defensoras de los derechos humanos y activistas, incluso cuando los responsables sean agentes del Estado.

Retorno seguro de mujeres defensoras apátridas

En sus observaciones, el Comité también solicita la derogación de la Ley 1145 o “Ley de Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense”, que establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” perderán la nacionalidad nicaragüense y ha dejado en situación de apatridia a más de 317 personas, incluyendo mujeres excarceladas políticas, reconocidas defensoras y activistas feministas y de los derechos de las mujeres, y periodistas.

El Comité concluyó que el Estado de Nicaragua debe restablecer la nacionalidad en todos los casos en que las mujeres hayan sido privadas de ella por motivos políticos; y adoptar medidas para que, de conformidad con el artículo 9 de la Convención se reduzcan los casos de apatridia (1961), se prevenga la apatridia y se cree un plan para facilitar el regreso seguro de las mujeres nicaragüenses que deseen regresar al país.

Justicia para víctimas de violencia de género y madres de víctimas de la represión

En el periodo del año 2018 al año 2021, la cantidad de feminicidios se incrementó a 57 casos y los feminicidios frustrados a 220 casos. Estos reportes han generado gran preocupación para el Comité, que en varias ocasiones ha categorizado como un problema la restringida definición de feminicidio en el Código Penal, ya que solo se adjudica a aquellos asesinatos de una mujeres en el contexto de una relación de pareja. 

El Comité también observó con preocupación el cierre de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia y la falta de información sobre el número y el cumplimiento de las órdenes de protección y servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo el refugio, asesoramiento psicosocial y la rehabilitación para mujeres sobrevivientes de violencia.

En este sentido, el Comité llamó al Estado a: garantizar que la definición de feminicidio incluya todos los casos de asesinatos relacionados con el género; aplicar una estrategia nacional para la prevención de todas las formas de violencia de género contra la mujer; restituir y reforzar el mandato de  la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia; y recopilar datos sobre la prevalencia de la violencia de género contra la mujer, desglosados por edad, relación entre la víctima y el agresor y otras características sociodemográficas.

Asimismo, el Comité llamó a enjuiciar y condenar adecuadamente a las y los autores de actos de violencia de género contra defensoras de los derechos humanos, periodistas, mujeres detenidas en el contexto de las protestas de 2018 y madres de víctimas letales de la represión de estas protestas. Para el Comité es de especial importancia que se les proporcione recursos adecuados -incluyendo reparaciones- a las víctimas. 

Leyes que aborden formas interseccionales de discriminación

Por otro lado, el Comité observa con preocupación que en Nicaragua, las mujeres indígenas y afrodescendientes se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación y tienen un acceso limitado a la educación, empleo, oportunidades económicas, salud y toma de decisiones en el Estado. A todo esto se suma el alto riesgo de violencia de género, incluyendo asesinatos, violencia sexual y desalojos forzosos de mujeres indígenas, en particular en territorios como la Reserva Bosawás y el territorio indígena Mayagna Sauni As, que sufren invasiones constantes de colonos (terceros no indígenas).

En este sentido, el Comité llama al Estado a elaborar leyes y políticas que aborden las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes; así como a garantizar investigaciones, juicios y castigos adecuados para las personas perpetradoras de delitos en territorios ancestrales, y proporcionar recursos efectivos y reparación para las víctimas. 

Cabe destacar que también insta al Estado a garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a títulos de propiedad y el control colectivo de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que hayan poseído, ocupado, utilizado o adquirido.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conlleva la obligación de remitir informes, participar en diálogos constructivos con el Comité CEDAW y cumplir con las recomendaciones formuladas por éste. Por tanto, instamos al Estado a cumplir con las recomendaciones planteadas y entablar comunicaciones con el Comité en favor  de la protección de las mujeres y niñas, y del cese de la represión y violencia contra mujeres defensoras, activistas y periodistas que expresan opiniones disidentes. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que pese a las condiciones de riesgo imperantes, continúan monitoreando y documentando la situación de derechos humanos de las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país. Su arduo trabajo y la presentación de informes han contribuido significativamente a este examen y a la formulación de valiosas Observaciones Finales, que constituyen una hoja de ruta para que el Estado de Nicaragua cumpla las las obligaciones establecidas en la CEDAW.

CEDAW: Leyes promulgadas por el Estado de Nicaragua amenazan la vida de las mujeres

Washington D.C., 24 de octubre de 2023.- En la revisión del Estado de Nicaragua, expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en el país centroamericano. 

Al iniciar la sesión, la representante del Estado de Nicaragua, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, abandonó el examen de forma irrespetuosa tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”. 

Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados  de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes. La Presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”. 

Ley 1055: la ley con más afectaciones hacia las mujeres 

La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país centroamericano «el feminicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja. También preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.

“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, agregó la relatora. 

Luego recordó que , entre 2020 y 2021, el Estado emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos: la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que, con el señalamiento de que “tienen injerencia en los asuntos internos”, ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país; la Ley 1042, conocida como “Ley mordaza” porque atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos; y la Ley 1055  “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres. Según la experta, la Ley 1055 es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.

Además “hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz.

Detenciones arbitrarias y apatridia, amenazas latentes para las defensoras

“La participación de la mujer se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos… Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte”, alertó la experta Marion Bethel. En los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y  las activistas que se oponen al gobierno, se enfrentan a la posible pérdida de la nacionalidad como represalia; quedando en situación de apatridia, una condición que obstaculiza el ejercicio de otros derechos como salud, educación, empleo digno y la vida familiar. 

“El Estado parte (Nicaragua), a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”, dijo al Comité. 

Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”. 

Mujeres indígenas y afrodescendientes en desprotección

La violencia hacia  las mujeres en las regiones autónomas en la Costa Caribe Norte y Sur sigue aumentando, en particular en el caso de las mujeres indígenas quienes cuentan con disposiciones jurídicas y órdenes de protección”, expresó la experta Rangita de Silva de Alwis

En agosto de 2021, dos mujeres fueron objeto de abuso sexual en un ataque relacionado con una disputa de extracción minera de oro en el territorio Mayangna Sauni As. “El gobierno concedió licencia sin consultar a la comunidad”, agregó la experta.

Por su parte, la experta Bandana Rana, expuso que las mujeres afrodescendientes luchan contra el aleccionamiento y la violación del tratado que permite que residan en sus territorios ancestrales con sus propias costumbres y recursos. La experta lamentó que las incursiones de terceros en la Mosquitia ha empeorado la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, pues “se comete violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que incluye asesinatos y desplazamiento forzado”. 

En relación a la salud en la Costa Caribe, la experta Dafna Hacker dijo que “hay una laguna entre la ley y la realidad”, ya que en términos generales, hay una falta de servicios de salud que impacta sobre todo a las mujeres “debido a una alta prevalencia de paludismo, fiebre, dengue, VIH sida, así como la lejanía de los centros de atención y los altos costos del transporte”.

En varias oportunidades, la Presidenta del Comité llamó al Estado de Nicaragua a expresar su punto de vista sobre las cuestiones; sin embargo, en todas prevaleció el silencio. 

Finalmente, la Presidenta expresó su profunda decepción y preocupación por las acusaciones vertidas por el Estado en relación al trabajo del Comité y sus expertas “que ponen en entredicho la lealtad, el honor, la imparcialidad, el verdadero compromiso y la conciencia plena que hacen todos los expertos de este Comité cuando asumen sus responsabilidades y deberes”. A pesar de dichos insultos, la Presidenta insistió en que están dispuestas a “tender la mano” y “abrir las puertas” al Estado de Nicaragua.

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza la posición del Estado de Nicaragua, que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso. Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere  en términos descalificativos e inapropiados  negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres. 

Este patrón de incumplimiento  de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua, requiere sin duda una respuesta contundente de la comunidad internacional.

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El comité presentará sus observaciones finales antes de concluir el presente periodo de sesiones. Las observaciones finales se adoptarán de forma definitiva en el 87 periodo de sesiones, en febrero de 2024.

Ante CEDAW: Defensoras nicaragüenses denuncian la situación de violencia y persecución en contra de mujeres indígenas y afrodescendientes en Nicaragua

Washington D.C., 16 de octubre de 2023.- En el marco del 86 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), defensoras nicaragüenses, acompañadas por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la situación de violencia y persecución en contra de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, la zona con la tasa de femicidios más alta en Nicaragua.

Durante la sesión, la defensora indígena Anexa Alfred se dirigió al Comité “como una víctima más cuya voz han querido callar” señalando que muchas mujeres indígenas que quisieran estar participando en este proceso “están silenciadas por la política de terror, cárcel, exilio o muerte del gobierno de Nicaragua”. En tanto, la Oficial de Incidencia de Raza e Igualdad, Gaia Hefti, expuso la situación de mujeres afrodescendientes, que no pudieron participar por el contexto de represalias del régimen nicaragüense contra las personas defensoras de derechos humanos. 

“Cohabitación” con colonos expone a mujeres indígenas y afrodescendientes a violencia sexual

Desde la última revisión del Comité, la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado “por un contexto de acontecimientos críticos, marcados por la violencia sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes por las acciones y omisiones del Estado de Nicaragua”, según Alfred Cunningham. Las masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y la crisis humanitaria sin precedentes que enfrentan las comunidades indígenas de Nicaragua, ponen en alto riesgo las vidas de las mujeres indígenas. 

La política ilegal y arbitraria de “cohabitación” con colonos (terceros no indígenas) que promueve el Gobierno de Nicaragua en los territorios indígenas y afrodescendientes, genera impunidad y más violencias hacia las mujeres. Según un monitoreo realizado en 26 comunidades de 6 territorios indígenas, durante el primer semestre del 2023 se registraron 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años. Preocupa que esta situación tiene tendencia a normalizarse en las comunidades donde hay fuerte presencia de colonos. 

Por otro lado, la persecución y criminalización perpetrada por el régimen de Ortega contra lideresas y defensoras indígenas que han acompañado los procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha resultado en el destierro de al menos 10 mujeres indígenas de larga trayectoria y la desaparición de Nancy Elizabeth Henriquez, diputada suplente y presidenta del partido indígena YATAMA, quien fue detenida arbitrariamente el 1 de octubre.

Asimismo, el desplazamiento forzado también expone a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas a la violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Esta situación trasciende las fronteras, afectando también a las mujeres en el exilio, como es el caso de las comunidades indígenas miskitas refugiadas en Costa Rica. 

Alfred solicitó al Comité cuestionar la política de “cohabitación” con colonos promovida por el Estado nicaragüense; y solicitó al Estado de Nicaragua “la implementación de acciones o políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitaria de las mujeres indígenas en la Costa Caribe, donde se ha agudizado la violencia armada de los colonos”.

Defensoras afrodescendientes son perseguidas por su trabajo de demarcación de territorios

“La falta de datos desagregados acerca de la población afrodescendiente en el país y de un censo actualizado, dificulta el análisis de la situación de los derechos de las mujeres afrodescendientes, invisibilizándolas”, dijo Gaia Hefti al Comité.

Según Hefti, existe una alta migración de mujeres afrodescendientes, en especial de madres solteras, que tienen que abandonar sus hogares y a sus hijos e hijas menores de edad para buscar el sustento de sus familias e intentar alcanzar la seguridad alimentaria. Asimismo, hay una alta tasa de niñas costeñas en desnutrición “debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años”. 

Hefti también se refirió al caso particular de las defensoras de derechos humanos afrodescendientes, quienes sufren persecución continua, vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas, debido a su trabajo de demarcación de territorios; así como a la cancelación de organizaciones de sociedad civil y de universidades y las violaciones a la libertad religiosa, que “ha afectado a la mujer afrodescendiente en su desarrollo social, económico, cultural y espiritual”.

“Pedimos al Comité que visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua, y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, finalizó Hefti.

Pronunciamiento 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, que están expuestas a asesinatos y violaciones por parte de colonos invasores; y han quedado en indefensión por la persecución política contra las organizaciones de sociedad civil que brindaban atención en la región. 

Instamos al Comité CEDAW a:

  • Solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones o programas de seguridad pública para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres.
  • Exhortar al Estado de Nicaragua a implementar la recomendación número 39, para que tome medidas legislativas, ejecutivas y políticas en general, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con relación a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas.

Sociedad civil celebra el nombramiento de Graeme Reid como el trecer Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género y reconoce los logros de Victor Madrigal Borloz

Ginebra, el 13 de octubre de 2023. El Presidente del Consejo de Derechos Humanos del ONU ha nombrado Graeme Reid como el nuevo Experto Independiente encargado de combatir la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual e identidad de género (SOGI).

Este nombramiento se llevó a cabo hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras su nominación por el Presidente del órgano de gobierno de 47 miembros responsable de supervisar los derechos humanos en el mundo el mes pasado. Graeme Reid asumirá este papel en el 1 de noviembre de 2023.

Un antropólogo e investigador de Sudáfrica, Reid actualmente es el Director del Programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch. Él es el tercer individuo ejercer el mandato de las Naciones Unidas dirigido específicamente a combatir las violaciones contra los derechos humanos de personas LGTBQ+ y de género diverso, siguiente Vitit Muntarbhorn de Tailandia (2016-2017) y Víctor Madrigal-Borloz de Costa Rica (2017-2023).

Organizaciones de sociedad civil de todo el mundo acogieron con satisfacción esta decisión: “Miles de millones de personas continúan viviendo en sociedades con leyes y actitudes sociales que ponen en peligro a las personas LGBTI,” enfatizó XYZ. “Dada su amplia experiencia en la incidencia política y el mundo académico, junto con su compromiso inquebrantable de escuchar las voces de defensores de derechos humanos de base, confiamos en que Reid podrá fomentar más entendimiento y recordar a los estados de sus obligaciones hacia las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género de todo el mundo. Como sociedad civil, esperamos un compromiso constructivo con el nuevo mandatorio.”

Este nombramiento se produce tras un largo proceso de selección, que duró meses e incluyó la preselección de 23 candidatos, la conducción de entrevistas y, últimamente, haciendo el nombramiento con la supervisión de los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A principios de este mes, organizaciones mundiales expresaron sus preocupaciones sobre la ausencia de las mujeres e las personas no binarios en la preselección de candidatos recomendado por el Grupo Consultativa, como se subrayó durante la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En el junio de 2022, el Consejo de Derechos Humanos renovó con éxito el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género. La renovación reconoció y reafirmó la importancia vital del mantenimiento de este mandato, como comunidades LGBT en todo del mundo continúan enfrentar violencia y discriminación basado en su orientación sexual y/o su identidad de género.

Víctor Madrigal-Borloz, el actual mandatario, permanecerá en el cargo hasta finales de mes. Organizaciones de sociedad civil tomó este momento a celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años, declarando. “Hoy queremos celebrar todo que ha logrado en los últimos seis años.” Gracias a Víctor Madrigal-Borloz y sus esfuerzas, el mundo es ahora más consciente del impacto de la criminalización de las relaciones del mismo sexo consentidas, la necesidad de reconocimiento legal de identidad de género, la barrera a la inclusión social, la importancia de datos recogidos sobre las vidas LGBTI+, el daño infligido por la llamada «terapia de conversión» y más. Madrigal-Borloz también ha subrayado buenas prácticas para prevenir discriminación y realizó visitas a Georgia, Mozambique, Túnez, Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido, tender puentes entre la sociedad civil, los líderes políticos y las autoridades religiosas. En un momento en que los grupos antiderechos se hacen oír cada vez más y atacan a nuestras comunidades como parte de un ataque más amplio contra la igualdad de género, es crucial que el trabajo del mandato continúe y reciba el apoyo de ambos los Estados y la sociedad civil.

Activistas de Cuba y Nicaragua: Trabajar por los ODS es una labor titánica en regímenes autoritarios

Nueva York, 19 de septiembre de 2023.- En países donde impera el autoritarismo, trabajar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierte en una “labor titánica”, alertaron cuatro activistas de Nicaragua y Cuba en un evento paralelo al 78 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado este martes 19 de septiembre, y organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America y PEN International. 

Los testimonios de las personas defensoras de derechos humanos Alexa Zamora, Yader Parajón, Laritza Diversent y Martha Beatriz Ferrer demuestran que ambos países violan gravemente los derechos humanos de sus habitantes, y criminalizan la labor de quienes trabajan por la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien también participó en el conversatorio, llamó a la comunidad internacional a no caer en la resignación y normalización, y a no cesar la documentación y el monitoreo en Nicaragua y Cuba. 

Nicaragua: el régimen de Ortega se ha ensañado contra mujeres y población LGBTI+

“La falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos anulan las posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible”, explicó Alexa Zamora, activista y defensora de derechos humanos quien por su labor  fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Pese a que el objetivo 5 llama a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el régimen de Ortega mantiene a 16 mujeres en la cárcel, resistiendo a condiciones que les afectan de forma diferenciada por su género, como la exposición a violencia sexual, tocamientos, falta de acceso a la salud, incomunicación con sus hijos e hijas, entre otros. 

Zamora también explicó que en Nicaragua “las instituciones están al servicio de una élite en el poder, en lugar de servir al interés público”, lo cual se aleja de la implementación del objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y el régimen incumple con sus acuerdos internacionales en materia de la libertad de establecer alianzas en el nivel nacional y local, lo cual es una amenaza para el alcance del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Por su parte, el activista LGBTI+ y excarcelado político, Yader Parajón, denunció que “la población LGBTI+ no solo tiene dificultades y obstáculos para acceder a empleos, educación y otros derechos… sino que desde el año 2018 hemos sido víctima de una cruel represión”.

Yader Parajón es hermano de una de las 355 víctimas fatales del régimen de Ortega. Su hermano, Jimmy Parajón, recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax, el 11 de mayo de 2018, en el contexto de las manifestaciones pacíficas de Nicaragua, según información recopilada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El clamor de justicia por el asesinato de su hermano, su membresía en la Asociación Madres de Abril (AMA) y su trabajo de defensa de la igualdad de derechos para las personas LGBTI+ y de los derechos ambientales esenciales para la sostenibilidad, lo pusieron en la mira del régimen, que lo mantuvo en prisión desde 2021 hasta su destierro en febrero de 2023.

Yader relató que durante su tiempo en la cárcel experimentó de primera mano el “sistema patriarcal machista y homofóbico” del régimen de Ortega, a través de comentarios denigrantes, radicales y religiosos que satanizaban su orientación sexual, y de la ridiculización de su sexualidad. También fue testigo de casos de mujeres trans que nunca fueron reubicadas a sistemas penales para mujeres, en una violación a sus derechos humanos.

Su testimonio es una impactante evidencia del incumplimiento del objetivo 16, que incluye la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Cuba: las manifestaciones evidencian una crisis multidimensional

Cuba también enfrenta grandes desafíos en su camino hacia el ODS 16, que busca establecer la paz, la justicia y fortalecer las instituciones. Las alarmantes cifras de detenciones en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la Isla el 11 julio de 2021 confirman la crisis multidimensional de Cuba, aseguró Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex.

Según la abogada, en Cuba “la ley y la justicia están intrínsecamente vinculadas al poder ejecutivo, lo que pone en peligro la autonomía judicial”. Por ejemplo, el Código Penal actual criminaliza el apoyo internacional para coartar el crecimiento de organizaciones civiles independientes.

“Si queremos que la paz, la justicia y las instituciones sólidas no sean simplemente objetivos, sino realidades tangibles, es esencial reformar sistemas que obstaculizan estos ideales”, aseguró Diversent, quien también llamó a la comunidad internacional adoptar un “papel activo” como facilitadores y aliados que aseguren el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en dicho proceso.

Por otro lado, en su testimonio, Martha Beatriz Ferrer, hija del activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que el pasado miércoles 13 de septiembre se le negó por sexta vez consecutiva la visita familiar a su padre. 

El defensor de derechos humanos fue detenido el 11 de julio de 2021 y, desde marzo de este año, el régimen autoritario de Díaz-Canel no le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas. Su familia está profundamente preocupada por las condiciones inhumanas, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y malos tratos que podría estar recibiendo el líder cubano.

“Les pedimos a todas las naciones libres y democráticas el apoyo a estos hombres y mujeres encarcelados injustamente. Les pedimos que tengan mano dura y que no sigan permitiendo las atrocidades que comete la dictadura contra su pueblo”, finalizó Ferrer.

Pedro Vaca: Censura y propaganda oficial para crear realidades ficticias

En Nicaragua y Cuba la censura está acompañada de una propaganda institucional muy poderosa, “que termina construyendo paisajes que no son compatibles con la realidad, ficciones de que existe acceso a diferentes derechos”, explicó el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, durante su intervención en un diálogo con la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, en el que conversaron sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados.

Para Vaca, también existe un mensaje detrás de la represión a las protestas en Nicaragua y Cuba, “es un mensaje de que sean muy visibles las consecuencias de pensar distinto, a tal punto que el miedo sea tan grande que se inhiba el debate”. 

En este sentido, el Relator llamó a la comunidad internacional a no cesar la documentación y el monitoreo, ya que “no solo es un asunto de reconstruir el Estado de Derecho, donde existió, sino también los impactos que estos tienen en estas personas y en sus proyectos de vida, que son tremendamente dramáticos”. 

La directora del programa Artists at Risk Connection de PEN América, Julie Trébault, quien también participó en el evento, dijo además que los derechos a la libertad de prensa y de expresión son casi inexistentes en Nicaragua y Cuba. 

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo este tipo de diálogos y haciendo un  llamado a la comunidad internacional para que condenen y rechacen  las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países. Raza e Igualdad trabaja para realizar acciones que permitan abrir espacios democráticos, que protejan de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS.

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