Pronunciamiento en ocasión de la resolución a ser votada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”

Pronunciamiento en ocasión de la resolución a ser votada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”

12 de junio de 2020. Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU nuestra alarma por la represión que continúa en Nicaragua, el rápido deterioro de la situación frente a la expansión del COVID-19, la ausencia de respuesta del Estado, y la renuencia del Estado a dar respuesta a los llamados realizados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8).

En vista de lo cual una nueva resolución  (A/HRC/43/L.35) fue propuesta durante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, sesión que se suspendió por la situación derivada del COVID-19 y que se ha decidido reanudar el 14 de junio con la votación de la misma entre los puntos de la agenda. En este marco, las organizaciones que suscribimos el presente, hacemos un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y en particular los Estados Latinoamericanos y Caribe, a adoptar una posición de principios y a apoyar activamente la adopción de dicha resolución, teniendo en consideración:

  1. Las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018

Aún durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, en Nicaragua continúan utilizándose de manera sistemática métodos represivos como asedio, hostigamiento, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, familiares de las víctimas de la represión y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

  1. Las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua

En el marco de la pandemia, desde las altas esferas del Gobierno no se han atendido las propuestas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos sobre la implementación de medidas de distanciamiento social y aislamiento para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Más bien, se han reportado represalias, amenazas y despidos en contra de médicos que han exigido al Gobierno medidas para enfrentar a la COVID-19 y que han compartido públicamente la situación en hospitales públicos.

  1. El irrespeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión

En el marco del segundo aniversario desde las protestas de abril 2018, varios ciudadanos fueron fuertemente reprimidos por la Policía, especialmente en la Isla de Ometepe y la ciudad de Masaya. Al menos once personas fueron arrestadas y remitidas a juicio bajo acusaciones de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, homicidio frustrado y daños. Además, mientras el Ejecutivo incita la participación en eventos masivos en el espacio público en plena crisis sanitaria, aún continúa vigente la restricción policial para ejercer el derecho a la manifestación.

  1. Las detenciones y reclusiones arbitrarias para reprimir a la disidencia

El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. La cifra de presos políticos es de 86 hasta el mes de mayo, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos. El 13 de mayo, el Gobierno excarceló bajo el régimen de convivencia familiar a 2,815 reos comunes, pero ninguno de ellos era prisionero político. Los familiares de los opositores encarcelados temen que un brote de COVID-19 sea letal dentro del Sistema Penitenciario Nacional, donde según afirman los familiares de prisioneros políticos, habría más de treinta prisioneros que presentan los síntomas del COVID.

  1. La falta de garantías de entorno seguro y propicio para defensores de derechos humanos y periodistas

A pesar de las comunicaciones enviadas por varios mandatos de Procedimientos Especiales, hasta la fecha no se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas arbitrariamente y sus bienes siguen bajo ocupación de la Policía. Los defensores de derechos humanos siguen trabajando a pesar de las represalias, bajo prohibiciones y acusaciones de terrorismo. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año. Las autoridades continúan empleando un discurso estigmatizante en contra de los periodistas y opositores, como en el recién publicado “Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de Covid-19: una estrategia singular”.

  1. La falta de garantías de independencia e imparcialidad del sistema de justicia

Con las últimas detenciones arbitrarias y el inicio de nuevos juicios irregulares para ciudadanos opositores, queda en evidencia que el sistema judicial sigue cooptado por el partido en el gobierno, y continúa siendo una pieza clave en la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Recientemente, uno de los jueces que procesó a decenas de manifestantes en juicios carentes de garantías del debido proceso, Edgar Altamirano, fue ascendido por la Corte Suprema de Justicia a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada.

  1. La necesidad de adoptar un plan de acción integral orientado hacia la rendición de cuentas, de forma inclusiva y centrado en las víctimas

A la fecha, las iniciativas emprendidas por el Gobierno el año pasado orientadas a la rendición de cuentas no se han desarrollado de forma inclusiva y centrada en las víctimas y los sobrevivientes de la violencia letal ocurrida desde abril de 2018. La Ley de Amnistía fue adoptada de forma unilateral por las autoridades y perpetúa la impunidad, mientras que la Ley de Atención Integral a Víctimas no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y señala a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco ha rendido cuentas sobre los más de 300 asesinatos ocurridos en 2018 ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes, como recoge el informe de la OACNUDH “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”. Esto ha impedido que se garantice el acceso a la verdad, justicia y reparación.

  1. La falta de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH

El Gobierno tampoco ha reanudado su cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos y sus mecanismos, sin responder a comunicaciones de los Procedimientos Especiales desde noviembre de 2018. Inclusive, se ha negado a informar sobre la situación de la pandemia a través del reglamento sanitario internacional y ha presentado información estadística de manera irregular. Esto

ha provocado que los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no tengan aún acceso a hospitales ni información detallada sobre las personas contagiadas, en seguimiento o fallecidas.

  1. La continuación de actos de intimidación o represalia para quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales

En el último informe sobre represalias de la OACNUDH se documentaron al menos 23 casos de acoso y persecución contra personas que comparten información sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un caso emblemático fue el de Amaya Coppens, arrestada en diciembre de 2019 junto con 15 personas que llevaban agua a madres de presos políticos en huelga de hambre. Coppens había asistido tres meses antes al Consejo para denunciar violaciones de derechos humanos en su país.

  1. La renuencia a reanudar el diálogo nacional

El Gobierno ha descartado su participación futura en una mesa de diálogo, y tampoco ha mostrado disposición a dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos.

  1. La falta de implementación de reformas jurídicas e institucionales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y creíbles

Durante este año preelectoral, no se han implementado, discutido ni iniciado negociaciones sobre las reformas electorales, aun cuando a inicios del 2020 la Asamblea Nacional agendó este tema. A pesar de que decenas de organizaciones sociales diseñaron una propuesta de reforma electoral en diciembre de 2019, esta no fue atendida por las autoridades. Siendo que las elecciones están previstas a desarrollarse en el 2021, es fundamental que se retome dicha reforma y la misma se consensúe con amplios sectores políticos y sociales, y con el apoyo de la OEA.

  1. Otros asuntos de preocupación

Preocupa la situación en el Caribe de Nicaragua, donde las comunidades afro e indígenas han sido históricamente discriminadas, víctimas de actos de violencia e invasión de sus territorios con la aquiescencia y/o cooperación del Estado. En el contexto de la COVID-19, el acceso a servicios de salud es limitado, hay desabastecimiento de medicinas y falta personal de salud entrenado. Además, desde 2018 más de 100,000 personas se han visto forzadas a salir de Nicaragua, principalmente a Costa Rica, sin que hasta el día de hoy existan las garantías para un retorno pronto y seguro.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a las misiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que copatrocinen y aprueben esta nueva resolución, teniendo en cuenta que esta cumple con los “criterios objetivos para la acción del Consejo”, los que se toman en cuenta para decidir cuándo este debe “comprometerse con un Estado para prevenir, responder o abordar violaciones y ayudar a reducir la escalada de una situación de preocupación”. Esta resolución permitirá que la OACNUDH y la comunidad internacional sigan monitoreando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, y refuercen su rol de prevención frente al rápido deterioro de la situación nacional.

Suscriben:

  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
  • Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
  • Asociación Madres de Abril (AMA)
  • Mesa Nacional LGBTIQ+ Nicaragua
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Fundación Violeta Barrios de Chamorro
  • Instituto de Liderazgo de Las Segovias
  • Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IN-Defensoras)
  • Fundación Puntos de Encuentro
  • Grupo Lésbico feminista Artemisa
  • Colectivo de Mujeres 8 de marzo
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
  • 100% Noticias
  • Radio Darío
  • Gobierno Comunal Creole de Bluefields
  • Organización de Mujeres Afrodescendiente de Nicaragua (OMAN)
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
  • Mujeres en Acción Costa Rica
  • Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
  • CLADEM Bolivia
  • CLADEM Argentina
  • Articulação de Mulheres Brasileiras AMB
  • Mujeres en Acción Costa Rica
  • Red Juvenil Centroamericana Previos
  • Asociación Juvenil Decide
  • Articulación Feminista Marcosur

187 organizaciones piden a los Estados que protejan los derechos humanos de las personas LGBTI en el contexto del brote de COVID-19

Hoy, Raza e Igualdad se ha unido a una coalición de 187 organizaciones para llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas LGBTI y de quienes defienden sus derechos en el contexto del brote de la pandemia de la COVID-19.

En consonancia con el llamamiento a la acción firmado por 96 expertes en derechos humanos, las organizaciones que trabajan en la protección de los derechos humanos de las personas de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales (OSIEGCS) diversas en todo el mundo han instado a los Estados y a las partes interesadas a que velen por que esta emergencia de salud pública no agrave los conceptos erróneos, los prejuicios, las desigualdades o las barreras estructurales existentes, ni conduzca a un aumento de la violencia y la discriminación contra las personas de OSIEGCS diversas.

La actual crisis de salud pública causada por la propagación de la COVID-19 es una emergencia mundial con implicaciones sociales, económicas y ecológicas de gran alcance para todes nosotres. Al mismo tiempo, hay pruebas claras y crecientes de que las respuestas del Estado en la prestación de servicios de salud, la aplicación de medidas de cierre y las políticas destinadas a mitigar las consecuencias económicas tienen efectos desproporcionados y discriminatorios en los grupos marginados, incluidas las personas LGBTI. La pandemia está exponiendo y profundizando la discriminación, la violencia y otras violaciones de los derechos humanos existentes basadas en OSIEGCS.

Si bien se reconoce que las medidas para combatir la pandemia de la COVID-19 son urgentes y necesarias, los Estados deben asegurarse de cumplir las obligaciones internacionales de derechos humanos en las respuestas al brote y se deben tener en cuenta las vulnerabilidades de grupos específicos, incluidas las personas LGBTI. Para lograrlo, el diseño, la aplicación y la evaluación de las respuestas de los Estados a esta emergencia deben realizarse en consulta con la sociedad civil y les defensores que trabajan para la protección de los derechos de las personas LGBTI.

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Lea la declaración completa aquí

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para compartir los efectos del COVID-19 sobre la población LGBTI en América Latina con el Experto Independiente en asuntos SOGI de la ONU

El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con el Experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género de la ONU (EI en SOGI de la ONU), Víctor Madrigal y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de diferentes países de América Latina para discutir y comprender mejor las condiciones actuales en medio de la pandemia de coronavirus.

El evento, titulado “La realidad de las poblaciones afro-LGBI y Trans durante la actual crisis de salud causada por COVID-19 en América Latina“, que se llevó a cabo el jueves 23 de abril, comenzó con unas palabras de apertura del Sr. Madrigal, hablando sobre la declaración sobre COVID-19 publicada por el experto de la ONU el 26 de marzo y las motivaciones detrás de ella. “Debemos tener una comprensión clara de cuándo estas medidas tienen un impacto diferenciado en nuestras comunidades y poblaciones“, afirma, explicando la necesidad de comprender los impactos desproporcionados y desiguales de la pandemia, la importancia de compartir las experiencias de todas las comunidades para fortalecer el apoyo mutuo y la importancia de que los Estados incluyan a estas comunidades en el momento en que diseñen las medidas que deban tomarse.

El activista trans Santiago Balvín, de Perú, citó los numerosos casos de violencia contra las mujeres trans que surgieron debido a la medida “pico y género” que se implementó en este país, restringiendo la circulación de la población en función de su género. “Desde el comienzo de la cuarentena hasta el 10 de abril, cuando esta política finalizó, en el transcurso de unos 25 días, más de 15 casos de transfobia ocurrieron por parte de la policía y/o las fuerzas armadas“, dijo Balvín, y señaló que a pesar de que la política fuera derogada, en la comunicación oficial se decía que se debía a las altas aglomeraciones de mujeres y no a las denuncias de violencia y discriminación contra la población trans.

Colombia ha tomado también medidas basadas en género en diferentes ciudades, implementando el “pico y género” y dejando la circulación de las personas en manos de la policía. Como detalla la activista Victoria Daza de la Mesa de Trabajo LGBTI de Cartagena, esto ha puesto en riesgo su derecho a la alimentación y la salud, lo que dificulta que la población trans tenga acceso a servicios para cubrir estas necesidaes. El Ministerio del Interior prometió brindar ayuda a las organizaciones LGBTI en una campaña llamada “Colombia está contigo“, pero hasta ahora no se han recibido alimentos ni otros suministros.

En otras regiones del país, como el Pacífico Sur, las preocupaciones son aún mayores, ya que esta región se encuentra empobrecida y sin la infraestructura necesaria para enfrentar una crisis de esta escala. Sandra Arizabaleta de la organización Somos Identidad en Cali afirma que “la violencia y el abandono histórico del Estado han dejado su huella en esta parte del país”. Ella da el ejemplo de Tumaco donde “en este momento no tienen ningún servicio de salud para atender a las personas que contraen COVID-19“. La duración prevista de la pandemia y el retraso en la protección de las poblaciones más vulnerables, como las personas LGBTI, es extremadamente preocupante para los activistas en esta región.

Christian King, Director Ejecutivo de TRANSSA, una organización trans en la República Dominicana, también expresó su preocupación por la falta de información o acciones específicas que se están tomando en las condiciones actuales. “En nuestro país solo comparten los números. No comparten ninguna información sobre la población o sectores específicos de donde son estas personas”. La falta de conocimiento y legislación específica para proteger a las personas trans en la República Dominicana es aún más crítica en momentos como estos. No se han tomado medidas especiales para ayudar a la población trans, y políticas como los toques de queda ponen en peligro el acceso a los medios de vida.

Si bien la mayoría de los Estados han implementado diferentes planes para combatir la propagación de COVID-19, la política nacional inestable del Estado de Brasil ha dejado los esfuerzos de contención en manos de los gobiernos locales. “Brasil es uno de los 4 países del mundo que ignoró las recomendaciones de las agencias de salud para fortalecer las políticas neoliberales, aprovechando este momento de una crisis mundial para eliminar más derechos laborales e implementar medidas más negativas” dijo Bruna Benevides de la Asociación Nacional Brasileña de Travestis y Transexuales, ANTRA.

También destacó que los casos de subregistro han sido una política estatal utilizada como justificación para manipular a la población para que crea que todo está bien. “Dicha política afecta directamente a los pobres, los negros, los ancianos, las personas con discapacidades, las mujeres, las personas que viven con el VIH, los LGBTI +, los indígenas y otros que tienen más factores de riesgo debido a la naturaleza precaria de sus vidas. Los negros son la mayoría entre los muertos y tienen más probabilidades de tener complicaciones”, concluye.

El evento, que contó con más de 500 asistentes que siguieron el evento a través de Zoom y Facebook Live, puso de manifiesto la necesidad de más acciones para ayudar a les miembres de las comunidades afro y LGBTI durante la crisis de salud actual. El EI en SOGI finalizó el evento declarando que su mandato está al servicio de todas las organizaciones LGBTI, alentando a los grupos y activistas de la sociedad civil a presentar reportes e información sobre los efectos de COVID-19 en sus países de origen.

Con nuestras contrapartes, Raza e Igualdad insta a los Estados a incluir representantes LGBTI en la planificación de la salud pública para la emergencia y las acciones para combatir el COVID-19, teniendo en cuenta a las personas con identidades de género diversas y sus necesidades particulares durante estos tiempos. Los Estados deben proporcionar datos desagregados sobre estas poblaciones para servir mejor a les más vulnerables y marginades, como las poblaciones afro-LGBI y trans. Con esto, los Estados también deberían tomar medidas diferenciadas para atender las necesidades de las personas LGBTI en el mercado laboral informal que se encuentran en mayor riesgo de declive.

Agradecemos a les panelistas y participantes del conversatorio.  Nuestro compromiso por la construcción de un mundo diverso, inclusivo y con justicia social continuará por el reconocimiento de los derechos de todes las personas LGBTI.

Alta Comisionada Michelle Bachelet actualiza el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua

Ginebra, 27 de febrero. En el marco del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet actualizó a los Estados miembros sobre la situación en Nicaragua, en grave crisis desde abril de 2018, asegurando que la represión continúa desde diversos frentes.

“Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, inició la Alta Comisionada.

Dentro de los aspectos mencionados en la actualización, destacaron la falta de garantías de condiciones básicas para el retorno seguro de más de 98 mil nicaragüenses que han salido del país; la continuación de amenazas e intimidaciones contra organizaciones de víctimas y sus abogados; las violaciones al derecho a la protesta pacífica, a la libertad de opinión y de expresión, así como las amenazas y agresiones físicas en contra de periodistas; las continuas detenciones arbitrarias y la existencia de 61 presos políticos; y los recientes homicidios en comunidades rurales del Norte comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua.

La Alta Comisionada también lamentó que nueve organizaciones de la sociedad civil siguen sin personería jurídica desde que el Gobierno las cancelara en diciembre de 2018.

En su informe oral, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Nicaragua a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas, a que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos condiciones seguras y adecuadas para realizar libremente su labor, a que adopte todas las medidas aun necesarias para garantizar el ejercicio pleno del trabajo periodístico.

Finalmente, la Alta Comisionada exhortó al Gobierno a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por su Oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. En particular, reiteró la recomendación que permita el acceso de la OACNUDH a Nicaragua.

Con esta actualización concluye el mandato de la Alta Comisionada para Nicaragua, que le había otorgado el Consejo de Derechos Humanos bajo la resolución (A/HRC/40/L.8) “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el 21 de marzo de 2019 para un periodo de un año.

La delegación nicaragüense que viajó a Ginebra para participar en el 43 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mantenido reuniones con varias misiones diplomáticas, instando a la adopción de una nueva resolución sobre Nicaragua para renovar el mandato de la Alta Comisionada.

Esta delegación está compuesta por estudiantes, ex presos políticos, defensores de derechos humanos y miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Asociación de Madres de Abril (AMA) y la Articulación de los Movimientos Sociales (AMS).

Esta mañana en Ginebra, los nicaragüenses Vilma Núñez, Dilon Zeledón Ramos y Lizeth Dávila mantuvieron una conversación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua con el Primer Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Joel Hernández y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de la Asamblea y Asociación Pacífica Clément Voulé. El evento fue organizado por el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y Civicus, y copatrocinado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Iniciativa de Defensores Mesoamericanos (IM-Defensoras).

El relator Clément Voulé dijo que tenía “fuertes razones para creer que las restricciones alarmantes al derecho de reunión pacífica continúan a través de la represión violenta de la protesta pacífica y una serie de medidas que impiden que las reuniones pacíficas tengan lugar”. También reiteró al Estado nicaragüense su disposición a visitar el país y de “brindar apoyo técnico para que el país se adhiera al estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos”.

El vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, lamentó que se intensifique un círculo vicioso de violaciones de derechos humanos debido a la falta de independencia judicial. “Las medidas de reparación, justicia y no repetición deben darse de inmediato para comenzar a salir de esta crisis, de lo contrario continuaremos inmersos en este círculo vicioso”, afirmó.

Los participantes también pidieron misiones permanentes en Ginebra y organizaciones de la sociedad civil para mantener el tema de Nicaragua en la agenda del Consejo de Derechos Humanos.

#ONUporNicaragua: Por la renovación del mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para Nicaragua

El instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), inició la campaña #ONUporNicaragua para solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve la resolución (A/HRC/40/L.8) “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el 21 de marzo de 2019 para un periodo de un año. Dicha resolución expresaba preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, por las crecientes restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua, e instaba al Gobierno a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, a regresar al diálogo nacional y a reanudar la cooperación con los organismos internacionales, incluidas la OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero el punto medular de la resolución es que le daba el mandato a Michelle Bachelet, de elaborar informes periódicos sobre la situación en Nicaragua para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos. Así, en julio de 2019 se presentó un informe oral hecho por la Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, y en septiembre de 2019 se presentó un minucioso informe escrito sobre el avance de la situación y unas recomendaciones de Michelle Bachelet al Estado de Nicaragua. Una nueva actualización oral se realizará este 27 de febrero durante el 43 periodo de sesiones del Consejo.

Para Raza e Igualdad, la renovación de esta resolución es muy relevante ya que la misma permitirá que las violaciones de derechos humanos, que continúan ocurriendo en Nicaragua, puedan seguir siendo conocidas y discutidas dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto, a su vez, permitirá que este órgano internacional continúe abogando por soluciones y haciendo eco de las demandas del pueblo nicaragüense: verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión.

Compartimos aquí la importancia de la renovación del mandato de la ACNUDH, en las voces de distintas personalidades nicaragüenses:

 

Experto Independiente de la ONU realiza visita promocional a Brasil con el apoyo de Raza e Igualdad

En el marco de una visita académica llevada a cabo en Brasil durante la última semana de enero, el Experto independiente de la ONU sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en orientación sexual y la identidad de género, Victor Madrigal, tuvo la oportunidad de hablar con líderes, activistas y miembros de grupos LGBT de la sociedad civil sobre su mandato actual.

 Durante la visita, el Experto independiente participó en conversaciones con alrededor de 40 organizaciones LGBT locales, incluidos más de 100 activistas, entre tres ciudades diferentes y dos eventos públicos. La visita tuvo lugar del 20 al 25 de enero, comenzando en la ciudad capital de Brasilia.

Dentro de las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil en Brasilia, los activistas expresaron sus diferentes preocupaciones que enfrentan las poblaciones LGBT, en particular, destacando las dificultades enfrentadas debido a la invisibilización de las personas LGBT bajo el gobierno actual, y la falta de debate sobre este tema en los espacios federales. Las activistas lesbianas también llamaron la atención sobre temas específicos como la violencia organizada por la familia y los casos de “coito forzado” que se practican comúnmente en todo Brasil, así como el aumento de la violencia contra las mujeres afrobrasileñas.

 El 22 de enero, estas conversaciones continuaron cuando Madrigal viajó a Salvador de Bahía, donde participó en un evento público organizado por Raza e Igualdad. El evento titulado “Resistencia afro-LGBT: perspectivas intersectoriales para la lucha por los derechos humanos”, abrió un espacio para que diferentes activistas LGBT afrobrasileños de Salvador pudieran hablar sobre las realidades que enfrentan, no solo en la ciudad, sino en el estado brasileño de Bahía debido a la interseccionalidad de raza, orientación sexual e identidad de género.  Es importante tener en cuenta que Bahía cuenta con la mayor cantidad de personas que se auto-identifican como afrobrasileñas en comparación con otros estados brasileños.

A lo largo del evento, Victor Madrigal presentó las características y el alcance de su mandato, frente al cual refirió: “Mi mandato está diseñado para trabajar con la interseccionalidad. Ninguna persona sufre discriminación solo desde el lugar de hombre o mujer gay, hay una serie de identidades que reunimos en nuestro cuerpo y hay múltiples formas de expresarlos “. Asimismo, afirmó que las estructuras sociales que otorgan roles a las personas de acuerdo con sus configuraciones genitales niegan la libertad individual y la identidad de un ser humano.

“El mandato no está interesado en la palabra género, estamos interesados ​​en el reconocimiento de que dentro de las sociedades existen estructuras que otorgan roles a las personas de acuerdo con la configuración genital, y esos roles están creando la negación de la libertad individual”, agregó Victor Madrigal

Asimismo, Madrigal también sostuvo conversaciones con activistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil afro-LGBT en Salvador, obteniendo una comprensión más profunda de la realidad de las personas afro-LGBT en esta región. En todo el país, la población afro-LGBT está sobrerrepresentada por estadísticas sobre violencia, asesinatos, personas sin hogar e infecciones por VIH. En Bahía, las comunidades religiosas de las religiones africanas, que históricamente han acogido a la comunidad LGBT, también han sufrido una mayor intolerancia religiosa.

Por otra parte, se celebraron reuniones con dos líderes religiosos LGBT en Salvador, quienes informaron dificultades para mantener sus lugares de práctica religiosa, llamados “terreiros”, y señalaron la discriminación de los funcionarios públicos quienes se niegan a  brindar apoyo a las comunidades dirigidas por personas LGBT como lo hicieron para otros ” terreiros “.

La visita concluyó en Río de Janeiro, donde, a la luz del mes de Visibilidad Trans de Brasil, se trabajó con  poblaciones locales de travestis y trans. Los eventos comenzaron el 24 de enero con una reunión en Casa Nem, una casa de seguridad para personas trans y travestis que viven en la ciudad. El Experto Independiente escuchó las historias de cómo varios hombres y mujeres trans llegaron a la casa y cómo les ha ayudado desde entonces.

 Del mismo modo, en Salvador, se celebró una reunión con la organización Casa Aurora, una casa de seguridad trans que comenzó su trabajo en el último año. En ambos espacios, las casas buscan proporcionar refugio para la población trans sin hogar, ofreciendo diferentes programas tales como: actividades socioeducativas, servicios psicológicos y psiquiátricos, participación comunitaria, entre otros. Ambas organizaciones participan activamente en las redes sociales y tratan de dar visibilidad a la importancia de su trabajo tanto como sea posible.

Por su parte, los fundadores de los refugios LGBT reiteraron la importancia de los refugios especializados para la población LGBT que es propensa a más violencia y discriminación al intentar acceder o vivir en refugios públicos. Por esta razón, los refugios intentan, no solo proporcionar vivienda, sino también un espacio para la interacción social, cuyo objetivo es hacer que los residentes se sientan más aceptados, lo que ayuda a aumentar su autoestima y recuperar su autonomía.

Más tarde esa noche, el segundo evento público ocurrió con gran acogida por activistas locales y miembros de la comunidad LGBT. Como lo deja claro su título, “Visibilidad en tiempos de odio: desafíos para la inclusión de las personas trans en la agenda multilateral de derechos humanos”, el evento tuvo como objetivo discutir medidas para eliminar las barreras que actualmente excluyen a las personas trans en diferentes espacios.

Los participantes del panel informaron sobre las dificultades que presentan para acceder a servicios públicos generales y específicos para personas transgénero, incluso cuando lo garantiza la ley, esto debido al prejuicio de los agentes públicos responsables. También señalaron que existe una burocratización y una carga financiera considerable para el reconocimiento legal de la identidad de género, lo que dificulta que muchas personas puedan acceder a este derecho. Además, llamaron la atención sobre la contradicción de su excesiva visibilidad en los espacios públicos, ya que la mayoría del asesinato de personas trans en el país tiene lugar en las calles, y la forma en que se hacen invisibles por la ausencia de leyes y políticas públicas que aborden sus demandas.

Durante su discurso, Madrigal mencionó las paradojas que prevalecen actualmente en todo el mundo en relación con el cuestionamiento de las vidas LGBT. “Soy testigo de una paradoja en todas partes del mundo en la que los avances en la protección de los derechos de las personas LGBT van acompañados de un diluvio de posiciones que cuestionan la vida de las personas LGBT”, comenta.

También se refirió a la gran cantidad de políticas que criminalizan y hacen invisible la existencia de personas LGBT en una gran cantidad de países del mundo. Madrigal indicó que las conclusiones de su trabajo llegan repetidamente al mismo lugar, y es que los procesos estructurales en la sociedad perpetúan la noción de que ciertas configuraciones genitales determinan el papel que una persona tiene en la sociedad, por lo que este principio de orden primario ha sido instrumentalizado a través de una serie de mecanismos que el experto describió como demonización, criminalización y patologización o, en otras palabras, “pecado, crimen y enfermedad”.

Entre otras de las muchas actividades, el Experto Independiente se reunión con grupo de la sociedad civil para que estos pudieran expresar sus preocupaciones sobre una variedad de temas relacionados con la salud pública, la educación y el trabajo, la discriminación racial y la violencia, entre otros.

“El gobierno actual ha degradado el departamento de prevención de ITS y VIH, suspendió fondos para campañas de prevención del VIH que se dirigen específicamente a la población LGBT y ha comenzado una nueva estrategia de concientización basada en fomentar la abstinencia sexual. El gobierno también ha dejado de recopilar datos desglosados ​​sobre el VIH para ciertas poblaciones, como las mujeres lesbianas y bisexuales y los hombres trans”  Mencionaron algunos de los presentes en dicho espacio de encuentro.

Para concluir el evento público en Río, Madrigal dejó a los miembros de la audiencia con estas importantes palabras unificadoras: “El estado reconocer y proteger los derechos de su pueblo sin excepción.  Este mandato fue creado por el trabajo de miles de organizaciones de base en más de 170 países que todos los días lucha por las personas que en todo el mundo son asesinadas, golpeadas, torturadas, maltratadas, excluidas del sistema de salud, el trabajo, la vivienda, por ser quienes son y como resultado de las personas que aman o desean. Ese es el trabajo que llevamos a cabo conjuntamente, el trabajo que también es importante para mí para poder conectarme con los mecanismos internacionales que operan a nivel de las Naciones Unidas “.

Race and Equality apoya plenamente el trabajo del mandato actual y está terminando un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas afro-LGBTI en Brasil que se enviará al mandato en los próximos meses. Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios brasileños en estos temas y ayudarlos a brindar mayor visibilidad, no solo a estas poblaciones a nivel nacional, sino también internacional. Un agradecimiento especial a todas las organizaciones en Brasil que ayudaron a que esta visita fuera un éxito.

Para más información sobre la visita por favor revise los enlaces a continuación:

Apresentação do Mandato do Especialista Independente da ONU em Orientação Sexual e Identidade de Gênero
IE SOGI Mandate
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Raza e Igualdad reconoce el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU

En el marco de la conmemoración de la sesión número 100 llevada a cabo por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) emprende la campaña #CERD100, una apuesta que pretende visibilizar las contribuciones, los logros y los desafíos que enfrenta este órgano del Sistema Universal para denunciar los crecientes niveles de racismo y discriminación hoy en el mundo.

Esta iniciativa pretende, además, extender el llamado que reiterativamente el Comité ha hecho a la sociedad civil a trabajar conjuntamente para denunciar, defender y promocionar los derechos humanos de cara a la construcción de una sociedad en verdad, paz y justicia social.

El CERD fue el primer órgano creado en virtud de un tratado y el único que operó durante siete años. Así, en su primera sesión en 1970, el Comité tuvo que establecer métodos de trabajo y reglas de procedimiento que servirían de precedente para el resto de órganos de tratados que se irían creando años más tarde. Desde ese momento, el Comité ha llevado a cabo más de 1200 revisiones periódicas a 167 Estados, ha abordado decenas de miles de recomendaciones para que los Estados parte adapten su legislación, políticas y prácticas a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) y ha redactado más de 30 recomendaciones generales. En este sentido, el Comité ha demostrado ser un aliado clave para la defensa y promoción de los derechos humanos de los sectores más discriminados y excluidos, entre los que se incluyen los afrodescendientes, romaníes, los pueblos indígenas, las personas discriminadas por casta o ascendencia, los no-ciudadanos o las personas migrantes.

Raza e Igualdad coordina visita académica del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal

El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas (ONU), señor Víctor Madrigal, realizará una vista académica a Brasil que será coordinada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del 20 al 25 de enero, para dar a conocer el alcance de su mandato a organizaciones de la sociedad civil Afro LGBTI.

En el marco de esta visita, el Experto Independiente acompañará dos conversatorios que Raza e Igualdad de la mano de organizaciones de la sociedad civil afrobrasilera LGBTI, llevarán a cabo sobre la situación de derechos de dicha población a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

Dichos eventos públicos tendrán lugar en Salvador de Bahía el próximo 22 de enero; y el 24 de enero en Rio de Janeiro.   Los dos espacios de diálogo contarán con la participación de representantes de líderes y lideresas Afro LGBTI y del Experto Independiente, quien hablará sobre los métodos de trabajo que actualmente tiene el mandato y la manera como estos dialogan con el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la sociedad civil.

Les invitamos seguir los eventos a través de nuestra cuenta en Facebook:  https://www.facebook.com/raceandequality/

22 de enero
Conversatorio: “Resistencia LGBTI Negra – Perspectivas interseccionales para la lucha por los derechos humanos”

Confirme su asistencia aquí

24 de enero
Conversatorio: Visibilidad en tiempos de odio: desafíos para la  inclusión de las personas transgénero en la agenda multilateral de derechos humanos

Confirme su asistencia aquí

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CERD recomienda a Colombia recopilar información fiable sobre población afrodescendiente

The UN Committee for the Elimination of Racial Discrimination (CERD) issued a recommendation to the Colombian State to adopt an appropriate methodology that ensures “accurate and trustworthy” data statistics are collected on the Afro-Colombian, Black, Palenquera & Raizal population, for its next population census.

The recommendation was presented alongside more than 40 other recommendations published in a follow-up document to the CERD country review, held on November 27 and 28 in Geneva, during its 100th period of sessions.  During the review, the Committee carried out an extensive review of the level of compliance of commitments carried by the State since its last review in 2015 that seek the eradication of any form of racial discrimination and racism in the country.

With respect to the 2018 Population Census, the Committee expressed concern that the data published on the Black, Afro-Colombian, Palenquera and Raizal Communities “doesn’t accurately reflect” the reality – given that the final results present nearly a 31% decrease in the specified population with respects to the figures of the 2005 Census. The CERD Committee stressed that the State must “ensure that the criteria for self-identification be applied and collected appropriately.”

This issue was precisely shared to the Commitee by Colombian civil society organizations during the review in November, calling it a “statistical genocide” against Afro-descendant populations. Civil society also stressed that the numbers published in 2018 further deepen the levels of social invisibility for these communities, and seriously limit the possibility to create public policies that can transform their condition of structural exclusion.

Reparations to Victims and the Ethnic Chapter

Another recommendation from the CERD Committee to the State was to conduct “extensive and effective investigations to process and sanction those responsible for violations of human rights committed against members of indigenous and Afro-descendant communities affected by the armed conflict.

The violence in Colombia, which continues to persist even after the signing of the Peace Accords, has created a context of risk for indigenous and Afro-descendant communities. In particular, the Committee expressed its concern at the increase in paramilitary intrusion into ethnic communities’ territories, the selective killings of Afro-descendant and indigenous community leaders, the increase of internal and mass forced displacement and the lack of protection given to these communities and the continued recruitment of children by non-state military actors.

With these issues in mind, the Committee urged the Colombian State to implement the “necessary means to ensure an integral reparation to the victims [of the conflict,] and to guarantee the distribution of necessary resources.”

In addition, the Committee expressed concern about the lack of implementation of the Ethnic Chapter of the Peace Accords and recommended that it be implemented by way of appropriate financing and through the participation of members from indigenous and Afro-descendant communities, particularly women. The recommendation then adds that “the processes of leadership selection in indigenous and Afro-descendant communities be respected.”

In Colombia, the situation of violence, vulnerability and marginalization continue to affect ethnic communities directly and disproportionately, as seen by the alarming levels of social leaders killed, threatened and displaced from their territories, this according to Colombian human rights defenders.

Other recommendations

  • To ensure that all the cases of racial discrimination, xenophobia, hate speech or violence for racial reasons be investigated and that those responsible for these violations be trialed and correspondingly sanctioned.
  • To categorize as a crime any diffusion of ideas that promote or justify racial hate and to prohibit organizations that promote racial discrimination and/or instigate it – as a way to comply with the previous recommendations of the Committee,
  • To increase efforts to prevent and eliminate the forced recruitment of indigenous and Afro-descendant children and youth by non-state armed actors and to ensure the application of means to de-mobilize and reintegrate them into society.
  • To guarantee protection of indigenous and Afro-descendant people against discrimination from State entities and government employees, as well as any other person, group or organization.
  • To increase efforts to combat the multiple forms of discrimination to which Afro-descendant and indigenous women are subject to, in order to ensure that they have adequate and effective access to justice, work, education and health (including reproductive health,) regardless of cultural and linguistic differences.
  • To adopt the necessary measures to prevent sexual violence against indigenous and Afro-descendant women and to guarantee victim’s access to adequate assistance and methods of protection that are both effective and culturally respectful.

Statement of Declaration

Race and Equality urges the Colombian State to take note of the recommendations from the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which seek to guarantee respect for the rights of the Afro-descendant and indigenous population in Colombia. We also urge the Colombian State to work alongside Afro-descendant civil society as the only true mechanism that guarantees participation, inclusion and true dialogue seeking to overcome the barriers of discrimination, racism and marginalization – structural conditions as a result of the invisibility of acts of discrimination which are still present in today’s social fabric.

Likewise, we call on civil society organizations to follow-up on each of the recommendations made by CERD, so that their statements can be used as accountability for the rights of all ethnic groups in Colombia.  

Organizaciones de la Sociedad civil conmemoran la sesión número 100 del CERD

Para conmemorar la 100a sesión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Movimiento Internacional contra todas las formas de Discriminación y Racismo (IMADR) y The Minority Rights Group International (MRG), organizaron una recepción el pasado 9 de diciembre en el Palais Wilson, Ginebra, Suiza para agradecer al Comité por su incansable trabajo para acabar con la discriminación racial.

El CERD, fue el primer órgano creado en virtud de un tratado y el único que operó durante siete años. Así, en su primera sesión en 1970, el Comité tuvo que establecer métodos de trabajo y reglas de procedimiento que sirvirían de precedente para  el resto de órganos de tratados que irían creando años más tarde. Desde ese momento, el Comité ha llevado a cabo más de 1200 revisiones periódicas a 167 Estados, ha abordado decenas de miles de recomendaciones para que los Estados partes adapten su legislación, políticas y prácticas a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) y ha redactado más de 30 recomendaciones generales. En este sentido, el Comité ha demostrado ser un aliado clave para la defensa y promoción de los derechos humanos de los sectores más discriminados y excluidos, entre los que se incluyen los afrodescendientes, romaníes, los pueblos indígenas, las minorías, las personas discriminadas por casta o ascendencia, los no-ciudadanos o las personas migrantes.

Experta Indpendiente del CERD, Sra. Gay McDougall

Este espacio también fue una oportunidad para agradecer a los expertos cuyo mandato en el Comité se acaba al final de esta sesión, por sus grandes contribuciones a su trabajo. Se echará de menos al Sr. Alexei S. Antonomov, Sr. Francisco José Cali Tzai y a la Sra. María Teresa Verdugo por su defensa de los sectores más marginados de nuestras sociedades. Se reconoció el rol del Sr. Pastor Murillo en cuanto al liderazgo del Año Decenio Internacional para los Afrodescendientes. En este reconocimiento, quisimos agradecer especialmente a la Sra. Gay McDougall por su compromiso y solidaridad con las comunidades afrodescendientes en América Latina. A lo largo de su carrera, ha contribuido significativamente al reconocimiento de los múltiples problemas que enfrentan las comunidades afrodescendientes como resultado de la persistencia de la discriminación racial. Además, le agradecimos por su compromiso para la protección de los derechos de los haitianos y dominico-haitianos en la República Dominicana a lo largo de su distinguida carrera.

Experto Independiente del CERD – Sr Francisco José Cali Tzai

Los/as expertos/as respondieron a nuestro gesto de gratitud destacando el papel de las ONG´s en conectar las realidades sobre el terreno con el trabajo del Comité. La Sra. McDougall declaró que el papel del Comité no sería nada sin el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil; por su parte, el Sr. Cali Tzai quiso enfatizar la disponibilidad y la apertura de los/as miembros del Comité para trabajar con la sociedad civil para buscar soluciones creativas en estos tiempos difíciles. Finalmente, La Sra. Verdugo destacó lo importante de visibilizar la labor del del CERD para que las voces víctimas de discriminación racial lleguen a este espacio, sigan siendo escuchadas y reconocidas.

Experta Independiente del CERD, Sra María Teresa Verdugo.

Esta 100a sesión fue un momento para conmemorar, pero también para reflexionar sobre los desafíos que el CERD debe enfrentar en futuras sesiones. “Necesitamos un Comité más fuerte para denunciar los crecientes niveles de racismo y discriminación en el mundo hoy en día, particularmente en las Américas y Europa”, dijo Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad. Para hacerlo, continuaremos construyendo puentes entre el trabajo del Comité y nuestros socios latinoamericanos, trayendo y apoyando a activistas para abogar por los derechos de las comunidades marginadas ante el CERD.

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