Pronunciamiento de la sociedad civil con ocasión de la actualización oral sobre la situación en Nicaragua que realizará ACNUDH

Pronunciamiento de la sociedad civil con ocasión de la actualización oral sobre la situación en Nicaragua que realizará ACNUDH

11 de diciembre de 2019. Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, nuestra alarma por el escalamiento de la represión en Nicaragua y la renuencia del Estado de Nicaragua a dar respuesta a los llamados contenidos en la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.  

En este sentido y a casi un año de la adopción de la mencionada resolución, las organizaciones que suscribimos el presente, queremos dar cuenta de que las preocupaciones, solicitudes y llamados contenidos en dicha resolución siguen hoy vigentes:

1. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018

Continúan lasagresiones, amenazas y represalias hacia defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas y afrodescendientes, personas LGBTI, excarcelados, familiares de víctimas de la represión, niños, niñas y adolescentes, miembros de la Iglesia católica y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir. Se siguen registrando allanamientos ilegales y tratos degradantes por parte de la Policía, como el reciente caso de la familia Reyes Alonso. También la violencia policial con efectos letales persiste, sobre todo en el campo, donde organizaciones contabilizan que unos 30 líderes campesinos asesinados entre abril de 2018 y septiembre de 2019, en hechos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

2. Restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua

 No se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas con la intención de poner fin a décadas de trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia. Sus bienes están bajo ocupación de la Policía. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año.

3. Respeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión

No se ha dejado sin efecto la restricción policial de respetar el derecho a la manifestación. El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitraria o ilegalmente. Si bien es cierto que más de 400 personas fueron excarceladas entre febrero y mayo de este año, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia registra que al mes de noviembre al menos 159 personas continúan presas, entre ellos dos adolescentes. Entre estos presos políticos se incluyen 16 defensores detenidos en noviembre por llevar agua a un grupo de madres en huelga de hambre. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos.

4. Cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El 30 de agosto de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua rescindió la invitación al ACNUDH y en diciembre de 2018 decidió expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH. Desde esa esa fecha no han podido ingresar de nuevo al país, a pesar de múltiples solicitudes.

5. La reanudación del diálogo nacional

El Gobierno sigue sin aceptar su retorno a la mesa de diálogo ni la disposición de las organizaciones de la sociedad civil de dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos.

6. Un proceso de rendición de cuentas exhaustivo y transparente a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación

El Gobierno de Nicaragua continúa negando las denuncias de violaciones de derechos humanos y pretende perpetuar la impunidad mediante instrumentos jurídicos como: la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019, la cual no cumple con los estándares de derechos humanos respecto a la rendición de cuentas y no han contado con la participación de la sociedad civil en su proceso de adopción; o la Ley de Atención Integral a Víctimas aprobada en mayo pasado, la cual no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y continúa señalando a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco se ha rendido cuentas sobre los 328 asesinatos documentados por la CIDH, ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes.

7. Informe exhaustivo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua

Las organizaciones que suscribimos el presente, alertamos respecto al riesgo de mayor violencia, por un lado, teniendo en cuenta que las causas que motivaron las protestas de abril no han sido atendidas por parte del Estado; y por otro, previendo las tensiones una vez se vayan acercando las elecciones de noviembre de 2021 y cobren mayor fuerza los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por reelegirse sin las indispensables garantías democráticas. Al día de hoy, en Nicaragua, no existen indicios de que las autoridades tengan voluntad para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta el contexto antes expuesto para su próxima actualización oral a realizarse en marzo de 2020. Además, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas que se renueve la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que OACNUDH continúe monitoreando y documentando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua.

Suscriben:

  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
  • CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Concertación Interamericana de Mujeres en Acción
  • Arrupe Human Rights Observatory (USF)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS – Costa Rica)
  • Iniciativa Nicaragüenses de Defensoras (IN-Defensoras)
  • Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
  • Asociación Madres de Abril (AMA)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
  • Fundación Puntos de Encuentro
  • Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP)
  • Academia Nicaragüense de las Ciencias Jurídicas y Políticas
  • Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)
  • Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS)
  • Asociación Hagamos Democracia (Hademos)
  • Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
  • Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES)
  • Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
  • Movimiento por Nicaragua (MpN)
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV)
  • Red de Mujeres de Matagalpa
  • Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo
  • Movimiento de jóvenes feministas Las Malcriadas
  • Grupo Lésbico Feminista Artemisa
  • Mesa Nacional LGBTIQ Nicaragua
  • Fundación POPOL NA
  • Fundación del Río
  • Radio Darío
  • 100% Noticias
  • Radio La Costeñísima
  • Confidencial
  • Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)
  • Movimiento Nicaragüense de Profesionales del Turismo
  • Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
  • Centro de la Mujer ACCIÓN YA
  • Acción en Red
  • Asociación Agentes de Cambio
  • Cotidiano Mujer
  • Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”
  • DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Perú
  • Colectivo por la Igualdad de Género Piura
  • Feministas por la Democracia
  • Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  • Activismo Digital Nicaragüense (ADNIC)
  • Acción Universitaria
  • Unidos por Nicaragua
  • Movimiento Costeño Autoconvocado
  • Movimiento Universitario Costeño 19 de Abril
  • Comité Cívico Universitario
  • Movimiento 19 de Abril de Rivas
  • Morada Feminista Nicaragua UK
  • Unidad por los Exiliados Nicaragüenses en Panamá
  • Feministas Autoconvocadas de Barcelona
  • SOS Nicaragua Madrid
  • Feministas Madrid por Nicaragua
  • GENERA
  • Movimientos Sociales de Nueva Segovia
  • Movimiento 19 de abril Matagalpa
  • SOS Nicaragua France

Con la participación de organizaciones de la sociedad civil afrocolombiana, Colombia es revisado por el Comité Antirracismo de la ONU

Colombia was reviewed by the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) during its 100th session between November 27-28. The Committee conducted a detailed review on the level of compliance of commitments made by the Colombian government towards the eradication of any form of discrimination and racism in the country by using the State’s responses to the recommendations made to it in its last review in 2015.

“Since its last review of CERD in 2015, the Colombian government has not delivered the necessary response which guarantees the rights of Black, Afro-Colombian, Palenqueras and Raizales (NAPR) communities,” stated an alternative report presented to the Committee by civil society organizations, including the Association of Displaced Afro-Colombians (AFRODES), the National Conference of Afrocolombian Organizations (CNOA), the Chocó Solidarity Inter-Ethnic Forum, the Racial Justice Collective, the National Network of Afro-Colombian Women “Kambiri” and the Consultancy for Human Rights and Forced Displacement (CODHES.)

UN CERD rapporteur member Mayte Verdugo was in charge of carefully reviewing the official report submitted by the Colombian State and of making a series of observations regarding the recognition of the rights of ethnic communities in Colombia.

Rapporteur Verdugo’s observations included: requesting the Colombian State for more information on the results of the last population census of 2018 and questioning the lack of visibility of Afro-Colombian communities in census findings; referring to the situation of Afro-Colombian women victims of the armed conflict; addressing the alarming levels of killed ethnic leaders; questioning the government’s plan to address the processes of prior consultation with ethnic peoples and finally the situation of the implementation of the peace agreement’s ethnic chapter.

DANE’s “Statistical Genocide”

The results of the 2018 National Population and Housing Census in Colombia showed alarming figures about the number of self-recognized NAPR communities, to what different media and civil society organizations have called a “statistical genocide.” The figures published by the Colombian National Department of Statistics (DANE) indicate a decrease in the self-recognized NAPR population since its last count, from 4,311,757 million in the 2005 to 2,982,224 million in 2018. This represents an abnormal decrease of more than 30% of the previous population – nearly 1.3 million self-recognized NAPR individuals.

“These figures do not represent us, and we do not accept them. They are a product of an institutional framework that has ignored the constant alerts made by Afro-descendant and indigenous ethnic organizations,” stated a CNOA press release reacting to the results. Father Emigdio, Secretary General of CNOA, also warned about the impact that these results will have on the lives of NAPR people, which will further obscure the communities and seriously affect the ability of adequate public policies being created that transform the “(structural) conditions of exclusion.”

In this regard, Rapporteur Verdugo and others CERD Commissioners questioned the State’s approach to the principle of self-identification on the 2018 census and pointed out the need to work on best practices that allow the true recognition of the NAPR people. The Colombian State admitted under-registration of the Afro-Colombian population in the results of the 2018 Census, and so it announced that state institutions will continue to work in accordance with the data collected in the 2005 census.

Colombian civil society organizations demanded that the State repeat the census for the Afro-Colombian population, as they warn about the negative effects that the lack of information may bring to ethnic groups in terms of budget allocation, visibility of the reality of the people and the need to create plans and policies for inclusion and equality for them.

“This finding is the responsibility of the Colombian state, which did not guarantee the necessary conditions that would strengthen the self-recognition question in the censuses, despite more than a decade of efforts made by the communities and the State to strengthen the processes of formation of self-identification. It is also worrisome that the National Department of Statistics has chosen to use its own research and data collection methodology, and had not shown confidence in the proposals of the NAPR communities, which included dialogue spaces such as the Inter-Ethnic Census Table that ceased to meet later having concluded the census operation in 2018,” adds Father Emigdio.

Lack of Implementation of the Peace Agreements and Ethnic Chapter

“Despite the existence of legal frameworks as well as advances in recognition of the differential impact of the armed conflict towards the NAPR population, there have not yet been significant changes in structural factors that positively affect ethnic peoples,” warns the alternative report delivered by Colombian civil society.

Similarly, the Ethnic Chapter of the Peace Agreements between the Colombian government and the Revolutionary Forces of Colombia (FARC-EP) designates the ethnic population as “seriously affected by the internal armed conflict” and offers a differential approach to the provisions necessary for the protection and reparation of the populations victims of the conflict. However, the situation of vulnerability, marginalization and violence continues to directly and disproportionately affect ethnic communities, resulting in an alarming number of leaders who have been killed, threatened and displaced from their territories.

Faced with this, the Colombian State admitted that there certainly is a worrying situation caused by illegal drug trafficking groups that threatens the lives of human rights defenders. In this regard, CERD Commissioners asked the Colombian State to take the necessary measures to guarantee the life of community leaders, recalling its obligation to protect the principles of life and the integrity of any person.

In addition, CERD members requested information from the State on the application of Law 70, the processes of prior consultation and land restitution for Afro-descendant and indigenous communities. The Committee pointed out the need to understand the presence of foreign and extractive companies in declared ancestral territories and the multiple denunciations of communities in these territories against the violence produced because of the presence of these foreign groups.

Collective reparation for Afro-Colombian women victims of the conflict

Colombia continues to adopt insufficient collective reparation processes for Afro-descendant women victims of the armed conflict. The case of the Coordination of Afro-Colombian Displaced Women in Resistance (COMADRE) is emblematic in the sense that despite being recognized as subject to collective reparation through Order 092/2008 of the Constitutional Court, the implementation of the reparation plan under the Decree 4635 has not advanced properly. Even worse, the implementation of the plan lacks a gender approach that considers the level of vulnerability of women.

In this matter, Commissioner Chung requested the Colombian State to explain the information contained in the report regarding sexual violence during the armed conflict, more specifically the types of violence, investigations, punishments and apologies of the State. Rapporteur Mayte Verdugo expressed her concern about the high number of cases of sexual violence against Afro-Colombian women and adolescents.

Civil society recommendations to the State of Colombia

During an informal dialogue between members of civil society organizations and CERD representatives, a series of recommendations were made which seek necessary and urgent improvements in the conditions of ethnic populations in Colombia, precisely because of the imminent state of vulnerability of NAPR populations.

Civil society issued recommendations to the Colombian National Department of Statistics to correct the results of the 2018 census regarding the under-registration of the NAPR population in order to mitigate the possible negative impacts against a population that has historically and disproportionately suffered the impacts of under-registration and public policies. In regard to the Peace Accords and the Ethnic Chapter, they urge the full implementation of it and of all legal frameworks that seek to advance the processes of restitution and protection of the rights of Afro-Colombian communities, particularly women. Finally, the Colombian state is urged to implement extraordinary measures to guarantee collective reparation of NAPR women victims of the armed conflict and to advance the established processes with a gender approach.

Watch here broadcast of Colombia CERD Session

Líderes y lideresas LGBTI se reúnen con El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU

Durante una visita informal del Experto Independiente para los derechos LGBTI de la organización de las Naciones Unidas, Víctor Madrigal, activistas LGBTI de diferentes departamentos colombianos compartieron con el representante de la organización internacional las diferentes situaciones de violencia que en materia de derechos sociales, económicos y políticos viven a causa de su orientación sexual o identidades de género diversa viven y que se intersectan con otras formas de violencia a causa de su raza o etnia.

El espacio llevado a cabo durante el pasado 19 de noviembre, de la mano de Caribe Afirmativo, la Red Afro LGBTI de Colombia y Raza e Igualdad permitió visibilizar las múltiples formas de violencias simbólicas y estructurales que diariamente se manifiestan en los contextos sociales en Colombia, que además se intersectan con otras formas de violencias igualmente estructurales que imposibilitan el acceso y reconocimiento de las personas históricamente excluidas.

Durante el diálogo de saberes activistas Afro LGBTI relataron de primera mano al Experto Independiente las formas como se expresa la violencia en los territorios, así como, las alternativas que como organizaciones han asumido para contrarrestar los impactos negativos en la vida de la población que vive la desidia estatal, el olvido y la violencia territorial.  Así mismo, los líderes y lideresas expusieron la manera como el conflicto armado y la guerra en Colombia continua impactando indiscriminadamente la vida de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sin que estas sean reconocidas y tenidas en cuenta por el Estado colombiano para procesos reales de reparación y garantías de verdad, justicia y no repetición.

Ante las declaraciones de las y los representantes de sociedad civil el Experto Independiente se refirió a las posibilidades que abre el Mandato recientemente renovado, del cual tiene a cargo, y de la necesidad de contar con la sociedad civil para continuar visibilizando las situaciones que atenta, denigran y pormenorizan la identidad, el derecho a la vida y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas LGBT.

“Uno esperaría que la creación del Mandato representara un consenso sobre lo odiosa y perpetrada que es la violencia y la discriminación en el mundo contra las personas diversas.   Sin embargo toda la evidencia que tenemos nos proporcionan la prueba de que esto no existe, no hay consenso, los ciclos viciosos de odio están siendo alimentados en todo el mundo” señaló el representante de la ONU al señalar la importancia de continuar haciendo visible las violencias perpetradas contra las personas LGBTI en el mundo.

Raza e Igualdad continuará trabajando por el reconocimiento de los derechos de todas las personas LGBTI en América Latina y el Caribe.   Así mismo, de la imperativa necesidad de apoyar el Mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de la ONU, para garantizar que la exigibilidad de los derechos, las garantías, la verdad y la justicia sea una realidad para todas las personas diversas.

Comité Antirracismo de la ONU inicia hoy su sesión número cien: ONG´s recuerdan sus logros y los desafíos por afrontar

Ginebra (Suiza), 25 de noviembre de 2019 – Hoy el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) comienza su sesión número cien; por tal motivo, El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Movimiento Internacional contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR) y Minority Rights Group International (MRG) recuerdan los hitos clave para la lucha contra el racismo y la discriminación racial en todo el mundo que este Comité ha establecido y quiere enfatizar sobre los enormes desafíos para lograr los propósitos de la Convención Internacional sobre La eliminación de todas las formas de discriminación racial (ICERD).

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial fue el primer órgano de tratado establecido, en aplicación del Artículo 8 de la ICERD, y el único que existió durante sus primeros 7 años. Como tal, cuando el Comité se reunió para su primera sesión en enero de 1970, para revisar la situación en Brasil y Nigeria, tuvo que establecer precedentes, establecer métodos de trabajo y reglas de procedimiento al servicio de su misión. Estas primeras sesiones, fundamentales, sirvieron como modelo para el trabajo de todos los futuros órganos creados en virtud de tratados, incluido el Comité de Derechos Humanos que comenzó en 1977, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1980, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en mil novecientos ochenta y dos.

Desde esa primera sesión, el Comité ha llevado a cabo más de 1200 revisiones periódicas de la situación de discriminación racial en 167 estados, ha abordado docenas de miles de recomendaciones para que los Estados partes alineen su legislación, políticas y prácticas con la ICERD.

El Comité también ha ampliado considerablemente el alcance de su trabajo y ha demostrado ser un guardián clave de los derechos de los grupos marginados, incluidas las personas de ascendencia africana, romaníes, pueblos indígenas, minorías, personas discriminadas por casta o ascendencia, no ciudadanos y migrantes. El Comité ha elaborado sus derechos y obligaciones estatales a través de treinta y cinco Recomendaciones generales. Algunos de ellos también han abordado formas específicas de discriminación racial, como el discurso de odio racista, y han examinado formas de discriminación múltiples e interseccionales basadas en el género y la pertenencia a los grupos antes mencionados.

Acogemos con beneplácito el trabajo del Comité sobre una nueva Recomendación general Nº 36 sobre “prevención y lucha contra la discriminación racial”. Estas Recomendaciones Generales proporcionan una interpretación autorizada de las obligaciones de los Estados partes en virtud de la ICERD, y una orientación concreta para que apliquen la Convención.

A través de sus medidas de alerta temprana y procedimientos urgentes, una herramienta única entre los órganos creados en virtud de tratados, el Comité ha tomado medidas para evitar que la opresión sistemática se convierta en conflictos y violaciones graves de los derechos humanos de las comunidades racializadas. Desde 2003, el Comité ha adoptado 22 decisiones; hizo cinco declaraciones; y dirigió 165 cartas a los Estados partes; y dos cartas a instituciones regionales. Esta 100a sesión debería ser una oportunidad para reafirmar el compromiso demostrado del Comité con la prevención de violaciones masivas de derechos humanos contra pueblos indígenas, minorías, migrantes y otros grupos e individuos que la Convención busca proteger.

Acogemos con beneplácito el compromiso de larga data del Comité de cooperar con la sociedad civil, incluidas las personas que sufren discriminación racial, a fin de hacer realidad el objetivo y el espíritu de la Convención. La decisión de 2010 de celebrar reuniones informales con ONG antes de los diálogos con los Estados partes ha ampliado significativamente el espacio de la sociedad civil en el Comité [1]. Además, la consulta global del Comité con la sociedad civil en 2016 reafirmó la importancia de la asociación y las contribuciones de la sociedad civil en la implementación de la Convención. Muchas de las recomendaciones de la consulta siguen siendo válidas hoy en día, como para proteger a los defensores de los derechos humanos de las represalias y aumentar el alcance del Comité a la sociedad civil. Alentamos al Comité a que continúe fortaleciendo su cooperación con la sociedad civil para acercar el sistema al terreno, que es clave para la plena aplicación de la Convención.

La 100ª sesión no solo brinda un momento de reflexión, sino también la oportunidad de reconocer los problemas que el Comité enfrentará durante las próximas décadas. Queda mucho por hacer antes de que la promesa de la ICERD de “eliminar todas las formas de discriminación racial” se haga realidad. Las personas de ascendencia africana, los pueblos indígenas, las minorías, los migrantes, los grupos que se enfrentan a la discriminación basada en la casta o la ascendencia continúan siendo marginados y excluidos en todos los continentes, para enfrentar la discriminación que impide el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones con los demás; así como también, confrontar barreras distintas en su acceso a la educación, el trabajo, la salud y la vivienda, y en su derecho a un nivel de vida adecuado. Estos continuos problemas pueden verse afectados aún más por una serie de desafíos contemporáneos, como las nuevas y emergentes tecnologías, el aumento de los flujos migratorios debido al desplazamiento forzado y una mayor movilidad, y las medidas antiterroristas, capturadas en la discusión temática celebrada por el CERD en 2017.

El Comité, como primer órgano de tratados, ha sido pionero y debería seguir siéndolo. Debe desempeñar un papel de punta de lanza en la aplicación de la Convención a los desafíos actuales, incluidos los impactos del cambio climático y las empresas en los derechos humanos, y las intersecciones del racismo y la discriminación racial con otros motivos de discriminación, como religión o creencias, edad, discapacidad, orientación sexual e identidad de género.

International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)

the International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)

Minority Rights Group International (MRG)

Víctor Madrigal: “Que los Estados consideren los valiosos aportes de las personas LGBTI para la construcción del tejido social es una de las formas de garantizar su reconocimiento e inclusión”

Fotografía tomada de: Agencia Presentes

En su más reciente informe, el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, Víctor Madrigal, presentó un análisis de las formas en que leyes, normas sociales y culturales discriminatorias siguen marginando y excluyendo a las personas en razón a su orientación sexual y/o identidad de género en diferentes esferas de la sociedad, situaciones que según el documento, se ven agravadas cuando al inter-relacionarse con otras formas de discriminación como la etnia, raza, la condición socio-económica, origen nacional, entre otras, conducen a estados definitivos de exclusión y marginación.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) habló con el experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Naciones para que a la luz de la realidad de los pueblos de América Latina presentara algunas consideraciones sobre la situación de las personas LGBTI, las formas múltiples de violencia que hoy experimentan, y algunas propuestas que posibiliten la superación de estás formas de exclusión.

¿Cuál es la situación actual de las personas LGBTI en América Latina, cómo la caracterizaría y en este sentido ¿Cuál es su lectura sobre el escenario actual de derecho de las personas LGBTI en América Latina?

Víctor Madrigal (V.M):  La problemática que enfrentan los derechos humanos de las personas LGBTI está condicionada, primero por un marco histórico que se ha construido a través de siglos, sistemas de exclusión y estigma que están basados en nociones acerca de cuáles deben ser los roles que adquieren las personas de acuerdo con sus configuraciones genitales.  La idea aquí es tratar de comprender cuáles son esas estructuras, entender, además, cuáles son las maneras en que se estructura el poder en la sociedad y así entender cómo las existencias de las personas LGBTI, que son subversivas a estos sistemas construidos a lo largo de décadas y siglos, se ven vulneradas a través de esquemas que lo que pretenden es defender estas estructuras de poder.

Lo que el Mandato ha hecho a lo largo de este tiempo es estudiar las causas básicas del estigma y la discriminación y ha llegado a entender que existen ciertas manifestaciones estructurales:  La primera de ella es lo que se conoce como la “negación”  relacionada con la idea existente en algunos ordenamientos ( o el mensaje político que se ha intentado difundir), es que las personas LGBT realmente no existen en ese contexto determinado, justificando su posición sobre la premisa de que estás son ideas importadas de algún otro contexto.

La segunda manifestación o mecanismo es el de la “estigma”, que yo he categorizado dentro de tres categorías:  1. Atribuir a las existencias LGBT una naturaleza delictiva, es decir, a través del crimen, de la legislación criminal.   En este momento todavía existen en el mundo 69 países que criminalizan la homosexualidad, y de ellos 9 están en la Región del Caribe. 

2. Otro de los mecanismos es la idea de que las vidas de las personas LGBT son pecaminosas en su naturaleza.  De aquí es toda la estructura de la iglesia que es utilizada para crear mensajes de exclusión y discriminación; y la última manifestación o mecanismo es la idea de la patologización, que está conectada con la idea básica de que las existencias LGBTI son de alguna manera u otra enfermizas o son reflejo de patologías.

Entonces la fenomenología de los problemas de derechos humanos que enfrentan las personas LGBT está inscrita en este contexto y está enraizada profundamente en estructura patriarcales, en estructuras sociales que son prevalentes en América Latina y que tienen como resultados altísimos niveles de exclusión social y de violencias.

En su informe sobre “Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género” A/HRC/41/45 plantea el uso de datos como parte de la estrategia de superación de estos contextos y discriminación de violencias.  Podría explicarnos un poco ¿de qué manera se expresa esto?

Víctor Madrigal:  El contexto en el que yo planteo esto es mi convicción de que los procesos de estigma están basados en pre-concepciones, en prejuicios y en una explotación de preocupaciones que la generalidad de las personas tienen sobre la existencia misma de las personas LGBT que no está basada en ninguna base empírica, es decir, que no está basada en evidencia, y por lo tanto, considero que la estrategia para contrarrestar estas estructuras de prejuicio es la producción de evidencia y en esto la data es esencial. 

Cuando yo empecé a trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creamos la relatoría LGBT, una de las primeras cosas que hicimos fue crear un registro de violencia y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la problemática de violencia contra las mujeres trans estaba completamente invisibilizada en la data, y por lo tanto en la política pública, esto porque la mujeres trans que eran asesinadas y violentadas usualmente eran registradas en los registros policiales como hombres y por lo tanto existía una completa invisibilización de su problemática desde el punto de vista de la política pública, pero también con respecto a la conciencia social; entonces los mensajes eran muy poderosos desde todo nivel, era poderoso el hecho de que no existía data desagregada desde el punto de vista de esta población, reconocimiento de la existencia de esta población a la base de la violencia, pero también habían mensajes muy poderosos por parte de los medios escritos que constantemente reportaban asesinatos de mujeres trans como asesinatos de un hombre vestido de mujer, o un hombre travesti, o un hombre etiquetado automáticamente como un trabajador sexual, en fin, una cantidad de pre-conceptos que no tenían realmente ningún asidero desde la base empírica. 

Entonces, para mí la creación de una base de evidencia, que permita reflejar la verdadera naturaleza del problema de violencia, pero también la verdadera naturaleza de la existencia social de las personas LGBT es una parte esencial de la solución del problema del ejercicio.

Acorde a su último informe sobre inclusión socio-cultural y económica de la población (https://undocs.org/A/74/181) ¿Qué aspectos considera más fundamentales para la sociedad civil y los Estados en Latino-América?

Víctor Madrigal:  Sobre la base de todo está la producción de conocimiento con respecto a las realidad de vida de las personas LGBTI, insisto:  obtener data desagregada que nos permita entender la situación de las personas LGBT con relación a los sectores de educación, salud, vivienda y otros sectores resaltados en mi informe es fundamental, sin esa base de conocimiento, sin esa base de evidencia va a ser absolutamente imposible tener políticas públicas que dialoguen y tengan incidencia con estas realidades vividas de las personas LGBT.

Seguidamente, es importante que haya esta voluntad de conectar esta base empírica con la política pública, es fundamental asegurarse que la política pública esté informada por la base empírica, pero además cuando esté siendo realizada haya un ejercicio consciente de involucrar las comunidades, pueblos y poblaciones que están siendo afectadas.

Todo formador de política pública debe conocer de una manera muy clara las limitaciones sobre lo que no conocemos, sobre las realidades de estas poblaciones; en tanto, traerlas a los procesos de consulta, realizar procesos participativos es la única manera de asegurar que las políticas públicas vayan a tener un impacto sustentable.

Un tercer elemento, estaría relacionado con que en estos procesos existan manifestaciones políticas muy claras, sobre la manera en que los Estados reciben y promueven el mensaje de las vidas y existencias de las personas LGBT, en tanto, consideren que estas aportan al tejido social, que son existencias valiosas y dignas en el tejido social y que la habilidad y posibilidad de estas personas de vivir libres e iguales en el contexto de estas sociedades es una manifestaciones de sus derechos humanos, que no son derechos especiales, que no son derechos únicos, sino que es una base esencial de su derecho humano el poder vivir en esta igual y esta libertad. 

Y sobre la base de estas condiciones, creo que el último elemento que debe darse ahí, es el hecho que los Estados reconozcan que en estos reconocimientos y en esta manera de proceder existe una clave fundamental de asegurar todo el potencial de la contribución de las personas LGBT nuestra sociedad, de realzar y hacer posible que se desencadene y se asegure todo el potencial de la contribución social de estas personas en nuestros contextos.


Desde el ejercicio de su mandato, ha tenido la experiencia de trabajar con diversos activismos LGBTI del mundo. Que particularidades en el activismo, vulneraciones de derechos humanos o resultados exitosos ha podido identificar en sectores LGBTI racializados y/o pauperizados?

Víctor Madrigal:  Creo que el primer logro a resaltar es lo relacionado con el litigio estratégico en materia de descriminalización.  Es extraordinario lo que se ha logrado a través del activismo judicial, por ejemplo, en desmantelar sistemas de criminalización en la India, en el Caribe mismo tenemos el ejemplo de Trinidad y Tobago, tenemos el ejemplo de Belice.

Otros logros que podría mencionar estar relacionados con el acceso a servicios y disposiciones de no discriminación.

Yo no participo en la disposición de políticas de creación y disposición del Mandato, pero me ha parecido muy importante como la creación de coaliciones de la sociedad civil ha generado el mandato y ahora ha generado una renovación extraordinaria a través de la coalición de más de 1300 organizaciones de la sociedad civil que vienen de 174 países y que han creado realmente una sinergia maravillosa para que el mandato sea renovado con una mayoría bastante contundente por parte de la comunidad internacional. También creo que la creación de redes es un gran logro para la incidencia en materia de exigibilidad de los derechos de las personas LGBT.

Si alguna prueba tenemos de la experiencia vivida de los últimos 25 años es que el cambio social es posible en nuestra generación, hemos pasado de contextos de criminalización y patologización ha contextos de dignidad, y yo creo que esa energía de cambios, ese cambio de paradigmas es algo que cabe esperar que continúe.   Para los siguientes 25 años tengo la expectativa de un mundo libre de criminalización para el año 2030 y la expectativa de un mundo en el cual va a existir una verdadera inclusión social para la próxima generación.

Vea aquí presentación del informe sobre inclusión socio-cultural y económica de la población LGBTI a partir del minuto 47:34

Descargue aquí el informe

MANISFESTO DE LA SOCIEDAD CIVIL BRASILEÑA SOBRE LA CANDIDATURA DE BRASIL AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU



Las organizaciones brasileñas de la sociedad civil, apoyadas por varias organizaciones extranjeras, regionales e internacionales, expresan su profunda y grave preocupación por la candidatura brasileña al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) para el período de tres años 2020-2022. Estas preocupaciones ya han sido expresadas varias veces por la sociedad civil y se reiteran en vista de la posición adoptada por el gobierno brasileño en los espacios de las Naciones Unidas, incluido y particularmente reiterado por el propio presidente en su discurso en la apertura de la 74a Asamblea General de la ONU.

Las manifestaciones del gobierno brasileño justificando su candidatura contradicen la tradición brasileña acumulada hace décadas en las relaciones multilaterales y que siempre caminó en defensa del universalismo de los derechos humanos.

Esas manifestaciones no reconocen los derechos humanos como sistema de protección para tod@s y cada un@ porque se guían por la defensa de los “buenos humanos”, “los humanos correctos” para los cuales solamente los derechos humanos serían aplicables, mientras que otros seres humanos, los “criminales” y aquellos que los apoyan no son titulares de derechos. Las posiciones de este tipo promueven la exclusión y el ataque a temas como mujeres, LGBTI, pueblos indígenas, quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, negras y negros, jóvenes, entre otros. Estas reiteradas manifestaciones, que también se están convirtiendo en prácticas del gobierno brasileño, no son aceptables. Un gobierno que actúa con serias reservas a derechos humanos, y que promueve acciones que conducen a reveses en la realización de los derechos, es anti universalista y no puede querer que la comunidad internacional crea que tiene una disposición efectiva para comprometerse con la realización progresiva, universal, interdependiente e indivisible de los derechos. Todos los derechos humanos para todas y para todos.

Las organizaciones firmantes rechazan las acciones resultantes de estas posiciones del gobierno brasileño, como la glorificación de las atrocidades, incluso ataques contra la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el desmantelamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en violación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; el desmantelamiento de los consejos de participación social; la orientación del Presidente de la República a los cuarteles para conmemorar el golpe de estado de 1964 y la negación oficial del mismo golpe; la negativa categórica a continuar el proceso de demarcación de los territorios indígenas; falta de respeto y ataque a los pueblos y comunidades tradicionales; el rechazo del reconocimiento de la cuestión de género por explicación de voto durante la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; la represalia al defensor de los derechos humanos Jean Wyllys durante la 40ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos; los retrocesos en la lucha contra el trabajo esclavo; incitación a la violencia contra los pueblos y comunidades tradicionales, sus tierras y territorios; sanción de las leyes de posesión de armas para los propietarios de tierras y declaraciones que autoricen la violencia contra estas poblaciones, incluidas las personas sin tierra, entre otras medidas.

Dichas posiciones y acciones son incompatibles con los objetivos del Consejo de Derechos Humanos, cuyo trabajo debe guiarse por la universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación para mejorar la promoción y protección de todos los derechos, de conformidad con el Artículo 4 de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma Resolución, en su artículo 9, determina que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben mantener el más alto nivel de protección y promoción de los Derechos Humanos. Esto significa que, para calificar para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, un estado candidato debe dar el ejemplo y hacer los mejores esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes afirman que el Estado brasileño no cumple con las condiciones mínimas para solicitar la renovación de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos considerando los parámetros de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que no recomiendan a la comunidad internacional de Estados votar por Brasil para una de las vacantes de GRULAC para el período de tres años 2020-2022. Además, las organizaciones de la sociedad civil esperan que la comunidad internacional de estados controle más de cerca la situación de los derechos humanos en Brasil.

Descargue aquí listado de organizaciones firmantes y organizaciones aliadas



EPU: Estado de Nicaragua rechaza 100 recomendaciones orientadas a resolver la crisis actual de derechos humanos

Ginebra, 20 de septiembre de 2019. Las delegaciones de Estados Miembros de Naciones Unidas participantes en el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos adoptaron hoy el Informe del Grupo de Trabajo con los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua. Dicho Informe reúne un total de 259 recomendaciones hechas por Estados miembros al Estado de Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos en el país, que enfrenta una grave crisis de derechos humanos desde abril de 2018. 

Lamentamos que el Estado de Nicaragua haya rechazado 124 recomendaciones, de las cuales 100 están relacionadas con la crisis actual y plantean el retorno de los mecanismos de derechos humanos, la libertad de todos los prisioneros políticos, la restitución plena de los derechos civiles y políticos, el cese de la represión y proporcionar garantías de seguridad para que los exiliados puedan regresar al país.

Nicaragua pretendió justificar el rechazo de estas recomendaciones aduciendo que estas “no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad”. El embajador de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Ernesto Morales, negó las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cometidas por fuerzas estatales y grupos armados paraestatales, las cuales ha sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como ACNUDH y la CIDH.  Adicionalmente, expresó que “algunos Estados emitieron discursos políticos, muy alejados de recomendaciones constructivas, tratando de politizar” el EPU.

El Estado nicaragüense solamente aceptó 135 recomendaciones, relacionadas con derechos de los niños, niñas y  adolescentes, violencia de género, políticas públicas inclusivas, cambio climático, combate a la pobreza y desigualdad, acceso a la educación y mejoramiento de titulación para pueblos indígenas y afrodescendientes.

Descargue la lista de recomendaciones aceptadas y rechazadas AQUÍ

Rechazo a falta de compromisos de Nicaragua

Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos realizada hoy en Ginebra, una serie de delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las recomendaciones rechazadas por el Estado nicaragüense, y su pretensión de negar la realidad lo que demuestran falta de compromiso por restablecer garantías y derechos humanos fundamentales.

“Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú recordamos que el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua corrobora la falta de rendición de cuentas, la negación del derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y reparación, al reducción del espacio cívico, la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el ataque a los defensores de derechos humanos, periodistas y personas críticas con el gobierno, detenciones arbitrarias y torturas. Los países mencionados instamos al Gobierno de Nicaragua a que cumpla con los compromisos en materia de derechos humanos y a que considere la implementación de todas las recomendaciones presentadas”, dijo el representante de Perú en nombre de un grupo de países de América del Sur.

También intervinieron en el plenario las delegaciones de Egipto, Haití, India, Irán, Iraq, Filipinas, Rusia, Serbia, Sudáfrica y Reino Unido.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización socia en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), manifestaron: “Nos inquieta que (el Estado de Nicaragua) siga negando la violencia letal en la ciudad y el campo, ocultando la grave crisis de derechos humanos que vive el país, procurando dar una imagen de normalidad que no se corresponde con la represión que hoy sigue enfrentando la población; crímenes graves continúan en la impunidad, las manifestaciones públicas son reprimidas y fuerzas parapoliciales hostigan, amenazan y atacan a toda voz disidente. Nos preocupa profundamente que el Estado rechace las numerosas recomendaciones sobre el acceso a las organizaciones de derechos humanos al país, vulnerando así compromisos internacionales de derechos humanos (…) Insistimos al Estado en el restablecimiento de la personería jurídica de la que fueron despojadas arbitrariamente (9 organizaciones de la sociedad civil) y la devolución de sus bienes y activos así como garantizar un entorno seguro para que realicen su labor sin represalias ni amenazas”.

Otras organizaciones de la sociedad civil que intervinieron en la sesión fueron UNICEF, UNFPA, Consejo Misionero Indigenista, CIVICUS y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

Raza e Igualdad se une a los llamados al Estado de Nicaragua para que honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y proceda a implementar de inmediato tanto la recomendaciones aceptadas, como todas aquellas que rechazó aduciendo una supuesta falta de fundamento y distorsión de la realidad. Asimismo, exhortamos al Estado de Nicaragua para que regrese a la mesa de diálogo velando por entablar un diálogo amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis, como se recomendó en el Examen Periódico Universal.

Incidencia previa

El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos que permite que los Estados miembros se examinan entre sí respecto de como están cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El 15 de mayo pasado el Estado de Nicaragua fue evaluado por el EPU en Ginebra, y en esa sesión un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejorara la situación de derechos humanos.

Un mes antes, el 3 de abril, representantes de la sociedad civil nicaragüense participaron  de la pre-sesión del EPU, espacio en el que expusieron las diversas violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a las delegaciones que evaluarían posteriormente a Nicaragua.

Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU. En el examen anterior, que tuvo lugar en 2014, el Estado aceptó 164 recomendaciones, pero defensores de derechos humanos denunciaron que una parte importante de esas recomendaciones no fueron plenamente implementadas.

Raza e Igualdad: “El Estado cubano utiliza su Código Penal para criminalizar las voces que hablan en contra del régimen”

En su más reciente informe, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asegura que en derecho cubano no hay garantías suficientes para respetar el debido proceso y otros derechos de personas acusadas por crímenes, especialmente cuando se trata de activistas que hablan en contra del régimen.  Las garantías que existen son descartadas por las autoridades cuando se juzgan a activistas independientes. 

En el marco del evento “Militarización de la Justicia: Estado de derecho y la nueva constitución Cubana” llevado a cabo el miércoles 11 de septiembre por la organización Inter-American Dialogue, El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, hizo lanzamiento oficial de su más reciente investigación titulada “Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba”.

En el informe, Raza e Igualdad documenta y analiza las características de los actos de criminalización, represión y hostigamiento que el Estado Cubano ha emprendido en los últimos años contra los denominados “opositores del régimen”, es decir, todos aquellos activistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y medios de comunicación independiente que a través de un ejercicio pleno de sus derechos se han opuesto a las políticas dictatoriales que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales del pueblo cubano.

“Aunque en los últimos años, se han registrado muchos cambios en Cuba, la represión hacía los opositores no ha cesado” cita el documento de la organización de derechos humanos que asegura que pese a la aprobación de una constitución nueva y la investidura de un nuevo jefe de Estado que no hace parte de la familia Castro, la persecución y violencia hacía grupos opositores continua, junto con leyes que legitiman la criminalización de sus actividades.

La investigación nos permitió analizar y documentar los pasos que adopta el régimen cubano en los procesos penales, y cómo este utiliza el derecho penal para criminalizar las labores de las voces opositoras” explica Caitlin Kelly, abogada para Raza e Igualdad.

Así mismo, a lo largo del informe se documentan las experiencias de activistas víctimas de múltiples formas de represión por parte de las autoridades penales. Casos como el del Doctor Eduardo Cardet, son utilizados en el documento para explicar y describir el modus operandi del Estado Cubano y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Cuba.

“Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre de 2016 en horas de la noche por varios individuos vestidos de civiles, realmente eran de la policia política, estos hombres se abalanzaron sobre él enfrente de su familia y vecinos y fue golpeado de pies a cabeza. La detención fue sin motivo y después le fabricaron un delito, el delito nunca existio. Mi hermano continua preso hasta el 30 de septiembre, bajo libertad condicional pero continua preso” Miriam Cardet hermana del preso político Eduardo Cardet.

En dichas investigaciones, Raza e Igualdad encontró que, aunque existen algunas leyes para garantizar los derechos humanos y un debido proceso para los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes acusados por su labor, estas no son respetadas por las autoridades cuando de ellos se trata.

Así mismo, el documento señala que el Estado Cubano emplea el Código Penal para criminalizar a las personas que expresen opiniones contra el Estado, específicamente cuando las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho código. Delitos como “desacato”, “atentado”, “desobediencia” o la figura de “la peligrosidad social” son imputados para imponer condenas largas a quienes se acusa de incurrir en estas conductas, sin que se les sea respetado un debido proceso.

“Cuando mi hermano hizo las declaraciones después de la muerte de Fidel Castro no estaba en Cuba, a su esposa la llamaron y le dijeron que era mejor que Eduardo no volviera porque si lo hacía lo iban a desaparecer, después fue que ocurrió la violenta detención y fue cuando quedó en condiciones en las que peligraba su vida. Cuando lo detuvieron estuvo desaparecido por cinco días, sin atención médica a pesar de los golpes tan horribles que le habían propinado, sólo lo pudimos ver al tiempo en un pasillo oscuro como a 15 metros donde se podía ver lo mal que estaba. Su juicio fue a puerta cerrada donde le fabricaron los delitos y lo mantuvieron en horribles condiciones que han generado repercusiones de salud a hoy” Miriam Cardet.

Otros hallazgos están relacionados con las violencias a las que son sometidos los activistas cuando son detenidos, las restricciones a las que frecuentemente se enfrentan dichos defensores y defensoras cuando se trata de salir del país o realizar alguna reunión y las condiciones deplorables de los centros de detención.

“En un hueco de 2 X 3 metros, ahí mantuvieron a mi esposo. Aún cuando no pueden mantener más de 3 días a una persona en una celda de aislamiento el estuvo de 8 a 9 meses inhumanamente tratado. Cuando lo fui a visitar al centro de detención llegó golpeado de pies a cabeza, con dos hombres a lado y lado que portaban armas inmensas; además encadenado en la cintura, los tobillos y los pies como si se tratara de un terrorista” relata Dolia Leal una de las mujeres fundadoras del movimiento de las Damas de Blanco hoy exiliada de su país.

Descargue aquí el informe “Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba” 

Vea aquí transmisión en vivo del evento “Militarización de la Justicia:  Estado de derechos y nueva constitución cubana” espacio organizado con la organización Inter-american Dialogue para el lanzamiento del informe “Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba”.

Crisis de DDHH en Nicaragua no se ha superado, denuncian Alta Comisionada de Derechos Humanos, CIDH y activistas nicas

Ginebra, 10 de septiembre de 2019. La grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril 2018 ha quedado expuesta en toda su magnitud esta semana durante el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, con la presentación de un informe actualizado sobre la situación en ese país que realizó hoy la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el respaldo al pueblo de Nicaragua expresado por diversas delegaciones diplomáticas, y la presencia de una delegación de activistas, periodistas, ex prisioneros políticos, defensores de derechos humanos nicaragüenses y organizaciones internacionales de derechos humanos.

El informe de Bachelet

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reflejó en su informe que las graves violaciones de derechos humanos han continuado en Nicaragua, especialmente contra el derecho a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y asociación, a la libertad personal, a no ser sometido a tortura ni condiciones inhumanas de detención, a tener un juicio justo y a obtener reparaciones.

“La respuesta institucional a las violaciones de los derechos humanos ha sido insuficiente”, dijo Bachelet en su intervención, añadiendo que el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por estas graves violaciones. En consecuencia, resaltó la importancia de que los organismos de derechos humanos pueda regresar al país para monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua.

En el informe de Bachelet se brindan ocho recomendaciones al Estado de Nicaragua, entre ellas que se reanude “urgentemente” el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; que se restablezca de forma urgente la personalidad jurídica de las nueve organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación que fueron sancionados e ilegalizados; y que se establezca un plan de acción de amplio alance orientado a la rendición de cuentas.

CIDH y delegaciones internacionales respaldaron informe de la ACNUDH

La Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, señaló que la crisis en Nicaragua “mantiene al país en un clima de grave deterioro institucional y de completo cierre de los espacios democráticos para el ejercicio de los derechos humanos”.

De acuerdo con la Comisionada, “persiste la instalación de facto de un estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas, persisten las detenciones arbitrarias, el exilio de periodistas y líderes sociales, la falta de tutela judicial efectiva para las víctimas, persiste la impunidad, persisten las denuncias de asesinatos de personas identificadas como opositoras, las denuncias por casos que pudiesen calificarse de desapariciones forzadas y las denuncias de ataques sexuales y torturas”.

Posteriormente, diversas delegaciones respaldaron el informe de la ACNUDH, incluyendo: la Unión Europea, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Bélgica, República Checa, México, Alemania, Suiza, Ecuador, España, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Georgia, Islandia, Luxemburgo. Así mismo, las organizaciones CIVICUS, Red Local, Human Rights Watch, FIDH, Amnistía Internacional, CitizenGo e Hivos, acogieron el informe e instaron al Estado a retomar las recomendaciones allí presentadas.

Estado nicaragüense niega violaciones de derechos humanos

El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentscke, negó las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta la fecha, puestas en evidencia de forma irrefutable por Bachelet y por Urrejola.

En cambio, desacreditó el informe presentado por Bachelet y defendió la postura gubernamental de que en Nicaragua existe plena libertad de asociación, que ningún periodista ha sido perseguido por ejercer su oficio, ni defensores humanos han sido reprimidos en sus funciones, que no han existido las detenciones arbitrarias y que no existen torturas ni tratos crueles e inhumanos en los centros de detención nicaragüenses.

Al Estado de Nicaragua lo respaldaron las delegaciones de Bolivia, Siria, Belarús, Cuba, Rusia y Venezuela, países que solicitaron a la ONU no intervenir en asuntos internos.

Los espacios de incidencia

Un día antes de la presentación del informe de derechos humanos sobre Nicaragua, se llevó a cabo el evento “Combatiendo la impunidad y fortaleciendo la rendición de cuentas: violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, evento organizado por el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el propósito de acercar la realidad de Nicaragua al 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En el panel participaron los excarcelados políticos nicaragüenses Lucía Pineda, Victoria Obando y Edwin Carcache, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, y el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández.

La Jefa de Prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, expuso cómo el Gobierno de Nicaragua sigue acosando, amenazando y reprimiendo a los comunicadores y periodistas independientes en su país, y cómo aún continúan ocupadas las oficinas del Canal 100% Noticias y del medio digital Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.

Edwin Carcache, líder estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, contó que aún continúan apresadas al menos 126 personas que fueron detenidas por su participación en protestas ciudadanas, y lamentó que estos presos políticos estén pasando por las mismas condiciones de torturas y tratos inhumanos que él mismo vivió en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”.

Victoria Obando, por su parte, resaltó cómo la comunidad LGBTIQ ha sido parte activa de las manifestaciones ciudadanas y por lo tanto, ha sufrido los embates de la represión a través del encarcelamiento o el exilio. “Tenemos registros de personas exiliadas de nuestra comunidad en al menos 13 países, donde sus condiciones de vida se ven afectadas gravemente cuando media la visibilidad de su orientación sexual o identidad de género”, explicó Obando.

Apoyo del Sistema Universal y Sistema Interamericano

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, coincidió con el informe de Bachelet y reiteró que en Nicaragua se siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.

El relator especial explicó que el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica es un derecho fundamental para que se garanticen los demás derechos. Con base en lo anterior, pidió al Estado de Nicaragua que se les devuelva la personería jurídica a las ONG’s que fueron ilegalizadas, pues estas desempeñan un papel vital en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y la vida democrática de la sociedad.

“El gobierno de Nicaragua no debe verlos como una amenaza, sino como un medio de diálogo en el que debe participar”, añadió, resaltando que el inicio de cualquier proceso de justicia transicional pasa por permitir el trabajo de organizaciones independientes que puedan prestar apoyo a las víctimas y documentación de denuncias. Además, subrayó el gran interés de su oficina de visitar el país para establecer un diálogo con el gobierno nicaragüense, aunque este no ha recibido respuesta por parte del Estado.

Finalmente, el vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, también resaltó que están dispuestos a desplegar sus misiones nuevamente en Nicaragua, a pesar de que tampoco han recibido respuesta sobre reiteradas solicitudes. “Se han cerrado los espacios democráticos y a la fecha no se han abierto. Nicaragua no tiene una voluntad de solucionar esta crisis”, lamentó Hernández.

Pronunciamiento sobre próximo informe de la situación en Nicaragua por la Alta Comisionada Michelle Bachelet

26 de agosto de 2019. En el marco de la presentación del Informe sobre la situación en Nicaragua que realizará este 10 de septiembre la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento al mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada el 21 de marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como defensores y defensoras de derechos humanos, queremos expresar nuestra preocupación por la continuación de acciones y políticas represivas, de hostigamiento y de amenazas en contra de quienes defienden la democracia, justicia y el respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

Desde hace 16 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al Gobierno que buscaban disolver las protestas masivas que tuvieron lugar en diversas ciudades del país.

Como consecuencia de esa violencia, hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han muerto al menos 328 personas, dentro de ellos 29 niños, niñas y adolescentes, más de 2,000 han resultado heridas, miles fueron detenidos arbitrariamente y centenares fueron criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes.

Como parte de la sostenida represión estatal, el Gobierno de Nicaragua continúa apresando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación cívica en diferentes iniciativas, sin cumplir con el debido proceso que la legislación nacional define. Por esta razón, actualmente permanecen en las prisiones unos 120 prisioneros políticos, conforme registro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al 28 de julio del corriente.

Además, el esfuerzo de negociación iniciado en febrero de este año entre algunos sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación gubernamental, fue cancelado oficialmente el 30 de julio por decisión unilateral del Gobierno, que había incumplido todos los acuerdos que lograron negociarse.

Estas situaciones reflejan que en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, esta vez de buena fe por parte del Gobierno y respetando los acuerdos alcanzados.

Por todo lo anterior, pedimos a la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su informe:

  1. Demandar la inmediata liberación de todas las personas que aún están en prisión por hechos vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 y de aquellos que están siendo imputados por la supuesta comisión de delitos comunes como represalia por su participación en las mismas. En cuanto a las personas que han sido excarceladas, demandar la plena restauración de sus derechos y libertades, así como el cierre de sus procesos penales, la cancelación de los antecedentes y la devolución de sus bienes ocupados.
  2. Urgir al Estado de Nicaragua a cesar la represión y persecución a los y las jóvenes, a personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, mujeres, periodistas, personas LGBTIQ y a personas excarceladas quienes continúan siendo asediadas, perseguidas, y amenazadas de ser detenidas y judicializadas. Asimismo, exigir el irrestricto respeto del derecho de las niñas, niños y adolescentes a gozar de protección integral del Estado.
  3. Exigir al Estado de Nicaragua el desarme y desmantelamiento de los grupos armados paraestatales que continúan amenazando y atentando contra la población.
  4. Hacer uso de todos los mecanismos existentes del Sistema Universal de Derechos Humanos a fin de lograr una política de atención especializada y urgente que garantice los derechos humanos de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica y otros países.
  5. Demandar al Estado de Nicaragua que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, restituya las personerías jurídicas a las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada (CENIDH, CISAS, CINCO, IEEPP, Hagamos Democracia, Popol Na, IPADE, ILLS y Fundación del Río) y entregue los bienes ocupados a dichas organizaciones.
  6. Instar al Estado de Nicaragua a que entregue los bienes, equipos y licencias de funcionamiento a 100% Noticias, Confidencial y Esta Noche, permitiéndoles desarrollar su labor a estos y otros medios y radios independientes, sin obstáculos ni represalias de ningún tipo.
  7. Haga uso de sus buenos oficios para asegurar el retorno a Nicaragua sin restricciones de los mecanismos de derechos humanos: CIDH y OACNUDH. En este sentido se valora como muy positivo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), incluida su propuesta de crear una Fiscalía Especial y de adoptar un plan integral de reparaciones.
  8. Solicitar al Estado de Nicaragua que deje sin efecto la Ley de Amnistía, por ser contraria con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que realice reformas profundas al Sistema Judicial del país; y que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
  9. Demandar al Estado de Nicaragua la protección inmediata a los pueblos indígenas y afrodescendientes que están siendo acosados y asesinados en distintas regiones del país; puesto que urge que el Estado los proteja de la agresión de los colonos que los asesinan, roban y destruyen sus tierras.

Mientras que a las representaciones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas pedimos:

  1. Instar al Estado de Nicaragua a la reanudación de un diálogo inclusivo que permita el cese de la represión y acordar los términos y condiciones para la concreción de una transición democrática.
  2. Instar al Estado de Nicaragua a retomar el proceso de reforma profunda del Sistema Electoral y la legislación de la materia, que contribuya a garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y anticipadas respecto de noviembre de 2021.
  3. Respaldar firmemente la demanda del pueblo nicaragüense de acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
  4. Alentar al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones resultantes del Examen Periódico Universal y a implementar de inmediato todas aquellas consideradas urgentes, entre ellas, proceder a desarmar a las fuerzas paramilitares.

Finalmente, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a:

  1. Renovar el mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que la Oficina de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe monitoreando la situación de derechos humanos en dicho país.

Suscriben: 

ORGANIZACIONES NICARAGÜENSES 

  • – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.
  • – Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE.
  • – Unión de Presos y Presas políticos de Nicaragua, UPPN.
  • – Fundación Violeta Barrios de Chamorro, FVBCH.
  • – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN.
  • -Canal 100% Noticias
  • – Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.
  • – Articulación de Movimientos Sociales.
  • – Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO.
  • – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS.
  • – Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
  • – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, IN-Defensoras.
  • – Fundación Puntos de Encuentro.
  • – Red de Mujeres de Matagalpa.
  • – Red de Mujeres Contra la Violencia.
  • – Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
  • – Feministas Madrid por Nicaragua.
  • – Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
  • – Movimiento de Jóvenes Feministas Las Malcriadas.
  • – Articulación Feminista de Nicaragua.
  • – Movimiento Feminista de Nicaragua.
  • – Programa Feminista La Corriente.
  • – Mujeral en Acción.
  • – Grupo Lésbico Feminista Artemisa.
  • – Fundación Coordinadora de ONG’s que trabajan por los derechos de la Niñez, CODENI.
  • – SOS Nicaragua UK.
  • – Morada Feminista Nicaragua UK.
  • – SOS Nicaragua- Sverige.
  • – Resistencia Civil Nicaraguense.
  • – Proyecto Lechuza.
  • – Popol Na.
  • – Movimiento por Nicaragua.
  • – Anides.
  • – Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto – Punto focal Nicaragua.

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

  • – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
  • – Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras.
  • – Fundación Para el Debido Proceso, DPLF.
  • – Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala, UDEFEGUA.
  • – Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe.
  • – Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, REDLAD.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

  • – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad.
  • – Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR.
  • – Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH.
  • – Just Associates, JASS.
  • – Freedom House.
  • – CIVICUS
  • – Asociación France-Nicaragua.

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