Ocho días en huelga de hambre de activista cubano alertan a la comunidad internacional sobre deplorable situación en centro penitenciario de Cuba

Ocho días en huelga de hambre de activista cubano alertan a la comunidad internacional sobre deplorable situación en centro penitenciario de Cuba

Nilda García Fleitas, madre de Manuel de Jesús Rodríguez García, activista y actual preso político del régimen cubano, alerta a la comunidad internacional sobre las deplorables condiciones en las que se encuentra su hijo.

Tras ocho días en huelga de hambre Rodríguez García, miembro de la Alianza Democrática Pinareña y actual preso político del régimen cubano, condenado a ocho años de cárcel por cargos que incluyen “desacato” “atentado” “difamación” entre otras; su madre solicita públicamente ayuda para garantizar la vida e integridad de su hijo en el centro de detención Kilo 8: “Manuel es golpeado cuando se niega a comer la comida de la prisión y se ve obligado a subir y bajar escaleras innecesariamente como castigo por su huelga de hambre” relata la madre del activista.

El 23 de julio de 2019, Rodríguez García inició una huelga de hambre dentro de la prisión en protesta por los malos tratos y austeras condiciones en que se encuentra, además por las amenazas que tanto él como su familia inmediata (madre y abuela) han recibido, situaciones que atentan contra su bienestar e integridad.  Durante conversación sostenida con la madre de Rodríguez García esta confirma el quebrantamiento de salud de su hijo a causa de la desnutrición y el abuso físico al que ha sido sometido en los últimos días, además de ser golpeado por no seguir las ordenes de las autoridades en el centro de detención, este se encuentra detenido en una celda de aislamiento y obligado a dormir en el piso. 

 

Alertamos a la comunidad internacional sobre la crítica situación del activista Manuel de Jesús Rodriguez Garcia, quien arbitrariamente y en detrimento a lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos esta siendo víctima de toda clase de violaciones a sus derechos fundamentales, situaciones que atentan contra su vida e integridad. 

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

Nuevas amenazas atentan contra la vida de líderes y lideresas afrocolombianos

Bogotá, julio 15 de 2019.  A través de un mensaje de texto recibido el 13 de julio de 2019, líderes y lideresas afrocolombianos de Suárez, Cauca, fueron declarados objetivo militar de la organización al margen de la ley “Águilas Negras”.

El comunicado que amenaza con dar un plazo de 72 horas, para salir del territorio, a integrantes del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Toma, justifica dicho ultimátum por los actos de “desobediencia” de las y los dirigentes sociales en “oposición al desarrollo”.

“La deuda con uds aun no esta saldada…Cada uno de sus colaboradores negros hps declarados objetivo militar al igual q todos esos sapos q los cuidan con todo y eso van a morir. AGUILAS NEGRAS PRESENTE (SIC)”, se lee en el mensaje de texto.

 

Dichos actos de persecución y hostigamiento se suman a los hechos ocurridos el pasado mes de mayo del año en curso, en que defensoras y defensores de derechos humanos afrocolombianos, entre los que se encontraba la nobel de medio ambiente Francia Márquez, fueron atacados con disparos y una granada por hombres armados en el Norte del Cauca. (Leer nota sobre atentado a dirigentes sociales afrocolombianos en el Norte del Cauca).

Vemos con extrema preocupación una inminente sistematicidad en las amenazas, actos de hostigamiento y represión que atentan contra la vida, integridad y tranquilidad de líderes y lideresas sociales en Colombia.   Especialmente, alarmamos sobre las prácticas de violencia y persecución contra dirigentes sociales afrocolombianos que han luchado en contra de las lógicas del desarrollo, exterminio y expropiación que atentan contra la soberanía de los pueblos afrocolombianos en los territorios ancestralmente habitados.

Urgimos al gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque pronunciarse inmediatamente contra estos actos que menoscaban la tranquilidad y los derechos a la vida de los pueblos afrocolombianos. Exhortamos también, dar prioridad a esta situación genocida que enfrenta el país en medio de un proceso de paz. A la fecha el número de líderes y lideresas sociales asesinados suman más de 300 desde la firma del acuerdo, de los cuales líderes y lideresas étnicos son quienes más se han visto afectados, sin contar aún con procedimientos y/o protocolos que garanticen la defensa a la vida, el territorio, la justicia y la paz.

Instamos a la comunidad internacional continuar monitoreando la situación de violencia y emergencia nacional que enfrentan especialmente los territorios étnicos, quienes además, han sido históricamente avasallados por la pobreza, marginalidad y violación a los derechos fundamentales consagrados en la declaración universal de los derechos humanos.

En denuncia por las amenazas recibidas y la situación de peligro en que se encuentran las comunidades afrocolombianas y en general lo pueblos étnicos en Colombia, hoy, 15 de julio a las 2:00 pm, hora en que se cumple el “plazo” señalado en la comunicación de las Águilas Negras a dirigentes de Suárez, Cauca, organizaciones sociales afrocolombianas, líderes y lideresas sociales convocarán a una rueda de prensa para manifestar sus preocupaciones.

Según declaraciones de Francia Márquez al medio colombiano El Espectador “En la rueda de prensa vamos a exponer nuestra situación a las autoridades. Queremos que investiguen por qué nos amenazan, nos declaran objetivos militares, nos hacen salir del territorio, entre otras cosas. Nadie tiene que morir por exigir garantías a su derecho” señaló Márquez.

Raza e Igualdad une su voz en denuncia por estos actos que requieren inmediata atención del Estado Colombiano y la comunidad internacional; la construcción de una paz estable y duradera no podrá cimentarse sin la garantía de todos los pueblos a la justicia, la verdad y la paz.

Descargue aquí comunicado del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Toma

“La situación en Nicaragua sigue siendo crítica”, sostiene la OACNUDH

Ginebra, 10 de julio de 2019. La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Kate Gilmore, sostuvo hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la situación en Nicaragua sigue siendo crítica: las autoridades siguen reprimiendo la protesta pacífica y la disidencia, al menos 80 manifestantes siguen privados de libertad, los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios siguen siendo amenazados y hostigados y los periodistas siguen siendo blanco de amenazas y censura.

“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse”, expuso Gilmore, en una actualización oral sobre el país centroamericano.

Dicha actualización ocurre en seguimiento a la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el pasado 21 de marzo, que pedía a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, preparar informes actualizados orales y escritos sobre la situación en Nicaragua.

Los hechos recientes

Kate Gilmore planteó una serie de hechos que han sucedido recientemente en Nicaragua, como las liberaciones de presos políticos que han ascendido a 442 personas, de las cuales 106 fueron puestas en libertad bajo la cuestionada Ley de Amnistía.  No obstante, la OACNUDH ha recibido información de que más de 80 personas continúan privadas de libertad en ese contexto.

“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, enfatizó, reiterando el llamado “a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.

Expresó preocupación por la actuación arbitraria de la Policía Nacional, que continúa impidiendo el derecho ciudadano a la manifestación citando que de acuerdo con fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas fueron arrestadas por agentes de policía mientras intentaban organizar protestas en varias ciudades, aunque la mayoría permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberadas sin cargos.

También se refirió a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios que continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante, y al hecho que no se ha restablecido el estatus legal y los activos de 9 organizaciones de la sociedad civil que fueron arbitrariamente ilegalizadas en noviembre y diciembre de 2018.

Además, aseguró que “las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, siguen afectando a los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a los medios de comunicación”.

El Estado nicaragüense continúa negando responsabilidades

La Alta Comisionada Adjunta también lamentó que el Gobierno de Nicaragua continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o elementos armados pro-gobierno. “Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, remarcó Gilmore.

De hecho, el vicecanciller nicaragüense Valdrack Jaentscke, quien se apersonó a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, repitió el argumento gubernamental de que en Nicaragua se produjo un fallido golpe de Estado que fue controlado para “consolidar la paz y retomar la senda del progreso y bienestar”. Además, dijo que en Nicaragua no hay persecución a defensores de derechos humanos.

Sobre esto último, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló en un comunicado publicado tras la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que el vicencanciller “miente”, puesto que el mismo CENIDH es una de las “víctimas de una vengativa persecución, usurpación de bienes y cancelación de personerías jurídicas”, lo que ha obligado “al exilio forzado a varios de defensores de derechos humanos, y quienes continuamos ejerciendo en nuestro país el derecho a defender derechos enfrentamos un ambiente hostil, de descalificación, estigmatización y amenazas”.

Delegaciones opinaron

La mayoría de las delegaciones que opinaron tras la actualización sobre Nicaragua lo hicieron solicitando se libere a los presos políticos que aún continúan encarcelados, se retome el diálogo nacional de buena fe, se garantice el trabajo independiente de las organizaciones de sociedad civil, se lleven a cabo investigaciones imparciales sobre los hechos violentos cometidos desde abril de 2018 y se permita el retorno de una misión de OACNUDH al país.

Ese fue el caso de la delegación de Argentina, que se pronunció en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; y de otras como Croacia, Uruguay, España, Alemania, México,  Australia,  Finlandia, Suiza, Bélgica, Georgia y Barbados.

“Nos preocupa que persistan los actos de violencia, así como nuevas modalidades de represión y violaciones de derechos humanos. Causa alarma también que continúen los actos destinados a impedir la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”, señaló la delegación uruguaya.

La representación de España además manifestó su preocupación por la Ley de Amnistía, que “puede condicionar la liberación de los presos y servir de base para posibles situaciones de impunidad ante las violaciones de derechos humanos”.

Bolivia, Cuba, Rusia y Venezuela, respaldaron al Gobierno nicaragüense y alegaron que se debía respetar la “libre determinación de los pueblos” y la “no injerencia” en asuntos internos.

La sociedad civil, por su parte, este jueves también hizo eco de las demandas del pueblo nicaragüense y participó del debate dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y CIVICUS.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad nos unimos al llamado de la OACNUDH y de las misiones diplomáticas que respaldan los derechos humanos de los nicaragüenses, para que el Gobierno de Nicaragua acceda a cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito y proceda a la liberación plena e incondicional de los presos políticos que continúan encarcelados, para que retome el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de buena fe y con la intenciones de honrar los acuerdos allí suscritos, para que restablezcan los derechos ciudadanos que han sido violados y restringidos en contravención a los estándares internacionales desde hace más de catorce meses, y para que investigue los hechos violentos que ocurrieron desde abril de 2018 y se castigue a los responsables de forma que las víctimas y sus familiares tengan acceso a justicia.

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Elección del CERD del 2019 estableció record para la paridad de género

Ginebra, 28 de junio 2019

El 21 de junio, los Estados parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés) votaron para elegir a la mitad de los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). De 14 candidatos de todas las regiones, se eligieron a seis expertos nuevos y reeligieron a tres miembros actuales.

Los nuevos miembros son: Sra. Stamatia Stavrinaki (Grecia), Sr. Eduardo Ernesto Vega Luna (Perú), Sr. Ibrahima Guisse (Senegal), Sra. Faith Dikeledi Pansy Tlakula (Sudáfrica), Sr. Sheikha Abdulla Ali Al-Misnad (Qatar) y Sr. Mehrdad Payandeh (Alemania).

Dichos miembros se unirán a los tres expertos cuyos mandatos vencerían en 2020, pero fueron reelectos por un período de cuatro años más: Sra. Verene Shepherd (Jamaica), Sra. Yanduan Li (China), y Sr. Yemhelha mint Mohamed (Mauritania), así como a los otros nueve miembros del Comité.

El Grupo Internacional sobre los Derechos de las Minorías (Minority Rights Group International – MRG), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality), y el Movimiento Internacional contra todas las formas de Discriminación y Racismo (International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism – IMADR) felicitan a los nuevos miembros de CERD y a los/las reelectos.

Esta elección representa un avance importante para la paridad de género dentro del Comité. Con la elección/reelección de seis mujeres, la mitad de los puestos del Comité estarán ocupados por mujeres a partir del próximo año. Es la primera vez en la historia del CERD que la elección llevó a una representación igualitaria de hombres y mujeres en el Comité. Alentamos a los Estados parte a que sigan considerando el buen balance de género entre los miembros del CERD.

Sin embargo, aún existen retos en cuanto a la distribución geográfica de los miembros del Comité. En este sentido, destacamos que solamente uno de los miembros es de la región de Europa del Este. Recomendamos que los Estados parte consideren con más énfasis la distribución geográfica igualitaria en el Comité.

Con la finalidad de promover un proceso de elección transparente y basado en el mérito, las organizaciones firmantes realizamos un cuestionario a todos los candidatos con relación a sus biografías, experiencias relevantes y visión de trabajo como miembros del CERD. Las respuestas que se recibieron fueron subidas en el sitio web: www.untbelections.org y compartidos con los Estados parte un mes previo a la elección con la finalidad de ayudarles a conocer las cualificaciones profesionales de los candidatos y tomar una decisión informada.

INFORMACIÓN PREVIA

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está compuesto por 18 expertos independientes. Los miembros son elegidos por un período de 4 años por los Estados parte de entre sus nacionales, considerando la distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas legales, de conformidad con el artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Las elecciones se llevan a cabo cada 2 años en una reunión de los Estados parte que se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Los miembros recién electos comenzarán su mandato en enero de 2020 y finalizarán en enero de 2024. 

 

Para mayor información, favor de contactar a:

Taisuke Komatsu (IMADR) – tkomatsu@imadr.org

Glenn Payot (MRG) – Glenn.Payot@mrgmail.org

Tania Agosti (Race & Equality) – agosti@raceandequality.org

Estado cubano prohibe la salida de cinco activistas que participarían de la Asamblea General de la OEA en Colombia

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena la decisión de las autoridades cubanas de denegar la salida del país a cinco activistas y defensores de derechos humanos que se disponían a participar de actividades que realizaremos en el marco de la 49a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos “ Innovando para fortalecer el multilateralismo Hemisférico” a realizarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio del año en curso.

En horas de la mañana, de este lunes 24 de Junio, las activistas Maricél Nápoles e Ileana Colas, de la organización “Movimiento Mujeres Esperanza” de Santiago de Cuba, fueron informadas por autoridades de migración que se encontraban “reguladas”; ante el cuestionamiento de las activistas, el oficial de migración argumentó que “ellos no ponen ni quitan regulaciones, que debió haber sido algún ministerio y que podría viajar hoy si se resolvía el problema”.

Por su parte, el activista y director de la organización Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo, fue informado en su casa, por un mayor del ejercito que se identificó como “Alejandro”, que no podría viajar, indicando que “se mantuviera en su vivienda, y que no habría salida para Colombia ni para él, ni para nadie que fuera a viajar a la Asamblea General de la OEA”. Esta es la tercera vez que al activista y defensor de los derechos humanos se le impide salir a una de nuestras actividades en este año.

Así mismo, el activista Jimmy Roque de la organización Guardabosques y de la organización LGBTI Proyecto Arcoíris fue informado en el aeropuerto por autoridades de migración que no estaba autorizado a dejar el país porque se encontraba “regulado”. Cabe resaltar que Jimmy Roque fue uno de los activistas que el pasado 11 de mayo fue detenido durante 24 horas para impedirle participar en la marcha alternativa LGBTI de Cuba. Esta sería la segunda vez que se le impide al activista abandonar el país.

Finalmente, la activistas Madelyn Rodríguez, integrante de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica de Pinar del Río en Cuba, después de haber pasado el proceso de chequeo se le informó en migración que estaba regulada y que “por lo menos hoy no podría viajar”. Ante el cuestionamiento de la activista, el oficial de migración señaló que ellos sólo eran un órgano ejecutor, razón por la cual desconocían el motivo; sin embargo, indicaron que debido a la Asamblea General de la OEA no podría salir del país. Esta es la segunda vez que se le niega a Madelyn la salida.

Los activistas y defensores de derechos humanos habían sido invitados por Raza e Igualdad para participar del Foro Interamericano contra la Discriminación, espacio de diálogo y reflexión en el marco de la Asamblea General de la OEA, en el que participarían Epsy Campbell Vicepresidenta de Costa Rica y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y de la Relatoría por los Derechos de las Mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Además se esperaba que las y los activistas participaran en el diálogo con el Secretario General de la OEA Luis Almagro, y en el diálogo formal con los Ministros de Relaciones Exteriores del Hemisferio.

Recordamos, que si bien es cierto el gobierno cubano está suspendido por la OEA, la sociedad civil independiente cubana sí puede participar de las actividades de esta organización en legítimo uso de sus derechos.

Raza e Igualdad acaba de finalizar un análisis sobre la administración de justicia en Cuba, en el que logra identificar que el régimen cubano utiliza las “regulaciones” de defensores y defensoras de derechos humanos para salir del país, con el fin de obstaculizar las denuncias de violaciones a los derechos en escenarios internacionales.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de derechos humanos continuáremos apoyando a la sociedad civil independiente cubana en la exigibilidad de sus derechos, así como seguiremos demandando el cumplimiento al estado cubano con las obligaciones que ha asumido en esta materia.

Conversatorio: Mujeres que Conquistan – Diálogo con organizaciones Afrocolombianas y LGBTI sobre recomendaciones de la CEDAW al Estado Colombiano

Bogotá, Colombia. 28 de mayo de 2019.  El pasado jueves 30 de mayo de 2019 en compañía de mujeres afrodescendientes y LGBTI se llevó a cabo en la ciudad de Cali, Colombia el conversatorio “Mujeres que Conquistan” un diálogo con organizaciones afrocolombianas y LGBTI sobre las recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer – CEDAW al Estado colombiano el pasado mes de febrero del año en curso.

Este espacio de diálogo que contó con la participación de lideresas que tuvieron la oportunidad de socializar ante el Comité CEDAW la situación de derechos que enfrentan especialmente las mujeres afrodescendientes y LGBTI en Colombia, se propuso como un escenario para analizar y construir estrategias de seguimiento a dichas recomendaciones que el Estado colombiano debería adoptar para reconocer y salvaguardar los derechos de estos grupos sociales históricamente discriminados y marginados.

Durante el espacio de reflexión las mujeres hicieron hincapié especialmente sobre los retos que refiere para el movimiento social y las organizaciones de mujeres hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW; además de hacer mención sobre el largo camino que todavía falta recorrer para reconocer las afectaciones diferenciadas que las mujeres afrodescendientes, por su historia de violencia, marginalidad y discriminación, enfrentan en el contexto actual marcado especialmente por nuevas dinámicas de conflicto en el territorio.

Así mismo, a lo largo del conversatorio, se reflexionó sobre la importancia de visibilizar espacios de incidencia como la revisión del Comité CEDAW al estado colombiano en materia de derechos humanos y la manera como los diferentes procesos organizativos pueden hacer uso de estos escenarios para visibilizar, documentar y denunciar violaciones a los derechos fundamentales.  Así mismo, se hizo un llamado para reconocer dentro de los informes construidos por las diferentes organizaciones las afectaciones que sufren mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diverso.

La 72va Sesión del CEDAW en Ginebra, Suiza, del pasado 18 de febrero de 2019, contó con la participación de las representantes AfroColombianas: Luz M. Becerra y Ángela Ramírez de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Emilia E. Valencia de Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Charo Mina del Proceso de Comunidades Negras (PCN), y por parte de la comunidad LGBTI, representada por Vivian Cuello de Caribe Afirmativo.

CEDAW, es el órgano de la ONU a cargo de monitorear la implementación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La activa participación de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), y Caribe Afirmativo, fue esencial para informar sobre la realidad de las poblaciones que estas organizaciones representan.

Descargue aquí agenda del Conversatorio "Mujeres que conquistan"

Descargue aquí principales motivos de Preocupación y Recomendaciones de la CEDAW

Observaciones Finales sobre el Novenoavo informe periódico de Colombia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

EPU: recomiendan a Nicaragua asegurar el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos

15 de mayo de 2019. El llamado al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, incluidas la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación, fue una de las recomendaciones más recurrentes de parte de más de 90 Estados de todo el mundo ante los que Nicaragua rindió hoy su tercer Examen Periódico Universal (EPU), en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

Las recomendaciones al Estado nicaragüense se dan luego de un año de crisis durante la cual se documentaron graves violaciones a derechos humanos cometidas por parte de las autoridades y grupos paraestatales hacia la población manifestante resultando al menos 325 personas muertas, más de 2,000 lesionadas y 62,000 que debieron salir del país para resguardarse de la violencia.

Otros países también recomendaron la liberación de más de 300 presos políticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega, la investigación de los hechos de violencia ocurridos en el contexto de la represión a protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018 y la aceptación de escrutinio internacional por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ambas expulsadas del país por las autoridades.

El Estado de Nicaragua, representado por el vicecanciller Valdrack Jaentschke, presentó un resumen de su informe de país sobre el avance de las medidas que han adoptado los Estados en los últimos cinco años para mejorar la situación de los derechos humanos, y retomó la versión oficinal del Gobierno según la cual en Nicaragua no hubo manifestaciones espontáneas, sino un fallido golpe de Estado.

Jaentschke, tomando distancia de una realidad ampliamente documentada, se empeñó en defender al Gobierno de Daniel Ortega, señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis, y negó que las autoridades nicaragüenses coartaran la libertad de expresión, reprimieran las protestas, encarcelaran injustamente a manifestantes o se auxiliaran de grupos paraestatales para reprimir las manifestaciones.

Participación de los Estados

Un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos, entre ellos varias delegaciones de Iberoamérica como Honduras, México, El Salvador, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Bahamas, República Dominicana y España.

“Mi país recomienda (a Nicaragua) despenalizar el derecho a realizar protestas pacíficas y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas civiles; restablecer el respeto a la libertad de expresión y de prensa y liberar a los periodistas que se encuentran encarcelados; garantizar el regreso, permanencia segura y sin represalias a todas las personas que se vieron forzadas a abandonar Nicaragua desde el inicio de la crisis; erradicar la práctica de violencia sexual contra mujeres privadas de libertad; y retomar la cooperación de Nicaragua con la Oficina de la Alta Comisionada, la CIDH y sus mecanismos y asegurarles todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato”, expresó el representante de Costa Rica.

También la delegación de España manifestó su preocupación por la crisis de derechos humanos en Nicaragua, junto con otros países europeos como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suiza, Suecia, Austria, Bélgica, Dinamarca y Malta.

La delegación estadounidense, por su parte, recomendó a Nicaragua que castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, que se hagan investigaciones sobre los hechos de violencia, y que se permita a las organizaciones sociales y religiosas que trabajen sin restricciones ni amenazas jurídicas o contra su vida.

Otras recomendaciones que se hicieron a Nicaragua están enfocadas en que se respeten las garantías a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como que se permita el acceso al aborto voluntario y que se amplíen medidas para disminuir niveles de embarazo adolescente. Además, que se implementen medidas para reforzar y promover la igualdad con las personas afrodescendientes e indígenas, y que se realice un censo LGBTI que permita ampliar las medidas de protección para estas comunidades.

Procedimiento

El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos en la que los países se examinan entre sí. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de las convenciones de derechos humanos de las que Nicaragua es parte.

Las recomendaciones brindadas hoy por las delegaciones de todo el mundo serán revisadas por el Estado de Nicaragua, la cual finalmente decidirá este viernes 17 qué recomendaciones se comprometerá a cumplir o de cuáles solamente tomará nota.

Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU, pero defensores de derechos humanos que trabajan en el país denunciaron recientemente que una parte importante de las 164 recomendaciones adquiridas por Nicaragua en el EPU de 2014 no fueron plenamente implementadas.

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que permite a dicho órgano establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes periódicos sobre la actual crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua.

Pronunciamiento

La delegación gubernamental de Nicaragua afirmó durante la revisión del Examen Periódico Universal que se ha avanzado en acceso a la justicia, particularmente para las víctimas de los hechos de abril y que los medios de comunicación ejercen su labor sin censura previa ni limitaciones.

Incluso llegó al extremo de afirmar que ningún periodista ha sido apresado por ejercer el derecho de informar sugiriendo que los que guardan prisión han incurrido en ilícitos, aunque los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell fueron apresados por su desempeño periodístico.

Además, descalificó a OACNUDH y la CIDH, insistió en que los tranques o cortes de vías fueron centros de operaciones delincuenciales. Intentó justificar el uso desproporcionado de la fuerza utilizada por la Policía, señalada de haber ejecutado crímenes de lesa humanidad, argumentando que estas fuerzas reestablecieron el orden público, actuando contra lo que calificó como “focos de violencia y terror”.

En relación a la libertad de asociación, expresó que a las organizaciones a las que se les canceló su personalidad jurídica se procedió porque las mismas fueron utilizadas para fraguar el supuesto intento de Golpe de Estado buscando minimizar los atropellos cometidos, argumentando que son miles las ONGs que funcionan en el país.

Raza e Igualdad considera inaceptable que a un año de las protestas de abril, la narrativa del Gobierno continúe empeñada en hacer de un lado tantas evidencias existentes, sin aceptar su responsabilidad en la represión de las protestas.

Creemos que es inaceptable que  se siga negando las vidas de los ciudadanos que protestaron y encontraron la muerte, producto de la represión estatal. Además, consideramos inexcusable que en vez de aprovechar la asistencia técnica que podrían representar los órganos de protección del sistema regional y universal de derechos humanos, sea la descalificación el camino elegido por el régimen.

Esperamos que el Estado de Nicaragua acepte las recomendaciones formuladas, y dé los pasos necesarios para el respeto de las libertades y el restablecimiento de la democracia con la urgencia que la situación amerita.

COMUNICADO: Raza e Igualdad hace un llamado a la paz, la justicia y la democracia para Venezuela

Colombia, 1 de mayo de 2019. Este 30 de abril el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la población venezolana a unirse a la “Operación Libertad”, una manifestación masiva para dar inicio a lo que él mismo denominó “comienzo del cese de usurpación” del régimen de Nicolás Maduro. Junto a Guaidó, quien a tempranas horas de la mañana hizo el llamado desde la base militar “La Carlota”, en la capital, también estaba Leopoldo López, quien hasta ayer era un prisionero político que guardaba casa por cárcel y que fue liberado por Guaidó con la ayuda de los militares que lo custodiaban. El régimen de Maduro calificó estas acciones como un intento de golpe de Estado.

La población, no obstante, salió a protestar a las calles para pedir y exigir a las fuerzas militares acudir al llamado a la justicia y libertad del pueblo venezolano, pero la Policía y Guardia Nacional aún aliados del régimen de Maduro reprimieron a los manifestantes de varias ciudades del país dejando decenas de heridos por atropellamientos, perdigones y efectos de gases lacrimógenos.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la violencia y represión ejercidas por las autoridades venezolanas contra el pueblo que en su legítimo derecho a la protesta demanda justicia, democracia y libertad.  Urgimos al Estado Venezolano cesar la violencia y garantizar la paz y la garantía de los derechos a la vida, la libertad de expresión y opinión, así mismo como la integridad de la vida de las y los manifestantes que hoy hacen un llamado a la democracia por la vía constitucional.

Hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional para continuar pronunciándose ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que ha dejado más de tres millones de desplazamientos de la población hacía diferentes países de la región, según lo reportado por ACNUR Americas; así como graves lesiones a los derechos fundamentales del pueblo que continúa exigiendo su libertad.

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