Evento #VenezuelaMigra – Presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil de personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional

Evento #VenezuelaMigra – Presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil de personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional

A la fecha son más de 3.4 millones de personas que han abandonado Venezuela en los últimos dos años, según la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. De éstos, cerca de 1.2 millones de personas radican en Colombia, convirtiéndose así en el país que acoge al mayor número de ellas en América Latina. Frente a ello, la sociedad civil responde.

Acompaña a integrantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana el Jueves 25 de abril en el auditorio de la CINEP en Bogotá, Colombia de 9:00 a 11:00 AM para la presentación del Plan de Acción de Sociedad Civil sobre personas venezolanas que requieren protección nacional e internacional, documento que busca aportar soluciones a esta crisis de manera regional, coordinada y con un enfoque de derechos.

Más información a seguir. Para descargar el programa preliminar, haz click aquí. 

Para conocer más sobre el Grupo de Trabajo y el Plan de Acción, visita:http://www.movhuve.org/

Seguimos exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua

Washington, D.C. 18 de abril de 2019. Un año se cumple este 18 de abril de haber empezado en Nicaragua un levantamiento popular genuino encabezado por jóvenes, el cual ha terminado por cambiar el rumbo del país en busca de tres demandas concretas: libertad para los apresados arbitrariamente y restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición y democracia para el país.

¿Qué ha pasado en Nicaragua?

Hace 12 meses, un grupo de universitarios, en su mayoría, y personas mayores, organizaron protestas en las ciudades de León y Managua por unas reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social. La represión de ese 18 de abril a personas mayores, jóvenes y periodistas por parte de turbas y grupos afines al partido de gobierno causó tanta indignación en la población que las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Sin embargo, la represión también escaló, y comenzó a ejecutarse con apoyo de la Policía y paraestatales con armas de guerra. El 19 de abril se reportaron las primeras tres muertes.

Así, en los primeros seis meses de crisis la violenta represión estatal dejó como resultado al menos 325 personas muertas y otras 2 mil heridas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), organismo que instaló en el país la misión en terreno más extensa en su historia: desde julio a diciembre el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron en el registro de los hechos de violencia y en el acompañamiento a las víctimas, hasta que el Gobierno decidió dar por concluida la misión de la primera y no extender el mandato al segundo, además de instarle al inmediato abandono del país.

Hasta agosto, las misiones de la CIDH trabajaron en conjunto con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), misma que fue expulsada tras presentar un informe en el que aseguraba que el Estado había abusado de su autoridad y causado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.  A estos mismos hechos el GIEI los calificó como crímenes de lesa humanidad.

Por miedo a la violencia mortal, a las posibles torturas o al apresamiento, miles de personas huyeron del país: solamente en Costa Rica, se estima que se exiliaron entre 40 y 60 mil nicaragüenses.

En el segundo semestre de la crisis, la represión fue selectiva. Las autoridades procedieron a capturar a más de 700 personas y cientos de ellas fueron procesadas por delitos como terrorismo, asesinato, robos, alteración al orden público, simplemente por haber participado en las protestas. A ello le siguió la prohibición de las manifestaciones de cualquier tipo por parte de ciudadanos opositores; el cierre y confiscación de medios de comunicación independientes y el exilio impuesto a decenas de periodistas ante su inminente captura, la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos de origen nicaragüense y deportación para aquellos nacionalizados; cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger derechos humanos, derechos ambientales o enfocadas en la investigación.

En febrero de este año, un nuevo intento de diálogo ha abierto las puertas a una posible salida pacífica a la crisis, pero aunque el gobierno se ha comprometido a la liberación de todos los presos políticos y a la cancelación de sus procesos judiciales, así como al respeto de derechos y garantías ciudadanas que han sido anuladas desde hace un año, estos compromisos no han sido respetados y la Policía continúa prohibiendo las manifestaciones pacíficas y manteniendo una presencia intimidatoria en las calles.

¿Qué opinan las y los defensores nicaragüenses?

“Ha sido un año de dolor, indignación e impotencia, un año donde se ha desencadenado la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia”, consideran defensores y defensoras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

No obstante, aseguran que la crisis “ha revelado la capacidad incansable de los y las nicaragüenses por persistir en su demanda de justicia” y además su alta capacidad de organización “a pesar de todas las víctimas, agresiones y la amenaza latente de sufrir una agresión por parte de la Policía Nacional, paramilitares y fuerzas de choque”.

Por parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), también resalta que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que los acuerdos en la actual negociación no han sido cumplidos por el Gobierno, siguen confiando en que el diálogo es necesario y urgente porque la crisis en el país es insostenible.

Desde CEJUDHCAN creen que otro de los temas que no han sido incluidos dentro de la negociación es la justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con respecto a violaciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la falta de garantía a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la vulnerabilidad de defensores y defensoras, líderes comunales y territoriales de las comunidades indígenas, entre otros.

La Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC), opina que tres temas sumamente importantes que deben priorizarse dentro de las actuales negociaciones son: “el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, la restauración de personerías jurídicas de las organizaciones de sociedad civil a quienes les fueron canceladas y el cese de la persecución a defensores y activistas”.

Para cumplir estos acuerdos, los organismos de derechos humanos coinciden en que es necesario el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el OACNUDH para que se materialicen los acuerdos establecidos por las partes, así como la creación de comisiones intersectoriales que incluyan a sociedad civil, gobierno y movimientos sociales que actúen como fiscalizadores internos del cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el CENIDH considera que “mientras no exista una voluntad política de garantizar y respetar los derechos humanos, todas las demandas de la población nicaragüense continuarán sin cumplirse”.

A la comunidad internacional, las organizaciones recomiendan apoyar a Nicaragua de las siguientes maneras: seguir exponiendo, denunciando y exigiendo el cese de la represión en el marco de la legislación regional e internacional en materia de derechos humanos; actuar como un puente indispensable para la búsqueda de una salida pacífica que garantice el cumplimiento de los acuerdos; continuar con las conversaciones en los diversos foros internacionales para generar mayor compromiso de otros actores internacionales; seguimiento y monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua; acciones de apoyo y monitoreo de la situación de las personas nicaragüenses desplazadas a otros países, especialmente a países de la región centroamericana.

Otras formas en que pueden mostrar su apoyo, si las negociaciones no tiene el resultado esperado, son: impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la falta de garantía de derechos humanos y las afectaciones a la democracia nicaragüense; la activación de mecanismos extraordinarios de presión política y financiación para hacer frente a la crisis de derechos humanos  (incluida en la Costa Caribe Norte de Nicaragua) que no ha sido declarada por el gobierno nacional; y acciones de apoyo y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, ante el cierre de espacios y la imposición de obstáculos administrativos y financieros, para garantizar su labor en la defensa de los derechos humanos.

Nuestro posicionamiento

Raza e Igualdad en este día, une su voz al clamor por la libertad, justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua.  Nos sumamos al llamado urgente que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional han hecho de forma reiterada al Estado de Nicaragua para que se comprometa con los esfuerzos emprendidos por amplios sectores sociales para restablecer la paz y el Estado de Derecho, debilitadas desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2008.

Deseamos que la solución a este conflicto que ha dejado tanto dolor y pérdidas económicas al pueblo nicaragüense sea por la vía del diálogo, garantizando los indispensables espacios para la participación política, la libertad de expresión y asociación, así como el pleno y efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Instamos al Estado de Nicaragua para que las garantías de reparación y no repetición sean insignia de la voluntad política necesaria para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que en el marco de este conflicto han marcado para siempre la historia del pueblo nicaragüense. Por tal razón, consideramos de extrema importancia la participación de la comunidad internacional como mediadora en los espacios de negociación hoy efectivamente establecidos en el país; especialmente para garantizar que las voces de las víctimas, los nicaragüenses en el exilio y los sectores históricamente invisibilizados sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte de un proceso de justicia que conduzca al restablecimiento de la paz y la democracia.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a brindar las condiciones necesarias para materializar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación para la exigibilidad de los derechos inherentes a cada nicaragüense, por tal razón, demandamos la liberación de los más de 700 presos y presas políticas, arbitrariamente detenidos e injustamente procesados. Así mismo, solicitamos el cese de la criminalización y el hostigamiento hacia los prisioneros políticos, para que su reincorporación a la vida en sociedad sea con las debidas garantías de sus derechos fundamentales y no bajo condiciones de temor y persecución que atentan contra su integridad y sus proyectos de vida.

Urgimos al Estado a garantizar el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y protesta social, mecanismos de participación que garantizan el equilibrio social y por esta vía, entornos propicios para la  vida en democracia. Así mismo, demandamos que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y demás líderes de opinión dejen de ser víctimas de persecución, criminalización y señalamientos como “incitadores del desorden social”, y se les permita en libertad participar plenamente en la discusión y el diálogo como corresponde en una nación pluralista e inclusiva.   En este sentido, solicitamos urgentemente se garantice el derecho a la libertad de asociación a través de la restitución de la personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil independiente que son hoy víctimas de las decisiones arbitrarias del Gobierno de Daniel Ortega

Hacemos un especial llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, especialmente en este momento de supuesta apertura al diálogo y la negociación, para que la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición reconozcan las afectaciones diferenciadas que el impacto de la crisis ha tenido en la vida de mujeres, población indígena, afrodescendiente y comunidad LGBTI; grupos sociales histórica y estructuralmente invisibilizados y marginados que se convierten en blanco de múltiples agresiones en el contexto del conflicto sociopolítico aun sin resolver.

Como institución que trabaja por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, desde Raza e Igualdad nos comprometemos a continuar trabajando para que la voz de las y los nicaragüenses sea escuchada, tomada en cuenta de forma efectiva y para que los crímenes contra quienes entregaron sus vidas por defender la libertad de Nicaragua, no queden en la impunidad.

Remarcan en Ginebra la necesidad de garantes internacionales para asegurar respeto a derechos humanos en Nicaragua

Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos que surjan de las negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil.

Al evento “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, propiciado por las misiones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia, y realizado en el Palacio de las Naciones de la ONU, se presentaron más de cuarenta misiones diplomáticas que estaban interesadas en conocer de primera mano el desarrollo de la crisis iniciada en abril de 2018.

Producto de la violenta represión estatal murieron 325 personas y más de 2 mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la fecha, al menos 647 personas continúan encarceladas por haber participado de las protestas cívicas. Además, medios de comunicación han sido cerrados, organizaciones fueron ilegalizadas y más de 50 mil personas debieron huir del país para evitar ser víctimas de la violencia.

El moderador del evento fue Roger Carstens, Subsecretario de Estado Adjunto, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y los ponentes Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Winny Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua.

Carstens sostuvo que es imprescindible “ver la liberación de todos los prisioneros que fueron detenidos por su participación pacífica en protestas de oposición; queremos que se rindan cuentas por cualquier crimen cometido en contra de esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses durante el último año”, y señaló que “el respeto por los derechos humanos debe ser restituido” en Nicaragua.

Abrao manifestó que sin la presencia de garantes internacionales, los familiares de las víctimas no tendrán seguridad de que se cumplan los acuerdos que ya fueron asumidos por el Gobierno: “no tendrán seguridad de que los exiliados puedan regresar al país sin miedo y sin represalias, de que el proceso de liberación de los presos políticos seguirá el debido protocolo, de que habrá la devolución de las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas en el país, que se restituirá la libertad de prensa con la devolución del patrimonio de los medios independientes, radios y televisiones que fueron cerrados”.

Tampoco, según Abrao, se podría garantizar que “el sistema electoral podrá producir en el futuro nuevas elecciones que puedan ser consideradas legítimas, y que el sistema de justicia del país tendrá condiciones de alcanzar y responder a la demanda de las víctimas por las debidas sanciones de los responsables por estas graves violaciones de los derechos humanos”.

Vilma Núñez, por su parte, sostuvo que ha sido vital para las y los defensores de derechos humanos y para la ciudadanía el apoyo de la comunidad internacional, tanto del trabajo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como del compromiso con la democracia y los derechos humanos de distintos países.

El embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori, recordó que en marzo pasado las delegaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina, presentaron la resolución L8 de “Protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, misma que fue aprobada por el Consejo y que tiene como objetivos incorporar a la agenda internacional la situación de los derechos humanos en ese país y propiciar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presente información sobre Nicaragua periódicamente ante el Consejo.

“Nuestros países continúan dando seguimiento a los sponsors para un proceso de diálogo en Nicaragua. Creemos que un diálogo inclusivo y significativo es la mejor manera de avanzar para garantizar una solución pacífica a la situación”, agregó Foradori.

Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Ginebra, 3 de abril de 2019. Antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua en mayo próximo, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense describieron en Ginebra ante la comunidad internacional la situación actual del país, que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace casi un año.

En esta pre-sesión EPU participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de Ipas Centroamérica, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, de la Fundación del Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarán a Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy no se presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron 43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron las misiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntas enfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independencia judicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobierno con la sociedad civil.

Exposición

“Existe un profundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos: muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahora enfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, durante su ponencia.

“El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población”, agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

“Seguiremos ayudando a las personas con discapacidad a pesar de todos los obstáculos”

El 26 y 27 de marzo, el Estado de Cuba será revisado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ser Estado Parte a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Presentamos, entonces, esta entrevista con Juan del Pilar Goberna Hernández, fundador de la Red de Cultura Inclusiva.

La Red de Cultura Inclusiva es una organización independiente que desde el 2016 provee ayuda a personas con discapacidad motora, visual y auditiva en Cuba; esto, como una alternativa para las personas, que en un contexto totalitario, se encuentran en situación de discapacidad.

Uno de los impulsores de esta Red es Juan del Pilar Goberna Hernández, un hombre que perdió completamente la visión hace seis años y ha decidido dedicar todas sus energías a luchar contra las innumerables barreras de todo tipo que encuentran las personas con discapacidad en Cuba.  A este activista de derechos humanos, por manifestar ideas políticas contrarias al régimen castrista, le impidieron pertenecer a la Asociación Nacional del Ciego (ANCI).

Sobre los inicios de este proyecto y los escollos encontrados desde su fundación Goberna Hernández accede a conversar con nosotros.

¿Por qué nace la Red de Cultura Inclusiva y cuáles son sus objetivos?

A partir de que pierdo la visión en el año 2012, tanto yo como mi familia, empezamos a percatarnos de las dificultades que tienen estas personas, cómo esa discapacidad y cualquier otra te cambia completamente la vida y la de tus familiares. Observamos además el gran desconocimiento que tienen las personas con discapacidad, pues no saben que existe una Convención Internacional que protege sus derechos.

La Red surge para divulgar el conocimiento de los derechos de esas personas, visualizar sus problemas y asesorar en todo lo que podamos. Somos una organización enteramente cívica y sin ánimo de lucro, no deseamos confrontar con el gobierno, pero éste dada su intolerancia si nos impide desarrollar nuestra labor.

Hasta el momento ¿qué labor han desarrollado y cuál ha sido el alcance e impacto de la Red?  

Desarrollamos mesas de diálogo y talleres con personas con discapacidad o con personas que deseen integrarse a la Red para ayudar a ese tipo de personas. Monitoreamos casos que no tienen amparo gubernamental o éste ha sido muy pobre. Priorizamos a aquellas personas que son activistas de derechos humanos debido a la vulnerabilidad extrema a que están sometidos por una doble discriminación.

También, hemos realizado una base de datos de  muchas de las barreras arquitectónicas que existen en el país. Recogemos casos de personas con discapacidad que la prensa oficial divulga. Nuestra Red llega a provincias como Holguín, Granma, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas. Si no hacemos más es por falta de recursos para poder trasladarnos y ver más personas.

Aunque el impacto de nuestro trabajo se refleje muy lentamente en la cotidianidad social,  es muy gratificantes cuando nos enteramos que en Holguín, por ejemplo, el pasado año se eliminaron 150 barreras arquitectónicas; además de mayor presencia de spots publicitarios en la televisión sobre cómo se debe tratar a personas con discapacidad. En el programa televisivo Cuando una mujer también se han expuesto casos de personas con algún tipo de limitación física.

¿Cómo se ha manifestado la represión del régimen hacia la Red? 

En varias ocasiones cuando conocemos de un caso y lo visitamos, viene después la Seguridad del Estado a sembrarles temor o les hace falsas promesas de ayuda. Estas personas cogen miedo y cesan cualquier contacto con nosotros. Tanto mi esposa Acelia Carvajal como yo hemos sufrido detenciones por parte de la Seguridad del Estado, donde nos hacen todo tipo de amenazas y nos dicen claramente que no van a permitir nuestro trabajo.

Otros miembros de la Red como Daniurka González también han sido interrogados por la Seguridad del Estado en varias ocasiones. Cuando hacemos algún tipo de actividad sentimos la vigilancia de la policía política.

La represión ha aumentado después que asistimos en septiembre del pasado año a la 164 Sesión Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad en México y expusimos de manera documentada dos casos de niños con parálisis cerebral infantil en total desamparo de ocho en total que habíamos recopilado. Muchas de esas familias luego fueron presionadas por la policía política y nos han dado la espalda.

En ese encuentro hicimos énfasis en varios derechos que son violados como el derecho a la libre asociación y reunión, además de la discriminación que sufren las personas con discapacidad por motivos políticos, por no comulgar con el gobierno.

Todo eso molesta al régimen y por eso le prohíben a mi esposa la salida del país para que no podamos seguir exponiendo en foros internacionales el desamparo y la indiferencia de las instituciones estatales hacia muchísimas personas con discapacidad en Cuba, más si éstas son opositores políticos.

¿Qué mensaje final sobre su trabajo cívico le gustaría transmitir?

Nosotros solo queremos coexistir con las asociaciones creadas por el gobierno para las personas con alguna discapacidad y ayudar, no solo a esas personas, sino a sus familiares. Nuestra labor es puramente cívica y humanitaria. Se lo hemos dicho a las autoridades más de una vez: solo deseamos que se cumpla lo establecido sobre los derechos de las personas con discapacidad y que en la actualidad es letra muerta. Y así seguiremos a pesar de todos los obstáculos.

Comunicado Público: Urgimos inmediata atención del Estado colombiano ante la desaparición de afrocolombianos exiliados en Ecuador tras amenazas

Bogotá, Colombia – 4 de marzo de 2019.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) unido a la voz de denuncia de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, hace un enérgico y urgente llamado al Estado Colombiano para atender de manera inmediata la desaparición, desde el pasado 27 de febrero en Quito, Ecuador, de Plácido Tercero Escalante y Ana Gloria Cabezas, afrocolombianos víctimas de desplazamiento forzado en Colombia perteneciente a FUNDAFRO, organización adscrita a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES.

Placido y Ana Gloria se vieron obligados a abandonar el territorio colombiano, y solicitar asilo al país vecino Ecuador, junto a sus grupos familiares, el pasado mes de enero, tras las múltiples amenazas en su contra y en respuesta a la falta de protección por parte de las autoridades colombianas que garantizaran su vida e integridad.

Erlendy Cuero, vicepresidenta de AFRODES señala que Ana Gloria y Plácido, días previos a su desaparición, denunciaron haber visto en Quito a las personas que los habían amenazado en su territorio, razón por la cual, fueron citados a declarar ante la fiscalía del Ecuador una vez informaron sobre la situación de riesgo.   Según lo señalado por AFRODES, desde este día se desconoce del paradero de los dos líderes sociales populares.

En absoluta condena ante lo sucedido, urgimos al Estado Colombiano, atender de manera inmediata la situación de des-protección y falta de garantías en que se encuentran los sectores sociales populares inmersos en una guerra aún vigente en los territorios en disputa por grupo al margen de la ley.  Así mismo, urgimos a la comunidad internacional denunciar públicamente la sistemática situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos étnicos en Colombia, especialmente golpeados por el conflicto, social, político y económico que enfrenta el país, de la misma manera, urgimos a las autoridades del Estado colombiano dar pronta respuesta para encontrar con vida a Ana y Plácido.

Delegación de nicaragüenses se reúne con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos Michelle Bachelet

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) facilitó el 1 de febrero, una reunión privada entre 10 representantes de organizaciones de sociedad civil de Nicaragua y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Durante el encuentro llevado a cabo en Ginebra Suiza, defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses presentaron la propuesta en la que se detalla la grave situación de derechos que se vive en el país tras la persecución emprendida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacía activistas, mujeres, periodistas, medios de comunicación independiente, jóvenes, presos y presas políticas, así como hacía defensores y defensoras de derechos humanos.

“Hemos tenido una reunión con la Alta Comisionada, ha escuchado nuestras peticiones y ha expresado sentidamente preocupación por la situación en Nicaragua y su compromiso por incluir y señalar la situación que se está dando en todas sus intervenciones y contribuir en todo lo que pueda para que se logre mejorar las condiciones en el país” señaló Ana Quirós, de CISAS defensora de derechos humanos recientemente expulsada arbitrariamente de Nicaragua.  Así mismo, Heydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias infirió “pudimos contarle de viva voz lo que hemos vivido y lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua, los niveles de criminalización, de violencia, los crímenes de lesa humanidad cometidos…”

Ocho de las diez organizaciones de sociedad civil presentes en la reunión han sido arbitrariamente censuradas por el gobierno de turno tras la decisión tomada por los mismos de cancelar sus personerías jurídicas como represalia por cumplir su misión y objetivos, brindando atención a la población en el contexto de la crisis nicaragüense.  En este sentido, Luciano García, de Hagamos Democracia, expresó “Lo más importante ha sido poder ponerla al tanto de manera puntual de todos los atropellos que el régimen está cometiendo en contra de todos los nicaragüenses y todas las organizaciones de sociedad civil, y ella [Michelle Bachelet] ha escuchado nuestras demandas y se encuentra extremadamente preocupada y sorprendentemente informada del caso de Nicaragua”.

Algunas de las peticiones presentadas por los representantes ante la Comisionada Bachelet estuvieron relacionadas con solicitar al Estado de Nicaragua el cese a la represión, persecución y criminalización a la población, a los y las defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, líderes sociales, políticos y periodistas; además de hacer un llamado al Estado para que ofrezca garantías para el pronto y seguro retorno al país de defensores y defensoras de derechos humanos forzados al exilio producto de la criminalización y judicialización, así como el restablecimiento de las personerías jurídicas arbitrariamente canceladas (ilegalmente arrebatadas) a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Vea aquí el documento completo de Peticiones presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos

A lo largo del espacio la Alta Comisionada se mostró profundamente sensible y comprometida con la situación.  Anibal Toruño de Radio Darío señala que el encuentro no sólo es un espacio para presentar una realidad nacional sino la posibilidad de encontrar otros interlocutores para la pronta solución a la crisis.  “Fue un momento esperanzador, recibimos un respaldo pleno de la Alta Comisionada. Una ventana, una esperanza y desde luego la posibilidad de encontrar interlocutores que nos puedan ayudar a resolver la crisis que vivimos actualmente en Nicaragua”.

Por su parte, Mónica Baltonado representante de la Fundación Popol Na hizo hincapié en lo que significó presentarle a la comisionada no solo el dolor que viven los defensores y activistas de derechos humanos sino una nación “De una trascendencia significativa para las organizaciones nicaragüenses, pero también para el conjunto de la sociedad, primero porque pudimos de manera directa transmitirle el dolor y el sufrimiento del pueblo de nicaragüense, y la enorme preocupación que tenemos, pero sobre todo el sentido de urgencia de encontrar en el menor tiempo posible una solución”.

Desde el mes de abril de 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido agudizando en tanto no se han atendido las causas que la provocaron ni se ha escuchado la demanda de la población nicaragüense por justicia y democracia.  Durante los últimos meses se ha observado una estrategia del gobierno para desarticular todo espacio de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva dirigida hacia defensores y defensoras de derechos humanos.  Hasta el día de hoy, las acciones represivas del gobierno nicaragüense han dejado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 2000 heridos, 767 presos y presas políticas y más de 80,000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica.

Brasil es el país que más mata a personas Trans en el mundo

Washington, D.C. 30 de enero, 2019 – Con un índice del 41% en el ranking mundial de asesinatos de personas trans, Brasil se convierte en el país que más mata a personas con esta identidad de género según lo reportado en el Dossier de Asesinatos y violencias contra Travestis y transexuales en Brasil durante el 2018, informe publicado este martes por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).

De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, de las cuales 158 fueron  personas travestis y mujeres transexuales, 4 hombres trans y 1 persona no binaria.

Según lo planteado en el informe estos datos están dramáticamente permeados por un aumento del 30% de los casos no publicados en los medios de comunicación nacional, elemento que impacta y malversa la situación real de esta población en el país.  De acuerdo a lo planteado en el documento, a simple vista pareciera que hubo una disminución de casos entre el 2017 donde se reportaron 179 homicidios, y el 2018 en el que se reportan 163;  lo cierto es que en el primer año de informe los casos no informados fueron sólo 34, mientras que en el 2018 el número de casos no informados o no publicados en los medios nacionales ascendieron a 44; por lo que realmente no se estaría atendiendo a una disminución de asesinatos sino a una disminución en la publicación de los casos en los medios de comunicación, lo que supone un impacto un impacto directo en el registro de los casos generando de esta manera un sub-registro en el conteo de las víctimas.

El Dossier busca hacer un análisis detallado de los datos de los asesinatos y de las violaciones contra la población travesti y transexual en Brasil, para así denunciar, los casos de violaciones de los derechos humanos hacía esta población.  De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Brasil, especialmente de las personas trans, pone en evidencia la omisión del Estado brasilero al ignorar los alarmantes índices de violencia contra esta población en el país, pues a la fecha el gobierno nacional no brinda un respaldo jurídico que garantice el levantamiento e investigación efectiva de los sistemáticos patrones que envuelven dichos actos.

 

Violencia en cifras

Los estados que reportaron mayor número de homicidios a personas trans fueron Rio de Janiero (16), Bahía (15) y São Paulo con 14 casos.   Teniendo en cuenta los datos reportados, la edad media de las víctimas de los asesinatos en 2018 es de 26,4 años, lo que indica una caída de 1,3 años en relación a 2017.  En adición, los datos del último Mapa de la Violencia denotan un aumento del 54% en los homicidios de mujeres negras, mientras que los asesinatos de mujeres blancas cayó un 9,8%.  En total un 82% de los casos fueron identificados como personas negras y pardas (mestizas), ratificando el triste dato de los asesinatos de la juventud negra en Brasil.

Según el informe,  el 53% de la víctimas fueron asesinadas por armas de fuego, un 21% por armas blancas y un 19% por golpe, asfixia y / o estrangulamiento. Las muertes de personas trans en Brasil, generalmente, son cometidas teniendo como principal motivo el odio o el círculo vicioso de exclusión a que están sometidas. Los asesinatos normalmente se distinguen por el elevado número de golpes desferidos o por la crueldad del método empleado, señalaron las presidentas de las organizaciones ANTRA y IBTE en la carta que dirigen a los lectores al final del informe recientemente publicado.

De acuerdo con datos levantados por ANTRA, el 90% de la población de Travestis y los transexuales utilizan la prostitución como fuente de ingresos y posibilidad de subsistencia, esto por la baja escolaridad provocada por el proceso de exclusión escolar, generando una mayor dificultad de inserción en el mercado formal de trabajo y discapacidad en la calificación profesional causada por la exclusión social.

Pronunciamiento

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa extrema preocupación por los datos reportados en el mapa de asesinatos de personas trans y travestís en el 2018, especialmente por el aumento de las cifras, la sistematicidad de la violencia contra las personas jóvenes, trans y afrodescendientes y la invisibilización a la que se ha visto enfrentada toda la población trans por parte del Estado del Brasil.  Unidos al llamado que hacen las organizaciones en el informe, solicitamos al gobierno nacional atender inmediatamente la crisis de derechos humanos que enfrenta la población LGBTI en el país.

Descargue aquí Dossier de Asesinatos y violencias contra Travestis y transexuales, 2018

A 14 asciende el número de líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos asesinados durante el primer mes del 2019 en Colombia

Bogotá, Colombia. Enero 29 de 2019 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa especial preocupación por la alarmante cifra de líderes y lideresas sociales populares asesinados en Colombia al cierre del primer mes del año; espacio de tiempo en el que se reportaron aproximadamente 14 homicidios de hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Rechazamos y condenamos enérgicamente la sistematicidad de los actos de violencia especialmente hacía la población afrodescendiente e indígena del país, pueblos históricamente marginados y violentados por lógicas estructurales de pobreza, desplazamiento forzado, in-acceso a servicios de salud, educación, empleo y garantías que de protección que aseguren la integridad de sus derechos fundamentales.

Urgimos al Estado y el pueblo colombiano a no pasar por alto el número de defensores y defensoras de derechos humanos afrocolombianos asesinados para el cierre del 2018, que según la cifra reportada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES asciende a 20 homicidios (17 hombres y 3 mujeres) de los 54 asesinatos de líderes y lideresas de pueblos étnicos.

Demandamos al Estado colombiano emprender todos los esfuerzos para garantizar la vida y protección de aquellos hombres y mujeres que dan la vida por el territorio.  Así mismo, le hacemos un especial llamado para que de manera diferenciada provea los mecanismos de protección necesario para los pueblos étnicos, especialmente reconociendo las afectaciones que padecen las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas directas del conflicto armado, quienes en gran desventaja frente al resto de la población, por no contar con las garantías de protección social, autonomías económicas y el reconocimiento de sus derechos, son doblemente vulneradas.  Exigimos justicia, verdad y garantías de NO impunidad por las vidas de las lideresas Maritza Ramírez Chaverra (Tumaco) , Maritza Quiróz Leiva (Magdalena) y María Ortega (Norte de Santander), las muertes de estas mujeres hoy víctimas de la cruenta situación de violencia en el país dejan no solo grandes vacíos familiares, sino un conjunto social afectado por sus ausencias, esto debido al temor generalizado que produce el continuar apostando por la lucha y defensa de los derechos humanos y del territorio.

Con extrema preocupación urgimos al gobierno nacional emprender todos los esfuerzos para garantizar la NO impunidad de los más de 500 homicidios a líderes y lideresas sociales que hoy enlutan al país.  Así mismo, resaltamos la necesidad de adoptar todas las medidas de protección para velar por la vida e integridad de las y los líderes que continúan en situación de riesgo, razón por la cual clamamos a la comunidad internacional solidarizarse ante esta emergencia nacional y continuar monitoreando la grave y sistemática situación de violación a los derechos fundamentales de defensores y defensoras de derechos humanos.

Instamos al gobierno colombiano y a todos los grupos sociales involucrados con hacer posible la construcción de una paz estable y duradera en todo el territorio colombiano haciendo del diálogo la única vía legítima para una salida negociada y pacífica al conflicto armado aún latente en el país.

Delegación de nicaragüenses se reúne con Relator Especial sobre el derecho a la libertad de Reunión Pacífica y Asociación de las Naciones Unidas

Representantes de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense se reunieron con el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Sr. Clement Nyaletsossy Voule con el propósito de darle a conocer la persecución que enfrentan las organizaciones y sus directivos por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el pasado 18 de abril en el país.

Los representantes de las organizaciones expusieron al Relator la arbitrariedad con la que fue cancelada la personería jurídica de casi una decena de organizaciones con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y la democracia, así como las amenazas, agresiones y la criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos que enfrentan líderes de la sociedad civil y sus equipos.

Durante la reunión la delegación de nicaragüenses solicitó al Relator dirigirse al Estado de Nicaragua en relación a la arbitraria cancelación de la personería jurídica de las organizaciones. Además, se puntualizó sobre la necesidad de requerir al Estado cesar la persecución a los defensores y defensoras, emitir una declaración pública condenando las violaciones al derecho de asociación, reconocer públicamente la labor de los defensores e instar al Estado que permita el acceso al país a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

En este sentido, el Relator Nyaletsossy afirmó estar monitoreando la situación del país valorando como muy importante la oportunidad de tener espacios de intercambio con distintos actores de la sociedad civil.  Así mismo, expresó comprender el sufrimiento que provoca la situación de Nicaragua.

Durante el encuentro, el Representante de las Naciones Unidas señaló que a pesar de haber solicitado al Gobierno de turno una vista al país, esta aún no ha sido respondida por los mandatarios.

Finalmente, el Relator expresó que emprenderá acciones, en el marco del mandato de la Relatoría a su cargo.

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