COLOMBIA: ¡NI UN PASO ATRÁS, ADELANTE POR LA PAZ! -Pronunciamiento-

COLOMBIA: ¡NI UN PASO ATRÁS, ADELANTE POR LA PAZ! -Pronunciamiento-

Bogotá, Colombia.  Enero 18 de 2019 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza y condena enérgicamente los hechos de violencia que han enlutado a las y los colombianos durante los primeros 15 días del año.  Condenamos todo tipo de violencia que atente contra los propósitos del pueblo colombiano de avanzar en la construcción conjunta de una paz estable y duradera en todo el territorio.

El asesinato de los 10 líderes y lideresa social que acrecienta el impactante número de muertes de defensores y defensoras de derechos humanos tras la firma del Acuerdo de Paz el pasado septiembre de 2016, así como el reciente ataque terrorista en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 21 muertos y 68 heridos, según lo reportado por medios de comunicación nacional, son evidencia de la inminente  necesidad de que el gobierno colombiano y la sociedad en general continúen trabajando en pro del proceso de Paz.

Pese al ambiente de incertidumbre que generan lo episodios ocurridos en el país, en medio de un creciente despertar de la movilización social en rechazo de políticas gubernamentales arbitrarias, entre otras cosas por el acceso a la educación, la ley de financiamiento y lo relacionado con el acceso, tenencia y explotación de tierras;  además del repudio generalizado por el asesinato de los más de 365 líderes y lideresas asesinados durante el 2016 y 2018 (que aún parece no hacer suficiente eco en las urgentes e inmediatas medidas que el gobierno nacional debería implementar para garantizar la vida de su pueblo);  animamos a los colombianos y las colombianas a continuar apostándole con determinación a la búsqueda y construcción de la paz, teniendo en cuenta como único camino el diálogo en todas las esferas sociales que permita tramitar los conflictos que atentan contra los legítimos derechos al goce efectivo a una vida digna.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, hacemos un llamado urgente al gobierno colombiano, a todas sus instituciones, grupos disidentes del ex grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP) y a los grupos alzados en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que conscientes de la gran responsabilidad con la construcción de una sociedad en paz, se comprometan con la necesidad de avanzar en un diálogo pacífico de cara a una guerra de más de 50 años que ha dejado un saldo aberrante de víctimas que merecen el compromiso vehemente de sus dirigentes, organizaciones sociales y sociedad en general, esto como una alternativa para tramitar las diferencias y construir una sociedad con justicia social.

Instamos a la comunidad internacional continuar monitoreando y acompañando al Estado Colombiano en el proceso de construcción de una paz en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Organizaciones por los derechos de las personas LGBTI alertan sobre grave crisis de derechos en Brasil

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Instituto Transformar de Brasil, la organización TRANSSA TRANS Siempre Amigas de República Dominicana, La Corporación Caribe Afirmativo de Colombia, Fundación Arcoíris de Tumaco en Colombia, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashantí en Perú y la Rede Afro LGBT de Brasil, expresan extrema preocupación por la grave situación de vulneración en que se encuentran los derechos fundamentales de las personas LGBTI en Brasil.  Con más de 160 homicidios registrados durante el 2018 contra las personas LGBTI, preocupa gravemente la ocurrencia de diez homicidios por prejuicio durante los primeros días del mes de enero de 2019 en su mayoría hacía personas trans afrodescendientes, a lo cual se suma la Medida Provisional 870/19 que excluye a la población LGBT como sujeto para la promoción de Derechos Humanos.  Así mismo, la reciente renuncia del congresista Jean Wyllis, único legislador afro-Gay del país, quien anunció hoy desistir a su cargo por las múltiples amenazas, difamaciones y actos de hostigamiento orquestadas en contra de su persona a través de redes sociales.

Situación de derechos personas LGBTI

Según las cifras reportadas por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales – ANTRA de Brasil, cada 48 horas una persona trans es asesinada en este país. Durante los últimos dos años se han registrado un aproximado de 332 homicidios hacía personas trans, promovidos especialmente por el odio e imaginarios negativos que ahondan el desconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y que además incitan la normalización y/o legitimización de violencias contra esta población.

Solamente en el 2017 un total de 179 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, de las cuales el 80% de homicidios fueron de personas negras o mulatas, además de identificar que un 70% de las víctimas se desempeñaban como trabajadoras sexuales. El 85% de los asesinatos se registró con refinamientos de crueldad como descuartizaciones, ahogamientos y otras formas brutales de violencia”, apuntó la organización.

Retroceso en materia de derechos

La reciente elección del mandatario Jair Bolsonaro representa un peligro real para las personas LGBTI, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, grupos indígenas y quilombolas, entre otras minorías políticas. A esos grupos -o al menos a estas minorías- se declaró una verdadera guerra, señaló Alessandra Ramos mujer trans defensora de los derechos de las personas LGBTI y parte del equipo de trabajo del congresista Jean Wyllis; quien además señaló que los casos de violencia contra personas LGBT por parte de seguidores de Bolsonaro se han multiplicado en el país. Según cifra ofrecida por la activista, se registraron más de 80 casos de agresiones y asesinatos de personas LGBTI durante campaña del actual presidente, puntualizando, además, que es la población trans quien se enfrenta a un mayor estado de vulneración por encarnar la figura y máxima expresión del odio por su visibilidad, y por el grado de exclusión social a que están sometidas.

Aunque los índices de violencia contra las minorías políticas, en especial contra las personas LGBT, indican un preocupante aumento durante la campaña de Jair Bolsonaro promovida por la producción de más de 700 millones de noticias falsas dispersas en las principales redes sociales, en relación a la exigibilidad y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, según denuncian múltiples organizaciones de derechos humanos del país; la polarización de Jair Bolsonaro ya se revelaba antes incluso de comenzar la campaña, quien a través de fuertes discursos de odio patentaba una disputa narrativa sobre la corrupción, la elección del gobierno del Partido de los Trabajadores / PT, la promesa de una ley que da derecho a policías de matar sin repercusiones jurídicas, la defensa de la familia tradicional y / o la lucha contra ideología de género y otra promesa de liberación del porte de armas. Apuntó Ramos durante su reflexión, quien añadió además que todo esto se convierte en una amenaza concreta a las vidas de algunas minorías políticas y en sí misma un riesgo para la democracia brasileña y los avances que en materia de derechos se han logrado.

Preocupa que en este marco de violencia la Medida Provisional No. 870/19 adoptada por el presidente Bolsonaro el 1 de enero de 2019 haya removido a la población LGBTI de la lista de políticas y lineamientos que apuntan a la promoción de los derechos humanos. A ello se suma la creación del nuevo ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, liderado por el pastor Damares Alves.

Persecución y hostigamiento

¡El discurso de odio no puede ser minimizado! ¡Él es potencialmente asesino y ha producido sus víctimas! Expresó el congresista del PSOL Jean Wyllis, tras anunciar su renuncia al mandato por los diversos actos de acoso, persecución, difamación y amenazas de muerte en contra de su persona durante el último tiempo.

El diputado abiertamente gay quien durante su mandato habría luchado por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, señaló en diversas entrevistas a medios de comunicación nacional que su renuncia no se debe exclusivamente a la elección de Bolsonaro como presidente, sino al nivel de violencia que después de su elección ha ido en aumento.  Para tener una idea, el congresista referenció el reciente caso de la travestí a la que días atrás le arrancaron el corazón y sobre quien dejaron una imagen santa. Todos estos actos de barbarie representan una amenaza contra su vida ¡Por el futuro de la causa, necesito estar vivo! Señaló el exmandatario quien cuenta medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pronunciamiento

En enérgico estado de preocupación y rechazo las diversas organizaciones de derechos humanos inicialmente mencionados hacemos un llamado de alerta al Estado Brasilero para atender inmediatamente la grave situación de violación a los derechos fundamentales de las minorías políticas especialmente a los grupos históricamente marginados como los pueblos afrodescendientes, indígenas y personas LGBTI.   Urgimos al Estado entrar un estado de alerta por los múltiples y sistemáticos actos de barbarie cometidos contra personas LGBTI promovidos por el odio e imaginarios negativos que desconocen los derechos de las personas y que además incitan y legitimizan las violencias contra esta población.

Recordamos al país que el retroceso en materia de los logros del reconocimiento de los derechos de las minorías puede tener repercusiones a nivel regional; así como también representa un rompimiento directo con una serie de compromisos internacionales adoptados por Brasil, al ser signatario de diversos tratatos internacional de derechos humanos y acuerdos en esta índole.

Instamos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos de todo el mundo pronunciarse ante el serio problema en materia de derechos humanos que hoy sostiene el país latinoamericano y que requiere de monitoreo inmediato.

“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida” Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia

Los hechos

Anyela Patricia era una mujer trans que se dedicaba a la peluquería en el Muncipio de Garzón en el departamento del Huila. A diferencia de la experiencia de vida de otras mujeres trans en Colombia marcadas por el estigma, ella era reconocida y querida por la comunidad, es por ello, que cuando Anyela fue asesinada en febrero de 2017, la comunidad de Garzón en su funeral salió a las calles a marchar con pancartas y banderas a pedir que se investigara la ocurrencia de este homicidio ( ver aquí la imagen y la noticia al respecto http://www.lanacion.com.co/2017/02/11/lo-mate-porque-me-hizo-dano-homicida-de-estilista/).

Los hechos ocurridos en febrero de 2017 se dieron de forma aparentemente rápida en la peluquería de Ányela en horas de la mañana al recibir varios disparos por parte del Sr. Davinson Estiven Erazo quien en una ocasión anterior, durante agosto del año 2016 intentó atacar a Anyela con un machete, pero este fue detenido por la intervención de amigos y familiares.  Aunque para esta ocasión el presunto agresor fue llevado a una estación de policía no hubo mayores consecuencias frente a este antecedente (especialmente grave porque el tema se limitó a un trámite policial de detención, sin investigación penal que ahondara en la gravedad, como ocurre en muchos casos en Colombia).

Cuando el Sr. Eraso finalmente logró su objetivo en 2017 fue atrapado por las autoridades frente a quienes declaró haber realizado una tarea pendiente, añadiendo, además, frente a medios de comunicación regionales del departamento del Huila que Ányela era una persona que debería morir.  “Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida.”.

La sentencia

El juzgado segundo penal del circuito, en cabeza de la Jueza Catalina María Manrique Calderón sentenció al  Sr. Eraso como autor del delito de feminicidio agravado por los delitos establecidos en el código penal arts. 104 A y 104 B y el delito de porte ilegal de arma. Sin embargo, fue declarado como inimputable, porque durante el proceso penal se demostró la existencia de una esquizofrenia, asociada, entre otras cosas, a la farmacodependencia y en todo caso, a “la existencia de un trastorno mental permanente”, por lo que se ordenó la reclusión del agresor por 20 años en establecimiento psiquiátrico o establecimiento adecuado para su atención.

Existen varios elementos que son fundamentales para entender esta sentencia y que implican un avance relevante frente a la aproximación a la violencia contra las mujeres trans; entre ellos podemos destacar:

Reconocimiento de la identidad de género; Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio; Uso del marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, otros temas deben ser revisados detenidamente en nombre de las garantías procesales penales.

Reconocimiento a la identidad de género

Uno de los primeros avances claros en los que esta sentencia marca un hito en Colombia, es el reconocimiento expreso de la identidad de género de la víctima. Pareciera una cosa menor, teniendo en cuenta que en Colombia existen sentencias y decretos que reconocen la identidad de género de las personas trans, sin embargo, en este caso, el alcance que tienen el reconocimiento de la identidad de género, se traduce también en la posibilidad de aplicar una norma penal que tradicionalmente ha sido utilizado exclusivamente para proteger la vida de las mujeres cisgénero, a pesar de que el artículo 104 A también reconoce las violencias fundadas en la identidad de género de las mujeres.

Este reconocimiento es importante porque aclara las inquietudes de fiscales y juristas en la materia, pues evidentemente la Fiscalía en este caso adoptó una interpretación sobre la identidad de género consecuente con la jurisprudencia colombiana y las recomendaciones y declaraciones internacionales en la materia. Esto tuvo efectos muy concretos, del cual, uno de los más interesantes es la aceptación de la Fiscalía en primera instancia, como elemento probatorio de la identidad de género femenina de la víctima, los testimonios de amigos y familiares que reconocían a Ányela como una mujer transgénero, así como su expresión de género femenina.  Secundariamente, si bien se menciona por parte de la Fiscalía la existencia de intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de la víctima (mamoplastia de aumento), se considera esta como parte complementaria de su propia construcción identitaria.

El reconocimiento a la identidad de la víctima es muy importante porque para algunos fiscales y juristas sobre el tema, la identidad de género solo se podía probar con el cambio documental de la identidad, en el documento de identificación personal, esto desde luego, sería una exigencia innecesaria y que contravendría la jurisprudencia constitucional colombiana, así como los estándares internacionales en la materia en el sentido de que la identidad de género se constituye en la experiencia de vida misma y no a partir del reconocimiento jurídico. Esta tesis de la Fiscalía, es secundada por la Jueza de conocimiento que, aunque ahonda en la descripción de la necropsia que describe la intervención quirúrgica, retoma la construcción social de Ányela como mujer, que era bien conocida por su comunidad.

En conclusión, no existe un estándar único de prueba de la identidad de género y por tanto exigir como prueba el cambio de sexo ante registro público desconocería los procesos personales y sociales de la construcción de la identidad de género.

Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio

A consecuencia del reconocimiento de la identidad de género de la víctima que hizo la fiscalía, no solamente es posible imputar el delito de feminicidio, si no que además de ello, la identidad de género misma de la víctima se volvería un elemento central para entender las motivaciones de la violencia.

Cuando se imputa el delito de feminicidio, en el caso de una mujer trans, no solamente se requiere que se trate de una mujer, se requiere además que la motivación de la violencia este relacionada con el hecho de ser una mujer o por su identidad de género.  En este caso, tanto la Fiscalía como la Jueza que estudia el caso, concuerdan con que el agresor por el hecho de seguir a la víctima y verla repetidamente en su peluquería, pudo establecer la identidad de género de la víctima, esto también se hizo evidente en situaciones de agresión verbal en los que se mencionaba despectivamente la identidad de género de Anyela.

El hecho de que el agresor hubiese seguido a Ányela, la agrediera verbalmente y que incluso llegara al punto de intentar agredirla con un arma blanca en 2016 (machete) previo al homicidio, da cuenta de un contexto de persecución y violencia fundadas en la identidad de género de la víctima.

Si bien la sentencia pudo ser más rica en detalles que permitieran evidenciar la conexión entre el prejuicio del agresor, la violencia y su relación con la identidad de género de la víctima, en el curso del proceso, la Fiscalía pudo demostrar que el hecho de que Ányela hubiese sido una mujer trans, jugó un papel fundamental en su homicidio. En declaraciones dadas por el agresor a algunos medios, se hizo evidente una serie de prejuicios e imaginarios sociales que iban ligados negativamente a la percepción del Sr. Eraso contra las personas trans, este tipo de declaraciones acorde a estándares de investigación como los utilizados en Estados Unidos en la recolección de datos de crímenes de odio, dan cuenta de un prejuicio por parte del agresor frente a las personas trans en este caso.

Uso del marco normativo nacional e internacional

Otro aspecto que, si bien ha sido mencionado, pero que en todo caso merece ser destacado, es la aplicación que ha hecho la jueza de conocimiento de estándares nacionales e internacionales para la comprensión de la identidad de género en este caso. Para la juez, la comprensión de su deber se enmarca en la protección y reconocimiento de la identidad de género, ya sea por vía de la jurisprudencia constitucional acorde a la sentencia C-584 de 2015 (entre otras) que reconocen la identidad de género o por vía de la interpretación del alcance de las responsabilidad del Estado Colombiano de investigar este tipo de violencias, acorde a declaraciones firmadas por el Estado ante la OEA, el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Karen Atala que explica la identidad de género como una categoría diferente de la orientación sexual y el uso como referente importante de los principios de Yogyakarta.

Si bien la Jueza no ahonda en todos estos referentes legales, si los utiliza como punto de referencia para situar jurídicamente la discusión sobre el reconocimiento de la identidad de género, la obligación de investigar y la adecuada aplicación de la justicia penal en el caso concreto.

Las discusiones que quedan pendientes 

Una primera observación que se puede hacer al cuerpo de la sentencia, sería el de dar preferencia tanto en el texto como a lo largo de todo el proceso penal, al reconocimiento identitario del nombre de la víctima. Si bien el nombre de Ányela es reconocido en el texto de la sentencia, a lo largo del texto se repite una y otra vez su nombre masculino ante la registraduría, cuando en la lógica de la sentencia, se debió dar preferencia al nombre identitario de Ányela.  Podría en el futuro ser utilizado a lo largo de la sentencia el nombre identitario, con la aclaración inicial de que la identidad de la víctima esta plenamente establecida ante el registro con un nombre masculino, pero que, como parte integral de la sentencia, se preferirá el nombre identitario de la víctima. Esta también debería ser una práctica estandarizada en todo el proceso judicial con cualquier persona trans ya sea víctima o indicada.

Un problema mayor reviste el uso de los agravantes. Por una parte, se aplica un agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima al momento en que fue agredida, pero adicionalmente se aplica un agravante relacionado con la identidad de género de la víctima. Esta discusión es importante y merece ser analizada con detenimiento para prevenir la violación de garantías procesales del imputado.

Como se ha mencionado, en este caso el reconocimiento de la identidad de género de la víctima permitió la aplicación del delito de feminicidio, en este caso, en razón a la identidad de género de la víctima que se reconocía y era reconocida socialmente como una mujer trans. Sin embargo, este mismo delito contempla como uno de sus agravantes, que la violencia sea cometida en razón a su orientación sexual (o identidad de género atendiendo a la jurisprudencia constitucional). Resulta extraño que a una persona a quien se le imputa responsabilidad penal por un hecho, en este caso asesinar a una persona por su identidad de género, además se le agrave la condena por que cometió el hecho por la identidad de género de la víctima.

Esta doble imputación de responsabilidad penal, resultaría en una clara violación a los derechos del procesado y en este caso, susceptible de ser apelada. Un ejemplo más claro o lógico de cuando se podría aplicar este agravante, sería en el caso en que una mujer cisgénero víctima de feminicidio, hubiese sido además violentada en razón a que era bisexual o lesbiana, en este caso operaría claramente el agravante por orientación sexual.

Estas aclaraciones teóricas en materia penal son indispensables para salvaguardar garantías procesales del imputado que en todo caso tiene derechos y garantías penales que deben ser protegidas.

En conclusión

Nos encontramos frente a una sentencia que avanza frente al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y resuelve algunas discusiones prácticas que se deben dar en el curso del proceso penal, tanto en el tramite de investigación e imputación por parte de la Fiscalía, como en el proceso judicial mismo.

Otros aspectos que podrían ser ampliados como estándares para establecer la conexión entre el prejuicio del agresor y la violencia que ejerce contra la víctima, deberán ser ampliados en el futuro, por lo pronto, el conocimiento expreso de la identidad de género, la existencia previa de violencias verbales y físicas son útiles para demostrar la existencia de una agresión feminicida en este tipo de casos.

Otros aspectos que merecen mayor discusión como evitar dobles imputaciones de responsabilidad penal sobre mismos hechos con el uso de agravantes que centren el análisis en la identidad de género en el caso de personas trans, merecen ser abordados con más detalle. Dar preferencia a otros agravantes como en este caso el del estado de indefensión de la víctima, parece más claro y garantista para el victimario. En todo caso, la defensa de los de las personas trans no riñe con las garantías procesales de los imputados.

 

Escrito por:  Mauricio Noguera
Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica

 

¡Por los derechos, por la vida! – Día Internacional de los Derechos Humanos

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela”

Washington, D.C, diciembre 10, 2018 – El Día de los Derechos Humanos se celebra hoy, 10 de diciembre, en conmemoración de un hito histórico en el avance del reconocimiento mundial de los derechos humanos fundamentales. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el primer documento adoptado por un organismo multi-regional que contó con una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos reconocidos para “todos los pueblos y naciones”.

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 70 años, ha habido grandes avances en el mundo en materia de reconocimiento de derechos para diversas poblaciones, respeto a la dignidad humana y la creación de instrumentos jurídicos que sientan las bases para eliminar la desigualdad, la exclusión y la discriminación en las naciones.

Sin embargo, muchos son los derechos humanos que se siguen vulnerando en el mundo y América Latina y el Caribe no son la excepción. En países como Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú los defensores de derechos humanos continúan trabajando arduamente para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género.  Así mismo, son alarmantes las sistemáticas y estructurales violencias que enfrentan hoy poblaciones afrodescendientes, LGBTI, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y el adulto mayor; quienes en situación de extrema vulnerabilidad se siguen enfrentando a políticas discriminatorias y deficientes planes de implementación que efectivamente garanticen los derechos fundamentales.

Observamos un preocupante detrimento de la garantía y protección de los derechos humanos en el mundo por parte de los Estados, especialmente para el caso de America Latina y el Caribe, producto de los altos índices de violencia, oleadas de homicidios, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y una ascendente y sistemática violencia contra defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes de la región; lo que acrecienta el estado de impunidad en el que históricamente han vivido los países latinoamericanos.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo víctimas de formas múltiples y agravadas de discriminación, entre otras cosas, asociados a la negación de los derechos económicos, políticos y culturales, incluyendo los derechos a la tierra y la consulta previa, libre e informada en relación al uso de sus espacios ancestrales e históricamente habitados.  Por su parte, los grupos LGBTI continúan siendo objeto de diversas formas de odio e intolerancia que acrecienta el estado de des-protección y eminente violación de los derechos a la libertad de expresión, identidad y autonomía.

El elevado número de personas y pueblos enteros en la región que enfrentan violación a sus derechos fundamentales es completamente alarmante, pues es evidente un retroceso en las legislaciones, políticas y prácticas implementadas por los Estados, que fuera de garantizar y proteger los derechos humanos para el goce efectivo de los mismo, recurren a tácticas represivas haciendo uso indebido de la fuerza y los sistemas de justicia para acallar las denuncias de grupos o personas disidentes, lo que se traduce en un aumento insostenible de violaciones a los fundamentales además de lógicas corruptas que perpetúan la impunidad y la injusticia en los territorios.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) defiende la postura de que la lucha por los derechos debe ser una suma de voluntades comprometida con la transformación de las sociedades para lograr escenarios más justos, diversos, equitativos y libres. Hacemos un llamado a todos los Estados de la región para que en real y efectivo compromiso emprendan todos los esfuerzos para implementar políticas que promuevan la justicia, el reconocimiento, la paz, y un desarrollo social, económico y cultural inclusivo que garantice la tranquilidad y goce pleno de las libertades de los pueblos y la posibilidad de construir una región de manera participativa, dialógica y diferenciada.

Organizaciones demandamos a CIDH que endurezca sanciones contra Nicaragua, en respuesta a la gravedad de la crisis de DDHH

Washington, D.C., jueves 6 de diciembre de 2018.- Las organizaciones participantes de la audiencia temática sobre “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua”, celebrada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hacemos enérgica denuncia de la renuencia del Estado de someterse al escrutinio internacional. Esto demuestra su falta de interés para dar respuesta acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones en las que ha incurrido desde 18 de abril a la fecha.

El país se encuentra sumido en una crisis política y social, desde hace casi ocho meses, que estalló con protestas masivas en respuesta al a la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Social.

Con extrema preocupación, vemos cómo las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte, en especial, en contra de aquellos/as que son víctimas de la represión, amenazas, señalamientos y detenciones arbitrarias de parte del régimen.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas, alrededor de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 600 manifestantes, estudiantes y activistas privados/as de libertad por ejercer su derecho a la protesta. Lo que hoy enfrenta Nicaragua es, a todas luces, una dictadura.

Las organizaciones firmantes condenamos y rechazamos los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de imponer una falsa “normalidad” en el país, cuando los actos de represión y violencia se siguen intensificando, a través de políticas de miedo que crean un ambiente de inseguridad en la población y coartan la libertad de expresión de las y los nicaragüenses.

En este sentido, la prohibición absoluta de la protesta social, así como la persecución sistemática contra periodistas y medios de comunicación independientes son muestra evidente de un gobierno que insiste en quebrantar y violentar los legítimos derechos a la libertad de expresión, prensa e información del pueblo de Nicaragua.

Por todo lo anterior, solicitamos a la CIDH que incluya en el Capítulo VI de su informe anual la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Consideramos que al quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso.

En este sentido, demandamos también que la CIDH, a través de sus comisionados/as y del relator especial de Libertad de Expresión, exijan el cese inmediato a la represión; documenten la crisis que atraviesa Nicaragua a partir de visitas in situ y demanden que los y las defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestro rol, libres de bloqueos y persecución.

Unimos nuestras voces para declarar que nada en Nicaragua es ni está normal. Nos encontramos frente a un gobierno autoritario decidido a transgredir la soberanía de su pueblo para permanecer en el poder.

Defensores LGBTI aún se enfrentan a grandes desafíos en Latinoamérica

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Aunque las protecciones legales de la comunidad LGBTI se han ido fortaleciendo en América Latina y el reconocimiento de sus derechos humanos ha ganado grandes espacios, esta población  aún se enfrenta a patrones graves de discriminación y violencia que se han visto atizados por circunstancias que incluyen discursos de odio construidos por grupos religiosos o problemáticas políticas coyunturales, explicaron hoy en Washington D.C. expertos en el tema que trabajan en la región.

Durante el conversatorio “Defender los derechos LGBTIQ en Centroamérica: obstáculos y avances en derecho y cultura”, organizado por Diálogo Interamericano, los ponentes también se enfocaron en los aspectos que limitan aún más el acceso a derechos por parte de las personas LGBTI, como la racialidad o la pobreza.

Fanny Gómez, Directora Superior de Defensoría y Políticas Internacionales de Synergia y Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales de Panamá y Abraham Banegas Molina, Oficial técnico de Cozumel Trans de Honduras,  dialogaron este martes para compartir sus opiniones y experiencias con Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell de Diálogo Interamericano.

Continuidad de la violencia y discriminación

La continuidad de la violencia hacia la población LGBTI fue un tema central en la conversación, en la que se resaltaron distintas perspectivas.

Según Fanny Gómez, de Synergia, en los últimos 5 ó 7 años se han visto avances en materia de protección de personas con base en su orientación sexual e identidad de género que van desde pronunciamientos por parte de autoridades, hasta la aprobación de leyes de identidad de género o matrimonio igualitario. “Pero esto no ha significado que haya disminuido la violencia”, enfatizó.

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Carlos Quesada además resaltó que a pesar de los avances en la región sobre derechos humanos para la comunidad LGBTIQ, estos impactan de manera diferenciada a la población afrodescendiente. Consecuentemente, esta población se vuelve más vulnerable ante la violencia.

“En el caso concreto de Brasil, cada 30 horas muere una persona por su orientación sexual e identidad de género y el 90% de estas personas son afrodescendientes”, ejemplificó el directivo de Raza e Igualdad.

Para la comunidad trans, según Quesada, la violencia hacia sus cuerpos se ha convertido en “una enfermedad en la región”. “Por un lado tenemos países como Colombia que han creado instituciones de manera formal para defender e investigar los crímenes de odio, pero no tenemos un personal sensibilizado que pueda hacer su trabajo efectivamente”, dijo Quesada, resaltando que situaciones como estas propician que la violencia y la impunidad continúen.

Abraham Banegas, de Cozumel Trans de Honduras, concordó en que los hombres y mujeres trans en Honduras son, de la comunidad LGBTI, los “más afectados” por la violencia.

Discursos de odio

Banegas resaltó además que en Honduras el “principal adversario” de los derechos para las personas LGBTI es el fundamentalismo religioso.

“Atacan a nuestros compañeros basados en el nombre de Dios”, dijo el activista, quien lamentó que estas congregaciones religiosas con miles de seguidores promuevan mensajes de odio tanto en sus feligreses como en los políticos y tomadores de decisiones.

Para Fanny Gómez, el reciente crecimiento y fortalecimiento de esos “mensajes de odio” que promueven la intolerancia por parte de grupos conservadores también pone en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

“Cada vez que hay un mensaje homófobo, transfóbico, lesbofóbico, de parte de un líder, eso significa luego una muerte para algún compañero o compañera de nuestra comunidad”, lamentó Banegas.

Avances en materia legal

Los expertos expusieron algunos avances en materia legislativa en las Américas como resoluciones sobre orientación sexual adoptadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), o la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en noviembre de 2017.

Esta última reconoce que los Estados tienen el deber y la obligación de reconocer la identidad de género de las personas, el derecho de las personas a modificar su componente de sexo, su nombre e imagen en los documentos de identidad a través de procesos administrativos, y además tienen el deber de reconocer el matrimonio y las familias compuestas por parejas del mismo sexo.

No obstante, Carlos Quesada señaló que por parte de las organizaciones de la sociedad civil “todavía falta mucha capacitación técnica para poder usar el Sistema Interamericano y el Sistema Universal”.

“Como reto, tenemos que capacitarnos sobre cómo usar las legislaciones nacionales pero además cómo usar el sistema interamericano de protección y el sistema universal para la defensa de la población LGBT”.

Retrocesos en legislación

En Panamá, expuso Iván Chanis Barahona de la Fundación Iguales, “no hay una ley, una política pública que reconozca a las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales o intersex”, y la única ley de discriminación no incluye personas LGBTI.

Recientemente, según Chanis, la negación por parte de las autoridades panameñas a inscribir tres matrimonios igualitarios realizados en el exterior, provocó que se empezara a discutir el tema en ese país, lo que incluso ha sido debatido por los candidatos presidenciales de las elecciones de 2019. “Panamá es un país que siempre ha respetado los derechos humanos y el Sistema Interamericano, pero ahora a la gente no le gusta la Corte (IDH) por la opinión consultiva sobre derechos LGBTI”.

“Los Estados, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en el Caribe, han fallado en el mundo moderno para proteger sus democracias al mantener políticas totalmente discriminatorias hacia la población LGBTI”, enfatizó Chanis.

Sobre el caso específico de Honduras, Banegas refirió que en el nuevo Código Penal se penalizó de forma más leve la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y prohíbe el matrimonio igualitario. Asimismo, en una reciente reforma al Código de la Niñez se estableció que las personas de mismo sexo no pueden adoptar niños. “En Honduras las legislaciones se van acomodando con el fin de ir bloqueando los derechos de las personas LGTB”, denunció el activista.

No obstante, señaló que actualmente están trabajando en una “Ley de Igualdad y equidad”, un instrumento legal que podría brindar más protección a los derechos de la población LGBTI en Honduras si es aprobada por el Congreso.

Comunicado Público: Continua crisis en Nicaragua

Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

Defensores de derechos humanos expondrán en Ginebra la evolución de la crisis en Nicaragua

Washington. D.C, noviembre 20, 2018 – La crisis actual de derechos humanos en Nicaragua,  que inició  desde hace siete meses producto de la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, será expuesta en Ginebra el próximo 28 de noviembre en el marco del conversatorio “Crisis de derechos humanos en Nicaragua”con el objetivo de visibilizar sus consecuencias y permanencia, ahora con la prohibición de las manifestaciones cívicas y la judicialización de cientos de protestantes, estudiantes y activistas que han sido apresados por participar en protestas y están siendo sometidos a juicios en los que se irrespetan  las garantías del debido proceso.

En el conversatorio organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), participarán defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes desde su experiencia durante la crisis relatarán sus propias vivencias y los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo su labor.

Especial énfasis tendrá en el conversatorio la situación de injusticia e indefensión a la que se enfrentan poblaciones tradicionalmente discriminadas como son las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidad LGBTI, quienes han sido reprimidos por defender la democracia y reclamar justicia y respeto a los derechos humanos.

También se referirán a la situación  que enfrentan  cientos de presos y presas políticas, quienes han denunciado torturas y malos tratos en las cárceles y centros de detención. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de los 602 ciudadanos apresados hasta el 14 de noviembre por participar en las protestas, 563 son hombres y 50 mujeres, de las cuales 4 son mujeres transgénero.

La imagen de la “normalidad” que intenta establecer el Gobierno nicaragüense tanto  a nivel nacional como internacional, contrasta diametralmente con la visión que proporcionarán los defensores de derechos humanos respecto a que realmente,  en Nicaragua, “nada está normal”, pues las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades son sistemáticas  y permanecen en la impunidad.

Nicaragua será evaluada por el Examen Periódico Universal en 2019. Dicha revisión ofrecerá a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional una importante oportunidad para incidir en resolver de forma pacífica, la crisis que hoy agobia a los y las nicaraguenses.

#VenezuelaMigra: Organizaciones de Sociedad Civil lanzan Plan de Acción para proteger a personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela

WASHINGTON, DC, 16 de noviembre de 2018.-  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos como parte de las organizaciones pertenecientes al Grupo de Movilidad Humana Venezolana, hemos seguido desde inicios del año con preocupación la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela. Hicimos un llamado a una respuesta regional el pasado 22 de agosto y aportamos criterios claros para ello en nuestra declaración del 19 de septiembre de este año.

A pesar de los esfuerzos adelantados hasta el momento, hemos notado que aún falta una mayor eficacia y coordinación en la respuesta regional en distintos espacios nacionales e internacionales. Hasta la fecha, todavía impera en el continente poca claridad en los protocolos idóneos para responder a las necesidades de  tres millones de personas migrantes y refugiadas de Venezuela, que cumpla con estándares internacionales de protección de derechos humanos y una ayuda humanitaria integral.

Mientras tanto, continúan incrementando las situaciones contrarias a la dignidad humana que muchas personas migrantes y refugiadas enfrentan en todas las etapas de su desplazamiento. Así mismo, las necesidades específicas de aquellos migrantes y refugiados/as pertenecientes a grupos en situaciones de vulnerabilidad o que sufren de actos violentos y discriminatorios de forma diferenciada se han agudizado.

A la luz de ello, el Grupo de Movilidad Humana Venezolana -del que hace parte El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos desarrolló el Plan de Acción de Sociedad Civil sobre Personas Provenientes de Venezuela que Requieren Protección Nacional e Internacional , el cual establece una hoja de ruta para responder de manera coordinada a esta situación.

 El documento aborda las acciones específicas requeridas por parte de todos los actores involucrados, clarifica las obligaciones estatales, hace recomendaciones a los Estados, establece nuestros compromisos como sociedad civil, recomendaciones a otros miembros de sociedad civil de toda la región y brinda recomendaciones a organismos internacionales y otros aliados internacionales. Todo lo anterior respecto a los siguientes ejes centrales:

  1. La correcta caracterización jurídica de las personas migrantes y refugiadas, las obligaciones estatales en torno a ambos, la aplicación de la Declaración de Cartagena en el contexto venezolano y los mecanismos de estadía regular.
  2. Las acciones transversales y con enfoque diferencial que requieren los grupos poblacionales en quienes convergen múltiples factores de discriminación como: género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros.
  3. Las acciones requeridas en cada etapa del desplazamiento –acceso al territorio y garantía de derechos en comunidades de acogida, hasta soluciones duraderas.

Finalmente se propone una estrategia regional de monitoreo e incidencia que reúne a todos los actores involucrados en el desarrollo de respuestas ante la situación de personas venezolanas en contexto de movilidad humana.

Confiamos en que este documento será de utilidad para todos los actores involucrados en responder con un enfoque centrado en los derechos humanos ante esta crisis; otras que se presentan en la actualidad, así como futuras crisis de migrantes y personas refugiadas que se puedan presentar en la región. Así mismo, esperamos se puedan implementar con cautela las propuestas que involucran a grupos en alto estado de vulnerabilidad como es el caso de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBTI y personas afrodescendientes.

Para más información sobre el Grupo de Movilidad Humana Venezolana visitar: www.movhuve.org

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