Foro Permanente de los Afrodescendientes de la ONU: Raza e Igualdad y OSCs brasileñas reafirman su compromiso de combatir el racismo sistémico

Foro Permanente de los Afrodescendientes de la ONU: Raza e Igualdad y OSCs brasileñas reafirman su compromiso de combatir el racismo sistémico

Brasil, 23 de deciembre de 2022 – Entre el 5 y el 8 de diciembre, el primer período de sesiones del Foro Permanente de los Afrodescendientes tuvo lugar en Ginebra (Suiza). Creado a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021, el propósito de este mecanismo consultivo es contribuir a combatir el racismo y consolidar los derechos de la población negra, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) estuvo presente en el Foro con organizaciones brasileñas co-partes, entre ellas: la ONG Criola, Ilê Axé Omiojuaro, Geledés – Instituto de Mujeres Negras y la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

La creación de este Foro era algo esperado entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, por lo que su realización fue celebrada por todas las personas presentes. El evento contó con la presencia de Epsy Campbell Bar, Presidenta del Foro Permanente y ex Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, Vicepresidenta de Colombia y Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La mesa de apertura estuvo presidida por la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Foro contó con más de 900 personas (virtuales y presenciales), con casi 700 personas presentes durante cuatro días de intensos debates, incluyendo activistas de derechos humanos, expertos de las Naciones Unidas, actores estatales y sociedad civil de varios países que actúan por los derechos de la población negra.

La convención se llevó a cabo a través de paneles temáticos, reuniones y también contó con 27 eventos paralelos. De este modo, fue posible identificar los temas prioritarios en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, pero también compartir estrategias de buenas prácticas entre la sociedad civil. Los principales debates tuvieron lugar en torno a la lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial; la inclusión de los afrodescendientes en la agenda de desarrollo sostenible – el caso de la justicia climática; la necesidad del derecho a la reparación; la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes; la necesidad de equidad para todos, destacando la necesidad de interseccionalidad para comprender las diversas formas de discriminación racial, con énfasis en los derechos de las mujeres, los jóvenes, personas LGBTI+ y migrantes.

El último día, el debate giró en torno al futuro del Foro Permanente. Todos los paneles contaron con la participación de líderes de la sociedad civil presentes, a través de declaraciones sobre los temas propuestos. Cabe señalar que la Declaración de Durban y su Plan de Acción fueron mencionados continuamente por todos los presentes. Además, aproximadamente 300 personas pudieron presentar sus contribuciones para colaborar con la construcción del Foro. El evento también contó con actividad cultural, a través de la presentación del grupo “Escuelita del Ritmo”, de Panamá, y el Grupo “Ubufakazi Besoweto”, de Sudáfrica.

Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña participaron en los debates, incluidas las OSCs co-partes de Raza e Igualdad en Brasil. Este grupo tuvo la oportunidad de denunciar el racismo en los cuerpos de las mujeres cis y trans, la mortalidad materna, el racismo sistémico en el sistema de justicia, la importancia de combatir el racismo religioso y reivindicar el compromiso del Foro con las mujeres trans negras. Por Raza e Igualdad, estuvieron presentes el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa de Raza y Género en Brasil, Leilane Reis. En su intervención,  Leilane Reis destacó la importancia de la interacción de la futura Declaración de las Naciones Unidas con la Convención Interamericana contra el Racismo, enfatizando que los Estados presentes que se han comprometido a ratificar e implementar el documento cumplan esta promesa en pos de la lucha efectiva contra el racismo.

Como cierre de los cuatro días de trabajo, luego del intenso proceso de escucha, el Relator Michael Eachrane señaló algunas observaciones preliminares al Plan de Trabajo del Foro con miras a los próximos tres años, además de resaltar la necesidad de extender el Decenio de los Afrodescendientes hasta 2034. La próxima reunión tendrá lugar en mayo de 2023 en Nueva York. Raza e Igualdad celebra la implementación del Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes, y planea contribuir a todas las oportunidades de construcción colectiva, siempre llamando a la participación de la sociedad civil y activistas afrodescendientes para la lucha efectiva por los derechos humanos.

Convulsión social: Perú registra 25 muertes y más de 300 personas heridas durante protestas

La CIDH se encuentra en el país recabando información y llevará a cabo una segunda visita en enero del 2023.

Lima, 20 de diciembre de 2022.- Perú vive una crisis política y social convulsionada por protestas en 16 regiones del país que demandan principalmente el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Algunos sectores de la sociedad exigen que esto se realice través del adelanto de elecciones generales con la aprobación previa de reformas políticas que garanticen la amplia representatividad del país y la renovación de la clase política. Otras consignas que se escuchan son por una Asamblea Constituyente y por la libertad del expresidente Pedro Castillo.

El 7 de diciembre, Castillo fue detenido por la policía nacional inmediatamente después de intentar dar un golpe de Estado. Mediante un mensaje a la nación declaró “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución”. También ordenó la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Actualmente, Castillo está siendo investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, mientras se encuentra en prisión preventiva dictada por 18 meses.

Aunque las manifestaciones comenzaron con su detención, el descontento de la población viene desde mucho antes. De acuerdo con la encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para noviembre de este año, el Congreso de la República y del Ejecutivo tenían 86% y 61% de desaprobación, respectivamente.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

Muertes y personas heridas en protesta

La violencia policial y militar en las protestas ha provocado la muerte de 25 personas (entre ellas adolescentes y estudiantes en etapa escolar) y más de 300 personas heridas, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. El número más alto de pérdidas humanas se registró en las regiones del sur andino del país, en especial Ayacucho (9), la región que sufrió más violencia en la época del terrorismo y la tercera más pobre; le siguen Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1).

También, se han reportado toma de aeropuertos, incendios de entidades públicas, daños a propiedades privadas, atentados a medios de comunicación y periodistas, policías heridos y en situación de secuestro que actualmente ya se encuentran en libertad.

Fuente: Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud.

Estado de Emergencia y toque de queda

Inicialmente, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y actualmente asume la Presidencia de la República, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de Apurímac, región que registra 6 muertes; sin embargo, a causa de la magnitud de las movilizaciones, desde el 14 de diciembre, lo declaró en todo el país por 30 días. En Perú, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, como lo indica el Decreto Supremo 143-2022-PCM; lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones del país, se pronunció enfáticamente condenando la violación sistemática de los derechos humanos y exigiendo el levantamiento del Estado de Emergencia y la restitución de garantías individuales. Además, deploró que el Estado no haya dado explicaciones sobre la investigación de las muertes de manifestantes.

“Cuando hay Estado de Emergencia el control de la fuerza pública es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concurren en apoyo a ella. Aún en Estado de Emergencia el uso de las armas letales es la última opción”, señaló por su parte Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.

Además del estado de excepción, el gobierno declaró toque de queda en algunas provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho desde el 16 de diciembre.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

Detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales

A lo largo de los 13 días de protestas[1], los manifestantes han registrado y denunciado por redes sociales abusos, represión y uso de armas letales por aire y tierra por parte de efectivos policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Apurímac. La CNDDHH, la Coordinadora 14N y otras organizaciones y colectivos de derechos humanos han estado trabajando en la recopilación y difusión del material gráfico probatorio para apoyar las denuncias ciudadanas. Además, han seguido caso por caso las detenciones arbitrarias -muchas de estas realizadas por policías sin identificación vestidos de civil- para llevar asistencia legal a las personas detenidas.

Por otro lado, el sábado 17 de diciembre, un operativo policial de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) irrumpió en los locales de la Confederación Campesina de Perú (CCP) y del Partido Nuevo Perú (NP) en el centro de Lima, donde se alojaban solidariamente 26 campesinos quechuahablantes que llegaron a la capital desde diferentes provincias para continuar protestando. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, informó tras su salida del local que el allanamiento arbitrario se realizó sin presencia de la Fiscalía, sin defensa legal ni intérpretes, como corresponde por ley. Además, alertó sobre la siembra de pruebas por parte de la Policía para inculpar a los campesinos. Dirigentes campesinos rechazaron el actuar policial y las acusaciones de terrorismo de la DIRCOTE: “Lamentablemente, en mi pueblo ¡cuántos muertos! Por eso, venimos acá. No somos terroristas, yo soy licenciado, yo he servido a mi patria”, dijo entre lágrimas un dirigente social de provincia.

“Recordamos que el Estado de Emergencia no suspende el derecho al debido proceso. Es necesario que se respete el derecho a la defensa y, de ser el caso, a un intérprete”, señaló Amnistía Internacional Perú a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, solicitó a las autoridades respetar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, quienes históricamente han sido víctimas de las inconsultas decisiones políticas.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

La CIDH visitará el Perú

Más de 180 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional y el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, a través de un comunicado solicitaron la presencia conjunta en territorio peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La CIDH anunció su visita técnica y preparatoria a Lima y a otras zonas del país del 20 al 22 de diciembre, y una posterior visita del Relator por país en enero del próximo año. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y su equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.

“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.”, expresó la CIDH en un comunicado de prensa. Además, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que las graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo sanciones a las personas responsables.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, también expresó su preocupación ante la escalada de tensiones en el contexto de las protestas en Perú. “Como dice la Resolución 50/17 del CDHNU: Incluso en Estados de Emergencia, los Estados deben garantizar que toda medida restrictiva sea conforme con el derecho internacional de DDHH”, señaló.

Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Perú, también se pronunció condenando las muertes ocurridas y solidarizándose con las familias de las víctimas. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, señaló.

Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos

Raza e Igualdad se suma al llamamiento de organismos de derechos humanos para levantar el Estado de Emergencia en Perú e investigar exhaustivamente en el fuero común las muertes, abusos y demás violaciones a la seguridad e integridad de la población peruana.

Recordamos la obligación del Estado peruano de garantizar y respetar el derecho a la vida, integridad personal y a la protesta de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Insistimos en que debe parar la violencia policial y militar; en su lugar, el Estado tiene el deber utilizar los canales democráticos para atender las demandas de su población y encontrar una salida a la crisis política y social sin que más vidas sean afectadas.

[1] Contabilizados desde el 7 de diciembre del 2022.

Raza e Igualdad y contrapartes participan en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden

Colombia, 6 de diciembre del 2022.-El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de expertos independientes para promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley (EMLER). 

El Mecanismo surgue como resultado del lamentable caso de George Floyd en Estados Unidos. EMLER es una nueva instancia creada al interior de las Naciones Unidas en 2021 en el marco de la Resolución 47/21 y tiene el objetivo de establecer recomendaciones y seguimiento a las medidas que garanticen la rendición de cuentas, acceso a justicia y acciones en contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden contra personas afrodescendientes a nivel global.  

  Durante la consulta, Raza e Igualdad y sus contrapartes realizaron énfasis  ante el mecanismo en las siguientes recomendaciones: 

  • Medidas de reparación con enfoque étnico-racial y reconociendo interseccionalidades claves tales como género, orientación sexual o identidad de género, religión, y condición de migrante para víctimas de violencia policial racista. 
  • Garantizar el acceso a la justicia personas afrodescendientes que han sido víctimas de violencia policial racista. Además, garantizar la rendición de cuentas por los casos de violencia policial contra personas afrodescendientes, por el cual, se instó a la creación de una Mesa de las Américas para la Evaluación y Monitoreo con los Estados sobre Casos Sentenciados a Favor de Población Afrodescendiente entorno a Violencia Policial. 
  • Crear mecanismos de medición de casos de violencia policial que tengan la variable étnico-racial, la identidad de género y la orientación sexual.  
  • Garantizar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes y las organizaciones que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica por parte de la fuerza pública durante el Paro Nacional en Colombia. 
  • Fortalecer las legislaciones para garantizar la penalización adecuada de actos racistas y de discriminación racial, así como de omisiones, cometidos tanto por individuos, el sector privado y el sector estatal Procesos de formación y monitoreo en contra del racismo en la Fuerza Pública. 
  • Recalcar los peligros de la inteligencia artificial en este campo. 
  • Ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 

Esta consulta se realizó del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago, Chile, en el cual se convocaron a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Mecanismo se reunió con los Estados seleccionados, Fuerza Pública, Institutos Nacionales de Estadísticas, organismos de control, víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 

En el marco de la consulta, participaron presencialmente organizaciones de la región que trabajan con el Raza e Igualdad para promover y garantizar los derechos de personas afrodescendientes, tales como, la Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca -ASOGROVALLE (Colombia), Instituto Marielle Franco (Brasil), Geledés (Brasil), Movimento Mães da Chacina de Osasco Barueri (Brasil) y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP).   

Paola Quiñones, lideresa social y defensora de derechos humanos de la organización Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN señala que esta primera consulta del Mecanismo en América del Sur:   

  “Me permitió manifestar la situación vivida durante el estallido social, pero también me permitió la oportunidad de conocer procesos fuertes dolorosos, que esa empatía me permite ver el genocidio Afro que han vivido en otros países, racismo sistémico, perfilamiento racial dentro del sistema de justicia, donde necesitamos verdad, justicia y no repetición, donde solicitamos exhaustivamente no se vuelva a repetir más en las comunidades afrodescendientes” 

Finalmente, es importante indicar que esta primera consulta realizada por el Mecanismo fue un espacio para intercambiar acciones que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes adelantan en contra de la violencia policial racista y el racismo sistémico en la región. También fue un espacio para identificar que acciones están desarrollando los Estados, generar recomendaciones y medidas en contra del racismo adentro de la Fuerza Pública y en todo el sistema de justicia.    

La información recolectada permitirá al Mecanismo en su redacción de informes, la identificación de buenas prácticas y creación de lineamientos para seguimiento a futuros pasos. De parte de Raza e Igualdad, continuaremos apoyando a nuestras contrapartes para que fortalezcan su dialogo con el Mecanismo y continúen documentando casos de perfilamiento y violencia policial racista.  

El Experto Independiente sobre OSIG visitó Perú con el apoyo de Raza e Igualdad

En Perú, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, se reunió con autoridades de Estado, estudiantes y organizaciones LGBTI+ de dos regiones del país para promocionar su mandato.

Del 21 al 26 de noviembre, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a Perú, la cual se llevó a cabo con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que estuvo representado por nuestra Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunió con diversas autoridades del Estado, estudiantes universitarios y organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos de Arequipa y Lima, dos regiones del país. El propósito fue brindar información sobre las funciones del mandato, el trabajo que realiza y sus alcances; además de escuchar y conocer la situación de las personas LGBTI+ en el país.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en una de las reuniones con organizaciones LGBTI+ en Lima, Perú.

Cabe mencionar que el mandato del EI OSIG se creó en el 2016 gracias al trabajo de incidencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, a fin de que las Naciones Unidas reconozca la orientación sexual e identidad de género como ejes fundamentales en el trabajo de análisis del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para conocer más acerca de la labor del mandato y acceder a los informes ingresa al portal web oficial.

Diálogo con la sociedad civil

Arequipa fue el primer lugar que visitó el mandato del EI OSIG en Perú. Aquí, representantes de organizaciones transmasculinas, lesbianas y gays conversaron sobre los problemas que enfrentan debido a su orientación sexual e identidad de género y sobre los estigmas hacia las personas LGBTI+ que se generan a partir del sistema heteropatriarcal y de grupos antiderechos y conservadores.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en la reunión con organizaciones LGBTI+ en Arequipa, Perú.

En tanto, en Lima, Madrigal-Borloz participó cuatro reuniones temáticas: a) discriminación, violencia y acceso a la justicia; b) data; c) salud y Educación Sexual Integral, e d) identidad de género. Todas ellas dirigidas al diálogo con diversos colectivos y organizaciones civiles de derechos humanos de personas LGBTI+. Como se sabe, Perú es uno de los países de la región andina que no cuenta con una ley de identidad de género, por lo que no existe un procedimiento administrativo que facilite el cambio legal del nombre y la categoría “sexo” en el Documento Nacional de Identificación (DNI). Por el contrario, las personas trans deben litigar vía judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el cual apela constantemente las resoluciones favorables y acorde a los derechos humanos de las personas trans. Puede ver la entrevista que Raza e Igualdad le realizó a Bruno Montenegro, coordinador de Fraternidad Transmasculina, sobre el tema.

En el país también se registra un caso emblemático en la lucha por el reconocimiento de las parejas diversas, ya que esa misma entidad se niega a registrar en el DNI de un niño los nombres de sus dos mamás, una pareja de esposas lesbianas; puede leer más aquí. En cuanto a la discriminación y violencia contra personas LGBTI+, los sistemas de registro del Estado no tienen la categoría ‘orientación sexual e identidad de género’, por lo que no existen bases con datos desagregados que den cuenta sobre el número de personas LGBTI+ violentadas.

Jóvenes del derecho

El Consultorio Jurídico UNICXS, un proyecto de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ofrece asesoría legal gratuita en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, invitó a Madrigal-Borloz a dar un taller para conversar sobre su mandato, la criminalización de las personas LGBTI+ alrededor del mundo y la tarea de garantizar los derechos humanos de todas las personas.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en el taller para integrantes del Consultorio Jurídico Unicxs, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima.

Asimismo, el mandato del EI OSIG también se reunió con diversas autoridades de Estado peruano, entre ellas el canciller peruano, Cesar Landa, y con la congresista de la República, Susel Paredes.

Raza e Igualdad, reafirma el apoyo al mandato del Experto Independiente en aras de contribuir a la visibilización y respeto de los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, continuará promoviendo sus visitas a los países de la región para que activistas y colectivos LGBTI+ conozcan la labor del mandato y colaboren con sus acciones de documentación y análisis.

Comité de Derechos Humanos de la ONU llama al Estado de Nicaragua a abstenerse de cancelar personalidades jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, cesar torturas contra personas privadas de libertad e investigar casos de violencia contra mujeres

Washington D.C., 7 de noviembre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CCPR, por sus siglas en inglés), hizo amplias observaciones sobre el cuarto informe periódico presentado por  Nicaragua, analizado en la revisión el pasado 19 de octubre de 2022. 

El Comité emitió 17 recomendaciones sobre diferentes temáticas, entre ellas: la independencia del Poder Judicial, muertes por violencia policial, la situación de las personas prisioneras en las cárceles de Nicaragua, la libertad de expresión, violencia contra las mujeres, situación de los pueblos indígenas y libertad de asociación. 

Sobre este último punto, el Comité dijo que el Estado de Nicaragua debe “abstenerse de cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, grupos de oposición y asociaciones profesionales; entre estas  asociaciones médicas, universidades y entidades vinculadas con la Iglesia católica; por ejercer legítimamente sus derechos y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer esas organizaciones y restituirles sus bienes”. 

Desde 2018 hasta inicios de noviembre de 2022, el Comité registró el cierre de 1880 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, muchas de ellas imposibilitadas de presentar la documentación requerida por los obstáculos encontrados en el Ministerio de Gobernación a raíz de la aprobación de la Ley Especial de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020.

“Abstenerse de imponer régimen de aislamiento” a las personas detenidas 

El Comité ha recordado que las familias de personas privadas de libertad por motivos políticos han expresado que entre quienes se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, hay quienes padecen enfermedades crónicas que no reciben la atención especializada en salud que requieren. Desde hace 73 días, las personas que se encuentran en ese centro de detención no han recibido ninguna visita de sus familiares y se desconoce información sobre las condiciones en que se encuentran.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en “El Chipote”, hay por lo menos 50 personas detenidas.

El Comité dijo que el Estado debe “abstenerse de imponer el régimen de aislamiento, salvo en las circunstancias más excepcionales y por períodos estrictamente limitados, cuando sea objetivamente justificable y proporcionado”, conforme las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela).

También mostró preocupación sobre el nivel de hacinamiento de personas que hay en cárceles como “La Modelo” o la cárcel de mujeres “La Esperanza”, así como lo que considera una “deficiente atención de salud” en centros penitenciarios como “El Chipote”. Además, recomendó que se realice una supervisión estricta de los procedimientos de visitas, “velando por que los registros invasivos sólo se efectúen en casos excepcionales, de la manera menos intrusiva posible y respetando plenamente la dignidad de la persona y su identidad de género”. 

Esta recomendación  surge a raíz de las denuncias que refieren que a los familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos  se les somete a revisiones invasivas y tocamientos indebidos cuando se autorizan visitas en los centros de detención. 

Estas prácticas violatorias de los derechos humanos también se han realizado en contra de menores de edad, a quienes se les han impedido  visitas frecuentes a sus familiares en la cárcel por largos periodos de tiempo y en general, no se les ha permitido comunicación alguna.

Que se enjuicie a autores de torturas y muertes en cárceles 

El Comité también mostró preocupación por las constantes denuncias de torturas que se han divulgado en Nicaragua y que ocurren tanto al momento de la detención como las que suceden en las cárceles y centros de detención. 

Además, recomendó que se investiguen de forma rápida, exhaustiva, eficaz, independiente e imparcial “todas las denuncias de tortura y malos tratos y las muertes durante la detención”. 

Esto último, porque desde las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Nicaragua desde abril de 2018, se registraron dos muertes de personas detenidas; Eddy Montes, ciudadano estadounidense que falleció de un disparo en circunstancias todavía no investigadas por las autoridades nicaragüenses, y Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en circunstancias aún sin esclarecer derivadas de la falta de asistencia a su salud y las condiciones de detención.

La recomendación del Comité es que estas investigaciones deben realizarse de conformidad con el Manual para las investigaciones y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), “así como (investigaciones) de todos los actos de violencia cometidos por la policía y los funcionarios de prisiones durante la detención, en las comisarías de policía y en centros de privación de libertad, velando por que se enjuicie a los autores y se les castigue debidamente si son declarados culpables y por que las víctimas reciban una reparación integral”.

Investigar casos de violencia contra las mujeres 

Teniendo en cuenta que en Nicaragua, según estadísticas de organizaciones de defensa de las mujeres, más de 42 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidios desde enero hasta agosto de 2022, 15 de esos casos se mantienen en la impunidad dentro del país,  el Comité también recomendó al Estado de Nicaragua que se garanticen las investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres “rápida y eficazmente”, y que los autores de esos crímenes sean llevados ante la justicia. 

Además, exhortó al Estado a  hacer enmiendas a la Ley 779, Ley de Violencia Contra las Mujeres, de modo que “se mantenga la jurisdicción especializada en materia de violencia contra la mujer en todo el territorio del Estado parte y se armonice la definición de feminicidio con las normas internacionales”. 

Derecho a un juicio imparcial 

El Comité también mostró preocupación por las “vulneraciones de las garantías procesales”, y en particular, se refirió a la utilización de tipos penales ambiguos durante investigaciones y enjuiciamientos. 

“El Comité también está preocupado por la falta de acceso efectivo a la asistencia jurídica de las personas detenidas, en especial, inquietan las denuncias sobre los obstáculos que enfrentan los abogados para acceder a las audiencias judiciales, a los expedientes del caso y a comunicarse libremente y en privado con sus defendidos”.

Además el Comité recomendó  que los abogados puedan asesorar y representar a las personas acusadas de delitos sin obstáculos, expresando que se debe “promover que el Ministerio Público inste la puesta en libertad inmediata de las personas detenidas a raíz de la crisis sociopolítica iniciada en 2018”.

Preocupa violencia contra pueblos indígenas 

Adicionalmente, el Comité expresó su preocupación por los reportes de que algunos pueblos indígenas han sido víctimas de actos de violencia tras la invasión de colonos a sus territorios. 

En este sentido, recomendó al Estado, “redoblar sus esfuerzos para prevenir conflictos sobre el uso de la tierra, entre ellos la facilitación de garantías en relación con las tierras que tradicionalmente han sido propiedad de los pueblos indígenas o que han estado ocupadas por estos”. 

“De conformidad con el artículo 75, párrafo 1, del reglamento del Comité, se solicita al Estado parte que facilite, al 4 de noviembre de 2025, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 6 (marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto), 30 (derecho a un juicio imparcial) y 40 (participación en asuntos públicos)”.

Comité dará seguimiento a recomendaciones 

El Comité de la ONU también dará seguimiento a tres recomendaciones realizadas: la divulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité, el Estado parte recibirá del Comité en 2028 la lista de cuestiones previa a la presentación de informes y se espera que presente dentro de un año sus respuestas a la lista de cuestiones. 

Pronunciamiento 

Tanto a Raza e Igualdad como al CCPR Centre, nos preocupa profundamente la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales y la nula cooperación que ha brindado en los últimos años a pesar de las reiteradas solicitudes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas detalladas para el proceso de la revisión que motiva este comunicado.

El Estado de Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales y ayudar a buscar una salida a la crisis que inició desde el año 2018. Estas soluciones deben estar encaminadas hacia un respeto estricto a los derechos humanos, el diálogo y el derecho internacional. 

La crisis en Nicaragua, que se ha extendido durante 4 años, por la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para encontrar una solución pacífica, continúa provocando exilio, detenciones arbitrarias y falta de juicios imparciales acordes a las normas internacionales. 

Reconocemos y apoyamos a todas las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses que desde Nicaragua o desde el exilio continúan desarrollando su labor en defensa de los derechos humanos y aportaron  al Comité información muy valiosa, e instamos al Estado de Nicaragua a aceptar y cumplir fielmente con sus obligaciones internacionales implementando las recomendaciones del Comité como corresponde. 

Comité de Derechos Humanos ONU: Ausencia de Nicaragua es “especialmente preocupante” ante el grave deterioro de derechos humanos

Washington D.C., 20 de Octubre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas convocó al Estado de Nicaragua a la revisión del IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por sus siglas en inglés), el 19 de octubre. El Estado Parte se ausentó al examen, “una situación desafortunada que ha surgido como consecuencia de la falta de respuesta de las comunicaciones”, según la Presidenta del Comité, Photini Pazartzis.

Para Pazartzis “es especialmente preocupante” que esta sea la cuarta ocasión consecutiva que el Estado de Nicaragua se niega a entablar un diálogo constructivo con órganos de tratados de las Naciones Unidas. El año pasado se negó a responder la lista de cuestiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. En julio de este año se ausentó al examen del Comité contra la Tortura (CAT) y lo calificó como una “provocación”; en agosto no asistió a la revisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y ahora lo hizo con el Comité de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos, de conformidad con su reglamento y con el apoyo de los informes alternativos enviados por organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales, procedió a discutir 29 cuestiones en ausencia del Estado, entre las cuales destacan: la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y comunidad LGBTI+; la situación de los derechos de las mujeres frente a la violencia, el uso excesivo de las fuerzas estatales para restringir libertades públicas, la falta de independencia judicial, entre otras.

Privación de Libertad por motivos políticos y falta de independencia judicial 

Actualmente, más de 219 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos, así como condiciones de detención precarias: hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.“Se continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos en las cárceles de El Chipote, La Modelo y La Esperanza… se ha proporcionado información sobre casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos en el contexto de las protestas, incluso tocamientos inapropiados y amenazas de violación”, dijo el Sr. Quesada.

Por otro lado, la Sra. Bassim lamentó que en febrero de 2022, se dio el fallecimiento bajo custodia del líder opositor Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital de forma tardía; asimismo, aseguró que “este fallecimiento ha obligado al gobierno a recurrir a las detenciones domiciliarias en casos muy precarios desde el punto de vista de salud”, sin embargo, las excesivas restricciones de las visitas familiares a personas que se encuentran en los centros de detención han traído como consecuencia que estas hayan iniciado huelgas de hambre que pueden afectar gravemente su salud. 

Posteriormente, el Sr. Carlos Gómez se refirió a los juicios y condenas contra personas detenidas en 2021 en el contexto de las elecciones generales, que dejan entrever la falta de independencia judicial. 

“Se celebraron a puertas cerradas, sin presencia de público, algunos de ellos en los mismos centros de detención… y no se permitió que estos acusados se entrevistas  con sus abogados hasta unos minutos antes”. Solo una de las condenas ha sido revocada en apelación y otras se encuentran pendientes de recurso de casación. “Este proceder sugiere una falta total de las garantías subjetivas de la jurisdicción, como son la independencia e imparcialidad del tribunal”, explicó Gómez.

Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas LGBTI+

Las estadísticas oficiales continúan careciendo de datos sobre la violencia y discriminación contra personas LGBTI+, lo que impide hacer una evaluación sobre la dimensión real de los problemas asociados; sin embargo, según la información recibida por el Comité, “mujeres trans privadas de libertad en el contexto de la crisis fueron recluidas en prisiones de hombres y sometidas a tratos discriminatorios y degradantes”. 

Sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Sr. Santos Pais aseguró “siguen siendo víctimas de discriminación estructuctural” que se refleja en los índices de pobreza, las condiciones de vida precarias y la persistente violencia y discriminación institucional. El Estado Parte “aún ha omitido realizar la última etapa del proceso, la etapa de saneamiento, de los 23 territorios titulados…que tendría como finalidad definir los derechos de terceros o colonos dentro de los territorios indígenas”, agregó.

Por otro lado, en relación a la violencia contra las mujeres y femicidios, el Comité observa con preocupación que la política pública desconoce los derechos de las mujeres y privilegia la protección a la familia, obstaculiza la denuncia y permite mediaciones que las podrían poner en mayor riesgo de femicidio. Asimismo, el gobierno no ha destinado fondos del Presupuesto de la República a albergues y ha cerrado al menos 176 organizaciones que garantizaban protección a víctimas de violencia doméstica y de género. El gobierno “confiscó sus bienes o canceló sus estatutos jurídicos”, explicó Santos Pais.

Uso excesivo de las fuerzas estatales e impunidad

“El Comité ha recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, particularmente con ocasión de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018”, así como de elementos armados progubernamentales o fuerzas de choque “que han actuado con el beneplácito de autoridades de alto nivel y de la Policía Nacional en ataques a manifestantes e incluso detenciones ilegales”, expuso el Sr. Quezada, experto del Comité de Derechos Humanos.

El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales durante las manifestaciones pacíficas del año 2018 ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 detenidas arbitrariamente.

En relación a esto, para la Presidenta del Comité, la Ley de Amnistía aprobada en julio de 2021, que concede inmunidad a los agentes estatales por las acciones que tomaron desde abril de 2018 hasta la fecha en la que se aprobó la ley “genera preocupaciones bastantes serias, incluidas preocupaciones relativas a la retroactividad”

Represalias contra periodistas, medios y personas defensoras de derechos humanos

Al menos 120 periodistas nicaragüenses se han exiliado por represalias del gobierno, al menos tres medios de comunicación han sido confiscados desde el año 2018, entre ellos Confidencial, La Prensa y 100% Noticias. En el presente año se han clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió el Sr. Gómez.

Seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos: el Gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por el supuesto delito de lavado de activos; y otros 3 periodistas fueron condenados por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. Por otro lado, “no se ha esclarecido el asesinato de periodista Ángel Gahona” en el contexto de la crisis de 2018, y el Comité ha recibido información de que tras la Ley de Amnistía del año 2019, este caso ha sido archivado. 

La Presidenta Pazartzis agregó que el Comité también tiene conocimiento del despojo de pasaportes a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

Deterioro grave de la situación de derechos humanos tras proceso electoral

“Resulta claro que, a la luz de la información recibida… sobre todo desde el 2018, y más recientemente durante las elecciones del 2021, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave”, dijo la Presidenta Pazartzis. 

Las elecciones generales del 2021 se dieron en un contexto de concentración de los poderes del Estado en el Ejecutivo y, según la Organización de Estados Americanos (OEA), “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Cabe destacar que, en mayo de 2021, una reforma a la Ley Electoral favoreció la hegemonía del partido actual de gobierno. Además, según registros de la sociedad civil, durante las votaciones hubo más de 2000 reportes de anomalías y se estima que hubo 81.5% de abstención. 

En este sentido, según el Comité, “es posible que el nuevo proceso electoral municipal de noviembre de este año seguirá un patrón similar al de las presidenciales de 2021”. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones expresadas en la Lista de Cuestiones proporcionada oportunamente al Estado. La plena cooperación de los Estados Partes en los diálogos es un componente clave para el cumplimiento de las obligaciones contraídas bajo el Pacto. Recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conlleva la obligación de remitir informes, participar de diálogos constructivos con el Comité y cumplir con las recomendaciones formuladas por este. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos, en Nicaragua. Su arduo trabajo y presentación de informes han hecho posible el examen y formulación de observaciones.

*El Comité emitirá sus observaciones finales durante el periodo de sesiones actual (10 de Octubre – 4 de noviembre) y las remitirá al Estado de Nicaragua.

Raza e Igualdad condena represalias del régimen de Nicaragua contra la Experta ONU Anexa Alfred Cunningham

Washington D.C., 12 de octubre de 2022.- En un acto inaceptable, el Gobierno de Nicaragua negó la entrada al país a la ciudadana nicaragüense y experta del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés), Anexa Alfred Cunningham, el pasado 9 de julio. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena este ataque contra la Sra. Alfred por su trabajo como defensora de derechos humanos, que también es un ataque hacia el EMRIP, las Naciones Unidas y  demás personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH). 

La Sra. Alfred Cunningham es una mujer indígena mískitu, abogada y experta en Derechos y Política Indígena, que se ha desempeñado como asesora de Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunales Indígenas en Nicaragua. Entre otros, la Sra. Alfred ha contribuido al proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua, y ha promovido diferentes reformas legislativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas en la legislación nicaragüense.

En abril de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la nombró miembro  del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por América Central y del Sur, cuyo mandato es asistir de forma especializada a los Estados Miembros en la consecución de los objetivos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y promover medidas concretas para que los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras entidades puedan adoptar para alcanzar su cumplimiento.

En julio, la experta viajó a Ginebra, Suiza, con el objetivo de llevar a cabo su primera misión oficial en la decimoquinta sesión del EMRIP. Al final de su gira, la línea aérea no le permitió abordar el avión hacia Nicaragua informándole que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no autorizó su entrada al país. Esta decisión del régimen, entre otras cosas, violenta el artículo VI, sección 22, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades, que otorga a las personas expertas nombradas por el CDH “prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones, incluido el tiempo necesario para viajar en relación con ellas”.

Frente a esta grave situación, el pasado miércoles 28 de septiembre, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, expresó que ha solicitado “en numerosas ocasiones aclaraciones sobre la situación, así como la cooperación del Gobierno de Nicaragua para rectificar el asunto”; sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta, “ni las garantías del Gobierno de que la señora Cunningham podría regresar a Nicaragua”. Esto indica un “acto de represalia”, aseguró Villegas. 

Por su parte, en una entrevista a Raza e Igualdad, la Sra. Alfred Cunningham expresó que la prohibición de retornar a su país se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el gobierno de Nicaragua para reprimir y castigar a voces disidentes. “Lo hemos visto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales… y los pueblos indígenas y afrodescendientes no estamos exentos de esto”. 

Asimismo, lamentó que el régimen le impida cumplir su mandato en Nicaragua, pues “el EMRIP tendría la capacidad técnica y especializada de asesorar al Estado para poder cumplir con la fase del proceso de saneamiento, entendiendo que este es un derecho que está reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y en todos los instrumentos de derechos humanos en materia de Pueblos Indígenas de los que Nicaragua es parte”. 

“Sabemos que es un proceso que no se ha cumplido y ha generado una serie de irregularidades que afecta los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua”, explicó a Raza e Igualdad.

Finalmente, Alfred llamó al gobierno de Nicaragua  a responder las comunicaciones que ha enviado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre su caso, así como a rectificar su decisión y abrir las vías de comunicación con la comunidad internacional y los sectores nacionales. 

“Yo creo que todavía está a tiempo de reaccionar y rectificar esta grave decisión… El aislamiento no es la solución para salir de esta crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua. Es necesario abrir un canal de comunicación, solo de esa manera vamos a poder salir de esta crisis”, finalizó.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda solidaridad hacia la Sra. Anexa Alfred Cunningham y su familia. 

Condenamos este grave ataque sin precedentes hacia una experta de Naciones Unidas, el cual atenta contra los privilegios e inmunidades diplomáticas que Nicaragua y demás Estados Miembros se han comprometido a respetar.

Recordamos que esta es una violación directa al Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:“Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, que además, conlleva afectaciones múltiples de otros derechos como: el derecho a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional -incluidos el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- para que condenen la actuación de Nicaragua e insten al Estado a rectificar su decisión y asegurar condiciones para el retorno seguro de la Sra. Alfred y su familia; y soliciten investigaciones, juicios y sanciones para todos los responsables, así como reparación por todas las violaciones y abusos sufridos.

No cesamos en exigir al Estado  de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el restablecimiento de una cooperación significativa con la comunidad internacional. El pueblo de Nicaragua necesita que se realicen investigaciones que garanticen justicia, reparación y no repetición de las violaciones y abusos a los derechos humanos que se continúan cometiendo en el país. 

La investigación y rendición de cuentas de estas violaciones que -como ha mencionado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH- deben considerarse crímenes de lesa humanidad, son requisitos indispensables para combatir la impunidad y superar la grave crisis de derechos humanos. 

Esperamos que el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 49/3, continúe con esta importante labor.

Hacemos un llamado al Estado de Cuba para garantizar los derechos humanos de sus habitantes, tal y como lo aseguró en el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos

Washington D.C., 12 de octubre de 2022 – En el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Ginebra entre el 12 de septiembre y 7 de octubre de 2022, el embajador y representante permanente cubano ante Naciones Unidas, Juan Antonio Quintanilla, planteó que “Cuba seguirá siendo un ejemplo y continuará avanzando en la promoción y protección de derechos humanos”[1]. Además, resaltó como avances nacionales la aprobación de la Ley de Ejecución Penal, del Código Penal y de la Ley de los Tribunales Populares que a su criterio “fortalecen aún más los derechos y garantías de las personas”[2]; y afirmó que “desde 1959, en Cuba no se producen desapariciones forzadas bajo ningún concepto ni circunstancia”[3]. En una de sus intervenciones también pidió a la comunidad internacional trabajar para “[superar] los desafíos globales y el logro de un orden internacional democrático y equitativo”[4].

Frente a estas declaraciones, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), como organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con diversos actores locales en América Latina, y conocedor de la situación que enfrentan los habitantes de la Isla, considera importante realizar la siguiente reflexión:

Primero, la afirmación que Cuba es un referente en el respeto, promoción y protección de derechos humanos está alejada de la realidad. En Cuba se producen de manera sistemática violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes, como lo han reconocido en varias ocasiones los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, incluidos los Órganos de los Tratados[5], Procedimientos Especiales de Naciones Unidas[6] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[7] (CIDH).

Actualmente, ante la pasividad del Estado cubano, sus habitantes enfrentan una crisis energética[8] desde hace varios meses, que ha agudizado la situación económica precaria y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, impidiéndoles el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)[9]. Se registra un aumento masivo de casos de dengue que han provocado el colapso del sistema de salud debido a la ausencia de medicinas e insumos necesarios para enfrentar esta enfermedad, así como la falta de protocolos y datos sobre el número de casos y muertes[10]. También preocupan las escasas acciones de prevención por la falta de combustible para fumigar contra el mosquito Aedes aegypti y la limitada información pública que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información[11]. Si bien esta situación impacta en todo el país, lo hace en forma diferenciada en los grupos en situación de particular vulnerabilidad como mujeres, niños/as y adolescentes, afrodescendientes, personas adultas mayores, comunidad LGBTI+ y otros.

A la par, las violaciones a los derechos civiles y políticos continúan. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el hostigamiento, represión y criminalización contra quienes disienten se ha profundizado. De acuerdo con la sociedad civil en el marco de las manifestaciones del 11J se reportaron graves violaciones a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza estatal, dejando como resultado una persona fallecida, 1.745 acciones represivas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, 55 citaciones y cortes de internet en todo el país.[12]

Los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación se violan a diario en un país en el que pensar distinto al discurso oficial es considerado un acto enemigo o contra la seguridad nacional. Hasta octubre 2022, la iniciativa Justicia 11J registra 740[13] personas privadas de libertad por motivos políticos, y 676[14] juzgadas por la misma razón, en el marco de procesos carentes de independencia y sin respeto a las garantías mínimas del debido proceso.

Los juicios y sentencias contra las personas que participaron en las protestas del 11J persisten[15], al igual que las multas y el amedrentamiento constante a la población que sufre la crisis económica y de derechos que atraviesa la Isla. A un año de las protestas del 11J, en las que se registraron detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y desapariciones forzadas de corta duración[16], el gobierno ha implementado reformas legislativas que, contrario a lo afirmado por el embajador Quintanilla, limitan aún más las libertades en Cuba y sirven como base para perseguir a activistas, artistas, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Penal, que representa una amenaza para la sociedad cubana al sancionar el ejercicio legítimo de derechos como la libertad de asociación[17].

Recientemente, tras el paso de huracán Ian, la frágil situación energética y de acceso a servicios básicos, como el agua potable, se agravó incentivando protestas espontáneas en varias partes del país[18]. Las manifestaciones recibieron la respuesta represiva del Estado mediante el despliegue de agentes de la Seguridad del Estado, Brigadas de Respuesta Rápida, Ejército, y otros agentes estatales. De acuerdo con la iniciativa Justicia 11J, se han registrado 28 detenciones arbitrarias, de las cuales 20 personas continúan en detención[19].

Los hechos descritos han propiciado la desesperación del pueblo cubano y una consecuente crisis migratoria, que pone en riesgo la vida de miles de personas que abandonan la Isla por la falta de garantías para una vida digna y libre, y van en busca de mejores oportunidades en países de la región y del mundo. De acuerdo con el Centro para la Democracia en las Américas (CDA), durante 2022 aproximadamente 178.000 cubanos/as han llegado a Estados Unidos, sobrepasando los registros históricos como el “éxodo de Mariel” en 1980 y la “crisis de los balseros” en 1994[20].

Por lo expuesto, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado para que el compromiso con el respeto de los derechos humanos que ha referido el Embajador Quintanilla en sus intervenciones ante Naciones Unidas se efectivice a través de una verdadera garantía, protección y respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, indistintamente de su ideología o pensamiento político. Reiteramos nuestro pedido al Estado cubano para que cumpla de buena fe con las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos y democracia.

***

[1] Tema 3 – Debate General: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. 20 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=20/09/2022%2000:00:00

[2] Tema 3 – Diálogo Interactivo con la Experta Independiente sobre los derechos de las personas de edad. 19 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=19/09/2022%2000:00:00

[3] Tema 3 – Diálogo Interactivo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. 20 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=20/09/2022%2000:00:00

[4] Tema 3: Diálogo interactivo con el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. 19 septiembre 2022, disponible en  https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=19/09/2022%2000:00:00

[5] Comité contra la Tortura [CAT], Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba, 9 junio 2022, CAT/C/CUB/CO/3, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCUB%2fCO%2f3&Lang=en ; ver también: Comité de los Derechos del Niño [CRC], Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a sexto combinados de Cuba, 16 junio 2022, CRC/C/CUB/CO/3-6, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCUB%2fCO%2f3-6&Lang=en; ver también Infobae, El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió explicaciones a Cuba por lo sucedido tras las protestas del 11 de julio, 21 enero 2022, disponible en https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/21/el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu-pidio-explicaciones-a-cuba-por-lo-sucedido-tras-las-protestas-del-11-de-julio/,

[6] Naciones Unidas, Experto de la ONU pide a Cuba acabar con la intimidación a los defensores de derechos humanos, 11 marzo 2021, disponible en https://news.un.org/es/story/2021/03/1489362

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], Informe Annual 2021: Capítulos IV.b – Cuba, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap4B.Cuba-es.pdf; ver también: CIDH, Situación de los derechos humanos en Cuba, 3 febrero 2020, OEA/Ser.L/V/II, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf; ver también: CIDH, La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudadanos, 15 de julio de 2021, disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/ prensa/ comunicados /2021/177.asp

[8] CNN, Cuba anuncia apagones en La Habana desde principios de Agosto, 31 julio 2022, disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/31/la-habana-anuncia-apagones-agosto-trax/

[9] CIDH, CIDH y REDESCA: Preocupa la Situación Socioeconómica en Cuba que Impacta en los DESCA de las mujeres y otras poblaciones, 6 de junio de 2022, disponible en  http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/127.asp

[10] Radio Martí, Cubanos reportan fallecimientos y aumento de casos de dengue en la isla, 22 septiembre 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cubanos-reportan-fallecimientos-y-aumento-de-casos-de-dengue-en-la-isla/334765.html

[11] SWI, Cuba detecta en una semana más casos de dengue que en todo el primer semestre,29 de Julio 2022, disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-salud_cuba-detecta-en-una-semana-m%C3%A1s-casos-de-dengue-que-en-todo-el-primer-semestre/47790900, ver también https://eltoque.com/preocupante-situacion-con-el-dengue-en-cuba

[12] Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Protestas de julio, 8 de marzo de 2021, disponible en https://observacuba.org/ocdh-protestas-de-julio-dejaron-al-menos-1-745-acciones-represivas-en-cuba-de-las-cuales-1-103-fueron-detenciones-arbitrarias/

[13] Justicia 11J, Detenciones políticas, 8 octubre 2022, disponible en https://www.justicia11j.org/

[14] Justicia 11J, Detenciones políticas, 8 octubre 2022, disponible en https://www.justicia11j.org/

[15] Radio Martí, Justicia 11J: De más de 500 enjuiciados en Cuba por las protestas, solo 5 han sido absueltos, 25 mayo 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/justicia-11j-de-m%C3%A1s-500-enjuiciados-en-cuba-por-las-protestas-solo-5-han-sido-absueltos/325462.html

[16] Justicia 11J y Cubalex, Un año sin justicia: patrones de violencia estatal conrtra manifestantes del 11J, julio 2022, disponible en https://drive.google.com/file/d/1yuKmBzW-oZ-zICW7dBODh-hdrxhQpBJi/view

[17] Radio Martí, Aprobación de nuevo Código Penal en Cuba provoca críticas y rechazo, 19 mayo 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/325106.html

[18] Radio Martí, El saldo del descontento social en Cuba: 55 protestas y decenas de arrestos en pocos días, 4 octubre 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/documentan-55-protestas-y-decenas-de-arrestos-en-cuba-en-los-%C3%BAltimos-d%C3%ADas/335575.html

[19] Justicia 11J, Detenciones por motivos políticos, 5 octubre 2022, disponible en https://twitter.com/justicia11j/status/1577641025333518341?s=20&t=_aOGAAjHwueWLdxNzdWsyQ

[20] DW, El éxodo récord e imparable de Cubanos hacia Estados Unidos, 12 agosto 2022, disponible en https://www.dw.com/es/el-%C3%A9xodo-r%C3%A9cord-e-imparable-de-cubanos-hacia-estados-unidos/a-63000225

Una valla móvil cerca de la Asamblea General de la ONU denuncia las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba

Washington D.C., 23 de septiembre de 2022 – En Cuba hay más de 600 personas que permanecen en prisión por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, de acuerdo con el grupo de trabajo Justicia 11J y Cubalex. Esta cifra, que revela las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, aparece en una valla móvil que a partir de hoy y durante este fin de semana transitará los alrededores del edificio donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta es una iniciativa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

La valla también denuncia que los y las cubanas salieron a las calles en respuesta a la difícil situación socioeconómica que atraviesa este país, y que ha empeorado en el último año debido a la inflación, los recurrentes apagones, y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.

Con esta iniciativa se busca exhortar a la comunidad internacional que asiste a este encuentro que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, para que se adopten medidas que permitan poner fin a la represión, a los casos de hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a las agresiones que sufren constantemente activistas, periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba.

Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso

Hoy también se dio a conocer en el diario The New York Times la Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, una propuesta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) que busca que las personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla sean liberadas. Además, promueve un proceso de democratización que reconozca y garantice los derechos humanos en este país.

Esta iniciativa, que se presentará ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba luego de que más de 10 mil personas firmen la propuesta tal como lo exige la Constitución cubana, representa una ruta hacia la libertad para quienes hoy permanecen en prisión por expresar su opinión, reclamar cambios y mostrar su desacuerdo con las políticas implementadas por las autoridades cubanas.

Desde Raza e Igualdad promovemos esta iniciativa que contribuirá al establecimiento de la democracia en la Isla. Reiteramos nuestro pedido al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de toda su población sin ningún tipo de discriminación, y cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia.

EI OSIG y CIDH promocionan sus mandatos en Caribe Anglófono

El mandato del EI OSIG y la Relatora sobre DDHH de personas LGBTI se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en el Caribe Anglófono

Del 13 al 17 de setiembre, el mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad Género de las Naciones Unidas (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz; y la Relatora sobre los Derechos las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH, Roberta Clarke, realizaron una visita promocional al Caribe de habla inglés, la cual se realizó con apoyo del Eastern Caribbean Alliance (ECADE) y del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en compañía de nuestra Oficinal Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunieron con diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con personas LGBTI+ y mujeres en Santa Lucia y en otros Estados de la región del Caribe. El propósito fue promover el mandato que realizan, además de escuchar sobre la situación de las personas LGBTI+ en el país y la labor que realizan las organizaciones contra la estigmatización, discriminación y violencia.

IE OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de Raise your Voice St. Lucia.

SANTA LUCÍA

En ese marco, se llevó a cabo el conversatorio sobre Mecanismos Internacionales y de los derechos de personas LGBTI+, donde Victor Madrigal, Experto Independiente sobre OSIG, expresó la importancia de sostener este diálogo crucial con la sociedad civil en el Caribe. Por su parte, la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de personas LGBTI, destacó la necesidad de que los países del Caribe ratifiquen los tratados interamericanos sobre derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, manifestó su preocupación por los casos de violencia contra las personas LGBTI+ caracterizada por la impunidad en toda la región del Caribe.

En dicho evento, también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Kenita Placide, Directora Ejecutiva de ECADE, quien resaltó la importancia de que la sociedad civil de la región trabaje conjuntamente para asegurar que sus voces sean escuchadas. De la misma manera, Catherine Sealy, Directora Ejecutiva de Raise your Voice St. Lucia, dijo: “Queremos ayudar a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las personas, independientemente de lo que hagan”.

Entre los principales problemas del país, las representantes de las organizaciones señalaron la violencia policial contra personas LGBTI+, los impedimentos para el acceso a la justicia, las limitaciones para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia física y psicológica contra personas LGBTI+ por sus propias familias, la pérdida de los puestos de trabajo después del COVID y el aumento de muertes de personas trans.

Relatora sobre los Derechos de las personas LGBTI de la CIDH, Roberta Clarke; EI OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Mayor del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de  United and Strong INC.

EVENTO REGIONAL EN BARBADOS

Durante dos días, se llevó a cabo The Caribbean Regional Dialogue on LGBTQI+ D.A.T.A, el cual consistió en mesas redondas regionales para la discusión sobre violencia y acceso a la justicia, salud e impacto del COVID, inclusión económica de personas LGBTI+, educación y capital humano, discriminación, acceso al desarrollo financiero e impacto de las inversiones, pobreza y acceso al mercado laboral y perspectivas del turismo.

Además, contó con la participación de diferentes representantes de la sociedad civil, gobiernos, instituciones de desarrollo, organismos regionales y el sector privado a fin de crear políticas basadas en datos para los derechos LGBTI+.

En ese sentido, durante su intervención, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz abordó la necesidad de recopilar datos sobre orientación sexual e identidad de género para disipar los mitos y estereotipos que alimentan la violencia y la discriminación: “La evidencia es una forma de contrarrestar las ideas negacionistas de que no hay violencia por orientación sexual e identidad de género”. En su discurso, la Comisionada Roberta Clarke reflexionó sobre la necesidad de la descolonización para el progreso de los derechos de las personas LGBTI, quienes exigen y merecen justicia interseccional: “Demasiadas personas en nuestra región siguen marginadas económicamente, demasiadas siguen en exclusión”.

Por su parte, la Dr. Lee Badgett, catedrática de Economía de la University of Massachusetts Amherst, sostuvo que tener números y datos les dice a las personas LGBTI+ que cuentan. Además, mencionó que el 57% de las personas LGB y el 69% de las personas trans informaron haber sufrido acoso e intimidación en la escuela, según el reporte de Phil Crehan, investigador sobre data e inclusión social, quien también enfatizó sobre la oportunidad sin precedentes que representaba este evento en el Caribe.

Parte del trabajo de Raza e Igualdad consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la CIDH para los derechos de las personas LGBTI+. Es importante seguir de cerca el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil del Caribe, las cuales han logrado importantes avances para la descriminalización en relaciones de parejas del mismo sexo en varios países de la región. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+ y reitera sus agradecimientos a ECADE, la OEA en Santa Lucia, la CIDH, al IE SOGI y todas las organizaciones de sociedad civil que nos recibieron y participaron de los encuentros.

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