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Activistas afrodescendientes de América Latina y el Caribe se toman Nueva York y Washington D.C.

Activistas afrodescendientes de América Latina y el Caribe se toman Nueva York y Washington D.C.

Washington D.C., 31 de mayo de 2023 – En vista de la celebración de la segunda sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas (PFPAD por sus siglas en ingles), que tendrá lugar del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York (EE.UU.), organizaciones de mujeres afrodescendientes de Brasil, Colombia y República Dominicana han conformado una Delegación de Justicia Racial para denunciar la violencia racial y de género en América Latina.  Con el apoyo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Alianza Negra para Poner Fin a la Violencia (Fundo Elas), la Delegación de Justicia Racial tiene como objetivo resaltar la condición de las mujeres afrodescendientes y la urgente respuesta para obtener apoyo internacional en la construcción de agendas y proyectos para combatir, a través de una perspectiva interseccional, las diferentes formas en que la violencia racista afecta la vida de las mujeres latinas.

Además, Raza e Igualdad junto con la Open Society Foundation están fomentando la participación de otras 15 organizaciones representadas en su mayoría por mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe en el Foro Permanente de los Afrodescendientes.  Con esto, cerca de 30 organizaciones formarán parte de esta Delegación de Justicia Racial presente en el Foro en un llamado conjunto a la cooperación internacional para poner fin a la violencia racial y de género en las Américas.  El objetivo de esta delegación es también preparar un informe con recomendaciones y opiniones sobre los períodos de sesiones primero y segundo del Foro Permanente, para ser presentado en el tercer período de sesiones, que está previsto que tenga lugar en Brasil en 2023.

El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes fue creado en 2021 gracias a la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo un mecanismo consultivo con el propósito de contribuir a la lucha contra el racismo y la consolidación de los derechos de la población afrodescendiente, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU.  La primera reunión tuvo lugar en diciembre de 2022 en Ginebra, Suiza, y durante el año 2023, además de la próxima sesión en Nueva York, el mecanismo tiene previsto reunirse en diciembre en Brasil. El Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se estableció entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y está presidido por Epsy Campbell Bar, ex vicepresidenta de Costa Rica.

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

El jueves 1 de junio, a la 1:15 p.m. (hora de Nueva York), en el Church Center de Naciones Unidas, se llevará a cabo el evento ‘Violencia racial y de género en América Latina’, que hará un llamado a los actores políticos presentes en Nueva York, para que escuchen sobre la realidad de las mujeres negras y LBTI latinoamericanas. Con los conversatorios: ‘Derechos de las mujeres e interseccionalidad’ y ‘La visión de la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género en América Latina’, este espacio, que se realizará en el marco del Foro Permanente de los Afrodescendientes, pretende contribuir a que las lideresas latinoamericanas dialoguen sobre los diferentes contextos en los que viven, lugares donde la brutalidad del racismo estructural es totalmente similar en términos de discriminación y violencia.

Además, la urgencia de abordar el tema de la violencia racial y de género se basa en datos que apuntan a América Latina como una de las regiones más violentas del eje sur global, siendo la población negra la principal afectada por la ausencia de políticas específicas. Por lo tanto, esta delegación tiene como objetivo aportar en la construcción de la agenda y declaración del Foro Permanente con un enfoque dirigido a combatir la violencia racial y de género en América Latina. Junto con esto, establecer canales adecuados para la obtención de datos desagregados para una mejor ejecución y proposición de políticas públicas adecuadas a las realidades de las personas afrodescendientes, especialmente de las mujeres afrodescendientes.

Semana de incidencia política en Washington D.C.

 Con el fin de fortalecer y continuar el trabajo que se llevará a cabo en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, del 5 al 7 de junio esta delegación se dirigirá a Washington D.C. Allí, con el apoyo de organizaciones como la Washington Brasil Office (WBO) y Black Women Radicals, se reunirán con representantes del Departamento de Estado y con organizaciones afronorteamericanas, como el Black Caucus. También sostendrán encuentros con misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Igualmente, la Delegación de Justicia Racial actuará estratégicamente para la implementación y fortalecimiento de tratados internacionales bilaterales entre sus países, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI),  el Plan de Acción Conjunto para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica y la Promoción de la Igualdad (JAPER), que acaba de ser reactivado entre Brasil y los Estados Unidos;   y el Plan de Acción entre los Estados Unidos  y Colombia para la Igualdad Racial y Étnica (CAPREE).

«Para esta delegación, es crucial que sean directamente las mujeres afrodescendientes quienes expongan sus realidades y recomendaciones para un cambio positivo porque ocupan un rol clave en la defensa de sus comunidades. Además, el contexto de justicia racial en las Américas es uno de los puntos de importancia para fomentar el intercambio entre organizaciones afrolatinoamericanas y afronorteamericanas”, explica Elvia Duque, Oficial de Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Para cerrar la semana de incidencia política, también se llevará a cabo el 7 de junio, a partir de las 11 a.m. (hora Washington D.C), el evento Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C., que se realizará en el centro de reuniones para mujeres afrodescendientes ÌPÀDÉ. El conversatorio sobre estrategias de comunicación y movilización contra el racismo y la violencia racial en las Américas contará con las lideresas que conforman la delegación.

Agenda

Delegación de Justicia Racial de Mujeres Afrodescendientes de América Latina y el Caribe

 Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes – 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York

Evento paralelo: Violencia racial y de género en América Latina

Jueves 1 de junio, 1:15 p.m. (hora de Nueva York),

Lugar: UN Church Center – 777 United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017.  Situado a dos minutos a pie de la sede de la ONU.

Semana de incidencia en Washington DC – 5-7 de junio

Evento: Movimiento de Mujeres Afrolatinoamericanas en Washington D.C.

Miércoles 7 de junio a las 11 a.m. (DC).

Lugar: ÌPÀDÉ – 1734 20th St NW, Washington, DC 20009

Visibilidad lésbica: parejas, familias y maternidades lésbicas

Washington D.C., 26 de abril de 2023.– En el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quisiera resaltar la visibilidad de la diversidad familiar conformadas por lesbianas y personas no binaries lesbianes —ya sea con o sin hijes—, del derecho a amar fuera del marco heterosexista y de gozar de protección legal de los Estados.

Aunque el derecho internacional reconoce que todas las personas son iguales ante la ley[1], la protección jurídica hacia las parejas del mismo sexo, en término igualitarios, no es la misma. El impedimento de contraer matrimonio, adoptar y ser reconocidas como familia, debido a lesbofobia y discriminación estructural, mantiene a personas lesbianas y sus hijes en desprotección.

Según Statista, en América Latina el matrimonio igualitario es legal solo en siete países y en algunos estados mexicanos. En el caso de Cuba, a partir de la aprobación del nuevo Código de las Familias, las personas del mismo sexo pueden casarse y adoptar; sin embargo, las lesbianas siguen siendo invisibilizadas. “Hay artículos y leyes que abordan la diversidad, pero continuamos siendo discriminadas. Mi pareja Kirenia Núñez y yo tenemos siete años juntas, y en todo ese tiempo hemos sufrido violencia lesbofóbica. Hemos sido violentadas por ser activistas y por ser lesbianas en un país donde el Estado en verdad no nos reconoce», narró María Matienzo, escritora cubana que fue forzada a salir de la Isla.

En Nicaragua, hasta el año 2008 el “delito de sodomía” estaba vigente en el artículo 204 del Código Penal, que criminalizaba las relaciones entre las personas del mismo sexo con penas de hasta tres años de cárcel.

Pese a la derogación de este artículo, en el país centroamericano las mujeres lesbianas y personas no binaries lesbianes están expuestas a los fundamentalismos religiosos, los discursos de odio, el machismo y la falta de protección del Estado. La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género ni el matrimonio igualitario, lo cual deriva en la imposibilidad de formar familias lesboparentales, tener o adoptar hijos e hijas, y heredar como cónyuge sobreviviente.

Cuando los Estados no reconocen jurídicamente ni las protegen a las familias lésbicas, las dejan sin posibilidad de acceder a otros derechos como herencias, seguridad social, pensiones por viudez o divorcio, custodia o adopción de hijes, vivienda, empleo, crédito, visitas en hospitales y centros penitenciarios, entre otros. Además, este desamparo se extiende hasta sus hijes y sus derechos más fundamentales como el de reconocer a sus dos mamás y llevar sus apellidos.

En Perú, Jenny Trujillo y Darling Delfín, dos lesbianas casadas en México, están demandando al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), desde el 2016, se niega a registrarlas como mamás en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

El año pasado, después de 5 años de lucha para que el Estado las reconozca como lesbianas y madres, Jenny y Darling acudieron a instancias internacionales con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros.

Aunque en Perú no existe el matrimonio igualitario, el artículo 2050 del Código Civil y la misma Constitución ordena reconocer, en territorio peruano, los matrimonios y los derechos adquiridos en el extranjero. “Tenemos fe de que pronto más madres lesbianas podrán tener a sus hijos o hijas reconocidas y protegidas por el Estado Peruano y ya no existirá la necesidad de salir de nuestro país a buscar el reconocimiento legal”, expresa Jenny Trujillo.

En el caso de Colombia, sí hay una ley de matrimonio igualitario que reconoce las uniones de parejas del mismo sexo; sin embargo, aún persisten los obstáculos institucionales que discriminan a las mujeres, no solo por ser lesbianas sino también por afrodescendientes. “Las familias lesboparentales conformadas por mujeres negras existimos. Estamos en la tarea de maternar desde el amor, el respeto y la empatía. Nos encontramos muchas veces con las barreras institucionales que no nos reconocen como madres de nuestros hijos, que nos invisibilizan, que no nos permiten el disfrute de los derechos que como madres tenemos. Las familias de mujeres negras lesbianas estamos aquí y queremos ser visibles”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales – Somos Identidad.

La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo es clara cuando indica que la Convención Americana no establece un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo en particular. Por ello, “los derechos producto de relaciones afectivas entre parejas, suelen estar tutelados y protegidos por la Convención a través del instituto de la familia y el de la vida familiar”[2].

Asimismo, los Estados deben cumplir con sus obligaciones en relación al principio de igualdad y no discriminación previsto, por ejemplo, en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollado ampliamente en la Observación General N°20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas y personas GBTI+ a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas y personas GBTI+ en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual e identidades de género.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra las lesbianas y personas GBTI+.
  • Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

Nota: En Brasil, hay dos fechas específicas para el movimiento lésbico: el 19 de agosto, que se celebra el Día del Orgullo Lésbico, y el 29 de agosto, que se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. Por lo tanto, el movimiento lésbico brasileño se siente representado por estas fechas que contemplan la lucha y la historia de las mujeres lesbianas brasileñas.

[1] Art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[2] Art. 174 de la OC 24/17 de la Corte IDH.

Día contra la LGBTI+fobia: Celebramos los avances y logros a favor de los Derechos Humanos

Washington D.C., 17 de mayo de 2023 -. Desde 2004, cada 17 de mayo se recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), un avance que contribuyó a la despatologización de las identidades LGBTI+. Por eso, hoy, Día Internacional contra la LGBTI+fobia, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia, con dignidad y celebrando quiénes somos y cada logro conseguido por las personas LGBTI+ a favor de los derechos humanos.

La lucha por la igualdad y los derechos humanos de las personas LGBTI+ ha logrado importantes avances en muchas partes del mundo y es importante reconocer los esfuerzos y la ardua incidencia detrás de estas. Desde Raza e Igualdad, resaltamos algunos de los logros del último año en la región.

En Colombia, la Comisión de la Verdad (CEV) incorporó el enfoque de género para analizar el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de personas LGBTI+. Este hecho es un gran referente para los demás países de Latinoamérica que atravesaron por conflictos armados similares, pero que, en cuyos procesos de paz, no se tomaron en cuenta a las personas LGBTI+. Este tipo de avances permiten ser un punto de partida para esclarecer patrones de violencia y, posteriormente, promover ante el Estado medidas de reconocimiento, reparación y sanción para los perpetradores.

Por otro lado, la Corte Constitucional ordenó a la Registraduría Nacional incluir la categoría no binarie en los documentos de identidad.  Gracias a la iniciativa y lucha de Dani García, quien en el 2019 solicitó un nuevo documento donde figurara sexo «indeterminado». La Corte también ordenó al Congreso regular los derechos, servicios y obligaciones para que las personas no binarias puedan acceder a ellos.

En Perú, por primera vez, el Estado le pidió perdón a una mujer trans, Azul Rojas, y reconoció responsabilidad internacional por vulnerar sus derechos en el 2008. Esto sucede después de 2 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el primer caso de tortura por discriminación a una persona LGBTI+ en la región.

Otra sentencia histórica que dictó la Corte IDH fue sobre el reciente logro sobre caso de Crissthian Olivera vs. Perú, la primera denuncia por discriminación por orientación sexual en el país ante este organismo internacional. Ambos fallos de la Corte IDH hallaron responsable al Estado peruano y le ordenan reparación integral para las víctimas, además de una serie de medidas para promover la igualdad y no discriminación en el país.

En Brasil, se creó la Secretaria Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ del gobierno y, por primera vez, una persona travesti, Symmy Larrat, asumió el cargo. Asimismo, Benny Briolly se convirtió en la primera persona travesti que recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Benny Briolly, una concejala negra travesti, recibió estas medidas por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de su identidad de género, su labor en la política y como defensora de derechos humanos.

En Nicaragua, pese al régimen autoritario y al contexto de censura, la sociedad civil creó y mantiene activo el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTI+. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la promoción de la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBTI+ en el país.

En Cuba, se aprobó el Código de Familias el cual legaliza el matrimonio igualitario y la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.

Es fundamental que continuemos promoviendo la diversidad y el respeto por la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y las características sexuales de las personas LGBTI+ y sigamos celebrando los logros de la sociedad civil a favor de los derechos humanos.

Para continuar contribuyendo al reconocimiento de las personas LGBTI+ y sus derechos, es urgente que los Estados desarrollen medidas orientadas a:

  • Despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo;
  • Aprobar leyes que prohíben la discriminación;
  • Penalizar los delitos de odio cometidos contra personas LGBTI+;
  • Otorgar reconocimiento a las personas trans para que puedan obtener documentos de identidad, sin necesidad de cumplir con requisitos abusivos y rectimizantes;
  • Poner en marcha programas de capacitación para agentes de policía, personal de establecimientos penitenciarios, docentes, trabajadores sociales y cuidadores, y funcionarios públicos en general para que puedan servir mejor a la colectividad LGBTI+.

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo,  según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU, visita Brasil para dialogar con organizaciones de movimientos negros e indígenas

El evento, que tiene lugar en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Discriminación Racial, reunirá a autoridades y activistas importantes para discutir acciones en la lucha contra el racismo

Brasil,  20 de marzo de 2023 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en asociación con la ONG Criola, Geledés – Instituto de la Mujer Afro, Sello Juristas Negras, Grupo Conexión G de Ciudadanía LGBT de Favelas, Renafro Saúde e Ilê Omolu y Oxum, Instituto Iepé y Hutukara Asociación Yanomami, celebrará el miércoles 22 de marzo de 2023 el evento «Mecanismos sobre la raza en el sistema universal de derechos humanos: estrategias y próximos pasos en Brasil».

El evento contará con la presencia de Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU, así como Ministros de Estado, Embajadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil brasileña. «Quiero conocer aún más la situación de la población afro en Brasil, especialmente las mujeres afros», explica Epsy Campbell, Presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU.

La reunión se celebrará en el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial y el Día Nacional de las Tradiciones Africanas y Naciones de Candomblé, una fecha importante para la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad racial. El objetivo del evento es examinar estrategias y próximos pasos para fortalecer los mecanismos sobre raza en el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como las recomendaciones formuladas por el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y por el Examen Periódico Universal (EPU).

Uno de los puntos que se tratará durante las mesas es la garantía de protección de los derechos humanos de las personas afros e indígenas para combatir el racismo en todas sus formas, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de estas poblaciones. “Será una gran oportunidad para conversar con las organizaciones de la sociedad civil y dar a conocer la importancia de esta alianza para que podamos llevar sus demandas al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, que se reunirá por segunda vez en mayo de este año, en Nueva York”, destaca Campbell.

Paneles

El panel ‘El Papel del Estado Brasileño en el Proceso de Implementación de las Recomendaciones Internacionales’, tendrá la participación de Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad; Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial; Sônia Guajajara, Ministra de los Pueblos Indígenas; el Embajador de Brasil en Kenia, Silvio Albuquerque; Fabrício Prado, Primer Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) y Rodnei Jericó da Silva, Coordinador del Programa Brasil de Raza e Igualdad.

El panel ‘Participación de la Sociedad Civil ante los Mecanismos Internacionales’ tendrá a Lúcia Xavier, Coordinadora General  ONG Criola; Gilmara Cunha, Directora Ejecutiva del Grupo Conexión G; Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política de Geledés; Madre Nilce  de Iansã, Coordinadora Nacional de RENAFRO e Iyá Egbe do Ilê Omolu y Oxum; Lívia Sant’Anna Vaz, Coordinadora del Selo de Juristas Negras; Maurício Ye Kuana, Director  de la Asociación Hatukara Yanomami; y como moderadora, Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil de Raza e Igualdad.

«Es un honor llevar a Epsy Campbell a una escucha directa de la sociedad civil en diálogo directo con el Poder Ejecutivo. Los derechos de la población afro e indígena han sufrido un gran retroceso en los últimos años y con la creación del Foro Permanente de los Afrodescendientes, los mecanismos internacionales están más atentos a las violaciones de los derechos de estas poblaciones en Brasil», dijo Rodnei Jericó da Silva, Coordinador de Raza e Igualdad en Brasil.

El evento se realizará en formato híbrido (presencial y online) el 22 de marzo, de 14h30 a las 18h30 (Hora de Brasilia) / 13h30 a las 17h30 (Washington DC), en el Hotel Cullinan HPlus de Brasilia. También contará con interpretación simultánea en portugués y español y será transmitido por Facebook Live en la página @raceandequality. Las personas interesadas en participar en el evento deben registrarse de forma gratuita a través de la plataforma Zoom https://bit.ly/3llo0kY

 

Programa: «Mecanismos sobre la raza en el Sistema Universal de Derechos Humanos: Estrategias y próximos pasos en Brasil»

Fecha: 22 de marzo de 2023

Horario: 14h30 a las 18h30 (Hora de Brasilia)/ 13h30 a las 17h30 (Washington DC)

Ubicación: Hotel Cullinan Hplus Premium – Brasilia

Registro virtual por zoom: https://bit.ly/3llo0kY

Experta ONU Vasilka Sancin: Nicaragua debe restablecer la comunicación efectiva con los mecanismos internacionales

San José, 7 de diciembre de 2022.- El Estado de Nicaragua debe restablecer una “comunicación efectiva y constructiva con todos los mecanismos internacionales”, aseguró la ex-Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos y actual miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,Vasilka Sancin, en una conferencia de prensa de seguimiento de las observaciones finales emitidas por el Comité de Derechos Humanos el pasado 3 de noviembre.

En la conferencia también participaron las defensoras nicaragüenses Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), y Wendy Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, quienes aseguraron que las 17 observaciones del Comité les animan a “no cesar ante la demanda de justicia y libertad” y continuar su labor de documentación y denuncia.

De las recomendaciones abordadas por el Comité, las ponentes destacaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la situación de los derechos de las mujeres frente a la violencia, el uso excesivo de las fuerzas estatales, la falta de independencia de los Poderes del Estado, entre otras.

Sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, la Sra. Sancin expuso que el Estado de Nicaragua debe tomar fuertes medidas para “garantizar que el derecho de hábeas corpus esté disponible para todas las personas detenidas” y la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) en los centros de detención; e instó a las autoridades nicaragüenses a liberar de forma inmediata a las personas detenidas arbitrariamente en el marco de la crisis sociopolítica y las elecciones generales de noviembre de 2021. 

Sancin también se refirió a la necesidad de que Nicaragua considere la celebración de nuevas elecciones “con total garantía del derecho al voto y libertad de candidatos y candidatas, según el Artículo 25 del Convenio (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), con la presencia de observadores internacionales”.  

Por otro lado, Alexandra Salazar denunció que el Estado de Nicaragua “ha instrumentalizado el ordenamiento jurídico nacional y otras normas para violar los derechos de la ciudadanía…y garantizar la represión y criminalización en contra de quienes le adversan o se atreven a disentir de la voluntad política partidaria”. 

Salazar también manifestó la urgencia de contar con una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que cumpla con los Principios relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París) y “desempeñe su mandato de manera eficaz e independiente, sobre todo de los actos de tortura, malos tratos, tratos crueles y degradantes a los que son sometidas las personas presas políticas”.

Por su parte, Wendy Flores, recordó que las acciones de seguimiento para una aplicación efectiva de estas recomendaciones deberían de realizarse en Nicaragua “con defensores y defensoras de derechos humanos que aún están en Nicaragua” y con las que están en el exilio, y “dialogando con las diferentes instituciones del Estado sobre los desafíos que tienen que enfrentar cada una de ellas para mejorar y cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales”.

Lamentablemente, “tal y como ha examinado el Comité, una serie de instrumentos legales deben ser reformados o derogados por estar en incompatibilidad con las obligaciones del Pacto”, agregó Flores. Entre estos instrumentos, mencionó la Ley de penalización absoluta del aborto y otras leyes que han permitido el aumento de femicidios y la violencia contra las mujeres. 

Finalmente, la experta invitó al Estado de Nicaragua a implementar las recomendaciones resultantes de la revisión para superar la crisis que aqueja al país hace más de cuatro años, y recordó que el Estado Parte tiene el deber difundirlas ampliamente con vistas a aumentar la conciencia sobre los derechos consagrados en el Pacto. Sancin expresó su deseo de que el Estado de Nicaragua entable un diálogo constructivo con el Comité de Derechos Humanos antes del 2025, año en el que se dará la siguiente revisión sobre Nicaragua.

Foro Permanente de los Afrodescendientes de la ONU: Raza e Igualdad y OSCs brasileñas reafirman su compromiso de combatir el racismo sistémico

Brasil, 23 de deciembre de 2022 – Entre el 5 y el 8 de diciembre, el primer período de sesiones del Foro Permanente de los Afrodescendientes tuvo lugar en Ginebra (Suiza). Creado a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021, el propósito de este mecanismo consultivo es contribuir a combatir el racismo y consolidar los derechos de la población negra, colaborando con el Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de la ONU. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) estuvo presente en el Foro con organizaciones brasileñas co-partes, entre ellas: la ONG Criola, Ilê Axé Omiojuaro, Geledés – Instituto de Mujeres Negras y la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

La creación de este Foro era algo esperado entre las actividades de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, por lo que su realización fue celebrada por todas las personas presentes. El evento contó con la presencia de Epsy Campbell Bar, Presidenta del Foro Permanente y ex Vicepresidenta de Costa Rica; Francia Márquez, Vicepresidenta de Colombia y Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La mesa de apertura estuvo presidida por la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Foro contó con más de 900 personas (virtuales y presenciales), con casi 700 personas presentes durante cuatro días de intensos debates, incluyendo activistas de derechos humanos, expertos de las Naciones Unidas, actores estatales y sociedad civil de varios países que actúan por los derechos de la población negra.

La convención se llevó a cabo a través de paneles temáticos, reuniones y también contó con 27 eventos paralelos. De este modo, fue posible identificar los temas prioritarios en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, pero también compartir estrategias de buenas prácticas entre la sociedad civil. Los principales debates tuvieron lugar en torno a la lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial; la inclusión de los afrodescendientes en la agenda de desarrollo sostenible – el caso de la justicia climática; la necesidad del derecho a la reparación; la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes; la necesidad de equidad para todos, destacando la necesidad de interseccionalidad para comprender las diversas formas de discriminación racial, con énfasis en los derechos de las mujeres, los jóvenes, personas LGBTI+ y migrantes.

El último día, el debate giró en torno al futuro del Foro Permanente. Todos los paneles contaron con la participación de líderes de la sociedad civil presentes, a través de declaraciones sobre los temas propuestos. Cabe señalar que la Declaración de Durban y su Plan de Acción fueron mencionados continuamente por todos los presentes. Además, aproximadamente 300 personas pudieron presentar sus contribuciones para colaborar con la construcción del Foro. El evento también contó con actividad cultural, a través de la presentación del grupo «Escuelita del Ritmo», de Panamá, y el Grupo “Ubufakazi Besoweto”, de Sudáfrica.

Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña participaron en los debates, incluidas las OSCs co-partes de Raza e Igualdad en Brasil. Este grupo tuvo la oportunidad de denunciar el racismo en los cuerpos de las mujeres cis y trans, la mortalidad materna, el racismo sistémico en el sistema de justicia, la importancia de combatir el racismo religioso y reivindicar el compromiso del Foro con las mujeres trans negras. Por Raza e Igualdad, estuvieron presentes el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa de Raza y Género en Brasil, Leilane Reis. En su intervención,  Leilane Reis destacó la importancia de la interacción de la futura Declaración de las Naciones Unidas con la Convención Interamericana contra el Racismo, enfatizando que los Estados presentes que se han comprometido a ratificar e implementar el documento cumplan esta promesa en pos de la lucha efectiva contra el racismo.

Como cierre de los cuatro días de trabajo, luego del intenso proceso de escucha, el Relator Michael Eachrane señaló algunas observaciones preliminares al Plan de Trabajo del Foro con miras a los próximos tres años, además de resaltar la necesidad de extender el Decenio de los Afrodescendientes hasta 2034. La próxima reunión tendrá lugar en mayo de 2023 en Nueva York. Raza e Igualdad celebra la implementación del Foro Permanente de los Pueblos Afrodescendientes, y planea contribuir a todas las oportunidades de construcción colectiva, siempre llamando a la participación de la sociedad civil y activistas afrodescendientes para la lucha efectiva por los derechos humanos.

Convulsión social: Perú registra 25 muertes y más de 300 personas heridas durante protestas

La CIDH se encuentra en el país recabando información y llevará a cabo una segunda visita en enero del 2023.

Lima, 20 de diciembre de 2022.- Perú vive una crisis política y social convulsionada por protestas en 16 regiones del país que demandan principalmente el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Algunos sectores de la sociedad exigen que esto se realice través del adelanto de elecciones generales con la aprobación previa de reformas políticas que garanticen la amplia representatividad del país y la renovación de la clase política. Otras consignas que se escuchan son por una Asamblea Constituyente y por la libertad del expresidente Pedro Castillo.

El 7 de diciembre, Castillo fue detenido por la policía nacional inmediatamente después de intentar dar un golpe de Estado. Mediante un mensaje a la nación declaró “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución”. También ordenó la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Actualmente, Castillo está siendo investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, mientras se encuentra en prisión preventiva dictada por 18 meses.

Aunque las manifestaciones comenzaron con su detención, el descontento de la población viene desde mucho antes. De acuerdo con la encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para noviembre de este año, el Congreso de la República y del Ejecutivo tenían 86% y 61% de desaprobación, respectivamente.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

Muertes y personas heridas en protesta

La violencia policial y militar en las protestas ha provocado la muerte de 25 personas (entre ellas adolescentes y estudiantes en etapa escolar) y más de 300 personas heridas, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. El número más alto de pérdidas humanas se registró en las regiones del sur andino del país, en especial Ayacucho (9), la región que sufrió más violencia en la época del terrorismo y la tercera más pobre; le siguen Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1).

También, se han reportado toma de aeropuertos, incendios de entidades públicas, daños a propiedades privadas, atentados a medios de comunicación y periodistas, policías heridos y en situación de secuestro que actualmente ya se encuentran en libertad.

Fuente: Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud.

Estado de Emergencia y toque de queda

Inicialmente, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y actualmente asume la Presidencia de la República, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de Apurímac, región que registra 6 muertes; sin embargo, a causa de la magnitud de las movilizaciones, desde el 14 de diciembre, lo declaró en todo el país por 30 días. En Perú, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, como lo indica el Decreto Supremo 143-2022-PCM; lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones del país, se pronunció enfáticamente condenando la violación sistemática de los derechos humanos y exigiendo el levantamiento del Estado de Emergencia y la restitución de garantías individuales. Además, deploró que el Estado no haya dado explicaciones sobre la investigación de las muertes de manifestantes.

“Cuando hay Estado de Emergencia el control de la fuerza pública es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concurren en apoyo a ella. Aún en Estado de Emergencia el uso de las armas letales es la última opción», señaló por su parte Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.

Además del estado de excepción, el gobierno declaró toque de queda en algunas provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho desde el 16 de diciembre.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

Detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales

A lo largo de los 13 días de protestas[1], los manifestantes han registrado y denunciado por redes sociales abusos, represión y uso de armas letales por aire y tierra por parte de efectivos policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Apurímac. La CNDDHH, la Coordinadora 14N y otras organizaciones y colectivos de derechos humanos han estado trabajando en la recopilación y difusión del material gráfico probatorio para apoyar las denuncias ciudadanas. Además, han seguido caso por caso las detenciones arbitrarias -muchas de estas realizadas por policías sin identificación vestidos de civil- para llevar asistencia legal a las personas detenidas.

Por otro lado, el sábado 17 de diciembre, un operativo policial de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) irrumpió en los locales de la Confederación Campesina de Perú (CCP) y del Partido Nuevo Perú (NP) en el centro de Lima, donde se alojaban solidariamente 26 campesinos quechuahablantes que llegaron a la capital desde diferentes provincias para continuar protestando. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, informó tras su salida del local que el allanamiento arbitrario se realizó sin presencia de la Fiscalía, sin defensa legal ni intérpretes, como corresponde por ley. Además, alertó sobre la siembra de pruebas por parte de la Policía para inculpar a los campesinos. Dirigentes campesinos rechazaron el actuar policial y las acusaciones de terrorismo de la DIRCOTE: «Lamentablemente, en mi pueblo ¡cuántos muertos! Por eso, venimos acá. No somos terroristas, yo soy licenciado, yo he servido a mi patria», dijo entre lágrimas un dirigente social de provincia.

“Recordamos que el Estado de Emergencia no suspende el derecho al debido proceso. Es necesario que se respete el derecho a la defensa y, de ser el caso, a un intérprete”, señaló Amnistía Internacional Perú a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, solicitó a las autoridades respetar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, quienes históricamente han sido víctimas de las inconsultas decisiones políticas.

Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)

La CIDH visitará el Perú

Más de 180 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional y el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, a través de un comunicado solicitaron la presencia conjunta en territorio peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La CIDH anunció su visita técnica y preparatoria a Lima y a otras zonas del país del 20 al 22 de diciembre, y una posterior visita del Relator por país en enero del próximo año. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y su equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.

“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.”, expresó la CIDH en un comunicado de prensa. Además, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que las graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo sanciones a las personas responsables.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, también expresó su preocupación ante la escalada de tensiones en el contexto de las protestas en Perú. “Como dice la Resolución 50/17 del CDHNU: Incluso en Estados de Emergencia, los Estados deben garantizar que toda medida restrictiva sea conforme con el derecho internacional de DDHH”, señaló.

Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Perú, también se pronunció condenando las muertes ocurridas y solidarizándose con las familias de las víctimas. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, señaló.

Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos

Raza e Igualdad se suma al llamamiento de organismos de derechos humanos para levantar el Estado de Emergencia en Perú e investigar exhaustivamente en el fuero común las muertes, abusos y demás violaciones a la seguridad e integridad de la población peruana.

Recordamos la obligación del Estado peruano de garantizar y respetar el derecho a la vida, integridad personal y a la protesta de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Insistimos en que debe parar la violencia policial y militar; en su lugar, el Estado tiene el deber utilizar los canales democráticos para atender las demandas de su población y encontrar una salida a la crisis política y social sin que más vidas sean afectadas.

[1] Contabilizados desde el 7 de diciembre del 2022.

Raza e Igualdad y contrapartes participan en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de Personas Expertas Independientes de las Naciones Unidas para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el Contexto de la Labor de las Fuerzas del Orden

Colombia, 6 de diciembre del 2022.-El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participó en la primera consulta en América del Sur del Mecanismo Internacional de expertos independientes para promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley (EMLER). 

El Mecanismo surgue como resultado del lamentable caso de George Floyd en Estados Unidos. EMLER es una nueva instancia creada al interior de las Naciones Unidas en 2021 en el marco de la Resolución 47/21 y tiene el objetivo de establecer recomendaciones y seguimiento a las medidas que garanticen la rendición de cuentas, acceso a justicia y acciones en contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden contra personas afrodescendientes a nivel global.  

  Durante la consulta, Raza e Igualdad y sus contrapartes realizaron énfasis  ante el mecanismo en las siguientes recomendaciones: 

  • Medidas de reparación con enfoque étnico-racial y reconociendo interseccionalidades claves tales como género, orientación sexual o identidad de género, religión, y condición de migrante para víctimas de violencia policial racista. 
  • Garantizar el acceso a la justicia personas afrodescendientes que han sido víctimas de violencia policial racista. Además, garantizar la rendición de cuentas por los casos de violencia policial contra personas afrodescendientes, por el cual, se instó a la creación de una Mesa de las Américas para la Evaluación y Monitoreo con los Estados sobre Casos Sentenciados a Favor de Población Afrodescendiente entorno a Violencia Policial. 
  • Crear mecanismos de medición de casos de violencia policial que tengan la variable étnico-racial, la identidad de género y la orientación sexual.  
  • Garantizar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes y las organizaciones que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica por parte de la fuerza pública durante el Paro Nacional en Colombia. 
  • Fortalecer las legislaciones para garantizar la penalización adecuada de actos racistas y de discriminación racial, así como de omisiones, cometidos tanto por individuos, el sector privado y el sector estatal Procesos de formación y monitoreo en contra del racismo en la Fuerza Pública. 
  • Recalcar los peligros de la inteligencia artificial en este campo. 
  • Ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 

Esta consulta se realizó del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Santiago, Chile, en el cual se convocaron a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Mecanismo se reunió con los Estados seleccionados, Fuerza Pública, Institutos Nacionales de Estadísticas, organismos de control, víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 

En el marco de la consulta, participaron presencialmente organizaciones de la región que trabajan con el Raza e Igualdad para promover y garantizar los derechos de personas afrodescendientes, tales como, la Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Valle del Cauca -ASOGROVALLE (Colombia), Instituto Marielle Franco (Brasil), Geledés (Brasil), Movimento Mães da Chacina de Osasco Barueri (Brasil) y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP).   

Paola Quiñones, lideresa social y defensora de derechos humanos de la organización Fundación Víctimas Vulnerables Mujeres Afros Independientes – FUNVIMUFROIN señala que esta primera consulta del Mecanismo en América del Sur:   

  “Me permitió manifestar la situación vivida durante el estallido social, pero también me permitió la oportunidad de conocer procesos fuertes dolorosos, que esa empatía me permite ver el genocidio Afro que han vivido en otros países, racismo sistémico, perfilamiento racial dentro del sistema de justicia, donde necesitamos verdad, justicia y no repetición, donde solicitamos exhaustivamente no se vuelva a repetir más en las comunidades afrodescendientes” 

Finalmente, es importante indicar que esta primera consulta realizada por el Mecanismo fue un espacio para intercambiar acciones que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos afrodescendientes adelantan en contra de la violencia policial racista y el racismo sistémico en la región. También fue un espacio para identificar que acciones están desarrollando los Estados, generar recomendaciones y medidas en contra del racismo adentro de la Fuerza Pública y en todo el sistema de justicia.    

La información recolectada permitirá al Mecanismo en su redacción de informes, la identificación de buenas prácticas y creación de lineamientos para seguimiento a futuros pasos. De parte de Raza e Igualdad, continuaremos apoyando a nuestras contrapartes para que fortalezcan su dialogo con el Mecanismo y continúen documentando casos de perfilamiento y violencia policial racista.  

El Experto Independiente sobre OSIG visitó Perú con el apoyo de Raza e Igualdad

En Perú, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, se reunió con autoridades de Estado, estudiantes y organizaciones LGBTI+ de dos regiones del país para promocionar su mandato.

Del 21 al 26 de noviembre, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a Perú, la cual se llevó a cabo con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que estuvo representado por nuestra Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunió con diversas autoridades del Estado, estudiantes universitarios y organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos de Arequipa y Lima, dos regiones del país. El propósito fue brindar información sobre las funciones del mandato, el trabajo que realiza y sus alcances; además de escuchar y conocer la situación de las personas LGBTI+ en el país.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en una de las reuniones con organizaciones LGBTI+ en Lima, Perú.

Cabe mencionar que el mandato del EI OSIG se creó en el 2016 gracias al trabajo de incidencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, a fin de que las Naciones Unidas reconozca la orientación sexual e identidad de género como ejes fundamentales en el trabajo de análisis del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para conocer más acerca de la labor del mandato y acceder a los informes ingresa al portal web oficial.

Diálogo con la sociedad civil

Arequipa fue el primer lugar que visitó el mandato del EI OSIG en Perú. Aquí, representantes de organizaciones transmasculinas, lesbianas y gays conversaron sobre los problemas que enfrentan debido a su orientación sexual e identidad de género y sobre los estigmas hacia las personas LGBTI+ que se generan a partir del sistema heteropatriarcal y de grupos antiderechos y conservadores.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en la reunión con organizaciones LGBTI+ en Arequipa, Perú.

En tanto, en Lima, Madrigal-Borloz participó cuatro reuniones temáticas: a) discriminación, violencia y acceso a la justicia; b) data; c) salud y Educación Sexual Integral, e d) identidad de género. Todas ellas dirigidas al diálogo con diversos colectivos y organizaciones civiles de derechos humanos de personas LGBTI+. Como se sabe, Perú es uno de los países de la región andina que no cuenta con una ley de identidad de género, por lo que no existe un procedimiento administrativo que facilite el cambio legal del nombre y la categoría “sexo” en el Documento Nacional de Identificación (DNI). Por el contrario, las personas trans deben litigar vía judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el cual apela constantemente las resoluciones favorables y acorde a los derechos humanos de las personas trans. Puede ver la entrevista que Raza e Igualdad le realizó a Bruno Montenegro, coordinador de Fraternidad Transmasculina, sobre el tema.

En el país también se registra un caso emblemático en la lucha por el reconocimiento de las parejas diversas, ya que esa misma entidad se niega a registrar en el DNI de un niño los nombres de sus dos mamás, una pareja de esposas lesbianas; puede leer más aquí. En cuanto a la discriminación y violencia contra personas LGBTI+, los sistemas de registro del Estado no tienen la categoría ‘orientación sexual e identidad de género’, por lo que no existen bases con datos desagregados que den cuenta sobre el número de personas LGBTI+ violentadas.

Jóvenes del derecho

El Consultorio Jurídico UNICXS, un proyecto de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ofrece asesoría legal gratuita en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, invitó a Madrigal-Borloz a dar un taller para conversar sobre su mandato, la criminalización de las personas LGBTI+ alrededor del mundo y la tarea de garantizar los derechos humanos de todas las personas.

El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en el taller para integrantes del Consultorio Jurídico Unicxs, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima.

Asimismo, el mandato del EI OSIG también se reunió con diversas autoridades de Estado peruano, entre ellas el canciller peruano, Cesar Landa, y con la congresista de la República, Susel Paredes.

Raza e Igualdad, reafirma el apoyo al mandato del Experto Independiente en aras de contribuir a la visibilización y respeto de los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, continuará promoviendo sus visitas a los países de la región para que activistas y colectivos LGBTI+ conozcan la labor del mandato y colaboren con sus acciones de documentación y análisis.

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