Comité de Derechos Humanos de la ONU llama al Estado de Nicaragua a abstenerse de cancelar personalidades jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, cesar torturas contra personas privadas de libertad e investigar casos de violencia contra mujeres

Washington D.C., 7 de noviembre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CCPR, por sus siglas en inglés), hizo amplias observaciones sobre el cuarto informe periódico presentado por Nicaragua, analizado en la revisión el pasado 19 de octubre de 2022.

El Comité emitió 17 recomendaciones sobre diferentes temáticas, entre ellas: la independencia del Poder Judicial, muertes por violencia policial, la situación de las personas prisioneras en las cárceles de Nicaragua, la libertad de expresión, violencia contra las mujeres, situación de los pueblos indígenas y libertad de asociación.

Sobre este último punto, el Comité dijo que el Estado de Nicaragua debe “abstenerse de cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, grupos de oposición y asociaciones profesionales; entre estas asociaciones médicas, universidades y entidades vinculadas con la Iglesia católica; por ejercer legítimamente sus derechos y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer esas organizaciones y restituirles sus bienes”.

Desde 2018 hasta inicios de noviembre de 2022, el Comité registró el cierre de 1880 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, muchas de ellas imposibilitadas de presentar la documentación requerida por los obstáculos encontrados en el Ministerio de Gobernación a raíz de la aprobación de la Ley Especial de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020.

“Abstenerse de imponer régimen de aislamiento” a las personas detenidas

El Comité ha recordado que las familias de personas privadas de libertad por motivos políticos han expresado que entre quienes se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, hay quienes padecen enfermedades crónicas que no reciben la atención especializada en salud que requieren. Desde hace 73 días, las personas que se encuentran en ese centro de detención no han recibido ninguna visita de sus familiares y se desconoce información sobre las condiciones en que se encuentran.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en “El Chipote”, hay por lo menos 50 personas detenidas.

El Comité dijo que el Estado debe “abstenerse de imponer el régimen de aislamiento, salvo en las circunstancias más excepcionales y por períodos estrictamente limitados, cuando sea objetivamente justificable y proporcionado”, conforme las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela).

También mostró preocupación sobre el nivel de hacinamiento de personas que hay en cárceles como “La Modelo” o la cárcel de mujeres “La Esperanza”, así como lo que considera una “deficiente atención de salud” en centros penitenciarios como “El Chipote”. Además, recomendó que se realice una supervisión estricta de los procedimientos de visitas, “velando por que los registros invasivos sólo se efectúen en casos excepcionales, de la manera menos intrusiva posible y respetando plenamente la dignidad de la persona y su identidad de género”.

Esta recomendación surge a raíz de las denuncias que refieren que a los familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos se les somete a revisiones invasivas y tocamientos indebidos cuando se autorizan visitas en los centros de detención.

Estas prácticas violatorias de los derechos humanos también se han realizado en contra de menores de edad, a quienes se les han impedido visitas frecuentes a sus familiares en la cárcel por largos periodos de tiempo y en general, no se les ha permitido comunicación alguna.

Que se enjuicie a autores de torturas y muertes en cárceles

El Comité también mostró preocupación por las constantes denuncias de torturas que se han divulgado en Nicaragua y que ocurren tanto al momento de la detención como las que suceden en las cárceles y centros de detención.

Además, recomendó que se investiguen de forma rápida, exhaustiva, eficaz, independiente e imparcial “todas las denuncias de tortura y malos tratos y las muertes durante la detención”.

Esto último, porque desde las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Nicaragua desde abril de 2018, se registraron dos muertes de personas detenidas; Eddy Montes, ciudadano estadounidense que falleció de un disparo en circunstancias todavía no investigadas por las autoridades nicaragüenses, y Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en circunstancias aún sin esclarecer derivadas de la falta de asistencia a su salud y las condiciones de detención.

La recomendación del Comité es que estas investigaciones deben realizarse de conformidad con el Manual para las investigaciones y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), “así como (investigaciones) de todos los actos de violencia cometidos por la policía y los funcionarios de prisiones durante la detención, en las comisarías de policía y en centros de privación de libertad, velando por que se enjuicie a los autores y se les castigue debidamente si son declarados culpables y por que las víctimas reciban una reparación integral”.

Investigar casos de violencia contra las mujeres

Teniendo en cuenta que en Nicaragua, según estadísticas de organizaciones de defensa de las mujeres, más de 42 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidios desde enero hasta agosto de 2022, 15 de esos casos se mantienen en la impunidad dentro del país, el Comité también recomendó al Estado de Nicaragua que se garanticen las investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres “rápida y eficazmente”, y que los autores de esos crímenes sean llevados ante la justicia.

Además, exhortó al Estado a hacer enmiendas a la Ley 779, Ley de Violencia Contra las Mujeres, de modo que “se mantenga la jurisdicción especializada en materia de violencia contra la mujer en todo el territorio del Estado parte y se armonice la definición de feminicidio con las normas internacionales”.

Derecho a un juicio imparcial

El Comité también mostró preocupación por las “vulneraciones de las garantías procesales”, y en particular, se refirió a la utilización de tipos penales ambiguos durante investigaciones y enjuiciamientos.

“El Comité también está preocupado por la falta de acceso efectivo a la asistencia jurídica de las personas detenidas, en especial, inquietan las denuncias sobre los obstáculos que enfrentan los abogados para acceder a las audiencias judiciales, a los expedientes del caso y a comunicarse libremente y en privado con sus defendidos”.

Además el Comité recomendó que los abogados puedan asesorar y representar a las personas acusadas de delitos sin obstáculos, expresando que se debe “promover que el Ministerio Público inste la puesta en libertad inmediata de las personas detenidas a raíz de la crisis sociopolítica iniciada en 2018”.

Preocupa violencia contra pueblos indígenas

Adicionalmente, el Comité expresó su preocupación por los reportes de que algunos pueblos indígenas han sido víctimas de actos de violencia tras la invasión de colonos a sus territorios.

En este sentido, recomendó al Estado, “redoblar sus esfuerzos para prevenir conflictos sobre el uso de la tierra, entre ellos la facilitación de garantías en relación con las tierras que tradicionalmente han sido propiedad de los pueblos indígenas o que han estado ocupadas por estos”.

“De conformidad con el artículo 75, párrafo 1, del reglamento del Comité, se solicita al Estado parte que facilite, al 4 de noviembre de 2025, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 6 (marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto), 30 (derecho a un juicio imparcial) y 40 (participación en asuntos públicos)”.

Comité dará seguimiento a recomendaciones

El Comité de la ONU también dará seguimiento a tres recomendaciones realizadas: la divulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité, el Estado parte recibirá del Comité en 2028 la lista de cuestiones previa a la presentación de informes y se espera que presente dentro de un año sus respuestas a la lista de cuestiones.

Pronunciamiento

Tanto a Raza e Igualdad como al CCPR Centre, nos preocupa profundamente la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales y la nula cooperación que ha brindado en los últimos años a pesar de las reiteradas solicitudes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas detalladas para el proceso de la revisión que motiva este comunicado.

El Estado de Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales y ayudar a buscar una salida a la crisis que inició desde el año 2018. Estas soluciones deben estar encaminadas hacia un respeto estricto a los derechos humanos, el diálogo y el derecho internacional.

La crisis en Nicaragua, que se ha extendido durante 4 años, por la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para encontrar una solución pacífica, continúa provocando exilio, detenciones arbitrarias y falta de juicios imparciales acordes a las normas internacionales.

Reconocemos y apoyamos a todas las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses que desde Nicaragua o desde el exilio continúan desarrollando su labor en defensa de los derechos humanos y aportaron al Comité información muy valiosa, e instamos al Estado de Nicaragua a aceptar y cumplir fielmente con sus obligaciones internacionales implementando las recomendaciones del Comité como corresponde.

Comité de Derechos Humanos ONU: Ausencia de Nicaragua es “especialmente preocupante” ante el grave deterioro de derechos humanos

Washington D.C., 20 de Octubre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas convocó al Estado de Nicaragua a la revisión del IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por sus siglas en inglés), el 19 de octubre. El Estado Parte se ausentó al examen, “una situación desafortunada que ha surgido como consecuencia de la falta de respuesta de las comunicaciones”, según la Presidenta del Comité, Photini Pazartzis.

Para Pazartzis “es especialmente preocupante” que esta sea la cuarta ocasión consecutiva que el Estado de Nicaragua se niega a entablar un diálogo constructivo con órganos de tratados de las Naciones Unidas. El año pasado se negó a responder la lista de cuestiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. En julio de este año se ausentó al examen del Comité contra la Tortura (CAT) y lo calificó como una “provocación”; en agosto no asistió a la revisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y ahora lo hizo con el Comité de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos, de conformidad con su reglamento y con el apoyo de los informes alternativos enviados por organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales, procedió a discutir 29 cuestiones en ausencia del Estado, entre las cuales destacan: la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y comunidad LGBTI+; la situación de los derechos de las mujeres frente a la violencia, el uso excesivo de las fuerzas estatales para restringir libertades públicas, la falta de independencia judicial, entre otras.

Privación de Libertad por motivos políticos y falta de independencia judicial

Actualmente, más de 219 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos, así como condiciones de detención precarias: hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.“Se continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos en las cárceles de El Chipote, La Modelo y La Esperanza… se ha proporcionado información sobre casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos en el contexto de las protestas, incluso tocamientos inapropiados y amenazas de violación”, dijo el Sr. Quesada.

Por otro lado, la Sra. Bassim lamentó que en febrero de 2022, se dio el fallecimiento bajo custodia del líder opositor Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital de forma tardía; asimismo, aseguró que “este fallecimiento ha obligado al gobierno a recurrir a las detenciones domiciliarias en casos muy precarios desde el punto de vista de salud”, sin embargo, las excesivas restricciones de las visitas familiares a personas que se encuentran en los centros de detención han traído como consecuencia que estas hayan iniciado huelgas de hambre que pueden afectar gravemente su salud.

Posteriormente, el Sr. Carlos Gómez se refirió a los juicios y condenas contra personas detenidas en 2021 en el contexto de las elecciones generales, que dejan entrever la falta de independencia judicial.

“Se celebraron a puertas cerradas, sin presencia de público, algunos de ellos en los mismos centros de detención… y no se permitió que estos acusados se entrevistas con sus abogados hasta unos minutos antes”. Solo una de las condenas ha sido revocada en apelación y otras se encuentran pendientes de recurso de casación. “Este proceder sugiere una falta total de las garantías subjetivas de la jurisdicción, como son la independencia e imparcialidad del tribunal”, explicó Gómez.

Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas LGBTI+

Las estadísticas oficiales continúan careciendo de datos sobre la violencia y discriminación contra personas LGBTI+, lo que impide hacer una evaluación sobre la dimensión real de los problemas asociados; sin embargo, según la información recibida por el Comité, “mujeres trans privadas de libertad en el contexto de la crisis fueron recluidas en prisiones de hombres y sometidas a tratos discriminatorios y degradantes”.

Sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Sr. Santos Pais aseguró “siguen siendo víctimas de discriminación estructuctural” que se refleja en los índices de pobreza, las condiciones de vida precarias y la persistente violencia y discriminación institucional. El Estado Parte “aún ha omitido realizar la última etapa del proceso, la etapa de saneamiento, de los 23 territorios titulados…que tendría como finalidad definir los derechos de terceros o colonos dentro de los territorios indígenas”, agregó.

Por otro lado, en relación a la violencia contra las mujeres y femicidios, el Comité observa con preocupación que la política pública desconoce los derechos de las mujeres y privilegia la protección a la familia, obstaculiza la denuncia y permite mediaciones que las podrían poner en mayor riesgo de femicidio. Asimismo, el gobierno no ha destinado fondos del Presupuesto de la República a albergues y ha cerrado al menos 176 organizaciones que garantizaban protección a víctimas de violencia doméstica y de género. El gobierno “confiscó sus bienes o canceló sus estatutos jurídicos”, explicó Santos Pais.

Uso excesivo de las fuerzas estatales e impunidad

“El Comité ha recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, particularmente con ocasión de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018”, así como de elementos armados progubernamentales o fuerzas de choque “que han actuado con el beneplácito de autoridades de alto nivel y de la Policía Nacional en ataques a manifestantes e incluso detenciones ilegales”, expuso el Sr. Quezada, experto del Comité de Derechos Humanos.

El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales durante las manifestaciones pacíficas del año 2018 ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 detenidas arbitrariamente.

En relación a esto, para la Presidenta del Comité, la Ley de Amnistía aprobada en julio de 2021, que concede inmunidad a los agentes estatales por las acciones que tomaron desde abril de 2018 hasta la fecha en la que se aprobó la ley “genera preocupaciones bastantes serias, incluidas preocupaciones relativas a la retroactividad”

Represalias contra periodistas, medios y personas defensoras de derechos humanos

Al menos 120 periodistas nicaragüenses se han exiliado por represalias del gobierno, al menos tres medios de comunicación han sido confiscados desde el año 2018, entre ellos Confidencial, La Prensa y 100% Noticias. En el presente año se han clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió el Sr. Gómez.

Seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos: el Gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por el supuesto delito de lavado de activos; y otros 3 periodistas fueron condenados por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. Por otro lado, “no se ha esclarecido el asesinato de periodista Ángel Gahona” en el contexto de la crisis de 2018, y el Comité ha recibido información de que tras la Ley de Amnistía del año 2019, este caso ha sido archivado.

La Presidenta Pazartzis agregó que el Comité también tiene conocimiento del despojo de pasaportes a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Deterioro grave de la situación de derechos humanos tras proceso electoral

“Resulta claro que, a la luz de la información recibida… sobre todo desde el 2018, y más recientemente durante las elecciones del 2021, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave”, dijo la Presidenta Pazartzis.

Las elecciones generales del 2021 se dieron en un contexto de concentración de los poderes del Estado en el Ejecutivo y, según la Organización de Estados Americanos (OEA), “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Cabe destacar que, en mayo de 2021, una reforma a la Ley Electoral favoreció la hegemonía del partido actual de gobierno. Además, según registros de la sociedad civil, durante las votaciones hubo más de 2000 reportes de anomalías y se estima que hubo 81.5% de abstención.

En este sentido, según el Comité, “es posible que el nuevo proceso electoral municipal de noviembre de este año seguirá un patrón similar al de las presidenciales de 2021”.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones expresadas en la Lista de Cuestiones proporcionada oportunamente al Estado. La plena cooperación de los Estados Partes en los diálogos es un componente clave para el cumplimiento de las obligaciones contraídas bajo el Pacto. Recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conlleva la obligación de remitir informes, participar de diálogos constructivos con el Comité y cumplir con las recomendaciones formuladas por este.

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos, en Nicaragua. Su arduo trabajo y presentación de informes han hecho posible el examen y formulación de observaciones.

*El Comité emitirá sus observaciones finales durante el periodo de sesiones actual (10 de Octubre – 4 de noviembre) y las remitirá al Estado de Nicaragua.

Raza e Igualdad condena represalias del régimen de Nicaragua contra la Experta ONU Anexa Alfred Cunningham

Washington D.C., 12 de octubre de 2022.- En un acto inaceptable, el Gobierno de Nicaragua negó la entrada al país a la ciudadana nicaragüense y experta del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés), Anexa Alfred Cunningham, el pasado 9 de julio. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena este ataque contra la Sra. Alfred por su trabajo como defensora de derechos humanos, que también es un ataque hacia el EMRIP, las Naciones Unidas y demás personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH).

La Sra. Alfred Cunningham es una mujer indígena mískitu, abogada y experta en Derechos y Política Indígena, que se ha desempeñado como asesora de Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunales Indígenas en Nicaragua. Entre otros, la Sra. Alfred ha contribuido al proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua, y ha promovido diferentes reformas legislativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas en la legislación nicaragüense.

En abril de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la nombró miembro del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por América Central y del Sur, cuyo mandato es asistir de forma especializada a los Estados Miembros en la consecución de los objetivos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y promover medidas concretas para que los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras entidades puedan adoptar para alcanzar su cumplimiento.

En julio, la experta viajó a Ginebra, Suiza, con el objetivo de llevar a cabo su primera misión oficial en la decimoquinta sesión del EMRIP. Al final de su gira, la línea aérea no le permitió abordar el avión hacia Nicaragua informándole que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no autorizó su entrada al país. Esta decisión del régimen, entre otras cosas, violenta el artículo VI, sección 22, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades, que otorga a las personas expertas nombradas por el CDH «prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones, incluido el tiempo necesario para viajar en relación con ellas».

Frente a esta grave situación, el pasado miércoles 28 de septiembre, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, expresó que ha solicitado “en numerosas ocasiones aclaraciones sobre la situación, así como la cooperación del Gobierno de Nicaragua para rectificar el asunto”; sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta, “ni las garantías del Gobierno de que la señora Cunningham podría regresar a Nicaragua”. Esto indica un “acto de represalia”, aseguró Villegas.

Por su parte, en una entrevista a Raza e Igualdad, la Sra. Alfred Cunningham expresó que la prohibición de retornar a su país se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el gobierno de Nicaragua para reprimir y castigar a voces disidentes. “Lo hemos visto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales… y los pueblos indígenas y afrodescendientes no estamos exentos de esto”.

Asimismo, lamentó que el régimen le impida cumplir su mandato en Nicaragua, pues “el EMRIP tendría la capacidad técnica y especializada de asesorar al Estado para poder cumplir con la fase del proceso de saneamiento, entendiendo que este es un derecho que está reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y en todos los instrumentos de derechos humanos en materia de Pueblos Indígenas de los que Nicaragua es parte”.

“Sabemos que es un proceso que no se ha cumplido y ha generado una serie de irregularidades que afecta los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua”, explicó a Raza e Igualdad.

Finalmente, Alfred llamó al gobierno de Nicaragua a responder las comunicaciones que ha enviado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre su caso, así como a rectificar su decisión y abrir las vías de comunicación con la comunidad internacional y los sectores nacionales.

“Yo creo que todavía está a tiempo de reaccionar y rectificar esta grave decisión… El aislamiento no es la solución para salir de esta crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua. Es necesario abrir un canal de comunicación, solo de esa manera vamos a poder salir de esta crisis”, finalizó.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda solidaridad hacia la Sra. Anexa Alfred Cunningham y su familia.

Condenamos este grave ataque sin precedentes hacia una experta de Naciones Unidas, el cual atenta contra los privilegios e inmunidades diplomáticas que Nicaragua y demás Estados Miembros se han comprometido a respetar.

Recordamos que esta es una violación directa al Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:“Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, que además, conlleva afectaciones múltiples de otros derechos como: el derecho a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional -incluidos el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- para que condenen la actuación de Nicaragua e insten al Estado a rectificar su decisión y asegurar condiciones para el retorno seguro de la Sra. Alfred y su familia; y soliciten investigaciones, juicios y sanciones para todos los responsables, así como reparación por todas las violaciones y abusos sufridos.

No cesamos en exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el restablecimiento de una cooperación significativa con la comunidad internacional. El pueblo de Nicaragua necesita que se realicen investigaciones que garanticen justicia, reparación y no repetición de las violaciones y abusos a los derechos humanos que se continúan cometiendo en el país.

La investigación y rendición de cuentas de estas violaciones que -como ha mencionado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH- deben considerarse crímenes de lesa humanidad, son requisitos indispensables para combatir la impunidad y superar la grave crisis de derechos humanos.

Esperamos que el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 49/3, continúe con esta importante labor.

Hacemos un llamado al Estado de Cuba para garantizar los derechos humanos de sus habitantes, tal y como lo aseguró en el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos

Washington D.C., 12 de octubre de 2022 – En el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Ginebra entre el 12 de septiembre y 7 de octubre de 2022, el embajador y representante permanente cubano ante Naciones Unidas, Juan Antonio Quintanilla, planteó que “Cuba seguirá siendo un ejemplo y continuará avanzando en la promoción y protección de derechos humanos”[1]. Además, resaltó como avances nacionales la aprobación de la Ley de Ejecución Penal, del Código Penal y de la Ley de los Tribunales Populares que a su criterio “fortalecen aún más los derechos y garantías de las personas”[2]; y afirmó que “desde 1959, en Cuba no se producen desapariciones forzadas bajo ningún concepto ni circunstancia”[3]. En una de sus intervenciones también pidió a la comunidad internacional trabajar para “[superar] los desafíos globales y el logro de un orden internacional democrático y equitativo”[4].

Frente a estas declaraciones, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), como organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con diversos actores locales en América Latina, y conocedor de la situación que enfrentan los habitantes de la Isla, considera importante realizar la siguiente reflexión:

Primero, la afirmación que Cuba es un referente en el respeto, promoción y protección de derechos humanos está alejada de la realidad. En Cuba se producen de manera sistemática violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de sus habitantes, como lo han reconocido en varias ocasiones los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, incluidos los Órganos de los Tratados[5], Procedimientos Especiales de Naciones Unidas[6] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[7] (CIDH).

Actualmente, ante la pasividad del Estado cubano, sus habitantes enfrentan una crisis energética^[8] desde hace varios meses, que ha agudizado la situación económica precaria y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, impidiéndoles el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)[9]. Se registra un aumento masivo de casos de dengue que han provocado el colapso del sistema de salud debido a la ausencia de medicinas e insumos necesarios para enfrentar esta enfermedad, así como la falta de protocolos y datos sobre el número de casos y muertes[10]. También preocupan las escasas acciones de prevención por la falta de combustible para fumigar contra el mosquito Aedes aegypti y la limitada información pública que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información[11]. Si bien esta situación impacta en todo el país, lo hace en forma diferenciada en los grupos en situación de particular vulnerabilidad como mujeres, niños/as y adolescentes, afrodescendientes, personas adultas mayores, comunidad LGBTI+ y otros.

A la par, las violaciones a los derechos civiles y políticos continúan. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el hostigamiento, represión y criminalización contra quienes disienten se ha profundizado. De acuerdo con la sociedad civil en el marco de las manifestaciones del 11J se reportaron graves violaciones a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza estatal, dejando como resultado una persona fallecida, 1.745 acciones represivas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, 55 citaciones y cortes de internet en todo el país.^[12]

Los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación se violan a diario en un país en el que pensar distinto al discurso oficial es considerado un acto enemigo o contra la seguridad nacional. Hasta octubre 2022, la iniciativa Justicia 11J registra 740[13] personas privadas de libertad por motivos políticos, y 676[14] juzgadas por la misma razón, en el marco de procesos carentes de independencia y sin respeto a las garantías mínimas del debido proceso.

Los juicios y sentencias contra las personas que participaron en las protestas del 11J persisten^[15], al igual que las multas y el amedrentamiento constante a la población que sufre la crisis económica y de derechos que atraviesa la Isla. A un año de las protestas del 11J, en las que se registraron detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y desapariciones forzadas de corta duración[16], el gobierno ha implementado reformas legislativas que, contrario a lo afirmado por el embajador Quintanilla, limitan aún más las libertades en Cuba y sirven como base para perseguir a activistas, artistas, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Penal, que representa una amenaza para la sociedad cubana al sancionar el ejercicio legítimo de derechos como la libertad de asociación^[17].

Recientemente, tras el paso de huracán Ian, la frágil situación energética y de acceso a servicios básicos, como el agua potable, se agravó incentivando protestas espontáneas en varias partes del país[18]. Las manifestaciones recibieron la respuesta represiva del Estado mediante el despliegue de agentes de la Seguridad del Estado, Brigadas de Respuesta Rápida, Ejército, y otros agentes estatales. De acuerdo con la iniciativa Justicia 11J, se han registrado 28 detenciones arbitrarias, de las cuales 20 personas continúan en detención[19].

Los hechos descritos han propiciado la desesperación del pueblo cubano y una consecuente crisis migratoria, que pone en riesgo la vida de miles de personas que abandonan la Isla por la falta de garantías para una vida digna y libre, y van en busca de mejores oportunidades en países de la región y del mundo. De acuerdo con el Centro para la Democracia en las Américas (CDA), durante 2022 aproximadamente 178.000 cubanos/as han llegado a Estados Unidos, sobrepasando los registros históricos como el “éxodo de Mariel” en 1980 y la “crisis de los balseros” en 1994[20].

Por lo expuesto, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado para que el compromiso con el respeto de los derechos humanos que ha referido el Embajador Quintanilla en sus intervenciones ante Naciones Unidas se efectivice a través de una verdadera garantía, protección y respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, indistintamente de su ideología o pensamiento político. Reiteramos nuestro pedido al Estado cubano para que cumpla de buena fe con las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos y democracia.

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[1] Tema 3 – Debate General: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. 20 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=20/09/2022%2000:00:00

[2] Tema 3 – Diálogo Interactivo con la Experta Independiente sobre los derechos de las personas de edad. 19 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=19/09/2022%2000:00:00

[3] Tema 3 – Diálogo Interactivo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. 20 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=20/09/2022%2000:00:00

[4] Tema 3: Diálogo interactivo con el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. 19 septiembre 2022, disponible en https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/51/Pages/Statements.aspx?SessionId=61&MeetingDate=19/09/2022%2000:00:00

[5] Comité contra la Tortura [CAT], Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba, 9 junio 2022, CAT/C/CUB/CO/3, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCUB%2fCO%2f3&Lang=en ; ver también: Comité de los Derechos del Niño [CRC], Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a sexto combinados de Cuba, 16 junio 2022, CRC/C/CUB/CO/3-6, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCUB%2fCO%2f3-6&Lang=en; ver también Infobae, El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió explicaciones a Cuba por lo sucedido tras las protestas del 11 de julio, 21 enero 2022, disponible en https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/21/el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu-pidio-explicaciones-a-cuba-por-lo-sucedido-tras-las-protestas-del-11-de-julio/,

[6] Naciones Unidas, Experto de la ONU pide a Cuba acabar con la intimidación a los defensores de derechos humanos, 11 marzo 2021, disponible en https://news.un.org/es/story/2021/03/1489362

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], Informe Annual 2021: Capítulos IV.b – Cuba, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap4B.Cuba-es.pdf; ver también: CIDH, Situación de los derechos humanos en Cuba, 3 febrero 2020, OEA/Ser.L/V/II, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf; ver también: CIDH, La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudadanos, 15 de julio de 2021, disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/ prensa/ comunicados /2021/177.asp

^[8] CNN, Cuba anuncia apagones en La Habana desde principios de Agosto, 31 julio 2022, disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/31/la-habana-anuncia-apagones-agosto-trax/

[9] CIDH, CIDH y REDESCA: Preocupa la Situación Socioeconómica en Cuba que Impacta en los DESCA de las mujeres y otras poblaciones, 6 de junio de 2022, disponible en http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/127.asp

[10] Radio Martí, Cubanos reportan fallecimientos y aumento de casos de dengue en la isla, 22 septiembre 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cubanos-reportan-fallecimientos-y-aumento-de-casos-de-dengue-en-la-isla/334765.html

[11] SWI, Cuba detecta en una semana más casos de dengue que en todo el primer semestre,29 de Julio 2022, disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-salud_cuba-detecta-en-una-semana-m%C3%A1s-casos-de-dengue-que-en-todo-el-primer-semestre/47790900, ver también https://eltoque.com/preocupante-situacion-con-el-dengue-en-cuba

[12] Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Protestas de julio, 8 de marzo de 2021, disponible en https://observacuba.org/ocdh-protestas-de-julio-dejaron-al-menos-1-745-acciones-represivas-en-cuba-de-las-cuales-1-103-fueron-detenciones-arbitrarias/

[13] Justicia 11J, Detenciones políticas, 8 octubre 2022, disponible en https://www.justicia11j.org/

[14] Justicia 11J, Detenciones políticas, 8 octubre 2022, disponible en https://www.justicia11j.org/

^[15] Radio Martí, Justicia 11J: De más de 500 enjuiciados en Cuba por las protestas, solo 5 han sido absueltos, 25 mayo 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/justicia-11j-de-m%C3%A1s-500-enjuiciados-en-cuba-por-las-protestas-solo-5-han-sido-absueltos/325462.html

[16] Justicia 11J y Cubalex, Un año sin justicia: patrones de violencia estatal conrtra manifestantes del 11J, julio 2022, disponible en https://drive.google.com/file/d/1yuKmBzW-oZ-zICW7dBODh-hdrxhQpBJi/view

^[17] Radio Martí, Aprobación de nuevo Código Penal en Cuba provoca críticas y rechazo, 19 mayo 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/325106.html

[18] Radio Martí, El saldo del descontento social en Cuba: 55 protestas y decenas de arrestos en pocos días, 4 octubre 2022, disponible en https://www.radiotelevisionmarti.com/a/documentan-55-protestas-y-decenas-de-arrestos-en-cuba-en-los-%C3%BAltimos-d%C3%ADas/335575.html

[19] Justicia 11J, Detenciones por motivos políticos, 5 octubre 2022, disponible en https://twitter.com/justicia11j/status/1577641025333518341?s=20&t=_aOGAAjHwueWLdxNzdWsyQ

[20] DW, El éxodo récord e imparable de Cubanos hacia Estados Unidos, 12 agosto 2022, disponible en https://www.dw.com/es/el-%C3%A9xodo-r%C3%A9cord-e-imparable-de-cubanos-hacia-estados-unidos/a-63000225

Una valla móvil cerca de la Asamblea General de la ONU denuncia las violaciones a los derechos humanos que se registran en Cuba

Washington D.C., 23 de septiembre de 2022 – En Cuba hay más de 600 personas que permanecen en prisión por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, de acuerdo con el grupo de trabajo Justicia 11J y Cubalex. Esta cifra, que revela las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en la Isla, aparece en una valla móvil que a partir de hoy y durante este fin de semana transitará los alrededores del edificio donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta es una iniciativa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

La valla también denuncia que los y las cubanas salieron a las calles en respuesta a la difícil situación socioeconómica que atraviesa este país, y que ha empeorado en el último año debido a la inflación, los recurrentes apagones, y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.

Con esta iniciativa se busca exhortar a la comunidad internacional que asiste a este encuentro que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, para que se adopten medidas que permitan poner fin a la represión, a los casos de hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a las agresiones que sufren constantemente activistas, periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba.

Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso

Hoy también se dio a conocer en el diario The New York Times la Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, una propuesta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) que busca que las personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla sean liberadas. Además, promueve un proceso de democratización que reconozca y garantice los derechos humanos en este país.

Esta iniciativa, que se presentará ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba luego de que más de 10 mil personas firmen la propuesta tal como lo exige la Constitución cubana, representa una ruta hacia la libertad para quienes hoy permanecen en prisión por expresar su opinión, reclamar cambios y mostrar su desacuerdo con las políticas implementadas por las autoridades cubanas.

Desde Raza e Igualdad promovemos esta iniciativa que contribuirá al establecimiento de la democracia en la Isla. Reiteramos nuestro pedido al Estado de Cuba para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de toda su población sin ningún tipo de discriminación, y cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia.

EI OSIG y CIDH promocionan sus mandatos en Caribe Anglófono

El mandato del EI OSIG y la Relatora sobre DDHH de personas LGBTI se reunieron con organizaciones de la sociedad civil en el Caribe Anglófono

Del 13 al 17 de setiembre, el mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad Género de las Naciones Unidas (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz; y la Relatora sobre los Derechos las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la CIDH, Roberta Clarke, realizaron una visita promocional al Caribe de habla inglés, la cual se realizó con apoyo del Eastern Caribbean Alliance (ECADE) y del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en compañía de nuestra Oficinal Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.

Durante su visita, se reunieron con diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con personas LGBTI+ y mujeres en Santa Lucia y en otros Estados de la región del Caribe. El propósito fue promover el mandato que realizan, además de escuchar sobre la situación de las personas LGBTI+ en el país y la labor que realizan las organizaciones contra la estigmatización, discriminación y violencia.

IE OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de Raise your Voice St. Lucia.

SANTA LUCÍA

En ese marco, se llevó a cabo el conversatorio sobre Mecanismos Internacionales y de los derechos de personas LGBTI+, donde Victor Madrigal, Experto Independiente sobre OSIG, expresó la importancia de sostener este diálogo crucial con la sociedad civil en el Caribe. Por su parte, la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de personas LGBTI, destacó la necesidad de que los países del Caribe ratifiquen los tratados interamericanos sobre derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, manifestó su preocupación por los casos de violencia contra las personas LGBTI+ caracterizada por la impunidad en toda la región del Caribe.

En dicho evento, también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Kenita Placide, Directora Ejecutiva de ECADE, quien resaltó la importancia de que la sociedad civil de la región trabaje conjuntamente para asegurar que sus voces sean escuchadas. De la misma manera, Catherine Sealy, Directora Ejecutiva de Raise your Voice St. Lucia, dijo: “Queremos ayudar a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las personas, independientemente de lo que hagan”.

Entre los principales problemas del país, las representantes de las organizaciones señalaron la violencia policial contra personas LGBTI+, los impedimentos para el acceso a la justicia, las limitaciones para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia física y psicológica contra personas LGBTI+ por sus propias familias, la pérdida de los puestos de trabajo después del COVID y el aumento de muertes de personas trans.

Relatora sobre los Derechos de las personas LGBTI de la CIDH, Roberta Clarke; EI OSIG, Víctor Madrigal-Borloz; Oficial Mayor del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera; e integrantes de United and Strong INC.

EVENTO REGIONAL EN BARBADOS

Durante dos días, se llevó a cabo The Caribbean Regional Dialogue on LGBTQI+ D.A.T.A, el cual consistió en mesas redondas regionales para la discusión sobre violencia y acceso a la justicia, salud e impacto del COVID, inclusión económica de personas LGBTI+, educación y capital humano, discriminación, acceso al desarrollo financiero e impacto de las inversiones, pobreza y acceso al mercado laboral y perspectivas del turismo.

Además, contó con la participación de diferentes representantes de la sociedad civil, gobiernos, instituciones de desarrollo, organismos regionales y el sector privado a fin de crear políticas basadas en datos para los derechos LGBTI+.

En ese sentido, durante su intervención, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz abordó la necesidad de recopilar datos sobre orientación sexual e identidad de género para disipar los mitos y estereotipos que alimentan la violencia y la discriminación: “La evidencia es una forma de contrarrestar las ideas negacionistas de que no hay violencia por orientación sexual e identidad de género”. En su discurso, la Comisionada Roberta Clarke reflexionó sobre la necesidad de la descolonización para el progreso de los derechos de las personas LGBTI, quienes exigen y merecen justicia interseccional: “Demasiadas personas en nuestra región siguen marginadas económicamente, demasiadas siguen en exclusión”.

Por su parte, la Dr. Lee Badgett, catedrática de Economía de la University of Massachusetts Amherst, sostuvo que tener números y datos les dice a las personas LGBTI+ que cuentan. Además, mencionó que el 57% de las personas LGB y el 69% de las personas trans informaron haber sufrido acoso e intimidación en la escuela, según el reporte de Phil Crehan, investigador sobre data e inclusión social, quien también enfatizó sobre la oportunidad sin precedentes que representaba este evento en el Caribe.

Parte del trabajo de Raza e Igualdad consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la CIDH para los derechos de las personas LGBTI+. Es importante seguir de cerca el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil del Caribe, las cuales han logrado importantes avances para la descriminalización en relaciones de parejas del mismo sexo en varios países de la región. Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+ y reitera sus agradecimientos a ECADE, la OEA en Santa Lucia, la CIDH, al IE SOGI y todas las organizaciones de sociedad civil que nos recibieron y participaron de los encuentros.

Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Brasil, 15 de septiembre de 2022 – En vísperas de la revisión de Brasil en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) promovió, entre los meses de julio y agosto, una serie de reuniones entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de la raza, género y orientación sexual en Brasil con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal es un mecanismo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros.

Las reuniones en Ginebra tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, en las que participaron las siguientes organizaciones: Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ), representado por la actual Directora General Gilmara Cunha, mujer trans, líder comunitaria y activista de derechos humanos; ONG Criola (RJ), con la presencia de Mônica Sacramento, Coordinadora de Proyectos de la Institución; Instituto Marielle Franco (RJ) con su Directora Ejecutiva Anielle Franco; Geledés – Instituto de la Mujer Afro, representado por Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política. Por parte de Raza e Igualdad estuvo presente el Director Ejecutivo, Carlos Quesada; David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos; Gaia Hefti, Oficial de Advocacy en Ginebra; y Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil.

Teniendo en cuenta la importancia de mostrar a nivel regional e internacional la situación de violaciones a los derechos humanos en Brasil, y con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de recomendaciones más específicas para la población afro, LGBTI+ y los pueblos indígenas, esta delegación ha participado activamente en la articulación de este mecanismo de derechos humanos a través de la presentación de informes. En ese sentido, la agenda en Ginebra representó una continuidad del trabajo de incidencia que Raza e Igualdad realizó con diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia. En cinco días de reuniones, se hizo especial énfasis en la discriminación racial que se registra en Brasil, y se hicieron recomendaciones específicas para que sea tomadas en cuenta por las Misiones Permanentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expertos independientes en esta materia.

Agenda en Ginebra

El 30 de agosto, varias organizaciones brasileñas fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación del país durante la pre-sesión del EPU y llevar las recomendaciones al Estado brasileño, que también estuvo presente en el evento, con su Misión Permanente. Cabe destacar que el Informe del Estado brasileño para la evaluación del IV ciclo del EPU no se publicó hasta la víspera de la pre-sesión de la EPU, lo cual no permite que la sociedad civil pueda verificar la información presentada por el Estado del país ante la situación actual de los derechos humanos. En representación de la delegación brasileña, Anielle Franco fue invitada por la organizadora de las sesiones previas, la ONG UPR Info, para hablar sobre la brutalidad policial en Brasil y cómo influye el racismo en dicha violencia, y sacó a la luz las recientes masacres en Río de Janeiro y el asesinato de la joven afro embarazada Kathlen Romeo:

«Estos son casos que indican que la muerte de la población afro en Brasil es un problema sistémico, promovido por las autoridades brasileñas y encubierto por las fuerzas policiales. En lugar de investigar las masacres y la violencia discriminatoria contra la población afrobrasileña, el gobierno y la policía brasileños intentan legitimar estas operaciones policiales y atacar a las organizaciones brasileñas de derechos humanos, como el Instituto Marielle Franco».

El pasado 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, Raza e Igualdad celebró un evento híbrido, que contó con la participación de la delegación presente en Ginebra. Bajo el título «Discriminación Racial en Brasil: Violencia contra la Población Afro y los Pueblos Indígenas”, el evento tuvo como objetivo ir más allá de las reuniones cerradas con Embajadas y Misiones Permanentes para visualizar las recomendaciones elaboradas por estas organizaciones de cara al 4º ciclo de la EPU, a fin de que su contenido sea comprendido por el público general al público en general. Además, el evento también fue una importante herramienta de impacto político internacional, proporcionando la construcción de redes y asociaciones entre organizaciones brasileñas e internacionales.

La delegación brasileña tuvo la oportunidad de llevar las recomendaciones a la Embajadora de Chile en Ginebra, Claudia Fuentes Julio; también se reunió con las Embajadas de Canadá, Australia y Argentina; con la Misión Permanente de Costa Rica, Francia, Alemania y Colombia; además de la reunión con Gay McDougall, Relatora del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano responsable del monitoreo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Dado el contexto de violaciones presentado, Gay MacDougall, quien también será la Relator para Brasil ante el CERD, durante la revisión que tendrá lugar en noviembre de este año, se comprometió a encargar al Estado brasileño que implemente los compromisos que cubren el tema racial en el país.

Es importante destacar que la delegación también tuvo un amplio espacio de escucha y diálogo en reuniones con Expertos en Órganos y Tratados de la ONU, Expertos en Pueblos Afrodescendientes y Especialistas en el mecanismo de violencia policial creado por la ONU en 2021. Además, la delegación brasileña fue recibida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) quien acogió con beneplácito la información para que el Estado brasileño sea encargado de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afro, indígena y LGBTI+.

Incidencia internacional: los caminos hacia Ginebra

La tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante los mecanismos internacionales que tratan el tema es uno de los compromisos de Raza e Igualdad con las organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Para eso, es necesario un trabajo de capacitación técnica y apoyo a estas instituciones para que sus denuncias y demandas lleguen instrumentalizadas a los Especialistas y Relatores de cada organismo internacional. Este trabajo se denomina advocacy y/o incidencia política. En este sentido, durante el evento de Raza e Igualdad en Ginebra, el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, destacó una vez más la importancia de la construcción diaria de las estrategias de advocacy en Brasil para «empoderar a las organizaciones de base para promover actores políticos a través de una metodología de formación técnica para que estas organizaciones puedan generar cambios estructurales sostenibles «.

Así, para que la delegación brasileña fuera recibida con sus recomendaciones en Ginebra, fue necesario promover algunas reuniones en Brasilia, con las Embajadas de los países que revisarán Brasil en el 4º ciclo de la EPU y las demás Embajadas presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la EPU. Las reuniones tuvieron lugar del 27 al 29 de julio, y asistieron: Gilmara Cunha, Directora General del Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ); Marina Fonseca, antropóloga y asesora política de la ONG Criola (RJ); Fabiana Pinto, sanitarista y Coordinadora de Incidencia e Investigación del Instituto Marielle Franco (RJ); y Rodnei Jericó, abogado y Coordinador de SOS Racismo del Geledés (SP). En representación de Raza e Igualdad, estuvieron presentes: Leilane Reis, Oficial del Programa de Raza y Género y Adriana Avelar, Oficial de Incidencia en Brasil.

Las reuniones en Brasilia fueron con las Misiones Permanentes que evaluaron a Brasil en períodos anteriores sobre los temas de interés para el grupo, y que están preocupadas por el escenario actual de fragilidad del sistema democrático brasileño: La Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Australia, Argentina, Reino Unido, Colombia y Chile.

Las organizaciones buscaron visibilizar los marcos normativos actuales que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afro, indígenas y LGBTI+ en Brasil desde la última revisión del EPU, teniendo en cuenta la precariedad de la vida debido a los efectos de la pandemia. A partir de las recomendaciones realizadas por las embajadas visitadas, se discutieron los siguientes ejes temáticos: violencia contra la población LGBTI+, violencia policial contra la población afro, salud de las mujeres afros, cierre de los espacios cívicos y derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo fue establecer un diálogo con las recomendaciones para el próximo ciclo, de modo que señalen los marcadores sociales vigentes en la sociedad brasileña y que sean capaces de resaltar la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

El trabajo de incidencia política se construye activamente en asociación con las organizaciones brasileñas y, para ello, es necesario estar conectado con las propuestas políticas y legislativas del Gobierno brasileño, de modo que se puedan proponer acciones efectivas para asegurar la construcción y aplicación de tratados y acuerdos internacionales. El camino desde Brasilia hasta las sesiones previas a la EPU en Ginebra tiene como objetivo acoger con beneplácito las recomendaciones de la delegación brasileña durante el examen a Brasil en la sesión del EPU que tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 14H30 (hora de Ginebra) y a las 9h30 (hora de Brasilia).

¿Cuáles son los próximos pasos?

Cabe señalar que el EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas en el que los Estado Parte evalúan a otros Estados Parte. Por lo tanto, para el impacto político del EPU es fundamental el rol de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Brasil, con el fin de influir en los Estados evaluadores para que acojan sus recomendaciones en el proceso de revisión. Como se mencionó anteriormente, el Estado de Brasil también envió su informe, en el que afirma que ha consultado a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en el país. Con eso, se realiza un análisis basado en avances, retrocesos y buenas prácticas a partir de toda la información recibida y, finalmente, el Estado evaluado debe aplicar las recomendaciones de sus pares.

Por lo tanto, si las recomendaciones de la delegación brasileña son bienvenidas y promovidas por los Estados Parte durante la EPU, la siguiente tarea es presentarlas al nuevo Gobierno que asumirá el cargo en 2023, para que tome conciencia del trabajo de impacto político de las organizaciones de la sociedad civil, ratificándolas e implementándolas en el plan cuatrienal de las políticas públicas del Estado brasileño. Así, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la agenda de lucha contra la discriminación racial otorgado en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. De este modo, Raza e Igualdad trabaja junto a estas organizaciones para supervisar y presionar al Gobierno en la aplicación del acuerdo internacional.

Finalmente, con el fin de colaborar con el mecanismo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las organizaciones brasileñas apoyadas por Raza e Igualdad proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado brasileño:

I – Garantizar la realización de investigaciones de delitos cometidos contra personas LGBTI+ en el territorio de los barrios marginales, lo que permitirá la recopilación de datos públicos sobre dichos delitos;

II – Tomar medidas urgentes para frenar y erradicar la violencia policial en cualquier etapa de la acción de la policía civil, el ejército y las fuerzas armadas en el desempeño de misiones en suelo brasileño.

III – Recrear consejos participativos y grupos colegiados que permitan la participación social indígena y el control en la formulación, monitoreo, implementación y evaluación de las políticas indígenas del Estado brasileño en las áreas de gestión territorial, educación, salud y cultura, junto al establecimiento de programas y medidas que prevengan y castiguen el racismo, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y promuevan la igualdad étnica y racial, la autonomía y el derecho de los pueblos a la diferencia y garantizar a los pueblos que la diferencia no será factor de discriminación o prejuicio.

IV – Liderar la implementación del Plan Nacional de Protección de Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e institucionalización del Programa para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) ampliando su estructura en los 26 estados del país y DF, estableciendo presupuesto, reglamentos y estrategias específicas para la recepción y seguimiento de casos de mujeres defensoras de derechos humanos afros, transgéneros y travestis, representantes de pueblos y comunidades tradicionales, así como indicadores de monitoreo y mecanismos judiciales de rendición de cuentas de sus principales agentes violadores, con énfasis en el uso de la brutalidad policial y los grupos militarizados empleados para suprimir los derechos y libertades de expresión, asociación, creencia, reunión y participación política en el espacio cívico brasileño.

V – Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluso asegurando abortos en las condiciones previstas en la legislación vigente, sin trabas burocráticas y prejuicio contra las personas que logran buscar atención, prestando especial atención a la situación de las mujeres embarazadas y parturientas afros, que sufren el impacto del racismo institucional en la salud materna.

Nicaragua: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ONU alarmado por la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington D.C., 31 de agosto de 2022-. Al finalizar el examen del Estado de Nicaragua respecto de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, este martes 30 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) presentó sus observaciones finales en las que destaca su profunda preocupación por la falta de cooperación e interacción del Estado Parte, el cual se ausentó a las sesiones en las que se desarrollo la revisión, pese a las alarmantes alegaciones de violencia y graves atentados contra pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de sus territorios.

“Preocupan seriamente al Comité los numerosos ataques que se han perpetrado contra pueblos indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biósfera de Bosawás”, cita el informe del CERD, que también solicita al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes de prevención, e investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva estos ataques“a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”.

Entre otros motivos de preocupación del Comité, también figura el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la inexistencia de una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención; la discriminación estructural que se refleja en las precarias condiciones de vida y la persistente exclusión de estos pueblos; las dificultades en la aplicación del régimen de autonomía comunal, territorial y regional, y la falta de implementación de la etapa saneamiento de territorios indígenas prevista en la Ley 445.

Las observaciones hacen referencia a “reportes sobre la no certificación de las autoridades indígenas legítimamente electas en asambleas comunitarias o territoriales” y denuncia la imposición de “gobiernos paralelos” conformados por funcionarios y/o personas afines al gobierno, lo cual afecta los derechos de autonomía y participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

Asimismo, refiere que se han llevado a cabo concesiones de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin procesos de consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados, o a través de consultas con personas “no legitimadas” para representar a dichos pueblos. Lamentablemente, estas concesiones traen consigo impactos sociales, ambientales y culturales que afectan gravemente los medios de subsistencia y formas de vida «generando crisis alimentarias, desplazamiento forzado y problemas de salud para las comunidades afectadas«.

«Preocupa seriamente al comité que el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que afecta el territorio del pueblo indígena rama y de las comunidades afrodescendientes kriol y el territorio de la comunidad creole de Bluefields, no haya sido debidamente consultado con los pueblos afectados«, ejemplifica el Comité.

Finalmente, el Comité recomienda a Nicaragua diseñar -en consulta con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes- una legislación y estrategias de protección efectivas tomando en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a estos pueblos. Asimismo, sugiere al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

ONG rechazan la ausencia del Estado

Las organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes que han dado seguimiento al proceso de supervisión de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte del Estado de Nicaragua, entre las cuales se encuentran la Fundación del Río, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas (CALPI) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), consideran la no comparecencia del Estado nicaragüense en la sesión del pasado 10 de agosto forma parte de un patrón de irrespeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Para Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, “el Estado continúa sin dar un solo indicio de voluntad para renovar la cooperación con la comunidad internacional. El año pasado (2021) se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), y este año (2022) se ausentó a su revisión en el marco de la Convención contra la Tortura” alegando que el Comité contra la Tortura (CAT) carece de imparcialidad y objetividad.

Quesada recordó que “la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ha sido una acción voluntaria del Estado nicaragüense, y esto conlleva una serie de obligaciones y compromisos internacionales.¡Exigimos que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del CERD!”, expresó Quesada.

Para Amaru Ruiz, Presidente de Fundación del Río y defensor de derechos de los pueblos indígenas que fue criminalizado a través de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “la actitud del Estado en estos espacios (Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos) ha sido irresponsable y de falta de respeto al derecho internacional”.

Maria Luisa Acosta, Coordinadora de CALPI, considera que es una “acción importante” que el Comité haya decidido continuar con el proceso de evaluación y la formulación de las observaciones finales. “Esta decisión ha permitido que tengamos este informe que demanda y recomienda acciones urgentes para enfrentar la grave situación de violación de derechos humanos, sobre todo para combatir actos discriminatorios contra pueblos indígenas y afrodescendientes”.

“Ojalá que se establezcan otras acciones en el marco del funcionamiento del Comité, sobre todo para dar seguimiento a la situación de Nicaragua y que haya una mayor incidencia alrededor de la responsabilidad que tiene el Estado en el cumplimiento de las convenciones que firma a nivel internacional”, finaliza Ruiz.

La ONU renueva el crucial mandato de le experte en DDHH sobre orientación sexual e identidad de género

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivo de OSIG, y recuerda a todos los Estados sus obligaciones hacia las personas LGBT y de género diverso.

(Ginebra, 7 de julio de 2022) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) adoptó una resolución para renovar el mandato de le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG) por tres años más. En una votación crítica, la resolución fue adoptada con el voto a favor de 23, con el voto en contra de 17 y la abstención de 7.

Fueron 1256 organizaciones no gubernamentales de 149 estados y territorios de todas las regiones que apoyaron una campaña para renovar el mandato.

La votación de hoy fue la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las conductas consentidas entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género, y pidió a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de OSIG.

“Miles de millones de personas siguen viviendo con leyes y actitudes sociales que los ponen en peligro”, dijo Manisha Dhakal de Blue Diamond Society en Nepal, en nombre de una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil. “Al reconocer que queda mucho trabajo por hacer, el Consejo reafirmó una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivos de OSIG, recordando a todos los Estados sus obligaciones hacia estas comunidades”.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU sobre la violencia y la discriminación en base a OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a nivel mundial”, agregó Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) en Costa de Marfil. “Si el mundo está realmente comprometido a no dejar a nadie atrás, no puede evitar abordar la violencia y la discriminación que enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas y ya no deben tolerarse”.

Creado en 2016 y renovado por primera vez en 2019, el mandato de le Experte Independiente ha recibido el apoyo de un número creciente de Estados de todas las regiones. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un grupo de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y fue copatrocinada por 60 países de todas las regiones.

“Habiendo asegurado una renovación por tres años más, este mandato ahora continuará apoyando iniciativas en países de todo el mundo para garantizar que las personas LGBT y de género diverso vivan libres de desigualdad, y para amplificar sus voces y testimonios en los foros internacionales de derechos humanos”, agregó Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser en México.

Además de superar 12 de 13 enmiendas hostiles durante el proceso de renovación, se mantuvo firme el núcleo de la resolución que afirma la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos.

Le experte independiente evalúa la implementación del derecho internacional de los derechos humanos hablando con los Estados y trabajando en colaboración con otros mecanismos regionales y de la ONU para abordar la violencia y la discriminación. Desde 2016, el mundo ha aprendido más sobre el impacto de la criminalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la necesidad de reconocer legalmente el género de una persona, las barreras para la inclusión social, la importancia de recopilar datos relacionados con la vida de personas LGBT, el daño causado por las llamadas ‘terapias de conversión’, y más. Le experte también ha arrojado luz sobre las buenas prácticas para prevenir la discriminación y recientemente realizó visitas a Argentina, Georgia, Mozambique, Túnez y Ucrania.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen plenamente con le Experte Independiente en este importante trabajo para lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

** FIN **

Nota para los medios de comunicación:

Le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este mandato se estableció en 2016 y ha sido ocupado por Vitit Muntarbhorn (2016-2017) de Tailandia y Víctor Madrigal-Borloz (2018-en curso) de Costa Rica.
Este comunicado se refiere a «personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género» o a personas «LGBT», en lugar de «LGBTI», ya que el mandato tiene la tarea específica de abordar las violaciones de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos. Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

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