Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Estado colombiano no presenta respuesta a las recomendaciones de la CIDH, desconoce sus hallazgos y los de otras misiones internacionales

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Nicaragua: Preocupa el cierre de espacios participativos y de diálogo a nivel nacional e internacional

Washington D.C. (22 de octubre); En el marco de su 70º período de sesiones, el pasado 7 y 8 de octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas revisó la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Estado de Nicaragua. 

Durante estas sesiones, el Estado de Nicaragua se negó a entablar un intercambio con el Comité y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. Esta actitud es contraria a su compromiso como Estado Parte del pacto, que implica someterse a revisión, hacer declaraciones sobre los informes periódicos presentados y contestar a las preguntas de los y las expertas del comité. 

Pese a la negativa del representante de Nicaragua, el Comité reiteró su deseo de entablar un diálogo constructivo con el Estado y aclaró que la “calidad de escucha” lo imposibilitaba. El experto Mikel Mancisidor expresó que “admitir lo contrario supondría un gravísimo precedente que pondría en cuestión todo el sistema de diálogo con los Estado” y comunicó la decisión del Comité de proceder al  “estudio del informe periódico en ausencia de diálogo con el Estado”.

De acuerdo a sus reglas de procedimiento, el pasado miércoles 20 de octubre, el Comité dio a conocer un informe público con observaciones finales sobre las cuestiones que preocupan a las y los expertos. Entre estas preocupaciones, el Comité consideró especialmente prioritarias las relativas a la persecución y represalias contra personas defensoras de derechos humanos, la violencia en torno a la posesión y utilización de territorios de pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19. 

Asimismo, se refirió al cierre de espacios participativos y de diálogo; la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en Nicaragua; las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política y orientación sexual; los despidos injustificados por la participación en protestas sociales de 2018; la expulsión de estudiantes como represalia y la denegación de asistencia médica a las personas lesionadas durante las manifestaciones.

Ante estas preocupaciones, el Comité procedió con las siguientes recomendaciones al Estado de Nicaragua:

    1. Garantizar la imparcialidad e independencia del poder judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
    2. Restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos 
    3. Prevenir actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para la protección efectiva de su vida e integridad personal.
    4. Readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos, en sus puestos de trabajo o estudio.
    5. Investigar imparcial y exhaustivamente los casos de usurpación de territorios indígenas.
    6. Brindar una protección efectiva a las víctimas de los casos de corrupción. sus abogados, los defensores que la combaten, los denunciantes de irregularidades y los testigos.
    7. Garantizar que nadie sea discriminado en el acceso a los DESC, incluso mediante la adopción de una legislación integral contra la discriminación.
    8. Combatir la discriminación por motivos de opinión política y garantizar que todas las víctimas de estos actos tengan acceso a recursos judiciales y administrativos efectivos.
    9. Garantizar que las víctimas de despidos injustificados tengan acceso a un recurso judicial efectivo, indemnización y en su caso a su restitución en el puesto de trabajo, entre otras recomendaciones.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, lamentamos profundamente la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones. Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordamos que la implementación de estas recomendaciones es necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

LA IMPORTANCIA DE DAR VISIBILIDAD A LAS VÍCTIMAS AFRO-LGBT DEL CONFLICTO ARMADO EN EL SUR DE BOLÍVAR

Colombia, 21 de octubre de 2021.- Este artículo fue elaborado por Caribe Afirmativo, en el marco de la difusión del informe “Nos decían: tras de negras, maricas”: Informe sobre las experiencias e impactos del conflicto armado en personas LGBT del sur de Bolívar y el sur del Pacífico. En él responden a la pregunta:

 

¿Por qué es importante dar visibilidad a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado en el Sur de Bolívar y cómo este informe contribuye al reconocimiento de estas víctimas?

 

Las personas Afro-LGBT en el Sur de Bolívar han sido una de las más afectadas por la violencia armada que se inscribió en los territorios y los cuerpos que lo habitan, en razón de la intersección de vulnerabilidades en lo étnico-racial, las orientaciones sexuales y las identidades y expresiones de género diversas de estas personas.

La violencia estatal y de grupos armados hacia esta población es histórica y se ha sabido mantener en el tiempo, conservando aún sus raíces en nuestros días a través de expresiones de prejuicio, discriminación y exclusión a costa de un Estado que muestra su presencia diferenciada en los territorios mayoritariamente habitados por personas afro.

El rezago del Estado y la competencia por los recursos naturales por parte de los diferentes actores armados que se disputan el poder en estas zonas a través de las armas ha dejado en un segundo plano la vida. Esto demuestra que los intereses económicos que carcomen las raíces de las plantas y contaminan los ríos importan más que preservar la diversidad. Su objetivo no es solamente acabar con lo que crece de la tierra, sino también con lo que transita sobre ella. Por tal razón, el conflicto armado fue el escenario que utilizaron estos actores como el ELN, FARC-EP, AUC y el Ejército para disparar contra aquellos que escapaban de sus proyectos de nación en el Sur de Bolívar. Su odio por la diferencia no sólo empobreció y marginalizó a las personas Afro-LGBT, sino que también los llevó a aniquilar la diferencia en esta subregión en un marco temporal que va desde 1998 hasta el año 2014.

A lo largo del tiempo, la condición interseccional de estas personas fue un factor de doble victimización para la memoria y el registro de sus muertes, pues el racismo estructural en el que se cimenta el proyecto de nación de Colombia se encargó de marginalizar sus muertes a las cifras y al olvido encarnado en la impunidad que caracteriza los procesos judiciales de nuestro país. Las condiciones de vulnerabilidad, violencia y abandono estatal de estas regiones han llevado a que su población constantemente se enfrente a las limitaciones de sus derechos individuales y colectivos, a su vez, tienen que enfrentar la ausencia de vías de comunicación con el resto del país.

Estas particularidades dejaron a estos territorios a merced del olvido de una sociedad que no tenía forma de ver ni saber lo que ahí pasaba. Ni los medios de comunicación, ni la academia se adentraban al espesor de la selva para ver entre las ramas cómo transcurría la cotidianidad de estas personas, y así, entre el silencio ruidoso de las armas las vidas desaparecían entre la maleza.

De tal modo, es imperante que a estos territorios les pueda llegar una luz de verdad entre tanto olvido para darle visibilidad a una realidad que por años nos fue ajena y que afectó a muchas personas que por razones de su etnia u orientación sexual fueron despojadas de todo lo que tenían, su vida. Parafraseando a José Saramago, tenemos la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Por tal razón, es importante que estos territorios sean parte del trabajo del SIVJRNR para que se mitiguen los factores de riesgo que históricamente han sufrido las personas y los procesos organizativos que ahí se desarrollan, y sus voces sean amplificadas y escuchadas por todo un país.

La violencia armada que golpeo el sur del departamento debe ser una invitación para que el Estado genere las garantías de vida, salud, dignidad y derechos humanos en la población, especialmente, en las personas Afro-LGBT que día a día se enfrentan a la violencia de una sociedad que los sigue condenando a la desigualdad y pobreza.

‘Nos decían: “tras de negras, maricas”’ es un informe que examina los contextos y las vivencias de estas víctimas, dando cuenta de las acciones sistemáticas que perpetraron los grupos armados legales e ilegales contra las personas Afro-LGBT en los territorios anteriormente mencionados. De ese modo, el informe reconoce que estas personas fueron violentadas por ser afros, negras, palanqueras, raizales y disidentes del sistema sexo/género hegemónico, y las violencias fueron motivadas por prejuicios estructurales que facilitaron que los grupos armados ejercieran formas diferenciadas de la violencia para eliminar sus cuerpos del territorio.

Es vital para la memoria histórica de este país que se repliquen más informes como este que le apuestan a la construcción de paz desde un enfoque interseccional en función de reconocer que el conflicto afectó de forma diferenciada a las personas Afro-LGBT, para así materializar realmente una paz estable y duradera donde todos los cuerpos y cuerpas históricamente marginalizados quepan.

Por último, invitamos a los gobiernos locales del Sur de Bolívar a velar por la seguridad de las personas Afro-LGBT en los territorios, para que a través de ejercicios de participación ciudadana se piense con las organizaciones de base múltiples formas de abordar la autoprotección y la seguridad como elementos fundamentales para salvaguardar la vida y los derechos de todas las personas Afro-LGBT en los territorios donde están más expuestas a episodios de violencia.

A su vez, la lejanía de esta subregión con el resto del departamento ha facilitado la instalación de un orden moral y social por parte de los actores armados ilegales presentes en el territorio, por lo que impelimos al gobierno nacional a hacer presencia en estos municipios a través de programas sociales que asistan con capital semilla a proyectos productivos de la población, además, acompañen los procesos organizativos a través de la articulación intersectorial con empresas, organizaciones y entidades del Estado con el fin de dar visibilidad a las acciones que las personas Afro-LGBT y la ciudadanía en general desarrollan en sus territorios.

Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género visita Honduras, El Salvador y Guatemala en misión de escucha coordinada por Raza e Igualdad

Washington D.C., 19 de octubre de 2021.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en conjunto con las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala, Honduras y Panamá, organizó una visita promocional del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal- Borloz, a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las visitas tuvieron lugar entre el 11 y 16 de octubre y en ellas el Experto Independiente (EI) tuvo la oportunidad de reunirse con activistas y grupos LGBTI+ de cada país. En cada Visita de Escucha—como las denominó el EI—este escuchó y dialogó con representantes e integrantes de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las personas LGBTI+ en esos países centroamericanos, lo que contribuyó a fortalecer el vínculo de la sociedad civil con su Mandato.

Las reuniones se llevaron a cabo en Tegucigalpa (Honduras), San Salvador (El Salvador) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). En todos los encuentros asistieron alrededor de 35 organizaciones y participaron más de 100 activistas de la comunidad LGBTI+, incluyendo a las personas que asistieron a un evento público en la capital hondureña, en la que el EI presentó su último informe sobre identidad de género, titulado en inglés The Law of Inclusion & Practices of Exclusion.

En Honduras, Madrigal-Borloz escuchó a organizaciones que mostraron su preocupación por la criminalización de personas LGBTI+, particularmente en el contexto electoral que vive el país ante las elecciones generales programas para el próximo 28 de noviembre. Señalaron que tanto los candidatos como el mismo presidente Juan Orlando Hernández han difundido discursos de odio y ello ha contribuido a un aumento de la violencia contra personas LGBTI+. Ello se ve agravado, dijeron, por las múltiples barraras que enfrenta esta comunidad para acceder a la justicia, comenzando por la discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

La sociedad civil hondureñas también expuso los diversos esfuerzos que se han realizado para introducir a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Identidad de Género, sin que hasta la fecha hayan alcanzado que el Parlamento lo reciba y lo discuta. En ese sentido, se refirieron a la falta de garantías para que las personas trans accedan al trabajo, a la educación y a la salud, y en casos en que sí han accedido a estos espacios, han sido víctimas de expulsión y malos tratos, especialmente en el área de salud donde el personal no está capacitado y, por tanto, incurre en estereotipos y prácticas discriminatorias.

Similar situación enfrenta la población LGBTI+ en El Salvador, donde en mayo—luego de que se instalara una nueva Asamblea Nacional con una rotunda mayoría del partido del presidente Nayib Bukele—este Poder del Estado archivara un proyecto de Ley de Identidad de Género que había sido presentado en marzo de 2018. Aunque las organizaciones señalaron que se ha registrado una disminución en las cifras oficiales sobre homicidios, mostraron su preocupación por el aumento en la cifra de personas desaparecidas. Asimismo, organizaciones de mujeres lesbianas resaltaron que entre esta comunidad prevalece el temor de identificarse como mujer lesbiana por la discriminación y violencia a la que se enfrentan.

Las organizaciones también plantearon la persecución contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, y la falta de atención y protección del Estado ante los crímenes de odio que sufren las personas LGBTI+ en El Salvador. Ello, dijeron, está incidiendo en el desplazamiento interno y la migración de esta población, para la cual se encuentran cada vez más cerrados los espacios de participación y de denuncia. El Experto Independiente tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones académicas e instituciones que se dedican a recopilar datos al respecto y a brindar asistencias jurídica y humanitaria. En ese sentido, se destacó la importancia de llevar a cabo estas labores desde una perspectiva diferencial e interseccional.

En Guatemala, las organizaciones expusieron su preocupación por la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, debido a que implica limitaciones y amenazas para las organizaciones que promueven y defienden derechos humanos, y por la iniciativa de Ley 5940 o Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género, porque propone quitar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de les niñes y adolescentes trans. Esta iniciativa de ley se suma a la propuesta de Ley 5272 o Ley de protección a la vida y la familia, la cual también es de mucha preocupación para la sociedad civil porque criminalizar el aborto y recurre a ideas retrógradas y estigmatizantes para sostener el concepto de familia cis-heteronormativa.

Las, los y les activistas también pudieron compartir información sobre la discriminación en el ámbito del empleo y la educación. Resaltaron que las personas trans son expulsadas de los colegios por hacer visible su identidad de género y se enfrentan constantemente al bullying. Además, gran parte de la población de transmasculinidades no puede acceder a un empleo por su expresión de género.

Asimismo, se refirieron a que hay una invisibilización de mujeres lesbianas y bisexuales, lo cual se traduce a que los crímenes contra esta población no estén reflejados en las estadísticas oficiales o sean categorizados como crímenes contra mujeres heterosexuales. También indicaron que este grupo enfrenta muchas barreras para acceder a la salud porque muchas no se sienten cómodas yendo a un ginecólogo y exponiendo su vida sexual.

Raza e Igualdad acompañó cada uno de estos encuentros y continuará apoyando el trabajo del Experto Independiente. Además, se compromete a seguir trabajando con la sociedad civil en estos países para visibilizar sus luchas. Agradecemos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las delegaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) y todas las personas que hicieron posible esta visita.

El Brasil de las 600 mil muertes por COVID-19: crisis de la democracia representativa en el país de las ‘fake news’

Brasil, 08 de octubre de 2021 – Bajo la égida de un presidente que, en medio de una pandemia, sigue incitando a las multitudes y despreciando todos los protocolos de salud, Brasil alcanzó el hito de 600 mil muertes por COVID-19 este mes de octubre. En dos años de (des)gobierno, Jair Messias Bolsonaro ha sido acusado de negacionista (1), sin embargo, las investigaciones en curso demuestran que el papel de la COVID-19 fue central para que el gobierno de Bolsonaro implementara estratégicamente su política de muerte y exclusión. Más que negar la existencia de una pandemia, se puede decir que el presidente fue y sigue siendo el ‘chico propagandístico’ de la COVID-19, um activista y diseminador del virus que, a través de sus discursos sensacionalistas y radicales, provocó la crisis de la democracia representativa en el país, cuya tónica es la propagación de información falsa junto con la falta de respeto a los derechos humanos.

La escalada de poder de este Gobierno encontró en el ‘mito’ Jair Bolsonaro, el personaje justo que habla en nombre de un Dios cristiano y de la familia tradicional brasileña, en un intento de evocar orden y patriotismo, para restaurar un país hundido en el barro de incertidumbres y corrupción sistémica. En una alianza política con partidos de centro y de la derecha, además de su obediente liderazgo ministerial, la familia del presidente es el punto focal en los escándalos de corrupción del gobierno. Estos hechos facilitaron y permitieron una secuencia de leyes aprobadas, decretos firmados y reformas controvertidas con el consentimiento del Parlamento.

En este escenario, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y activistas que velan por el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos, se han convertido en el foco del proyecto político que va desde los ataques de odio físicos y/o virtuales hasta la restricción de espacios de representación y participación ciudadana. Un proyecto político que está anclado en la expansión de las desigualdades, las fake news y la supresión de derechos de su población, entre los cuales, los más afectados ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como la población afro, quilombola, indígena y LGBTI+.

En este sentido, a través de esta carta editorial, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), urge a la comunidad internacional a un manifiesto conjunto instando al Estado brasileño a brindar información clara y transparente, y respeto a la independencia de los órganos federales e instituciones; así como a las Universidades, Policía Federal y la Suprema Corte del país por el libre ejercicio de la libertad de expresión, garantizada por la Constitución Federal, y por el avance imparcial de las investigaciones sobre el gobierno de Bolsonaro. Después de todo, ¿cuáles son los juegos de interés de un presidente autoritario que impuso el secreto de hasta 100 años a su cartilla de vacunacion y a la información sobre el acceso de sus hijos a la Casa de Gobierno?

A continuación se muestra un panorama actualizado de las articulaciones de poder que están desencadenando la crisis de la democracia representativa en Brasil y dejan hasta la fecha 60 mil vidas perdidas por la COVID-19. La segunda nación con la tasa de mortalidad más alta y ocupando el puesto 62 en el ranking mundial de aplicación de vacunas contra el coronavirus (2). Hasta el momento, 44,61% de la población brasileña está completamente inmunizada.

CPI de la COVID-19 – Establecida en abril de 2021 y con fecha límite para su finalización en noviembre de este año, la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) encabezada por el Senado Federal, tiene como objetivo investigar las irregularidades en las políticas del gobierno de Bolsonaro para combatir la pandemia en el país. Desde sus inicios, se han destapado una serie de escándalos que demuestran que además de un importante esquema de corrupción en las compras de las vacunas hasta 1000% más caras, el gobierno también actuó para que el operador sanitario privado `Prevent Senior´ recomendara el ´Covid Kit`, que contiene un paquete de medicamentos que han demostrado ser ineficaces para el tratamiento del COVID-19, lo que convierte a sus pacientes experimentos humanos de laboratorio para los lucrativos y ocultos intereses del Gobierno Federal. También se comprobó que solo en el primer año de la pandemia 120 mil vidas podría haberse salvado si Brasil hubiera seguido los protocolos mundiales y una política de salud pública eficaz.

Además, el estudio también sacó a la luz el foco de la desigualdad racial, de clase y de género en las muertes por la pandemia. Entre las muertes evitables, se encontró que la población negra se vio gravemente afectada por tener un 17% más de riesgo de morir en la red pública de salud. Por tanto, este CPI está revelando los entresijos de una necropolítica que ha subrayado ante todas las naciones que “La muerte también es lanzamiento medico”.

Elecciones e investigaciones judiciales de 2022 – En las maniobras del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia, el populismo y la falta de respeto a las instituciones democráticas siguen el curso de su plan de reelección. En voraces ataques al sistema electoral brasileño, el presidente hizo campaña por volver al voto impreso, e incluso después de la derrota, continuó atacando la legitimidad y confiabilidad del modelo electoral actual de Brasil. Sin embargo, para garantizar su reelección, Bolsonaro sigue aprobando leyes y decretos que le quitan derechos a la población y benefician a los sectores políticos y privados de la sociedad, es decir, a la élite económica.

Entre esas maniobras podemos podemos mencionar: Fondo electoral, que prevé el presupuesto de los partidos para realizar campañas electorales y que, incluso con vetos, puede retirar 3,5 mil millones de reales de Salud en 2022; Mini reforma laboral, que hace aún más precarias las condiciones laborales y hace inaccesible la justicia laboral para el trabajador; Ley antiterrorista, ya aprobada en la Cámara de Diputados, esta ley prevé la creación de una policía secreta para Bolsonaro y la aprobación de la exclusión de ilegalidad de los agentes de seguridad pública, hecho denunciado por la sociedad civil como una licencia para matar. Esta ley incluso ha sido criticada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró su texto una amenaza para activistas de derechos humanos y entidades de la sociedad civil; Proyecto de Ley Acaparamiento de tierras, a favor de la deforestación y la impunidad de los delitos ambientales, este proyecto de ley es uno de los subterfugios de la bancada ruralista para la ocupación de tierras públicas.

Pese a todos estos esquemas para mantenerse en el poder, Bolsonaro es investigado en cinco consultas que están en curso en la Suprema Corte (STF) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Desde la investigación de noticias falsas hasta las irregularidades en la compra de vacunas Covaxin, los aliados del gobierno también están siendo investigados por ataques a la democracia y a las instituciones estatales. Además, sus hijos Carlos, Eduardo y Renan Bolsonaro, y su esposa Michele Bolsonaro, también están siendo investigados por diversos delitos, entre los que se sospecha que han llevado a una organización delictiva a la corrupción pasiva. Durante este período, Bolsonaro volvió a actuar contra la transparencia de la información y sancionó un presupuesto secreto para 2022, en el que mantiene en su poder la liberación de recursos a cambio de votos en la Cámara Legislativa.

Protestas por el impeachment de Bolsonaro y los actos antidemocráticos – Con un creciente rechazo al gobierno actual, han estallado manifestaciones en todo el país a favor del  impeachment de Bolsonaro. Incluso partidos que hicieron campaña por las elecciones del presidente, se organizaron en actos para el fin de su gobierno. Con el lema ‘Vacuna en el brazo y comida en el plato’, las organizaciones de la sociedad civil denuncian la barbarie racista y genocida ligada al actual desmantelamiento de las políticas públicas. La crisis económica, agravada por los altos precios de los alimentos y la inflación, junto con el aumento de la vacunación, han animado a más personas a tomar las calles en protestas con el llamado ‘Fuera de Bolsonaro’. La última manifestación tuvo lugar el 2 de octubre de 2021 y logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad. Existen más de 123 solicitudes de impeachment presentadas, que atribuyen delitos de responsabilidad al Presidente, además de diversas denuncias ante organismos internacionales e incluso en el Tribunal de la Haya, por crimenes de lesa humanidad y genocidio.

Sin embargo, entre la caída de su popularidad y la actual crisis de su gobierno, Bolsonaro no renuncia a las estrategias mediáticas de abuso de poder y autoritarismo. Así, desafiando a las instituciones legales, hizo un llamado para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, para protestas antidemocráticas en las que los participantes, motivados por el discurso bélico y déspota del presidente, desafió a la justicia a través de la intervención militar y contra la Suprema Corte. Sin embargo, otras manifestaciones antidemocráticas se iniciaron con el apoyo de algunos conductores de camiones que también pretendían paralizar masivamente algunas de las carreteras del país en la misma fecha. Sin embargo, por temor a represalias, Bolsonaro envió un mensaje de audio pidiéndoles que pusieran fin al intento. Como la situación solo empeoraba, dos días después de sus ataques a la democracia, el presidente emitió una nota en tono pacificador en la que proponía una tregua entre las instituciones de poder del país. Por ironía del destino o alianzas electorales camufladas, el comunicado emitido fue escrito por Michel Temer, ex presidente de Brasil.

Bolsonaro en la ONU – Además de ser el único líder del G20 no vacunado presente en la 75a Asamblea General de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, Bolsonaro distorsionó y difundió información falsa. En un ataque comunista ilusorio contra el país, el presidente gritó en nombre de Dios en un país secular y afirmó que no había corrupción en su gobierno. Con énfasis en la defensa de un tratamiento temprano ineficaz ante la COVID-19, se opuso al pasaporte de salud y camufló datos sobre la deforestación en la Amazonía, ignorando incluso las consecuencias de la pandemia en los pueblos y territorios indígenas. Como si eso no fuera suficiente, algunos miembros del séquito del presidente fueron diagnosticados con coronavirus durante el viaje, incluido el Ministro de Salud, Marcelo Queiroga. De hecho, una semana antes, Queiroga suspendió la estrategia nacional de vacunación de los jóvenes, lo que dificulta el suministro de dosis en varios estados. Aun así, por recomendación de Anvisa (3), los infectados durante el viaje tuvieron que pasar el aislamiento en Nueva York, a costa de las arcas públicas brasileñas.

Hambre y Desempleo – La inseguridad alimentaria y nutricional ha crecido exponencialmente en el país, debido a la crisis provocada por la pandemia y la alta tasa de desempleo y trabajo informal, lo que vuelve a colocar a Brasil en el mapa del hambre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria, realizada en el contexto de la pandemia de COVID-19, 43,4 millones de brasileños no tienen suficiente comida y 19,1 millones (el 9% de la población) pasan hambre. Un ejemplo de este escenario desolador y severo reportado recientemente en los medios es la distribución de restos de carne y huesos para la población hambrienta y sin recursos económicos. De esta forma, vuelve a aparecer que el actual proyecto político dialoga con la necropolítica al permitir que el hambre alcance estos niveles, afectando especialmente a la población afro. Mientras la población pasa hambre, el Ministro de Economía, Paulo Guedes, desdeña el repunte de la inflación y los resultados de su política económica se reflejan en el alza de los precios de los alimentos básicos y del gas de cocina.

Medio ambiente: tesis sobre el ‘Marco Temporal’ y la destitución de Ricardo Salles – El ‘Marco Temporal’ va en contra de los derechos de los pueblos originarios brasileños. Según esta tesis, los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban antes de la promulgación de la Constitución de 1988. Sin embargo, aún existen pueblos aislados, pueblos que fueron expulsados ​​de sus territorios y tierras adquiridas y reconocidas como poseedores de derechos indígenas después de 1988. Además, la revisión de la demarcación de tierras indígenas atiende los intereses de los sectores agroindustriales, acaparadores y mineros, en busca del extractivismo y la explotación comercial. En agosto de este año, más de 6 mil representantes de 147 pueblos indígenas del país acamparon en Brasilia, para acompañar el juicio del STF. A pesar de toda la movilización indígena que tuvo gran proyección incluso a nivel internacional, la sentencia, que estaba empatada en 1×1 entre los relatores, fue suspendida a fines de septiembre sin plazo para su reanudación. Cabe recordar que si bien es una tesis racista y discriminatoria, lo que se discute ampliamente sobre el Marco Temporal es el tema territorial indígena.

Entre el ámbito del medio ambiente, el entonces Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, se convirtió en el foco de investigaciones por involucramiento en un esquema de importación ilegal de madera apoyado en reformas a las normas ambientales. Entre otras acusaciones, la corrupción y favorecer la quema en la Amazonía se encuentran entre los diversos delitos ambientales atribuidos a Salles. Tan pronto como se convirtió en acusado, Salles pidió ser destituido de su cargo. El operativo desencadenado por el STF también determinó la destitución del presidente del IBAMA (4), Eduardo Bim, por sospecha de irregularidades.

Finalmente, este editorial sigue la intención de cumplir con la misión de Raza y Igualdad de denunciar las violaciones de derechos humanos en los países de América Latina. Nuestro trabajo en Brasil reconoce que la crisis de la democracia representativa, combinada con los intereses políticos, profundiza aún más las desigualdades socioeconómicas. Es necesario combatir urgentemente la circulación de desinformación y fake news, que sirven como armas para expandir un debate político polarizado, en el que existe la criminalización de la pobreza sumada a discursos y violencia racista, LGBTIfóbica y sexista. La masacre pandémica ya ha costado 600 mil vidas ¿Será que, ante tantas acusaciones, el Brasil liderado por Bolsonaro alcanzará la lamentable cifra de 1 millón de muertes? Esperamos que no.

(1) Persona que se niega a ver la realidad

(2) Datos del 13 de septiembre de 2021

(3) Agencia reguladora de salud de Brasil

(4) Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables

La organización “Somos Identidad” dialoga con las autoridades locales en Cali sobre los retos para la atención Y reparación de Las victimas Afro-LGBT del conflicto armado

Colombia, 14 de septiembre de 2021. La Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales (Somos Identidad) sostuvo el pasado 27 de agosto de 2021 un encuentro con representantes de diferentes instituciones estatales de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de discutir sobre la necesidad y urgencia de implementar y fortalecer políticas de atención y reparación a víctimas del conflicto armado desde un enfoque interseccional, que tenga en cuenta la orientación sexual e identidad de género y la pertenencia étnica de las personas beneficiarias.

El encuentro se dio en el marco de un proyecto liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el apoyo del Gobierno de Canadá, cuyo objetivo es visibilizar a las víctimas Afro-LGBT del conflicto armado y las causas e impactos diferenciales que este tuvo en las personas con identidades y expresiones sexuales diversas. “Este tipo de espacios resultan de gran importancia para garantizar y fortalecer la participación de las organizaciones Afro-LGBT en la construcción de estrategias de incidencia local y la implementación de planes de trabajo en los territorios, en especial con las instituciones que tienen a su cargo la promoción de derechos y la atención de las víctimas del conflicto armado”, señaló Laura Poveda, abogada consultora para Colombia de Raza e Igualdad.

A través de un diálogo interactivo, los y las participantes ahondaron sobre cómo el racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género se entrecruzaron a lo largo del conflicto armado, y conversaron sobre las principales barreras y retos que hay para implementar medidas integrales de atención y reparación a las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali.

Sandra “Sami” Arizabaleta, directora de la organización Somos Identidad, señaló que la pertenencia a un grupo étnico de personas diversas sexualmente conllevó un escalamiento de la violencia sobre sus cuerpos, con el fin de eliminar el rastro de su historia como personas afro y LGBTI en los territorios. La participante señaló que el despojo, el desplazamiento, la violencia sexual y la desaparición forzada fueron formas de violencia contra las personas Afro-LGBT para desarraigarlas de su territorio y su comunidad.

En este sentido, Carmen Aguirre, quien funge como enlace con las víctimas del conflicto armado de la Secretaría de Paz de Cali, rescató los esfuerzos de la administración municipal para construir un relato sobre la memoria histórica que incluya todas las voces, y señaló que se están adelantando esfuerzos conjuntos con la mesa municipal de víctimas y los consejeros territoriales de paz a fin de avanzar en la reparación simbólica y en la implementación de planes de atención en salud mental para las víctimas.

Por su parte, Junny Gonzalez, en representación de la iniciativa “Campus Diverso” de la Universidad del Valle, presentó el plan de trabajo que esta institución educativa viene adelantando para la protección y promoción de un campus universitario libre de prejuicios contra las personas afrodescendientes a razón de su orientación sexual e identidad de género en intersección con su pertenencia étnica.

Otras instancias municipales, como los representantes del programa CaliAfro y del programa CaliDiversidad ahondaron en las rutas de trabajo que estas entidades están poniendo en marcha para la atención de población afrodescendiente y la población LGBTI+ respectivamente, señalando que uno de sus propósitos a largo plazo es la articulación con otras iniciativas municipales.

Para cerrar el evento, la organización Somos Identidad subrayó la necesidad de que cualquier medida que tenga por objeto la atención de las víctimas Afro-LGBT en la ciudad de Cali debe partir de un enfoque interseccional que tenga presente los diferentes factores de opresión que recaen simultáneamente sobre esta población. De igual manera, la organización reiteró su disposición para la cooperación y articulación con las instituciones locales, en especial para la ejecución de iniciativas que permitan la integración al relato oficial de memoria histórica de las poblaciones más segregadas, como el caso de las víctimas negras diversas

Alta Comisionada de Naciones Unidas: Resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses

Washington D.C., 13 de septiembre de 2021.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este lunes 13 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su segunda actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Bachelet lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral del país, y se refirió a las detenciones arbitrarias que ha ejecutado el Gobierno desde mayo 2021 a la fecha, destacando que debido a la situación de incomunicación, aislamiento y la falta del debido proceso -especialmente en el caso de las mujeres- varios aprisionamientos presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.

En su actualización oral, Bachelet expresó que la salida a la crisis de derechos humanos requiere la participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos. “Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas… Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales… Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció. 

Desde el 28 de mayo de 2021, su Oficina ha documentado la detención arbitraria y acusación de más de 30 personas, entre ellas defensoras y defensores de derechos humanos, empresarios, líderes campesinos, líderes estudiantiles y seis personas que manifestaron públicamente aspirar a la presidencia de Nicaragua. 

Por otro lado, la Alta Comisionada denunció la intensificación de los ataques a la libertad de expresión y la libertad de asociación, el incremento de la violencia contra pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, y la imposibilidad de valorar el estado de la pandemia en Nicaragua por la ausencia de información oficial sobre los contagios y muertes relacionadas al Covid-19. 

Según la información brindada por su Oficina, al menos doce periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación se han exiliado para proteger sus vidas en el marco de las citatorias, amenazas y detenciones dictadas por el Ministerio Público; además, destacó como evidencias del deterioro, la suspensión de la versión impresa del Diario La Prensa por obstáculos aduaneros, el posterior allanamiento de sus instalaciones, la incautación de bienes y la detención de su gerente general.

Respecto al derecho de asociación, recordó que la Asamblea Nacional clausuró cuarenta y cinco organizaciones sin fines de lucro, entre ellas seis organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de mujeres y organizaciones médicas que cuestionaron las respuesta gubernamental ante la pandemia. 

Además, informó que al menos nueve personas indígenas resultaron muertas en un ataque relacionado con una disputa sobre tierras en el territorio Sauni As, de la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), el pasado 23 de agosto.“Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registrados en esa misma área desde enero de 2020 permanecen impunes”, manifestó Bachelet. 

Ante este deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada expresó que es el deber del Gobierno de Nicaragua volver a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos; cesar la represión contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y liberar de forma inmediata y sin condiciones a más de 130 personas que se encuentran detenidas desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.

Finalmente, Bachelet exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en el país, contando con la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) para contribuir a dichos esfuerzos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), nos unimos al llamado urgente de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que continúe contribuyendo a la superación de la crisis de derechos humanos de Nicaragua.

Particularmente, respaldamos los esfuerzos de la Alta Comisionada y su Oficina en la formulación de múltiples recomendaciones que, si bien según nuestro Marco de Monitoreo de la Resolución 46/2 no han sido implementadas por el Gobierno de Nicaragua, trazan el camino para una salida con justicia y reparación integral para las víctimas de la crisis de derechos humanos de Nicaragua. 

Una vez más, urgimos al Gobierno de Nicaragua a cesar la represión contra personas defensoras, periodistas y personas consideradas como “opositoras”, a liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos, y demás acciones necesarias para implementar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los Procedimientos Especiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Invitamos a la sociedad civil nicaragüense, medios de comunicación y comunidad internacional a unir esfuerzos para continuar monitoreando, documentando, denunciando y condenando las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Si le interesa obtener más información sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, por favor contactarse directamente con Tania Agosti, Asesora legal en Ginebra ( Agosti@RaceandEquality.org).

Organizaciones de derechos humanos evalúan la implementación de la Resolución reforzada de la ONU sobre Nicaragua

Washington D.C., 11 de agosto de 2021.- Trece organizaciones de derechos humanos unen esfuerzos para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la resolución reforzada sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua (Resolución 46/2), que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 23 de marzo de 2021.

Esta resolución solicita una ampliación del mandato de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con la presentación de dos actualizaciones orales en las sesiones del Consejo de junio y septiembre de 2021, una actualización oral con recomendaciones en el marco de las elecciones generales de noviembre de 2021, y un informe exhaustivo en la sesión de marzo de 2022.

Asimismo, realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Nicaragua con relación a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, los derechos a las libertades de expresión y de asociación, las detenciones y reclusiones arbitrarias, la violencia sexual y de género, los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la salud, a la educación y al trabajo; la garantía de elecciones libres, justas, transparentes y con observación independiente; el retorno de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, entre otras.

El pasado 22 de junio, en la primera actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos del país, que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Tras dicha actualización, las organizaciones firmantes realizaron el primer marco de evaluación de la resolución 46/2 que mide el nivel de implementación de cada una de las recomendaciones de la ONU a través de indicadores independientes y con base en el monitoreo de acciones concretas respaldadas por información pública de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, así como de informes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Al finalizar este análisis, las organizaciones concluyen que el Gobierno de Nicaragua:

  • No ha tomado ninguna acción para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2, con la excepción de la liberación de la defensora Celia Cruz el día 25 de abril. Sin embargo su situación jurídica es incierta ya que el 18 de mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó en casación la sentencia por la cual Celia Cruz fue condenada a trece años de prisión.
  • No ha tomado pasos para implementar recomendaciones iniciales o con plazos de tiempo específicos, como la adopción de un plan de acción de implementación, o de reformas electorales a más tardar en mayo 2021. El Gobierno ha rechazado cualquier crítica como “posiciones intervencionistas y supremacistas”.
  • Ha adoptado acciones contrarias a las recomendaciones, que han resultado en una reducción drástica del espacio para la sociedad civil, y en una escalada de los ataques a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas pre-candidatas presidenciales y disidentes.

Pronunciamiento

Las organizaciones firmantes instamos al Gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente la represión, liberar a todas las personas presas políticas y adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que continúe monitoreando, documentando y denunciando de forma conjunta la grave situación de derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua.

Finalmente, invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse a nuestros esfuerzos compartiendo el primer marco de evaluación usando los hashtags #SOSNicaragua y #NicaraguaEnLaONU, denunciando los atropellos a los derechos humanos en Nicaragua y monitoreando la próxima actualización oral de la Alta Comisionada de Naciones que se llevará a cabo en septiembre de 2021.

Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Washington DC, 15 de julio de 2021 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra la adopción, mediante consenso, de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1, que tiene como objetivo promover y proteger a las personas africanas y afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza pública. La actualización de esta Resolución fue votada en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRC47, por sus siglas en inglés), en el la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre el tema, en el que instó a los Estados miembros a desmantelar el racismo sistémico y poner fin a la violencia policial. Esta actualización representa un paso histórico hacia un cambio en el escenario de la brutalidad policial contra la población afro.

La Resolución establece que debe crearse un mecanismo internacional de expertos independientes para promover cambios transformadores hacia la justicia y la igualdad racial. Este mecanismo debe estar compuesto por tres expertos con experiencia en el cumplimiento de la ley y los derechos humanos, quienes serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, bajo la dirección del Alto Comisionado. Para ello, el mecanismo que se establezca debe trabajar en estrecha colaboración con expertos de órganos y tratados internacionales.

Este mismo mecanismo se encargará de investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y todas las violaciones internacionales de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas y reparación de las víctimas. El mecanismo se presentará anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en conjunto con el Alto Comisionado, quien también presentará un informe anual. La primera de estas comparecencias ocurrirá durante el 51 periodo de sesiones del Consejo, en junio de 2022.

Además, cabe señalar que la Resolución reconoce el legado del proceso de esclavitud, el colonialismo y el comercio transatlántico de pueblos africanos esclavizados. En este sentido, este reconocimiento coincide con la Conferencia de Durban, que este año cumple 21 años y establece el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, reconociendo que los afrodescendientes siguen siendo víctimas de las consecuencias de la esclavitud, de la trata transatlántica de esclavos en africanos esclavizados y el colonialismo. Por tanto, ambos documentos hacen un llamado para que las antiguas potencias coloniales asuman las consecuencias del proceso de colonización, las cuales persisten hasta hoy en detrimento de la población afro alrededor del mundo.

Al presentar su informe, Bachelet reiteró que “ningún Estado ha asumido plena responsabilidad por el pasado o el impacto actual del racismo sistémico”, confirmando así la urgente necesidad de medidas para asegurar el fin de la impunidad y de las políticas discriminatorias. Por tanto, la promoción de la justicia y la igualdad racial implica la adopción de políticas reparadoras contra el racismo sistémico en las naciones occidentales afectadas por el colonialismo.

Frente a esta Resolución, también reconocemos y aplaudimos el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos que forman parte de la lucha antirracista, quienes, a través de su labor de incidencia, hicieron numerosas recomendaciones al sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, tales como el Comité contra la Discriminación Racial, el Relator sobre Racismo y el Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes.

Hacia una agenda transformadora global

 Las implicaciones de la Resolución A/HRC/47/L.8/Rev.1 son el resultado de una demanda histórica de la población afro en todo el mundo. La investigación del mandato de Michelle Bachelet, en virtud de la Resolución 43/1 de 2020, proporciona recomendaciones concretas sobre las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones de derechos humanos contra la población afro. El caso de George Floyd, en Estados Unidos, sacó a la luz el debate racial versus la violencia policial a nivel mundial. Por lo tanto, investigar las respuestas violentas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos se convirtió en una respuesta urgente de los mecanismos internacionales.

Entre los pilares de las reparaciones a los pueblos africanos y afrodescendientes se encuentra el establecimiento de mecanismos de monitoreo independiente y métodos estandarizados para denunciar y revisar el uso de la fuerza. Además, se deben publicar datos, separados por raza y origen étnico de las víctimas, destacando el perfil racial, la causa de las muertes y lesiones graves relacionadas con el mantenimiento del orden y los enjuiciamientos y condenas posteriores.

Declaración sobre la violencia policial y política en Brasil

Con motivo del HRC47 de la ONU, Raza e Igualdad, junto a organizaciones brasileñas e internacionales de derechos humanos, denunció la actual violencia policial y política en Brasil como resultado del racismo sistémico. El descuido del gobierno brasileño ante las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito político como en el ámbito público y privado, pone de relieve cómo la estructura que apoya el mantenimiento de las prácticas racistas está arraigada en sus instituciones, especialmente en aquellas con las que el Estado busca imponer el orden a través de la violencia, como la institución policial.

Así, Raza e Igualdad, en alianza con el Instituto Marielle Franco (IMF), IMADR y Minority Rights [1], denunciaron la violencia policial contra la población negra en Brasil. La declaración, realizada por Anielle Franco, Directora Ejecutiva del IMF, insta a Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente e imparcial dentro de las fuerzas policiales que ayude a garantizar la rendición de cuentas y el respeto de las normas de derechos humanos, y garantice que todos los casos de uso desproporcionado de la fuerza sean investigados. En el comunicado destacaron el reciente caso Chacina do Jacarezinho, donde el uso excesivo de la fuerza policial resultó en el brutal asesinato de 25 jóvenes negros en Jacarezinho, una favela de Río de Janeiro; así como el caso de Kathleen Romeu, una joven afro de 24 años, que estaba embarazada cuando fue asesinada a tiros durante un operativo policial ilegal en el Complexo de Lins Vasconcelos, también una favela en Río de Janeiro.

En otra denuncia ante el Consejo de la ONU, Raza e Igualdad y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA World), se sumaron al pronunciamiento de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) [ 2], para denunciar no solo la violencia policial, sino también la violencia política que ha perseguido, deslegitimado y silenciado a la población LGBTI+ brasileña. El comunicado destacó el caso de Luana Barbosa: mujer afro, madre y lesbiana, brutalmente asesinada por la policía en 2016, cuyo caso fue mencionado en el informe de Bachelet. Además, las implicaciones del racismo sistémico atravesado por el sexismo hacen que la población LGBTI+ sea rehén no solo de la brutalidad policial, que irrespeta violentamente sus identidades de género, sino también de la agenda anti-género impulsada por el actual gobierno.

Por lo tanto, vale la pena recordar que la brutalidad de la violencia policial en Brasil afecta de manera desproporcionada a la población racializada y a personas de géneros diversos. Con la promoción de una política de seguridad del Estado orientada a la eliminación de estos cuerpos, el sistema se apoya en el racismo estructural y la LGBTIfobica y comanda claramente un proyecto necropolítico orientado a una agenda de limpieza étnico-racial que promueve el genocidio de la población afro. Hechos consumados por las autoridades públicas al faltar al respeto a la orden judicial del Tribunal Supremo Federal (STF) que restringe el operativo policial en las favelas de la ciudad durante la pandemia del COVID-19, y cuyo incumplimiento ha provocado la muerte de más de 800 personas a manos de la policía desde junio de 2020.

Respuestas de los Estados de la región

En respuesta a las denuncias, el Estado brasileño lamentó las muertes mencionadas en el informe de la Alta Comisionada, poniéndose a disposición para seguir cooperando con la ONU. Asimismo, manifestó que el sistema de justicia está investigando los casos y que tiene la intención de trabajar en respuestas sistémicas, mencionando que se propone trabajar específicamente en la educación en derechos humanos para las autoridades públicas.

El Gobierno de Colombia, por su parte, cuestionó los datos presentados sobre los asesinatos de líderes y pueblos afrocolombianos durante el Paro Nacional, exigiendo así su verificación. De esta forma, buscó deslegitimar las protestas que se produjeron, pero enfatizó que el Estado no tolera la violencia por parte de servidores públicos que violen los derechos humanos, hechos que se pueden comprobar tanto por la repercusión mediática como por las constantes denuncias de agresiones y muertes.

De esta manera, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a cooperar plenamente con el mecanismo de la ONU creado para acabar con la impunidad de la violencia estatal racializada; garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones; y confrontar las raíces del racismo. En el caso de Colombia, expresamos preocupación por la respuesta negativa del Gobierno y esperamos que las autoridades colombianas investiguen y den a conocer las violaciones de derechos humanos y los asesinatos contra defensores afrodescendientes en medio de las protestas de Paro Nacional.

En cuanto a Brasil, esperamos que el Estado continúe con las investigaciones y una política de cooperación en derechos humanos orientada a acabar con la violencia policial y la impunidad de los responsables. Enfatizamos que Brasil necesita implementar efectivamente la Convención Interamericana contra el Racismo. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de monitorear las violaciones de derechos humanos por parte de los Estados y asegurar la aplicación de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1 y el funcionamiento del mecanismo designado por el Consejo de Derechos Humanos, para que pueda trabajar junto con los procedimientos especiales para fortalecer la rendición de cuentas en la administración de justicia racial. Finslmente, entendemos que es fundamental que la ONU garantice la participación de los pueblos y comunidades afrodescendientes en la formulación e implementación de las respuestas de los Estados al racismo sistémico.

[1] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3yXYcfO (disponible solo en inglés)

[2] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3r9WhC4 (disponible solo en inglés)

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