Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Raza e Igualdad celebra la adopción por la ONU de la Resolución para la protección de las personas africanas y afrodescendientes ante la violencia policial

Washington DC, 15 de julio de 2021 – El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra la adopción, mediante consenso, de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1, que tiene como objetivo promover y proteger a las personas africanas y afrodescendientes contra el uso excesivo de la fuerza pública. La actualización de esta Resolución fue votada en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRC47, por sus siglas en inglés), en el la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre el tema, en el que instó a los Estados miembros a desmantelar el racismo sistémico y poner fin a la violencia policial. Esta actualización representa un paso histórico hacia un cambio en el escenario de la brutalidad policial contra la población afro.

La Resolución establece que debe crearse un mecanismo internacional de expertos independientes para promover cambios transformadores hacia la justicia y la igualdad racial. Este mecanismo debe estar compuesto por tres expertos con experiencia en el cumplimiento de la ley y los derechos humanos, quienes serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, bajo la dirección del Alto Comisionado. Para ello, el mecanismo que se establezca debe trabajar en estrecha colaboración con expertos de órganos y tratados internacionales.

Este mismo mecanismo se encargará de investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y todas las violaciones internacionales de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas y reparación de las víctimas. El mecanismo se presentará anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en conjunto con el Alto Comisionado, quien también presentará un informe anual. La primera de estas comparecencias ocurrirá durante el 51 periodo de sesiones del Consejo, en junio de 2022.

Además, cabe señalar que la Resolución reconoce el legado del proceso de esclavitud, el colonialismo y el comercio transatlántico de pueblos africanos esclavizados. En este sentido, este reconocimiento coincide con la Conferencia de Durban, que este año cumple 21 años y establece el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, reconociendo que los afrodescendientes siguen siendo víctimas de las consecuencias de la esclavitud, de la trata transatlántica de esclavos en africanos esclavizados y el colonialismo. Por tanto, ambos documentos hacen un llamado para que las antiguas potencias coloniales asuman las consecuencias del proceso de colonización, las cuales persisten hasta hoy en detrimento de la población afro alrededor del mundo.

Al presentar su informe, Bachelet reiteró que “ningún Estado ha asumido plena responsabilidad por el pasado o el impacto actual del racismo sistémico”, confirmando así la urgente necesidad de medidas para asegurar el fin de la impunidad y de las políticas discriminatorias. Por tanto, la promoción de la justicia y la igualdad racial implica la adopción de políticas reparadoras contra el racismo sistémico en las naciones occidentales afectadas por el colonialismo.

Frente a esta Resolución, también reconocemos y aplaudimos el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos que forman parte de la lucha antirracista, quienes, a través de su labor de incidencia, hicieron numerosas recomendaciones al sistema de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, tales como el Comité contra la Discriminación Racial, el Relator sobre Racismo y el Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes.

Hacia una agenda transformadora global

 Las implicaciones de la Resolución A/HRC/47/L.8/Rev.1 son el resultado de una demanda histórica de la población afro en todo el mundo. La investigación del mandato de Michelle Bachelet, en virtud de la Resolución 43/1 de 2020, proporciona recomendaciones concretas sobre las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones de derechos humanos contra la población afro. El caso de George Floyd, en Estados Unidos, sacó a la luz el debate racial versus la violencia policial a nivel mundial. Por lo tanto, investigar las respuestas violentas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo y apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos se convirtió en una respuesta urgente de los mecanismos internacionales.

Entre los pilares de las reparaciones a los pueblos africanos y afrodescendientes se encuentra el establecimiento de mecanismos de monitoreo independiente y métodos estandarizados para denunciar y revisar el uso de la fuerza. Además, se deben publicar datos, separados por raza y origen étnico de las víctimas, destacando el perfil racial, la causa de las muertes y lesiones graves relacionadas con el mantenimiento del orden y los enjuiciamientos y condenas posteriores.

Declaración sobre la violencia policial y política en Brasil

Con motivo del HRC47 de la ONU, Raza e Igualdad, junto a organizaciones brasileñas e internacionales de derechos humanos, denunció la actual violencia policial y política en Brasil como resultado del racismo sistémico. El descuido del gobierno brasileño ante las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito político como en el ámbito público y privado, pone de relieve cómo la estructura que apoya el mantenimiento de las prácticas racistas está arraigada en sus instituciones, especialmente en aquellas con las que el Estado busca imponer el orden a través de la violencia, como la institución policial.

Así, Raza e Igualdad, en alianza con el Instituto Marielle Franco (IMF), IMADR y Minority Rights [1], denunciaron la violencia policial contra la población negra en Brasil. La declaración, realizada por Anielle Franco, Directora Ejecutiva del IMF, insta a Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente e imparcial dentro de las fuerzas policiales que ayude a garantizar la rendición de cuentas y el respeto de las normas de derechos humanos, y garantice que todos los casos de uso desproporcionado de la fuerza sean investigados. En el comunicado destacaron el reciente caso Chacina do Jacarezinho, donde el uso excesivo de la fuerza policial resultó en el brutal asesinato de 25 jóvenes negros en Jacarezinho, una favela de Río de Janeiro; así como el caso de Kathleen Romeu, una joven afro de 24 años, que estaba embarazada cuando fue asesinada a tiros durante un operativo policial ilegal en el Complexo de Lins Vasconcelos, también una favela en Río de Janeiro.

En otra denuncia ante el Consejo de la ONU, Raza e Igualdad y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA World), se sumaron al pronunciamiento de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) [ 2], para denunciar no solo la violencia policial, sino también la violencia política que ha perseguido, deslegitimado y silenciado a la población LGBTI+ brasileña. El comunicado destacó el caso de Luana Barbosa: mujer afro, madre y lesbiana, brutalmente asesinada por la policía en 2016, cuyo caso fue mencionado en el informe de Bachelet. Además, las implicaciones del racismo sistémico atravesado por el sexismo hacen que la población LGBTI+ sea rehén no solo de la brutalidad policial, que irrespeta violentamente sus identidades de género, sino también de la agenda anti-género impulsada por el actual gobierno.

Por lo tanto, vale la pena recordar que la brutalidad de la violencia policial en Brasil afecta de manera desproporcionada a la población racializada y a personas de géneros diversos. Con la promoción de una política de seguridad del Estado orientada a la eliminación de estos cuerpos, el sistema se apoya en el racismo estructural y la LGBTIfobica y comanda claramente un proyecto necropolítico orientado a una agenda de limpieza étnico-racial que promueve el genocidio de la población afro. Hechos consumados por las autoridades públicas al faltar al respeto a la orden judicial del Tribunal Supremo Federal (STF) que restringe el operativo policial en las favelas de la ciudad durante la pandemia del COVID-19, y cuyo incumplimiento ha provocado la muerte de más de 800 personas a manos de la policía desde junio de 2020.

Respuestas de los Estados de la región

En respuesta a las denuncias, el Estado brasileño lamentó las muertes mencionadas en el informe de la Alta Comisionada, poniéndose a disposición para seguir cooperando con la ONU. Asimismo, manifestó que el sistema de justicia está investigando los casos y que tiene la intención de trabajar en respuestas sistémicas, mencionando que se propone trabajar específicamente en la educación en derechos humanos para las autoridades públicas.

El Gobierno de Colombia, por su parte, cuestionó los datos presentados sobre los asesinatos de líderes y pueblos afrocolombianos durante el Paro Nacional, exigiendo así su verificación. De esta forma, buscó deslegitimar las protestas que se produjeron, pero enfatizó que el Estado no tolera la violencia por parte de servidores públicos que violen los derechos humanos, hechos que se pueden comprobar tanto por la repercusión mediática como por las constantes denuncias de agresiones y muertes.

De esta manera, Raza e Igualdad insta a los Estados de la región a cooperar plenamente con el mecanismo de la ONU creado para acabar con la impunidad de la violencia estatal racializada; garantizar la rendición de cuentas y las reparaciones; y confrontar las raíces del racismo. En el caso de Colombia, expresamos preocupación por la respuesta negativa del Gobierno y esperamos que las autoridades colombianas investiguen y den a conocer las violaciones de derechos humanos y los asesinatos contra defensores afrodescendientes en medio de las protestas de Paro Nacional.

En cuanto a Brasil, esperamos que el Estado continúe con las investigaciones y una política de cooperación en derechos humanos orientada a acabar con la violencia policial y la impunidad de los responsables. Enfatizamos que Brasil necesita implementar efectivamente la Convención Interamericana contra el Racismo. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso de monitorear las violaciones de derechos humanos por parte de los Estados y asegurar la aplicación de la Resolución A/HRC/47/ L.8 Rev.1 y el funcionamiento del mecanismo designado por el Consejo de Derechos Humanos, para que pueda trabajar junto con los procedimientos especiales para fortalecer la rendición de cuentas en la administración de justicia racial. Finslmente, entendemos que es fundamental que la ONU garantice la participación de los pueblos y comunidades afrodescendientes en la formulación e implementación de las respuestas de los Estados al racismo sistémico.

[1] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3yXYcfO (disponible solo en inglés)

[2] Acceda al pronunciamiento: https://bit.ly/3r9WhC4 (disponible solo en inglés)

Organizaciones alertan a la ONU sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua

En el diálogo interactivo con el Relator especial sobre la libertad de asociación, durante la 47° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 30 organizaciones nicaragüenses y del mundo, alertamos a la comunidad internacional sobre el grave deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO

01 de Julio 2021. En nombre de las organizaciones firmantes, agradecemos al Relator especial por su informe sobre el acceso a la justicia en el contexto del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que es particularmente relevante en el caso de Nicaragua.

Deploramos que Nicaragua está lejos de cumplir con las recomendaciones de su informe, como lo destacó también la Alta Comisionada en su actualización.

La falta de separación de poderes garantiza la impunidad de los ataques arbitrarios contra las organizaciones de la sociedad civil y la prevalencia de un marco legal que restringe drásticamente la libertad de asociación.

La estigmatización y los obstáculos a la labor de defensa de las víctimas siguen siendo la regla para defensores de derechos humanos y abogados independientes, y las personas arbitrariamente criminalizadas a las que acompañan siguen enfrentando flagrantes violaciones al debido proceso.

La comunidad internacional en general, y particularmente el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, tienen un papel urgente que desempeñar de cara a las elecciones generales de noviembre.

Deberían instar a la liberación de todas las personas presas políticas, incluido candidatos presidenciales, personas defensoras de derechos humanos, líderes cívicos y periodistas.

Deberían también urgir al Gobierno a restituir de las libertades fundamentales, derogando todo el marco normativo que obstruye la libertad de asociación y reunión: la Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento, la Ley de Lavado de Dinero, el dominio de la Policía Nacional sobre las manifestaciones y movilizaciones, entre otros.

Asimismo, instar al Gobierno a garantizar un entorno libre y seguro para los abogados, las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil durante y después del proceso electoral.

Por último, urgimos a Nicaragua a permitir la visita de su mandato como a otros Procedimientos Especiales, conforme a su invitación abierta;

Sin este apoyo crucial, el Estado de Nicaragua seguirá su ruta para evitar la debida rendición de cuentas, consolidando aún más la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos tres años.

Gracias, señora presidenta.

Elecciones 2021 del CERD: necesidad de una mayor diversidad geográfica y competitividad en el futuro

Ginebra, Suiza. 24 de junio de 2021.– Hoy, los 182 Estados Partes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) fueron invitados a votar para nombrar a la mitad de los miembros del Comité de la ONU (CERD) que funciona como guardián de esa Convención. Los Estados eligieron a 4 nuevos expertos y reeligieron a 5 miembros que ya formaban parte del Comité, entre un grupo de 11 candidatos.

Los nuevos miembros incluyen al Sr. Michał Balcerzak (Polonia), la Sra. Régine Esseneme (Camerún), la Sra. Gay McDougall (Estados Unidos) y la Sra. Mazalo Tebie (Togo).

Se unirán a 5 expertos, cuyos mandatos como miembros del CERD estaban llegando a su fin, y que han sido reelegidos por otro período de cuatro años: el Sr. Nourredine Amir (Argelia), la Sra. Chinsung Chung (República de Corea), el Sr. Bakari Sidiki Diaby (Côte d’Ivoire), el Sr. Gün Kut (Turquía), el Sr. Yeung Kam John Yeung Sik Yuen (Mauricio), así como los otros nueve miembros del Comité, cuyo mandato expirará en 2024[1].

Minority Rights Group International (MRG), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Movimiento Internacional contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR), felicitan a los miembros recién elegidos del CERD y a los que fueron reelectos.

Tras el hito histórico alcanzado en las últimas elecciones[2], nuestras organizaciones acogen con satisfacción la continuación de la paridad de género en el Comité tras la elección de hoy. De hecho, con la elección/reelección de 4 mujeres, la mitad de los puestos del Comité estarán ocupados por mujeres a partir del próximo año. Afirmamos que la diversidad de género en los miembros del CERD es fundamental para la calidad de su trabajo y su legitimidad. Exhortamos al Comité recién compuesto a que amplíe y fortalezca los esfuerzos del CERD para abordar la interseccionalidad del racismo y la discriminación racial con la discriminación basada en el género, la orientación sexual y la identidad de género, entre otros motivos de formas de discriminación múltiples e interrelacionadas.

Sin embargo, por el contrario, lamentamos que aún no se haya logrado una distribución geográfica equitativa entre los miembros del CERD. Ningún Estado de la región de América Latina y el Caribe nominó candidatos para las elecciones de este año, lo que la convertirá en la segunda región menos representada a partir de 2022. Europa oriental sigue estando menos representada con un solo miembro. Por otro lado, la representación de la región africana aumentará del 33% al 44% a partir del próximo año. Recordamos que el artículo 8.1 de la Convención y la resolución 68/268[3] de la Asamblea General alientan a los Estados Partes a garantizar una distribución geográfica equitativa de los miembros del Comité. La situación de la discriminación racial es única en cada país y región, y la representación regional equilibrada entre los miembros es fundamental para el Comité como órgano de supervisión mundial.

Además, nuestras organizaciones están profundamente preocupadas porque este año se registró el menor número de nominaciones de candidatos por parte de los Estados Partes en los últimos 10 años[4]. Un proceso de elección verdaderamente competitivo es clave para promover la calidad, la independencia y la diversidad de la membresía del Comité. Animamos fuertemente a los Estados Partes a que contribuyan a un grupo numeroso y sólido de candidatos mediante la nominación de expertos en derechos humanos de alta moralidad que tengan reconocida competencia y experiencia en el ámbito cubierto por la Convención y que sean independientes, de conformidad con la resolución 68/268 de la Asamblea General. y artículo 8.1 de la Convención. Casi 100 Estados han recibido la recomendación del EPU de “[a] adoptar un proceso de selección abierto y basado en el mérito al seleccionar candidatos nacionales para las elecciones al Órgano de Tratado de la ONU”[5], y la mayoría apoyó esta recomendación. Además, el Secretario General de la ONU recomendó la creación de procesos nacionales de selección competitiva para la nominación de expertos al Comité y/u otros procesos de selección independientes[6]. Instamos a los Estados Partes a nominar candidatos mediante esos procesos para futuras elecciones.

En un esfuerzo por promover un proceso de elección del CERD transparente y basado en el mérito, nuestras tres organizaciones distribuyeron un cuestionario a todos los candidatos con respecto a sus antecedentes, experiencia relevante y visión de su trabajo futuro como miembros del Comité. Las respuestas recibidas luego se publicaron en un sitio web específico: www.untbelections.org, y se compartieron con los Estados partes dos meses antes de las elecciones para ayudarlos a conocer las calificaciones de los respectivos candidatos e informar sus decisiones.

Nuestras tres organizaciones mantienen su compromiso de contribuir a los esfuerzos para fortalecer el trabajo del CERD, el principal guardián de las normas internacionales de derechos humanos contra la discriminación racial. Ahora más que nunca, el CERD tiene un papel crucial que desempeñar para participar en los desarrollos normativos y llamar la atención a los Estados por sus fallas en eliminar los a menudo persistentes patrones de discriminación y violencia que afectan a las personas pertenecientes a comunidades racializadas, como las personas afrodescendientes, las minorías, personas discriminadas por motivos de casta o ascendencia, pueblos indígenas, apátridas, migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.

Antecedentes:

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está compuesto por 18 expertos independientes.

Los miembros son elegidos por un período de 4 años por los Estados Partes de entre sus nacionales, teniendo en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos, de conformidad con el artículo 8 de la ICERD.

Las elecciones se llevan a cabo cada 2 años en una reunión de los Estados Partes que se lleva a cabo en la sede de la ONU en Nueva York.

Los miembros recién elegidos comenzarán su mandato en enero de 2022 y sus mandatos expirarán en enero de 2026.

 1 Sra. Ali Al-Misnad (Qatar), Sr. Guisse (Senegal), Sra. Li (China), Sr. Rayess (Mauritania), Sr. Payandeh (Alemania), Sra. Shepherd (Jamaica), Sra. Stavrinaki (Grecia), Sra. Tlakula (Sudáfrica), Sr. Vega Luna (Perú)

2 https://imadr.org/joint-communique-cerd-election-2019/

3 https://undocs.org/A/RES/68/268

4 El número de candidatos propuestos desde 2011: 16 (3 retirados) en 2011; 17 (1 retirado) en 2013; 13 (1 retirado) en 2015; 16 (1 retirado) en 2017; y 16 (2 retirados) en 2019.

5 Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Chipre, República Checa, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gabón, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras , India, Indonesia, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Líbano, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, República del Congo, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Marino, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tonga, Túnez, Tuvalu, Emiratos Árabes Unidos, Vanuatu.

6 A/74/643, párrafo 71

Alta Comisionada de la ONU: Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción frente al proceso electoral  

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes 22 de junio, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una actualización oral sobre Nicaragua, en la que expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos del país, que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”. 

En su actualización, Bachelet lamentó que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018, el Estado de Nicaragua continúa sin cumplir casi la totalidad de las recomendaciones formuladas. 

Bachelet denunció las diferentes acciones represivas perpetradas por la Policía Nacional, paramilitares, medios oficialistas y otras autoridades estatales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, abogados y abogadas, estudiantes, periodistas y medios de comunicación independientes, comunidades indígenas de Caribe Norte, campesinos, familiares de personas asesinadas en 2018, entre otros. 

La Alta Comisionada considera que las más recientes detenciones a miembros de la oposición se han dado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria”, además que están “marcadas por graves violaciones de las garantías procesales” y por el uso de leyes que ya habían sido cuestionadas por su oficina y otros mecanismos, tales como son la “Ley nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo”, la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz” y la reforma al Código Procesal Penal para extender la prisión preventiva a un término de hasta 90 días mientras dura la investigación.  

Asimismo, Bachelet expuso que la ley de reforma electoral adoptada el pasado mes de mayo “no introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política”.  

Ante este panorama represivo, la Alta Comisionada llamó al Gobierno de Nicaragua a rectificar el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral, a través de: la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; el cese de todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; el restablecimiento de los derechos y las  libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y la derogación de la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. 

Igualmente, hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que “considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, y expresó la urgencia de que se autorice el regreso de la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos de derechos humanos a Nicaragua. 

Al finalizar la actualización oral de la Alta Comisionada, el representante del Estado de Nicaragua ejerció su derecho de réplica. Como en ocasiones anteriores, el canciller Denis Moncada Colindres aseguró que su presencia en la sesión era para “defender la justicia y la paz”, defender el derecho de Nicaragua “a vivir sin intromisiones extranjeras” y decir “ya basta”. 

Más de 59 países firmaron una declaración conjunta que insta al Estado de Nicaragua a que “se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia”. Además, la Unión Europea, Suiza, Francia, Argentina y Liechtenstein hicieron referencia a la situación de derechos humanos en Nicaragua en sus declaraciones individuales. 

Pronunciamiento
Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respaldamos esta actualización de la Alta Comisionada y todos los esfuerzos de Naciones Unidas para contribuir a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua. Pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su continuo monitoreo, documentación, denuncia y condena de las violaciones a derechos humanos en el contexto electoral del país.  

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a liberar de forma inmediata y sin condiciones a todas las personas presas políticas, cesar las acciones represivas contra voces disidentes, permitir el acceso de mecanismos de derechos humanos y demás medidas que garanticen la celebración de elecciones justas, libres y transparentes el próximo 7 de noviembre de 2021. 

Un año del asesinato de George Floyd: llamado a fortalecer los mecanismos de derechos humanos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial

Washington D.C., 25 de mayo de 2021.– A un año del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de cuatro policías en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) renueva su llamado para que los organismos internacionales y los Estados redoblen sus esfuerzos para combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que deben dar seguimiento a la Resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hace una especial exhortación a Estados Unidos para que escuche a las víctimas que piden justicia, reparación y garantías de no repetición.

El asesinato de Floyd fue grabado por un testigo y el video se hizo viral rápidamente en redes sociales, provocando manifestaciones de indignación y rechazo no solo en Estados Unidos, sino en ciudades de todo el mundo, bajo las consignas LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN y “No puedo respirar”, la frase que Floyd repitió incasablemente hasta morir. Ante tal nivel de conmoción, el 17 de junio de 2020 el Consejo de Derechos de la ONU llevó a cabo el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas.

Dos días después, el Consejo adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

En marzo de este año, cuando la comisionada Michelle Bachelet brindó una actualización oral sobre la Resolución 43/1 ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que el informe que tiene previsto presentar en junio próximo “recomendará un programa transformador que elimine el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y los afrodescendientes, además de que promueva la rendición de cuentas y el resarcimiento de las víctimas”.

Cabe destacar que después del asesinato de George Floyd, las muertes a manos de policías han continuado en Estados Unidos, con un total de 6 en el 2020 y 3 en lo que va de 2021.

En Raza e Igualdad reconocemos y aplaudimos la voluntad del Consejo de Derechos Humanos, así como de los países ahí representados y de las organizaciones internacionales que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para tomar acciones en el combate a la situación de racismo y violencia policial que se manifiesta en todo el mundo, y que, en el caso de América Latina y el Caribe, tiene significativas repercusiones, sobre todo en Brasil con la reciente masacre de Jacarezinho, y en Colombia con la desmedida respuesta de las fuerzas públicas ante las manifestaciones que se registran en todo el país en el marco del Paro Nacional.

Según el informe preliminar de la organización colombiana Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), de las 39 personas asesinadas en medio de las manifestaciones entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 en los municipios de Cali y Yumbo, departamento de Valle del Cauca, 11 eran visiblemente afrodescendientes, 1 indígena, 9 mestizas y 18 cuya identidad étnico-racial no habían logrado identificar hasta la fecha de publicación del informe.

Esperamos que en medio de este esfuerzo por combatir el racismo sistémico y la brutalidad policial, los Estados demuestren su voluntad de erradicar estos males que afectan el Estado de Derecho, y hagan realidad las obligaciones suscritas en materia de derechos humanos y justicia racial, incluyendo la firma y ratificación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Asimismo, confiamos en que desde el Sistema Universal de Derechos Humanos se puedan destinar más recursos para el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos que dan seguimiento a las obligaciones de los países, y que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se mantenga el seguimiento y denuncia de violaciones a derechos humanos.

Desde Raza e Igualdad seguiremos trabajando con organizaciones aliadas en América Latina en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y otros sectores históricamente discriminado, incluyendo la labor de documentación y denuncia para visibilizar sus realidades y lograr cambios para una sociedad más justa y equitativa.

Primer Foro de las Américas sobre las minorías reúne recomendaciones para proteger a poblaciones históricamente marginados y vulnerables de cara al Foro Mundial

Washington D.C., 13 de mayo de 2021.– El primer Foro Regional de las Américas sobre la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos de las minorías en la región se llevó a cabo los días 27 y 28 de abril de 2021, y contó con la participación de autoridades estatales, organismos internacionales y regionales, entidades de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil en las Américas, entre ellas el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que apoyó su realización.

Este evento, que se celebró de manera virtual debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, fue convocado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, y es uno de los cuatro foros regionales (Europa, Asia, África y Américas) que aportarán insumos al informe temático que el Relator Especial presentará en la sesión número 49 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022.

Además, los debates servirán de base para las recomendaciones que saldrán de la sesión número 14 del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en Ginebra, Suiza.

¿Qué discutieron?

Este espacio contribuyó al entendimiento de la importancia de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos. Para esto, se abordaron los desafíos legales, institucionales y políticos para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las minorías a la hora de abordar las injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones e incluso conflictos armados internos. Los derechos de las minorías están estrechamente relacionados con las casusas estructurales de los conflictos, sin embargo, sus demandas son frecuentemente ignoradas para la búsqueda de soluciones y superación de conflicto.

La primera sesión temática del Foro se denominó “Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías”, que tuvo como moderador al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. Quesada mencionó que las dos Convenciones del Sistema Interamericano—la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia—complementan y refuerzan la Convención Americana de Derechos Humanos y la protección de los derechos humanos de las minorías. Recordó también que ambas convenciones fueron posibles gracias a la presión y las demandas de la sociedad civil.

En dicha sesión, Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), expuso que “el racismo estructural es la ideología sobre la cual se sustenta la dominación étnica basada en la creencia de que las desigualdades entre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y el resto de la población es normal y natural, en lugar de ser el resultado de la estructuración injusta de la sociedad”, señaló.

En ese sentido, Cunningham hizo las siguientes recomendaciones: a) que las agencias de Naciones Unidas promuevan campañas de educación a los Estados, empresas privadas y a la sociedad civil sobre el impacto del racismo ambiental, b) desarrollar programas de sensibilización y divulgación sobre los derechos humanos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular sobre sus territorios y bienes naturales, antes de aprobar préstamos a inversiones de parte de bancos unilaterales y bilaterales, y c) requerir a los Estados diseñar mecanismos electorales que garantice la participación ciudadana de pueblos de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Marino Córdoba, recordó que Colombia es país firmante de diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de las minorías, pero que se desconoce el impacto que estos han tenido en la protección y promoción de sus derechos, y más bien los líderes y lideresas de grupos étnicos se cuentan entre las víctimas del conflicto que atraviesa el país sin que haya verdad y justicia.

Córdoba hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir al Estado colombiano que cumpla con los compromisos adquiridos y garantice los derechos fundamentales de la población. El líder afrocolombiano recomendó invertir en la prevención de los conflictos, incluyendo particularmente la prevención de las amenazas percibidas por los pueblos afrodescendientes a sus tradiciones, cultura, religión, y su lengua.

En la segunda sesión del Foro, denominada “Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de conflictos”, intervino María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), de Nicaragua. Acosta señaló que los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan masacres, violencia, desplazamiento y despojo, y que es obligación del Estado proteger los derechos de todas las personas, sin discriminación. Añadió que cuando esto falla, la comunidad internacional es indispensable e hizo énfasis en la importancia de las visitas de las Relatorías Especiales, como Relator Especial sobre las cuestiones de las minorías o la de los derechos de los pueblos indígenas, además de la labor de monitoreo del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La tercera sesión temática del Foro giró en torno a los obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención temprana de conflictos, mientras que en la cuarta y última sesión temática se discutieron las formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos para proteger a las minorías y prevenir los conflictos.

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, participó en dicha sesión y destacó el lenguaje inclusivo promovido por Naciones Unidas a través de varias resoluciones de sus diferentes órganos, como un factor clave para la prevención de conflictos. También se refirió a la necesidad de una compresión amplia del concepto de género para entender los impactos diferenciados sobre las poblaciones LGTBI.

Madrigal-Borloz enfatizó que la violencia es continua para las poblaciones LGTBI antes, durante y después de los conflictos y que está ligada a estereotipos de género fuertemente arraigados en la sociedad. Tras este análisis, resaltó la poca participación de la comunidad LGTBI en las agendas de justicia transicional y construcción de la agenda de paz. El experto se refirió a varias experiencias de comisiones de la verdad en la región, entre ellas la conformada en Colombia, sobre la cual se espera que contemple un análisis y un reconocimiento de los patrones de violencia específicos contra las comunidades LGTBI en el marco del conflicto armado colombiano.

El foro finalizó con la lectura de una serie de recomendaciones que tomaron como base la información enviada por escrito de manera previa al inicio del foro, los debates, y participación del público. Las recomendaciones se agruparon de manera preliminar en los siguientes bloques temáticos: i) Implementación de la educación en derechos humanos; ii) Lucha contra la desigualdad, la discriminación y la interseccionalidad iii) Reconocer y acomodar la diversidad etnocultural; iv) Garantizar la participación efectiva en la vida pública, política, económica, social y cultural; iv) Educar sobre las minorías, los pueblos indígenas y los afrodescendientes; vi) Tierra/medio ambiente; vii) Salud; viii) Religión; ix) Acceso a la justicia; x) Erradicación de la violencia; xi) Recogida de datos, y xii) Prevención de conflictos.

Las recomendaciones de este Foro regional de las Américas, junto con las que resulten del resto de foros regionales, estarán disponibles y serán documentos de referencia para el 14º Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías. Además, estos insumos servirán para la elaboración de unas directrices sobre la cuestión de la prevención de conflictos y las minorías que se prepararán bajo el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías.

Los derechos de las minorías son derechos humanos y los Estados tienen la obligación de protegerlos y garantizar su proyecto de vida desde una perspectiva individual y también colectiva culturalmente adecuada. La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas debe ser interpretada junto las obligaciones adquiridas por los Estados en materia de derechos humanos, la prohibición de toda discriminación y protección igual y efectiva frente a cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Clément Voule – Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica: “Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice el derecho de reunión pacífica durante el proceso electoral”

Washington D.C., 21 de abril de 2021.– Luego del estallido social en abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua ha restringido el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Además, hace poco aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual impacta de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, y  provocó el cierre de organizaciones civiles que decidieron no someterse a ella. 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clément Voule, ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a visitar el país para conocer de cerca la situación referida a la libertad de asociación,  reunión y manifestación pacífica, además conjuntamente con otras Relatorías de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la aprobación de leyes que son contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. 

En esta entrevista brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco del tercer aniversario de la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, Voule se refiere a porqué es importante su visita al país una vez se haya superado la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y asegura que continuará apelando al Gobierno para suspender la aplicación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

Usted  ha expresado reiteradamente su voluntad de visitar Nicaragua.  ¿De qué manera piensa que una visita suya contribuiría a mejorar el rendimiento del Estado en cuanto a la libertad de asociación y la libertad de reunión?

Nicaragua, efectivamente es uno de los países que me gustaría visitar en el futuro cercano, después de que se levanten las restricciones impuestas debido a la crisis sanitaria actual.  Las visitas a países, se realizan en un espíritu de cooperación y diálogo.  El objetivo, es que el Relator Especial pueda entender de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan.

Durante una visita oficial a un país, el Relator Especial se reúne con partes interesadas a nivel nacional que están involucradas en la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso oficiales gubernamentales de alto rango, miembros de los poderes legislativo y judicial, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mecanismos de supervisión policiaca, representantes de la comisión nacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), junto con otras partes relevantes.  El propósito, es examinar los asuntos relacionados con estos dos derechos.

Aporto recomendaciones concretas, en apoyo de los esfuerzos del Gobierno para reforzar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

El Gobierno nicaragüense ha suprimido el derecho a la reunión o manifestación pacífica.  Dichas prohibiciones, dan forma al contexto de las próximas elecciones a realizarse en noviembre, y limitan la posibilidad de libremente ejercer derechos durante dichas elecciones.  ¿Cuáles llamados haría Ud. al Gobierno sobre esta situación?

Según la información que he recibido, desde septiembre de 2018 el Gobierno nicaragüense ha continuado a prohibir las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo que opone el Gobierno.

Dichas restricciones, están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo.  Hago un llamado al Gobierno nicaragüense, a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua.

Desde el 13 de noviembre de 2020, los Procedimientos Especiales, incluso su Relatoría, se han pronunciado sobre la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Los Procedimientos Especiales, han señalado que ambas medidas plantean preguntas serias sobre su compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos internacionales.  ¿El Estado ha respondido a dichas comunicaciones con la voluntad de revisar las leyes, o de colaborar con su asistencia técnica?  ¿Cómo continuarán los Procedimientos Especiales a insistir en que dichas leyes se adapten para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos?

Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno a la comunicación OL NIC 3/2020 que se envió en noviembre de 2020, sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Junto con otros(as) poseedores(as) de mandatos, detallé unas cuantas preocupaciones sobre dichas leyes, que se consideran estar en violación de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. 

Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros(as)’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos.  Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica, y gravemente limita la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil, defensores(as) de derechos humanos y periodistas de plantear cualquier tema relacionado con la política, o de participar en actividades consideradas como políticas.

La Ley, además incluye sanciones desmedidas por incumplimiento, ya que dispone que organizaciones deben ser disueltas o sus fondos confiscados, cuando no cumplen con requisitos administrativos menores.

Exhorto al Gobierno de Nicaragua, a que inmediatamente suspenda la aplicación de la Ley, y que colabore con las organizaciones de la sociedad civil para realizar reformas.

Continuaré mi conversación con el Gobierno sobre dichas leyes, y continuaré mi seguimiento de cerca de la situación, con la colaboración de organizaciones locales en terreno, y además con la presencia del ACNUDH en Panamá, el cual monitorea desde lejos la situación en Nicaragua.

¿Es común, que su Relatoría se enfrente a tantos obstáculos para realizar una visita oficial a un país, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua?

Como mencioné anteriormente, mi intención es visitar a Nicaragua apenas se hayan levantado las restricciones, y se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno.  Permitiendo y facilitando una tal visita, además demostrará la voluntad del Gobierno de proteger dichos derechos y el espacio cívico en el país.

¿Qué mensaje desea dar a la sociedad civil nicaragüense, en el contexto de la intensificación de las represalias contra su trabajo?

Me gustaría expresar mi admiración, por el coraje y la perseverancia de los(as) defensores(as) de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, los(as) cuales enfrentan un sinnúmero de obstáculos en llevar a cabo sus labores.

Desde abril de 2018, mi mandato ha seguido de cerca la situación en Nicaragua.  Es fundamental, mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, pues estamos observando unas restricciones graves del espacio cívico y democrático, incluso ataques, acoso y amenazas contra los(as) defensores(as) de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.  Esto es aún más relevante, con vista a garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes en noviembre de 2021.

La sociedad civil en Nicaragua, puede contar con mi apoyo, y continuaré mi involucramiento con ella, para abordar la crisis actual.  Además continuaré mis conversaciones con el Gobierno, para asegurar que las inquietudes planteadas por mi mandato sean abordadas, y la situación actual sea revertida.

CONVOCATORIA: Foro Regional de las Américas sobre Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Contexto

Existe un amplio consenso en todo el mundo con respecto a que, abordar las desigualdades y hacer que las instituciones sean más inclusivas es algo fundamental para abordar las causas estructurales de los conflictos. La mayoría de los conflictos se caracterizan por una inclusión insuficiente de las minorías y en el contexto específico de los pueblos indígenas de las Américas. A esto se suma, a menudo, la falta de consideración de sus identidades e injusticias, así como la negación de sus derechos humanos, por lo que el principal reto en este momento es comprender mejor lo que esto significa en la práctica.

Desde 2010, el número de grandes conflictos violentos se ha triplicado en todo el mundo, y gran parte de ese aumento se debe al incremento de los conflictos intraestatales, que suelen involucrar a las minorías. «Este es el momento con más conflictos violentos en el mundo en los últimos 30 años, y el mundo también se enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos forzados jamás registrada»1.

La paz, la estabilidad y la justicia -en otras palabras, la prevención de conflictos violentos- exigen que se aborden las principales injusticias de las minorías asociadas a su exclusión.

Esto es, a las prácticas discriminatorias en materia de participación en la vida pública y en otros ámbitos, a la aceptación de sus culturas, religiones o creencias y lenguas, así como a otras violaciones de sus derechos humanos para proteger su existencia e identidad. La exclusión y la discriminación de las minorías, en lugar de garantizar su inclusión y protección en la sociedad mediante la aplicación de sus derechos humanos, son las principales causas de la mayoría de los conflictos contemporáneos.

La prevención de los conflictos requiere abordar estos errores en su aplicación práctica. Garantizar la protección de los derechos humanos de las minorías, -y los de los pueblos indígenas cuando éstos también constituyan minorías- y asegurar su aplicación antes de que estos agravios puedan empeorar la situación, aumentan las posibilidades de que no se produzca un conflicto. Éstas son las vías para respetar la dignidad y la igualdad de todas las personas de cara a lograr la justicia, la paz y la estabilidad, que se prevé en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el sistema internacional de derechos humanos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Las vías para la paz y la prevención de conflictos se encuentran, por tanto, en la comprensión y aplicación adecuada de los derechos humanos de las minorías.

La nota conceptual completa de los Foros Regionales de 2021 está disponible aquí.

Objetivos

El objetivo principal del Foro Regional de las Américas sobre «Prevención de conflictos y protección de los derechos humanos de las minorías» es aportar una visión regional que sirva de base para el trabajo temático del Relator Especial para su informe para la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022. Asimismo, los debates servirán de base para los trabajos y recomendaciones del 14º Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que tendrá lugar en diciembre de 2021 en Ginebra.

Entre los objetivos específicos se incluyen:

  1. Desarrollar un entendimiento mutuo sobre el papel de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.
  2. Abordar el tema de los desafíos legales, institucionales y políticos para el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos de las minorías a la hora de afrontar injusticias prolongadas que pueden derivar en tensiones y posibles conflictos.
  3. Identificar por qué rara vez se reconocen o abordan las causas estructurales de la mayoría de los conflictos, la negación de los derechos humanos de las minorías y sus aspiraciones.
  4. Reforzar las colaboraciones entre las distintas partes interesadas y capacitar para abordar las causas profundas de los conflictos contemporáneos y prevenirlos con mayor eficacia.

Fecha y lugar de celebración

Fecha: 27 y 28 de abril de 2021

Reunión virtual

Participación

El Foro Regional de las Américas estará abierto a la participación de los Estados; las organizaciones intergubernamentales (incluidos los organismos y mecanismos de las Naciones Unidas), las instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos nacionales pertinentes, los académicos y expertos en cuestiones de minorías, los representantes de las minorías, así como las organizaciones de la sociedad civil especializadas en cuestiones de minorías.

La participación está abierta a personas involucradas en temas de minorías en la región de las Américas (véase la lista de países elegibles aquí), y con un claro enfoque y experiencia en la prevención de conflictos y minorías.

Todos los participantes individuales deben inscribirse en línea aquí. La inscripción se cerrará a las 23:00 CEST del miércoles 21 de abril de 2021.

Se anima participantes a que presenten su propuesta de recomendación antes del Foro Regional de las Américas y la envíen a regionalforum@tomlantosinstitute.hu. En caso de que las recomendaciones propuestas se hayan redactado en francés, portugués o español, los organizadores ruegan que se envíen antes del viernes 23 de abril para que puedan traducirse. Todas las recomendaciones escritas que se presenten se revisarán y tendrán en cuenta como parte del conjunto final de recomendaciones elaboradas durante el foro regional.

El Foro Regional de las Américas será un evento virtual.

El Gobierno de México ha aceptado amablemente ser el anfitrión del foro regional.

Tras la confirmación de la inscripción, unos días antes del evento, se enviarán el resto de detalles para participar en la reunión.

Temas a debatir

Teniendo en cuenta los principales objetivos de los foros regionales, los debates abordarán los siguientes temas generales. Estos se basarán en el marco de la legislación y las normas internacionales de derechos humanos:

  1. Causas fundamentales de los conflictos contemporáneos que afectan a las minorías
  2. Marco normativo: los derechos humanos de las minorías y la prevención de conflictos
  3. Obstáculos para la aplicación de los derechos de las minorías y la prevención temprana de conflictos
  4. Formas de abordar las deficiencias de los mecanismos de derechos humanos para proteger a las minorías y prevenir los conflictos

En los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia de incluir la perspectiva de género en las actividades de prevención de conflictos. Por lo tanto, los debates tendrán en cuenta el género y el papel de la mujer en relación con el conflicto, y la orientación sexual y la identidad de género, así como su intersección específica con las minorías.

Además de los cuatro paneles temáticos, el foro regional también incluirá un panel estatal de alto nivel formado por varias presentaciones estatales. Esto pondrá de relieve las experiencias positivas y las lecciones aprendidas de los Estados que hayan participado en actividades de prevención de conflictos, profundizando en la comprensión del papel de la protección de los derechos humanos de las minorías en la prevención de conflictos.

Resultados

Tomando como base los debates y las contribuciones de los participantes, el principal resultado del Foro Regional de las Américas será un documento con recomendaciones prácticas que reflejen los contextos y desafíos regionales.

El idioma de trabajo del foro es el inglés. Habrá interpretación en francés, portugués, español y lengua de signos mexicana.

 

1 ACNUR, Tendencias mundiales,13

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

Alta Comisionada exhorta al Gobierno de Nicaragua a reanudar la cooperación con mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos y llama a realizar reformar electorales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes

Washington D.C., 25 de febrero de 2021.– La crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 se ha visto exacerbada por la pandemia de Covid-19 y por el impacto de los huracanes Eta e Iota en el Caribe Norte del país, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de su informe sobre Nicaragua durante el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe fue respaldado por una veintena de delegaciones diplomáticas, así como por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior sobre la situación del país.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 noviembre de 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, de expresión, a la participación política y a las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, expuso la Alta Comisionada, quien señaló que el informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El informe indica que la Oficina de la Alta Comisionada ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. “Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores”, agregó.

La Alta Comisionada dijo que siguieron registrándose detenciones arbitrarias, la mayoría de breve duración, y destacó la situación de las y los prisioneros políticos, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua suman 111 hasta febrero de 2021. Destacó también que en el periodo que comprende el informe las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, a lo cual se añade el impacto devastador de los dos huracanes. A este panorama, la Alta Comisionada agregó el aumento de los feminicidios y las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.

Violaciones de derechos humanos en la impunidad

 “Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad”, expresó, y enfatizó el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe anterior, tal como lo muestra el último boletín de la Oficina Regional de la Alta Comisionada.

“La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es esencial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres justas y transparentes”, finalizó.

Respuesta del Estado

En nombre del Estado de Nicaragua, la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales, expresó la “no aceptación y rechazo absoluto” del informe por considerarlo “unilateral” y “parcializado”. “El Gobierno rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como el ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense”, dijo.

Respaldo internacional

El informe de la Alta Comisionada fue respaldado por las delegaciones diplomáticas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y la Unión Europea, así como por organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior a la presentación del informe y que incluyó la intervención de representantes de la sociedad civil nicaragüense.

Todas expresaron su preocupación por la continuidad de la represión en contra de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, opositores, y defensores y defensoras de derechos humanos, y por la reciente aprobación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como también lamentaron que el Gobierno no acepte su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos registradas desde abril de 2018.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, fue una de las personas que intervino en nombre de la sociedad civil nicaragüense, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del International Service for Human Rights (ISHR) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), refiriéndose a la destrucción de oficinas de organizaciones civiles y de medios de comunicación, las cuales fueron arbitraria e ilegalmente ocupadas y concedidas al Ministerio de Salud, que actualmente realiza labores de construcción para transformarlas en unidades de salud y, en algunos casos como sede del CENIDH en Juigalpa y las instalaciones de Confidencial, ya inauguró como tales.

También fue expuesta la situación de las invasiones de tierras y violencia que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte del país. “A lo largo de 2020, la apropiación de tierras y los ataques violentos de colonos armados ilegales han aumentado, con al menos 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad y 2 agresiones a dos niñas indígenas mískitu menores de edad”, expusieron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el CENIDH.

Para ver la presentación del informe de la Alta Comisionada, haga clic aquí.

Acceda al informe aquí.

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