A seis años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubanas demandan una ley integral contra la violencia hacia las mujeres

A seis años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubanas demandan una ley integral contra la violencia hacia las mujeres

Washington D.C., 5 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó este miércoles tres de febrero un seminario virtual en el que representantes de la sociedad civil independiente en Cuba abordaron la situación de las mujeres y niñas en la Isla, y además se lanzó el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”.

El evento se denominó “Cuba ante la Agenda 2030. Cumplimiento del ODS-5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas” y contó con la participación de Damaris Rozo López, directora del Observatorio Regional sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Universidad de Los Andes de Colombia; María Matienzo, periodista, escritora y autora del informe; Marthadela Tamayo, defensora de derechos humanos en la Isla e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), y Eroisis González, coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina.

Como moderadora del webinar estuvo Johanna Villegas, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, y las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, quien recordó que entre las metas del ODS-5 están poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas, valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, velar por la participación plena de las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva y los derechos de las mujeres a recursos económicos en condiciones de igualdad.

“No dejar a nadie atrás”

La directora del Observatorio Regional sobre los ODS de la Universidad de Los Andes, Damaris Rozo López, señaló que uno de los principios universales que promueve la Agenda 2030 – de la cual se desprenden los ODS—es el de “no dejar a nadie atrás” y, en ese sentido incluye, una mirada interseccional, pues sugiere hacer frente a la pobreza y la desigualdad tomando en cuenta las necesidades y situación particular de los diferentes grupos de mujeres (indígenas, afrodescendientes, LBTI, etc.).

La experta advirtió que América Latina y el Caribe enfrentan varios retos y dificultades para el alcance de la Agenda 2030. Las estimaciones indican que no se lograrán cumplir los objetivos trazados para el 2030 y, de seguir la tendencia reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán cumplir los objetivos.

Rozo López apuntó que la pandemia de Covid-19 ha significado un gran rezago en el proceso de implementación de la Agenda; sin embargo, dijo: “Si bien estamos rezagados, no podemos quedarnos ahí; invito a la sociedad civil a presionar a los Estados para que cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Situación en Cuba

Para conocer cómo avanza la implementación del ODS-5 en Cuba, la periodista y escritora María Matienzo presentó un resumen de su informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, en el que, con base en registros propios y testimonios de mujeres, analiza cuál es la situación en la Isla. “En Cuba existe un patrón de violencia contra las mujeres que se repite a lo largo de los años, demostrando el incumplimiento del ODS-5”, refirió.

Matienzo se centró en dos aspectos: la falta de un ordenamiento jurídico para la protección y equidad de las mujeres, específicamente de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la tipificación del delito de feminicidio, y la criminalización del activismo por los derechos humanos. “En noviembre del año 2019 un grupo de 40 mujeres presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley integral, pero fueron desoídas”, dijo sobre el primer punto.

Respecto a la persecución y criminalización de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, la periodista y escritora indicó que las agresiones, arrestos y actos de asedio registrados durante el 2020 son un ejemplo del nivel de violencia que enfrentan las mujeres que realizan ese tipo de labor. Como ejemplo puso el caso de la periodista Camila Acosta, quien en varias ocasiones ha sido desalojada de las casas que alquila por presión de la Seguridad del Estado y el pasado 27 de enero fue arrestada al intentar participar en una manifestación en las afueras del Ministerio de Cultura.

En sus comentarios al informe, la defensora de derechos humanos e integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Marthadela Tamayo, y la coordinadora de la organización cubana Plataforma Femenina, Eroisis González, destacaron la particular situación de las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan doble discriminación.

Al ser detenidas e interrogadas por su labor, las activistas afrocubanas escuchan de parte de oficiales de la Seguridad del Estado o de la Policía frases discriminatorias como “deberían estar agradecidas porque la Revolución las hizo personas”, refirió Tamayo. En tanto, González apuntó que en medio de la pandemia de Covid-19 las cubanas afrodescendientes han experimentado de forma más marcada el impacto de esta emergencia sanitaria, especialmente aquellas que están fuera de La Habana.

Sus demandas

Las tres activistas cubanas coincidieron en que es necesario que el Gobierno genere estadísticas reales y accesibles sobre la situación de las mujeres y niñas, además que apruebe un marco legal para la igualdad de género y la protección de las mujeres, incluyendo la tipificación del delito de feminicidio. En la Isla, el 2020 cerró con el asesinato de 32 mujeres, dos de ellas menores de edad, mientras que el primero mes del 2021 terminó con 4 feminicidios registrados, según la iniciativa Yo Sí Te Creo Cuba y la Red Femenina de Cuba, respectivamente.

Desde Raza e Igualdad, apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente en Cuba, incluyendo las que abogan por la equidad y protección de todas las mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Llamamos al Gobierno a escuchar las voces de las activistas y defensoras de derechos humanos para que, en correspondencia a sus obligaciones en materia de derechos humanos, diseñe e implemente políticas y leyes que garanticen una sociedad libre y equitativa.

Para consultar y descargar el informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, acceda a este enlace.

Puede ver nuevamente el webinar aquí.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Día Mundial de la lucha contra el Sida: Raza e Igualdad pide a Brasil y a Colombia que garanticen equidad en el tratamiento del VIH

Este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) muestra su solidaridad y honra a todas las personas que viven con VIH/SIDA. Esta conmemoración, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 1987, con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo crear conciencia y promover el diálogo sobre los derechos sexuales de una manera inclusiva y receptiva en la prevención del VIH. Además, busca romper los estigmas sobre la realidad de las personas que viven con el virus, siendo una jornada de visibilidad y solidaridad.

Brasil: el racismo y la LGBTIfobia estructurales como barreras en el tratamiento del VIH

En Brasil, durante todo el mes de diciembre, se celebra la campaña de sensibilización “Diciembre Rojo”, cuyo símbolo es una cinta roja que, a nivel mundial, representa la solidaridad y compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, si bien este país ya había sido un referente mundial en el tratamiento contra el virus, actualmente enfrenta el desmantelamiento del Sistema Único de Salud (SUS) y varios retrocesos en las políticas públicas de salud, como decretos del gobierno de Jair Bolsonaro que eliminaron departamentos que se ocupaban de la vigilancia y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.

El dossier “¿De qué color es lo invisible? La situación de derechos humanos de la población negra LGBTI brasileña”, publicado por Raza e Igualdad, en su capítulo 5, referido al derecho a la salud, recopila diversos datos que explican el preocupante avance del VIH/SIDA en el país[1]. Como señala el documento, el racismo y la LGBTIfobia estructurales combinados con el avance del conservadurismo religioso, constituyen obstáculos para un tratamiento igualitario del VIH para toda la población. La falta de responsabilidad del Estado y su discurso moralista, alientan a la sociedad a desarrollar prácticas prejuiciosas y LGBTIfóbicas sobre la falacia de que el VIH es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales. Como resultado, el debate sobre educación sexual fue eliminado de las escuelas.

Según el informe, entre 2007 y 2017, hubo un aumento del 700% en las tasas de infección por VIH entre las personas de 15 a 24 años. Si bien estos datos se refieren al gobierno anterior, se sabe que, debido al avance del conservadurismo religioso, actualmente hay un aumento de casos de VIH entre jóvenes y adolescentes que no han tenido acceso a la información necesaria en salud pública.  Además, el informe señala el impacto del racismo en los tratamientos de salud, evidenciando la gran discrepancia en la proporción raza y sexo en el aumento de casos de infección por VIH y desarrollo de SIDA, entre 2008 y 2018.

Los datos epidemiológicos, explicados en este informe, muestran que, mientras el número de muertes por SIDA ha disminuido entre las personas blancas, ha aumentado considerablemente entre las y los afrodescendientes. En 2018, hubo 2.885 (40,3%) muertes de hombres blancos y 4.219 (59%) muertes de hombres negros. Para las mujeres la tendencia es la misma. En 2008, hubo 1.804 (47,4%) muertes de mujeres blancas y 1.981 (52,1%) muertes de mujeres negras. En 2018, hubo 1.309 (37,7%) muertes de mujeres blancas y 2.136 (61,5 %) muertes de mujeres negras.

El documento señala también la invisibilidad de las lesbianas, transexuales, travestis y hombres trans en los datos del boletín epidemiológico. Ocultos dentro del patrón de cis-heteronormatividad universal, estos grupos no cuentan con políticas públicas de salud que comprendan sus necesidades reales y, una vez más, son silenciados mientras se vuelven más vulnerables.

“Un meta análisis realizado con datos de 15 países[2], estimó que el 33,1% de las mujeres trans en Brasil vivían con el VIH, solo detrás de Argentina (33,5%) e India (43,7%), con datos actualizados hasta 2011. Esta misma encuesta apuntaba a la alarmante estimación de que las mujeres trans tenían 49 veces más probabilidades de contraer el VIH que otras personas”, revela el dossier.

En este sentido, el dossier saca a la luz el impacto causado por el racismo y la LGBTIfobia estructurales, que condena a gran parte de la población brasileña a situaciones de extrema vulnerabilidad en la atención y tratamiento como condiciones necesarias para una salud digna. Con ello, el avance del VIH/SIDA en Brasil vuelve a poner al país en riesgo de pandemia, ya que el desmantelamiento de programas sociales imprescindibles para el mantenimiento de la salud de la población, sirven de terreno para la proliferación no solo de enfermedades, sino también de desigualdad e intolerancia.

VIH/SIDA en Colombia: una historia de éxito sin victorias

El informe anual mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA ), publicado a mediados de 2020[3], revela que Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde la tasa de infecciones por VIH ha disminuido en la última década. A pesar de ello, las cifras globales ocultan la falta de avances en la atención a los grupos más vulnerables y aún persisten las altas tasas de mortalidad. Existen otras barreras estructurales que impiden que los más vulnerables accedan a los programas ya propuestos por el Gobierno bajo esta estrategia global.

En primer lugar, porque existe una brecha importante en el acceso a los servicios de salud, debido a las altas tasas de desempleo y desocupación en el país, lo que limita las posibilidades de acceso a un diagnóstico de la enfermedad, específicamente a un diagnóstico temprano que permita una pronta acción. En la actualidad, la epidemia se concentra en algunas poblaciones, dos de las cuales pertenecen al colectivo LGBTI: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en la que se incluyen hombres bisexuales y hombres que no se autodenominan “gay”) y mujeres trans, (MT), es decir, personas que nacen hombres y actualmente son mujeres. En estos grupos, los niveles de seropositividad son muy altos.

En Bogotá, en 2018, las tasas de contagio rondaron el 17% (HSH) y el 20% (MT). En contraste, la prevalencia es del 0,5% para el resto de la población de Bogotá, entre los 15 y los 49 años[4]. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una prevalencia de infección por el VIH del 20,4% y las mujeres transexuales del 23,4%[5]. A pesar de estas cifras, no hay programas específicos que permitan que estos grupos accedan a pruebas rápidas y a la información pertinente sobre cómo acceder a estas.

La segunda gran barrera es la discriminación y los prejuicios que aún persisten sobre el tema. El estigma que representa el VIH/SIDA implica indagaciones irrespetuosas e innecesarias sobre la identidad sexual de las personas, su desempeño como trabajadoras sexuales o el uso de drogas. Esto resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en las ciudades principales de Colombia, para el 2019, los casos de contagio habían aumentado en las mujeres trans más de 15%, y el trabajo sexual seguía siendo una de sus formas de trabajo más usuales[6]. Existe una carga negativa asociada con la enfermedad que envía un mensaje de muerte y/o indeseabilidad para la sociedad sobre las personas que viven con el VIH/SIDA.

Apenas el año pasado, la Corte Constitucional de Colombia eliminó la sección del código penal que penalizaba la transmisión del VIH, señalando que la ley violó los principios de igualdad y no discriminación, ya que segregaba a las personas que viven con el virus, estigmatizándolas y limitando sus derechos[7]. Mientras no se creen programas específicos para acceder y eliminar los prejuicios sobre estos colectivos y sobre la enfermedad en general, es evidente que el miedo a recibir tratamiento médico y la respuesta de la sociedad prevalecerá sobre la búsqueda del diagnóstico.

Finalmente, volviendo a la idea de que se debe fortalecer una respuesta preventiva por parte del Gobierno colombiano, es importante entender que el fenómeno del VIH/SIDA se presenta como un grave problema de salud pública mundial, en el cual no solo debe cubrir el contexto de la enfermedad, sino que tiene que evolucionar en un proceso que involucre varias dimensiones, como la social, la económica y la cultural.

El contexto de la pandemia de COVID 19 ha exacerbado las dificultades. Aunque ONUSIDA recomendó a todos los países que durante la pandemia no distribuyeran antirretrovirales mes a mes a los pacientes, sino que los administraran para un periodo de tres meses, con el objetivo de evitar que las personas salieran de sus casas, Colombia no aceptó esta disposición[8]. Esta decisión, sumada a las difíciles condiciones socioeconómicas que afectaron de manera diferente a las personas LGBTI, actualmente limita su acceso a los servicios de salud[9].

De esta forma, Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región a garantizar la equidad racial y sexual en el tratamiento del VIH/SIDA, además de reforzar la urgente necesidad de campañas de educación sexual, ya sea en ambientes escolares o en espacios públicos. Es necesario romper los estigmas y fortalecer la prevención del VIH para que el mundo no se vea afectado por otra pandemia que, como se sabe, se puede controlar. Sugerimos que los Estados adopten las siguientes recomendaciones:

  1. Implementar las recomendaciones de la CIDH contenidas en su Informe sobre Violencia contra las personas LGBTI (2015) y adoptar medidas integrales que combatan eficazmente la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTI en situación de pobreza y pobreza extrema[10]
  2. Que se desarrollen pautas para que las escuelas de medicina y enfermería aborden en sus programas curriculares, en sus grupos de investigación y extensión y en sus eventos académicos, temas como la orientación sexual y la identidad de género, para que, desde su formación, profesionales de la salud conozcan las necesidades específicas de las personas LGBTI, especialmente las personas trans.
  3. Que se adopten medidas de sensibilización y formación de los profesionales que trabajan en el área de la salud, asegurando la igualdad de trato a las personas LGBTI.

 

[1] Dossier disponible en: http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/

[2] Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Países Bajos, India, Indonesia, Italia, Perú, Pakistán, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

[3] Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ 2020_global-aids-report_en.pdf

[4] Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural—revista-arcadia/articulo/la-politica-lgbt-y-el-reto-frente-al-vihsida-en-colombia/68263/

[5] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[6] Disponible en: http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/un-analisis/article/vih-en-america-latina.html

[7] Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-248-19.htm

[8] Disponible en: https://www.radionacional.co/noticias/comunidad-lgbti-coronavirus

[9] Disponible en: http://oldrace.wp/english/the-emergency-situation-caused-by-covid-19-unveils-the-concerning-reality-of-lgbti-people-in-colombia/

[10] CIDH. Violencia contra personas LGBTI. 2015, pág. 227, párr. 382. Disponible en: www.oas.org/pt/cidh/docs/pdf/ViolenciaPessoasLGBTI.pdf

El lanzamiento del informe “¿De qué color es lo invisible?” llama al Estado brasileño a producir datos y reconocer la agenda racial de la población LGBTI

“Raza e Igualdad quiere dar un espacio a las voces que denuncian las violaciones a los derechos humanos de la población LGBTI negra del Estado brasileño”. Con estas palabras, Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), dio inicio al evento de lanzamiento del informe ¿De qué color es lo Invisible? La situación de derechos humanos de la población Afro-LGBTI en Brasil.  El evento permitió a Raza e Igualdad reafirmar su compromiso con la población Afro- LGBTI en Brasil. Escrito por Isaac Porto, Oficial del Programa LGBTI en Brasil para Raza e Igualdad, y coordinado por Zuleika Rivera, Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad en Washington D.C., el informe pide al Estado brasileño que proporcione datos públicos sobre la situación de esta comunidad en específico en Brasil y que reconozca la agenda racial desde una perspectiva interseccional.

  • Panel 1: Violencia y acceso a la justicia para la población afro- LGBTI

Recordando la importancia del Mes de la Conciencia Negra en Brasil, Carlos Quesada moderó el debate poniendo de relieve el papel del informe en la visibilización de la experiencia Afro-LGBTI, que está a menudo ausente de la agenda política del Estado. Al abrir el panel, el autor, Isaac Porto, compartió cómo el proceso de redacción del informe se conectó con su historia de vida y con muchas otras historias que también han estado marcadas por el racismo y la LGBTIfobia, formas de opresión que simultáneamente invisibilizan estas experiencias.

Porto indicó que el objetivo del informe es “incentivar la racialización de las discusiones sobre las vidas LGBTI en el país y, así, verificar los impactos específicos del racismo en la vida de este grupo de personas”.

 “Se debe mencionar que, a partir de ahora, el informe no es un documento finalizado porque no hay ninguna pretensión de presentar argumentos y conclusiones que formen una especie de veredicto que declare que cuál es la situación de derechos humanos que sufre esta población y elimine cualquier discusión que identifique caminos alternativos a seguir. Al contrario: no creemos que, en la lucha por los derechos humanos, sea posible llegar a una conclusión. Luchar por los derechos es estar siempre en un punto de partida. Es nunca dejar de avanzar”.

Bruna Benevides, secretaria de articulación política de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), enfatizó que el mérito del documento es que confronta al movimiento LGBTI y trae una discusión interseccional en torno a la raza y las personas LGBTI. “Es por eso que este documento es simbólico y representativo, ya que demuestra la importancia y la urgencia de organizarnos colectivamente,” dijo, resaltando la importancia de construir una agenda política colectiva.

La activista trans Gilmara Cunha denunció la invisibilidad de esta población, especialmente cuando se trata de la población afro- LGBTI que vive en barrios brasileños marginados. “El informe da visibilidad a lo que es invisible en nuestro país y para nuestros líderes, que además de negar nuestra existencia a nivel nacional, también la niegan a nivel territorial. Abogamos por la existencia que se nos niega a nosotrxs todo el tiempo,” explica. Washington Dias, coordinador de la Red Afro-LGBT, establece que la violencia a la que la población negra LGBTI en Brasil se somete, está vinculada a las características históricas del racismo estructural, y la ausencia de datos es un resultado de este racismo.

Livia Casseres, coordinadora de Equidad Racial para la Oficina de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, destacó la gran brecha en la producción de datos en el país y reconoció la demora en la promulgación de un plan normativo que dé cuenta de la ausencia de derechos derivados del racismo. “El informe demuestra cómo estamos avanzando en formas de producir ciudadanía en Brasil junto a las organizaciones LGBTI, que es una forma de hacer frente a la colonialidad del sistema legal” afirmó, celebrando el lanzamiento del dossier.

Cerrando el primer panel, la artista y poeta MC Carol Dall Farra presentó una intervención artística, aportando luz y visibilidad a las múltiples experiencias de la negritude en Brasil.

  • Panel 2: Derechos sociales de la población negra

Zuleika Rivera, moderadora del panel, destacó la importancia de discutir la discriminación que enfrentan las personas Afro-LGBTI en el acceso a salud, educación y trabajo, mencionando específicamente las dificultades de las personas transgénero. A modo de ejemplo, citó el proyecto de la Escola Sem Partido, que propone evitar que las discusiones sobre el racismo, la misoginia y LGBTIfobia se den en el campo de la educación, un avance en la agenda conservadora del Gobierno. Por lo tanto, en su opinión, el informe es un hito importante en la lucha por los derechos LGBTI.

En la presentación de la segunda parte del documento, Isaac Porto llamó la atención sobre el mito de la democracia racial en Brasil, que ha sido denunciado por el movimiento Afrobrasileño durante décadas. El mito de la democracia racial ha marcado la ideología del blanqueamiento, según la cual los valores blancos son únicos y universales, forjando la construcción de la sociedad en su conjunto. Con esto, Porto reiteró la urgencia de racializar las reflexiones sobre los derechos humanos de la población LGBTI, haciendo hincapié en que las diferencias entre las experiencias LGBTI de blancxs y negrxs se vuelven más sorprendentes cuando se comparan las de personas cisgénero y transgénero.

“Está claro que las personas LGBTI negras son las más afectadas en términos de homicidios en Brasil, y suelen ser los objetivos de la violencia policial, enfrentando además dificultades en el acceso a la justicia, la salud, la educación y el trabajo. Por lo tanto, es esencial fortalecer el trabajo de las organizaciones de Brasil y lxs activistas para que tengan las condiciones necesarias para hacer que la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en Brasil sea más visible, así como las formas en las que ellas han resistido a las más diversas y perversas violaciones”, comentó.

Leonardo Peçanha, un hombre trans negro activista del Instituto Brasileño de Transmasculinidades (IBRAT) y del Foro Nacional de Travestis y Transexuales Negros (FONATRANS), hizo hincapié en los problemas de acceso a la salud de personas AfroLGBTI. Se hizo énfasis en que hay muchos hombres trans que quedan embarazados y se enfrentan a tratamientos ginecológicos que se ven atravesados por prejuicios misóginos. Entre estas creencias que afectan a los hombres trans negros, se encuentra el mito de que las personas negras cuentan con una mayor tolerancia al dolor, la cual es solo una de las muchas consecuencias del racismo.

Janaína Oliveira, Coordinadora Administrativa de la Red Afro-LGBT, cree que ser negrx en Brasil significa que incluso la muerte de la población negra necesita ser debatida constantemente porque en Brasil la población negra primero tiene que luchar por su vida, y luego luchar por sus derechos. “El lanzamiento de este informe no sólo está generando visibilidad internacional, sino que también está concientizando a la población brasileña de nuestra invisibilidad. Es un documento que rescata la falta de acceso y tratamiento de nuestros cuerpos por parte del Estado. El informe nos permite pensar en políticas públicas que generen condiciones equitativas de acceso para la población brasileña Afro-LGBTI” comentó.

Alessandra Ramos, Presidenta del Instituto Transformar Shelida Ayana, ha denunciado que el acceso a la asistencia sanitaria no está garantizado en igualdad de condiciones para las personas trans, que a menudo son recibidas en medio de burlas y cuentan con más barreras en lo que se refiere a la búsqueda de opciones del cuidado de la salud. Estas situaciones demuestran que es necesario reconocer los derechos específicos de la población trans. “Es importante saber que las personas trans son las más afectadas cuando hablamos de la interseccionalidad de género y raza. Estas personas no tienen pleno disfrute de sus derechos, y debido a esto, este reporte es un hito” explicó.

Al concluir la discusión, el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU (IE SOGI por sus siglas en inglés), Víctor Madrigal Borloz, celebró la finalización del informe y su papel en el fortalecimiento de la construcción de las políticas públicas sobre el acceso a la salud, trabajo y justicia. Madrigal-Borloz cree que “el informe presenta las diferentes identidades dentro del movimiento LGBTI y la necesidad de reconocer estas agendas a través de la racialización de la discusión. Este reporte conecta diferentes identidades sociales y la importancia de ocupar espacios políticos” Con esto, el IE SOGI reafirmó el compromiso de su mandato de continuar su trabajo desde un punto de vista racial.

A la luz de la investigación y el debate generado entre varias organizaciones de la sociedad civil LGBTI que participaron en la construcción del informe, Raza e Igualdad concluye el documento presentando recomendaciones al Estado brasileño, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, la sociedad civil y otras agencias gubernamentales, dentro de las cuales resaltamos:

  1. La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.
  2. El establecimiento de un plan para combatir la violencia LGBTIfóbica en Brasil, a través de una acción intersectorial que establezca pautas unificadas para combatir la LGBTIfobia y el racismo.
  3. Que el Ministerio Público de Trabajo lleve a cabo campañas específicas contra la discriminación de la población Afro-LGBTI a fin de garantizar criterios justos de selección, promoción, salario y condiciones laborales.
  4. Que se brinde el apoyo necesario a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la producción de datos relacionados con las muertes de las personas LGBTI, con la garantía de que no van a encontrar obstáculos burocráticos innecesarios para su correcto funcionamiento, y que se respetará su trabajo por parte de los funcionarios gubernamentales.
Descárgalo gratis en español/portugués y comparte: https://bit.ly/3evTMnm
También puedes ver de nuevo el debate aquí: https://bit.ly/350lGF5

Libertad inmediata para el estudiante Kevin Solís, pide el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas hizo pública este 20 de octubre una opinión adoptada sobre la detención del activista universitario Kevin Solís el 6 de febrero de 2020, un par de días después de haber participado en una manifestación en la Universidad Centroamericana junto a decenas de jóvenes. La opinión concluye que dicha detención fue arbitraria y pide al Gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para remediar la situación del joven poniéndolo “inmediatamente en libertad”.

La opinión fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). Aunque el Grupo de Trabajo solicitó en abril al Gobierno de Nicaragua que suministrase información para contrastar la denuncia, este no respondió a la comunicación.

Actualmente, Solís se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro con una condena de 4 años y 6 meses de prisión por el supuesto delito de robo agravado contra un simpatizante sandinista.

El Grupo de Trabajo hizo notar que este no es el primer caso en el que se le ha reportado la detención presuntamente arbitraria de opositores del Gobierno de Nicaragua, y que desde 2018, ha recibido cada vez más información sobre detenciones de manifestantes en protestas públicas.

Detención arbitraria

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Kevin Solís fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III conforme a  sus métodos de trabajo. Primero, no hubo flagrancia delictiva y el arresto fue realizado por individuos vestidos de civil, sin que se presentara una orden de arresto expedida por un juez o por autoridades competentes. Además, entre las 11 am y las 6 pm, Solís fue sujeto de una desaparición forzada, tiempo en que su derecho a la seguridad personal fue flagrantemente violado. Segundo, la detención de Solís fue resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de reunión y asociación pacíficas, y la participación en asuntos públicos. Tercero, porque en su proceso judicial le fueron denegadas las garantías esenciales del debido proceso.

Solicitudes

El Grupo de Trabajo consideró que en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, el Gobierno debería “tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata”, y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación. Adicionalmente, recomendó al Gobierno que examine la compatibilidad de la Ley 952 en la que se establece que los casos de robo agravado deben tramitarse en prisión preventiva, de manera automática, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la detención previa al juicio debería ser una medida excepcional en lugar de la regla.

Finalmente, el Grupo de Trabajo informó que remitió el caso al Relator Especial sobre la Tortura para que tomara las medidas correspondientes, y solicitó tanto a los solicitantes como al Gobierno que provean la información de seguimiento al caso en un periodo de seis meses.

Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos llama a los Gobiernos a cumplir su obligación de proteger la vida de defensoras y defensores

Washington D.C., 22 de octubre de 2020.– La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, llamó a los Gobiernos a cumplir con su obligación de proteger la vida de las y los defensores de derechos humanos, en un encuentro que sostuvo este martes 20 de octubre con las defensoras Erlendy Cuero Bravo, de Colombia, y Alma Sinumlag, de Filipinas, en el que conoció detalles sobre la situación de amenazas que enfrentan estas lideresas por la labor que desempeñan en sus comunidades.

El encuentro, que se denominó “Advertencias finales: amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos”, fue realizado con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y contó con la participación de Iain Levine, asesor sobre derechos humanos en Facebook. El moderador fue Otto Saki, oficial del programa Compromiso Cívico y de Gobierno, de la Fundación Ford, quien al inicio del evento pidió un momento de silencio en memoria de todas las víctimas mortales del Covid-19.

Una prioridad

La Relatora Especial mencionó que durante su mandato su prioridad serán los asesinatos de personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, y en vista de que estos frecuentemente son antecedidos por amenazas que reciben las y los defensores tanto en sus localidades como a través de plataformas de internet, pondrá especial atención a dicha situación.

“Sabemos que en cada continente mujeres y hombres son asesinados por ser defensores de derechos humanos, y sabemos que estos asesinatos no son actos de violencia al azar, sino que son premeditados y dirigidos (…) y sabemos que muchos de estos asesinatos son antecedidos por amenazas de muerte”, puntualizó.

Lawlor presentó el lunes 19 de octubre su primer informe como Relatora Especial ante la Asamblea General de Naciones Unidas y se encuentra preparando otro enfocado en los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en todo el mundo.

El caso de Erlendy Cuero Bravo

La lideresa afrocolombiana y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Erlendy Cuero Bravo, fue invitada por la Relatora para exponer su caso, pues desde que inició hace más de 20 años la labor de defender los derechos humanos de las y los afrocolombianos víctimas del conflicto armado en Colombia, ha sido objetivo de atentados y amenazas contra su vida, la de su familia y la de compañeros y compañeras de su organización, según contó ella misma en el evento.

“Quiero enfatizar que la situación de amenazas que hoy sigo enfrentando es la situación de cientos de líderes y lideresas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de mi país”, apuntó Cuero Bravo, quien recordó que el país sigue sumido en el conflicto armado que inició hace más de 50 años, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, siendo las comunidades afrocolombianas e indígenas las más afectadas entre los más de 8.5 millones víctimas a nivel nacional. “Al menos 2 millones de las personas desplazadas somos afrocolombianos”, enfatizó.

“La mayoría de las amenazas las he recibido a través de panfletos que ha llegado a través de Whatsapp, mi correo electrónico y Facebook, pero también he recibido esos panfletos en mi propia residencia y la sede de mi organización. La autoría de la mayoría de esos panfletos ha sido de grupos paramilitares, pero también ha habido panfletos de grupos guerrilleros y agrupaciones de narcotraficantes”, expuso.

La lideresa indicó que en estas amenazas le aseguran que la asesinarán a ella y a sus familiares, así como le exigen que abandone sus actividades de liderazgo e incluso su lugar de residencia, señalándola como colaboradora de la guerrilla y como un obstáculo en las políticas del Gobierno. Cuero Bravo dijo que esta situación se ve agravada por la indiferencia y falta de empatía del Gobierno, pues a pesar de que actualmente cuenta con un guardaespaldas y un vehículo blindado, esto fue posible por las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Solicitamos respetuosamente que, en cumplimiento de su mandato, exhorte al Gobierno de Colombia adoptar las medidas que le hemos propuesto, como reformar los procedimientos de evaluación de riesgo para garantizar que los defensores en alto riesgo reciban medidas de protección efectivas e implementar medidas de protección colectivas en las comunidades y organizaciones que continúan en situación de riesgo”, dijo.

El caso de Alma Sinumlag

Alma Sinumlag, defensora de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas (IPHRD) de La Cordillera, en Filipinas, expuso que en su caso las amenazas llegan principalmente a través de las redes sociales, donde constantemente se realizan publicaciones que la identifican con su nombre completo, fotografías sola o acompañada de otros activistas y la califican como una “criminal” o “terrorista”. La lideresa denunció que han logrado identificar que la mayoría de las cuentas desde las cuales se realizan dichas amenazas están ligadas al Gobierno, la Policía o el Ejército, siendo Facebook la plataforma más utilizado.

Uno de los objetivos de la Relatora Lawlor es dialogar con representantes de empresas de tecnología para conocer cómo reaccionan ante a la evidencia de amenazas de muerte que se realizan en sus plataformas, por lo que el evento tuvo la participación de Iain Levine, asesor sobre derechos humanos en Facebook. Levine aseguró que la protección de defensores de derechos humanos es un reto para las empresas de redes sociales, por lo que en el grupo que él dirige es una prioridad.

“Queremos que Facebook sea una plataforma clave para los defensores de derechos humanos, queremos ser una plataforma donde puedan promover los derechos humanos, ser activos, incidir, organizar y crear comunidad, dijo. El experto señaló que es importante que las amenazas sean reportadas por los medios establecidos en la red social, aunque reconoció que, si estas se realizan por canales privados como Whatsapp, para ellos es mucho más difícil darles seguimiento.

Llamado a los Gobiernos

La Relatora Mary Lawlor aconsejó a las y los defensores de derechos humanos elaborar su propio plan de seguridad, incluyendo la medida de abandonar sus localidades en caso de que los casos sean extremos. También invitó a las defensoras participantes en el evento a buscar el apoyo de la embajada de los Países Bajos en sus países.

En ese sentido, Mark Reichwein, de la misión de Países Bajos ante Naciones Unidas, intervino reafirmando el compromiso de este organismo y de su Gobierno para defender a las y los defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas y persecución.

Sin embargo, Lawlor indicó que son los Gobiernos los que deben aplicar leyes y políticas para proteger a las y los defensores de derechos humanos. “Y para comenzar deberían de reconocer públicamente el valor del trabajo de los defensores de derechos humanos (…) en correspondencia con su obligación bajo la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos y porque los defensores trabajan de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó.

Raza e Igualdad lanza Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia

Washington D.C., 21 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I), con el fin de contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil puedan fortalecer sus capacidades para la elaboración autónoma de informes de derechos humanos para su incidencia ante los Estados y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

El documento ya se encuentra disponible para consulta y descarga en la sección Publicaciones del sitio web de Raza e Igualdad, y cuenta con dos versiones: una cuyo contenido es principalmente texto, y otra donde la información va acompañada de ilustraciones alusivas al proceso de elaboración de un IDH-I, por lo que se recomienda el uso de esta en caso que las organizaciones usuarias decidan realizar sesiones de réplica con defensoras y defensores de derechos humanos.

La visión de Raza e Igualdad para la elaboración de este Manual es que el éxito en la producción de un IDH-I articulado a un plan de incidencia, puede potenciarse significativamente si la organización emprende un proceso formativo orientado al conocimiento y comprensión de los conceptos, instrumentos y mecanismos que aportan los órganos internacionales de derechos humanos.

“Nuestra experiencia confirma que los Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I) elaborados por las propias víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, han sido fundamentales para que los Estados adopten las respuestas requeridas”, señaló Pedro León Cortés, asesor de Raza e Igualdad para América Latina.

Contenido

El Manual está estructurado en dos partes. La primera aborda comprensiones básicas como los derechos humanos, qué es una violación a los derechos humanos y qué es un IDH-I. En la segunda parte explica paso a paso cómo se elabora un IDH-I, desde la delimitación de la situación a denunciar hasta la redacción del informe. Además, incluye una lista de enlaces a sitios claves para que las organizaciones emprendan su propio proceso de documentación.

La elaboración de este documento se fundamenta en la sistematización de la experiencia de Raza e Igualdad en su trabajo de asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones de personas afrodescendientes, LGBTI y afrodescendientes-LGBTI en diferentes países de América Latina, por medio del cual ha facilitado que aprendan a producir de manera autónoma Informes de Derechos Humanos para la Incidencia.

Raza e Igualdad invita a las organizaciones de la sociedad civil, así como a activistas por los derechos humanos, a consultar, descargar y compartir este Manual para reforzar sus planes de transformación de los factores estructurales que producen o mantienen patrones de violación de derechos humanos.

Acceda al Manual:

Versión ilustrada – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_ilustrado.pdf

Versión texto – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_texto.pdf

Alta Comisionada Michelle Bachelet exhorta al Gobierno de Nicaragua a liberar a 94 presas y presos políticos

Ginebra, 16 de septiembre de 2020. En su última actualización oral sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada este lunes, la Alta Comisionada Michelle Bachelet exhortó al Gobierno a liberar a “todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno”, argumentando que “esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses contabilizan 90 hombres y 4 mujeres percibidos como opositores al Gobierno, quienes han sido arbitrariamente privados de libertad y acusados de delitos comunes.

Esta actualización es la segunda que se realiza como parte del mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”, misma que permitirá que se realice un informe escrito en el 46º período de sesiones en febrero de 2021.

La Alta Comisionada agregó que desde su última actualización oral, en julio de este año, “no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”. El Gobierno tampoco ha implementado ninguna de las recomendaciones elaboradas por su oficina.

Desde julio hasta la fecha, OACNUDH registró 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos, miembros del clero católico y otros.

A pesar de que los hechos a los que se refirió Bachelet evidencian la profundización de la crisis, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, no aceptó la actualización oral de Bachelet, alegando que fue “parcializada y unilateral”, pues según la delegación, “no tomó en cuenta los informes que nuestro país ha compartido oportunamente y de buena fe con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos”, y más bien se elaboró con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que consideran “opositores” al Gobierno, cuestionando la pluralidad de fuentes en que se apoyan los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos para desarrollar su labor.

Según Morales, el Gobierno de Nicaragua ha garantizado el derecho a la salud en el contexto de la pandemia, ha respetado los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe y ha otorgado medidas extraordinarias a más de 8 mil personas en situación carcelaria en lo que va del año.

Sobre el COVID-19

Bachelet resaltó que la pandemia de COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, ante los cuales la respuesta estatal ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico.

“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país. Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor”, agregó la Alta Comisionada.

Otros asuntos de preocupación

En su intervención, Bachelet destacó las condiciones precarias a las que miles de migrantes nicaragüenses se tuvieron que enfrentar para retornar a su país en últimos meses, incluida la de cientos varados en la frontera sur de Peñas Blancas.

También expresó preocupación por la diferencia con los datos de femicidios reportados por organizaciones de mujeres hasta la fecha (50) y los reportados por las autoridades (11) entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de este año, lo que evidencia “un posible sub-registro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”.

Asimismo, alertó sobre recientes ataques a periodistas, entre ellos dos procesos legales por injurias y calumnias, actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía en contra de directivos y personal de radio La Costeñísima y Radio Darío, y tres resoluciones fiscales impuestas contra medios de comunicación.

Finalmente, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Nicaragua a implementar las recomendaciones hechas por su Oficina, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021, y a reanudar una cooperación efectiva con la OACNUDH, incluso “autorizando una misión al país” en el marco de su próximo informe escrito a inicios del año entrante.

Apoyo internacional

La Unión Europea urgió al Gobierno de Nicaragua a adoptar reformas electorales e institucionales y a asegurar elecciones libres y justas en 2021, mientras que un grupo de países (Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay), lamentaron la ausencia de progreso en materia de derechos humanos en Nicaragua y denunciaron la falta de cooperación y respuesta de las autoridades.

“Nos preocupa la falta de reformas electorales reales que permitan a los nicaragüenses realizar libremente y con transparencia su participación política con miras a las próximas elecciones presidenciales. Nuestros países hacen un llamado firme a las autoridades del Gobierno de Nicaragua para que implementen las recomendaciones emitidas por parte de la Alta Comisionada. Reiteramos la necesidad de establecer una cooperación genuina y acceso a la Oficina de la Alta Comisionada en el país y dar pruebas reales de un diálogo y de una voluntad concreta de mejorar la situación sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua para el beneficio de todos sus habitantes”, dijo Julio Peralta, representante de Ecuador, en nombre del grupo de países latinoamericanos.

También las delegaciones de Ucrania y Austria expresaron preocupación por la situación en Nicaragua, particularmente con relación a las y los presos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, quienes han recibido ataques, incluso por parte de grupos armados pro-gobierno.

Solamente el Gobierno de Venezuela apoyó al Gobierno de Nicaragua, instando a la OACNUDH a basarse en la “no injerencia”.

Campaña previa a la actualización

Una semana antes de la actualización de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, Raza e Igualdad invitó a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de presos políticos de Nicaragua a que expusieran desde sus propias realidades cómo se ha profundizado la crisis de derechos humanos, resaltando la importancia de que se mantenga el monitoreo internacional.

En esta serie de videos, las y los activistas cuentan sus experiencias y manifiestan su respaldo a las actualizaciones de la OACNUDH:

Líderes sociales y representantes de la institucionalidad realizan propuestas para el esclarecimiento y no repetición de masacres como la de Llano Verde

Bogotá, 4 de septiembre de 2020.– Con el objetivo de obtener propuestas para el esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición sobre la masacre de cinco jóvenes afrocolombianos ocurrida el pasado 11 de agosto en el barrio Llano Verde, en Cali, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un seminario virtual con líderes sociales, representantes de la institucionalidad y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El webinar se denominó Masacres de Jóvenes Afrocolombianos Víctimas del Conflicto: Análisis y Propuestas para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – CASO LLANO VERDE y contó con el apoyo de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Las y los panelistas se refirieron a las afectaciones particulares de las comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado que residen en contextos urbanos desde una perspectiva étnico-racial, destacando cómo la discriminación y el racismo estructural son factores que permean estos hechos y deben ser tomados en cuenta para la búsqueda de soluciones.

Estas fueron las propuestas que plantearon para que la masacre de Llano Verde no quede en la impunidad y tanto las familias de las víctimas como la población afrocolombiana en general no permanezca vulnerable ante este tipo de crímenes.

Apelan a la CIDH para presionar al Gobierno a ofrecer respuestas

Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, capítulo Cali, solicitó a la comisionada Margarette May Macaulay realizar una visita a Llano Verde, como lo hizo junto a la comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño en octubre de 2018, y que “a través de sus buenos oficios se pronuncie y haga recomendaciones al Estado” para que la comunidad pueda conocer la verdad y acceder a la justicia, pero también a la reparación y a las garantías de no repetición. “La paz no se puede construir desde lo nacional, se debe construir desde lo territorial para que esta pueda ser de acuerdo con las necesidades de las comunidades”, expresó.

Escuchar a la juventud y asegurarles educación

El joven Yeison Tobar, coordinador de la iniciativa Semillero Afrodes Cali, planteó la importancia que tanto las entidades de Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a las y los jóvenes para escuchar sus inquietudes y necesidades, y les inviten a ser partícipes de proyectos de desarrollo, pero dejando que sea la juventud la protagonista de estos procesos. “Muchas veces la respuesta que se da es ‘los jóvenes no quieren hacer nada’, pero no se dan a la tarea de indagar un poco más sobre la vida, los sentimientos y las emociones de los jóvenes”, apuntó.

Tobar también dijo que entre las y los jóvenes existe la necesidad de acceder a la educación y completar sus estudios, incluyendo la educación técnica, tecnológica y superior. “La apuesta principal de los jóvenes es la educación”, aseguró.

Mejorar condiciones de vida y ratificar Convención contra la Discriminación Racial

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, se mostró dispuesta a acompañar el proceso de esclarecimiento de la verdad y acceso a la justicia sobre la masacre de Llano Verde, e hizo hincapié en la necesidad que el Estado otorgue una “reparación comprensiva”, que no se trata necesariamente de dar dinero a la comunidad afectada, sino de brindar condiciones para mejorar sus vidas, como escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, servicio de transporte eficiente, etc.

También llamó al Gobierno a investigar a fondo todos los actos de violencia contra las y los afrocolombianos para llegar a la verdad y castigar a los responsables. Para Macaulay, es fundamental que se garanticen los derechos de las poblaciones afrodescendientes e indígenas en Colombia, lo cual incluye trabajar para combatir y eliminar la discriminación contra estos grupos. En ese sentido, la Comisionada recordó que Colombia es uno de los países que no ha ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Dinamización económica y presencia institucional

El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, destacó que esta masacre no debe quedar como un hecho aislado y recordó que ya se habían lanzado alertas sobre la presencia de estructuras criminales y desplazamiento intraurbano. Desde su punto de vista, un paso importante para evitar que estos crímenes se repitan es la dinamización económica del sector, y en ese sentido señaló dos proyectos pendientes en el Plan de Desarrollo: una central de abastos para el Oriente del municipio y la Universidad Distrital. Asimismo, insistió en la inversión en presencia institucional.

Respetar los Acuerdos de Paz

Luz Marina Becerra, secretaria general de Afrodes, afirmó en primer lugar que la falta de oportunidades para estudiar y trabajar convierte a los jóvenes afrocolombianos en “presa fácil” de grupos delictivos que se dedican principalmente al microtráfico de drogas, y esto desemboca en un patrón de violencia sistemático. Para Becerra, es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz y que la población afrodescendiente obtenga mejores condiciones de vida para salir de las condiciones que la hacen vulnerable. También habló de la importancia del trabajo de las mujeres negras y los saberes ancestrales en los procesos de sanación y duelo de las familias. El proyecto “Tonga de mujeres que sanamos mujeres”, de AFRODES, es una de esas iniciativas enfocadas en la sanación y cuidados de las mujeres afrocolombianas.

Aplicación de la Ley 70 y la Ley Antidiscriminación en contextos urbanos

Alí Bantú Ashanti, abogado afrocolombiano asociado al Colectivo Justicia Racial, planteó la necesidad de ajustar la aplicación de la Ley 70 para contextos urbanos, pues esta ley fue formulada pensando en contextos rurales. De igual forma, señaló que la Ley 1482 –conocida como Ley Antidiscriminación—no ha tenido la relevancia esperada porque en principio no recoge los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En alusión al hecho que en algunos medios de comunicación se ha intentado justificar el asesinato de los cinco jóvenes en Llano Verde relacionándolos con actividades delictivas, el abogado señalo que ello se debe al racismo estructural y a la desvalorización de las vidas negras. “El modelo económico capitalista ha situado al sujeto negro como el perfecto sujeto matable, la vida que no importa, el delincuente”, subrayó.

Acompañamiento internacional

Alexander López, Senador de la República, dijo que es necesario el acompañamiento internacional para el proceso de esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia y garantías de no repetición en el caso de la masacre de Llano Verde. En cuanto a combatir el racismo y la discriminación estructural existentes en el país, afirmó que es necesario respetar y aplicar toda la estructura legal que contiene los derechos de la población afrocolombiana, entre la que están la Ley 70 y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

El Senador aprovechó para referir que en el Registro Único de Víctimas aparecen 9 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales el 14% son afrocolombianos y afrocolombianas. Además, denunció que el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “desapareció” a casi 1 millón 400 mil afrodescendientes en comparación al censo de 2005. “Esto tiene una connotación especial porque mientras más se reduzca la población afro, menos políticas públicas y menos derechos se le entrega a la población afro”, apuntó.

Para volver a ver este webinar, haga clic aquí.

Raza e Igualdad lanza material informativo para aumentar conocimiento e incidencia ante mecanismos de protección de los derechos humanos

Washington D.C., 20 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de la sociedad civil y activistas de América Latina y el Caribe, material informativo sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus respectivos órganos, y sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de contribuir a aumentar su conocimiento e incidencia ante estas instancias en la defensa y protección de los derechos humanos.

“Como organización que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en la región en la defensa y protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad presenta este material que aborda el funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano como en las Naciones Unidas, con la expectativa de generar mayor acceso a estos de parte de nuestras socias y socios”, señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material consiste en tres videos que abordan el funcionamiento de la OEA, del Sistema Interamericano y de la ONU, respectivamente. A través de la intervención de cuatro personajes animados y con el apoyo de ilustraciones, explican el trabajo que realiza cada una de estas instancias y cuáles son los espacios y mecanismos de incidencia que tienen disponibles para la sociedad civil en materia de la defensa de los derechos humanos.

Cada video está reforzado con un relatograma que, de forma muy sencilla y amigable, brinda más detalles, principalmente en lo referido a los espacios y mecanismos para la participación e incidencia de la sociedad civil, además que incluye los enlaces a los sitios oficiales de las instancias en cuestión, donde las personas pueden encontrar toda la información referida.

Todo este material informativo se suma a la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” que Raza e Igualdad lanzó en mayo pasado con el objetivo de orientar a abogados, abogadas y activistas de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Puedes acceder a los videos a través de los siguientes enlaces:

En tanto, los relatogramas los encontrarás dando clic aquí.

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