Por primera vez la CIDH concede una audiencia temática específica sobre la salud de transmasculinidades

Por primera vez la CIDH concede una audiencia temática específica sobre la salud de transmasculinidades

Coalición de organizaciones de personas transmasculinas de Sudamérica logró obtener una audiencia temática ante la CIDH para tratar la problemática sobre su acceso al derecho a la salud en la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia temática para este 12 de noviembre a las 9:00 am (hora Washington DC) a Fraternidad Trans Masculina Perú, Hombres Trans Diversos de Bolivia, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT Brasil, Fraternidad Trans Masculina Ecuador y al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) -los peticionantes- en su 191º Período Ordinario de Sesiones en la sede de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos, a fin de que expongan las graves problemáticas relacionadas con el derecho a la salud de las personas transmasculinas en la región.

Esto marca un hito en la lucha por los derechos de las personas transmasculinas ya que, por primera vez, una audiencia de la CIDH abordará de manera específica los problemas que afectan a la población transmasculina referente a su derecho a la salud. La falta de acceso a tratamientos hormonales y cirugías, la discriminación sistemática y la violencia institucionalizada dentro de los sistemas de salud públicos y privados, así como la ausencia de políticas públicas que garanticen el bienestar físico y mental son algunos puntos que se desarrollarán en la audiencia. Con esta acción, la Coalición que ha venido trabajando en el proyecto regional Mi salud Transmasculina Importa, respaldada por Raza e Igualdad, busca evidenciar esta problemática ante instancias internacionales, exigiendo medidas concretas por parte de los Estados a fin de garantizar el derecho humano a la salud, con base en los principio de igualdad, no discriminación y respeto a la identidad de género. El objetivo es promover cambios estructurales y normativos que promuevan un acceso equitativo a la salud, estableciendo precedentes que impacten en toda la región.

Sigue la audiencia en directo
Vía: YouTube
Día: martes 12 de noviembre 2024
Hora: 9:00 am (Washington DC)

Sigue el trabajo de la coalición:
Instagram: @mi.salud.transmasculina
X: @saludtransmasc
Facebook: @misaludtransmasculina
Tik Tok: @misaludtransmasculina

**Para más información sobre la audiencia y entrevistas con la coalición comuníquese con el contacto de prensa correspondiente.

Para información en español e inglés:
Luz Mateo Cielo – Raza e Igualdad
lgbticomms@raceandequality.org
(+51) 933773180

Para información en portugués:
Paolla Moura – Raça e Igualdade
jornalista@raceandequality.org
(+55) 21 98798-0407

 

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – «El racismo sistémico exige respuestas sistémicas». Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

«La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo»; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática», dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

«Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso», dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es «Unión y Reconstrucción» debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Visibilidad Trans: acceder a la salud es un derecho humano, no un privilegio

Washington D.C., 31 de marzo de 2024.- En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconoce que las personas trans, trans no binaries y personas de género diverso siguen enfrentando fuertes barreras institucionales, sociales y económicas para ejercer su derecho a la salud, aún más personas racializadas, empobrecidas, migrantes o que ejercen trabajo sexual.

De acuerdo al informe temático sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la falta de reconocimiento legal y social de la identidad de género de las personas trans, trans no binaries y personas de género diverso genera diversas vulneraciones de sus derechos humanos, muchas veces exponiéndolas a situaciones de riesgo.

Aún en los países de Latinoamérica que gozan de una legislación de reconocimiento de la identidad de género, la falta de implementación integral, inversión, sensibilización y capacitación de las autoridades y funcionarios de la salud siguen produciendo situaciones de discriminación y violencia. En Brasil, por ejemplo, “tenemos la Política Nacional Integral de Salud LGBTQIA+ que es un documento fundamental y tenemos el Proceso de Transexualización que es muy necesario para las demandas específicas de las personas trans. Sin embargo, es crucial que el gobierno asigne más inversiones para que el servicio llegue realmente a todas las personas que lo necesitan”, señala Yara Cavalcante, de ANTRA.

Algunos de los perjuicios contra el derecho a la salud de las personas trans, trans no binaries y de género diverso tiene que ver con la imposibilidad de acceder a servicios de salud debido su identidad de género y la exposición a métodos de modificación corporal inseguros, sin supervisión médica y hasta clandestinos (procesos hormonales, intervenciones quirúrgicas). “En el Perú, las personas transmasculinas no tenemos acceso a servicios especializados como terapia hormonal, seguimiento del tratamiento o cirugías de afirmación de género; y muchos deben optar por buscar alternativas en el sector privado que resulta costoso y no es accesible para todos, por lo que varios terminan en la automedicación con medicamentos no adecuados y poniendo en riesgo su salud”, narra Bruno Montenegro, hombre trans, fundador de Fraternidad Trans Masculina Perú.

Asimismo, el desconocimiento de trabajadores de salud sobre las necesidades específicas de salud de las personas trans, los maltratos y la patologización en servicios de salud vinculados a prejuicios y estigmas —también relacionados a los casos de VIH— generan ansiedad, miedo y desmotivación para volver al centro de salud. Por otro lado, el personal médico que no está capacitado ni sensibilizado para atender las necesidades de las personas trans puede llevar a un mal diagnóstico y tratamiento. En el peor de los casos, puede incurrir en negligencias, muchas veces cometiendo tortura, como sucede con las mal llamadas “terapias de conversión” en centros de salud mental, así lo señalan los testimonios en el Informe Cuerpos y resistencias que transgreden la pandemia: transmasculinidades y personas de género no binario AMAN en el Perú (2020).

Otro de los factores que perjudican el acceso de personas trans a servicios de salud es la falta de recursos. En países como Cuba, por ejemplo, la escasez de productos de modificación corporal es uno de los problemas que enfrentan.  “La testosterona a veces escasea. A veces pasamos un mes o hasta cinco meses sin el tratamiento”, enfatiza Carlos Hernández, hombre trans cubano que coordina el proyecto social e independiente Por Siempre Trans.  

A todo ello, que tiene origen en el modelo hegemónico cisgénero, se le suma que ningún avance médico importante ha considerado a las personas trans como población objetiva y específica. Como señala Mateo Rodrigo de Hombres Trans Diversos de Bolivia, “los tratamientos hormonales y otros procedimientos médicos a los que accedemos las personas trans no son originalmente creados para personas trans. Tampoco existe producción académica suficiente que estudie la repercusión a largo plazo de estos tratamientos en la salud de vejeces trans”.

Ante estas situaciones de vulneración y las preocupaciones de las contrapartes trans alrededor del derecho a la salud, nace Mi Salud Transmasculina Importa, un proyecto de alcance regional gestionado por Fraternidad Trans Masculina de Perú, Fraternidad Trans Masculina de Ecuador, Rosa Rabiosa de Perú, Hombres Trans Diversos de Bolivia y el Instituto Brasilero de Transmasculinidades – IBRAT de Brasil, con el apoyo de Raza e Igualdad. Este espacio tiene como objetivo aportar al bienestar integral de la población transmasculina de América Latina a través de la información y comunicación.

Por todo lo anterior, Raza e igualdad recuerda que los Estados tienen la obligación de asegurar el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación. En ese sentido, resalta las siguientes recomendaciones sobre el derecho al acceso a la salud de personas trans, trans no binaries y de género diverso, las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Promover la capacitación del personal médico sobre las necesidades de las personas trans.
  • Combatir los prejuicios y estereotipos binarios masculino y femenino en el acceso a los servicios de salud.
  • Instaurar directivas o protocolos de atención a pacientes trans.
  • Garantizar protocolos de salud para los tratamientos de afirmación de la identidad de género, incluyendo atención psicológica, endocrinológica, y quirúrgica.
  • Los tratamientos de afirmación de la identidad de género deben ser con base en el consentimiento libre, previo e informado avanzar hacia la gratuidad.
  • Prohibir y sancionar las actividades que ofrecen “terapias” para “modificar”, “re-orientar” o “curar” la identidad de género de las personas.

Memoria Trans: el colonialismo y la resistencia trans

Washington D.C., 20 de noviembre de 2022.– Hoy, en el Día de la Memoria Trans, es importante reflexionar sobre la memoria de las personas trans y de género diverso, su proceso de construcción y la lucha por recuperar sus historias y memoria que fueron borradas por el colonialismo. Por ello, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma a la conmemoración de esta fecha y le preguntamos a varias personas trans y de género diverso de Latinoamérica sobre qué representa el colonialismo en la memoria trans y cómo rescata su historia.

El Experto Independiente, Victor Madrigal-Borloz, presentó hace poco el último informe de su mandato enfocado sobre sobre el impacto del colonialismo como una de las causas fundamentales de la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (A/78/227), y cómo ello ha llevado a generar una memoria estigmatizada y binaria de las poblaciones trans en Latinoamérica.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos de cómo en la región siempre rescata sus memorias y busca nuevas formas de hacer memoria. En los últimos años, también las personas trans y LGBTI+ en general luchan para recuperar, resignificar y recordar su historia. Aún más, después de los después de los conflictos armados y las dictaduras que produjeron el borramiento de las violaciones de derechos humanos contra la población LGBTI+. Sin embargo, cumplir con esta tarea de recuperar la memoria nos remonta al inicio de los procesos violentos que arrebataron las identidades a muchos pueblos durante la ocupación colonizadora.

Como el informe indica, la colonización fue un proceso de imposición de sistemas de diferenciación, jerarquización y dominación de parte de una potencia colonizadora hacia pueblos indígenas. Además, sugiere que, tras el proceso de descolonización, se mantiene una especie de continuación del proyecto colonial que sigue discriminando y violentando a personas trans, cuando antes de la colonización, muchos pueblos no utilizaban un enfoque binario del género ni correlacionaban la anatomía con la identidad de género, que las jerarquías sociales no dependían del género, en determinados pueblos las personas eran de género fluido y alternaban roles masculinos y femeninos, habían numerosas conductas sexuales y de la fluidez de la expresión de género, que abarcan desde las relaciones homosexuales hasta las identidades transgénero y el travestismo[1].

Como consecuencia del colonialismo que propagó estrictos estándares binarios, la violencia por razón de identidad de género plaga la región, hoy vemos cifras alarmantes del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) de TGEU, el cual indica que entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, hubo 320 asesinatos en todo el mundo, de los cuales 235 ocurrieron en Latinoamérica y el Caribe[2].

Bicky Bohórquez, desde su experiencia como mujer trans negra y activista de Fundación Afrodescendiente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad menciona que la imposición de la religiosidad cisheteronormada es una de las manifestaciones coloniales que se mantienen hasta la fecha en Colombia.

“La conversión religiosa, la imposición de un binarismo de género rígido a los pueblos colonizados y la criminalización de la diversidad sexual y de género fueron estrategias de control de la opresión colonial”, como señala el informe en línea con lo dicho por Athiany Larios, mujer trans feminista y activista de derechos humanos de Nicaragua: “El colonialismo sigue tan vigente como en un principio. Mucho disque expertos y sicología descalifican el sentir y nos califican de locos aberrantes con ideas oscuras cuasi demoníacas. Se nos ha educado y enseñado bajo un esquema misógino machista patriarcal sobre lo que es ser hombre y mujer”, señala.

En el caso de Perú, aunque en las artesanías de las culturas mochica y chimú ya representaban comportamientos sexuales y afectivas homosexuales como parte de su cotidianidad, hoy en día en Perú las relaciones de personas con el mismo género son discriminadas.

Algo revelador es que parte de las repercusiones que dejó el colonialismo –como señala el informe del Experto Independiente- son las siglas LGBTI, las cuales no pueden captar por completo la diversidad de sexualidades y géneros que experimentan las personas de la diversidad sexual. Además, en algunos países siguen vigentes las leyes parecidas a las que potencias coloniales utilizaron para imponer normas binarias de género.

“No somos nada, siempre nos censuran y cuando vamos a buscar empleo nos dicen que no hay, y si nos aceptan hay que ir vestidos como dicen ellos que dios nos trajo al mundo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las leyes y las cosas que pasan en este país con respeto a las personas trans.  Nosotros como las demás personas, somos seres humanos, pensamos, tenemos sueños, y deseos de que se nos escuche”, Carlos Hernández, un hombre trans cubano que coordina el proyecto social e independiente Por siempre Trans.

En ese sentido, Raza e Igualdad realiza las siguientes recomendaciones a los Estados a fin de respetar y garantizar los derechos de todas las personas trans:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para modificar el nombre y género de los documentos oficiales de identificación a fin de garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas trans y de género diverso en línea a los estándares de la Opinión Consultiva 24/17.
  • Recolectar datos de forma sistemática sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, desagregados por identidad de género, orientación sexual, identidad étnico-racial y edad.
  • Contar con una política pública de enfoque de género en las investigaciones sobre violencia y asesinatos contra personas trans y de género diverso, el respeto el nombre social, la identidad de la persona, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos reproducidos en las instituciones públicas, privadas y en medios de comunicación que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans y de género diverso.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar sobre la orientación sexual e identidad de género a la población en general, funcionarios públicos y personal de servicios públicos, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas trans y de género diverso.

[1] ONU (2023). Informe A/78/227. Disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/218/50/pdf/N2321850.pdf?OpenElement

[2] Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) 2023 de Transgender Europe (TGEU). Disponible en https://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring-2023/

Derechos LGBTI+ en Brasil: Impresiones tras la visita de Roberta Clarke, Relatora de la CIDH

Brasil, 09 de octubre de 2023 – En una visita promocional a Brasil facilitada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo la oportunidad de dialogar con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTI+ de Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro. Durante la visita, que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, la Relatora de la CIDH pudo seguir de cerca la realidad de la población LGBTI+ brasileña, que, en medio de avances y retrocesos, se mantiene unida como movimiento social y en la lucha por la preservación de los derechos conquistados.

La trayectoria de la visita de Roberta Clarke más allá del eje Río-São Paulo fue una estrategia adoptada por Raza e Igualdad después de varias audiencias de la sociedad civil, que constantemente reclamó atención a las diferentes realidades de la población LGBTI+ en el país. Así, con el apoyo del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Secretaria Nacional de Derechos de las Personas LGBTQIA+, Symmy Larrat, la ciudad de Brasilia fue crucial para los encuentros con las oficinas ministeriales y con el movimiento LGBTI+ en el Distrito Federal. Cabe mencionar que el estado de Ceará — uno de los primeros en la lista de asesinatos de personas LGBTI+, sobre todo de personas trans, según el  dossier de la  Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) — también formó parte del guión de una escucha activa con activistas de la región nordeste, y por contar con la Unidad Penitenciaria Hermana Imelda Lima Pontes,  dirigida exclusivamente a la población carcelaria LGBTI+.

Reconociendo que aún es demasiado pronto para sacar opiniones y conclusiones sobre la visita de la Relatora LGBTI al país, Raza e Igualdad trae a su audiencia un panorama de las impresiones compartidas por Roberta Clarke después de conversar con más de 15 organizaciones del movimiento LGBTI+ en los estados visitados. Las impresiones de la Relatora sobre la situación de la población LGBTI+ en el país también fueron reportadas durante el evento público realizado en Río de Janeiro; «Construyendo puentes: los derechos de las personas LGBTI+ en una perspectiva interseccional», realizado por Raza e Igualdad.

Durante la semana en la que la Comisionada estuvo en Brasil, dos agendas sobre derechos LGBTI+ — ya conquistadas — estuvieron en discusión a nivel nacional. Una de ellas se refiere al matrimonio civil igualitario, el cual, debido a la inserción del avance de políticos de extrema derecha en el Congreso Nacional, ha vuelto a ser cuestionado en su vigencia. Desde 2011 y 2013, la Corte Suprema (STF) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) equiparan  las uniones civiles entre personas del mismo sexo con las uniones civiles heteroafectivas; sin embargo, el Proyecto de Ley N.º 5.167/2009 pretende anular este derecho. Aunque se ha pospuesto dos veces por la presión de los diputados LGBTI+, la votación sigue suspendida, pero podría volver al orden del día en el Senado. La otra agenda que se discutió se refiere a una manipulación orquestada también por la creciente ideología antigénero que creó un movimiento para atacar el uso de baños unisex. El fomento de la intolerancia por parte de los actores políticos conservadores creó la falsa idea de que se trataba de una agenda urgente que debía ser votada.

Estos hechos, para la Comisionada, reflejaron otra realidad brasileña, ya que entre los países de la región, Brasil se destaca entre los que más han avanzado en materia de derechos LGBTI+. Al respecto, Roberta Clarke expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país y, en particular, por el tema de la violencia política basada en género, tema que ha sido denunciado reiteradamente ante la CIDH. Para ella, la propagación de los discursos de odio y el crecimiento del movimiento antigénero lleva a la necesidad de reflexionar y trabajar juntos entre el movimiento social y los líderes LGBTI+. Es decir, organizarse estratégicamente para entender cuándo vale la pena dedicar esfuerzos a los ataques de los conservadores que solo pretenden difundir noticias falsas para desmantelar la sociedad civil e interrumpir el avance de la agenda política LGBTI+.

Ante estos retrocesos, la Comisionada mostró su solidaridad y destacó que la posibilidad de haber vivido diferentes contextos a lo largo del país le hizo comprender, de manera interseccional, los diversos tipos de violencia que afectan de manera diferenciada a la comunidad LGBTI+. Si bien se reconoce el progreso logrado a través de la lucha histórica por la visibilidad y los derechos, escuchar atentamente a los activistas reveló que aún queda mucho por hacer. El momento actual en el país ha demostrado la existencia de una fuerte presión por parte de la extrema derecha para destruir los avances alcanzados a través de las políticas de igualdad de género y el reconocimiento de los derechos LGBTI+, y cómo a través de la difusión de discursos de odio, las personas trans se sienten cada vez más amenazadas y sin acceso a derechos básicos.

Así, Roberta reafirmó el compromiso de la CIDH de estar atentos a lo que sucederá en el país en los próximos meses, dado que Brasil es un país de dimensión continental y lo que sucede en su territorio tiene una incidencia política en toda la región.

En medio de su diálogo con el movimiento social, la Relatora expresó su preocupación por las dificultades reportadas en la documentación requerida para el proceso de rectificación civil de nombre y género; las diversas formas de violencia contra las mujeres lesbianas y la brecha en la provisión de políticas públicas que respondan a sus especificidades, desde la falta de recolección de datos hasta la ausencia de políticas de salud. Además, las mujeres lesbianas denunciaron con fuerza la exclusión social que experimentan cuando muestran afecto en público, prácticas “correctivas” de violación y “terapias” de conversión, además de ser expulsadas de sus hogares cuando asumen su orientación sexual.

Desde la conversación con transmasculinos y transmasculines, la Comisionada pudo percibir cómo la violencia a la que se enfrentan entre ellos/elles está atravesada principalmente por cuestiones de raza, clase y territorio, especialmente en lo que respecta a la violencia policial. En Ceará, el tema de la educación fue un lema importante entre les activistas LGBTI+, destacando la necesidad de políticas de inclusión escolar, ya que muchos estudiantes LGBTI+ abandonan sus instituciones educativas, ya sea por LGBTIfobia, bullying, falta de respeto a la identidad de género, entre otras formas de discriminación, y ni siquiera completan la escuela primaria. En este contexto, el 19 de septiembre, el Consejo Nacional por los Derechos de la Población LGBTQIA+ publicó una resolución que establece lineamientos para garantizar la inclusión y el respeto a la identidad de género en las instituciones educativas.

En Brasilia, además de la agenda con las oficinas ministeriales, Roberta Clarke se reunió con la junta directiva del Consejo Nacional LGBTQIA+ y tuvo la oportunidad de conocer las demandas actuales de la agenda política LGBTI+, con vistas al nuevo momento de la democracia en el país. El encuentro con activistas de la región se llevó a cabo en el Distrito Drag con una mesa redonda en la que se trataron temas como la necesidad de políticas de asistencia social para la población LGBTI+, como la promoción de albergues y el acceso a la salud para la población trans en el tema hospitalario.

Durante su visita a Río de Janeiro, la Comisionada recibió un informe de la Articulación Lésbica Brasileña (ABL) sobre la situación de las mujeres lesbianas en el país; y recibió el ‘Dossier sobre el Lesbocidio’, después de hablar con una de las autoras. Además, se le entregaron los dosieres sobre asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños en 2022; y el dossier ‘Trans Brasil’, sobre su situación en el sistema penitenciario, ambos documentos producidos por ANTRA.

Finalmente, Raza e Igualdad agradece profundamente al movimiento LGBTI+ brasileño que movilizó a activistas de diferentes regiones del país para que pudieran transmitir a la Relatora de la CIDH sus experiencias de vida y sus trayectorias de luchas por derechos en un país donde ser y existir como persona LGBTI+ es un acto de valentía. Asimismo, agradecemos a la CIDH por aceptar nuestra invitación y dialogar con el movimiento civil LGBTI brasileño. En vista de nuestra misión, alentar la llegada de relatores y expertos de los mecanismos internacionales es un paso más para garantizar la visibilidad, la no discriminación y la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos a la CIDH que considere las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:

1 – Creación de un Consejo Nacional para enfrentar los discursos de odio y la difusión de noticias falsas con un sesgo interseccional, ante la violencia y los ataques que sufre la población LGBTI+ en el país;

2 – Establecimiento de políticas y proyectos de ley que garanticen constitucionalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, además de garantizar la seguridad de las personas trans en los baños públicos de acuerdo con sus identidades de género y la pluralidad de baños unisex;

3 – Recolección de datos desagregados sobre la población LGBTI+, ya sea a través del Censo Nacional o a través de encuestas que promuevan la creación de políticas públicas específicas para esta población.

4 – Políticas de capacitación y educación dirigidas a las fuerzas de seguridad pública para que puedan garantizar la seguridad de las personas LGBTI+ brasileñas.

5 – Construcción de una política para enfrentar la violencia política basada en género, con la provisión de medidas para proteger a las parlamentarias LGBTI+.

 

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.