Programa de pasantías para jóvenes afrodescendientes e indígenas en Chile: Una iniciativa para fortalecer el liderazgo social y la inclusión laboral

Programa de pasantías para jóvenes afrodescendientes e indígenas en Chile: Una iniciativa para fortalecer el liderazgo social y la inclusión laboral

Washington, DC; 12 de noviembre de 2024.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda y la Asociación Indígena Mapuche Rayen Leufú presentan un programa de pasantías dirigida a jóvenes afrodescendientes e indígenas en Chile.

Esta iniciativa se presenta en el marco del proyecto “Iniciativa de equidad en el fortalecimiento de colaboración y empoderamiento de las comunidades afrodescendientes e indígenas en América Latina y el Caribe” y tiene como objetivo fundamental fortalecer las capacidades de jóvenes afrodescendientes e indígenas mediante el desarrollo de competencias para impulsar la inclusión laboral de personas afrodescendientes e indígenas, contribuyendo así al fortalecimiento de la equidad étnico-racial.

¿Quiénes pueden postular?

Jóvenes afrodescendientes e indígenas de entre 20 y 30 años en Chile, que cuenten con experiencia en liderazgo e incidencia por los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas.

Detalles de las Pasantías:

Modalidad: Presencial, con reuniones virtuales.

Duración: 2 meses (enero a marzo de 2025). Las pasantías cuentan con un estipendio mensual y formación continua.

Postula antes de las 23:59 (hora de Chile) del 29 de diciembre de 2024, enviando los documentos requeridos y completando el formulario de la convocatoria a la cual estás postulando.

  • Pasantía para jóvenes afrodescendientes:

Conoce todos los detalles de la convocatoria y cómo postular, aquí:

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2024/12/Terminos-de-referencia_Pasantias_Jovenes-afrodescendientes_Chile_2025_ampliacion_2.pdf 

  • Pasantías para jóvenes indígenas:

Conoce todos los detalles de la convocatoria y cómo postular, aquí:

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2024/12/Terminos-de-referencia_Pasantias_Jovenes-indigenas_Chile_ampliacion.pdf

¡Aprovecha esta oportunidad y contribuye al cambio social en Chile!

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – “El racismo sistémico exige respuestas sistémicas”. Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

“La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo”; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática”, dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

“Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso”, dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es “Unión y Reconstrucción” debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Elevando la voz de organizaciones y activistas indígenas en espacios de promoción y protección de sus derechos

Washington DC, 9 de agosto de 2024.– En el último año, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) ha reforzado su trabajo de acompañamiento y capacitación a organizaciones y activistas por los derechos de los pueblos indígenas en las Américas, de cara a potenciar su participación e incidencia en espacios de promoción y protección de sus derechos.

Al conmemorar este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hacemos un recuento de estas acciones para resaltar una vez más los planteamientos y recomendaciones que organizaciones y activistas indígenas han hecho en torno a diversos temas cruciales, como la desigualdad socio-económica, la discriminación interseccional, la participación política y las violaciones de derechos humanos que afectan a sus territorios y comunidades.

“La participación de nuestras contrapartes en estos foros internacionales y en diversas plataformas nacionales es fundamental, no solo porque les permite asumir roles de liderazgo en ámbitos políticos y sociales, sino también porque fortalece su voz y visibilidad a nivel global, facilitando la incidencia en agendas de desarrollo”, valora Lucía Chibán, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad. 

La participación e incidencia se ha realizado a nivel Sistema Universal (Naciones Unidas) y del Sistema Interamericano (Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Derechos Humanos. De forma simultánea, desde el Programa de Justicia Racial de Raza e Igualdad, se han llevado a cabo procesos de capacitación sobre los mecanismos existentes en ambos espacios para la promoción y protección de los derechos de pueblos indígenas. 

Denunciando situación en Nicaragua en diversos espacios

En enero pasado, Raza e Igualdad y otras organizaciones realizaron un taller de capacitación para la preparación de informes al Examen Periódico Universal (EPU), de cara al Cuarto Ciclo de dicho Examen para Nicaragua ante Naciones Unidas, lo cual resultó en que tres organizaciones indígenas y comunitarias elaboraron y presentaron sus informes al EPU.

En el marco del 23 periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, realizado en abril de este año, Raza e Igualdad organizó actividades para denunciar la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua, y brindó acompañamiento a Tininiska Rivera, hija del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, exdiputado del partido Yatama y actual preso político del régimen de Daniel Ortega. 

En su intervención en el Foro, Rivera denunció que su familia está siendo amenazada por buscar información sobre su padre, quien está en situación de desaparición forzada desde septiembre 2023.

Entre el 6 y 11 de noviembre de 2023, Raza e Igualdad organizó una gira de incidencia en Washington DC en la que participó el defensor de derechos humanos Amaru Ruiz, quien brindó información de relevancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con énfasis en las violaciones diferenciadas en contra de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes del Caribe Norte de Nicaragua. 

En una audiencia temática en el marco del 188 periodo de sesiones de la CIDH—en diciembre de 2023—Raza e Igualdad en conjunto con organizaciones de Nicaragua y otros países de la región, presentó información relevante sobre minería ilegal y sus impactos negativos en derechos humanos y el ambiente, con especial énfasis en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH, en julio de 2024, Raza e Igualdad y otras organizaciones participaron en una audiencia temática sobre la situación de los pueblos indígenas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, denunciando las violaciones a derechos humanos que ocurren con la aquiescencia del Estado, a través de patrones sistemáticos de violencia y discriminación hacia las comunidades para despojarlas de sus territorios. 

Mujeres indígenas de Brasil Incidiendo ante CEDAW 

Con el apoyo de Raza e Igualdad, la Asociación de Mujeres Indígenas en Mutirão (AMIM) preparó y presentó un informe temático alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) antes de su examen a Brasil, que tuvo lugar el 23 de mayo de 2024. El informe recoge diversas cuestiones que afectan a mujeres y niñas indígenas de las comunidades Karipuna, Galibi Marworno, Galibi Kali’na y Palikur, en la frontera con la Guayana Francesa. Entre las principales preocupaciones figuran la violencia de género, los problemas de salud y las repercusiones de los proyectos de desarrollo y el cambio climático. 

Claudia Renata Lod Moraes, de AMIM, asistió a la sesión y participó en iniciativas de promoción más allá de la revisión, como una reunión con la Oficial del Alto Comisionado para Brasil, Liliana Trillo Diaz, y conversaciones con diversos mandatos de los Procedimientos Especiales. Además, participó como panelista en un evento presencial en Ginebra el 23 de mayo, con el tema «Mujeres plurales en diálogos interseccionales». En este evento, mujeres LBT (Lesbianas, Bisexuales y Transgénero), junto con mujeres indígenas, negras y quilombolas, compartieron estrategias de defensa destinadas a garantizar que sus recomendaciones al CEDAW conduzcan a transformaciones políticas y sociales a través de un enfoque interseccional.

En las observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno de Brasil, el Comité expresó su preocupación por las formas interseccionales de discriminación y las desventajas económicas y sociales a las que se enfrentan las mujeres indígenas y quilombolas, así como las mujeres afrodescendientes del país.

Denunciando minería ilegal y amenanzas a los territorios ante el EMRIP

El mes pasado, durante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), tuvimos el honor de acompañar oficialmente al Instituto Iepé y colaborar con organizaciones indígenas a través de la Red de Cooperación Amazónica de Brasil, de la cual Iepé es parte. En este marco, acompañamos a dos líderes de la “Aliança em Defesa dos Territórios”, que representa a los pueblos indígenas Kayapó (Instituto Kabu – Doto Tatak Ire), Munduruku (sin presencia física) y Yanomami (Hutukara Associação Yanomami – Julio Ye’kwana). Durante su participación, los líderes denunciaron de manera contundente la minería ilegal de oro en sus terrritorios, la contaminación por mercurio y las violaciones sistémicas que afectan sus tierras, vidas y derechos. En este contexto, presentaron dos declaraciones orales, participaron en un evento paralelo y sostuvieron reuniones bilaterales con procedimientos especiales de la ONU y representantes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Representación de lideresas indígenas en la CSW68 y en la Asamblea General de la OEA

En marzo de 2024, Raza e Igualdad participó y apoyó la participación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) en la 68ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW68), lo cual incluyó un amplio cronograma de actividades oficiales y eventos paralelos. Sus debates se centraron en la economía y el impacto de la pobreza en la vida de las mujeres indígenas, abordados desde una perspectiva intergeneracional, intercultural, de igualdad de género y de derechos individuales y colectivos. 

Patricia Torres Sandoval, del ECMIA, también participó en el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, que tuvo lugar del 26 al 28 de junio en Paraguay, donde se encargó de leer y presentar la Declaración Indígena ante la 54 Asamblea General de la OEA.

En su intervención, abogó por que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, que se prohíban las concesiones mineras en sus tierras, especialmente de litio, que se establezcan mecanismos para erradicar la criminalización de los defensores de la tierra y los desplazamientos forzosos debidos al cambio climático y la inseguridad, y que se agilice la resolución de casos de violaciones contra mujeres indígenas.

Empoderando a liderazgos indígenas jóvenes

En Colombia, resaltamos el importante rol que tienen los liderazgos juveniles para avanzar en la promoción y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, Raza e Igualdad y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (ONIC) se encuentran desarrollando el proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”.

En el marco de las actividades que hemos desarrollado en conjunto, uno de los objetivos principales es visibilizar el Plan de Acción para la Igualdad Étnica y Racial (CAPREE, por sus siglas en inglés). Asimismo, la importancia de la incidencia a través del uso de los estándares internacionales para pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. 

En Raza e Igualdad tenemos el firme compromiso de apoyar la participación contrapartes indígenas en espacios internacionales, pues de esta forma contribuyen a la denuncia de la marginalización estructural y las múltiples formas de discriminación que enfrentan las comunidades indígenas. A través de documentos políticos de gran impacto, nuestras contrapartes han presentado propuestas desarrolladas que reflejan su dedicación, resiliencia y espíritu colaborativo en la defensa de sus derechos.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

Washington DC, 21 de marzo de 2024.– Al conmemorar este 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas para combatir las crecientes manifestaciones de discriminación y racismo religiosos en las Américas, que afecta significativamente a grupos de poblaciones racializadas, como la afrodescendiente y la indígena.

En América Latina y el Caribe, estos grupos enfrentan desafíos persistentes para expresar sus tradiciones sagradas, ancestrales y culturales sin enfrentar restricciones, estigma, repudio o violencia.  Estas prácticas incluyen la persecución de sus integrantes, así como la violencia contra lugares de culto y símbolos religiosos asociados con estas tradiciones. La discriminación y racismo religiosos también puede manifestarse a través de estereotipos y prejuicios que denigran las creencias y prácticas de estas personas, perpetuando así su exclusión y marginación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que, en el caso de la población afrodescendiente, su identidad cultural implica la preservación de saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico, por lo que las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abakuá, Umbanda, Hoodoo, entre otras que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollados por personas esclavizadas en las Américas.

En el caso de los pueblos indígenas, en términos de derecho a la libertad de religión y de creencias, Naciones Unidas hace referencia a un espectro de culturas y creencias más diverso y complejo, pues en consonancia con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres para definir y determinar su propia identidad espiritual, señala el informe “Los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o de creencias”, presentado en octubre de 2022 por el entonces Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed.

“Muchos conceptualizan la espiritualidad como una ‘forma de vida’: la conformación de emociones, hábitos, prácticas o virtudes distintivas, la modelación de creencias y formas de pensar distintas, y una manera particular de convivir y comunicarse. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con lo trascendente y es intrínseca a las experiencias y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. Más allá de su singularidad, la espiritualidad y la cultura indígenas suelen basarse en la comunidad, la identidad y las relaciones con las tierras tradicionales”, detalla el informe.

Un problema creciente con raíces en la discriminación racial

El hecho de que grupos de poblaciones afrodescendientes e indígenas sean los más afectados por la discriminación y racismo religiosos, está intrínsicamente relacionado a la discriminación racial y racismo sistémico que persiste en las Américas.

En el reciente webinar “El legado de las prácticas religiosas africanas y los sesgos y prejuicios sociales que enfrentan”—organizado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la VII Semana de las y los Afrodescendientes en las Américas—representantes de la sociedad civil asociaron el rechazo, persecución y hasta criminalización de estas prácticas a procesos históricos cargados de desconocimiento, estigmatización y prejuicios al no considerarlas “civilizadas”.

La CIDH reporta reiteradas denuncias sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes Estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados de comunidades afrodescendientes. En Brasil, Raza e Igualdad conoce casos de intolerancia religiosa contra las religiones de origen africano que han desencadenado conflictos legales, con el inquietante resultado de que los creyentes han perdido la custodia de sus hijos,

En Bahía, la Secretaría de Estado de Promoción de la Igualdad Racial registró 19 casos de racismo religioso entre enero y el 21 de julio de 2021, lo que representa el 65% del total de casos denunciados en 2020.. Del mismo modo, en Río de Janeiro, la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa (CCIR) recibió informes de 19 casos contra religiones de origen africano, incluyendo dos que involucran a niños, hasta mayo del mismo año.

Por otro lado, en México, un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), revela que las mujeres indígenas de este país sufren más discriminación religiosa que sus familiares varones. Detallas que las mujeres que se niegan a unirse a la mayoritaria fe católica romana sufren acoso y exclusión del sistema judicial, de los programas y servicios de prestaciones del gobierno y de la atención sanitaria prenatal.

El informe apunta que, aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencia y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos, en la práctica, las violaciones son habituales en determinadas regiones: en particular, para las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.

Estándares internacionales en el marco del Derechos Internacional

A nivel del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de religión y creencia está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo III) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12). Mientras que, a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, se estipula en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sido desarrollado en mayor detalle en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, de 1981.

Uno de los instrumentos interamericanos más destacables en la materia, es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (CIRDI), la cual señala que los Estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

El “Estudio sobre libertad de religión y creencia. Estándares Interamericanos”, de la CIDH, devela un amplio marco de protección de este derecho, donde además destaca instrumentos y jurisprudencia aplicable a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, señala la vulnerabilidad de algunos grupos, como las personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos y personas privadas de libertad, por lo que brinda un conjunto adicional de aspectos del derecho a la libertad de religión y creencia en relación con estos.

Un llamado a la acción

Raza e Igualdad ha integrado a sus líneas de trabajo el combate a la discriminación y racismo religiosos. Desde 2021, en Brasil desarrollamos un proyecto encaminado a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes, a través del fortalecimiento de organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararles para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas de dicho flagelo. En tanto, en Cuba apoyamos la elaboración del informe “Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba”.

A partir de los principios de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la discriminación y el racismo religioso es un problema creciente en la región, Raza e Igualdad llama a los Estados de las Américas a adoptar medidas de atención y contención de este, siendo una de las más vitales la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En términos de monitoreo, es importante contar con estadísticas e información cualitativa sobre prácticas religiosas y culturales de personas afrodescendientes y pueblos indígenas, respectivamente. Asimismo, que se promueva información desprovista de prejuicios y estigmas en torno a estas prácticas, y por supuesto, que se sancione toda acción que las obstaculice e implique violación de derechos humanos de sus adeptos.

8M: La fuerza antirracista en la lucha por los derechos de todas las mujeres

Washington DC, 8 de marzo de 2024.– Desde sus inicios, el movimiento por los derechos de las mujeres se ha nutrido de diferentes perspectivas, ampliando así su visión y misión en las diferentes esferas de la sociedad. Una de ellas es la perspectiva antirracista que, a pesar de toparse con una serie de obstáculos para su incorporación integral, ha sido base de importantes aportes a la lucha.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos exaltar la perspectiva antirracista, teniendo en cuenta que el sexismo y el racismo son formas de opresión que están entrelazadas y afectan de manera única a las mujeres de diferentes orígenes étnicos y raciales, y en el caso de las Américas, a las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular.

Conversamos con lideresas y activistas de diferentes partes de Latinoamérica para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la importancia de la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, sus aportes al movimiento feminista, y los retos que persisten en diferentes niveles para incorporar plenamente esta visión al trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El racismo como detonador de múltiples violencias

“La perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres es algo necesario si concebimos al racismo como una violencia que permea el sistema, las estructuras del Estado y sociales, la familia, nuestros cuerpos, y que hace que las violencias se acrecienten; es decir, el racismo reconocido como violencia estructural a la vez también replica y reproduce múltiples violencias”, reflexiona Patricia Torres Sandoval, mujer indígena P’urhépecha integrante de la coordinación general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México.

“La perspectiva antirracista dentro de los feminismos es imprescindible porque entiende que la categoría de mujeres es mucho más amplia o compleja que solo identificarnos como mujeres, engloba todo lo que sería la visibilización de la situación y experiencias de las mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, trae el análisis interseccional que es pensar las múltiples formas de opresión como el racismo, el sexismo, la clase, los procesos migratorios, etc”, apunta por su parte Gilma Vieira da Silva, coordinadora regional de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (REDJUAFRO).

Vieira da Silva agrega que la interseccionalidad no puede ser pensada sin un contexto étnico-racial, y recuerda que dicho concepto fue formulado por una mujer afrodescendiente: la abogada y académica estadounidense Kimberly Crenshaw, quien dedicó gran parte de su trabajo a entender la inequidad estructural en materia de género.

La violencia de género no es individual

En tanto, Torres Sandoval señala que las mujeres indígenas han aportado al reconocimiento de la violencia colectiva. Explica que la frase “Mi cuerpo, mi territorio”—que ha sido apropiada como consigna por el movimiento feminista—surge de las mujeres indígenas como una forma de decir que al violentar sus cuerpos también se violenta la tierra y el territorio. “Como pueblos y mujeres indígenas nos reconocemos como parte integrante del territorio y de la Madre Tierra, al contrario de la perspectiva Occidental en donde somos propietarios de la tierra”, afirma.

Para Gahela Cari, feminista trans indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el feminismo es imprescindible para los procesos de cambio, sin embargo, señala que no es suficiente si no es antirracista. En sus palabras, el feminismo antirracista “toma posición en medio de una sociedad con tantas desigualdades” y evidencia que, además del género, otros sistemas de opresión imposibilitan vivir dignamente.

“Tenemos que abrir procesos de escucha, diálogo, construcción colectiva. Aun cuando no terminemos de entender lo que la otra persona pone sobre la mesa”, señala sobre una tarea necesaria en la lucha feminista para trabajar desde enfoque antirracista. En ese sentido, resalta la importancia de cerrarle el paso a los procesos autoritarios en el país, como lo que sucede con el actual régimen político de Perú.

Educar en la perspectiva antirracista, una doble tarea

En ese sentido, Fernanda Gomes, trabajadora social e integrante de Articulação Brasileira de Lésbica (ABL), de Brasil, cuestiona el hecho que deban hacer una constante labor de educación sobre la perspectiva antirracista ante personas y colectivos que no tienen apropiada esta visión o que, incluso, la excluyen.

“Es un gran desafío porque perdemos tiempo pensando en una política pública, escribiendo un manifiesto, para educar a estas personas. Tenemos que estar constantemente diciendo ‘oh fulano de tal, no soy tu maestro, búscalo en Google, pregúntale a un amigo blanco tuyo’. El movimiento de mujeres negras, lesbianas y feministas es también un movimiento de educación. Estamos educando a los blancos todo el tiempo y es agotador”, asegura.

Aportes y desafíos

Brisa Bucardo, periodista del pueblo miskito de Nicaragua, destaca el papel que han desempeñado los movimientos de mujeres en el contexto de la Costa Caribe del país, pues no solo han brindado apoyo fundamental a las mujeres víctimas de violencia, sino que también han liderado denuncias ciudadanas y han fortalecido las capacidades de las mujeres tanto de manera individual como colectiva. Además, han desmantelado conceptos arraigados de violencia históricamente justificados bajo la etiqueta de “cultura”.

En términos de aportes a la lucha por los derechos de las mujeres, Dunia Medina Moreno, mujer afrodescendiente e integrante de la Red Femenina de Cuba, resalta el rol que han desempeñado mujeres afrodescendientes en la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual ha resultado en una protección más integral de los derechos de todas las personas en su diversidad de identidades.

“Debemos crear un feminismo donde quepamos todas las mujeres, un feminismo interseccional donde quepamos todas las mujeres y podamos cubrir todas esas dimensiones de discriminación que vivimos”, apunta por su parte Leticia Dandre Pie, activista por los derechos humanos en República Dominicana e integrante del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA).

Pese a los avances en introducir la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, persisten retos para una integración real que se traduzca no solo en activismos más inclusivos, sino en la formulación de políticas públicas más integrales. “Sabemos que la militancia hoy tiene que ser reconocida como un trabajo, tiene que ser reconocido nuestro tiempo que ponemos en la lucha, pero muchas veces las mujeres afrodescendientes reciben muy pocos recursos, ahí también están incluidas las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas”, señala Gilma Vieira da Silva, de REDJUAFRO.

“Existen muchos retos para considerar la perspectiva antirracista tanto en el Estado, como en la academia, como en la sociedad en general, existe sobre todo un imaginario general que todavía coloca al eurocentrismo como la idea de lo mejor, de aspirar a ser este estereotipo blanco hegemónico encaminado a ciertos parámetros de belleza estética, pero no solamente existe en el imaginario general sino que alcanza a permear en las instituciones”, apunta Patricia Torres Sandoval, de la CONAMI México.

Del “feminismo blanco” a la interseccionalidad

Una de las grandes críticas que se realiza a los primeros feminismos, o lo que podemos llamar “feminismo blanco”, es que universalizó la experiencia de la mujer blanca[1]. Es decir, que en un principio la lucha del feminismo se reducía únicamente a las necesidades de mujeres que, de alguna manera u otra, se encontraban en una situación de privilegio.

La perspectiva antirracista en el feminismo es crucial porque desafía esa visión eurocéntrica y androcéntrica que ha permeado muchos ámbitos académicos y movimientos sociales a través del feminismo blanco[2]. Las mujeres racializadas que vinieron a controvertir estos estándares han proporcionado análisis críticos desde sus experiencias situadas, cuestionando las estructuras de poder y abogando por una comprensión más completa de las intersecciones entre raza, género y clase en la lucha contra la opresión.

Especialmente, han desafiado la homogeneización de la categoría “mujer” en los movimientos feministas, señalando que las experiencias de las mujeres varían significativamente según su raza, etnia, clase y orientación sexual[3]. Este enfoque interseccional ha enriquecido la comprensión de las interconexiones entre diferentes sistemas de opresión.

¿Sabías que…?

Existen instrumentos de protección y promoción de derechos con enfoque antirracista o con perspectiva género-raza. Algunos son:

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): se trata del documento de rango internacional establece los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por raza o género, entre otras.
  2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): es el instrumento internacional que aborda específicamente la discriminación de género y tiene en cuenta las dimensiones de raza y otros factores. Reconoce la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres.
  3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): este tratado de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación racial en todas sus formas y promueve la igualdad racial. Aunque no se centra exclusivamente en la perspectiva de género, reconoce la interseccionalidad de la discriminación.
  4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: esta convención, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, destaca la interseccionalidad y reconoce la importancia de abordar las discriminaciones basadas en género y raza.
  5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): es el tratado regional interamericano que se enfoca en la violencia de género y reconoce la interseccionalidad de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, incluyendo el racismo.
  6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: se trata del convenio que aborda los derechos de los pueblos indígenas y reconoce la importancia de abordar la discriminación basada en la raza.
  7. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: se reconoce el derecho de las mujeres indígenas al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, estableciendo el deber de los Estados de erradicar toda forma de violencia contra la mujer indígena.
Recomendaciones

A fin de lograr la integración efectiva de la perspectiva racial en las políticas y resoluciones relativas a los derechos de las mujeres, los Estados y órganos de DDHH deberían:

  • Formular políticas de igualdad de género que incluyan de manera explícita la perspectiva interseccional en la formulación de políticas de igualdad de género.
  • Promover la diversidad en todos los niveles de liderazgo para reflejar las diferentes experiencias.
  • Implementar programas educativos que destaquen la importancia de comprender las complejidades de la interseccionalidad. En particular, promover la concientización de la importancia de la interseccionalidad en todos los ámbitos de gobierno, así como en los órganos de toma de decisiones judiciales, a fin de que dicha perspectiva se replique en sus decisiones.
  • Apoyar y promover las organizaciones que trabajan en la intersección de género y raza.
  • Evaluar regularmente la efectividad de las políticas, asegurándose de abordar las múltiples capas de discriminación.

 

[1] Parra, Fabiana (2021). El feminismo será antirracista o no será. Joselito Bembé. Revista Político Cultural, nro. 2, p. 42, disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12875/pr.12875.pdf

[2] Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, No. 26, p. 93, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997720

[3] Boddenberg, Sophia (2018). Mujeres indígenas y afrodescendientes, interseccionalidad y feminismo decolonial en América Latina. Revista Búsquedas Políticas, Universidad Alberto Hurtado, disponible en: https://politicaygobierno.uahurtado.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/sophia_boddenberg_mujeres_indigenas.pdf

México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

Washington, D.C., 12 de diciembre de 2023.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el lanzamiento del Informe sobre Racismo Y Discriminación Racial en el Sistema de Justicia de México. Experiencia Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual es ejecutado con apoyo de la Fundación W.K Kellogg, México. El informe fue realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) con el aporte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL). El lanzamiento del informe se realizó el 30 de noviembre en Ciudad de México, el 1 de diciembre en Mérida, Yucatán, y el 4 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En estos tres espacios se contó con la participación virtual de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales, quien en sus palabras destacó que “es central conocer en dónde están las debilidades del sistema judicial y hacer todo lo posible para que desde todos los frentes se aseguren procesos de procuración de justicia libre de discriminación”. En tanto, Abel Villanueva, Subdirector de Vinculación Social de CONAPRED, señaló como uno de los principales desafíos la globalización de soluciones desconociendo las diferentes contextos que existe entre la población indígena y afrodescendiente. En ese sentido, puso como ejemplo lo que llamó “la Oaxacacización de la problemática y soluciones a la realidad indígena en México”; por lo tanto, celebró que el estudio incluya a Yucatán, espacio del cual poco se discute al momento de generar diálogos respecto a temas étnicos y discriminación racial.

De parte de CEPIADET, participaron Judith Bautista en Ciudad de México, Tomas López en Mérida, y Monivet López en San Cristóbal de las Casas. En sus intervenciones, resaltaron cómo el discurso del mestizaje y la no existencia del racismo en México está fuertemente arraigado en las instancias gubernamentales, por lo que el sistema de justicia no es ajeno a esta realidad. Como organización encargada de elaborar el informe, se refirieron a los principales desafíos que enfrentaron al momento de realizar este trabajo, especialmente: 1) la falta de datos respecto a estas poblaciones, especialmente sobre la población afrodescendiente en el área de justicia, y 2) la falta de acceso a servicios de interpretación para personas indígenas durante los procesos judiciales, siendo esta una de las principales quejas identificadas por parte de las organizaciones, activistas y personas indígenas.

José Luis Gutiérrez, de ASILEGAL, se refirió que actualmente—según datos oficiales—existen más de 7,000 personas privadas de la libertad que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas, de las cuales más de 3,000 se encuentran en prisión preventiva, destacando que su organización ha acompañado casos de personas que han estado hasta por 20 años esperando por una sentencia, “lo cual evidencia el uso y abuso de la prisión preventiva, especialmente con poblaciones étnicas”, dijo Gutiérrez. El especialista también apuntó que las personas indígenas que se encuentra en prisión también ven violentados sus derechos desconocen porque no les permiten hablar su lengua materna y no les garantizan el acceso a medicina tradicional de acuerdo a su cosmovisión.

Miguel Alanis, de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien al momento de realizarse este informe participó como consultor de Raza e Igualdad, resaltó la importancia de hacer uso de las instancias regionales, tales como la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), aportando a los estándares normativos antirracistas y al accionar dentro del sistema judicial. Asimismo, destacó la importancia de las recomendaciones que se hacen en el informe, especialmente la referida a promover una agenda antirracista de manera transversal en todas las instituciones estatales, con énfasis en el sistema judicial.

La Dirección de Justicia Intercultural es un departamento nuevo en la SCJ, con apenas tres meses de haberse creado. Su Directora, Elizabeth Olvera, dijo en Chiapas que tienen grandes expectativas de trabajar con los diferentes operadores de justicia, no solamente haciendo uso de las herramientas que se han creado recientemente al interior de la misma instancia, sino haciendo uso de los conocimientos y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y activistas étnicos en el área de justicia.

Además, las panelistas Flor May, de la Red Nacional de Juventudes Afromexicana y de Afropoderosas de Yucatán, y la académica María Guadalupe Ruiz, de Chiapas, señalaron que el Estado ha dejado por fuera de diálogos a estas zonas por considerarlas no afrodescendientes, lo cual refuerza estereotipos e invisibiliza a esta población. El activista Freddy Castillo, quien se identificó en el espacio realizado en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) como AfroChiapaneco, afirmó que existe una gran falencia de auto-reconocimiento como afrodescendiente en sus comunidades, por lo que es necesario apoyar el trabajo que él y otros activistas hacen en ese sentido y acercar a estas poblaciones a programas y políticas públicas que contribuyan al ejercicio y protección de sus derechos.

Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, expresó que confía en que este informe sea un primer paso que permitirá generar un diálogo y monitoreo de las entidades y actores claves para alcanzar cambios en beneficio de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Apuntó que es necesario continuar con este tipo de estudios y trabajar directamente con los operadores de justicia y de los sistemas penitenciarios para mejorar su formación y la recolección de datos, ya que actualmente se realizan sin tener en cuenta la auto-inscripción sino con base a estereotipos respecto de lo que es ser una persona indígena o afrodescendiente.

Raza e Igualdad agradece a todos los participantes de este lanzamiento en las diversas comunidades, también al Centro Prodh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, especialmente a su presidente Miguel Sabido, y al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas por abrirnos sus puertas. Raza e Igualdad continuará trabajando para generar acciones que permitan avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y negros, afromexicanos y afrodescendientes en el área de justicia en México.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia se reúnen para impulsar la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Colombia, 14 de noviembre del 2023. En un esfuerzo más para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará este miércoles 15 de noviembre un desayuno de socialización de la  CIRDI con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana, la Vicepresidencia de Colombia y el Ministerio del Interior. La actividad tendrá lugar en el Hotel de la Opera (Cl. 10 #5-72, La Candelaria, Bogotá) y en ella se buscará generar acciones afirmativas para aumentar el conocimiento sobre esta Convención, y promover su ratificación e implementación por parte del Estado colombiano.

Esta acción forma parte de la campaña CIRDI 2024: “Hacia una región libre de discriminación racial” de Raza e Igualdad, cuyo objetivo es fomentar la firma, ratificación e implementación de la CIRDI por parte de los Estados miembros de la OEA, en el contexto del Decenio Internacional para los Afrodescendientes promovido por Naciones Unidas. Uno de sus propósitos es brindar apoyo a los gobiernos para superar los obstáculos específicos que dificultan la ratificación y la implementación efectiva de la CIRDI, como son las limitaciones en cuanto a recursos, capacidad humana y experiencia técnica.

La firma y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo es fundamental para visibilizar y reconocer las opresiones que sufren las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otras minorías raciales en el hemisferio. Esta Convención es clave para que los Estados promuevan la igualdad de oportunidades y combatan la discriminación racial en todas sus formas. A pesar de su potencial, la falta de conocimiento y ratificación de la Convención ha impedido su efectividad, lo cual es preocupante ante el aumento de los crímenes de odio motivados por la raza. Es necesario que se reconozca y aborde el racismo para adoptar las leyes y políticas necesarias para combatir la discriminación racial y étnica. El diálogo sobre esta problemática es fundamental para proteger los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas del continente.

El objetivo de Raza e Igualdad es fomentar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte de todos los Estados miembros de la OEA durante el Decenio Internacional para las personas Afrodescendientes. Con este fin, lanzamos la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, que busca lograr la ratificación y aplicación universal de la Convención para finales del año 2024. el Objetivo de esta campaña es ayudar a los gobiernos a superar los desafíos que surjan en el camino hacia la ratificación y aplicación, como la falta de recursos, capacidad institucional y experiencia técnica.

Con el fin de lograr este propósito en Colombia, Raza e Igualdad ha llevado a cabo diversas actividades[1] con el objetivo de aumentar el conocimiento dentro de la sociedad civil sobre la CIRDI, con el fin de fortalecer su capacidad para monitorear el proceso de ratificación de la Convención.

En el año 2013, la OEA adoptó la CIRDI[2] con el objetivo de proteger y fomentar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, color, ascendencia u origen étnico. Un año más tarde, en el 2014, el Gobierno colombiano firmó dos convenios interamericanos sobre derechos humanos: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estos acuerdos fortalecen la legislación nacional en la lucha contra cualquier forma de discriminación y reconocen que Colombia es un país diverso y respetuoso; no obstante, aún no se han ratificado.

En el año 2021, se presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de lograr la ratificación de la CIRDI[3]. Este proyecto de ley es el resultado de un proceso colectivo que involucró a diversos actores de los pueblos indígenas y rom (gitano), y fue liderado por activistas afrocolombianos a través de la Campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, impulsada por Raza e Igualdad.

En Colombia, el racismo y la discriminación racial son prácticas comunes que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de muchas personas; por ello es fundamental que el Estado se comprometa a garantizar la igualdad y a prevenir la discriminación en todos los ámbitos sociales. La ratificación de la CIRDI es un paso crucial para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

 

 

 

[1] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/71-cirdi-colombia

[2] https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp

[3] https://www.cirdi2024.org/es/noticias-y-eventos/noticias/74-radicacion-proyecto-de-ley-cirdi-colombia

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026”[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

 

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

 

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

Raza e Igualdad reconoce el rol de las juventudes indígenas de América Latina y el Caribe como agentes de cambio hacia la autodeterminación

Washington D.C., 9 de agosto de 2023.- En América Latina y el Caribe existe un contexto de violencia generalizada en el que persisten importantes desafíos en el reconocimiento y goce pleno de la libre determinación y derechos conexos. Frente a esto, las juventudes indígenas, conscientes de su papel como agentes de cambio, impulsan procesos de exigibilidad e incidencia para la defensa de los derechos humanos y promoción de la justicia y rendición de cuentas.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma al llamado realizado por Naciones Unidas bajo el lema “Juventud indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación”, que reconoce los esfuerzos pero también los desafíos a los que se enfrentan las juventudes indígenas de la región en la preservación sus tierras, territorios, lugares sagrados y la revitalización de sus tradiciones y manifestaciones de identidad.

Contexto

Se estima que en América Latina y el Caribe habitan aproximadamente 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, lo que representa el 9.8% de la población regional. En varios Estados de la región existen importantes brechas en el cumplimiento de los marcos normativos y políticos favorables a los derechos de estos pueblos, así como de los estándares internacionales e interamericanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 

La situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros no indígenas, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico; y situaciones de conflicto armado, que dejan secuelas de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos. Asimismo, situaciones de criminalización, estigmatización, amenazas contra liderazgos indígenas e incluso asesinatos. 

Juventudes indígenas, agentes de cambio del presente y futuro 

Desde hace algunas décadas, el movimiento indígena latinoamericano ha reconocido la gestación de un movimiento propio de sus juventudes, que se articulan de manera regional y  construyen acciones específicas para el cumplimiento de sus demandas, entre las cuales está el reconocimiento de sus diversidades. 

Las juventudes indígenas poseen una apertura característica para el diálogo interseccional en sus comunidades, que abona a la vitalidad de la identidad y el compromiso adquirido con el legado de sus ancestros y fortalece las estrategias de incidencia ante órganos de protección de los derechos humanos, como en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas; sin embargo, también se enfrentan a desafíos como el adultismo, el desempleo, la discriminación por identidad de género, amenazas, entre otros.

Para Thaís Diakarapó, lideresa del pueblo brasileño Dessana y Coordinadora del Departamento de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de la Red Makira E’ta, el reto primordial de las juventudes indígenas es “resignificar que la juventud no sólo es el futuro, también somos agentes de transformación del presente, del ahora, y tenemos la capacidad de liderar y estar al frente de nuestras luchas con el deseo de realizar nuestras demandas”. 

Diakarapó reconoce que el trabajo de la juventud “se está estructurando todos los días y formando liderazgos dentro de su red de lucha”; sin embargo, sus demandas, discusiones y debates actuales se están haciendo solo “de joven a joven” indígena, y es de mucha importancia que estos diálogos también sean intergeneracionales, con las autoridades y otros agentes de mayor poder en la implementación de políticas de transformación. 

Por otro lado, desde la comunidad Muxhe, en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca de México, la activista trans Dayanna Gallegos Castillejos, considera que el mayor desafío que enfrentan las juventudes indígenas son los actos de discriminación étnica, particularmente cuando se pertenece a identidades de género indígenas. 

“Las juventudes indígenas necesitamos ser visibles… Necesitamos estar en la agenda global para fortalecer la lucha de nuestras identidades indígenas”, agrega.

Desde Raza e Igualdad, reafirmamos nuestro compromiso en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Reconocemos el rol fundamental de las juventudes indígenas que alzan sus voces en la búsqueda de justicia para sus pueblos y que crean conexiones intergeneracionales para mantener vivas sus culturas y tradiciones, sin injerencias externas.

Llamamos a los Estados a implementar leyes y políticas que garanticen el derecho a la libre determinación, autonomía y el consentimiento previo libre e informado; y que combatan los problemas estructurales, desigualdades históricas, discriminación y racismo, que ponen en riesgo el bienestar social de los pueblos indígenas.

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